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El Jurado declara al joven de Guaza culpable del asesinato de sus padres y abuelo

Los miembros de tribunal popular han apreciado la agravante de parentesco en los tres casos

Uno de los momentos del juicio que se ha venido desarrollando desde el lunes en la Sección II de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife

Uno de los momentos del juicio que se ha venido desarrollando desde el lunes en la Sección II de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife EFE / Ramón de la Rocha

Un tribunal de jurado popular ha declarado al joven Ricardo Ortega culpable del asesinato de sus padres y de su abuelo, en un suceso ocurrido en la madrugada del 23 de marzo de 2018 en la localidad tinerfeña de Arona.

El jurado considera que ha habido alevosía en los tres asesinatos, con ensañamiento en la muerte de la madre pero no en el caso del padre, al tiempo que ha rechazado que el abuelo tuviera la consideración de persona “especialmente vulnerable” a los efectos de la pena de prisión permanente revisable.

Los miembros de tribunal popular han apreciado la agravante de parentesco en los tres casos y han rechazado asimismo la atenuante de trastorno mental alegado por la defensa.

Ricardo Ortega, hijo adoptado de Antonio Ortega y Carmen Martín y nieto de Luciano Martín, acuchilló aquel día a su padre, luego a su madre y por último a su abuelo, tras una lucha interna “gigantesca” de cerca de una hora por evitar la “locura”, según declaró en la apertura del juicio oral el pasado lunes en la Sección II de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. La Fiscalía pide 50 años de cárcel por dos asesinatos y la prisión permanente revisable por el tercero.

La autopsia de la madre adoptiva reveló numerosas heridas por arma blanca, unas más profundas que otras, algunas de carácter “defensivo” y en distintas direcciones, todas realizadas estando la víctima viva en movimiento, y por distintas partes del cráneo, cuello, cara, tórax, abdomen o parte posterior de la espalda, así como hombros, brazos, muñecas y manos.

“(El padre) llegó a estar de pie. Pero no se pudo defender demasiado”, aseguró una forense con respecto al padre, porque la arteria pulmonar y la aurícula fueron dañadas al comienzo de la agresión, lo que provocó un shock hemorrágico por el conjunto de todas las lesiones, pero especialmente por el daño en la arteria pulmonar y el corazón.

En cuanto al abuelo, sufrió las agresiones estando vivo y no mostró defensa, según las pruebas evaluadas. Fueron cuatro cuchilladas seguidas, y luego un corte superficial, sugirió el perito, una de ellas fue una herida “doble, complicada, prácticamente mortal”, por encima del corazón.

La Fiscalía solicita 25 años por el asesinato del padre, otros 25 por el de la madre, y prisión permanente revisable por el crimen a su abuelo, además de una indemnización de 120.000 euros a la familia por cada víctima.

Unos hechos de los que se arrepentirá toda su vida, confesó el jueves Ricardo Ortega en su derecho a la última palabra, que siempre tendrá en su cabeza, y que evidencian, a su juicio, que cometió un error al renunciar a ayuda externa y al regresar a casa de sus padres adoptivos, quienes le maltrataban psicológicamente y lo humillaban, según su versión.

Ortega, de 25 años, se entrevistó con los psicólogos forense entre abril y mayo del 2019, más de un año después de los hechos, y no mostró un arrepentimiento auténtico, según la declaración de los psicólogos durante la jornada del miércoles.

Sí demostró, continuaron los peritos, “consciencia, memoria conservada y pensamientos razonados” al narrar unos hechos que cometió de forma consciente, tras una elección voluntaria y una meditación en torno a las consecuencias, y sin que mediara entonces un estrés psicológico puntual.

“Aunque reconozco que lo que hice fue atroz, espero que algún día se sepa toda la verdad, porque a mí me enseñaron que una verdad a medio contar es peor que una mentira”, ha asegurado el encausado, en referencia a lo que ha considerado algunas flaquezas del procedimiento.

Todo ello durante cuatro jornadas de vista en el Palacio de Justicia provincial, en las que el aforo para público y prensa se redujo con vistas a cumplir las medidas sanitarias frente a la COVID-19.

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