El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles la ley que regula el alquiler vacacional con el rechazo de los grupos de la oposición -PSOE, NC-bc y Vox-, que además vetaron el debate de 24 enmiendas in voce planteadas por los grupos del cuatripartito. La norma ha sido finalmente aprobada tras una larga tramitación en la que ha contado con el rechazo no solo de la oposición, sino también de la única asociación en las Islas que representa a los propietarios de viviendas vacacionales, Ascav, que ha alertado de que favorece a los grandes tenedores y fondos de inversión mientras castiga a los pequeños propietarios. A favor de la norma, las patronales turísticas.
La nueva norma deja en manos de los ayuntamientos la planificación de esta modalidad turística, y eso pese a que muchos de ellos han manifestado con anterioridad su incapacidad para hacerse cargo de inspeccionar las viviendas y controlar que cumplen la normativa.
Detalle de la ley
La ley considera que el uso turístico de las viviendas no es un uso residencial, sino una actividad económica o de hospedaje que, por lo tanto, solo podrá realizarse cuando el planeamiento urbanístico municipal lo autorice expresamente.
Los ayuntamientos adquieren el papel de planificar y justificar en qué zonas del municipio se permite la implantación de viviendas de uso turístico, basándose en criterios de sostenibilidad, capacidad de carga y equilibrio territorial.
El suelo clasificado como residencial se reserva principalmente al uso habitacional permanente, de manera que el 80 % del suelo residencial deberá destinarse a vivienda habitual.
En islas turísticas o municipios con alta presión de mercado, esa reserva se eleva al 90 % y en el caso de las islas verdes (La Palma, La Gomera y El Hierro) y en municipios con despoblación, los ayuntamientos podrán flexibilizar este porcentaje para favorecer el desarrollo local.
Con esta ley, una vivienda solo podrá destinarse a uso turístico si el planeamiento lo permite expresamente y se establece una antigüedad mínima como requisito: las viviendas deben haber sido destinadas durante un tiempo determinado a residencia habitual antes de convertirse en alojamientos turísticos, con el fin de impedir que se construyan viviendas nuevas directamente para uso vacacional.
Los ayuntamientos podrán reducir este requisito en zonas donde no exista tensión en el mercado residencial.
También se prohíbe el uso turístico en viviendas protegidas (VPO) y no se podrá autorizar en suelos rústicos, espacios naturales protegidos ni en zonas Red Natura 2000, salvo que el planeamiento ambiental lo justifique expresamente.
En zonas declaradas como mercados tensionados, se suspenderá la concesión de nuevas licencias de vivienda turística. Hasta la fecha, el Gobierno de Canarias no ha declarado ninguna, aunque varios ayuntamientos lo han pedido, como Las Palmas de Gran Canaria
Los propietarios actuales de viviendas vacacionales ya inscritas no pierden su autorización, pero las nuevas solicitudes dependerán del planeamiento municipal y no se podrán registrar nuevas viviendas turísticas si el municipio no lo permite.
La ley, aprobada sin consenso
La consejera de Turismo, Jessica de León, ha admitido que ha sido una norma “difícil de interiorizar, difícil de explicar, y difícil de gestionar” durante su tramitación y ha valorado por la acción de CC, PP, ASG y AHI “por estar al servicio del interés general y de no ser rehén en este Parlamento del tacticismo político”.
Igualmente ha agradecido el apoyo del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y del vicepresidente, Manuel Domínguez, “porque sin ellos esto no hubiera sido posible”.
Esther González (NC-bc) ha reprochado a los grupos del cuatripartito que no les hayan apoyado ninguna de sus 34 enmiendas parciales donde defienden “el derecho de miles de familias canarias a alquilar y a no ser expulsadas de su propia tierra”.
Ha cuestionado que el Gobierno “se ha enmendado a sí mismo” porque no cree en su propio proyecto de ley, que no busca “el equilibrio sino la expulsión”, aparte de que nace “sin consenso”. “Ha enfadado a casi todo el mundo salvo a los de siempre, los grandes empresarios turísticos”, ha agregado.
González ha afeado también al Ejecutivo que no pusiera en marcha una moratoria de nuevas licencias, lo que ha ocasionado una “avalancha”, aparte de que “se ha señalado con el dedo” a los pequeños propietarios de viviendas vacacionales.
“Este proyecto de ley abre la puerta para expulsar a miles de familias canarias de las zonas turísticas, familias que compraron su vivienda con escritura, con división horizontal y todos los papeles en regla”, ha indicado.
