La evidencia científica frente al argumento judicial: el caso práctico del cierre de la hostelería en Tenerife

“La prohibición absoluta del servicio y permanencia en zonas interiores y la limitación al 50% del aforo en las terrazas al aire libre ni se han demostrado como las causas de la problemática de contagio en la isla de Tenerife ni mucho menos se prevén como las soluciones a una situación que no es dramática para la presión asistencial, pero que sí constituye todo un drama para el sector de la restauración y de la hostelería”. Con esta frase recogida en un auto dictado el 28 de junio, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) justificaba la suspensión de una de las medidas adoptadas por el Gobierno regional para frenar la escalada de contagios en Tenerife. El alto tribunal estimaba así la medida cautelar urgente solicitada por la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (FAUCA) contra la decisión del Ejecutivo regional. Algunas de las afirmaciones contenidas en ese auto chocan con informes científicos sobre la transmisión de la COVID-19 en locales cerrados. 

Para los magistrados que conforman la Sala, Juan Ignacio Moreno-Luque (presidente y ponente), Jaime Guilarte y Evaristo González, el sector precisa “seguridad jurídica y laboral” y no puede quedar “al pairo de las evoluciones semanales de los contagios”, sino de “situaciones indubitadas” en donde se demuestre que es el causante del aumento de casos. “Un sector basado en la dispensación de productos primarios y de difícil conservación en muchos casos, amén de una precariedad laboral constatable, no puede ser torturado por la incertidumbre más absoluta de ahora cierro, mañana abro y pasado, el Gobierno dirá”, añade el auto. Los jueces afirman que se basan en la documentación manejada “al inicio del procedimiento” y que la adopción de la medida cautelar “no conlleva un juicio definitivo”.

Lo cierto es que el rol de la hostelería en la transmisión de la COVID-19 ha sido objeto de un número importante de investigaciones desde el principio de la pandemia. Tres expertos en epidemiología social, Usama Bilal (profesor asistente en la Drexel University de Filadelfia), Pedro Gullón (profesor en la Universidad de Alcalá de Henares) y Javier Padilla (médico de familia en un centro de salud de Madrid), publicaron un artículo que revisaba la literatura científica sobre el impacto de este sector en la incidencia del virus. Y del análisis de 20 estudios extraían una conclusión de “gran consistencia”: el cierre de los locales de hostelería y restauración es “una de las medidas más efectivas” para disminuir los contagios. Los controles de aforo en el interior y la gestión de las corrientes de aire y la ventilación son, además, “elementos importantes para evitar el rápido incremento de casos”. 

El Centro Europeo de Control de Enfermedades catalogó a bares y restaurantes como “negocios de alto riesgo” en una guía publicada en enero. Los centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos han destacado también la importancia de evitar los espacios interiores y en especial en lugares donde las medidas preventivas de distancia física y  uso continuo de la mascarilla sean difíciles de cumplir. 

Entre los estudios recogidos en la revisión antes mencionada figura uno realizado en Estados Unidos que analizó los contagios de COVID-19 en once condados del país y descubrió que en un intervalo de cuatro semanas la incidencia se redujo en un 46% en las ciudades que decidieron cerrar el interior de los locales de restauración en comparación con las que lo mantuvieron abierto durante esas fechas En el Reino Unido se investigó el impacto de la concesión de un subsidio para comer en restaurantes y se detectó un incremento de casos en las zonas donde más se utilizó, así como una disminución de infecciones al acabar el programa. También en Estados Unidos, un grupo de investigadores comparó la eficacia de cinco medidas implementadas para frenar la propagación del virus y determinó que “la más correlacionada” con la mitigación fue el cierre de los restaurantes. Otro analizó siete grupos de decisiones en 20 países y concluyó que el cierre de negocios de hostelería estuvo asociado con una reducción de nuevos casos del 36%. 

Bilal, Gullón y Padilla mencionan también ocho estudios de brotes y series de casos. Entre ellos, uno que documentó un contagio a seis metros de distancia y con una exposición de cinco minutos en un restaurante de Corea del Sur; otro que revisó doce brotes en bares, con una media de doce positivos por cada uno de ellos y un máximo de 80 casos, u otro realizado en Japón que señalaba que, después de las residencias y los centros sanitarios, los bares y restaurantes representaron “el segundo lugar más común” de los brotes. 

La decisión del Gobierno de Canarias de cerrar el interior de los locales de restauración y la posterior suspensión cautelar por parte de la justicia han avivado la discusión en torno a la hostelería y la COVID-19. Un debate que no es nuevo. En el ámbito judicial, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anuló en febrero el cierre de bares y restaurantes en las zonas con una incidencia acumulada a 14 días igual o superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes al entender que no era un factor de riesgo. También en mayo el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya acordó incrementar hasta el 50% el aforo en el interior de los locales de restauración, después de que el Govern lo redujera al 30%. En el lado opuesto, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria desestimó la solicitud de los hosteleros para suspender la limitación de la hora de cierre del ocio nocturno a las tres de la madrugada al considerar que debe prevalecer el interés general sanitario y el derecho a la salud y a la vida sobre los intereses económicos del sector.

