LPGC negociará que el Gobierno central pague el traslado de la subestación de La Cícer
El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste, asegura que “estamos muy contentos”, por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que desaloja a Endesa de la parcela de la Cícer y asegura que la Administración municipal negociará que el Gobierno central se haga cargo del traslado de la instalación.
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha ratificado la legalidad de la orden de cierre de la subestación de Unelco-Endesa ubicada en la playa de Las Canteras, tras desestimar el recurso de apelación interpuesto por la compañía.
Dicho recurso trataba de tumbar la resolución del Ayuntamiento capitalino que ordenaba el cese y la paralización de la actividad de producción, transformación, transporte y distribución de energía eléctrica de la instalación que los magistrados definen como “correcta”, ya que la actividad se desarrollaba sin licencia alguna.
En la sentencia fechada el 15 de julio a la que ha tenido acceso Canarias Ahora, La Sala no encuentra las incongruencias omisivas planteadas por la empresa eléctrica, que argumentaba mantener abierto un proceso en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 para dirimir la denegación de la licencia de apertura solicitada por Unelco.
La Justicia recuerda al respecto que “el objeto es la sentencia que se refiere a la orden de cierre de la actividad acordada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con lo que bastaba examinar si se llevaba a cabo la distribución de electricidad sin contar con licencia de apertura”.
La compañía insistió en su recurso, además, que la subestación contó con todas las autorizaciones y señaló que “mantener que la licencia de apertura era necesaria, tras 48 años sin ella, supondría reconocer un procedimiento irregular por parte del Ayuntamiento, que habría concedido la licencia de obras sin aquella”.
El TSJC considera que la sentencia de instancia apelada no ha incurrido en error alguno ni en la valoración de la prueba, ni en la interpretación de las normas, y ratifica que “siendo cierto que existe desde hace muchos años una actividad, amparada exclusivamente en una licencia de obra como pequeña ampliación de la central existente en La Cícer desde 1928, desde el Plan General de 1962 está reconocida como fuera de ordenación, completamente ilegalizable y dicha actividad no podría tener licencia de apertura”.
Doreste considera que la sentencia “beneficia a los vecinos y al Ayuntamiento”, porque “ganamos un espacio” y afirma que próximamente mantendrá una reunión con los vecinos para marcar una hoja de ruta con la empresa y con el Gobierno central.
El portavoz de la plataforma ciudadana Recuperar La Cícer Antonio Alvarado muestra su satisfacción por la sentencia y confía en que la compañía proceda de forma inmediata a su traslado, ya que “no creo que tengan más salida”. Los vecinos, que mantienen este litigio desde hace años al considerar que la instalación “no era la más saludable con la que convivir” y al abogar por la recuperación del espacio, señalan que la estación continúa activa y entienden que existen alternativas para que la ciudad no se quede sin luz.
Alvarado opina que se ha dotado a la subestación “de una importancia que no tiene y no es tanto el problema de su traslado”, y asegura que la plataforma exigirá al Consistorio la ejecución de la sentencia y recuerda que el anterior grupo de gobierno, conformado por el Partido Popular (PP) ya había anunciado que llevaba tiempo buscando una solución al respecto.
“No solamente se recupera este espacio para la ciudad, sino para todo aquel que valore la playa de Las Canteras”, apostilla. Contra la resolución no cabe recurso ordinario.
