El Tribunal de Cuentas de Canarias ha dictaminado este viernes que el Cabildo de Gran Canaria “no cometió ninguna irregularidad” en la ejecución de un contrato de patrocinio publicitario concertado entre la corporación insular y la empresa Entertainment Group SL, de la gira Isabel Pantoja, 50 años, por lo que procede a archivar la denuncia que presentó Josefa Luzardo, consejera del Partido Popular en el Gobierno de la isla.
El Cabildo de Gran Canaria ha explicado en un comunicado que la teniente fiscal del Tribunal de Cuentas, María Luisa de la Hoz García, considera que “no se puede deducir la existencia de hechos constitutivos de responsabilidad contable que hayan de dar lugar a la incoación de procedimiento encaminado a su exigencia”, para indicar, a continuación, que la denunciante se refiere a unas “irregularidades” en la ejecución de un contrato que podrían haber causado un menoscabo a los fondos públicos, “pero basa sus afirmaciones en meras sospechas y no aporta más documentación que la referente a la tramitación del procedimiento de adjudicación de tal contrato”.
El Gobierno insular señala que, con base en esos datos, concluya que de los documentos y de las alegaciones de Josefa Luzardo “no se desprende la existencia de un concreto perjuicio a los fondos del Cabildo, a consecuencia de pagos improcedentes o ausencia de prestaciones, que no consta que hayan tenido lugar”.
Por tanto, no aprecia “menoscabo concreto de fondos públicos, que se constituye como requisito imprescindible y necesario para la apreciación de la existencia de responsabilidad en los términos del artículo 38 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, y 72 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas”. Y, por tanto, “considera que procede el archivo de la presente acción pública, a tenor de los artículos 56 y 42,2 de la citada Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas”.
Ante este dictamen, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, aseguró este viernes, al término del pleno que celebró la corporación insular, que, “en los últimos meses, se ha hecho una utilización, a veces irresponsable y sin valorar las consecuencias que puede tener de tipo personal, social, etcétera, del hecho de señalar y generar sospechas sobre lo que es el trabajo y escándalos sobre lo que es la gestión”, lamentó.
“En el último año y medio”, concretó, “hemos visto sembrar la duda sobre la honorabilidad de compañeros políticos, de técnicos de la Corporación, señalando incluso a organizaciones externas, como a Oportunidades de Vida o a patrocinios como puede ser el de Isabel Pantoja, que se hizo en su momento y que se ha intentado convertir en una especie de macroescándalo generalizado en torno a una actuación”, declaró.
Porque, a su juicio, “eso, políticamente, puede ser reprochable en ocasiones para algunos y para otros no, porque al final es juego político, pero cuando se trasciende, cuando se judicializan los temas, cuando se intenta perseguir a una persona, a una institución, a un cargo público, para llevarlo al Tribunal de Cuentas y ponerlo en manos de su Fiscalía, para hacer un daño que se convierte en personal, creo que se debilitan las instituciones, se desanima al funcionariado que trabaja con rigor y se erosiona la confianza de la ciudadanía”, proclamó.
Con esta reflexión se refirió el presidente Morales a la denuncia incoada por Josefa Luzardo por la actuación del consejero de Presidencia del Cabildo, Teodoro Sosa, en el caso del contrato con Isabel Pantoja, sobre la que quiso insistir para dejar muy claro que “el Tribunal de Cuentas dictamina, con absoluta claridad, que no hay indicios de delito alguno ni perjuicio para las arcas públicas en la gestión de ese patrocinio y que se trata de meros procedimientos administrativos cumplidos con el rigor correspondiente”.
Por último, el Cabildo de Gran Canaria ha hecho un llamamiento a la reflexión de todas y todos, “porque trascender lo que es el diálogo político y el debate, el intercambio de ideas e incluso el acaloramiento en la discusión de los temas sobre los que nos enfrentamos, e ir más allá y someter a instituciones y a personas a un juicio público y a la judicialización de lo que debe ser la acción política normalizada me parece de una absoluta gravedad”, aseguró,
“Es bueno que las administraciones públicas, en tiempos de incertidumbre política, social y económica, intentemos rebajar las tensiones y, con los planteamientos e ideas de cada uno, procuremos no generar más polarización y trabajemos para resolver de la mejor manera los problemas ciudadanos”, conluye la nota.