El Ayuntamiento tenía un “interés flagrante” en inflar el valor de los terrenos de Las Teresitas
Este lunes, 17 de octubre, se ha reanudado el juicio por el caso Las Teresitas, con la declaración de varios peritos. La sesión ha sido todo un bombazo, en términos informativos, tras la declaración de José Luis Estevas-Guilmain, perito y apoderado en el momento de los hechos de Sociedad de Tasación (Sotasa). Esta empresa elaboró un informe valorando los terrenos que iban a ser comprados entonces por el Consistorio y que fue incluido, junto a otros, en el expediente para la compra de estos. Ese informe final tasaba los terrenos en unos 47 millones de euros, aunque finalmente el Ayuntamiento los comprase por 52 millones.
Sin embargo, en su declaración el perito ha expresado de forma tajante que “existía un interés flagrante” por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz en inflar el valor de los terrenos pese a que “se incumplía todo”. Y ha acompañado esta afirmación con una prueba documental que ha dejado a los abogados defensores de los acusados (entre ellos el exalcalde de la ciudad Miguel Zerolo) pidiendo el aplazamiento de la vista oral. La prueba no era otra que el informe original elaborado por Sociedad de Tasaciones, es decir, un documento anterior al incluido en el expediente de compra, en el que se otorgaba a los terrenos del frente de la playa de Las Teresitas un valor similar al que dio también la entonces arquitecta municipal Pía Oramas.
En una tensa prueba pericial ante la sección segunda de la Audiencia Provincial, este perito ha comentado que la tasación de su entidad se acercaba a los 48 millones de euros, pero se realizó un “anexo” donde se incluían una serie de condicionantes que dejaban su precio final en algo más de 18 millones. “Me extraña que no esté en los autos”, ha destacado.
Tanto Oramas como Sociedad de Tasaciones valoraron el suelo que se quería comprar en unos 19,2 millones de euros, más de 30 millones menos de lo que al final se pagó.
La declaración de José Luis Estevas-Guilmain viene a corroborar la versión de Oramas, que denunció haber recibido “presiones” para aumentar el valor de los terrenos, y reconoce que también ellos tuvieron que elevar la cantidad.
El documento aportado por Estevas-Guilmain ha sido aceptado como prueba documental por el presidente magistrado del Tribunal de la Sección II de la Audiencia Provincial, que es quien lleva la causa penal de este caso. Esto ha provocado un enorme revuelo en la sala y las protestas de los abogados defensores, que han terminado pidiendo un aplazamiento de la vista oral para poder estudiar el documento.
