Nuevo movimiento de piezas político en torno a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Juntos por Mogán). Después de su desmarque táctico de Coalición Canaria en su último Congreso Nacional, un alto directivo del ayuntamiento que preside ha registrado en el Ministerio del Interior el partido político Somos Gran Canaria.

Se trata de Eduardo Álamo Perera, director general de la empresa municipal Gestión Mogán, que en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior figura como presidente de Somos Gran Canaria desde su alta formal el pasado 10 de abril. Somos GC tiene su sede social en Arinaga, en la calle Lópe de Hoces 106, según consta en la ficha del registro de partidos políticos.

El alta de Somos Gran Canaria en el tablero político insular se produce justo en el momento en que los escindidos de Nueva Canarias (NC) tramitan el registro de su nuevo partido encabezado por el alcalde de Gáldar y vicepresidente segundo del Cabildo, Teo Sosa (Bloque Nacionalista Rural) y el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández (Roque Aguayro). Y también justo cuando la alcaldesa de Mogán intensifica su ofensiva de acercarse a los escindidos de NC y mostrar sus preferencias de una alianza municipalista insular con estos, de la que los escindidos reniegan.

Se produce también un año después de que la propia Onalia Bueno registrara la marca Juntos por Gran Canaria en la Oficina Española de Patentes y Marcas, también Juntos por Santa Lucía. Y en medio de la honda crisis que parte en dos a Nueva Canarias, con el penúltimo capítulo protagonizado por el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García (NC), que con cuatro de sus nueve concejales han decidido darse de baja de NC sin renunciar a sus cargos públicos en el gobierno municipal de este feudo histórico del nacionalismo.

Desde los escindidos de Nueva Canarias se insiste en que nada tienen que ver con el proyecto político de la alcaldesa de Mogán. Es más, este mismo martes, su portavoz y alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, explicó que el nuevo partido político liderado por Teodoro Sosa aún tiene que sortear obstáculos para su registro formal, al plantearse coincidencias en el nombre con otra formación de ámbito estatal, ya que usaban dos términos similares al nuestro y “para evitar confusión nos han obligado a una solución alternativa que esperamos dar a conocer pronto”.

Casi dos décadas después de su salida del Partido Popular (PP), Onalia Bueno se ha erigido en lideresa de un proyecto de “unificación del nacionalismo” en la isla de Gran Canaria. Integrada desde hace más de un año en la estructura orgánica de Coalición Canaria (CC), donde ocupa la Secretaría de Políticas Municipales, la alcaldesa de Mogán prepara ya su salto a la política insular y/o regional con la vista en las elecciones de 2027. En los últimos meses ha multiplicado su proyección pública más allá de los limitados márgenes del municipio turístico sureño en el que gobierna desde hace ya casi diez años. Bueno, que ya ha registrado la marca Juntos por Gran Canaria, quiere pescar en el río revuelto de Nueva Canarias (NC) y atraer a los alcaldes del sector crítico, encabezados por el de Gáldar, Teodoro Sosa (Bloque Nacionalista Rural). 

Hasta hace bien poco, Bueno llevaba consigo una mochila judicial repleta de imputaciones. Las más graves, por compra de votos. En los últimos años, la alcaldesa de Mogán se ha desprendido de esa carga gracias al archivo de procesos judiciales que han sufrido numerosos avatares, desde instrucciones eternas que acabaron diluidas entre más de una decena de jueces hasta las más recientes investigaciones policiales que también han quedado en nada bien porque los hechos estaban prescritos, bien porque se imputó por error a una testigo clave o por errores judiciales. 

La primera detención de Onalia Bueno en enero de 2007 cogió al PP de José Manuel Soria con el pie cambiado. Fue una auténtica losa para el otrora todopoderoso líder de los populares canarios ver entre rejas, a escasos cuatro meses de las elecciones locales, a su alcalde de Mogán, Francisco González, y a la número dos, Onalia Bueno. Más aún cuando 2006 había sido un vía crucis para el PP por el caso Faycán, que dio con casi todo el grupo de Telde en prisión, desde el alcalde Francisco Valido hasta la señalada cabecilla de la trama, la concejala Toñi Torres, ya fallecida. 

Si Telde fue un calvario policial y judicial por el caso Faycán, en Mogán el caso Góndola no se iba a quedar atrás. Pero había un escollo, el tiempo y los carteles electorales jugaban en contra del PP. Soria, que se jugaba la reelección en mayo de 2007 en la presidencia del Cabildo de Gran Canaria y aspiraba a gobernar Canarias con Coalición Canaria (CC), había decidido desde 2006 que no repitieran en la lista electoral de Telde todos los detenidos por Faycán. Hubo hasta tres tandas de detenciones y cuando ya en noviembre cayó Francisco Valido fue el punto de no retorno para Soria: había que renovar la plancha.

El descalabro en Telde, que a diferencia de Mogán acabaría con buena parte de los detenidos en el banquillo de los acusados, se pudo gestionar a tiempo. Quedaba más de un año cuando en febrero de 2006 estalló el caso con la detención de Toñi Torres, y medio año por delante cuando le tocó el turno al alcalde y al resto del gobierno del PP, mientras su socio de correrías, Ciuca, miraba todo el espectáculo desde la grada. Así que Soria decidió hacer tabla rasa y colocar como candidato a alcalde a Francisco Santana, único concejal no detenido, con una lista renovada, y el reproche interno de los entonces imputados (“Estás bonito tú”, le llega a espetar Toñi Torres en plena rambla de Mesa y López a Soria cuando se cruzaron un día, ya ella en libertad). La jugada no le salió bien: Nueva Canarias (NC) volvió a ganar las elecciones y a gobernar con el PSOE.

En Mogán fue diferente, y ese fue el punto de inflexión de la trayectoria política de Onalia Bueno, que apuntaba alto dentro del PP. Tras las detenciones de enero y febrero de 2007, también del empresario Santiago Santana Cazorla, el caso Góndola empezó a desgranarse con un denominador común: los investigadores consideraban a Onalia Bueno la cabecilla, el cerebro de la presunta trama de corrupción que abarcaba desde convenios urbanísticos irregulares hasta la financiación de un mitin de Mariano Rajoy por parte de la cooperativa de viviendas Grupo Europa, una pieza derivada que sí acabaría con condenas en Telde.

El hecho de que Onalia Bueno fuera señalada como el cerebro de esa trama llevó a José Manuel Soria a cortar por la sano, pero a medias: perdonó la vida política al alcalde detenido, al que permitió presentarse a la reelección (y ganarla) en mayo, pero fulminó a su mano derecha, apartándola de las listas y de toda actividad política… al menos por un tiempo. Bueno desapareció del mapa, literalmente. Puso tierra de por medio durante los siguientes años (pesándole hasta ocho imputaciones por Góndola) y cruzó el charco a América. Allí trabajó de asesora y consultora política (cursó esa carrera en la Universidad de Granada) en países como Honduras, Estados Unidos o Canadá. Hasta que poco antes de las siguientes elecciones, de 2011, regresó a Mogán a plantarle batalla a su otrora compañero de partido y de gobierno, Paco González, con una nueva formación política, Ciuca.

Curiosamente, la actual alcaldesa de Mogán eligió las siglas de Ciudadanos por el Cambio (Ciuca), que ya existían en Telde, e hizo una especie de federación o compartió siglas con el partido de Guillermo Reyes, que había protagonizado el cuatrienio negro 2003-2007 en el alianza con el PP en Telde, con sonoros casos de corrupción, aparte de Faycán. Así, en 2011 volvió al Ayuntamiento de Mogán, que seguiría gobernando el PP hasta 2015.

Tras cuatro años como concejala en la oposición, Onalia Bueno asumió en mayo de 2015 el poder municipal que ha mantenido en tres mandatos consecutivos en Mogán (el primero en alianza con el PSOE y los dos últimos, con mayoría absoluta) y que ahora aspira a extender al conjunto de la isla junto a Coalición Canaria (CC). La dirección de este partido declarado nacionalista ha confiado en la actual alcaldesa de Mogán su estrategia municipalista. Desde hace más de un año, Bueno ostenta un cargo orgánico en la Ejecutiva de CC, la secretaría de Políticas Municipales. Y su empeño, ya manifestado en recientes entrevistas, es promover “la unificación del nacionalismo” reclutando para este menester a los críticos de Nueva Canarias (NC), con el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, a la cabeza, y a líderes locales “independientes” que arrastren votantes de sus municipios. 

Aparte del llamamiento público a Sosa para que sea el candidato de este proyecto al Cabildo de Gran Canaria (con ella o “alguien de Mogán” como número dos), Bueno ha empezado a mover ficha. Ya ha registrado Juntos por Gran Canaria y Juntos por Telde en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Se trata de la misma fórmula que empleó en las últimas municipales, cuando dejó atrás las siglas de Ciuca para concurrir con una marca propia, Juntos por Mogán, en alianza con CC.  

También se ha registrado recientemente (en noviembre) Juntos por Santa Lucía. En este caso, no ha sido Onalia Bueno quien lo ha hecho, sino dos personas que han estado vinculadas con Fortaleza, la formación local aliada de CC en este municipio. Una de ellas es María Rosa Suárez Vega, concejala en la oposición en el anterior mandato y, hasta octubre, directora general de Ordenación, Innovación y Calidad Universitaria del Gobierno de Canarias. El otro es José Manuel Moreno, fundador de Fortaleza, formación con la que ha sido edil en los últimos años y que abandonó el pasado mes de septiembre para pasar a formar parte del grupo de concejales no adscritos. Según fuentes consultadas por este periódico, ambos son afines al proyecto que pretende liderar Bueno. 

Junto a esos movimientos tácticos de preparación para las elecciones de 2027 y los llamamientos a la “unidad del nacionalismo canario”, Onalia Bueno ha querido proyectar en los últimos meses una imagen de alcaldesa pionera. A principios de diciembre, el pleno del Ayuntamiento de Mogán aprobó “la primera tasa de acción turística de España”, una medida que genera importantes dudas por su encaje legal. También presume de haber convertido a Mogán la primera corporación de Canarias en acogerse a la figura del derecho de superficie, de ceder suelo municipal a promotores privados para la construcción de viviendas protegidas. Para presentar ambas iniciativas, la alcaldesa de Mogán ha celebrado sendas ruedas de prensa en un hotel de Las Palmas de Gran Canaria.  

Y aunque Onalia Bueno haya negado tener una mala relación con el líder insular de CC en Gran Canaria, Pablo Rodríguez, estas maniobras para levantar el proyecto de ámbito municipal tiene en el  actual consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias a su principal damnificado. Gran Canaria sigue siendo la plaza donde CC atesora menos poder municipal tras años de debilitamiento con Rodríguez al frente de la formación en la isla y la alcaldesa de Mogán aspira a ocupar ese espacio y dar un golpe de timón aprovechando el cisma en Nueva Canarias. 

Bueno asume ese reto tras despojarse del lastre de (casi todas) sus imputaciones judiciales. Hasta la fecha, la alcaldesa de Mogán ha salido airosa de los procedimientos abiertos en su contra, desde el mencionado caso Góndola a las últimas derivadas de la causa que investigó originalmente una presunta trama de compra de votos en las municipales de 2015, las elecciones que le auparon a un poder que no ha abandonado. Esos archivos judiciales han estado plagados de vicisitudes que siempre han favorecido a la alcaldesa de Mogán, desde investigaciones que se alargaron durante casi dos décadas con innumerables cambios de jueces, hasta la prescripción de los hechos o errores como imputar a la testigo clave de una causa o prorrogar la instrucción fuera de plazo. 

Caso Góndola 

Desde su detención en 2007 hasta el archivo de la última de las ocho piezas por las que Bueno fue imputada en el caso Góndola transcurrió una década. En 2017 se cerraba la vertiente moganera del caso Grupo Europa, que investigaba el presunto amaño, finalmente no materializado, de un concurso público para su adjudicación a la promotora de ese nombre, que entre 2005 y 2006 había pagado en la localidad sureña un mitin de Mariano Rajoy (en aquella época Onalia Bueno pertenecía aún al PP) y los conciertos de Bebe en los carnavales y de Miguel Ríos en las fiestas locales.  

