No derriba alegando delito

La última aportación del Ayuntamiento al cúmulo de disparates cometidos ha sido decirle a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, encargada de ejecutar la sentencia del Supremo, que no puede demoler porque incurriría en un delito. ¿Eh? Pues sí. El Ayuntamiento alega que se trata de un edificio que es bien de interés cultural (BIC) y sujeto por tanto a las leyes que protegen el patrimonio público. Todavía no hay contestación del TSJC, pero ya nos imaginamos lo que dirá: déjese de cuentos y derribe la biblioteca, que es lo que dice el Supremo. El Ayuntamiento quiere ganar tiempo para negociar con los vecinos denunciantes, la comunidad de propietarios del edificio San Telmo, pero hasta este viernes no había puesto sobre la mesa ninguna oferta económica que pudiera satisfacerles. Pero, aun ofertando dinero a los denunciantes y compensando la pérdida de vistas ocasionada por la construcción de la biblioteca, la demolición no quedaría anulada. Porque no se trata de una sentencia transaccional por un derecho subjetivo vulnerado, sino de una denuncia por ilegalidad manifiesta que ha concluido con orden de demolición. Y las ilegalidades de este tipo no se resuelven pagando.