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Huelga a los seis meses: los sindicatos afines al anterior equipo de Sanidad declaran la guerra a la consejera

CCOO, UGT y Cemsatse, las centrales que pidieron en mayo la continuidad de Conrado Domínguez al frente del Servicio Canario de Salud (SCS), convocan un paro para el 12 de febrero en protesta por la posición de Teresa Cruz (PSOE) en relación con la Oferta Pública de Empleo para los médicos especialistas

Los sindicatos piden el relevo de la consejera y advierten al presidente Ángel Víctor Torres de que, si no actúa "con responsabilidad", el conflicto "se enquistará"

IC, Asaca y Sepca, las tres centrales críticas con la gestión del anterior equipo directivo durante el mandato de Fernando Clavijo (CC), lamentan que los sindicatos mayoritarios no contactaran con ellos antes de anunciar el preaviso 

El paro llega en un momento especialmente delicado para Cruz, sobre la que planea la sombra de un inminente cese en la remodelación que acometerá Torres tras la salida de Carolina Darias

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La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, María Teresa Cruz Oval, durante un encuentro con los medios de comunicación.

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, María Teresa Cruz Oval, durante un encuentro con los medios de comunicación. EFE/Elvira Urquijo A.

Tan solo seis meses después de acceder al cargo y sin haber podido gestionar aún un presupuesto propio, la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, la socialista Teresa Cruz, se enfrenta a su primera huelga, la que han convocado para el próximo 12 de febrero los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT) y la Convergencia Estatal de Médicos y de Enfermería (Cemsatse). Las “imposiciones” y la falta de negociación en la Oferta Pública de Empleo (OPE) para cubrir las plazas de médicos especialistas correspondientes a las convocatorias de 2016 a 2018 y la adicional de 2019 han sido las razones que han argumentado para acudir a esta medida de presión que prevén materializar en una movilización a la que están llamados cerca de 2.000 facultativos temporales.

Los sindicatos convocantes son los mismos que, cinco días antes de la celebración de las elecciones autonómicas del pasado 26 de mayo, se pronunciaron a favor de la continuidad del anterior equipo de gestión, el liderado por el consejero José Manuel Baltar y el director del SCS Conrado Domínguez en el Gobierno presidido por Fernando Clavijo (Coalición Canaria), tras respaldar su gestión y “la conquista de derechos sociales” durante esta etapa.  Ahora, piden el relevo de Cruz, de la directora del SCS, Blanca Méndez, y del director de Recursos Humanos, Francisco Artiles, porque, a su juicio, “no sirven, tienen una nula experiencia y conocimiento sanitario y no se dejan asesorar ni aconsejar sobre la realidad de un servicio público”.

El preaviso de huelga llega en un momento especialmente delicado para la actual consejera de Sanidad, sobre la que planea la sombra de un inminente cese en la remodelación que prepara el gabinete del presidente Ángel Víctor Torres como consecuencia de la salida de la ya exconsejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Carolina Darias, con destino al Ejecutivo de Pedro Sánchez para ocupar la cartera de Política Territorial y Función Pública.

Los nombres de Teresa Cruz y de María José Guerra, consejera de Educación, se han colocado en el disparadero en las últimas horas. Las presiones para precipitar su relevo se han sucedido desde diversos frentes, aunque el presidente ha hecho este miércoles un llamamiento a la calma, ha elogiado la labor de todos los miembros de su Ejecutivo y ha garantizado que mantiene la confianza en todos ellos, sin descartar ningún escenario. Los sindicatos mayoritarios han anunciado su decisión de acudir a la huelga tan solo un día antes de la celebración del Consejo de Gobierno en el que se podrían anunciar los cambios en el Ejecutivo liderado por Torres.

No es la primera vez que CCOO, UGT y Cemsatse anuncian paros en esta legislatura. Ya lo hicieron en octubre, tan solo tres meses después de que la consejera tomara posesión del cargo. La intervención de Torres en el conflicto logró abortar esa primera intentona de huelga. El presidente tomó las riendas, participó en la reunión con los representantes de los trabajadores y consiguió desbloquear las negociaciones sobre la Oferta Pública de Empleo (OPE) para los Facultativos Especialistas de Área (FEA). Los sindicatos desconvocaron entonces la huelga.

Tres meses después, CCOO, UGT y Cemsatse vuelven a anunciar que acudirán a esta medida de protesta al no ver satisfechas sus pretensiones ni las promesas realizadas por Torres en ese encuentro, según ha manifestado a Canarias Ahora José Alonso Rodríguez Tapias, secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en el Archipiélago. “Es imposible consensuar nada, intentar la vía negociadora con esta consejera. Todo pasa por la imposición”, ha explicado el representante sindical.

Según ha explicado a este periódico y ha reiterado con posterioridad en rueda de prensa, Sanidad remitió a las centrales su propuesta sobre estas oposiciones a través de un correo electrónico y les dio un plazo de 48 horas para que contestaran por la misma vía con sus planteamientos. “Después nos contestó lo que recogía y lo que no. Esa es toda la negociación que ha habido”, remarca Rodríguez, cuyo sindicato ha impugnado la convocatoria de esta OPE.

La mesa sectorial de Sanidad abordó la convocatoria de oposiciones en las sesiones celebradas los días 11 y 23 de octubre. En la primera de ellas, la discrepancia surgió en relación con el sistema centralizado por el que ha optado el actual equipo directivo, según el cual todos los aspirantes se presentan a la vez, en todas las Islas, y después se reparten por los distintos hospitales en función de sus preferencias y la puntuación obtenida. El modelo que defienden CCOO, UGT y Cemsatse es el descentralizado, es decir, aquel por el que es cada gerencia la que convoca, de manera que solo se puede aspirar a aquella área a la que el facultativo se presenta.