La jueza de esta pieza llegó a dictar el auto que transformaba las diligencias previas en procedimiento abreviado. Es decir, el paso inmediatamente anterior a la apertura del juicio oral. La magistrada veía indicios suficientes para sentar en el banquillo de los acusados, entre otros, a la alcaldesa de Mogán, a quien atribuía un papel relevante en el presunto amaño del concurso. En concreto, como la persona que recibió el pliego de condiciones del administrador de Grupo Europa, José Manuel Antón, que fue condenado por hechos similares en el municipio de Telde.   

El caso de Mogán quedó en nada porque la Fiscalía nunca llegó a formular escrito de acusación y, además, pidió que se excluyera de la causa al Observatorio Ciudadano contra la Corrupción, un colectivo que había pedido personarse como acción popular ante el empantanamiento del procedimiento judicial. Dos años después de que la jueza situara a la alcaldesa de Mogán en la antesala del juicio, el fiscal pidió su archivo aduciendo que el mitin y los conciertos abonados por Grupo Europa eran “actos preparatorios impunes” y que no había quedado probado que el propósito de esos pagos fuera la adjudicación de un concurso que acabaría siendo anulado.

Otra de las piezas de Góndola investigó un presunto delito electoral por manipulación del padrón y del censo municipal de Mogán. A raíz de los pinchazos telefónicos, las sospechas de la Brigada de Información de la Policía Nacional se centraron en Onalia Bueno, a quien en alguna de estas conversaciones se le escucha explicar a una funcionaria las estrategias para asegurar votos para el PP y, en particular, su querencia por los sufragios por correo, un asunto que volvería a cobrar relevancia a partir de las elecciones de 2015. “Yo te voy a dar un censo, ¿oíste? Yo te voy a dar un censo para que tú tengas en cuenta a toda la gente, ¿vale?”, dice en una de estas grabaciones. 

El fiscal apreció en esas intervenciones telefónicas indicios para considerar que el PP había utilizado a empresas, incluso municipales, para pagar votos a vecinos del municipio. Sin embargo, al no haber podido corroborarlo con otros datos, acabó solicitando el archivo de la causa. 

Compra de votos 

Tres años después del archivo de la última pieza del caso Góndola, la referida al Grupo Europa, la alcaldesa de Mogán volvía a ser detenida. De nuevo, por delito electoral. En septiembre de 2020, en plena pandemia de Covid-19, la Guardia Civil irrumpía en las dependencias municipales para obtener documentación sobre el presunto pucherazo en las elecciones de 2015 y 2019. Las sospechas venían de lejos. El exalcalde Francisco Gonzalez, ya convertido en enemigo íntimo de Onalia Bueno, fue el primero que puso a los investigadores tras la pista de los votos por correo. A esas pesquisas iniciales se le dio carpetazo de inmediato, pero un año después, un colaborador de Ciuca en los comicios de 2015, Ramón Trujillo El Perraya, contó cómo captaba votos para la actual alcaldesa de entre los vecinos más vulnerables del municipio a cambio de dinero (se hablaba entonces de 50 euros por voto) o, incluso, de promesas de empleo y vivienda. 

La investigación de la Guardia Civil se fue armando con otros testimonios y grabaciones. Entre ellas, la de José Monzón, más conocido como Pepe el Japonés, otro colaborador de Onalia Bueno a quien en uno de los audios se le escuchaba decir que había recabado 383 votos por correo para Ciuca. 

Las sospechas se extendieron a las elecciones de 2019. Otro audio reveló cómo Onalia Bueno explicaba a una vecina del municipio cómo maniobrar con el voto por correo. “Lo importante es que cuando el sobre, que es enorme, llegue a la casa, te llamen y no lo abran, para decirte cómo es el rollo (...) Tú tienes los DNI y yo te mando a una persona para que te haga todo de una sentada”, dice la ya entonces alcaldesa a un recaudador de votos para Ciuca, su partido en aquel momento. 

Cuando autorizó la entrada y registro a las dependencias municipales en septiembre de 2020, el juez instructor apreciaba en la investigación de la Guardia Civil hechos “objetivos, accesibles y verificables” sobre la presunta compra de votos. Año y medio después, el fiscal pedía su archivo porque entendía, al igual que el abogado de la alcaldesa, el prestigioso penalista José Antonio Choclán, que los hechos de 2015 habían prescrito y que no había pruebas sobre los de 2019. 

A pesar de los indicios recabados, el caso nunca llegó a juicio por una cuestión formal, lo que sirvió a la alcaldesa de Mogán para convocar una rueda de prensa en la que erigirse en víctima de una “persecución personal” por parte de los concejales de Nueva Canarias en el municipio. 

Piezas separadas 

El carpetazo a la trama original sobre la compra de votos no puso fin a los desvelos judiciales de la alcaldesa de Mogán. A raíz del registro de septiembre de 2020 y de otros tantos informes del equipo de la policía judicial de la Guardia Civil, el juez había abierto otras cuatro piezas separadas contra Bueno que se repartieron en los juzgados de San Bartolomé de Tirajana. Esas causas también se han ido archivando de manera paulatina hasta poner el contador de la regidora casi a cero. 

En una de ellas se acusaba a Bueno de ordenar a una funcionaria deshabilitar el acceso remoto que la Guardia Civil había obtenido en el registro de septiembre de 2020 para analizar los expedientes municipales objeto de la investigación. Un acceso que los abogados de la alcaldesa de Mogán y de su número dos, Mencey Navarro, consintieron por razones técnicas (la imposibilidad de intervenir los equipos), según quedó recogido en el acta del registro. Sin embargo, el juez asumió la tesis de las defensas: los investigados “no tenían conocimiento” de la instalación de ese acceso y la desconexión tan sólo duró entre quince y veinte minutos, el tiempo que tardaron en restituirlo después de recibir la advertencia de que podían estar incurriendo en un delito de obstrucción. 

El segundo archivo, por orden cronológico, corresponde a la pieza que investigaba el presunto amaño de un concurso de mediación judicial para favorecer los intereses económicos de un empresario con intereses en el municipio (por explotar parte del servicio de abastecimiento de agua) y señalado por la policía judicial como uno de los financiadores de la campaña electoral de Ciuca en 2015. Los investigadores disponían de varios cheques a nombre de este empresario que habían sido cobrados en los días previos a esos comicios por parte de un estrecho colaborador de Onalia Bueno en campaña, un funcionario municipal que después sería premiado con un cargo de confianza y un incremento salarial. Sin embargo, un error judicial nunca enmendado lastró esa instrucción. La testigo clave, la trabajadora que había alertado de esas irregularidades y que había sido apartada por ello de las negociaciones, figuraba desde el inicio del procedimiento como imputada por razones que se desconocen y que nunca fueron explicadas, pese a los reiterados escritos que su abogado presentó advirtiendo de ese error. Sin ese testimonio esencial, la causa decayó. 

Otra pieza separada versaba sobre los sobresueldos que el gobierno de Onalia Bueno había concedido nada más asumir el poder y con carácter retroactivo a un grupo de funcionarios entre los que se encontraban un primo de la alcaldesa y personas que habían colaborado en la campaña electoral de Ciuca o eran simpatizantes de ese partido. En algunos casos, como el del familiar de Bueno, por partida doble y pese a que la justicia había anulado los primeros por contravenir la ley. El juez también dio carpetazo a esta derivada de la trama de compra de votos al no apreciar indicios suficientes de delito y reducir la actuación del gobierno municipal a “una ilegalidad administrativa”. 

El pasado noviembre se archivaba la última de las piezas separadas, la que investigó los contratos menores concedidos a dos asesores de la alcaldesa de Mogán. Uno de ellos, Raico Guerra, actual concejal en la corporación sureña, había sido contratista único de servicios sanitarios y de salud pública en el municipio. El otro, Jesús Romero Espeja, había ocupado varios cargos en el Gobierno de Canarias, siempre con Coalición Canaria en el poder. Del cierre de esta investigación informó el propio Ayuntamiento de Mogán a través de un comunicado que sostenía que la jueza había avalado la legalidad de esas adjudicaciones, puesto que los motivos para contratar a ambos asesores “fueron criterios de mercado y cualificación técnica”. No era cierto. Lo que la magistrada dijo es que no habían quedado acreditados los hechos porque nunca pudo analizar los expedientes. Y no lo hizo porque cuando le llegó esta documentación, la instrucción ya se había dado por finalizada por otro error formal. En concreto, por una prórroga dictada fuera de plazo. 

Más allá de los recursos que todavía deben ser resueltos en algunas de estas piezas separadas, en las que el archivo aún no es definitivo, la alcaldesa de Mogán aún carga en su mochila judicial con otra investigación, la de los contratos menores adjudicados a dos productoras emparentadas.

Juntos por Gran Canaria es la marca política que quiere impulsar para las elecciones de 2027 la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ahora en Juntos por Mogán, aliada de Coalición Canaria. El nombre está registrado en la Oficina Española de Patentes y Marcas desde el 6 de marzo de este año por la propia Onalia Bueno, bajo la clase 45, de “servicios jurídicos y servicios de grupos de presión política”, según consta en el registro de la OPM. 

La marca aún está en tramitación, con varios actos desde abril pasado, entre los que figura desde el 7 de agosto una oposición a ese registro por parte del partido Unidos por Gran Canaria.

El nombre de Juntos por Gran Canaria ya fue utilizado en las elecciones de 2019 para la alianza electoral que conformaron Coalición Canaria y el partido de José Miguel y Lucas Bravo de Laguna, Unidos por Gran Canaria, en la circunscripción de la isla, que dio un acta de diputado autonómico a Lucas Bravo entre 2019 y 2023. 

Ahora, la alcaldesa de Mogán, que aspira a liderar en Gran Canaria el espacio de CC, da este paso para salir del terreno municipal y convertirse en referente del partido del presidente canario, Fernando Clavijo (CC), en un momento crítico para su oponente en el tablero, Nueva Canarias (NC).

Fuentes conocedoras del movimiento táctico de Onalia Bueno señalan que en su hoja de ruta está pescar en el río revuelto de Nueva Canarias y sus partidos municipalistas aliados, desde Gáldar o Guía (precisamente se llama Juntos por Guía la formación del exalcalde Pedro Rodríguez) hasta Agüimes o Valsequillo. 

Lo cierto es que desde el sector crítico de NC todos estos intentos de la alcaldesa de Mogán son negados con rotundidad e incluso demonizados, si bien las fuentes consultadas aseguran que Juntos por Gran Canaria, de prosperar la marca en la OPM, sería el cajón de sastre de quienes quieran romper con NC.

Lo que no figura, de momento, es que Juntos por Gran Canaria haya sido registrado en el Ministerio del Interior como partido político, lo que ahonda en el planteamiento de que JGC sería una plataforma electoral para federarse con posterioridad a Coalición Canaria, y desde ahí liderar el proyecto que lanzaría a Onalia Bueno a la política insular y autonómica en medio de la crisis de Nueva Canarias.

Nueva Canarias (NC) camina inexorablemente hacia su ruptura 20 años después de su fundación como el ala izquierda grancanaria de Coalición Canaria (CC). El sector crítico encabezado por Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar y vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, considera que ya no hay marcha atrás para el entendimiento y el consenso con la cúpula dirigente del partido, con su presidente, Román Rodríguez al frente. Tanto, que ya se han marcado una hoja de ruta que lleve a una ruptura pactada, un divorcio pacífico como el que protagonizó la propia NC escindiéndose de CC en 2005.

Hace 20 años, la ruptura de los grupos de izquierda de Gran Canaria integrados en Ican con CC llevó a una entente cordiale entre ambas fuerzas para convivir lo que aún quedaba de legislatura y mandatos locales en 2005. El acuerdo contempló la unidad, sobre todo en el grupo del Congreso de los Diputados, hasta 2008. E incluso tras la pérdida en 2008 del acta de diputado por la provincia de Las Palmas que ostentó Román Rodríguez desde 2004, por la concurrencia a las elecciones divididos, llevó en 2011 CC y NC a unir sus candidaturas en las elecciones generales, resultando elegido Pedro Quevedo por Las Palmas.

Esa ruptura pactada o divorcio pacífico es la que quiere trasladar ahora el sector crítico de los alcaldes y grupos municipalistas ligados a NC al sector oficial. No hacerse daño en lo que queda de mandato, más allá del inevitable de la marcha de estos grupos y algunas de las asambleas locales del propio partido. Así, los críticos trasladarán en los próximos días a la cúpula su intención de salirse del partido después de Navidad, como adelantó Canarias7, algo que ya se veía venir hace meses, y de no romper y convivir en los grupos municipales que se vean afectados y en el propio gobierno insular del Cabildo de Gran Canaria.

