ANPE denuncia a Educación ante la Inspección de Trabajo por no abonar los días 1 y 2 de septiembre a interinos y funcionarios en prácticas

El sindicato ANPE Canarias, mayoritario en educación pública no universitaria, ha denunciado a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias por “discriminar” a los colectivos de interinos y funcionarios en prácticas desde el inicio del presente curso al “no abonarles los días 1 y 2 de septiembre de 2018”.

En un comunicado, el presidente del sindicato en las islas, Pedro Crespo, ha recordado que “durante la primera semana del curso escolar algunos interinos y funcionarios en prácticas afiliados alertaron a la organización cuando descubrieron con sorpresa que su fecha de alta en la Seguridad Social era del lunes 3 de septiembre de 2018”.

“Al comprobar que este problema se extendía a todos los integrantes de ambos colectivos -agregó-, contactamos con los técnicos responsables y algunos altos cargos de la Consejería, que nos ratificaron que la fecha de alta en la nómina y en la Seguridad Social se correspondía con la fecha real de su toma de posesión en el centro, realizada el día 3”.

Por este motivo, ANPE envió un escrito a la Dirección General de Personal en el que denunciaba la “flagrante discriminación” que sufrían estos docentes e incidía en la “total responsabilidad” de la Consejería por el cierre de los centros el sábado 1 de septiembre.

De igual modo, el sindicato argumentó que las demás administraciones educativas habían obviado esta dificultad, extendiendo todos los efectos de las tomas de posesión al 1 de septiembre, primer día del curso escolar 2018/2019.

“Ante la falta de respuesta oficial a nuestro escrito, presentamos un escrito-queja al Diputado del Común solicitando su intervención ante la Consejería, sin obtener ningún resultado, por lo que hemos registrado la correspondiente denuncia ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, como paso previo a la presentación de un recurso ante los tribunales de justicia”.

Para Crespo, es “incongruente” que el Gobierno de Canarias persiga estas prácticas laborales fraudulentas entre las empresas privadas “mientras la propia Consejería de Educación es capaz de cometer esta tropelía, con la única finalidad de ahorrarse unos cuantos miles de euros”.