Una sentencia del TSJC frena los derribos en Bajo La Cuesta
El enclave costero de Bajo La Cuesta, en el municipio de Candelaria, está sometido, desde hace años, a las sensaciones que les marca las resoluciones jurídicas que, como en una montaña rusa, elevan o bajan de golpe sus sentimientos y esperanzas porque, en unos casos el asentamiento está a punto de desaparecer, mientras que en otras parece que por fin se les va a dejar en paz, tanto en el contencioso interminable por su deslinde emprendido por Costas, como ahora con la resolución que pretende desalojarlos de sus casas a consecuencia del riesgo de desprendimiento.
El abogado de los vecinos, el experto en la Ley de Costas, e incansable activista en contra de los excesos de dicho texto, José Ortega, acaba de exponer una nueva resolución judicial que, según él, “paraliza toda posibilidad de desalojo de los residentes de Bajo La Cuesta”.
El letrado explicó, que el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) “en el pleito por la recuperación sucesoria, es decir por los derribos, en el que, si bien no nos da la razón en el fondo, sin embargo, se anulan muchos procedimientos de recuperación por caducidad del expediente”.
En este sentido, el letrado anunció que, “ahora mismo en Bajo La Cuesta no se pueden derribar, por lo menos, las viviendas de estas personas afectadas por estos expedientes” y anunció que en el momento en el que se vuelvan a tramitar de nuevo todos estos expedientes, “expondré argumentos absolutamente sólidos, que no estaban en el año 2007, con los que se podrá evitar los derribos”.
Esta sentencia del TSJC es de mediados del pasado mes de junio, y el letrado advirtió que, con la misma, “no se va a poder hacer nada en este enclave”, a la vez que advirtió que, a diferencia de lo ocurrido hace 7 años, “ahora no nos van a coger desprevenidos, porque hemos acumulado argumentos que son indiscutibles, especialmente el que demuestra que el deslinde de 1969, que aplicó la ley de costas de 1880, en la que se definía la zona marítimo terrestre, era la marea alta, pero el deslinde de 2006 se ha fijado en cotas desiguales, algo que la juez no ha querido ni mirar”.
Así, señaló que “es ridículo que solo Costas y en los jugados, quieran aplicar unos deslindes que todo el mundo sabe y ve que no es así, porque sitúan la marea alta un montón de metros por encima de su propio límite”, además de explicar que cuando se aprobó el deslinde de la ley de costas “no asignaba ninguna eficacia civil a un deslinde, tampoco en la ley de 1969”.
Otro fallo y recurso
Sin embargo, en otra sentencia más reciente, un juzgado vuelve a poner sobre la mesa todos los fantasmas del derribo a consecuencia del deslinde, resolución ante la cual, según Ortega, “más que temor, soy crítico ante ella”, pues dijo que “tiene deficiencias carencias extraordinarias de calidad y es contradictoria e incoherente, porque dice unas cosas en una parte, y lo contario en otra”.
Calificó el contenido de esta última resolución de “sub realismo puro”, ya que explicó que contiene un discurso que nada tiene que ver con el tema concreto, “metiendo la pata porque se confunde lo que se está pidiendo en la demanda”, en el sentido de que lo que se reclamó fue que tuviera en cuenta que como indicio de que Costas no consideraba dicho espacio como dominio público, que desde el año 1987 las Normas Subsidiarias lo habían calificado como suelo urbano.
Así, señala que en la sentencia, “que es incomprensible, se nos dice que las Normas Subsidiarias se hicieron antes de la ley, pero que no tenemos razón porque no se hizo la toma de razón definitiva hasta después de la ley”.
José Ortega mostró su descontento porque después de acudir a un juez, con un planteamiento concreto, “te salga por peteneras sobre lo que le estás planteando, pero en este caso no lo ha entendido o no lo ha querido entender”, por lo que anunció que, como primera medida, está la interposición de un recurso de apelación, que lo tendrá que resolver la Audiencia Provincial.
Dijo que, personalmente, “cuando recibí esta sentencia, no me lo podía creer”, una resolución que, advirtió, forma parte de la postura que adoptan muchos juzgados cuando se trata de la Ley de Costas, “ya que puede pasar cualquier cosa”, hasta el punto de que, “independientemente de lo que argumentes, a veces tienes que dar las cosas por perdidas, y ya voy sin esperanzas de nada”.