En el terreno político, la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular), utilizó la apertura de la hostelería como reclamo electoral, cosechando un gran respaldo del sector. En las Islas, ha sido Coalición Canaria (CC) y, en particular, José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, la ciudad con mayor focos de contagios en las últimas semanas en todo el país, quien se ha erigido, junto al PP, en defensor de esa misma idea. 

Ante la decisión del TSJC, el Gobierno canario y los hosteleros alcanzaron el pasado miércoles un principio de acuerdo para aumentar del 50 al 75% los aforos en terrazas, decretar el cierre de los establecimientos a las 00.00 horas y permitir la apertura en el interior de los locales con un 50% de aforo y un porcentaje de los clientes vacunados con la pauta completa (10%) para las islas que se sitúen en el nivel 3 de alerta (riesgo alto). De momento solo se encuentra en esta situación Tenerife, cuya incidencia acumulada a 14 días se ha disparado. A principios de junio se situaba en torno a los 90 casos por cada 100.000 habitantes. Hace dos semanas, esa cifra se había elevado hasta los 127. Este jueves alcanzó los 226. En la última jornada se notificaron 248 nuevos contagios en la isla, la segunda cifra más elevada desde el inicio de la pandemia en este territorio. Solo se alcanzaron niveles similares en la primera quincena de diciembre, la fecha en la que el Gobierno de Canarias impuso medidas de protección más severa, entre ellas el cierre del interior de la hostelería, que propiciaron un descenso en la curva durante el periodo navideño mientras otras islas sin estas limitaciones experimentaban el camino opuesto, un acusado ascenso de positivos.

La explosión de contagios en Tenerife sigue siendo la principal preocupación de las autoridades sanitarias, pero no la única. También en islas como Gran Canaria o Fuerteventura se está advirtiendo un considerable incremento de casos. La isla redonda notificó 82 positivos el jueves, una cifra que no se veía desde abril, mientras que la Maxorata anotaba 32 nuevos casos, el tercer registro más alto desde el inicio de la pandemia. 

Presión hospitalaria y riesgo para la salud pública

Los expertos insisten en que no hay una causa única para determinar el aumento de la incidencia en una zona determinada y recalcan que también influye cierto componente de aleatoriedad, de azar. Y es que el virus no se expande de manera homogénea. Un estudio del grupo de trabajo de la COVID-19 del Centro de Modelización Matemática de Enfermedades Infecciosas del Reino Unido destacó el papel de los supercontagiadores, personas con gran capacidad de transmisión. Esta investigación determinó que solo un 10% de los contagiados provocaban el 80% de los casos secundarios de coronavirus. 

“Ahora mismo estamos viendo situaciones de grandes agrupaciones de gente, incluso en espacio exterior, sin respetar la distancia interpersonal, sin el uso de la mascarilla. Gente joven, en periodo vacacional, con una mayor movilidad e interacción social. Son situaciones que están favoreciendo esa mayor transmisión”, explica María del Mar Tavío, catedrática de Microbiología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), que afirma que, si bien no hay evidencias de que el notable incremento de casos en Tenerife esté asociado al sector de la hostelería, no se puede descartar que se hayan producido contagios en estos establecimientos (la Consejería de Sanidad notificó seis brotes en la isla esta semana) ni se pueden obviar los riesgos. “A mayor incidencia, mayor riesgo de que se produzca la transmisión. Y en sitios cerrados, esa posibilidad es mucho mayor. Es cierto que no está en el origen, pero sí es una situación que favorece la transmisión. Por eso el Gobierno de Canarias, para poner límites y evitar que esto siga avanzando, quiere tomar una serie de medidas que están justificadas en el sentido de que en espacios cerrados la transmisión es mucho mayor”. 

Para Tavío, “no hay que quitar importancia a otras situaciones”. Incluidas las terrazas. “Gente joven, no inmunizada, que se encuentra con amigos y coinciden en la misma mesa, hay un riesgo de transmisión. No tan alto como en el interior, porque en el exterior, al fluir el aire, distribuye la posibilidad de esa transmisión porque hay menor carga vírica en el aire que circunda a las personas que están compartiendo esa mesa”. La microbióloga cree que no se debe banalizar la situación. “Es importante que haya un grupo importante de población inmunizada, sobre todo población vulnerable, pero no nos podemos descuidar. Los jóvenes que se contagian pueden, cuando lleguen a casa, transmitir esa infección y aunque las personas con las que convivan estén vacunadas, puede haber gente mayor cuya respuesta inmunitaria no sea tan efectiva. Se han dado casos de personas con la pauta vacunal completa que se han infectado y han fallecido”, advierte. 

