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Un burro muerto y cazadores lavando sus presas: todo es posible en el canal de agua del norte de Tenerife

El Cabildo conoce la contaminación del canal por la piscifactoría de Aguamansa al menos desde 2012, según informes de Sanidad Pública que han sido desoídos sistemáticamente

Sanidad tiene acreditado un incremento de patologías gastrointestinales cuando se producen lluvias, crecen las escorrentías y el agua de los canales se revuelve

El poder de los canaleros impide controlar el agua desde su captación en las galerías hasta el transcurrir a cielo abierto

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Extracción de agua blanca en una galería, en la isla de Tenerife

Extracción de agua blanca en una galería, en la isla de Tenerife

Cuando el penúltimo presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, decía que el agua de consumo humano de la isla estaba monitorizada desde su captación hasta su llegada al grifo de cada casa, de modo que saltaban las alarmas cuando se detectaba alguna anomalía en sus parámetros sanitarios, mentía.

No existe el más mínimo control del agua de abasto en la isla de Tenerife sencillamente porque las autoridades sanitarias no acceden a los lugares donde se capta, es decir, las galerías, ni pueden garantizar la más esencial vigilancia si para su conducción se utilizan canales a cielo abierto en los que se ha encontrado de todo: desde un burro muerto a unos cazadores lavando las presas que acaban de abatir o a personas dándose un placentero baño.

Técnicos de Sanidad y de Medio Ambiente consultados por este periódico aseguran que existen informes demoledores en poder del Cabildo de Tenerife que, desde 2012, están previniendo acerca de la contaminación que provocaba la piscifactoría insular de Aguamansa (en La Orotava), cerrada el pasado mes de septiembre tras publicar Tenerife Ahora la existencia de vertidos al canal del norte de residuos de antibióticos prohibidos para la salud humana que eran utilizados para curar las truchas.

Pero hay más factores contaminantes. El Consejo Insular de Aguas no controla los canales de distribución por los que fluye el agua de abasto porque los canaleros declaran que se vende agua de regadío, lo que evita los posibles controles que, además, se tornan imposibles al no figurar declarados ni siquiera los puntos de captación (galerías) en el Sistema Nacional de Aguas de Consumo (Sinac).

Esa agua de regadío termina en manos de los ayuntamientos o de empresas gestoras, que la tratan aplicando las exigencias de la Unión Europea, basadas en la premisa de que ha habido un control desde aguas altas, cosa que no ocurre.

Instalaciones de la piscifactoría de Aguamansa, ya clausurada por Sanidad

Instalaciones de la piscifactoría de Aguamansa, ya clausurada por Sanidad

Los canales discurren a cielo abierto, sometidos a cualquier incidencia y a cualquier inclemencia, y no existe ningún plan previsto para proceder a su cerramiento, de manera que pueda ser controlada -como decía Melchior- el agua que llega a los hogares desde su nacimiento.

Incremento de enfermedades en la población

Los expertos sanitarios tienen contrastado un incremento notable de patologías gastrointestinales que se producen solo en la isla de Tenerife cuando se dan tormentas con lluvias porque hay escorrentías que luego agitan las aguas de los canales. “No hay control aguas arriba”, resume dramáticamente una de las fuentes consultadas.

De este modo se explica, por ejemplo, que desde hace años se estén produciendo restricciones en el agua de consumo humano al detectarse elevada presencia de floruro, producto de captaciones en suelos de erupciones volcánicas relativamente recientes.

Los canaleros se han constituido hace años en un poder intocable en la isla de Tenerife. Protestaron enérgicamente cuando el primer Gobierno de Jerónimo Saavedra quiso ejercer un control público sobre este bien, y la Ley de Aguas que aquel Gobierno proclamó apenas duró un año: el Ejecutivo que lo sucedió, una amalgama de partidos a cuyo frente se situó Fernando Fernández, entonces en el CDS, ahora en el PP, la cambió por otra que les devolvía la plena autonomía. Son los canaleros los que controlan la captación, la distribución y la venta del agua, que comercializan como de regadío pero que se paga a precio de abasto, llega a los ayuntamientos y, finalmente, a los grifos de la población.

La ausencia total de inversiones en infraestructura de canalización y, lo que es peor, en potabilización, provoca que una isla con grandes acuíferos no esté proporcionando agua de calidad a sus ciudadanos.

Todos estos extremos han sido continuamente expuestos a las autoridades insulares a través del Consejo Insular de Aguas y del propio Cabildo, pero hasta ahora la respuesta en forma de soluciones ha sido nula. Si se exceptúa, claro, el fulminante cierre de la piscifactoría de Aguamansa tras descubrirse sus peligrosos vertidos al agua de abasto. 

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