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La sargento del Seprona de Lanzarote defiende que se limitó a cumplir con su obligación de informar de un soplo

Gloria Moreno contradice al capitán Germán García y afirma en el juicio que remitió el informe en el que acusaba a un subordinado del 'chivatazo' siguiendo las instrucciones que su propio superior le había dado

La sargento de la Guardia Civil utiliza su derecho a la última palabra para hablar sobre "la gente poderosa" que asiste a Alegranza para realizar fiestas "con prostitutas y cocaína"

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La sargento del Seprona de Lanzarote, Gloria Moreno, en la segunda sesión del juicio. (ALEJANDRO RAMOS)

La sargento del Seprona de Lanzarote, Gloria Moreno, en la segunda sesión del juicio. (ALEJANDRO RAMOS)

Gloria Moreno, la sargento del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Lanzarote acusada de falsear un oficio para imputar un chivatazo a uno de sus subordinados, ha afirmado este miércoles, en la segunda y última sesión de un juicio en el que se enfrenta a peticiones de hasta seis años de cárcel, que se limitó a cumplir con una de las obligaciones del régimen disciplinario de la Guardia Civil, la de informar a sus superiores de las faltas de otros compañeros de las que tuviera conocimiento. En concreto, trasladó los comentarios que había recibido del biólogo Juan Jesús Moreno, técnico del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CISC), en relación con un supuesto soplo del agente Miguel Ángel Padial a uno de los empresarios condenados por el asadero de pardelas en el islote de Alegranza en septiembre de 2015. "No haberlo hecho habría sido encubrirlo", ha dicho. 

En su declaración como acusada, la sargento contradijo lo afirmado el día anterior por su jefe, el hoy capitán (y entonces teniente) del Seprona en la provincia de Las Palmas, Germán García, y explicó que remitió un oficio a la comandancia de Costa Teguise, en el norte de la isla, siguiendo las instrucciones que él mismo le había dado. La defensa de Moreno aludió incluso a unos mensajes de Whatsapp que se habría intercambiado con su superior un día antes de elevar el mencionado informe y que revelaban, a juicio de la procesada, que García estaba al tanto de que la Policía Judicial necesitaba un escrito para poder iniciar las diligencias de investigación que debían conducir a aclarar la veracidad de ese chivatazo a uno de los furtivos.

Las abogadas de la sargento han defendido que esos mensajes de Whatsapp no fueron incorporados al procedimiento como prueba de descargo porque Moreno “no esperaba en ningún momento” que el capitán del Seprona negara haberle dado esa orden. García manifestó que, tras conocer que la sargento podía tener un testigo para confirmar las sospechas que ya le había manifestado con anterioridad en un par de ocasiones, la de los avisos a los cazadores de pardelas, le pidió que no hiciera nada para trasladar la investigación a la Policía Judicial, ya que era la competente. Según afirmó el capitán del Seprona el martes, la acusada llegó a pedir que se detuviera y se la abrieran diligencias de inmediato al agente Padial, el ahora denunciante. 

Moreno ha incidido, tanto en su declaración como acusada como en su turno de última palabra, que su responsabilidad no consistía en esclarecer los hechos, sino en poner en conocimiento de sus superiores unos acontecimientos que pudieran ser constitutivos de infracción disciplinaria o, incluso, de delito. "No hice más porque no me dejaron". dijo la sargento, que considera que los hechos no quedaron acreditados (el caso terminó archivado en un juzgado de Arrecife) por la falta de diligencia de los investigadores, ya que "ni siquiera" solicitaron las llamadas. 

La sargento de la Guardia Civil también ha acusado a García, contra quien se ha querellado, de coaccionarla para abandonar el destacamento después de que le expresara sus sospechas sobre el agente Padial. "Cuando se lo comenté (lo que le había dicho el testigo), me dijo textualmente: Bueno, bueno, la gente habla muchas cosas".

Un testigo "aterrorizado"

Para la acusada, el testigo clave en este juicio, el biólogo Juan Jesús Moreno, no contradijo su versión. En su declaración, el técnico del CSIC negó la mayor, la afirmación contenida en el informe de Moreno, según la cual el empresario Juan Carlos González Berriel le había reconocido que se salvó de una intervención contra la caza furtiva de pardelas (ave marina protegida) en Alegranza en el año 2013 por un soplo de Padial. Posteriormente, a preguntas de la abogada de la acusada, precisó que había escuchado en una conversación privada que un tal "Miguelillo" avisaba "a un tal Carlos" y que los chivatazos a los cazadores furtivos eran vox populi en Lanzarote.

