Demoledor informe de Cáritas: la pandemia agrava la pobreza en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con un 20% más de hogares atendidos este año
La crisis derivada de la pandemia de la COVID-19 disparó en 2020 la acción social de Cáritas en Canarias, donde asistió a 65.000 personas -45.000 en Las Palmas y 20.000 en Santa Cruz de Tenerife-, si bien los hogares atendidos en la provincia oriental subieron un 83% y en la occidental, un 20%.
Así lo han dado a conocer este martes los obispos y responsables de Cáritas en el archipiélago, única región española en la que sigue creciendo la pobreza, según el último informe Foessa, de 2019, un estudio que explica el gran impacto que ha tenido esta crisis en un archipiélago que antes de ella tenía al 30% de su población; esto es, a 617.000 personas, en situación de “vulnerabilidad, precariedad, desigualdad y empobrecimiento”.
Una brecha social que la pandemia no ha hecho más que agrandar, con grandes diferencias entre las dos provincias canarias, ya que las secuelas socioeconómicas percibidas por esta institución han sido más flagrantes en Las Palmas, de acuerdo con los datos que facilitados por la ONG de la Iglesia.
El director de Cáritas Diocesana de Canarias (al cargo de la provincia de Las Palmas), Gonzalo Marrero, achaca esta realidad al mayor peso que tiene la economía sumergida en la provincia oriental y al volumen de personas que han visto empeorar sus condiciones de vida hasta llegar a perderlo todo y verse en la calle por el cero turístico, así como a las trabas administrativas insalvables con las que se han topado las personas sin recursos y sin acceso a la tecnología a la hora de solicitar ayudas públicas por la única vía que la Administración ha ofrecido: la telemática.
A ello se ha sumado el tiempo que muchos trabajadores sujetos a un ERTE se han visto sin ingresos debido a las demoras que ha habido en el abono de las prestaciones correspondientes.
“Canarias es un paraíso, pero el 30% de su población no se ha enterado. Hay que tener cara, y dura, para hacer propuestas públicas e impedir su acceso por unos requisitos que las personas vulnerables no pueden cumplir”, ha denunciado Marrero.