Un juzgado de Tenerife cita a declarar al presidente del Parlamento de Canarias por una querella de un concejal tránsfuga de Ciudadanos
La jueza suplente del Juzgado de Instrucción 3 de Santa Cruz de Tenerife ha citado a declarar para el próximo mes de mayo al presidente del Parlamento de Canarias, el socialista Gustavo Matos, a raíz de una querella interpuesta por el concejal tránsfuga de Ciudadanos Alfredo Gómez. Este acusa a Matos de los delitos de cohecho, malversación de fondos públicos y prevaricación en relación a una obra ilegal que el presidente de la Cámara realizó en su vivienda particular en la ciudad de La Laguna a través de una empresa que habría celebrado algún contrato de provisión de servicios con el Parlamento de Canarias.
La querella fue interpuesta por el concejal, cercano ahora a Coalición Canaria, en enero de 2021, pero ha sufrido retraso por haber recaído en el juzgado de la que es titular la magistrada Carolina Déniz, quien fuera directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, luego viceconsejera e incluso portavoz del Gobierno regional cuando estaba presidido por ese partido. Déniz se abstuvo del conocimiento de estos hechos y el incidente de abstención acabó siendo resuelto el pasado mes de diciembre por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
De acuerdo con la denuncia de Gómez, y así se refleja en el auto de apertura de diligencias, Gustavo Matos habría contratado para las obras en su casa a la empresa Devicserver, S.L., que a su vez “sería adjudicataria de los contratos de catering del Parlamento de Canarias desde el segundo semestre de 2019 hasta la actualidad, empezando su actividad con el nombramiento de don Gustavo Matos como presidente del Parlamento de Canarias”.
Al conocerse el auto de admisión de la querella y de apertura de diligencias previas con citación al querellado para que declare como investigado, Gustavo Matos ha hecho público un comunicado en el que niega los hechos que Alfredo Gómez le atribuye y recuerda que en su momento interpuso querella contra el denunciante por haberle atribuido hechos falsos con “absoluto desprecio por la verdad”.
El presidente de la Cámara autonómica asegura haber intentado en varias ocasiones y por varios medios (correo electrónico, burofax, requerimiento notarial…) hacer llegar al concejal denunciante la documentación que, a su juicio, desmontaría su querella, pero le ha sido imposible.
Sostiene Matos que la obra que realizó en su casa -una estructura de aluminio para instalar placas de energía fotovoltaica- fue “ejecutada por una empresa ajena absolutamente a la actividad contractual del Parlamento de Canarias”, para lo cual dice disponer de “las facturas correspondientes y los pagos realizados mediante transferencias bancarias que acreditan, sin ningún género de dudas, la veracidad de lo afirmado y lo infundado de la acusación realizada por el citado concejal”.
“Los servicios contratados a la empresa de catering a la que se refiere el querellante ascendieron a un total de 2.807 euros, siendo la última contratación el 13 de febrero de 2020, tal como han certificado los servicios de la Cámara. Esto indica por sí solo lo insustancial de la acusación, siendo que el Parlamento ha contratado durante esta legislatura servicios de catering con, al menos, cinco empresas diferentes, sin que ninguna de ellas haya tenido la menor relación con la instalación de la estructura en mi vivienda particular”.
La jueza encargada de la instrucción es la titular de Instrucción 5 de Santa Cruz de Tenerife, Luz Alicia Casañas Cabrera, en tareas de sustitución de su compañera del 3, juzgado en el que continuarán tramitándose las actuaciones. Además de citar a Matos como investigado el 31 de mayo, ha llamado a declarar a dos personas más en calidad de testigos y reclamado al Parlamento los expedientes de contratación de las empresas Decviserver y Venclean; y al Ayuntamiento de La Laguna, el expediente de la licencia de obra menor de los trabajos realizados en la vivienda particular del presidente del Parlamento de Canarias.