El alcalde de Santa Cruz de Tenerife (CC) vuelve a intentar salvar el monumento a Franco
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria), ha dictado otra orden a los servicios jurídicos municipales para interponer un nuevo recurso, esta vez un contencioso-administrativo ante el Estado, para intentar evitar que se elimine de la ciudad el último gran vestigio del franquismo, el llamamo monumento a Franco en la Avenida de Anaga.
El alcalde emprende esta nueva cruzada una vez se rechazó el recurso de alzada contra la resolución de 29 de junio de 2026 de la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática que incluye el monumento a Franco en el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática y dio seis meses de plazo para su demolición tras ser descartado como Bien de Interés Cultural (BIC).
De hecho, fue el propio Gobierno canario el que concluyó que el monumento no tiene ningún valor cultural y, por tanto, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, debe ser retirado, a lo que el alcalde lleva años oponiéndose.
La resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, se ampara en la ley de bases de Régimen Local, la ley de municipios de Canarias y el propio reglamento orgánico del consistorio y da vía libre a las áreas de Cultura y de Patrimonio, en coordinación con la asesoría jurídica municipal, para presentar el recurso.
El Ayuntamiento sostiene que la orden de retirada del monumento de Juan de Ávalos debería quedar en suspenso mientras se tramita su inclusión en el catálogo municipal de bienes patrimoniales que tramita la Gerencia de Urbanismo.
El Ayuntamiento de Santa Cruz, gobernado durante más de 12 años por Bermúdez, junto al PP, lleva años dilatando el cumplimiento de la ley encargando diferentes estudios y recurriendo a los tribunales en busca de protección para la escultura, que representa al dictador y al avión Dragon Rapide. Por encargo de Bermúdez, el Ayuntamiento gastó más de 56.000 euros en un catálogo de vestigios que determinara qué calles había que cambiar exactamente, pese a que el Catálogo realizado por el Gobierno de Canarias ya lo especificaba. También recurrió ante la justicia este mismo catálogo.
En 2018 encargó más informes para tratar de encontrar los “valores artísticos” de la obra. Así, pidió un estudio a expertos a la Universidad de La Laguna (ULL), otro a la Academia Canaria de Bellas Artes San Miguel de Arcángel y otro al Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP) para conocer el valor “cultural y patrimonial” del monumento a Franco. La conclusión fue que dos de los informes negaron esos valores y el tercero sí lo reconoció, pero con un detalle: en el informe no se hace referencia ni una sola vez a por qué fue erigida la escultura, ni qué representa.