Comienza el juicio contra el exalcalde de Arona por presunta prevaricación

Efe

Santa Cruz de Tenerife —

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife celebrará del 9 al 11 de diciembre el juicio contra el exalcalde de Arona José Alberto González Reverón, acusado de los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos dentro de una pieza derivada del caso Arona o Edén.

También comparecerá el que fuera edil de Urbanismo en el Ayuntamiento de Arona, Antonio Sosa, con la misma acusación, informa hoy el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

El fiscal pide para González Reverón nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para Antonio Sosa un año de prisión y nueve de inhabilitación.

Los hechos juzgados se refieren a una supuesta corrupción en la concesión irregular de una licencia en un hotel del sur de Tenerife y dietas, entre otros motivos.

Los presuntos hechos delictivos han sido producto de escuchas telefónicas ordenadas por el juez que realizó la instrucción en un caso iniciado en 2006 y derivadas del caso Arona.

La Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia que inició el PSOE local en 2006 por presunta corrupción en el seno del Ayuntamiento de Arona que ha afectado a la junta del gobierno entre 2003-2007.

También afectó a funcionarios y empresarios por presuntos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cohecho.

Las diligencias previas de este caso culminaron en 2011 con algunas detenciones y 30 imputados, reducidos a 17 acusados.

La causa principal que ha derivado en otras es la concesión de licencias ignorando la legislación urbanística y por dictar resoluciones siendo consciente de que eran irregulares.

Además se investigan presuntos tratos de favor y por emplear el cargo público para dichos favores.

En noviembre de 2012 González Reverón dimitió como alcalde después de que la Audiencia Nacional desestimase el recurso que presentó contra una sentencia que lo inhabilitaba por un periodo de cuatro años y medio.

Se le acusó de un delito continuado de prevaricación en un caso relacionado con la contratación de personal en el Ayuntamiento.