La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado cinco años de prisión y la inhabilitación absoluta durante doce parar un guardia civil acusado de un delito de revelación de secretos, condena que incluiría el pago de un total de 11.000 euros a las ocho personas afectadas, entre ellas dos exparejas sentimentales.
El acusado, según la Fiscalía, presuntamente dispuso de acceso de varios sistemas de información personal sensible que sirve a los agentes para realizar su trabajo, afecta a la intimidad de los individuos y alcanza cuestiones como perfil policial, señalamientos, antecedentes penales, domicilio o documentos.
La Fiscalía sostiene que aprovechándose de su cargo y fuera de su ejercicio profesional, hasta pocos días antes de su baja laboral, “incumpliendo los deberes de reserva y sigilo y de no intervenir en asuntos sin relación directa con sus funciones ejecutó diversos accesos no consentidos a la base de datos”.
Al parecer en todos los casos las consultas tenían relación con personas con las que había mantenido vínculos de muy diversa naturaleza y casi siempre cercana o que estaban involucradas en altercados en los que participó de alguna manera.
La Fiscalía considera en todos estos accesos que realizó en los puestos en los que estuvo destinado utilizó claves del sistema cuyo fin es estrictamente policial con “evidente ánimo de vulnerar la intimidad de las personas y la confidencialidad de las consultas”.
Añade el escrito fiscal que estas no sólo afectaban a terceros, sino también a cercanos suyos.
El acusado presuntamente conoció datos de una mujer con la que tuvo una relación sentimental y su entorno familiar.
En la lista de afectados se incluye un total de ocho personas, entre ellas, otra pareja sentimental.