26 de mayo de 2019. Esta fecha, señalada por la celebración de las elecciones europeas, autonómicas y locales, supondrá también el punto final en la carrera judicial del polémico magistrado Rafael Lis. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó en la sesión celebrada el 24 de enero, a propuesta del servicio de personal, la jubilación forzosa del actual titular del Juzgado de Instrucción 3 de Arrecife, que cumple ese día los 72 años fijados por ley como tope para ejercer en la judicatura.
El último año de Lis como juez ha estado marcado por dos controvertidos acontecimientos: la sanción de seis meses de empleo y sueldo que le impuso el Poder Judicial por la comisión de una infracción disciplinaria muy grave (no apartarse de una causa en la que tenía interés directo) y su designación como miembro del tribunal que juzgará a otro juez, Salvador Alba, acusado de cinco delitos (prevaricación judicial, falsedad en documento oficial, cohecho, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos) vinculados a actuaciones ejercidas durante los seis meses en los que sustituyó al frente del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria a Victoria Rosell cuando la magistrada pidió la excedencia para concurrir a las elecciones generales de 2015 en las listas de Podemos.
La jueza, que figura como acusación particular en la causa contra Alba, en calidad de víctima, ha recusado a Lis. Las acciones populares, ejercidas por el partido político Podemos y por el periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora y pareja de Rosell, se han adherido. Aducen, entre otros, el mismo motivo que condujo al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste, a abstenerse: haber sido mencionado en la conversación que da origen a la causa, la que grabó el empresario Miguel Ángel Ramírez, entonces presidente de Seguridad Integral Canaria, en el despacho de Alba en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, en la que tiene su plaza el magistrado, suspendido por el Poder Judicial desde julio.
Los audios del denominado Albagate destaparon una operación para perjudicar a Rosell a través de una declaración pactada del empresario en sede judicial para alimentar la querella que contra ella había interpuesto José Manuel Soria, entonces ministro de Industria y líder del PP en las Islas, y tumbar el procedimiento judicial que aún se instruye en ese juzgado contra Ramírez por presuntos delitos fiscales. En esa grabación, realizada el 16 de marzo de 2016, también se puede escuchar cómo el juez informa a su interlocutor de que Rafael Lis no podrá sucederle en el juzgado después de finalizar su periodo de sustitución de seis meses, que concluyó en mayo de 2016, por estar convaleciente tras haber sufrido un accidente de tráfico.
Un rompecabezas para el tribunal
En caso de que no prospere la recusación de Lis y acabe formando parte de la sala, la inminencia de la fecha de su jubilación y la posibilidad de que no llegue a tiempo para dictar sentencia añaden nuevos interrogantes al rompecabezas en que se ha convertido la conformación del tribunal que juzgará a Salvador Alba.
El último movimiento de la Sala de lo Penal del TSJC ha sido el nombramiento de Jaime Requena, magistrado de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y ponente de la sentencia del caso de Las Teresitas, como eventual sustituto de Rafael Lis, que no es el único juez recusado, ya que también lo está otro de los miembros designados para el tribunal, Julio Wood. Alba atribuye a este magistrado, titular del Juzgado de Instrucción 3 de Telde, una relación de amistad con Rosell y una vinculación ideológica al pertenecer ambos a la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia.
Los nombramientos y recusaciones en el TSJC en torno al caso Alba configuran un auténtico galimatías que comenzó a dibujarse a principios de septiembre, más de tres meses después de que se dictase el auto de apertura de juicio oral, con la designación de los tres primeros magistrados: Carla Vallejo, María Luisa Mediavilla y Julio Wood. Las dos primeras se cayeron de inmediato de la lista por razones obvias. La primera sucedió a Alba en Instrucción 8 en mayo de 2016 y es la autora de la exposición razonada que da origen a la investigación del TSJC, al apreciar indicios de delito en la actuación del magistrado. Y la segunda había abandonado días antes de su nombramiento el Juzgado de lo Social número 7 de Santa Cruz Tenerife rumbo a Valencia, donde tiene actualmente su plaza.
