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La fiscal muestra al Jurado vídeos de los cohechos de los guardias civiles: "¿Cuándo vas a pagar?"

Los tres primeros funcionaros de la Benemérita en declarar, el sargento al mando de la unidad fiscal del aeropuerto y dos agentes, han coincidido en su relato: ninguno de ellos cobró sobornos a los pasajeros por permitir una irregularidad

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 La Audiencia de Las Palmas acoge desde hoy el juicio ante Jurado contra diez guardias civiles para los que la Fiscalía pide penas de hasta 18 años de cárcel.

La Audiencia de Las Palmas acoge desde hoy el juicio ante Jurado contra diez guardias civiles para los que la Fiscalía pide penas de hasta 18 años de cárcel. EFE/Ángel Medina G.

La fiscal del caso de presunta corrupción detectado entre los guardias civiles destinados en la unidad fiscal del aeropuerto de Gran Canaria en 2008 ha empezado hoy a exhibir al Jurado vídeos que muestran a los acusados exigiendo sobornos a cambio de no cumplir con su obligación legal.

La Audiencia de Las Palmas ha comenzado esta tarde a interrogar a los diez guardias civiles a los que la Fiscalía acusa de múltiples delitos de cohecho y falsedad en documento público, porque considera que pedían "mordidas" de dinero a pasajeros llegados de Marruecos, Mauritania o Senegal a cambio de no comprobar que las cantidades de dinero que declaraban traer consigo eran ciertas, o de permitirles introducir en Canarias alimentos de importación prohibida.

Los tres primeros funcionaros de la Benemérita en declarar, el sargento al mando de la unidad fiscal del aeropuerto y dos agentes, han coincidido en su relato: ninguno de ellos cobró sobornos a los pasajeros por permitir una irregularidad, ni nadie presenció que otros compañeros recibieran cohechos por mirar hacia otro lado.

La fiscal ha mostrado al Jurado las primeras pruebas en las que fundamenta su acusación con el segundo acusado, Alfonso R.P., cuando ha pedido al tribunal que se reproduzca una llamada telefónica que hizo a otro compañero en septiembre de 2008, para contarle que un conocido magrebí le había dicho que les estaban investigando, porque le había interrogado a él y a otros ciudadanos africanos.

"¿Qué andan buscando?", le pregunta su interlocutor. "Que si están dando dinero", responde Alfonso R.P. "¿Solo eso? ¡Vaya inútiles!", le espeta su interlocutor, que se aventura a opinar que no cree que solo por eso "un juez va a autorizar una cámara".

Esa conversación telefónica fue intervenida en septiembre. La cámara que los dos partícipes en esa llamada no creían que ningún juez autorizase llevaba instalada con permiso del magistrado encargado del caso desde el 28 de abril previo en la oficina de la unidad fiscal de la Guardia Civil en el aeropuerto. Y ya había grabado pruebas, como el vídeo que la fiscal ha enseñado esta tarde.

"¿Cuánto estás dispuesto a pagar? ¿1.000 euros, 2.000?", se escucha en esas imágenes a un guardia civil decirle a un pasajero marroquí el 10 de agosto de 2008 que decía llevar consigo 200.000 euros, tras desembarcar de un vuelo procedente de El Aaiún.

Las normas de prevención del blanqueo de capitales obligan a cualquier pasajero que llegue a Canarias de aeropuertos externos a la UE a declarar toda cantidad que lleve consigo, sea en efectivo o en otros medios de pago, si excede los 10.000 euros. Y cuando lo hace, se le expide un documento que luego tiene que aportar al banco en donde pretenda ingresarla para justificar su procedencia.

El sargento al mando de la unidad fiscal del aeropuerto en 2008, el acusado Salvador E.M., ha alegado en su declaración que su deber era "verificar" que la cantidad de dinero que el pasajero declara traer se corresponde con la realidad. "¿Y qué hacían, lo contaban?", le ha preguntado la fiscal. "Lo verificábamos", ha respondido.

Ante esa contestación, la acusación ha insistido: "¿Pero verificar una cantidad de dinero no es contarla?". "No, es verificarla", se ha mantenido el sargento, ya retirado, en un cruce de preguntas y respuestas que el magistrado presidente ha cortado: "Comprendo su insistencia, fiscal, pero esto ya no conduce a nada".

El guardia Alfonso R.P. ha corroborado que no siempre "se contaba el dinero", aunque luego el agente encargado del trámite consignase en el documento de entrada de efectivo que había "verificado" la cantidad que el pasajero declaraba. "Si la máquina (de contar billetes) funcionaba, se contaba. Si no, pues a ojo", ha añadido.

El tercero de los guardias en declarar esta tarde, Miguel M.O., ha alegado que sus compañeros de servicio en el aeropuerto dejaron de usar la máquina en un momento dado porque se averió y rompía los billetes, lo que causaba situaciones desagradables con los viajeros.

Para él, ha reservado la Fiscalía el primer vídeos de esta vista, en el que se escucha a un guardia civil pidiendo a un pasajero dinero a cambio de dar por buena su declaración de entrada de efectivo. "¿No vas a dejar nada para café?", dice una voz.

Cuando el pasajero se aviene a pagar "200 euros", otra voz (supuestamente otro guardia) dice: "Cuéntale el dinero, ponlo en la máquina". "Por 200 euros, yo solo te pongo 100 euros más", añade.

"Aquí hay un beneficio grande y para nosotros una porquería", "Tienes que dejar más dinero, porque te vamos a hacer un favor grande y ese dinero no está aquí", se escucha también en el vídeo.

El acusado Miguel M.O. solo ha admitido que él está en la escena de ese vídeo, pero ha reiterado que esa no es su voz, ni tampoco le suena que sea la de ningún compañero. "Quizás lo diga alguien de fuera, porque la oficina es más grande", ha argumentado.

El magistrado presidente ha intervenido de nuevo en ese punto para recordarle al acusado que está en su derecho de declarar lo que considere oportuno: "Puede declarar lo que usted quiera, pero le están preguntando por expresiones dirigidas a alguien que está sentado en esa silla (rellenado el impreso de declaración de efectivo ante los guardias), no a alguien que pasaba por ahí".

La Fiscalía de Canarias pide para los guardias imputados en este procedimiento penas de hasta 18 años de prisión, porque considera que formaban parte de una trama de "corrupción" que cometió hechos muy graves, dado que se trata de servidores del Estado.

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