La Fiscalía estrecha el cerco sobre el presidente de la Fecao, José Santana
La fiscal anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Martínez, se ha opuesto en dos escritos al sobreseimiento de las imputaciones por tráfico de influencias, malversación, falsedad documental y prevaricación que recaen sobre la concejal Blanca Pérez, y al de tráfico de influencias del empresario de la noche y presidente en Tenerife de la federación canaria de ocio y restauración, Fecao, José Antonio Santana. Ambos están encausados en el caso Corredor.
No sólo se opone, sino que ha añadido un nuevo indicio delictivo, el de negativa a promover la persecución de los delitos, en relación a los tratos de favor que desde el Ayuntamiento de La Laguna recibieron empresarios de locales de ocio como Santana, aunque el magistrado instructor, Cesar Romero Pamparacuatro, aún no se ha pronunciado al respecto.
En el primero de sus escritos, a los que ha tenido acceso Tenerife Ahora, la fiscal argumenta que no es el momento procesal para proceder al archivo de las imputaciones que pesan sobre Blanca Pérez, que en 2010 era concejal de Vivienda en el Ayuntamiento de La Laguna, por posibles ayudas a dos vecinos de Las Chumberas, uno de ellos dirigente vecinal y la otra, responsable de cultura en el Ayuntamiento de La Laguna en la actualidad.
La fiscal sostiene que no se ha practicado más prueba que la toma de declaración a imputados, “quedando pendiente de practicar toda la prueba pericial, testifical y documental, acordada por el órgano judicial, sin perjuicio de adoptarse la resolución que resulte ajustada a Derecho una vez finalizada la fase de instrucción”.
Entre las pruebas documentales señala la completa transcripción de las conversaciones entre Clavijo y Blanca Pérez; informes de los asistentes sociales y de los técnicos que supervisaron el estado de las viviendas afectadas por aluminosis.
La fiscal pide nuevas pruebas
Más contundente se muestra María Farnés Martínez en su segundo escrito referente al recurso interpuesto por el abogado de José Antonio Santana para el sobreseimiento de la imputación por tráfico de influencias que recae en el empresario, que era propietario del Pub Utopía, y que se libró de pagar una multa de 45.075,91 euros por incumplimiento de cierre del local y por exceso de ruido.
De acuerdo con las conversaciones intervenidas a Fernando Clavijo, Santana remitió el 28 de octubre de 2010 un sms al candidato presidencial en el que le advertía de que en pocas horas le iban a precintar el pub, por lo que Clavijo se puso en contacto con la entonces concejal de Ordenación del Territorio, Aymara Calero Tavío, quien explica al alcalde que ya le habían dado instrucciones a José Antonio Santana de cómo debía actuar para retrasar la sanción.
Esas instrucciones al empresario consistían en derivar el asunto a un proceso contencioso-administrativo, mediante un recurso en que debía solicitar la suspensión cautelar de la sanción. Ese mismo 28 de octubre, Aymara confirma a Clavijo que ha hablado con Santana. “Tienen que presentar el recurso, que es lo que yo había acordado con él, recurso contencioso y las medidas de suspensión del precinto, y tiene que notificárselos a Gerencia para nosotros poder, ehhhh, adoptar las medidas de….”
A ello, según la transcripción de la conversación, Clavijo respondió que “Lo meta en el registro de entrada mañana a las nueve de la mañana en una…de asuntos varios…y con eso lo podemos suspender”.
Aymara llega a explicarle a Fernando Clavijo lo difícil que es explicarle a Santana cómo hacer ese recurso. “Le explicas las cosas, además lo llevas al despacho, le dices Pepe por favor apunta en un folio y ¡no!, se pone como un loco…si el no colabora pues no…no hay nada, yo no le puedo, no me puedo poner a redactarle un recurso…”.
La fiscal recuerda en su escrito que consta en un expediente de la Gerencia de Urbanismo de La Laguna, incoado por el Servicio de Disciplina, que la Policía Local levantó dos actas de sanción que acarreaban la multa de más de 45.000 euros y el cierre el local por cuatro meses y 15 días, además de suspender el suministro de agua y luz, pero ese corte de suministros no se llevó a cabo y lo que sí se suspendió fue el precinto, dado el recurso interpuesto por el empresario, de acuerdo a como le indicó la concejal.
Entre las pruebas propuestas, la fiscal solicita que se le tome declaración a Aymara Calero como imputada en un posible delito de prevaricación, y como testigos, a dos técnicos del Servicio de Disciplina.