Moreno ha explicado así la concatenación de hechos: "El día 8 de noviembre (de 2015) realizamos la operación de pardelas (que se saldó con condenas para diez personas) y una semana después se filtró a la prensa. Le mandé el enlace a personas que habían colaborado conmigo no en la operación, sino en la conservación de las especies. Entre ellas estaba Gualo (Juan Jesús Moreno), que me dijo que se alegraba mucho y que pensaba que no lo iban a conseguir y me contó que en 2013 oyó a Juan Carlos González Berriel decir en el Faro de Alegranza, mientras desembarcaba víveres, menos mal que ayer nos avisó Miguelillo, que si no nos pilla el tinglado". 

La sargento atribuye el relato del principal testigo a las amenazas que, a su juicio, ha recibido de personas "poderosas" de la isla de Lanzarote. Amenazas que tanto el técnico del CSIC como su pareja han negado. "Es normal que cambie de versión y que esté aterrorizado", ha aseverado Moreno, que en el ejercicio de su derecho a la última palabra ha querido leer alguno de los mensajes que le han transmitido los ciudadanos desde que está al frente del destacamento del Seprona en la isla. Entre ellos, el de un anónimo que le contaba los entresijos de un asadero de pardelas al que había asistido en compañía de "dos guardias civiles, empresarios y políticos del Gobierno de Canarias". "El problema de Alegranza no son las pardelas, es la droga", ha dicho después de hacer referencia a supuestas fiestas con prostitutas y cocaína en el islote.  

Estos comentarios de la acusada en su extenso alegato final provocaron la intervención del presidente del tribunal, Pedro Herrera, que la interrumpió para recordarle que esos mensajes no guardaban relación alguna con los hechos objeto de enjuiciamiento y además afectaban a terceros que no se podían defender. 

Informes finales

El juicio ha concluido con la lectura de los informes finales de cada una de las partes. La fiscal Ramona Muñoz considera que en la vista ha quedado probado que la sargento Moreno elaboró un oficio que contenía hechos "falsos y mendaces" que tenían una trascendencia muy grave, ya que se le imputaban actuaciones delictivas a un subordinado. 

La representante del Ministerio Público pide una condena de cuatro años de cárcel y tres de inhabilitación para la acusada por un delito de falsedad documental, aunque con una calificación alternativa, presentada en el trámite de cuestiones previas, que reduce la pena a una multa de doce meses a razón de doce euros diarios y a una inhabilitación de un año. Por su parte, la acusación particular, ejercida por el agente Padial, reclama seis años de prisión por falsedad y calumnias. 

La defensa de la sargento ha pedido la absolución de su representada al considerar que las afirmaciones vertidas en el oficio objeto de enjuciamiento son "absolutamente ciertas o, por lo menos, pudieron serlo". Las abogadas de Moreno han remarcado que las observaciones que constan en ese informe "no son categóricas" ni "dan nada por sentado", además de incluir el término supuestamente. Por ello entienden que no estaba imputando un hecho delictivo o una infracción disciplinaria al subordinado, sino que simplemente puso en conocimiento de sus superiores unos comentarios que le habían llegado y de los que, a su juicio, se podía desprender la comisión de una falta.   

La defensa ha sostenido que ese oficio "no es un documento capaz de cumplimentar los requisitos propios del delito de falsedad" ni se remitió con la intención de ser publicitado. Para las abogadas de Moreno, ese informe no contiene ningún dato falso, pues recoge dos elementos: los comentarios del testigo del CSIC y el desmentido del propio Padial. En relación con el testimonio del principal testigo, el biólogo Juan Jesús Moreno, mantienen que "de lo que se discrepa no es de la veracidad (del comentario), sino de que se lo dijera el señor Berriel".  

"No es una batalla de la sargento contra nadie. Es una batalla con cumplir con una obligación legal de proteger la naturaleza y llevar a cabo las investigaciones para ese fin", han concluido. 

El juicio ha quedado visto para sentencia. 

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