En la mañana de este jueves, 21 de marzo, se desplegó un operativo con un total de de 25 efectivos, entre Policía Local y Guardia Civil, para desalojar un total de hasta 45 asentamientos en las zonas de La Mareta y Charco del Clérigo.
La operación contó, además, con la presencia de 35 operarios de la empresa municipal SERMUGRAN, quienes procedieron a retirar los enseres y demás residuos encontrados en la zona, para lo que fue necesario contar con hasta ocho camiones debido a la gran cantidad de residuos encontrados en esta franja del litoral.
El Ayuntamiento de Granadilla de Abona, en un comunicado, ha señalado que el municipio, al igual que otras zonas del sur de Tenerife, ha venido sufriendo la proliferación de asentamientos ilegales en una parte importante de su costa. Por ello, desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento, en colaboración con efectivos de la Guardia Civil y el Servicio Provincial de Costas, han procedido este jueves, 21 de marzo, al desalojo de estos asentamientos.
La concejala con Delegación Especial en Seguridad , Carmen Dolores Rodríguez, destaca que el operativo “se desarrolló con total normalidad, gracias a la magnífica labor de la Policía Local y la Guardia Civil, quienes actuaron de manera coordinada, garantizando en todo momento el éxito del operativo”.
Además, la responsable ha indicado que, el pasado miércoles 13 de marzo, se notificó la orden de desalojo a las casi 100 personas, en su mayoría extranjeros de nacionalidad europea, que residían en dicho entorno costero, lo que facilitó la realización del operativo ya que la gran mayoría de cuevas se encontraban desocupadas en el momento del desalojo. La actuación, que se saldó con un solo detenido, transcurrió con total normalidad no detectándose la presencia de menores.
90 familias en la calle y sin ninguna alternativa habitacional
El pasado 12 de marzo las más de 200 personas que vivían en el edificio Chasna, en Arona, en el sur de Tenerife, abandonado desde hace años y ubicado en el municipio de Arona, fueron desalojadas al consumarse el desahucio que les fue comunicado apenas dos semanas del desahucio.
90 familias se vieron en la calle y sin ninguna alternativa habitacional, teniendo incluso que recurrir a dormir “en la playa”, según comentaron a los medios de comunicación.
Sin embargo, este martes, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, remitió al programa Prohogar como alternativa habitacional para las más de 200 personas.
Rodríguez indicó, en respuesta a la diputada socialista Patricia Hernández, que el Ejecutivo regional ha puesto dicho programa a disposición del Ayuntamiento de Arona y de otros donde se están produciendo desahucios, porque “desgraciadamente no es el único de estas características” que se están produciendo en el archipiélago y ponen de relieve “la emergencia habitacional”.
Decreto canario de vivienda
El Gobierno de Canarias aprobó hace un mes un decreto ley para responder de manera urgente, en palabras del consejero de Vivienda del Ejecutivo, Pablo Rodríguez (Coalición Canaria), a la emergencia habitacional que sufre el Archipiélago.
El texto incluye una serie de medidas para incrementar el parque de bienes inmuebles en las Islas, tanto públicos como privados, pero deja el éxito de la norma prácticamente en manos del sector privado.
Actualmente, en la Comunidad Autónoma existen más de 23.000 demandantes de vivienda protegida.
Pero ha habido diferentes reacciones a este decreto ley. Por un lado, la patronal de la construcción y los círculos insulares de empresarios han celebrado la norma, pero, por otro, la oposición, que ha llegado a calificar la legislación de “golpe de estado a la planificación urbanística”; la mayoría de los cabildos insulares, quienes consideran que el texto requiere de modificaciones; y los ayuntamientos, claves en el desarrollo de la normativa, pero marginados en su elaboración.