Para la diputada canarista, los grupos del cuatripartito han decidido “legislar y votar en contra de su pueblo”. “¿Por qué prefirieron proteger a los poderosos antes de escuchar a su gente?”, se ha preguntado.
PSOE: “Beneficia” a los empresarios turísticos y “expulsa” a los residentes
Gustavo Santana (PSOE) ha comentado que la ley no piensa “ni en los residentes ni en el interés general”, pues ha activado un “efecto llamada”, con más de 32.000 viviendas vacacionales más desde septiembre de 2023.
Ha apuntado que la ley “favorece a los grandes tenedores”, ha lamentado la falta de cortesía parlamentaria al aprobar muy pocas enmiendas de la oposición e insistido en que se “beneficia” a los empresarios turísticos y “expulsa” a los residentes.
El diputado socialista afirma que hay “otra alternativa” que pasa por limitar el número de viviendas en explotación a tres, lo que favorece que los pequeños propietarios sean los “verdaderos beneficiarios” de la regulación de la vivienda vacacional. “Esta ley durará lo que dure este Gobierno”, ha pronosticado.
Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI), ha admitido que la ley “no es perfecta” pero “mucho mejor” que como entró en la Cámara, porque “ordena, no castiga” y contempla que hay diferencias entre islas y territorios.
Ha valorado que se deja margen a la planificación local porque los ayuntamientos “no son niños pequeños” y ha afeado a la oposición que no acepte las enmiendas in voce, sentando un “precedente parlamentario”. “Se han retratado, no han querido llegar a acuerdos”, ha explicado.
De hecho, ha cargado contra los socialistas porque cuando están en la oposición “es cuando desempolvan el manual bolchevique y sacan las normas que no tuvieron valentía de aprobar cuando gobernaron”.
Jesús Ramos (ASG) ha criticado la “irresponsabilidad” de la oposición al bloquear las enmiendas in voce y ha pedido a la consejera de Turismo, Jessica de León, que se introduzcan “en el menor tiempo posible” vía decreto.
Ha pedido dar “amparo legal” a la actividad clasificada, ha reconocido que la vivienda vacacional da “futuro” en las islas verdes, negado que esta modalidad sea la causante de la crisis de la vivienda y apoyado que cabildos y ayuntamientos tengan “herramientas” para planificar el crecimiento.
La portavoz adjunta de Vox, Paula Jover, ha tildado la ley de “camaleónica” por sus muchos cambios de la tramitación “y no está bien hecha”, aparte de que “no soluciona nada y empeora todo”, pues introduce criterios “imprescindibles” para permitir la actividad que aún no están desarrollados.
No ha obviado que hace falta una “regulación” que ordene la vivienda vacacional pero traslada una “excesiva carga” a propietarios y ayuntamientos.
PP: acaban los “pseudohoteles”
David Morales (PP) ha comentado que la ley da “salvaguarda jurídica y legislativa” del pequeño propietario, pone el “punto y final a la proliferación de pseudohoteles” y revaloriza la “autonomía” de los ayuntamientos que determinarán “dónde, cómo y cuántas viviendas vacacionales pueden asumir en sus términos municipales”.
Ha culpado a la ley estatal de vivienda de la “fuga” de más de 16.000 viviendas al sector vacacional y ha advertido a la oposición de que “pulsar el botón rojo” contra la ley será “ir en contra” del interés general del archipiélago.
Socorro Beato (CC) ha comentado que Canarias “necesita” esta ley porque “ordena, protege y equilibra”, reforzando el papel de los ayuntamientos, que son quienes tienen que aplicar la ley.
“Esta ley simplifica procedimientos, da seguridad jurídica a quienes ejercen la actividad con responsabilidad y protege a los pequeños propietarios, muchos de ellos familias que dependen de ese ingreso complementario”, ha apuntado.
La diputada nacionalista entiende las críticas de Ascav y de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística pero al mismo tiempo ha dicho que hay que ser “honestos”, por lo que ha avanzado que en un futuro decreto se incidirá en la unidad de explotación y la residencialización.
“La ley no prohíbe el alquiler vacacional, lo que hace es ordenarlo con sentido común y con equilibrio para que el turismo siga siendo el motor económico sin poner en riesgo el derecho a la vivienda y la convivencia vecinal”, ha señalado.
Según Beato, el alquiler vacacional “no podía seguir sin reglas claras” y por ello se da un “marco jurídico claro” adaptando esta modalidad turística a islas y municipios.