La experta sostiene que el hecho de que la presión hospitalaria no haya aumentado tanto como en situaciones precedentes de aumento de la incidencia (por el elevado porcentaje de población inmunizada en las franjas de mayor edad y la concentración de casos entre las personas de 20 a 40 años, con menor probabilidad de desarrollar cuadros graves) no quiere decir que la situación no suponga un riesgo para la salud pública. “Existe y no podemos minimizarlo. Siempre que haya una alta incidencia hay una posibilidad de que avancen algunas variantes o, incluso, de que puedan producirse mutaciones del virus. Es cierto que las personas jóvenes suelen tolerar mejor la infección, pero no es así en todos los casos. Hay jóvenes que sufran cuadros graves que requieran hospitalización”, señala Tavío que incide, además, en la importancia de la vigilancia genómica para determinar, por ejemplo, si el aumento de la incidencia en las Islas se debe, como ya ha sugerido el consejero canario de Sanidad, Blas Trujillo, a la influencia de la variante delta, con mayor transmisibilidad. 

Ventilación y rastreo

Para José Luis Arocha, especialista en medicina familiar y máster en salud pública, los argumentos de que son los jóvenes quienes ahora se infectan y de que la presión hospitalaria no es tan elevada “sirven al juez, pero a nivel epidemiológico no sirven mucho”. Lo explica: “A pesar de que se reduce de manera importante la incidencia en las personas mayores, sigue habiéndola. Y a pesar de que se reduce la incidencia hospitalaria, los ingresos en UCI y la mortalidad, sigue habiéndola y sigue habiéndola en personas mayores. Por varias razones. Quizás la primera es que, a pesar de la vacuna, hay gente que se sigue infectando. No es eficaz al 100%. Es eficaz para reducir los ingresos hospitalarios globales, pero no para controlar la transmisión”. Alude al caso del Reino Unido, donde se ha detectado que el 10% de los contagiados con la variante delta son personas mayores de 50 años, “la inmensa mayoría vacunados” con una o dos dosis. “La mortalidad sigue siendo del 2,2%. No llegamos a como estábamos antes, que en las personas mayores podía llegar, dependiendo de la edad, del 5 al 20 o al 30%, pero una mortalidad del 2.2% en personas que ya están vacunadas y han cogido el virus  sigue siendo preocupante para la salud pública”. 

Arocha apunta a un factor esencial “en el que se ha avanzado relativamente poco”: la ventilación. “El riesgo no es un restaurante, es un espacio cerrado con una dificultad para la ventilación”. A ello se le añade, como otro factor de riesgo, que en su interior no se usa la mascarilla durante ciertos periodos de tiempo. El especialista señala que el Gobierno español ha impuesto como recomendación renovar el aire con un mínimo de 12,5 litros por segundo y ocupante, pero “no se ha entrado a saco en ese detalle”. “Seguimos confiando en protocolos de higiene, en lavado de mano o de utensilios, que no se ha demostrado que estén influyendo en el contagio”. Si un espacio cerrado es capaz de garantizar que tiene un filtro de alta eficiencia, un sistema de renovación del aire, “un restaurante no tiene por qué ser más peligroso que un comercio o que un puesto de trabajo”, añade. 

Además del control de aforo, para Arocha es fundamental mejorar la calidad y la definición del rastreo. Señala que en España el seguimiento y la trazabilidad de los casos han seguido el parámetro de los contactos estrechos, definido como aquellas personas que han compartido espacio con un positivo confirmado, a una distancia inferior a dos metros y durante al menos quince minutos. “Se ha despreciado una investigación o un esfuerzo adicional para intentar recoger contactos de menor riesgo, no se hace un seguimiento de todo lo que puede pasar alrededor de ese caso y desprecias una parte de contagios que se dan”. Alude a un estudio realizado a principios de la pandemia en Corea que determinó que había una mayor tasa de ataque (infección a partir de un caso primario) entre los contactos estrechos pero que, sin embargo, también se producían entre los contactos no estrechos y que estos eran mayor en volumen, por lo que, en términos globales, el riesgo era similar. 

El epidemiólogo admite que “cuesta mucho trabajo” conocer cuál es el caso origen. Por eso, incide en la necesidad de afinar bien las bases de datos. “Muchas veces hay contagios en establecimientos de restauración que no puedes asignar específicamente porque faltan datos. Solo puedes identificarlo  cuando estás en una mesa y contagias a tu compañero. Pero se escapa una buena parte. Eso tiene que ver con la cantidad y la calidad de información que tenemos y con el concepto de contacto. Con esa información, seguramente los jueces, si al final tienen esa prueba, estarían más cerca del criterio epidemiológico. Mientras tanto, tendremos dificultades con la justicia, pero lo que es peor, tendremos dificultades para hacer un mejor control de los brotes”, concluye Arocha.