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Trece años de cárcel para un hombre de Telde por violar a su hija adoptiva durante seis años

El procesado negó durante el juicio haber mantenido relaciones sexuales con su hija adoptiva, en una versión secundada por su esposa, que tampoco creyó a la menor

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Ciudad de la Justicia en Las Palmas de Gran Canaria

Ciudad de la Justicia en Las Palmas de Gran Canaria Alejandro Ramos

La Audiencia de Las Palmas ha condenado a trece años y ocho meses de cárcel a un vecino de Telde (Gran Canaria) por violar de forma continuada desde 2010 hasta 2016 a su hija adoptiva, a la que golpeaba y amenazaba con devolverla a su país de origen para vencer su resistencia.

La sentencia considera probado que el procesado mantuvo relaciones sexuales con penetración con su hija desde que esta tenía 17 años hasta que cumplió 26 años, siempre contra la voluntad de la joven.

"En ocasiones, cuando (su hija) trataba de impedir que el acusado llevara a cabo su propósito", resalta el tribunal, "este emplea la fuerza física para doblegar su voluntad, propinándole bofetadas o agarrándola de los brazos, o le decía que, de no acceder, la devolvería a su país".

Ante "el temor que ello generaba" en la joven, que no tenía ningún familiar más en España, continúa la Audiencia, ella "accedía a mantener dichas relaciones sexuales".

El procesado negó durante el juicio haber mantenido relaciones sexuales con su hija adoptiva, en una versión secundada por su esposa, que tampoco creyó a la menor.

Sin embargo, el tribunal considera que el testimonio de la joven "ha sido persistente y se ha mantenido en lo fundamental en la denuncia inicial" y, además, está corroborada por otras pruebas periféricas, con un análisis de ADN.

La sentencia explica al respecto que, por consejo de un tío al que contó por teléfono lo que le pasaba, la chica guardó unas bragas que llevaba puestas en una de las ocasiones en las que fue forzada por su padre.

En esas bragas, los forenses hallaron manchas de semen con un perfil genético compatible con el del acusado.

La sentencia condena además al procesado a indemnizar a su hija con 18.000 euros, le impone ocho años de libertad vigilada adicionales a los de prisión y le prohíbe acercarse a la denunciante o ponerse en comunicación con ella en los próximos 20 años.

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