Los funcionarios de Justicia, en huelga frente a los juzgados canarios

Los funcionarios de administración de Justicia en huelga se han concentrado este miércoles antes los juzgados de las dos capitales canarias, de Puerto del Rosario (Fuerteventura) y Arrecife (Lanzarote) para exigir retribuciones “justas” y acordes a las funciones que desempeñan.

Luis Suárez, portavoz del sindicato STAJ, que junto con CCOO, UGT y CSIF han convocado la huelga que se inició el pasado lunes en toda España, ha cifrado entre un 60 y un 65% el seguimiento en Canarias, cifra por debajo de la media, que es del 80%, pero superior a los dos primeros días de paro, por lo que ha estimado que cada vez contarán con más apoyo en las islas.

En la protesta que han protagonizado durante una hora a las puertas de la Ciudad de la Justicia en Las Palmas de Gran Canaria, los funcionarios han reclamado también que se paralice la tramitación de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, hasta que se acuerde con la mesa sectorial de Justicia, e incrementos del complemento general que perciben, de entre 350 y 450 euros al mes, según las categorías.

Suárez ha recordado que la huelga de este miércoles es general y que seguirán con paros parciales de tres horas, de 10.00 a 13.00 horas, a partir de mañana jueves, en caso de que no se llegue a un acuerdo en la reunión convocada por el Ministerio de Justicia, al que reclaman información de las propuestas que presentará, pues aún las desconocen.

El portavoz sindical ha calculado que en estos tres días de paros en las islas han dejado de tramitarse unas 40.000 acciones judiciales y ha recordado que la protesta afecta al 93 % del personal de la administración de Justicia, que pertenece en su mayoría a los cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio, aunque también están convocados médicos forenses y cuerpos especiales dependientes del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Suárez ha pedido que se comunique al comité de huelga cualquier incidencia relativa a los servicios mínimos que pueda conculcar el derecho a la huelga, con el fin de trasladarla a la administración autonómica, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la Secretaría de Gobierno.