El PSOE recurre la decisión de la jueza del caso Mediador que le obliga a compartir la acusación con PP y Vox en la causa

El PSOE ha presentado un recurso de apelación contra la decisión judicial que le obliga a compartir su personación como acusación en el caso Mediador con PP, Vox, la Asociación Unificada de Guardias Civiles, el partido local Fuerza Canaria y la asociación de consumidores Aguaiuris, porque que ve imposible establecer una estrategia procesal acusatoria común.

En las alegaciones de su apelación, presentada ante la titular del Juzgado de Instrucción número cuatro de Santa Cruz de Tenerife que lleva el caso, el PSOE argumenta que obligar a compartir su representación letrada a organizaciones “manifiestamente heterogéneas, que representan valores distintos y en ocasiones contradictorios entre sí” impide en la práctica el ejercicio de la acción popular y por tanto vulnera la Constitución Española.

En marzo pasado, la magistrada instructora, Ángeles Lorenzo-Cáceres, aceptó la personación de las seis organizaciones en el caso Mediador, pero de manera conjunta, con la dirección legal de un mismo letrado, presentando una sola querella y siempre que depositaran con carácter previo una fianza de 2.000 euros.

La juez justificó esa medida por la complejidad y el volumen de la causa penal y para “evitar dilaciones” en este caso, en el que se investiga una posible trama de corrupción que presuntamente cobraba sobornos de empresas a cambio de facilitar el acceso a contratos o ayudas públicas o de evitar inspecciones administrativas.

Tras ser desestimados por la magistrada los recursos de reforma presentados, el PSOE ha remitido al juzgado las alegaciones de su recurso de apelación subsidiario, al considerar que la decisión de exigir una única representación letrada y una fianza no están fundamentadas ni motivadas.

El PSOE señala que la tutela judicial efectiva mediante el ejercicio de la acción pública es un derecho constitucional que quedaría vulnerado con “una interpretación errónea o arbitraria de las condiciones establecidas para su ejercicio”.

En ese sentido, la imposición de una única dirección letrada está contemplada en las leyes y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional “cuando sea posible”, lo que al menos requiere una suficiente convergencia de intereses o puntos de vista en la actuación procesal que no se produce entre las partes que se quieren personar en este caso, argumenta el PSOE.

El Partido Socialista también recurre la decisión de la juez de proceder al pago de una fianza para personarse como acusación, porque, según la doctrina del Tribunal Supremo, no es necesaria “cuando el proceso se encuentre ya iniciado”, como ocurre en el caso Mediador.