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El Juzgado investiga si Miguel Ángel Ramírez se aprovechó de la Reserva de Inversiones de Canarias para lucrarse

Canarias Ahora

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El Juzgado de Instrucción Número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha admitido a trámite una querella de la Fiscalía de Las Palmas contra cuatro empresarios por presunto delito contra la Hacienda Pública. Uno de esos empresarios es el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, al que se le acusa de aprovecharse de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) para lucrarse. También aparecen investigados el exdiputado de Coalición Canaria Lucas Bravo de Laguna, Noel Jammal Fernández y Christian Cerpa.

La querella gira en torno al material contratado por el Servicio Canario de Salud (SCS) a las empresas madrileñas Damco Trading Services y Tanoja Services, administradas por Noel Jammal, por valor de 22,9 millones de euros entre 2020 y 2021. Los hechos denunciados son “inicialmente constitutivos de delitos contra la Hacienda Pública, sin perjuicio de que en el desarrollo de la instrucción pueda apreciarse serios indicios de delito de blanqueo de capitales, delito de corrupción y delito de malversación”, señala la jueza en el auto de admisión de la querella.

El auto destaca que las empresas Damco y Tanoja contrataron a la mercantil Tabaiba Capital para las gestiones de compraventa de material sanitario durante la crisis del coronavirus. Esa sociedad, constituida en 2017 y de la que es administrador único Miguel Ángel Ramírez, localizaría potenciales clientes para la venta de los lotes de productos, percibiendo como consecuencia de ello el 100% del sobreprecio que obtuviera de los eventuales compradores para cada uno de los lotes de productos.

Las funciones que asumía esta empresa eran las de recibir las mercancías, evaluar la calidad y cantidad de las mismas con la distribución y entregar posteriormente los productos a los clientes de Damco. Para tal fin, Tabaiba a su vez contrató con la entidad B&M Sport Marketing SLU, “constituida en el año 2015, sin medios materiales salvo sus socios [y] un empleado hasta el año 2018”. De dicha empresa, el administrador único era Lucas Bravo de Laguna. Según el auto, Tabaiba percibió 6,8 millones de euros de Damco y 2,2 de Tajona por “gestiones que luego encomendó a B&M”, empresa que recibió de la mercantil administrada por Ramírez alrededor de 2,3 millones.

Según el auto, el presunto delito fiscal del presidente de la UD Las Palmas radica en que Tabaiba habría dotado a la RIC de importes de 2,37 millones de euros en el año 2020 y 2,5 millones en 2021 y que, tras compensar las bases negativas, las cuotas a pagar del Impuesto de Sociedades al beneficiarse de este incentivo fiscal habrían quedado reducidas a 109.000 y 120.000 euros, respectivamente.

Sin embargo, la Fiscalía defiende que la empresa administrada por Ramírez “no ha ordenado por medios propios de producción o recursos humanos” las tareas encomendadas por Damco y Tajona, por lo que los ingresos declarados “no se consideran procedentes de una actividad económica y no serían aptos para dotar la RIC”. El auto agrega que los fondos recibidos por Tabaiba tenían “únicamente como finalidad beneficiar a Ramírez para lucrarse del suministro de material”. Y que la Agencia Tributaria, por tanto, debió gravar como ganancia patrimonial sujeta al IRPF y no al Impuesto de Sociedades los beneficios del empresario en este sentido. El escrito aclara que la cuota defraudada ascendería en el año 2020 a 1,4 millones de euros y a 1,5 en el año 2021.

Respecto a la entidad B&M, el auto indica que carece de trabajadores y que los “únicos servicios prestados en el año 2020 y 2021 son los ingresos percibidos por Tabaiba y Wewin Sport Marketing SL, esta ultima [sociedad] participada por Jedisky SLU y Volavi Canarias SLU, entidades ambas de Bravo de Laguna y Andrea Peñate, siendo los únicos ingresos de Wewin los procedentes de la UD Las Palmas, donde [Bravo de Laguna] ejerce de director comercial”.

Concluye el auto que, al carecer B&M de estructura de medios materiales o humanos, “se ha producido una simulación para interponer los ingresos recibidos por Bravo de Laguna en esos ingresos”, debiendo ser tratadas dichas actuaciones como rendimientos de trabajo sometidos al IRPF. De acuerdo con el auto, la cuota defrauda ascendería a 272.000 euros en 2020 y 249.000 en 2021.

En cuanto a Cerpa, el auto indica que en el año 2020 recibió de B&M el importe facturado de 311.305 euros y otras cantidades de dinero procedentes de Damco por seguimientos de envío, entre otros, cobrando por ambas empresas por las mismas mercancías y operaciones.

El auto señala que Cerpa “carce de medios de producción o de recursos humanos” para realizar dicha actividad en los años 2020 y 2021, pero que dotó la RIC por importes de 250.000 y 395.000 euros, respectivamente. Eso, “unido a otros ajustes establecidos por no deducibilidad de una series de gastos en su impuesto de IRPF”, eleva el presunto fraude a 138.750 euros en 2020 y 187.258 en 2021.