Las amistades peligrosas de Clavijo

Los dos días que restan para que acabe esta primera semana lectiva del año 2015 podrían ser decisivos para el futuro penal del alcalde de La Laguna y candidato de CC a la presidencia del Gobierno, Fernando Clavijo. Una maraña de acontecimientos surgidos alrededor del sumario del caso Corredor podrían desembocar en su escapatoria por la puerta de atrás o, lo que sería aún peor para sus intereses, con una complicación todavía mayor de la que ahora sufre. Porque el descubrimiento de que documentos clave en esa causa pudieron haber sido robados y destruidos precisamente para emponzoñar su instrucción no glorificarían precisamente la presunta inocencia de Clavijo, sino más bien lo contrario. La noticia que ofrecemos hoy a nuestros lectores es de ésas que ponen los pelos de punta porque nos sitúan –de confirmarse las sospechas del juez y de la fiscal anticorrupción- ante comportamientos verdaderamente mafiosos: el asalto a un juzgado para sustraer y posteriormente destruir documentos clave de una causa judicial no hace otra cosa que corroborar un modo de actuar que se había instalado en la ciudad de La Laguna, y más concretamente en sus negocios nocturnos, muy propios del hampa. El sospechoso, contra el que se han abierto diligencias paralelas, no es otro que el rey de la noche lagunera, Evaristo González, controvertido empresario y abogado que por una cosa o la otra sabe perfectamente hasta dónde podía haber llegado la instrucción judicial aunque estuviera secreta más tiempo del recomendable y, consecuentemente, qué autos, providencias, oficios o documentos intervenidos podrían comprometerle y cuáles podrían resolverle la papeleta en el caso de desaparecer.

Clavijo, beneficiado

Evaristo González tenía conexión con el concejal y luego alcalde Fernando Clavijo, bien de manera directa en reuniones que incluso pudieron ser grabadas, como indirectamente a través de intermediarios muy allegados que influían notablemente en él para que los expedientes que afectaban al empresario pudieran tener un final feliz, o al menos, poco traumático. Desde que el candidato de CC conoció su imputación adoptó públicamente la posición de declararse inocente, pero tras descubrirse detalladamente en qué consistieron los hechos que tanto la fiscalía como el juez consideran indiciarios de delitos, la táctica de sus abogados ha estado dirigida a invalidar el proceso. Para ello se han adoptado dos líneas de trabajo: la primera, la descalificación del juez César Romero Pamparacuatro, al que parece acompañar el mal fario de sumarios accidentados, aunque en este caso nada de lo ocurrido ha sido de su directa responsabilidad, y paralelamente, tratando de encontrar algún resquicio con el que anular la parte del sumario que le afecta directamente. El auto por el que la juez decretó en 2010 la intervención de su teléfono, que no figuraba en el expediente, fue el primer clavo ardiendo al que se asieron los asesores legales del alcalde. Un auto que existió y que ha sido repuesto tras las diligencias judiciales oportunas, y que ahora sabemos que no desapareció por negligencia de los funcionarios del juzgado, sino presuntamente porque alguien con nombres y apellidos ordenó robarlo del juzgado en unión de otros documentos también destacados. De haber triunfado esa estratagema y anularse las escuchas, el candidato habría conseguido zafarse de la causa por un método nada edificante, sobre todo si se logra confirmar que el autor o inductor es nada menos que el tan mentado Evaristo González.

El auto de prórroga

Desechada esa posibilidad por la reconstrucción del sumario al aportarse el famoso auto de escuchas, en poder de la fiscalía y en los archivos del sistema judicial Atlante, a Clavijo se le presentó esta misma semana una segunda oportunidad de invalidar las escuchas: el descubrimiento de que tampoco estaba en las actuaciones uno de los autos de prórroga de esas escuchas, que al parecer, nunca llegó a existir porque la juez sustituta a la que sucedió Pamparacuatro jamás lo redactó. Pero en esta ocasión no fue la astucia de las defensas la que operó en favor de los imputados sino la profesionalidad del juez instructor, que descubrió esa llamativa ausencia y, como es su obligación, ha actuado como debía: convocando a las partes para que se pronuncien. Es muy probable que la inexistencia de ese auto de prórroga invalide al menos las escuchas del mes al que afectaba (del 25 de septiembre al 25 de octubre de 2010), aunque no es descartable que afecte también a los sucesivos meses hasta el final de esa medida. Existe, sin embargo, una amplia jurisprudencia –especialmente en casos de tráfico de drogas- por la que se ha permitido anular sólo las escuchas captadas en el mes afectado por el lapsus del correspondiente juez, pero no ha trascendido si Pamparacuatro la aplicará para este asunto. Sí son plenamente válidas las escuchas captadas con anterioridad a esa prórroga, lo que reduciría los hechos punibles atribuidos a Fernando Clavijo al tráfico de influencias ante la empresa Urbaser y a ese mismo presunto delito, acompañado del de prevaricación, en las gestiones realizadas en torno a ayudas a afectados de la urbanización Las Chumberas. Porque el magistrado ha desechado la petición de la fiscal de archivar la parte correspondiente a Urbaser y a ampliar hasta siete los hechos delictivos atribuibles al alcalde. Siendo como ha sido el juez –y no la fiscalía ni las partes personadas- el que descubrió este desaguisado del penúltimo auto de prórroga (el último lo puso Pamparacuatro pero por tres meses de duración), nos encontramos nuevamente con otra confirmación de que no es este magistrado sino sus antecesoras (una titular y la otra suplente) las que en todo caso habrían cometido los errores de los que se agarran los imputados. Sigue sin haber, por lo tanto, caso Pamparacuatro.