Los movimientos de piezas se han sucedido desde entonces hasta la configuración actual, con el magistrado de la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife José Félix Mota como presidente del tribunal, acompañado de Jaime Requena y de Secundino Alemán, con plaza en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Los dos últimos serán los sustitutos de Lis y Wood, respectivamente, en caso de que las recusaciones prosperen.
La designación de magistrados en los procedimientos de recusación ha añadido aún más complejidad a este entramado. En el caso de la que presentó Alba contra Julio Wood, el TSJC nombró instructor al propio José Félix Mota, presidente, a su vez, del tribunal que juzgará al magistrado. Cuando Mota admitió a trámite este incidente de recusación, el alto tribunal canario completó la sala que debe resolverlo con Secundino Alemán y Rafael Lis. Sin embargo, al haber sido también recusado este último por Victoria Rosell, el TSJC ha decidido suspender la tramitación del procedimiento, con la oposición de la defensa de Alba.
Mota y Alemán también deberán resolver el otro incidente de recusación, el planteado por Rosell contra Rafael Lis, aunque en este caso acompañados de Jaime Requena. Se trata, por tanto, de los tres jueces que, en principio, formarán el tribunal si el TSJC aprecia que tanto en Wood como en Lis concurren causas de abstención o recusación. Las dudas, sin embargo, no acaban en este punto, puesto que aún habrá que despejar otra incógnita: si la intervención de estos magistrados en los procesos paralelos de recusación no les invalida para sentarse en el estrado durante el juicio oral contra Salvador Alba.
El vínculo de Unión
Tanto Rafael Lis como Salvador Alba han sido también noticia estos últimos años por determinadas resoluciones vinculadas a una de las mayores tramas de corrupción de Canarias, el caso Unión de Lanzarote. El primero de ellos cumplió durante seis meses una suspensión de empleo y sueldo por negarse a apartarse de una causa en la que tenía interés directo. Se trata de una derivada del caso Unión, la que investigaba una denuncia presentada por su primer juez instructor, César Romero Pamparacuatro, por el robo de parte del sumario. Lis permitió que se personaran en este procedimiento, en calidad de perjudicados, dos de los principales investigados en Unión: el abogado y promotor inmobiliario Luis Lleó y el empresario turístico Juan Francisco Rosa. Y ello a pesar de que este último estaba representado por la abogada Margarita Alejo, entonces (2016) pareja de Lis. Pamparacuatro recusó al magistrado, quien continuó instruyendo a pesar de que la Audiencia de Las Palmas le ordenó apartarse. El Poder Judicial lo sancionó por una falta muy grave de desatención a sus obligaciones jurisdiccionales.
Alba, por su parte, firmó en abril de 2017 una cuestionada resolución que anulaba la grabación que da origen al caso Unión, la que destapa un intento de soborno de Luis Lleó, a través de la intermediación de otro empresario, Fernando Becerra, al entonces consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote, el socialista Carlos Espino, para desbloquear un proyecto urbanístico en el sur de la isla. El TSJC ha corregido recientemente esa decisión de Alba en una resolución, firmada por las magistradas Carla Bellini y Margarita Varona con el voto discrepante de Antonio Doreste, que da validez a la grabación.
Durante la vista oral celebrada por esta cuestión en noviembre del año pasado, el fiscal Javier Ródenas sostuvo que Alba utilizó el caso Unión para blindar su propia defensa en la causa por la que ya entonces estaba siendo investigado, que también tenía en una grabación subrepticia una de las principales pruebas de cargo. Años antes, en 2014, Alba también formó parte de la sala que anuló la entrada y registro en las oficinas de Luis Lleó, una acción en la que la Guardia Civil se incautó de abundante material y en la que fueron intervenidos correos electrónicos que comprometían a dos letrados del Tribunal Constitucional que asesoraban al abogado y promotor para pagar menos impuestos. Al anularse esa actuación, todas esas pruebas no pudieron ser incorporadas al proceso.
Salvador Alba se enfrenta ahora a penas de hasta trece años y medio de cárcel y 41 de inhabilitación por la presunta comisión de cinco delitos. La Fiscalía pide para él diez años de prisión y 29 de inhabilitación.