Lo cierto es que desde el sector renovador se da por imposible un acuerdo visibilizado en su ausencia en el Consejo Político Nacional del 9 de noviembre pasado, a la que solo acudió entre ellos el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, con el fin de demostrar que las diferencias debían sustanciarse dentro del partido, votando, y también para sostener cierta unidad de criterio entre su propio grupo de gobierno, donde conviven (o mal conviven) oficialistas y renovadores.

Los alcaldes rebeldes tienen previsto lanzar en enero su propio proyecto político, sin que de momento, las fuentes consultadas aclaren si será un nuevo partido o una plataforma, pero dejando claro que no está en su agenda un acercamiento a Coalición Canaria. “Si tenemos que desmentir a Coalición Canaria, a los oficialistas o a los medios de comunicación cada vez que sale algo de esto o de que estamos en pactos con Onalia Bueno [alcaldesa derechista de Mogán, aspirante a liderar CC de Gran Canaria] nos volveríamos locos”, comenta una fuente de los críticos. “Lo que tenemos que hacer ahora es crear una comisión para convivir hasta 2027”, apunta.

Según las fuentes consultadas por esta redacción, desde el sector crítico se maneja que en estos dos años que quedan hasta que se inicie el próximo proceso electoral en mayo de 2027 habrá grupos municipales que se dividan y otros que no, que unos permanezcan en la órbita de la cúpula dirigente, como Las Palmas de Gran Canaria o Telde, y otros que se pasen con todas sus fuerzas al nuevo proyecto que encabezará Teodoro Sosa, como San Bartolomé de Tirajana o Arucas. Aparte de los grupos municipalistas aliados a NC que más se han significado por la renovación del partido, como el BNG de Gáldar y Agaete, Comfir en Firgas o Roque Aguayro en Agüimes o la agrupación de electores en Tejeda y Juntos por Guía o ASBA en Valsequillo.

Para los renovadores, la permanencia de Román Rodríguez (y de paso de su núcleo más directo, como Carmelo Ramírez o Pedro Quevedo) es prácticamente el único obstáculo para no llegar a un entendimiento. Si hace meses el presidente de Nueva Canarias hubiese dicho que no se presentaba a la reelección en el próximo Congreso, previsto para julio de 2025, el consenso hubiese sido factible, apuntan las fuentes consultadas. Un hecho que desde el sector oficialista critican con dureza: “Para eso están los Congresos, que presenten una candidatura alternativa”.

Eso no va a suceder. Si la hoja de ruta de los rebeldes contempla lanzar ya en enero una plataforma o proyecto diferenciado, su ausencia en el Congreso extraordinario de julio ya está más que asegurada. No habrá confrontación congresual interna, y según la postura de los críticos, porque desde el oficialismo se les ha ofrecido solamente 8 de los 21 puestos que integrarían la comisión organizadora del cónclave de Nueva Canarias. Más desavenencias para dar el paso hacia la ruptura, aunque se pretenda pacífica.

Es más, los puentes de comunicación están prácticamente rotos y no solo lo demuestran las ausencias en el Consejo Político Nacional del 9 de noviembre, sino las ruedas de prensa y los comunicados posteriores a ese portazo. Lo único que queda por delante es sentarse a firmar los términos del divorcio, que para muchos del sector crítico fue ya casi irreversible cuando se produjo la moción de censura en Santa María de Guía, que descabalgó al alcalde de Juntos por Guía-NC, Pedro Rodríguez, también referente del sector renovador. “Esa moción de censura fue permitida, si no alentada, desde la cúpula de NC”, insisten desde el grupo de los alcaldes rebeldes, ya en vías de abandono, de Nueva Canarias.

Otro caso judicial más abierto contra la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Juntos por Mogán/Coalición Canaria), queda archivado en su partido judicial de San Bartolomé de Tirajana por no apreciar la jueza instructora indicios de delito, siguiendo el criterio de la Fiscalía, aunque tanto una como otra han obviado durante todo el proceso la versión de una testigo clave, imputada por error, y que se negó a declarar bajo tal condición de investigada.

Se trata del presunto amaño entre el grupo de gobierno de Onalia Bueno y el empresario Luis Oller Daza, propietario de la mercantil Cornisa del Suroeste SA, que mantenía un litigio con el anterior grupo de gobierno de Francisco González (PP) por unas presuntas facturas impagadas por parte del Ayuntamiento. Todo ello, dentro del marco de la guerra por el control del agua de abasto en el municipio de Mogán, que en 2015, antes de las elecciones que dieron la victoria a Onalia Bueno sobre Paco González, pretendía este remunicipalizar.

El auto de la jueza de Instrucción 1 de San Bartolomé de Tirajana, Raquel Lora Peón, exculpa de los delitos apreciados por los informes de la Guardia Civil tanto a Onalia Bueno como al empresario Luis Oller, así como otros funcionarios del Ayuntamiento de Mogán, que a juicio de la policía judicial se pusieron de acuerdo para sustanciar una serie de créditos a favor y en contra del Ayuntamiento por un valor final de unos 500.000 euros como contraprestación a la financiación de la campaña electoral del anterior partido de la alcaldesa, Ciudadanos por el Cambio (Ciuca), durante las elecciones de 2015.

Según la jueza, el acuerdo alcanzado entre las partes por valor de 475.092,27 euros a favor de la mercantil de Luis Oller tiene plena vigencia y legalidad porque fue ratificado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, mediante el auto de 13 de junio de 2019 que declaró que tal acuerdo tras 4 años de mediación intrajudicial administrativa no se apreciaba que fuera contrario al ordenamiento jurídico ni lesivo del interés público o de terceros.

Tal motivación se basa exclusivamente en las declaraciones de los investigados, que dijeron en sede judicial que nunca hubo amaño, e incluso Luis Oller llegó a arrepentirse de haber abierto la mediación intrajudicial “porque en un juicio habría obtenido más dinero, porque la mediación duró 4 años…”, y en ningún momento da por buenos los argumentos de los investigadores de la Guardia Civil, que señalaron indicios de delito de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos de Onalia Bueno, su teniente de alcalde Juan Mencey Navarro y el coordinador general del Ayuntamiento de Mogán, Salvador Álvarez León, así como indicios de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos por parte de David Chao Castro, secretario accidental y Gonzalo Martínez Lázaro, interventor, e indicios de cohecho y tráfico de influencias en el caso del empresario presuntamente beneficiado, Luis Oller Daza.

Tampoco se ha tenido en cuenta en todo este procedimiento la declaración de una testigo clave, la funcionaria del Ayuntamiento Patricia H., que siempre fue llamada a declarar en calidad de imputada, cuando en ningún momento de las diligencias previas tuvo la condición de investigada. A diferencia de un investigado, un testigo está obligado a declarar y a decir la verdad en una causa judicial, bajo apercibimiento de que, en caso contrario, puede incurrir en un delito de falso testimonio, castigado con penas de cárcel.

En el momento de los hechos, la funcionaria era la jefa de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Mogán y fue apartada de la mediación intrajudicial porque, como recoge el informe de la Guardia Civil que dio pie a esta investigación, “no estaba dispuesta a someterse al acuerdo” entre la empresa y el ayuntamiento.

El archivo de esta causa, una de las cuatro piezas separadas que se desgajaron de la investigación principal por presunta compra de votos en 2015 y 2019, es la segunda que queda archivada. Todavía quedan dos más abiertas pero como en la totalidad de casos en la que se ha visto inmersa la alcaldesa de Mogán todo apunta a nuevos carpetazos de investigaciones judiciales que a lo largo de más de 20 años nunca han traspasado la frontera de su partido judicial, San Bartolomé de Tirajana.

Son dos proyectos políticos tan diferentes, recelosos el uno del otro, que una exigencia como la de mantener una unidad de voto inédita en el Congreso de los Diputados se ha convertido en el escollo insalvable para cerrar una coalición electoral. Nueva Canarias y Coalición Canaria agotan sin acuerdo el plazo para concurrir juntas a las elecciones del 23 de julio, aunque aún queda la posibilidad de que lo hagan como alianza de partidos.

El primer intento de reeditar la coalición CC-NC en la provincia de Las Palmas como en 2019, con Unidos por Gran Canaria como tercera pata esta vez, ha embarrancado en la pretensión de CC de supeditar los posicionamientos de NC a un criterio unificado del que, según explican fuentes de la negociación, ninguno de los dos ha podido convencer al otro de cómo “desempatar” cuando hubiera discrepancias en el voto. Desde la más probable investidura del líder del PP, Núñez Feijóo, hasta la última de las mociones.

Ha sido entrar en un laberinto sin salida por esa exigencia, al igual que la secundaria de apoyar Nueva Canarias a Fernando Clavijo (CC) en la Cámara regional sin contrapartida alguna en un gobierno ya cerrado con el PP, los gomeros de ASG y los herreños de AHI. Si NC opina lo contrario que CC sobre una cuestión a debatir y votar en el Congreso de los Diputados, ¿qué criterio se impondría para esa unidad de voto, el de CC o el de NC? El bloqueo ha sido tal que no ha habido manera de superarlo, entre otras cuestiones porque CC se ha mostrado esta vez mucho más exigente con NC que en 2019.

Así, ambos partidos llegaron a entenderse en que esta vez el diputado que se obtuviera por la provincia de Las Palmas sería al 50% de tiempo compartido, dos años para cada uno, y no dos años y medio y año y medio como sucedió en la legislatura ahora cerrada con Pedro Quevedo (NC) primero y María Fernández (CC) después. Pero más allá del fifty-fifty, el acuerdo en el que hubiesen entrado otros partidos como el PNC o locales como Más por Telde (este de la mano de Unidos por Gran Canaria) ha sido imposible.

Esas mismas fuentes de la negociación, que remiten a las decisiones que tomen cada uno de los partidos implicados la semana próxima, dejan abierta la posibilidad a que el partido que han jugado NC y CC tenga una prórroga hasta el lunes 19 de junio, último día para presentar las listas electorales. Sería la fórmula de una alianza de partidos, y no una coalición electoral, que permitiría el apoyo a una candidatura, señalando en la lista el partido de los que no son de esa formación, o su carácter independiente.

Esa lista sería bajo el nombre de uno de los partidos, o de todos ellos. Es decir, en la papeleta podría figurar una retahíla de siglas o nombres tipo NC-CC-UxGC-PNC…o lo que ahora mismo pide el cuerpo a las partes en conflicto: concurrir en solitario. Es ese escenario, sin embargo, el más perjudicial para todos los implicados, tanto por la más que segura improbabilidad de alcanzar un escaño como por el alto coste que supone una segunda campaña electoral a los 50 días de haber terminado la de las del 28M.

No en vano, otras fuerzas regionalistas españolas que han obtenido representación en el Congreso en 2019, como Foro Asturias o Partido Regionalista de Cantabria (PRC), han decidido esta vez quedarse en casa y ver los toros desde la barrera.

El adelanto de las elecciones generales lo complica todo. Tanto como mezclar lo que sucede en Canarias a nivel político con lo que pueda ocurrir en Madrid. Es lo que está pasando en estos momentos con la negociación aún abierta entre Coalición Canaria y Nueva Canarias, más otros grupos nacionalistas, regionalistas e insularistas para cerrar una coalición electoral de partidos cara a la cita del 23 de julio.

El principal escollo radica en las posiciones de los dos partidos mayoritarios, CC y NC. A estas alturas del partido, Coalición Canaria exige a Nueva Canarias unidad de voto en las intervenciones que tengan sus diputados, por Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, en Madrid. Según apuntan fuentes de la negociación, CC entiende que no se puede dar de nuevo la imagen de esta legislatura, con Ana Oramas (CC) votando en un sentido y Pedro Quevedo (NC), en otro. Nueva Canarias, por su parte, quiere libertad de voto.

Pero no solo de votar al unísono en Madrid se trata. Coalición ha puesto encima de la mesa a NC que apoye la investidura de Fernando Clavijo a la Presidencia del Gobierno de Canarias, a pesar del pacto ya prácticamente cerrado entre CC y PP y el previsible apoyo a estos de los gomeros de ASG y los herreños de AHI.

