TRIBUNALES CANARIAS

Investigada la alcaldesa de Mogán por un presunto amaño con un empresario y por la contratación de dos asesores

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Ciuca), ya ostenta formalmente la condición de investigada en dos de las cuatro piezas separadas que han sobrevivido al archivo de la causa original sobre la presunta trama de compra de votos, a la que el juez dio carpetazo por la prescripción de los hechos respecto a las elecciones de 2015 y por falta de pruebas en las de 2019. La regidora ha acudido este martes a los juzgados de San Bartolomé de Tirajana acompañada de su abogado, Javier Velasco, para prestar declaración en el marco de las diligencias abiertas para tratar de esclarecer su participación y la del resto de imputados tanto en un presunto amaño para beneficiar a un empresario que habría financiado a su partido en las elecciones como en la contratación de dos asesores.

Tras su reparto en el decanato, esas dos piezas separadas han recaído en el mismo juzgado, el de Instrucción 1 de la localidad sureña. Se abrieron a raíz de sendos informes elaborados por el equipo de la policía judicial de la Guardia Civil tras la entrada y registro a las dependencias del Ayuntamiento de Mogán en septiembre de 2020. En esa operación, los investigadores recabaron documentación sobre varios expedientes municipales y, a partir de ellos, encontraron indicios de la presunta comisión de varios delitos (prevaricación, malversación, cohecho o tráfico de influencias, entre otros) en la actuación de los ahora imputados. 

Una de esas líneas de investigación se centra en el proceso de mediación con el que el gobierno liderado por Onalia Bueno resolvió un litigio que el Ayuntamiento mantenía desde hacía años con el empresario Luis Oller, presidente de una de las empresas que explota el servicio de abastecimiento de agua en el municipio (Aguas de Arguineguín) y administrador de la promotora inmobiliaria Cornisa del Suroeste.

La Guardia Civil sostuvo en uno de sus informes que ese procedimiento fue amañado por la alcaldesa, por el concejal de Urbanismo, Mencey Navarro, y por el funcionario Salvador Álvarez para favorecer los intereses económicos del empresario, a quien los investigadores identifican como financiador de Ciuca en las elecciones celebradas en 2015, y que, para lograr este fin, incluso llegaron a apartar a dos abogadas que se oponían al trato.

En esta pieza figuran, de momento, como investigados tanto el empresario como los citados responsables municipales (la alcaldesa, el concejal de Urbanismo y el coordinador de servicios públicos) y otros dos trabajadores municipales. Todos ellos estaban citados a declarar este martes, pero la diligencia ha quedado finalmente suspendida y se ha emplazado a los imputados a acudir de nuevo a los juzgados el día 20. 

Sí que han prestado declaración ante la jueza -sin la presencia del representante de la Fiscalía, que no ha acudido-, los implicados en otra de las piezas separadas que se instruye en el mismo juzgado. En concreto, la que investiga los contratos adjudicados entre 2015 y 2020 por el Ayuntamiento de Mogán a la empresa familiar de Raico Guerra, candidato de Ciuca en las elecciones de 2019 y actual asesor del grupo de gobierno, entre otras, en materia urbanística, así como los contratos de asesoría externa concertados con el arquitecto Jesús Romero Espeja, quien fuera viceconsejero de Política Territorial en el gobierno presidido por Coalición Canaria (CC), partido con el que Bueno concurrió en alianza en los últimos comicios y con el que ya colabora de cara a las elecciones que se celebrarán en 2023. 

El informe de la Guardia Civil que ha dado origen a esta pieza separada incide en los 276.000 euros que se llevó el actual asesor de la alcaldesa o su empresa familiar, Arpiplan, dedicada a servicios veterinarios, en esos cinco años. Para la policía judicial, había una “intencionalidad manifiesta” del gobierno de Ciuca en beneficiar a Guerra y a su entorno. Durante ese periodo se convirtieron en contratistas únicos del Ayuntamiento en estos servicios. Además, los investigadores destacaban que, tras los comicios de 2019, Guerra había sido nombrado asesor urbanístico a pesar de sus “limitados conocimientos técnicos” (solo tiene el título de Enseñanza General Básica- EGB-) y de que tan solo unos días antes el Consistorio había firmado un contrato de asesoría externa en la mismo área con el arquitecto Jesús Romero Espeja. 

Durante las declaraciones de este martes, los investigados han defendido la legalidad de esas actuaciones. Con respecto a las adjudicaciones concedidas a Raico Guerra, han señalado que el Ayuntamiento suscribió contratos menores “puente” con su empresa familiar para poder seguir prestando esos servicios veterinarios (de asesoramiento técnico en Salud Pública) en el municipio hasta que se convocara una nueva licitación, ya que la anterior había caducado. En ese periodo, Arpiplan también fue adjudicataria de un procedimiento negociado sin publicidad por algo más de 50.000 euros. Según recoge en su informe la Guardia Civil, las otras dos empresas invitadas por el Ayuntamiento no estaban radicadas en el municipio y una de las ofertas fue presentada por una persona “que trabaja o trabajó” en la sociedad de Guerra. 

Finalmente, Arpiplan se llevó el concurso convocado por el Consistorio moganero por un importe de 159.141 euros. La defensa ha recordado que esta empresa fue la única que concurrió a ese procedimiento. La policía judicial recalcó en su informe que el gobierno municipal lo tramitó por la vía de urgencia y solo dio un plazo de 10 días para presentar oferta. 

Los imputados también han desligado las figuras de Raico Guerra y Jesús Romero Espeja. “Se han conocido hoy”, ha dicho a este periódico una de las personas presentes en el juzgado este martes. El primero, han señalado, es un cargo de confianza del gobierno que, entre otras funciones, tiene encomendadas las relacionadas con el área de Urbanismo. Es un “asesor político”, recalcaron para diferenciarlo del perfil técnico del ex viceconsejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, que fue contratado para hacer un seguimiento del Plan General de Ordenación y del Plan de Modernización de Playa de Mogán. 

La Guardia Civil también ponía en tela de juicio los contratos menores a Romero Espeja. Uno de ellos, de octubre a diciembre de 2019, por 3.993,75 euros. El otro, de enero a diciembre de 2020, por 16.048,93 euros. “Los contratos menores adjudicados son sucesivos en el tiempo, careciendo de interrupción entre ellos, del mismo ámbito funcional y mismo beneficiario”, sostenían los investigadores, para quienes se había producido una “clara vulneración de las normas de publicidad y concurrencia competitiva”. 

La defensa de Romero Espeja ha negado que esos contratos tuvieran el mismo objeto, por lo que entiende que no se pueden sumar esas cantidades ni el tiempo (los contratos menores no pueden ser superiores al año) . También que superaran el importe máximo previsto en la ley para este tipo de adjudicaciones (15.000 euros), ya que en los 16.048,93 euros está incluido el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), que no se computa a estos efectos. Además, ha subrayado que la investigación de la Guardia Civil incurre en varios errores, como definirlo como arquitecto técnico cuando es arquitecto superior.

Las otras dos piezas separadas que se enviaron al decanato para su reparto versan sobre los complementos salariales adjudicados a funcionarios afines al grupo de gobierno en Mogán y la orden de bloquear el acceso remoto de la Guardia Civil a documentación digital intervenida en el registro al Ayuntamiento.

La concejala de Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Mogán, Isabel Santiago, ha pedido personarse en la causa como acción popular en estas piezas separadas. Los abogados de Onalia Bueno se han opuesto a esta pretensión y han solicitado que, de aceptarse, se le imponga una fianza.