Más de 50 funcionarios para un solo escáner: USO denuncia el “bloqueo” para la digitalización de la Justicia en Logroño
El Sindicato Profesional de Justicia de la Unión Sindical Obrera de La Rioja (SPJ-USO) ha dado la voz de alarma ante la crítica situación que atraviesa el Servicio Común de Ejecución del Tribunal de Instancia de Logroño. Según la organización, la falta de medios materiales y el fracaso de la digitalización están empujando al servicio hacia un bloqueo institucional que afecta directamente a la eficacia de las sentencias.
El “mito” del papel cero
A pesar de los planes institucionales para eliminar el formato físico en la Administración de Justicia, el sindicato asegura que la realidad en las oficinas de Logroño es opuesta: los expedientes en papel inundan las dependencias, conviviendo con una infraestructura tecnológica insuficiente.
La denuncia pone el foco en una situación que califican de “vergonzosa”: más de 50 funcionarios dependen de una sola fotocopiadora y un único escáner para tramitar toda la carga de trabajo. Esta carencia de medios está provocando atascos constantes y tiempos de espera improductivos debido al uso simultáneo y colectivo de un solo dispositivo para toda la plantilla.
Peticiones urgentes a la Dirección General
Ante esta situación, SPJ-USO La Rioja ya ha registrado una solicitud formal ante la Dirección General de Justicia e Interior exigiendo medidas inmediatas:
- Evaluación de la carga de trabajo: Un análisis real de las tareas de cada funcionario para ajustar las compensaciones según los baremos legales.
- Reorganización del espacio: Un replanteamiento físico de la sede para albergar dignamente tanto al personal como el volumen de expedientes.
- Recuperación de equipos: La reinstalación de las impresoras y escáneres que funcionaban con normalidad durante el año 2025 y que han sido retirados o centralizados de forma ineficiente.
Una Justicia “inoperante”
Desde el sindicato subrayan que el servicio de ejecución es el último eslabón y el más crítico del sistema judicial. Es el mecanismo que garantiza que las sentencias se cumplan de forma coercitiva cuando no hay voluntad de pago o cumplimiento por la parte condenada.
“Una Justicia que no garantice la ejecución no solo es lenta, sino inoperante”, advierten desde SPJ-USO. El sindicato concluye con una reflexión sobre el impacto en el ciudadano: “Una sentencia que no se ejecuta se convierte, sencillamente, en papel mojado”.
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