La razón esgrimida por los nacionalistas conservadores en la mesa de negociación no es otra que la de mantener un criterio unificado, lo que en las filas de los canaristas de NC ha sentado como un ataque frontal a su independencia como partido político. Según la hoja de ruta marcada por CC en estas rondas de contactos, NC tendría que apoyar a su principal contrincante no solo en el Gobierno canario a cambio de nada, sino dar su voto a la previsible investidura de Núñez Feijóo después del 23J, si el PP se alza con el triunfo sobre el PSOE y le salen las cuentas para gobernar España, con o sin Vox.

La negociación no está rota. Esta misma mañana de martes Nueva Canarias convoca a los medios para valorar todas estas cuestiones, sin que el plazo para cerrar coaliciones electorales, que deberían formalizarse este miércoles y concluye el viernes, sea un obstáculo para seguir negociando, ya que la fórmula alternativa sería la de formar una alianza de partidos, no una coalición electoral. Para ello, se tiene el mismo plazo que el resto de partidos políticos, como la última opción de concurrir en solitario.

Otra de las opciones que está encima de la mesa, si no se logra un acuerdo en torno a la unidad de voto (negociada en cada caso una a una entre NC y CC, no un cheque en blanco para un futuro gobierno PP-Vox que para NC es inasumible), sería que los dos diputados que puedan obtener los partidos nacionalistas por las dos provincias canarias se abstuvieran. Nada de votar una cosa y la contraria. 

Este es el principal escollo para un acuerdo que contempla, por ambas partes, que NC y CC se repartan al 50%, dos años cada uno, el escaño que se pudiera obtener por las islas orientales. También está cerrado que el número 3 de la lista sea de Unidos por Gran Canaria, el partido de Bravo de Laguna que en 2019 concurrió junto a CC a las elecciones autonómicas y ahora lo ha hecho en solitario sin obtener representación.

Unidos por Gran Canaria obtendría, a cambio, al menos dos altos cargos dentro de las áreas del Gobierno de Canarias que detente Coalición Canaria en su pacto con el PP. Eso mismo le ha replicado Nueva Canarias a Coalición Canaria ante su petición de que apoye la investidura de Clavijo: pues déjame entrar en el Gobierno. 

Unidos por Gran Canaria, el partido fundado por el expresidente del PP de Canarias y del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, marca territorio y distancias con su exaliado Coalición Canaria, y este miércoles lanza su candidatura a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria con Enrique Hernández Bento de cabeza de lista y Carmen Guerra de número dos de cara a las elecciones municipales de mayo de 2023.

El partido que ahora preside el diputado autonómico Lucas Bravo de La Laguna, aún integrado en el grupo parlamentario de Coalición Canaria-PNC, decidió hace un mes romper lazos con la formación liderada por el expresidente del Gobierno autonómico Fernando Clavijo. En el caso concreto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pactó la salida del único concejal que obtuvo en la lista conjunta con CC-PNC, David Suárez, que ha preferido integrarse en Coalición Canaria y trabajar junto al concejal de esa formación en la capital grancanaria, Francis Candil.

Así, el siguiente paso en Unidos x GC será lanzar al exdelegado del Gobierno de España en Canarias, Enrique Hernández Bento, como candidato a alcalde. Bento, ex militante del PP y aspirante incluso a la presidencia regional del partido frente al anterior líder, Asier Antona, se significó en sus últimos años en el PP como firme partidario de que los populares llegaran a un pacto con el PSOE para desbancar a CC del poder autonómico. Su integración en Unidos x GC es un signo de la distancia que se quiere tomar con CC.

Ahora, el que optará a sustituir a Augusto Hidalgo (PSOE) como alcalde de la mayor ciudad del Archipiélago lleva un tiempo posicionándose tanto en su cuenta personal de Facebook como en la de su partido de manera crítica con las políticas municipales del tripartito formado por PSOE, Nueva Canarias y Unidas Podemos. Entre otros asuntos, Bento cuestiona la política de movilidad sostenible del gobierno progresista cuando se va a producir un conflicto laboral en Guaguas Municipales; o que  el servicio de bicicletas Sitycleta incumple la norma que exige que en línea de edificación no puede haber ningún obstáculo que impida el paso a las personas con discapacidad visual; o que no se haya abierto aún los centros de día de mayores en Ciudad Alta y La Isleta.

Junto a Enrique Hernández Bento, este miércoles será presentada como número dos de la lista la expopular Carmen Guerra. La todavía concejal en el grupo de no adscritos ha sido diputada nacional por la provincia de Las Palmas y senadora por la isla de Gran Canaria, aparte de cubrir tres etapas en los gobiernos municipales del PP desde la época de José Manuel Soria como alcalde (1995-2003) y Pepa Luzardo (2003-2007).

Guerra fue fichada por el PP desde el movimiento vecinal en los años 90 del siglo pasado, y precisamente han sido las diferencias con su valedora de entonces, la exalcaldesa Pepa Luzardo, la que la ha llevado a romper con el grupo popular y pasar a los no adscritos. Guerra se había quedado fuera del grupo de concejales del PP que tendrían mayor remuneración por su dedicación parcial o exclusiva a las tareas en la oposición en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Con esta oficialización de la candidatura de Unidos x GC, que se hará publica en la nueva sede del partido en la calle Muelle de Las Palmas, junto al Parque San Telmo, se inicia un curso político que marcará un año preelectoral como 2022, significado por los posicionamientos internos de partidos y candidatos.

En el caso del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, su actual alcalde, Augusto Hidalgo (PSOE) ya ha decidido no repetir en 2023 y opta a ser el candidato socialista que le dispute la presidencia del Cabildo de Gran Canaria a Antonio Morales (Nueva Canarias). Esa decisión de Augusto Hidalgo motivó recientemente el aplazamiento de los congresos insulares del PSOE canario, erupción del volcán de La Palma mediante, ya que a su vez tiene intención de disputarle a Sebastián Franquis la secretaria general de los socialistas grancanarios.

Ante esta circunstancia, los nombres que suenan para optar a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria en las filas del PSOE son los de la actual consejera insular de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena, o de la tercera teniente de alcalde de la ciudad y concejala de Servicios Públicos y Carnaval, Inmaculada Medina. Ya hay movimientos internos en ese sentido.

La empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC) y la mercantil adjudicataria del servicio de atención telefónica 1-1-2, Grupo Norte, han roto el contrato que por concurso vinculaba a la administración pública y a la empresa de trabajo temporal desde el 1 de febrero de 2017 y hasta al menos 2021. “Ha sido de mutuo acuerdo”, se ha limitado a informar a este diario Grupo Norte. Horas antes, la mercantil había trasladado su decisión a los más de 60 trabajadores de las dos salas operativas, en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, a través de los responsables de este servicio fundamental en la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

Pasadas las siete de la tarde, desde la empresa dependiente de las consejerías de Sanidad y de Presidencia, Justicia y Seguridad ahora todas bajo el mando del portavoz del Ejecutivo regional, Julio Pérez, se aclaraba a Canarias Ahora que el Gobierno ha optado “por la resolución de mutuo acuerdo [sin activar la cláusula de penalización por incumplimiento de contrato] para no causar ninguna distorsión del servicio a la ciudadanía en el momento actual y previendo un incremento de la demanda ante la desescalada y la vuelta a la normalidad. Los términos de esta resolución aún no se han culminado, por lo que en los próximos días se decidirá sobre los mismos”.

Grupo Norte había indicado esta mañana a sus responsables en Canarias que dejará de prestar ese servicio pero sin haber fijado aún la fecha concreta con el Gobierno de Canarias. Los empleados de esta ETT será subrogados por alguna empresa que se hará cargo de esos puestos de trabajo hasta que se licite un nuevo concurso. El contrato que todavía está en vigor se adjudicó el 15 de diciembre de 2016, por un importe total de 6.639.900,00 euros y entró en vigor el 1 de febrero de 2017, con una duración de 48 meses (hasta el 31 de enero de 2021).

No ha sido, por tanto, “una falta de liquidez muy puntual” que iba a solucionarse a lo largo de este abril, como refirió Grupo Norte a este diario hace dos semanas. Los más de 60 trabajadores del 1-1-2 cobraron con retraso sus nóminas de marzo, y la situación apuntaba ya a que se iba a reproducir este mes de abril. Los delegados sindicales en las Islas han reclamado información a la empresa sobre el futuro de sus puestos de trabajo o la tramitación de sus seguros sociales, sin recibir respuesta.

En el momento de trascender el retraso en las nóminas de los trabajadores (suelen cobrar entre el 27 y el 28 de cada mes y solo la intervención del Gobierno canario hizo que recibieran sus sueldos el martes 7 de abril), desde el Ejecutivo se apuntó a problemas administrativos de Grupo Norte. Fuentes gubernamentales explicaron a este diario que las cantidades abonadas a la empresa se hacían en tiempo y forma. No obstante, los problemas de tesorería, de los que la propia Grupo Norte ha admitido su existencia, podrían haber llevado a la ETT a tapar otros agujeros antes que las nóminas de los trabajadores del 1-1-2 Canarias, según indicaron esas misma fuentes.

Por el contrario, Grupo Norte siempre adujo, sin querer entrar en más detalles a preguntas de este diario, que el retraso en el abono de las facturas por parte del Gobierno de Canarias había sido uno de los motivos para el consiguiente retraso en las nóminas de 1-1-2 Canarias, pero también la pérdida de otros clientes privados.

Grupo Norte solo ha informado de ese “mutuo acuerdo” y el Gobierno canario, además de esa justificación de la rescisión pactada, no ha aclarado todavía la fecha del cambio de adjudicataria ni quién asumirá las funciones de la ETT Grupo Norte.

“En la actualidad se están estudiando opciones empresariales para mantener un servicio esencial en este momento de crisis pandémica. La idea es tener un prestador provisional de manera directa debido a lo esencial del servicio y al momento de pandemia y, posteriormente, hacer un concurso público”, ha indicado GSC a este diario.

Hay que escarbar mucho entre los expedientes de rechazo de productos vegetales y derivados de vegetales para encontrar en los últimos meses un cargamento tan grande como el que quedó bloqueado y posteriormente reexpedido en el Puesto de Inspección Fronterizo (PIF) del puerto de Santa Cruz de Tenerife este mes de abril.

La partida de 16 contenedores, unas 432 toneladas de papas de consumo con tierra adherida procedente de Israel e importada por una empresa de la presidenta de la organización profesional agraria ASAGA-Canarias, Ángela Delgado, es la mayor con diferencia que no ha pasado la norma fitosanitaria canaria, y por tanto ha tenido que ser devuelta a su origen o a donde la haya llevado su propietario.

Los datos de la Dependencia de Agricultura y Pesca de la Subdelegación facilitados a este diario por la Administración General del Estado así lo reflejan: solo en la provincia occidental canaria, en enero se procedió a bloquear y rechazar un contenedor con 25.000 kilos de papas de consumo procedente del Reino Unido. En febrero, la partida reexpedida fue otro contenedor de Dinamarca, con 27.500 kilos. La diferencia de cantidades entre uno y otro contenedor, según explica a este periódico la Jefa de la Dependencia, Silvia Solís, es que unas papas venían en sacos individuales y otras en yumbos, unos sacos muy grandes de gran cabida.

Además, esos expedientes, así como los de las quince partidas que fueron rechazadas en todo 2019, eran de diferentes importadores. El año pasado, esos quince cargamentos devueltos fueron todos de Reino Unido, a excepción de uno procedente de Marruecos. Y por ejemplo, solo en el mes de marzo de 2019 se ejecutaron ocho de esas quince reexpediciones a Inglaterra, pero ninguna de ellas sobrepasaba el contenedor por caso, es decir, unos 26.000 kilos de media. En total, unos 168.000 kilos, menos de 17 toneladas.

Pero si en enero y febrero de este año, las importaciones reexpedidas se limitaron, en el caso de las papas de consumo, a un contenedor cada mes, en marzo (en realidad el expediente de rechazo se abrió el 1 de abril), la empresa de la presidenta de ASAGA-Canarias, Cadimisa Canarias SL, rompió la báscula hasta alcanzar las 432 toneladas de las controvertidas papas presuntamente contaminadas.

La polémica ha sido de tal calibre que la justificación de Ángela Delgado de que el mercado quedaba desabastecido ha soliviantado a otras organizaciones profesionales agrarias, como COAG o PALCA, y a asociaciones y cooperativas que niegan la mayor. En todo caso, quien quedaba desabastecida para cumplir sus compromisos era la importadora, como bien ha dejado claro ella misma.