Según diversas fuentes consultadas por este periódico, el director de Recursos Humanos del SCS, Francisco Artiles, funcionario de carrera que ha ejercido en el Gobierno de Canarias tareas vinculadas a la Intervención y fiscalización pública, advirtió en esa reunión de que existe una sentencia que tumbó ese sistema descentralizado tras una demanda presentada en 2007 con respecto a otro proceso selectivo y que, por lo tanto, podría incurrir en una situación de inseguridad jurídica si accedía a estas pretensiones ante la posibilidad de una nueva anulación.

El conflicto estalló definitivamente en la mesa del 23 de octubre, en la que los representantes de los tres sindicatos mayoritarios se levantaron en señal de protesta por la posición del SCS en relación con las ofertas públicas de empleo y amenazaron por primera vez con la huelga, convocatoria que no llegó a término gracias a la mediación del presidente Torres. Con posterioridad, el 14 de noviembre, se celebró una nueva mesa sectorial, aunque en esa ocasión no se abordó el conflicto que ha conducido a los sindicatos a anunciar el paro de febrero.

El líder regional de CCOO en el sector sanitario ha denunciado además “incumplimientos reiterados” de la consejera y ha citado, entre ellos, los que tienen que ver con la creación de listas de reserva y normas de sustitución, la simultaneidad de las oposiciones con las de otras comunidades para evitar el “efecto llamada” o el encuadramiento de los trabajadores temporales en la carrera profesional. Ha señalado además que las disposiciones adicionales incluidas en los presupuestos autonómicos de 2020 después del encuentro con Torres están “muy lejos” de sus pretensiones y de lo hablado.  

Por su parte, el representante de UGT, Francisco Bautista, ha advertido al presidente de que, si no actúa “con responsabilidad”, el conflicto en la Sanidad canaria se va a “enquistar”. “No nos creemos absolutamente nada” de la consejera del área, Teresa Cruz, ha dicho en la rueda de prensa que han ofrecido este miércoles.

Los otros tres sindicatos con representación en la mesa sectorial, Intersindical Canaria (IC), Asaca y Sepca, no han sido llamados por los convocantes de esta huelga, por lo que aún no han tomado una decisión al respecto.

Caty Darias ha explicado que los órganos de dirección de IC se reunirán el próximo viernes para definir su posición, analizar “los fundamentos” en los que se basa el preaviso de huelga y decidir si la secundan o no o si lo hacen con otro planeamiento y la hacen extensible a otras categorías profesionales, siempre que lo que se busque sea acabar con las altas tasas de temporalidad. 

Joaquín Jiménez, portavoz de Asaca, ha preguntado a los sindicatos convocantes cuáles han sido las razones por las que no ha contactado con el resto de centrales para adoptar una decisión de este calado y cuál es la lista concreta de reivindicaciones que plantean. “Nosotros estaríamos dispuestos a ir a una huelga si es para mejorar las listas de contratación, la jubilación a los 60 años o la verdadera consolidación del empleo público, para motivos concretos, pero no para indefiniciones”, ha señalado.

Por su parte, Manuel González, secretario general de Sepca, ha lamentado que el sindicato al que representa haya tenido que enterarse por la prensa de la convocatoria de esta huelga. “Es una pena que no haya unidad de acción sindical”, ha remarcado.  

Malestar de los médicos

Esta huelga se suma al malestar que ha generado entre los médicos el contenido de un documento de trabajo elaborado en un taller, celebrado el pasado mes de octubre, en el que participaron 44 gestores y planificadores (gerentes de los hospitales públicos canarios y profesionales del sector) para detectar y plantear estrategias y soluciones a las deficiencias que sitúan a Canarias en el vagón de cola de las comunidades españolas en relación con las listas de espera para pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas

Aunque ese documento de 36 páginas sitúa la falta de recursos materiales y humanos como el “factor más importante” para explicar las debilidades del sistema, también incluye algunas aseveraciones que han soliviantado a los profesionales y, más en concreto, a los cirujanos, al atribuirles una cuota de responsabilidad en los malos indicadores. El fragmento más controvertido reza así: “Los planes especiales (de choque contra las listas de espera) se pervierten. Por ejemplo, se paga más al (médico) que más lista tiene. Los profesionales programan las intervenciones (quirúrgicas) en las que más cobran y van dejando las otras”. Ese resumen apunta como otra de las “perversiones” del sistema los topes. “Si haces dos (operaciones) de rodilla, no llegas al tope, pero si haces dos túneles carpianos, sí”. Y se sobrepasa el tope, se cobra por ello.

El documento, una tormenta de ideas que recoge todas los diagnósticos y las propuestas lanzadas en ese foro para reducir las listas de espera, también hace referencia a que los profesionales que hacen las sesiones extraordinarias de tarde “suelen ser los más jóvenes, los que no tienen consulta privada”, que cuentan con “menos experiencia” y “más dificultades para asumir operaciones complejas”.

La Consejería de Sanidad se ha desmarcado de esos comentarios, que atribuye a declaraciones realizadas en el marco de esa reunión de la que salió el documento de trabajo, un esbozo sobre el que se continuará trabajando. También las gerentes del Hospital Universitario de Canarias (HUC), La Candelaria e Insular Materno Infantil de Gran Canaria, cargos que estuvieron presentes en esa comisión, han expresado su desacuerdo con esas manifestaciones y han ratificado su confianza en los profesionales.

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