La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias se resiste a hacer público un informe del departamento de Salud Pública en el que exige al Cabildo de Tenerife que tome medidas con las infraestructuras de distribución de aguas que incumplen con la legislación vigente, algo que ha tenido que ver directamente con la contaminación de la red de abasto de consumo humano desde la piscifactoría de Aguamansa.
Diversas fuentes consultadas por este periódico confirman que el informe está concluido desde los últimos días de septiembre pero el consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, no quiere tensionar las relaciones de su Consejería con el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, que todavía no se ha dado por aludido tras el escándalo destapado por el periódico Tenerife Ahora.
El informe fue elaborado de oficio tras conocerse por Tenerife Ahora lo ocurrido este pasado verano en el canal del norte de Tenerife, en el que se vertieron significativas cantidades de un antibiótico suministrado a las truchas que se criaban en la piscifactoría de Aguamansa, recinto gestionado por el área de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife y hoy clausurado tras la inspección realizada por Salud Pública.
Al tratarse de aguas que se utilizan para el consumo humano y al verterse cantidades de un antibiótico no apto para las personas, la Dirección General de Salud Pública ordenó de inmediato una inspección que desembocó en el informe ahora retenido en algún despacho del Servicio Canario de la Salud.
El contenido de ese informe es un enigma, pero distintas fuentes indican que es una reiteración al Cabildo de Tenerife de la obligación que tiene su Consejo Insular de Aguas de ejercer sus competencias legales y cuidar las captaciones y las conducciones de agua cuando éstas tienen un destino humano.
Además, se describen diferentes episodios ocurridos a lo largo de estos últimos años con los canales que discurren a cielo abierto, en los que se ha detectado la presencia de bestias muertas, personas bañándose en ellos e incluso cazadores lavando sus presas en las aguas que luego van a parar a los depósitos municipales para el abasto.
En total, Salud Pública tiene comprobados hasta diez episodios de contaminación que pusieron en riesgo la salud de la población que se surte del canal del norte. De esos episodios, existe la constatación de patologías asociadas, particularmente relacionadas con el aparato digestivo.
Con la excusa de que se trata de agua para riego, los canaleros (titulares de esos canales privados por los que se distribuye el agua) escapan a los controles sanitarios obligatorios, pero distintos expertos consultados por este periódico recuerdan que legalmente es competencia de los consejos insulares de agua, dependientes de cada cabildo, poner en regla todas las infraestructuras hidráulicas como órgano de cuenca que son.
El consejero de Sanidad no quiere tensar sus relaciones con el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, a pesar de que no es el único responsable de la actual situación de las infraestructuras hidráulicas. Sus antecesores tienen más difícil justificar su negligencia porque existe al menos un informe de Salud Pública, concretamente de 2012, que ya alertaba sobre la peligrosidad de las conducciones que corren al aire libre.
El expresidente Ricardo Melchior, que apadrinó al actual titular de la Corporación, llegó a asegurar en el programa 59 Segundos, de Televisión Española, que todas las conducciones de agua de Tenerife estaban controladas mediante telecontrol, de manera que cualquier incidencia era inmediatamente detectada. Los informes oficiales lo niegan. Ricardo Melchior mentía.
El director general del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, negó este jueves a Tenerife Ahora la existencia de un informe dirigido al Cabildo de Tenerife, que redujo a la consideración de “borrador”. Domínguez estimó que lo tendrá este viernes en su poder para su envío al Cabildo de Tenerife.