Es cierto que parte de la cosecha de papa canaria extratemprana se ha perdido por las inclemencias del tiempo a principios de año, pero no como para justificar la entrada deprisa y corriendo (con tierra adherida, sin el tratamiento adecuado según la Orden Ministerial de 1987) de 16 contenedores de papas de Israel. Así lo sostienen las organizaciones agrarias que se han manifestado claramente en contra de los argumentos de Ángela Delgado.

ASAGA-Canarias publicaba esta semana un comunicado oficial en el que anunciaba estar “dispuesta a emprender acciones legales contra informaciones falsas y no contrastadas de determinados medios de comunicación”, y aseguraba que “la importación es una actividad que realizan cadenas de supermercados con otras organizaciones agrarias que han firmado convenios”.

Esas importaciones, solo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, alcanzaron en 2019 las 24 toneladas y media, muy lejos de ese hipercargamento de 432 toneladas que de un solo golpe iba a inundar el mercado canario justo momentos antes de recoger la cosecha de la papa de la tierra. Las importaciones, siempre en la provincia occidental y de papa de consumo, a lo largo de 2019 procedían de Israel (1.458.400 kilos), Reino Unido (22.374.299 kilos), Dinamarca (291.540 kilos), Marruecos (250.000 kilos) y Chipre (50.000 kilos), de acuerdo a los datos facilitados por la Dependencia de Agricultura y Pesca de la Subdelegación.

Lo cierto es que la importación de papa de consumo (también se importa papa de siembra, aunque en 2019 se redujo a 1.407.100 kilos de las Islas Británicas y otros 400.000 kilos de Dinamarca) suele producirse por estas fechas, previa a la recolección de la papa canaria, y la pauta normal es que proceda del Reino Unido, ya que las del resto de países de origen suelen ser partidas extraordinarias.

Al respecto del destino de esas 432 toneladas de papas de Israel con tierra adherida, cuyo expediente de reexpedición se cerró este misma semana, según ha podido saber este diario fue remitido a un puerto mediterráneo, pero el cargamento puede haber sido revendido o destinado a otros mercados en plena alta mar. La jefa de Dependencia explica el procedimiento: “La comercializadora a nivel mundial con la que la importadora cerró la operación es PanEuropean Potatoes (PEP). Solo tenemos documentada la salida a 16 contenedores. El cargamento se montó en un barco e iba hacia tal puerto, pero puede haber se quedado ahí o cambiado de destino en alta mar, según la operación que haya hecho PEP”.

La responsabilidad de la Administración del Estado español, en estos casos en que no se cumple con la normativa fitosanitaria, pasa por tres opciones dentro de los expedientes de rechazo: la destrucción de la partida, su reexpedición, como ha sido el caso de las israelíes de Ángela Delgado, o su tratamiento. La refrigeración de la papa dentro de los contenedoras permite la reexpedición al país de origen (si se remitiera directamente a otro país, sería un proceso mucho más complicado desde el punto de vista burocrático con el beneplácito de esos países).

En otros casos, con productos vegetales más perecederos, se procede a su destrucción. Este mes, por ejemplo, se han producido ya 16 rechazos totales y 3 parciales. La mayoría de esos productos se deben destruir, como por ejemplo un palé de puerros que ya no sirven para acabar en las estanterías de los supermercados.

Tal y como había anunciado la propia Ángela Delgado, un segundo cargamento de seis contenedores de papa importada de Israel ha entrado ya en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, pasando los controles fitosanitarios.

El estado de alarma también ha traído consigo tensiones políticas en Canarias. La más importante: la destitución de la consejera de Sanidad, Teresa Cruz Oval, y con ello una renovación en esta área vital en la crisis sanitaria desatada por la COVID-19. Su cese se produjo a pesar de que esta comunidad presenta uno de los datos más bajos de muertes por coronavirus y con las UCI menos saturadas del país. No obstante, los cuchillos afilados sobre esta posible renovación se venían gestando desde hacía meses, con el descontento de parte de los sindicatos con su gestión y clamando por la vuelta a la consejería del que fuera director del Servicio Canario de Salud con Coalición Canaria, Conrado Domínguez, y que poco antes de la destitución de Cruz fue colocado al frente de la dirección técnica contra el coronavirus a propuesta del consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis (PSOE), y del vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez (Nueva Canarias). 

Domínguez era hasta ese momento secretario general técnico de Obras Públicas, Transportes y Vivienda y se incorporó el pasado 23 de marzo a un equipo que ya había sido conformado por el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ante las tensiones que se habían producido en el pacto de las flores (PSOE, NC, Sí Podemos y ASG) por la gestión de la consejera de Sanidad. Ese grupo de seguimiento de la crisis estaba integrado por Román Rodríguez, Teresa Cruz, Sebastián Franquis, además del consejero de Administración Pública, Julio Pérez; el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera; el viceconsejero de Comunicación, Ricardo Pérez; y el director general de Patrimonio y Contratación, José Julián Isturiz, que había estado al frente del Servicio de Urgencias Canario (SUC) durante la etapa como presidente del actual líder de Nueva Canarias. 

Solo un día antes de su cese, Cruz Oval aseguraba sentirse víctima de una campaña de desgaste: “No me dejan trabajar'', llegó a afirmar. Tras su destitución llegó también la de la directora del Servicio Canario de Salud, Blanca Méndez. Su puesto lo ha ocupado de forma interina el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, una persona de la máxima confianza de Torres. Así mismo, se decretaba el cese de la directora general de Salud Pública, Concepción Gil. En su lugar, se volvía a colocar a Juan José Alemán, responsable de esta área hasta agosto del año anterior. 

Los cambios en esa consejería han sido interpretados por parte de colectivos como la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Canarias como una maniobra de las clínicas privadas. De hecho, Isturiz fue gerente de Hospitales San Roque, cargo en el que sustituyó al exconsejero José Manuel Baltar, que además fue vicepresidente de la patronal privada. Como sustituto de Cruz Oval fue nombrado Julio Pérez, que hace más de una década tuvo responsabilidades en el gigante de la sanidad privada en las Islas, Hospiten, donde fue secretario del Consejo de Administración.

En los últimos días se han incorporado otras personas que pertenecían al anterior equipo de Coalición Canaria a la consejería. Además de Juan José Alemán, destaca Ignacio López Puech, nombrado director del área de salud de Tenerife en sustitución de Susana Cantero, que cesaba “a petición propia”, según recogió el Boletín Oficial de Canarias. Puech ya había ostentado el mismo cargo en la pasada legislatura con Coalición Canaria (CC). En 2016, protagonizó una polémica tras asumir la dirección de una clínica privada (Hospital Parque de Santa Cruz de Tenerife) nada más abandonar su puesto de gerente del Hospital Universitario de Canarias.

Otras tensiones, otros silencios

Más allá de la Consejería de Sanidad, también se han producido ciertas diferencias en materia económica por parte de socios de Gobierno como Nueva Canarias o ASG, que piden más contundencia del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en Madrid a la hora de presionar para que se pueda utilizar el superávit de la comunidad autónoma. El también presidente del Cabildo de La Gomera y pieza esencial en el pacto progresista de la comunidad autónoma, ha llegado a hacer declaraciones como que no descarta que se tengan que realizar ajustes de personal en la administración pública, a lo que el portavoz del Gobierno, Julio Pérez, ha contestado que “no sobra nadie” en la administración. 

Si en esta crisis sanitaria y económica han destacado las voces de líderes como el vicepresidente Román Rodríguez o la consejera de Economía, Elena Máñez, así como la de Turismo, Yaiza Castilla, no ha sobresalido la de la consejera de Agricultura, Alicia Vanoostende, que se ha mantenido al margen de la polémica por las papas de Israel bloqueadas en Tenerife por riesgo fitosanitario, en un momento en el que el campo canario ha lanzado un SOS y a escasas semanas de que empiece la cosecha de papa canaria. Una situación que ha hecho que otro de los socios del Gobierno, Podemos, pida explicaciones: lo hará en la próxima comparecencia de la consejera ante la Diputación Permanente del Parlamento de Canarias.

El turismo es otra de las áreas más resentidas de esta crisis del coronavirus. Con el cierre de hoteles y del espacio aéreo se avecinan unos meses complicados para reactivar esta actividad. En la consejería que lidera Yaiza Castilla (ASG), además se han producido cambios en importantes empresas públicas como Promotur y Hecansa. Solo unos días antes de la declaración del estado de alarma se anunciaba un proceso de renovación en ambas para lo que se convocará una oferta pública y abierta. El cese de María Méndez, diez años al frente de esta entidad, se producía el pasado 3 de abril, y unos días después el de Alberto Ávila. Se trata de una situación que genera inquietud en el sector del turismo y más en un momento delicado como el actual. 

La gestión de la crisis del coronavirus también está generando críticas por parte de algunas voces del propio PSOE. El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, ha protagonizado algunas polémicas. Recientemente, ha responsabilizado al Mercado de La Laguna del elevado número de contagios que según él hay en el municipio. Además, en los primeros días de la crisis sanitaria llegó arremeter contra las familias que hicieron regresar a sus hijos estudiantes de la Península a las Islas: “Hay que ser muy irresponsables para haber traído a sus hijos de Madrid durante esta cuarentena”, aseguró.

Pero no sólo en los cabildos ha habido de todo. Iniciativas como la del grupo de gobierno del Ayuntamiento de La Laguna (PSOE, Unidas Se Puede y Avante) de rebajarse el sueldo en un 30%, justo el porcentaje que ve mermado cada trabajador que se ve forzado a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), no solo cogió con el pie cambiado a la oposición y a la propia Federación Canaria de Municipios, sino al mismo partido del alcalde, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE). Tanto, que este mismo miércoles el presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, compañero del alcalde en la misma agrupación socialista de La Laguna, lanzaba una puya: “Lo de rebajarse el sueldo no es para hacer una carrera”. 

Todo en un primer mes de confinamiento que no ha terminado de desatar en Canarias la tormenta política que sí se atisba a escala estatal. La actividad parlamentaria se ha reanudado, eso sí, justo el 14 de abril con la comparecencia del presidente de Canarias ante los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios. Y aunque la oposición no ha escatimado críticas a la gestión gubernamental, el ruido no alcanza al cruce de dardos entre los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. Todo se andará… 

El caso de las papas con tierra presuntamente contaminadas y bloqueadas en el puerto de Santa Cruz de Tenerife tiene cada día que pasa peor pinta. Las más de 400 toneladas importadas de Israel por la presidenta de una de las organizaciones agrarias locales, Ángela Delgado (ASAGA), con tierra adherida y sin los debidos controles fitosanitarios, ha puesto en pie de guerra al sector por su insistencia en sostener que los agricultores isleños no pueden abastecer al mercado canario, a escasas semanas de la recogida de la cosecha.

A las respuestas de otros productores, como este jueves lo hicieran desde Tenerife y Gran Canaria representantes de COAG, se une ahora la exigencia de otra organización con origen en la isla de La Palma, la Plataforma Agraria Libre de Canarias (PALCA), que se ha dirigido a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias para que en aplicación estricta de la norma vigente se destruya o se devuelva el cargamento.

El presidente regional de PALCA, Amable del Corral, ha pedido por carta a la consejera, también palmera, Alicia Vanoostende, no saltarse la Orden Ministerial del 12 de marzo de 1987 por las que se establecen para las Islas Canarias las normas fitosanitarias relativas a la importación, exportación y tránsito de vegetales y productos vegetales, dentro de la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea de entonces (hoy Unión Europea) y a su Política Agraria Común. En resumen: ese texto consolidado con una última modificación de 28 de enero de 2006 contempla las especiales exigencias fitosanitarias en el territorio insular canario, con medidas de protección contra la introducción de organismos nocivos para vegetales y productos vegetales.

Los agricultores asociados en esta organización profesional agraria recuerdan a la consejera regional de que esa Orden se ha incumplido sistemáticamente en Canarias, “donde han entrado más de ochenta y cinco plagas y enfermedades, estando otras tantas a que le abramos ligeramente la puerta”, y se remite a un estudio del propio Instituto Canario de Investigaciones Agrarias.

