El número dos del PP en Canarias recurre la sentencia que le condena por autorizar mercadillos ilegales

El excoordinador autonómico del PP de Canarias, Lope Afonso, ha anunciado este jueves que presentará un recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de lo Penal Número dos de Santa Cruz de Tenerife que le condena a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación al autorizar dos mercadillos sin seguir el cauce administrativo cuando era concejal del Puerto de la Cruz. Afonso ha dimitido de sus cargos en el partido, como concejal del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz y como consejero del Cabildo de Tenerife, y se ha dado de baja como militante.

Además, tal y como ha recogido Efe, ha comentado que defenderá su “honorabilidad hasta las últimas consecuencias”, al tiempo que ha pedido que se respete la presunción de inocencia, dado que la sentencia, que respeta pero no comparte, aún está en primera instancia.

“Nunca, jamás, he obtenido ningún trato de favor, o beneficio económico ni de ninguna clase, ni he perjudicado conscientemente el interés público o los intereses individuales de ningún administrado, durante el tiempo en el que he desempeñado mis responsabilidades públicas, es decir, no tengo ni un solo céntimo de euro que no sea mío y que no me haya ganado legítimamente con mi esfuerzo”, ha relatado en un comunicado.

Afonso, que ha agradecido el apoyo de sus compañeros de partido y de otras formaciones, confía en obtener una resolución favorable en segunda instancia y apunta que su abandono de la vida política es “con carácter definitivo”. Asimismo, ha recordado que el origen de la denuncia fue la decisión, cuando era alcalde de la ciudad turística, de “renovar y depurar” el PP portuense para evitar que se siguiera “degradando” la imagen del partido debido a “comportamientos individuales probadamente indecorosos”.

“El coste personal ha sido alto, pero se consiguió el objetivo. Quiero que sepan que no me arrepiento de aquello. Lo volvería hacer si fuera necesario”, ha agregado. Afonso concluye su comunicado pidiendo, a modo de reflexión, que en los tiempos actuales se hace “necesario e imprescindible” una apuesta “por la buena política, por la política con mayúsculas”.

En 2018, la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife pidió mediante un escrito de acusación la inhabilitación del entonces alcalde de Puerto de la Cruz por prevaricación. El fiscal sustentó su petición en las autorizaciones que Lope Afonso concedió en 2013 y 2014 al máximo responsable del área de Desarrollo Económico, Comercio y Concesiones Administrativas en el Ayuntamiento del municipio tinerfeño. En una entrevista concedida en esas fechas a Mírame Televisión, el número dos del PP afirmó que no se trataba de corrupción, sino de un asunto “administrativo”.

El escrito del Ministerio Público consideraba que los incumplimientos trascienden la norma local ya que no respetan las exigencias de concurrencia competitiva de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista de 1996 ni la Ley de Patrimonios de las Administraciones Públicas.