Coalición Canaria se escuda en la pandemia para justificar contratos a dedo por más de 4 millones de euros en Santa Cruz de Tenerife

El equipo de gobierno de Santa Cruz de Tenerife, liderado por Coalición Canaria, se ha escudado en la pandemia para justificar contratos a dedo que suman un total de 4.700.000 euros. El ejecutivo municipal ha utilizado la contratación de emergencia, reservada para situaciones de grave peligro o acontecimientos catastróficos, para adjudicar servicios como la reconstrucción de gradas de un campo de fútbol, el servicio de comedor del albergue municipal o la dinamización del tiempo libre y de ocio de las personas mayores del municipio. La oposición, encabezada por el PSOE, ha solicitado un pleno extraordinario este viernes para exponer esta batería de contratos y exigir que sean fiscalizados por la Intervención para identificar posibles irregularidades.

Patricia Hernández (PSOE) ha matizado que varios de los contratos adjudicados de esta forma “son perfectos y los instrumentos están bien utilizados”. “En otros, no solo hay ausencia de procedimientos, sino de vergüenza. Justifican emergencias en acuerdos genéricos de la Junta de Gobierno y no en un informe técnico que la avale'', defendió. Además, en este grupo de contratos se adjudican a dedo y sin justificación técnica ”contratos a empresas que dan la oferta más cara“.

La socialista ha resaltado las dificultades con las que la oposición se ha topado para elaborar el listado de estos contratos. “Llevamos meses buscando esa información y seguimos esperando dos contratos de emergencia de Evelyn Alonso que solicitamos en enero”.

Según Matilde Zambudio (Ciudadanos), el mayor “dedazo realizado a través de la contratación de emergencia” se ha producido en el área que lidera Rosario González, concejala de Acción Social y presidenta del Instituto Municipal de Acción Social (IMAS). Según ha explicado la oposición, González adjudicó dos contratos seguidos por un total de 130.000 euros el servicio de dinamización del tiempo libre y el ocio de los mayores del municipio a la Asociación para la Promoción del Bienestar Integral (APROBI). “¿Dónde está la catástrofe aquí?”, preguntó Zambudio.

En la memoria del primer contrato, según la concejala socialista Marta Arocha, figuraba que la actividad no se podía ejecutar por el espacio reducido del local, porque las personas tenían miedo a acudir al espacio y porque la asociación había decidido cerrarlo. “Mientras el resto de la población intentaba proteger a los mayores en los momentos más difíciles de la pandemia, usted los utilizaba para sus intereses”, señaló la edil. “Esto es una utilización fraudulenta y reiterada en el tiempo de la ley de contratos del sector público. Me reservo las acciones judiciales que como miembro del consejo rector me puedan corresponder”, aseveró Arocha. La concejala de Acción Social, según Arocha, intentó dar apariencia de legalidad a esta adjudicación pidiendo presupuesto a la entidad y también a una empresa vinculada a la asociación a la que se le concedió el servicio.

La pandemia como excusa

La socialista insistió en el pleno de este viernes en que Rosario González se ha escudado en una competencia que el Ayuntamiento le concedió pocos días después de la declaración del estado de alarma, pero que ya no está vigente. A principios de abril, se acordó la posibilidad de que la presidenta del IMAS pudiera contratar por encima de 60.000 euros en una situación de emergencia para solventar asuntos relacionados con la COVID-19. “Está haciendo un uso fraudulento. Esto quedó sin efecto desde que finalizó el primer estado de alarma'', subrayó Marta Arocha.

El área de Acción Social también ha contratado por emergencia el servicio de comedor del albergue municipal por más de 500.000 euros, según Arocha. Un servicio regular del Ayuntamiento. Rosario González ha justificado que la empresa ''no quiso prorrogar''. “Nos íbamos a quedar sin este servicio tan importante”, apuntó en el pleno.

La oposición también ha señalado a la concejala de Educación y Juventud, Claudia Reverón, por adjudicar el servicio de acogida temprana a través de la contratación de emergencia. Según Zambudio, la concejala suscribió un contrato por esta vía cuando tenía una adjudicación hecha legítimamente y sin ningún informe técnico que lo justificara.

La portavoz de Ciudadanos ha tildado estas prácticas de un ''insulto más al tejido empresarial de Santa Cruz''. “Tienen ya suficiente con las pérdidas de la pandemia, como para soportar que los que vinieron a poner la moción de censura les roben sus derechos saltándose a la torera la ley de contratos”, concluyó. En este contexto, el interventor del Ayuntamiento ha elaborado un informe firmado este 16 de junio en el que plantea hacer un control interno de todos estos contratos de emergencia.