Prisión provisional para el policía local de Las Palmas y otros cinco detenidos por tráfico de drogas
El magistrado que investiga la operación Tijuana, que permitió la detención de los siete integrantes de una banda a la que se acusa de haber introducido grandes cantidades de cocaína y hachís en Canarias, ha ordenado este jueves prisión provisional para seis de ellos, entre los que figura un policía local de la capital grancanaria.
Según ha informado el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el magistrado de la plaza número 7 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la capital grancanaria atribuye a los investigados delitos de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y tenencia ilícita de arma.
El detenido que ha quedado en libertad provisional deberá presentarse ante el juzgado dos veces al mes.
El magistrado ha levantado el secreto de sumario decretado en la investigación.
La organización desarticulada estaba “perfectamente estructurada” y tenía al frente, supuestamente, a Juke, un individuo al que los agentes investigaban desde hace años “por su capacidad para introducir y distribuir importantes cantidades” de droga, según la nota policial.
Durante un año de investigación, la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) documentó la actividad del grupo y su capacidad logística para el transporte y distribución de droga entre distintas islas del archipiélago, así como los vínculos que 'Juke' tenía con 'El Buque' y con personas pertenecientes al Cártel de Los Balcanes.
En prisión desde hace casi año, la Policía recuerda que El Buque, alias por el que se conoce a José Ramón A.C., está considerado como “uno de los mayores narcotraficantes de Canarias”.
La operación Tijuana se puso en marcha tras detectarse una de las operaciones de distribución de drogas de la organización, en la que los sospechosos “transportaban más de 300 kilogramos de hachís en una furgoneta alquilada”.
Con esa información, se practicaron seis entradas y registros en distintos inmuebles y locales comerciales en los municipios de Las Palmas de Gran Canaria, Ingenio y San Bartolomé de Tirajana.
Como resultado de los registros, se requisaron más de 300 kilogramos de hachís, dos kilogramos de cocaína, dos armas cortas, 55.000 euros en efectivo, ocho vehículos, una embarcación semirrígida, una docena de dispositivos móviles y abundante documentación relacionada con la investigación.