ASCAV considera una “aberración” la Ley canaria de Alquiler Vacacional

Canarias Ahora

12 de noviembre de 2025 17:51 h

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El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles la ley que regula el alquiler vacacional con el rechazo de los grupos de la oposición -PSOE, NC-bc y Vox-, de la única asociación en las Islas que representa a los propietarios de viviendas vacacionales, ASCAV, que se ha dirigido a la norma como una “aberración contra los pequeños propietarios de viviendas vacacionales de Canarias y a favor de los grandes tenedores”.

Según ha manifestado la asociación en una nota, ASCAV ha criticado que CC y PP hayan sacado adelante este texto “sin ningún tipo de consenso y cuyo único objetivo es eliminar a las familias canarias de la actividad turística para relegarla a los grandes beneficiados de siempre”.

Además, ASCAV cree que esta ley “no va a contribuir en nada a paliar el problema de vivienda en Canarias”, y pone de ejemplo a la ciudad de Barcelona, “que desde 2017 no permite altas de viviendas turísticas y el problema del encarecimiento de la vivienda no para de aumentar”.

Sin embargo, la organización considera que “sí ayudará a que los hoteleros suban sus precios ante la eliminación de competencia”.

“Esta ley es una muy mala noticia, no solo para los propietarios de viviendas vacacionales, sino para todos los que también somos turistas (alojarnos será más caro) y para los restaurantes, bares, comercios etc, que tanto se benefician del turismo de alquiler vacacional”, denuncia la asociación.

ASCAV ya denunció este pasado martes, previo día a la votación de la norma, que el Ejecutivo regional “demoniza” la vivienda vacacional en Canarias mientras que, a nivel estatal, ensalza sus beneficios en la Declaración de Sevilla, firmada recientemente por trece comunidades autónomas, entre ellas Canarias.

La asociación sostiene que informes del Colegio de Economistas de Las Palmas, del Consejo Económico y Social y de juristas respaldan su posición, y ya advirtió que, de aprobarse la ley sin cambios, las consecuencias serían “catastróficas” para miles de familias propietarias y empresas gestoras.