“Con la mencionada OM en la mano, aquí no pueden entrar vegetales ni productos vegetales que traigan tierra adherida. No nos explicamos cómo pueden continuar esos contenedores en el PIF [Puesto de Inspección Fronterizo del puerto de Santa Cruz de Tenerife], cuando lo lógico sería reexpedirlos a origen o destruir su contenido. Porque a estas alturas, y vistas algunas imágenes [como la publicada por Canarias Ahora el martes pasado y que acompaña de nuevo esta información], aún no tenemos claro si son papas con tierra o tierra con papas”, escribe el presidente regional de PALCA a la consejera de Agricultura.

La plataforma agraria apunta también a la presidenta de ASAGA, propietaria a su vez de una mercantil que ha suscrito un contrato para abastecer a una cadena de alimentación. Así, PALCA “no entiende, con la que está cayendo, cómo esta empresa se atreve a importar papas en estos momentos cuando en Canarias no hay turismo, no existe desabastecimiento y en próximas fechas se recogerán las cosechas de nuestros agricultores”.

En la misiva a la que ha tenido acceso este periódico, Del Corral critica: “A esto se llama solidaridad con nuestra gente del campo que vive asfixiada y en la incertidumbre. Estamos convencidos que estos Sres. [de la empresa Cadimisa Canarias SL, propiedad de la presidenta de ASAGA, Ángela Delgado] han visto todas las campañas actuales de promoción de nuestros productos [entre ellas, una de la propia Consejería regional] y las están poniendo en práctica a rajatablas”.

En este sentido, a raíz de la publicación por este periódico de la noticia del bloqueo de las papas sucias, Ángela Delgado grabó un video [también publicado en Canarias Ahora] en el que sostenía que el resto de organizaciones de profesionales agrarios decían que no podían abastecer el mercado con sus cosechas. 

Fue esa una afirmación tan polémica que al día siguiente motivó que tanto Rafael Hernández, de COAG Canarias, como Miguel López, de COAG Tenerife, le replicaran. El primero reveló que nunca le había dicho que no podía abastecerla de papas para su contrato, sino que él no lo haría por debajo del precio de mercado. 

El segundo, incidió en lo mismo, con más contundencia si cabe: “Si esas papas de Israel entran, revientan el mercado de Canarias a la baja”. Y fue más allá: “No se puede sorber y soplar al mismo tiempo. No se puede tener un discurso de defensa de los intereses de los productores locales y a la vez una actividad importadora”.

Ahora, la plataforma agraria PALCA avisa a la consejera que “si por arte de birlibirloque esta partida traspasa la puerta del puerto de Santa Cruz de Tenerife, la responsabilidad pasaría del gobierno de Madrid al de Canarias y, sinceramente, no es plato de buen gusto ver implicada a la Sra. Consejera en este tejemaneje. El que advierte no es traidor”, apunta Del Corral. 

“Si por avatares del destino esas papas entran en Tenerife, es motivo más que suficiente para que cualquier otro importador, llegado el caso, exija lo mismo”, advierte PALCA sobre las consecuencias de permitir la entrada de la mercancía retenida en el PIF. “Cuando a una persona se le llena la boca defendiendo los intereses de agro canario y luego se ve implicada en una operación de este tipo, lo mejor que podría hacer es dimitir del puesto de responsabilidad que con tanto orgullo dice defender”, concluye el presidente de la plataforma agraria PALCA.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca canaria no se ha querido posicionar en esta polémica, precisamente por no ser un asunto de su competencia el estado actual del cargamento, aún retenido en el Puesto de Inspección Fronterizo, dependiente del Gobierno de España. Aún así, Unidas Podemos ya ha planteado una interpelación a la consejera, para su próxima comparecencia ante la Diputación Permanente del Parlamento de Canarias.

Además, la Delegación del Gobierno de España en Canarias ha asegurado a organizaciones agrarias como COAG que estará estos días especialmente vigilante para controlar los productos que entran por los puestos fronterizos de las islas. 

Los trabajadores de un servicio fundamental en esta crisis sanitaria provocada por el coronavirus, la atención telefónica del 1-1-2 Canarias, han empezado a cobrar a lo largo de la mañana sus nóminas de marzo, después de que el Gobierno regional tuviera que intervenir durante el fin de semana ante el anuncio a sus empleados de la adjudicataria del servicio, la empresa de trabajo temporal Grupo Norte, de que no podía hacer frente a sus obligaciones salariales “por falta de liquidez”.

Los dos representantes sindicales han confirmado este martes a Canarias Ahora que, a pesar de que en ningún momento desde la ETT Grupo Norte se han puesto en contacto con sus delegados en las dos salas del 1-1-2 Canarias, prácticamente la totalidad de los 63 operarios entre Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife han visto cómo ingresaban en sus cuentas corrientes sus sueldos del mes pasado.

“Solo tenemos constancia de lo que el Gobierno de Canarias, a través del gabinete de prensa del 1-1-2, trasladó a la opinión pública desde el sábado pasado: que se iba a poner en contacto con Grupo Norte para que pagaran las nóminas el lunes”, ha explicado a este diario el delegado sindical en Las Palmas Humberto Rodríguez (CCOO). “Entendemos que es una solución temporal, porque si han anunciado que tienen falta de liquidez, no creo que Grupo Norte haya solventado ese problema en dos o tres días. Es lo que sabemos, que hemos cobrado, pero nada más”, indica.

Desde la sala de Santa Cruz de Tenerife, Juan Manuel Quintero (USO) confirma que “a día de hoy [mediodía de este martes] la empresa sigue sin ponerse en contacto con los representantes. Haber cobrado supone un gran alivio, pero es momentáneo porque seguimos a la expectativa de qué va a pasar con la empresa. Además, no nos han respondido a nuestros correos solicitando información sobre si han procedido a pagar nuestros seguros sociales, por ejemplo. No sabemos nada”.

Sin embargo, la ETT Grupo Norte ha respondido por correo electrónico a la solicitud de este periódico de conocer su versión de los hechos. Así, Grupo Norte achaca que este retraso “es la primera vez que ocurre, derivada de una falta de liquidez muy puntual que obedece a las condiciones excepcionales que estamos viviendo. La liquidez se ha visto comprometida de una manera atípica por los retrasos en el pago de los clientes, dada la excepcionalidad del momento. También por el retraso de la factura mensual que debe abonar el propio Gobierno canario”. El Ejecutivo había achacado a “problemas administrativos” de la empresa ese retraso en los pagos.

Grupo Norte agradece, “una vez resuelta la situación puntual”, a sus trabajadores del 1-1-2 Canarias el esfuerzo que están realizando, y que demuestran “estos días su compromiso y profesionalidad por encima de las circunstancias”. 

Uno de los pilares fundamentales en la crisis sanitaria del coronavirus, los trabajadores que prestan servicios esenciales de asistencia telefónica en el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno canario, aún no ha cobrado sus nóminas de marzo. El impago ha obligado a intervenir al Ejecutivo regional para solventar cuanto antes el conflicto creado en el servicio 1-1-2 Canarias por la empresa Grupo Norte, adjudicataria del servicio desde 2017.

La alarma saltaba este sábado mediante un post en redes sociales de empleados del 1-1-2: “La empresa Grupo Norte, que tiene subcontratado el servicio de atención telefónica de urgencias y emergencias 1-1-2 Canarias, desde el 1 de Febrero de 2017 nos comunica hoy [por este viernes] 3 de Abril, que no tiene liquidez para pagarnos la nómina y hasta la fecha no sabe cuándo podrá hacerlo”.

La empresa pública responsable, Gestión para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC) ha explicado a Canarias Ahora que supo el viernes de esa comunicación de Grupo Norte a sus empleados.

Su respuesta oficial ha sido que “dada la gravedad de la situación y la importancia del trabajo que desempeñan estos profesionales en el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad, GSC se ha puesto en contacto con Grupo Norte para solucionar el problema de forma inmediata y, tras las gestiones realizadas, se nos ha garantizado que el próximo lunes se realizará el pago de las nóminas a los trabajadores”.

Este periódico ha intentado en vano, también a través del GSC, ponerse en contacto directo con Grupo Norte, para conocer las razones de este retraso en las nóminas y de cuándo tiene previsto cumplir sus obligaciones con los trabajadores del 1-1-2.

Sin embargo, fuentes gubernamentales explican que desde la Comunidad Autónoma se han librado todos los pagos a la empresa adjudicataria Grupo Norte, porque de lo contrario incurrirían en irregularidades. “Se le paga seguro porque las administraciones tienen el pedido medio de pago, que si no cumplen, nos castigan”, apunta una fuente del Ejecutivo.

Cuestión aparte es lo que haga esa empresa adjudicataria con esos pagos públicos para cubrir un servicio público. Si los destina a su tesorería para cubrir otros agujeros de impagos de otros clientes y hacer equilibrios en sus cuentas, o si los dedica íntegramente a pagar a sus empleados por el servicio que está cobrando. La ley no obliga a que sea un destino finalista.

A lo largo de estas tres semanas de crisis sanitaria, confinamiento y desconcierto de la población sobre su propia salud, los trabajadores del 1- 1-2 han difundido sus reivindicaciones para dotar de más medios y de más personal a la asistencia telefónica de urgencias y emergencias. El trabajo se ha visto desbordado por la cantidad de llamadas realizadas por gente preocupada por sus síntomas. Tanto, que finalmente hubo de habilitarse otro teléfono exclusivo para casos de coronavirus, el 900 661 112.

El servicio telefónico de urgencias 1-1-2 ha sido también determinante en los últimos episodios críticos vividos en las Islas, como los incendios de Gran Canaria en agosto pasado, o de esta misma isla y de Tenerife en pleno mes de febrero, cuando la mayor de las calimas que se recuerdan en el Archipiélago tiñó de naranja el cielo y puso en peligro por alergias y asma a buena parte de la población. Y después llegó el virus…

“La primera semana esto era un muerto. Nadie venía a comprar nada en el mercado, estaban todos los puestos vacíos”, cuenta Caty desde su puesto de frutas número 29 del mercado municipal de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria. La población capitalina hacía colas inmensas y se agolpaba en las grandes superficies de alimentación y en los supermercados de las firmas más conocidas, incluso con regulación de tráfico de carritos entre las estanterías.

Pero a la pequeña tienda del barrio, o a los puestos del mercado de abasto, nadie se acercaba…este mismo miércoles, a primera hora la cola regulada para entrar en el Hiperdino de Triana casi doblaba la esquina de Munguía con Francisco Gourié. Sin embargo, a la frutería de la esquina o el negocio de alimentación de enfrente casi nadie entraba. Más bien al golpito. Lo mismo sucedía en el mercado municipal de Vegueta, cuyos puestos como los pequeños comercios de se han volcado en el reparto a domicilio como única solución a dar salida a sus mercancías.

La reacción de los puesteros en varios mercados de Las Palmas, también el de Altavista, ha sido organizarse y llevar sus productos hasta la puerta del consumidor, como muchos otros ganaderos y agricultores que ya lo hacen directamente. Este miércoles a primera hora, en un mercado casi vacío pero repleto de frutas, verduras, carnes y pescados, Caty explicaba para Canarias Ahora cómo superaron el primer golpe: ofreciendo a través de las redes sociales su compra a domicilio. “Todas estas cajas que ve son para repartir cuando salgamos del mercado”, explica. “Estamos muy agradecidos a todos los clientes, que se nos han echado a llorar por la labor que estamos haciendo”, comenta.

El trabajo es agotador. No solo porque después de su jornada habitual en el mercado tengan que hacer esos repartos a domicilio a barrios de la ciudad como Zárate, San José, San Juan, Tres Palmas, o hasta Jinámar o Tafira, sino porque hay que madrugar además mucho antes para llegar a Mercalaspalmas. “Cuando vas al Merca encuentras de todo, los pasillos llenos; pero ahora están los pasillos vacíos, no hay brócoli, no hay coliflor, la habichuela está a seis euros y pico…toda la verdura está subiendo de precio, porque los agricultores no pueden atender sus tierras y no pueden llevar su mercancía al Merca”.

Caty se cuestiona cómo desatascar esa cadena paralela a las grandes superficies y supermercados: “Los agricultores tienen miedo de salir a la calle por si los para la Guardia Civil. ¿A dónde va usted? A mis tierras. ¿Y cómo lo demuestras? Por eso pasa que nos estamos quedando sin suministros”, sentencia.

