Los jueces denuncian la “paralización” de la Justicia en Canarias y señalan al Gobierno de Clavijo
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha acordado en su sesión de este viernes elevar una queja “formal y contundente” al Gobierno de Canarias para denunciar la situación de “parálisis material y absoluta” que padece el servicio de Justicia en las Islas. Esta grave situación está provocada por una nueva oleada de incidencias en los sistemas informáticos consistentes en una “ralentización extrema y el bloqueo de funcionalidades esenciales” de la plataforma de gestión procesal “Atlante”.
El órgano de gobierno judicial ha puesto de manifiesto que, a lo largo de toda la presente semana —y de forma ininterrumpida durante las jornadas del miércoles, jueves y el día de hoy, viernes—, la anomalía técnica ralentiza cualquier trámite ordinario.
La principal y más grave consecuencia es el impedimento total para la firma electrónica de resoluciones procesales, lo que provoca la paralización de facto de los sórganos judiciales de toda la Comunidad Autónoma al no poder dictarse ni notificarse resoluciones.
Extrema gravedad en los servicios de guardia
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias alerta con especial preocupación sobre el “impacto crítico” que esta inoperatividad está teniendo sobre los servicios de guardia de los distintos partidos judiciales. Al verse afectada la tramitación de actuaciones urgentes e inaplazables, se sitúa la prestación de este servicio público esencial en una situación de “extrema gravedad, vulnerándose de forma directa el derecho de la ciudadanía a la tutela judicial efectiva”.
Deficiencias sistémicas y exigencia de soluciones
La Sala de Gobierno subraya que no se trata de un hecho aislado. En este sentido, el TSJC ha reiterado expresamente el contenido de sus Acuerdos previos n.º 155/26, 65/25 y 76/25, en los que ya había denunciado estas deficiencias sistémicas y la necesidad de soluciones inmediatas. Por ello, el órgano de gobierno de los jueces recuerda al Ejecutivo autonómico su responsabilidad en el mantenimiento operativo de las infraestructuras informáticas judiciales.
Asimismo, ha querido trasladar a la ciudadanía y a los operadores jurídicos, con total transparencia, que esta paralización obedece exclusivamente a causas técnicas ajenas al Poder Judicial. Comunicación al CGPJ y al Servicio de Inspección.
Finalmente, la Sala ha acordado comunicar esta incidencia generalizada y concurrente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a su Servicio de Inspección, para que quede debida constancia de que estos fallos técnicos, responsabilidad del Gobierno de Canarias, afectan de manera injustificada al rendimiento y a la normal prestación del servicio por parte de los integrantes de la carrera judicial en el Archipiélago.