Una inspección a instalaciones ganaderas de Tenerife concluye con cinco denuncias
El Grupo de Protección Medioambiental y del Patrimonio Cultural del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) ha realizado durante el mes de enero un total de 37 controles en instalaciones pecuarias en distintos municipios de Tenerife, tanto en zonas rurales como periurbanas, y ha tramitado cinco denuncias.
En concreto, tres de las granjas denunciadas carecían de inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias (REGAC), lo que supone un incumpliendo de la obligación legal de registro, según ha informado este miércoles la Consejería de Presidencia del Gobierno regional.
En uno de estos casos, además, la instalación no figuraba dada de alta como núcleo zoológico, requisito obligatorio para cualquier establecimiento que aloje, críe, venda o mantenga animales.
Otras dos explotaciones fueron propuestas para sanción por deficiencias en la gestión de los subproductos animales no destinados a consumo humano (SANDACH), relacionadas con la ausencia de un tratamiento adecuado de cadáveres o subproductos.
Este tipo de incumplimientos supone un grave riesgo sanitario y ambiental, ya que estos residuos deben eliminarse o valorizarse conforme a los métodos legalmente establecidos.
La Consejería indica que el Plan de Inspecciones en Explotaciones Ganaderas de 2026 tiene como finalidad principal garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de sanidad animal, bienestar animal, seguridad, identificación y registro de las explotaciones ganaderas.
Entre sus objetivos se encuentran la verificación de las condiciones en las que se desarrollan las actividades ganaderas, la prevención de riesgos para la salud pública y el medio ambiente, la detección y corrección de posibles irregularidades, el refuerzo de la labor preventiva y de control policial, así como el mantenimiento de una relación fluida y de colaboración con el sector ganadero.
Añade que el desarrollo o de este Plan ha permitido reforzar la presencia y actividad del Cuerpo General de la Policía Canaria en el ámbito rural, garantizar un control efectivo del cumplimiento de la normativa ganadera y priorizar la labor preventiva y de información, manteniendo una relación de colaboración con el sector.