La justicia confirma la ilegalidad de 37 viviendas de la urbanización Monte Carrera mientras Mogán tramita su regularización
Apenas un mes después de que el Ayuntamiento de Mogán abriera la puerta a la regularización de 37 viviendas en la planta baja de la urbanización Monte Carrera, un exclusivo complejo de la localidad de Arguineguín, la justicia ha asestado un duro golpe a las aspiraciones de la empresa promotora de esa iniciativa, Carrera Ground Floor.
En una sentencia fechada el pasado 31 de marzo, la magistrada Esperanza Ramírez, titular de la Plaza 2 de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, ha desestimado un recurso de la empresa y ha confirmado la ilegalidad de esas 37 viviendas que fueron construidas sin licencia en el sótano del complejo durante la pandemia. La resolución judicial, eso sí, aún no es firme. Se puede recurrir en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en un plazo de quince días.
La licencia para la construcción de la urbanización Monte Carrera se concedió en marzo de 2005 y permitía dos plantas por edificación. Sin embargo, la promotora levantó tres, contraviniendo por tanto la norma urbanística. Con tal de evitar tener que demoler esa tercera planta ya construida, el Ayuntamiento de Mogán permitió que la parte baja se convirtiera en sótano, para lo que fue necesario construir unos muros perimetrales.
Ya en 2020 unos vecinos denunciaron que se estaban acometiendo obras en ese sótano. En concreto, el derribo de muros y la reforma de la planta baja para habilitar 37 viviendas. El Ayuntamiento de Mogán abrió entonces un expediente que acaba con una orden de restablecimiento de la legalidad urbanística, una resolución que es firme en vía administrativa desde enero de 2022 y que es la que llevó a los juzgados la promotora.
Carrera Ground Floor argumentaba que la infracción urbanística estaba prescrita (el plazo es de cuatro años a contar desde la última actuación) porque no se había podido determinar en qué momento se derribaron los muros perimetrales. Sin embargo, la jueza da por probado que las obras se ejecutaron en 2020, coincidiendo con la pandemia de Covid-19. En la vista, agentes de la Policía Local confirmaron que en esa época habían sorprendido a los operarios trabajando en la zona e incluso “cortando con una radial” esos muros. La ley señala un plazo de prescripción de cuatro años.
El perito de la Comunidad de Propietarios Monte Carrera Green Garden Club, por su parte, destacó en la vista que las obras no estaban terminadas cuando hizo una inspección en esas mismas fechas y que era imposible que se hubieran ejecutado antes de 2020. “No es posible derribar un muro sin hacer ruido y se hubieran denunciado como se hizo en 2020”. También explicó que el agua y la luz “la cogían directamente de la comunidad”.
La empresa promotora también alegaba que la edificación estaba en situación de “fuera de ordenación”. La jueza aclara que la urbanización, que originalmente sólo tenía permiso para dos plantas, había sido legalizada años atrás convirtiendo la tercera planta irregular en un sótano cerrado mediante muros. Al demolerlos para construir las 37 nuevas viviendas, la edificación “pasa nuevamente a ser ilegal, por cuanto el número de alturas vuelve a ser superior al permitido”, sentencia la magistrada en la resolución fechada el 31 de marzo.
La sentencia considera “plenamente proporcional y ajustada a derecho” la orden de restablecimiento de la legalidad alterada, ya que existen evidencias de que se ejecutaron obras sin licencia en el sótano del complejo.
La iniciativa privada
Esta sentencia judicial llega poco más de un mes después de que el gobierno de Mogán diera luz verde a la tramitación de una iniciativa privada con la que la empresa Carrera Ground Floor pretende regularizar esas 37 viviendas.
Bajo la figura de un Programa de Actuación sobre el Medio Urbano (PAMU), esta promotora propone ceder unos 625 metros cuadrados al Ayuntamiento a cambio de que la administración le conceda un incremento de edificabilidad de 3.120 metros cuadrados que, en la práctica, serviría para amnistiar y regularizar esas 37 viviendas declaradas ilegales.
En el pleno municipal de febrero, con los votos a favor del grupo de gobierno (Juntos por Mogán), se autorizó someter este proyecto a evaluación ambiental simplificada. Tanto los partidos de la oposición (NC-Bc y PSOE) como la comunidad de propietarios de la urbanización rechazan la iniciativa. No sólo porque supondría la regularización de unas viviendas ilegales, sino también porque, según sostienen, los terrenos que la promotora pretende ceder al Ayuntamiento no son suyos, sino de todos los propietarios del complejo.
En el expediente constan dos informes de la arquitecta municipal. Aunque son favorables a la tramitación del proyecto, al considerar que la iniciativa podría tener un “impacto positivo” tanto para el entorno urbano como para la calidad de vida de sus habitantes, ya que la zona ganaría espacio libre público y zonas verdes, esos informes advierten de forma expresa la posible afección del procedimiento judicial en curso sobre la autorización. “Esa cuestión (el proceso judicial) deberá ser valorada jurídicamente a fin de determinar su posible incidencia sobre la tramitación del presente instrumento”, advertía.
Días antes de conocerse la sentencia judicial, un empresario local, Juan Manuel Pérez León, presentó una denuncia ante el Ayuntamiento de Mogán en la que pedía la paralización cautelar e inmediata del expediente de legalización de las 37 viviendas de Monte Carrera. Según advertía en ese escrito, la operación urbanística “vulnera el principio de legalidad” y sienta “un precedente peligroso”, generando “un efecto llamada a las irregularidades urbanísticas” al permitir que se consoliden obras clandestinas tras años de inactividad administrativa.