Anatomía de una condena

Acaba de ver la luz hace poco «Anatomía de un instante», la serie basada en la novela de Javier Cercas sobre el golpe de Estado del 23F. Si bien cabía profundizar más en el papel del rey, en ella se trata de diseccionar un momento fundamental en la historia de España. Esa precisión es la que se necesita para comprender un acontecimiento que ha supuesto también una sacudida en el sistema democrático, como ha sido la reciente condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Analizar en perspectiva requiere no anclarse meramente en la sentencia, sino trazar el recorrido completo de los hechos. El elemento primigenio de todo ello fue la inspección de la Agencia Tributaria contra Alberto González Amador, el cual cobró dos millones de euros en comisiones por mediación para FCS en la compraventa de mascarillas durante la etapa más cruda de la pandemia.

Quiso evitar el pago de impuestos mediante una trama de facturas falsas y empresas pantalla con la que defraudó más de 350.000 euros a Hacienda, pero fue investigado junto a varias personas más y denunciado por los delitos de fraude fiscal y falsedad documental.

No hace falta hacer referencia a estos como presuntos, ya que su propio abogado contactó con la Fiscalía y la Abogacía del Estado reconociendo tales hechos a cambio del pago de una multa y así evitar el juicio.

El fiscal Julián Salto mandó un correo al abogado de González Amador con la denuncia presentada y le recordó la propuesta de pacto que este le hizo. Este fue el punto de inflexión donde entraron en escena Isabel Díaz Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez. La presidenta madrileña para presentar a su entorno y a ella misma como víctimas de una cacería obviando la gravedad y la confesión de los actos de su pareja; el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, tras recibir por parte de González Amador un mensaje con el correo enviado por el fiscal, para urdir el plan.

El giro de guion de Rodríguez consistía en cambiar el origen del pacto y ubicarlo como procedente por parte de la Fiscalía, pero frenado posteriormente, según esta nueva versión ficticia, por órdenes de instancias superiores. El bulo se convirtió en narrativa desinformadora con su eco amplificado debido a la publicación por buena parte del espectro mediático conservador. Pueden buscar qué medios han sido regados con el dinero público de la publicidad institucional de la Comunidad de Madrid y sabrán quiénes fueron. Hubo algunos que fueron más allá, como en el caso de El Mundo, que incluso realizó una entrevista a Rodríguez apuntalando su creación.

Con el objetivo de desmontar la falsedad de tales afirmaciones, la Fiscalía emitió un comunicado relatando la cronología de lo sucedido y recalcando que el pacto no fue ofrecido por su parte. Cabe señalar que el comunicado se produjo de manera posterior a la información publicada en medios de comunicación con el contenido literal del correo donde el abogado de González Amador exponía que su cliente reconocía los delitos.

Sin embargo, todo pasó a pivotar a partir de ese momento sobre el comunicado, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid admitió a trámite la querella de González Amador y pidió al Tribunal Supremo que investigara por el comunicado al fiscal general del Estado, el cual se declaró responsable del mismo. La Sala de lo Penal, esa de la que un senador del Partido Popular presumió hace años que controlarían por detrás, abrió entonces una causa contra García Ortiz por revelación de secretos.

Los informes de la Unidad Central Operativa relacionados con el teléfono del fiscal general revelaron que García Ortiz no habló con periodistas la noche en la que se publicó en los medios el contenido del famoso correo. Igualmente, que borró todos sus mensajes tras la apertura de la causa del Tribunal Supremo. Seguramente intuía lo que podía pasar con la privacidad de su contenido. Prueba de ello es que el juez Hurtado trasladó la documentación en bruto a las acusaciones particulares sin eliminar datos privados no relacionados con la investigación del propio fiscal general y de personas particulares que deberían haber sido protegidos. No lo fueron y pasaron a estar en múltiples manos.

Ya en el juicio, el jefe de gabinete de Díaz Ayuso reconoció haber difundido el contenido falso respecto al acuerdo, lo cual dedujo, según él, a partir de su experiencia. Cosas de tener el pelo blanco, como dijo Rodríguez. Por su parte, el fiscal general negó haber filtrado el correo de González Amador. Aparte de ello, hasta media docena de periodistas de diferentes medios testificaron que conocieron el correo o las negociaciones realizadas por parte de la pareja de Ayuso antes que el fiscal general.

A pesar de esto último, la composición del tribunal ya dibujaba lo que iba a suceder. La fragmentación entre la mayoría conservadora de cinco integrantes frente a la minoría de las dos magistradas progresistas dejó una condena sin precedentes que impuso al fiscal general dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y el pago de 10.000 euros a González Amador como indemnización. Tras el fallo, García Ortiz presentó su renuncia.

No he querido escribir esta columna hasta que se hiciera pública la sentencia, para la cual ha habido que esperar hasta tres semanas después de la condena. Ha merecido la pena como broche porque ha estado a la altura de lo que ha sido todo este proceso. La clave está en la página 137 cuando se expone lo siguiente: “lleva necesariamente a afirmar como hecho probado que fue el acusado o alguien de su entorno inmediato y con su conocimiento quien entregó el correo para su publicación en la Cadena SER”. Que todo un Tribunal Supremo condene al fiscal general afirmando que el delito lo ha podido cometer él u otra persona cercana es un absoluto despropósito. Eso por no hablar de que el fallo se apoya en el comunicado de la Fiscalía, algo que al inicio del caso no tenía, según el propio Supremo, información indebidamente revelada.

El Tribunal Constitucional determinará si ha habido una vulneración de derechos fundamentales ante esta nueva dimensión judicial en la que nos hemos instalado, pero solamente hay que unir la línea de puntos para entender que la condena al fiscal general del Estado es una suma de intereses, desinformación y poder: el interés en dañar al Gobierno con la caída de García Ortiz donde el PSOE, a quien se le multiplican los casos de corrupción y acoso sexual, debería reflexionar sobre el pacto que realizó respecto al Consejo General del Poder Judicial; la victoria de la desinformación ante el rigor de los hechos y la demostración de poder de quienes se creen intocables, utilizan lo público para su ganancia particular, defraudan miles de euros haciendo negocio en lo peor de una crisis sanitaria y tienen el poco decoro de comprar un ático de lujo un día antes de la condena.

Para más inri, esta se hizo pública el 20 de noviembre, fecha en la que se cumplían cincuenta años de la muerte de Franco y el fin de la dictadura. La democracia es una pugna constante de avances y retrocesos. En ese camino, donde la ola que surge del último suspiro se ha llevado a Robe, “la vida es galopar por un camino empedrado de horas, minutos y segundos”.