El desastre de los juzgados de La Laguna

Es cierto que a este juez parece haberlo mirado un tuerto en lo que a complejos sumarios se refiere. En el caso Unión se conjuraron en su contra una larga serie de maquinaciones, con importantes imputados, importantes hermanas de imputadas, medios de comunicación comprados y un sistema político, empresarial y judicial corrupto, para que la mastodóntica causa tuviera algunos agujeros aún por aclarar. Pero es igualmente cierto que hasta ahora el único auto que le han conseguido anular a este juez es uno que ni siquiera es suyo, el de la entrada y registro en las oficinas y la vivienda del empresario Luis Lleó. Un auto que sufrió un cambiazo y que está en el lote de los que alguien en teoría está investigando para dar con el presunto Evaristo González de Lanzarote. En La Laguna Pamparacuatro se tropezó con una situación muy similar: con el caso Corredor ya iniciado por sus antecesoras, tuvo que lidiar con una apoteósica falta de medios técnicos y humanos cuya solución reclamó y reclamó sin recibir apenas socorro. A él le ha tocado demostrarlo, pero fueron los jueces que ocuparon con anterioridad su plaza los que sufrieron unas condiciones verdaderamente tercermundistas que, en gran medida, han dado lugar a ese presunto robo de los documentos del caso Corredor. El juzgado se encontraba –hasta la inauguración del nuevo palacio de justicia- en unas dependencias a todas luces inadecuadas, con el despacho del juez dando directamente a la calle a través de una puerta de emergencia que se abría de un empujón; con una vigilancia privada que cesaba a las cinco de la tarde de los días lectivos y que brillaba por su ausencia los festivos y los fines de semana. Y sin los medios técnicos adecuados que, entre otras cosas, hubieran permitido tener digitalizadas las causas en previsión de extravíos o sustracciones como los que se han dado en La Laguna.

Dos días clave

Así las cosas, las declaraciones de denunciantes, testigos e imputados previstas para estos dos próximos días serán primordiales para conocer en qué desembocará el proceso, especialmente en lo que atañe a Fernando Clavijo y los políticos que le acompañan en la trama municipal. Porque es evidente que las otras piezas del sumario, las que se refieren al gran Evaristo González y su cuadrilla, ni revisten trascendencia política ni tienen muchas posibilidades de decaer por los defectos formales detectados. Hay que prestar especial atención a las declaraciones que presten este jueves los denunciantes originales de esta pieza separada, Carlos Calderón e Isaac Tacoronte, unidos en 2010 por una relación sentimental pero ahora enfrentados más allá de lo personal. Porque Tacoronte, transcurrido el tiempo, ha pasado a formar parte de la nómina del gabinete de prensa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en manos de Coalición Canaria, el mismo partido que el imputado Clavijo. De él y de las contradicciones en las que pudiera hacer caer a Calderón por las pruebas que dieron origen a este asunto podría estar también la salvación del candidato nacionalista. Si se probara (con la correspondiente pericial aún inexistente) que las grabaciones de al menos una reunión en la que participaron Fernando Clavijo y Evaristo González, entre otros, pudieron estar manipuladas, se abriría otra escapatoria para los imputados. Pero nos encontraríamos de nuevo ante una salida por la puerta falsa, a la espera, claro está, de que el alcalde pueda demostrar el viernes ante su señoría que las pruebas que se acumulan en su contra no son más que perversas especulaciones porque lo único que hacía era ayudar a los vecinos que le pedían ayuda.