Por el momento no es necesario. El Gobierno de Canarias ha habilitado plantas vacías de los hospitales isleños ante un previsible repunte de enfermos por el coronavirus en las Islas. Es esa una de las medidas inmediatas adoptadas por la Consejería de Sanidad días atrás. Ahora, el nuevo comité de gestión de emergencia sanitaria creada al efecto por el Ejecutivo autónomo fija también entre sus objetivos los recintos feriales de Gran Canaria y Tenerife como grandes espacios en la lucha contra el COVID-19. Sobre todo para derivar a otros enfermos que no han sido contagiados.

En Gran Canaria, el Cabildo ha recibido la petición de poner a punto sus instalaciones de la Institución Ferial de Canarias (Infecar). La idea del gabinete de crisis autonómico del que forman parte antiguos expertos en Sanidad, Seguridad  y Emergencias como José Julián Isturiz (puso en marcha el 112 en la etapa de Román Rodríguez en Sanidad, hace 20 años) y Conrado Domínguez (exdirector del Servicio Canario de Salud en el último gobierno de Coalición Canaria) es contar con ese amplio espacio comunicado en la parte alta de Las Palmas de Gran Canaria para alojar pacientes y desalojar camas de centros hospitalarios. Siempre que fuera vital, ya que de momento están aún vacías y preparadas varias plantas de los hospitales de referencia de la isla.

Desde la Presidencia del Cabildo ya se han dado instrucciones para acondicionar la Feria del Atlántico. Por ahora, preparar el operativo de limpieza y desinfección de todo el recinto, que cuenta con pabellones, un palacio de congresos y salas versátiles, además de dos áreas de aparcamiento como para montar un gran dispositivo de emergencia si se diera el caso de un colapso de los centros sanitarios de la isla. Como ha sucedido en otros puntos estratégicos de la isla, militares de la UME inspeccionan también estas instalaciones desde el punto de vista de la logística.

En Gran Canaria, con un centenar de infectados, las medidas que se están tomando de aislamiento de la población y cierre paulatino del tráfico aéreo y marítimo de pasajeros deben contribuir a que el coronavirus no se propague. De ser así, la guerra contra el COVID-19 terminará concentrándose en la capital de la isla, que cuenta con sus grandes aéreas hospitalarias, en torno al Hospital Insular y Materno y en el Doctor Negrín, como principales puntos de referencia para afrontar la crisis y albergar a la población que enferme y necesite asistencia médica de urgencia y cuidados intensivos. Infecar entraría en una segunda fase para pacientes con patologías mucho más leves.

Aparte de las decisiones internas adoptadas por el Gobierno canario para coordinar mejor la emergencia sanitaria, el Cabildo de Gran Canaria pone en marcha sus propias actuaciones, después de reorganizar los servicios a lo largo de esta primera semana. Su presidente, Antonio Morales, indicaba este sábado que su comité de seguimiento de la crisis lo componen todos los miembros de su gobierno, técnicos invitados y habilitados nacionales que analizarán cada dos días la evolución de la crisis y sus respuestas.

Así, este lunes se prevé que funcionen plenamente los servicios esenciales (agua, residuos, riegos, atención a menores, centros sociosanitarios, atención a mujeres) mientras el resto queda en servicios mínimos por medio del teletrabajo. 

En el caso del Recinto Ferial de Tenerife, puesto a disposición del Gobierno por la Corporación insular presidida por el socialista Pedro Martín, Diario de Avisos informa este sábado que su destino principal será hacer las veces de gran centro logístico.

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Teresa Cruz, no será destituida en medio de la crisis del coronavirus COVID-19 por las consecuencias políticas que eso pudiera ocasionar. Pero dentro del Ejecutivo ya es un clamor que ni ella ni su equipo están actuando a la altura del problema. “Un desastre” es la definición más generosa que pronuncian personas cercanas al comité de gestión que preside Ángel Víctor Torres, que se ha reforzado estos últimos días con la presencia de dos viejos conocedores de la administración sanitaria canaria: José Julián Isturiz y Conrado Domínguez, que han sido propuestos por dos de los pesos pesados del Ejecutivo, el vicepresidente Román Rodríguez (Nueva Canarias), y el consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis (PSOE), que pasan a desempeñar puestos claves en ese órgano junto al consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez.

La contestación contra la consejera de Sanidad se ha convertido en incontrolable dentro del Servicio Canario de la Salud (SCS). Este jueves el presidente del Gobierno accedió a retirarle las competencias de comunicación, que asumió directamente el viceconsejero de Comunicación, Ricardo Pérez, adscrito a Presidencia del Gobierno. El riesgo a que se apagara la estrella que ha acompañado a Ángel Víctor Torres en las diferentes y graves crisis a las que se ha tenido que enfrentar desde que llegó al Gobierno (incendios en Gran Canaria, apagón general en Tenerife, crisis de Thomas Cook, entre otras) era palpable. En el entorno de la consejera relatan episodios extravagantes que denotan no solo la falta de experiencia en la gestión de la comunicación, sino también en el flujo de instrucciones y de coordinación con los mandos intermedios, la falta de liderazgo y el preocupante desconocimiento de una estructura organizativa y sanitaria que durante dos décadas ha funcionado con la inercia propia de equipos inamovibles que arrancaron en los 90 con Román Rodríguez como director general Asistencia Sanitaria (el antecedente del SCS) y culminaron el verano pasado con Conrado Domínguez en el mismo puesto.

La falta de liderazgo se manifestó recientemente en la orden de Teresa Cruz de que sus subordinados mantuvieran reuniones con los responsables de las clínicas privadas de ambas provincias para coordinar el mandato ministerial de asumir desde las administraciones públicas la gestión de esos centros. La reunión se produjo con las clínicas de Santa Cruz de Tenerife, pero no con las de Las Palmas. Nadie ha logrado encontrar una explicación.

“Hasta los centros de salud van por libres ante la falta de instrucciones concretas”, se queja un veterano de la administración sanitaria autonómica. Comisiones Obreras lo ha plasmado este viernes en un duro comunicado en su web criticando a la consejera Cruz por la carencia de material, la falta de formación de profesionales en “servicios de alto riesgo” y la incapacidad para utilizar “todos los recursos a su disposición”, como las camas de las clínicas privadas, montar hospitales de campaña donde sea necesario, recurrir a otros estamentos de la administración para luchar contra la pandemia, o la falta de decisiones de gestión, como la suspensión de las consultas programadas, el alojamiento aislado para el personal expuesto al contagio y la logística necesaria para que las plantillas puedan trabajar más eficazmente.

En realidad llueve sobre mojado. Las críticas de las centrales sindicales presentes en la sanidad pública provienen desde pocos meses después de que la consejera Teresa Cruz tomara posesión de su cargo. En mayo de 2019, los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras, UTG y Cemsatse, ya pedían que el Gobierno socialista no removiera de su cargo de director del Servicio Canario de la Salud a Conrado Domínguez, un profundo conocedor de la casa por dentro, que fue nombrado por otro profundo conocedor de la gestión sanitaria, especialmente en el sector privado, José Manuel Baltar. Aquellos primeros conatos de rebelión no contaban con la unanimidad de todas las centrales, pero obligó a reaccionar al presidente del Gobierno para esquivar una huelga a los seis meses de constituirse.

La movilización respondía a un problema que nada tenía que ver con la gestión sanitaria del coronavirus, sino con oposiciones y promoción interna. Pero desde aquel momento ya se empezaron a atisbar las carencias de gestión que ahora, con una crisis de este calibre, se han convertido en enormes.

De ahí que Ángel Víctor Torres haya recurrido al núcleo duro de su Gobierno (Román Rodríguez y Sebastián Franquis) y éstos a dos de sus personas de confianza, ambos actualmente con cargos en sus respectivas consejerías y ambos especializadas en la gestión sanitaria. José Julián Isturiz atesora un amplio currículo académico y profesional en ese campo. Es Doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona en el programa de Derecho Público Global y especialista universitario en Gerencia de Áreas de Salud y en Dirección Hospitalaria. Acompañó a Román Rodríguez y otros en la creación del Servicio de Urgencias Canario, el 1-1-2, aprovechando la experiencia que en la misma materia había desarrollado en el País Vasco. Actualmente es el director general de Patrimonio del Gobierno canario.

Conrado Domínguez, por su lado, es el actual secretario general técnico de Obras Públicas y veterano funcionario del Servicio Canario de la Salud. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, máster en Economía de la Salud y Gestión de Medicamentos, postgrado en Farmaeconomía y postgrado en Economía de la Salud por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, ha sido gerente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, entre otros cargos. Conoce la administración sanitaria por dentro y tendrá la función de desbrozar algunos obstáculos que se han levantado frente a la actual consejera.

El proyecto de almacenamiento de gas natural licuado (GNL) para buques y la central eléctrica de 70 megavatios ligada a la concesión que ha decidido poner en marcha la Autoridad Portuaria de Las Palmas se convertirá en un modelo a seguir por Puertos del Estado para la descarbonización de todos los puertos españoles.

El Estado ya tiene conocimiento del plan concedido en el Puerto de La Luz y de Las Palmas a Totisa Holdings, tras la presentación formal realizada por Luis Ibarra, presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, a Francisco Toledo, presidente de Puertos del Estado, este miércoles. Y la primera impresión en Madrid es que la idea de almacenar gas para buques, generar energía con ese gas y también poner en marcha el repostaje de buques con motores apagados (cold ironing) es hoy en día “la solución para reducir las emisiones de gases en los puertos”.

La presentación del proyecto de planta de almacenamiento de GNL ha tenido una gran acogida en Madrid. “Les ha encantado”, explican fuentes portuarias a esta redacción. Y no solo porque la puesta en marcha de esta idea planteada hace ya dos años por Totisa Holdings acabe reduciendo drásticamente las emisiones de gases desde el puerto hacia la ciudad o descarbonizando un puerto en la línea hacia la obligada transición en el modelo energético general, sino porque también resuelve la adecuación de las redes de energía en los puertos “para las potencias tan altas que necesitan los buques y los cruceros”, apuntan responsables del proyecto.

En el caso de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, las principales fuentes de emisiones tóxicas del tráfico marítimo y las operaciones portuarias tienen especial incidencia entre su población, debido a su posición con respecto al puerto y a los habituales vientos dominantes del Noreste, cuando soplan los alisios. Las Palmas es la ciudad más contaminada del Archipiélago y los cálculos presentados apuntan que la provisión de GNL para la propulsión (bunkering) y de electricidad desde el puerto para buques y cruceros (cold ironing) permiten reducir las emisiones en el ámbito portuario, consumiendo menos combustibles contaminantes.

En concreto, la reducción de emisiones en el puerto grancanario gracias al suministro eléctrico a embarcaciones alcanzaría un 98% en el caso de los óxidos de nitrógeno si se compara con las emisiones de fuel, de un 57% en dióxidos de azufre, el 42% en óxidos de carbono, un 95% en compuestos orgánicos volátiles o un 90% en partículas, así como un 68% menos en dióxidos de nitrógeno.

Además, las explicaciones facilitadas este miércoles a Puertos del Estado inciden en ventajas medioambientales como la penetración de las energías renovables, ya que los motores alternativos permiten la integración en el sistema eléctrico de la isla de la misma potencia de origen renovable y la energía eléctrica generada por Totisa Holdings en su planta de 70 MW sustituirá a la generación de electricidad realizada con gasóleo o fueloil, consideradas ya de bajo rendimiento y antiguas.

El proyecto, al que ha tenido acceso esta redacción, presenta también variables económicas como la incorporación de un nuevo operador, Totisa, al escenario de generación en Canarias, con la consiguiente diversificación en pos de la eficiencia, la sostenibilidad y la calidad del sistema eléctrico canario.

La reducción del coste de la energía para todos los operadores portuarios es otro de los factores claves expuestos al Estado, entendiendo que dada la alta eficiencia de los motores, unida a las menores pérdidas derivadas de su localización, darán lugar a una reducción del precio de la electricidad, y a una mayor dinamización económica. Del mismo modo, el importante volumen de almacenamiento permite ofrecer precios competitivos de GNL, promoviendo el tránsito de buques en el puerto y situando a La Luz como referente portuario en el Atlántico Medio.

