El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha concluido este viernes su informe sobre la dilación en el caso del crimen machista de Romina Celeste, asesinada en 2019 presuntamente por su pareja. El presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya Valdés, no aprecia retrasos injustificados en este caso que han investigado tres juezas durante cuatro años. La causa “en ningún momento ha estado paralizada”, sostiene el TSJC, sino que, por el contrario, el dictado de resoluciones por parte de la magistrada y las dos juezas sustitutas que estuvieron en ese periodo al frente del Juzgado de Instrucción número 1 de Arrecife “ha sido prácticamente continuo”.
El presunto autor de este asesinato, Raúl D., salió el pasado 13 de enero de la cárcel de Lanzarote al cumplir el tiempo máximo de prisión preventiva a espera de juicio (cuatro años). La abogada de la víctima fue muy crítica con los tiempos de la Justicia y pidió máximas medidas cautelares, al igual que el Instituto Canario de Igualdad. La Fiscalía, además, recurrió el auto que lo puso en libertad por considerar que existe un “riesgo alto de fuga”, mayor aún desde que ha traslado su domicilio de Lanzarote a Madrid.
Por su parte, el TSJC anunció hace dos semanas que investigaría si se produjeron dilaciones en este proceso y tras dos jornadas de la semana pasada examinando el procedimiento en los juzgados de Arrecife, el magistrado concluye que no existe “indicio alguno” de que alguna de las tres instructoras que actuaron en la causa a lo largo de estos cuatro años “pudiese haber incurrido en algún tipo de responsabilidad”.
Moya Valdés presentó este viernes el informe sobre el caso Romina, de carácter reservado, ante la Sala de Gobierno, de la que es miembro nato. Desde este órgano se apunta que se trata “de un asunto muy complejo que se sigue por delito de homicidio sin que exista el cadáver”, lo que ha exigido la práctica de numerosas pruebas, entre ellas las periciales, algunas imprescindibles para la buena instrucción de la causa y que, al tratarse de actuaciones de investigación, pertenecen al ámbito jurisdiccional, por lo que la Sala de Gobierno no puede pronunciarse sobre su pertinencia o utilidad.
El órgano de gobierno de los jueces de Canarias expone que, no obstante, en la investigación por la muerte de Romina Celeste sí “se observa alguna anomalía en la excesiva duración de la elaboración de algunos informes periciales, a pesar de su extrema complejidad y que, en casos como el presente de causa con preso, se debería evitar”.
Se solicitarán más medios para el Instituto de Medicina Legal
Además, la Sala subraya que lamenta “profundamente lo acontecido” y anuncia que para coadyuvar a que en el futuro la instrucción dure “lo menos posible”, se dirigirá a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias para interesar que “se dote de los medios necesarios al Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, cuyo informe, complejo, desde luego, se ha dilatado más de dos años”, así como al Servicio de Modernización de dicha Dirección General, responsable del sistema de gestión procesal, para que, en todos los documentos judiciales en los que proceda, conste y se destaque de manera visible la mención “causa con preso”. El objetivo es que no exista duda acerca del carácter preferente en su tramitación.
El TSJC también informa de que el encausado en este procedimiento, actualmente en libertad a la espera de juicio y sometido a medidas cautelares (se le ha retirado el pasaporte con imposibilidad de expedición de uno nuevo, tiene prohibido salir del país y debe presentarse todos los lunes a firmar en el juzgado donde tiene establecida su residencia), está cumpliendo hasta el momento con todas las obligaciones que se le han impuesto.
La Fiscalía pide 20 años de cárcel y el ICI que se juzgue como asesinato
La Fiscalía pide una condena de 20 años y dos meses de prisión para Raúl D.C, acusado de maltratar y matar en Lanzarote en enero de 2019 a su pareja, cuyo cuerpo quemó en una barbacoa, lo desmembró y lo arrojó al amar, según su escrito de acusación, en el que le imputa seis delitos.
El acusado, Raul D.C., además, hizo creer a los amigos y familiares que su mujer, Romina Celeste R.N, se había marchado de casa tras una discusión y denunció su desaparición a la Guardia Civil, señala el escrito, en el que se afirma que consideraba a su esposa como “un ser inferior” en el que podía desatar su rabia y “ello por ser joven, extranjera y sin recursos que ejercía la prostitución para mantenerse económicamente”.
En el informe de la Fiscalía, al que tuvo acceso la agencia Efe, se detalla que el acusado propinó golpes a la víctima en agosto de 2018 cuando estaban alojados en un hotel y en días previos a su muerte, en el domicilio familiar, y por los que tuvo que acudir a urgencias del hospital de la isla, aunque no fue atendida por el médico al presentarse allí el procesado.
El Instituto Canario de Igualdad, personado en la causa, había pedido que se impongan las medidas cautelares máximas al acusado. La directora del ICI, Mónica Fumero, explicó a este periódico que espera que se siga con el procedimiento cuanto antes y en la celebración del juicio solicitarán que se juzgue como asesinato y no como homicidio.
El ICI reclama una pena de 30 años de prisión y 350.000 euros de compensación a la familia de la víctima. Además, desde el Instituto remarcan que han estado a disposición y apoyo de la familia de la víctima.
Teléfonos de atención
Recuerda que si sufres violencia de género o si conoces un caso puedes pedir asesoramiento en el 016 y también puedes llamar al 112 en Canarias, que activará los recursos de emergencias. Esta llamada no implica denuncia.