La puesta en marcha del proyecto de Totisa está estimada en unos 100 millones de euros, y para el desarrollo del cold ironing de suministro a buques con sus motores apagados, la Autoridad Portuaria estima también otros 20 millones de euros, con un 75 de financiación europea, para instalar todas las conexiones y canalizaciones en todos los muelles desde la planta eléctrica.

El proyecto presentado al presidente de Puertos del Estado incluía todas las fases del mismo, desde la generación de electricidad hasta el almacenamiento de GNL, y también el modelo de cold ironing. Las previsiones de los responsables es que este verano ya estén revisados y aprobados los informes necesarios para iniciar las obras, tanto los medioambientales como los de seguridad.

El juez del caso Emalsa ha abierto juicio oral contra quince acusados por la Fiscalía durante su gestión al frente de la empresa mixta de aguas de Las Palmas de Gran Canaria. El Ministerio Público ha pedido penas de cárcel que oscilan entre los dos y los seis años, así como 12 meses de multa con cuota diaria de 50 euros por el delito continuado de apropiación indebida; o alternativamente las penas de cuatro años y 46 millones de euros –el duplo del perjuicio ocasionado a la empresa- por el delito continuado de administración desleal.

En un auto fechado el 12 de febrero, el magistrado Luis Galván decreta la apertura de juicio oral e impone una fianza de 25.330.000 euros a trece de los acusados, la mayoría directivos de los socios privados del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en la empresa mixta Emalsa, Saur y Sacyr-Valoriza, debido a una serie de irregularidades detectadas en una veintena de contratos que suscribieron estos entre 2008 y 2011, haciendo prevalecer su mayoría accionarial (66%) frente a la parte pública que aún detenta la administración municipal (34%).

Así, los acusados, entre los que figura uno de los grandes empresarios de Canarias y propietario de la constructora Satocan, Juan Miguel Sanjuán, en su calidad de miembro del consejo de administración de Emalsa, tienen un plazo de 24 horas desde la notificación del auto del Juzgado de Instrucción 6 de la capital para hacer frente de manera solidaria a esa fianza, si quieren evitar embargos judiciales por esa cantidad. En el caso de otros dos acusados, el yerno de Sanjuán y también directivo de la constructora Satocan, José Julio Artiles Moragas, y del empleado de estos Pedro José Higueras Dávila, la fianza se reduce a 2.268.750 euros.

Los acusados por el Ministerio Fiscal son los directivos y técnicos de las empresas privadas de Emalsa y empresarios Gerard Jean Fernand Thierry, José Manuel Calderero, Guy Christian Founier, Jesús Ángel Blanco García, Rafael González Bravo de Laguna, Laura Rivero Padrón, Pablo Abril Martorell Hernández, Oliver Brousse, José Luis Pérez Talavera, Pierre José Claude Pans, Alfonso Ignacio López Díaz de Durana, Juan Miguel Sanjuán Jover, José Luis Rubio Díaz de Tudanca, Pedro José Higueras Dávila y José Julio Artiles Moragas.

Los hechos por los que serán juzgados en la Audiencia de Las Palmas se basan en una serie de irregularidades en una veintena de contratos de la empresa mixta. En la mayoría de estos contratos, según relata en su escrito de acusación la fiscal de Delitos Económicos Evangelina Ríos, aparece Sercanarias, filial de los socios privados de Emalsa, como la adjudicataria beneficiada. De la investigación de la Fiscalía se desprende que los socios privados del Consistorio capitalino vulneraron “absolutamente” la normativa aplicable a la hora de adjudicar esos contratos.

El modo detectado por el Ministerio Fiscal se repite en esos acuerdos suscritos entre Emalsa y Sercanarias, como el hecho de no publicarse los pliegos de especificaciones técnicas para que otras empresas pudieran presentar ofertas, a pesar de que las propias normas de la compañía así lo indican si el montante de los servicios u obras a contratar superan los 1.000 euros.

Ese modus operandi incluía también jugar al despiste con otras competidoras, ya que en algunos de los pliegos que sí se llegaron a publicar “el contenido no coincidía con el objeto del contrato concertado con Sercanarias”, de manera que la comparación con otras ofertas era “imposible”. El escrito remarca que esta filial “no presentaba ofertas” a estos concursos, por lo que el precio de adjudicación se estipulaba sobre la base del presentado por las entidades que sí lo habían hecho.

Ríos precisa también que esos contratos carecían de la concreción y el detalle necesarios sobre el alcance de los servicios a los que se comprometía Sercanarias, de manera que resultaba difícil conocer las obligaciones del contratista. Entre los contratos irregulares figuran los de mantenimiento de la red de alcantarillado, el que ocasionó un mayor perjuicio a las arcas de la sociedad (más de 11 millones de euros), reparación de averías o transporte de lodos.

Al margen de los suscritos con Sercanarias, destaca también el contrato de alquiler de la sede de la compañía, situado en el Centro Comercial Las Ramblas, en Las Torres. El edificio es propiedad de la constructora Satocan, cuyo presidente, Juan Miguel Sanjuán, participaba, a su vez, en el Consejo de Administración de Emalsa a través de uno de sus socios privados, Valoriza-Sacyr.

Las pesquisas se centraron en el desproporcionado coste de arrendamiento de este inmueble. Desde agosto de 2008 a enero de 2009, Emalsa abonó por este concepto 90.000 euros mensuales. A partir de entonces y hasta el año 2014, el coste se redujo a los 75.000 euros. Un informe de auditoría detectó que la empresa estaba pagando por metro cuadrado una cantidad que doblaba a la que le correspondía conforme al mercado. Además, las oficinas estuvieron vacías durante dos años y, posteriormente, solo se ocuparon dos de las tres plantas alquiladas.

El Ayuntamiento limita su acusación a Valoriza

El auto del juez Galván recoge sucintamente las acusaciones y penas que formulan y solicitan el Ministerio Fiscal y las acusaciones popular de la Asociación El Sol Sale par Todos y las particulares del comité de empresa del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la del propio Consistorio capitalino como tal. En este último caso, desde los servicios jurídicos municipales se han limitado a centrar su acusación en Valoriza y no en Saur, además de dejar fuera del caso al constructor Juan Miguel Sanjuán y sus empleados de Satocan por la adquisición de las oficinas.

Para el ayuntamiento, procede imponer una pena de 4 años de prisión a once de los quince acusados, pero no entra a cuantificar el presunto perjuicio causado a la empresa mixta Emalsa por sus socios privados, y por tanto no reclama cantidad alguna en concepto de responsabilidad civil, cuando como acusación particular sí tiene derecho a ello, a diferencia de la acusación popular.

Además, lo sustancial del escrito de acusación del Consistorio municipal recogido en el auto de apertura de juicio oral solo señala a Valoriza, y no al otro socio privado, Saur, como responsable de ese perjuicio. En concreto, el llamado pacto regulador de prestaciones accesorias [por el cual los socios privados se quedan con un 2% de la facturación anual de Emalsa más 450.000 euros] de 6 de noviembre de 2008 es objeto de reproche por parte de los servicios jurídicos del Ayuntamiento solo en el caso de Valoriza, y no en el de la parte francesa privada de Saur.

La acusación popular ejercida por El Sol Sale para Todos interesa imponer penas de 4 años de cárcel y multas de 12 meses por el importe que estime el tribunal a los quince acusados. Además, a ocho de ellos (Abril Martorell, Brousse, Sanjuán, Higueras, Artiles Moragas, Laura Rivero, Díaz de Tudanca y Thierry) pide que se les condene a otros seis años de cárcel, y en cuanto a la responsabilidad, también la deja en manos del juzgador aunque la cuantifica en hasta 25 millones de euros.

Este pacto regulador de prestaciones accesorias entre Emalsa y Valoriza se estima en 7.141.379,73 euros por parte de esta acusación particular, mientras que El Sol Sale para Todos la cifra en 8.569.655,68 euros, la misma cantidad para Saur a la que la asociación también incluye en su escrito.

Además, El Sol Sale para Todos señala en ese escrito recogido en el auto del juez que otro de los perjuicios que deben ser valorados por el tribunal es el contrato de opción de compra de un inmueble entre la empresa Seguridad Integral Canaria y Sercanarias. Los socios privados de Emalsa debían aportar una prima de opción de compra cada uno de 1.316.132 euros. Saur abonó su parte la cuantía de Valoriza la soportó Emalsa, provocando a su juicio otro perjuicio de esos 1.316.132 euros.

El escrito de acusación del comité de empresa municipal también solicita seis años de prisión pero en su caso solo a seis acusados y se remite en cuanto a la parte de la responsabilidad civil a lo que considere el Ministerio Fiscal y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

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Ana Oramas levanta todo tipo de pasiones con su indisciplina de voto en la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También dentro de Coalición Canaria, a la que su diputada por Santa Cruz de Tenerife ha metido en un callejón sin salida, si no quiere saltarse a la torera sus propios estatutos. Las normas lo dicen claro: Artículo 49. Faltas y sanciones. El incumplimiento y el alejamiento desobediente de las decisiones de sus órganos es una infracción grave y por tanto motivo para causar baja.

El Comité Permanente Nacional de CC-PNC (su aliado, el histórico Partido Nacionalista Canario fundado en 1924 en Cuba) se reúne este viernes [inicialmente estaba previsto este jueves] para marcar la hoja de ruta del caso Oramas. Y aunque en la cúpula del partido, muy dividida, no se quiere que nadie ajeno marque sus tiempos, sobre la mesa solo quedan dos salidas viables para no hacer saltar por los aires la disciplina orgánica: expulsión o dimisión.

El propio secretario general, José Miguel Barragán, ya lo avanzaba el martes tras la consumación del no a Pedro Sánchez. Las disculpas de Ana Oramas a su partido “no son suficientes”. Ahora debe presentar un informe a esa Permanente para marcar los pasos de un expediente “garantista”, pero en esa misma comparecencia Barragán dejaba abierta “alternativas” y otras posibilidades a la conclusión lógica de la baja.

En esa línea “alternativa”, el sector más crítico con Ana Oramas tiene claro que “hay que actuar con firmeza, porque si no seríamos como el ejército de Pancho Villa”. Pero a nadie en la organización le agrada una ruptura tan traumática como expulsar a la diputada que representa a la mayoría de la organización con más peso de CC: Tenerife. Y menos en un momento de absoluta debilidad de toda la organización en todas las islas, donde ha perdido el poder institucional que ha ostentado durante décadas.

¿Y qué otra alternativa quedaría? “Muchos nos contentaríamos con que dejara su acta de diputada por esa indisciplina. Que corra la lista y que asuma el escaño alguien que siga las directrices de Coalición Canaria”. La dimisión sería una medida tan contundente como acabar el proceso que se abra en expulsión, entiende un sector del partido que no quiere que se siente un precedente de desobediencia tan grave. “Muy grave”, como calificó la propia Permanente el caso en su nota oficial.

Esa dimisión, muy improbable tal y como ha expresado desde la propia tribuna del Congreso de los Diputados la diputada –“esté o no en mi partido”, le dijo a Sánchez- bastaría en estos momentos al grupo del partido que promueve un viraje más hacia la izquierda y requilibrar CC territorialmente, que tras la escisión de Nueva Canarias en 2005 ha quedado más en manos de lo que marque el centro derecha de Tenerife. Y la segunda en la lista por Santa Cruz de Tenerife es Guadalupe González Taño, de CC de La Palma, otra isla que se ha unido al movimiento interno de unificar el nacionalismo.

Esa será la batalla legal, interna, que se abra a partir de ahora en el partido. Ya lo vienen apuntando, de manera abierta, esos sectores de CC de Tenerife que defienden a capa y espada a Oramas, una de las suyas, por no decir su lideresa natural. No ha sido tan trascendental el voto negativo a Sánchez como para tomar una medida de ese calibre, la baja. “Su voto no fue decisivo”, ha dicho el que fuera alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez. “No se puede masacrar” a Oramas, y eso del expediente “está por ver”, dijo el expresidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso.

Así, Coalición Canaria no solo enfrenta en estos tiempos el reto de la fría oposición, de no tocar el poder en la Comunidad Autónoma, cabildos y grandes ayuntamientos. Sino el problema de cómo llegar a su Congreso de mayo: de momento, con un aspirante a líder del partido, Fernando Clavijo, investigado por la Justicia por su etapa como alcalde de La Laguna. Y en breve, con otro de sus referentes, Ana Oramas, con un expediente abierto por una falta catalogada como “muy grave” por su propio partido.