Imputada la alcaldesa de Mogán por fraccionar contratos para la productora de las audiencias fraudulentas de TVC

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Juntos por Mogán- Coalición Canaria), y la exconcejala y expresidenta de la empresa pública Mogán Sociocultural, Grimanesa Pérez, han sido citadas a declarar el próximo 15 de diciembre como investigadas en la causa sobre los contratos fraccionados y adjudicados a dedo a dos empresas de comunicación emparentadas, Etiazul y 21 Bombillas.

Los administradores de estas sociedades en la época de los hechos (entre 2018 y 2021) eran los hermanos Pedro Guerra y Gregorio Guerra, que también deberán comparecer en la misma fecha ante la magistrada titular del Juzgado de Instrucción 1 de San Bartolomé de Tirajana, Raquel Lora Peón, aunque en su caso como testigos.

Las diligencias se abrieron el pasado 10 de agosto a raíz de la denuncia presentada por la Fiscalía Provincial de Las Palmas, que aprecia indicios de prevaricación administrativa en la actuación de la alcaldesa de Mogán, ahora también secretaria de Asuntos Municipales de CC.

En el auto de incoación de la causa, la jueza instructora solicita todos los contratos suscritos por el Ayuntamiento de Mogán con esas dos empresas desde el año 2018, tanto los menores (la mayoría), como el que se tramitó a través de un procedimiento abierto y de tramitación urgente. Este último fue concedido a principios de 2021 a Etiazul, la productora beneficiada por un presunto fraude en las audiencias de la Televisión Canaria que obligó a retirar varios aparatos de medición en el Archipiélago.

La jueza pide, además, que se recabe un informe de la Audiencia de Cuentas, el órgano de fiscalización y control de la actividad económica de las administraciones públicas de Canarias, sobre las eventuales irregularidades que aprecie en la forma de adjudicación de esos contratos encadenados a las productoras de los hermanos Guerra y el perjuicio que ello pudo ocasionar a las arcas públicas del Consistorio sureño.

La denuncia inicial de esta causa fue presentada ante la Fiscalía de Las Palmas por el partido político Podemos. Tras investigar los hechos contenidos en ese escrito, el Ministerio Público llegó a la conclusión de que hay indicios que apuntan que el proceso de contratación pública en el Ayuntamiento de Mogán fue “adulterado” por una decisión “puramente voluntarista” de su alcaldesa, Onalia Bueno, con el objetivo de “beneficiar económicamente al máximo” a esas dos empresas, que se hicieron con al menos trece adjudicaciones para la prestación de servicios de comunicación, promoción y publicidad del municipio, así como el de explotación de la radio y la televisión local.

La denuncia de la Fiscalía destaca que en esos tres años ambas productoras recibieron más de 230.000 euros del Ayuntamiento de Mogán. La mayoría de las adjudicaciones se tramitaron a través de contratos menores, evitando así que otras empresas pudieran concurrir en un proceso de competencia abierta. Para el Ministerio Público, son “innegables” las irregularidades y “flagrante” la vulneración de la ley.

En relación con estos contratos menores, hay varios aspectos que llaman la atención del fiscal César Casorrán y que, a su juicio, constituyen indicios de peso para considerar que el interés del gobierno liderado por Onalia Bueno era “beneficiar económicamente al máximo a las productoras emparentadas”.

Por un lado, su importe, “tan solo escasos euros por debajo del umbral” de 15.000 euros previsto en la ley para los contratos menores. Además, los servicios contratados no se justificaron “con el correspondiente detalle y desglose del contenido y su cuantía, más allá de la aportación de facturas mensuales con importes repetidos, girándose en ocasiones para un mismo servicio facturas con cantidades muy dispares”. Por último, la alternancia entre las dos empresas beneficiarias, que tienen el mismo objeto social y que, como se ha señalado, estaban administradas en aquella época por dos hermanos, Pedro Guerra y Gregorio Guerra.

“El lógico proceder era la adjudicación a una sola de ellas, resultando del todo punto innecesaria la simultaneidad y alternancia, salvo que la finalidad fuera beneficiar a ambas de forma directa, de manera que al escogerlas sin licitación previa se producía una elección a dedo sin entrar a valorar los requisitos de capacidad e idoneidad”, recoge el escrito elevado por la Fiscalía a los juzgados de San Bartolomé de Tirajana.

La alcaldesa de Mogán, que acaba de entrar en la dirección regional de Coalición Canaria como secretaria de Asuntos Municipales, prestó declaración ante el fiscal en marzo. Y defendió que su gobierno había decidido recurrir al contrato menor porque el área de contratación estaba “colapsada” y porque un procedimiento abierto hubiera generado un “bloqueo” en la administración municipal.

Sin embargo, en 2021 sí convocó un concurso que adjudicó a una de las productoras de los hermanos Guerra, Etiazul, por un importe de 214.695,49 euros. Además, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias dictó en 2020 una resolución en la que concluía que el Ayuntamiento de Mogán contaba con medios personales suficientes para gestionar la radio y la televisión pública. Su externalización fue un “estipendio innecesario”, sostiene Casorrán.

Audiencias de TVC e informes de última hora

Una de las adjudicatarias de los contratos ahora investigados, Etiazul, era la productora de los programas que más se benefició de los “comportamientos extraños” detectados en las audiencias de la Televisión Canaria en 2022. La empresa encargada de esas mediciones, Kantar Media, retiró varios aparatos de medición después de percatarse de que algunos de estos programas hasta triplicaban su audiencia con la variable de invitados.

El administrador de esta empresa hasta hace unos meses, el periodista Pedro Guerra, cesó recientemente en el cargo. Ahora lo ocupa un asesor fiscal vinculado al grupo Newport, la empresa promotora del parque temático de cine Dreamland que se pretende instalar en el municipio de Telde, en Gran Canaria.

En las postrimerías de la legislatura 2015-2019, las productoras Etiazul y 21 Bombillas fueron, además, adjudicatarias de contratos menores de la Consejería de Obras Públicas, entonces liderada por Pablo Rodríguez (Coalición Canaria), para la elaboración de informes sobre los retos de conectividad entre Canarias y África y sobre la gestión de residuos en el Archipiélago, pese a que esas empresas no atesoraban experiencia previa alguna en esa materia. El programa de verificación PlagScan detectó que esos trabajos presentaban un 50 y un 65% de pasajes plagiados.

Otras imputaciones

Al margen de este procedimiento por el que está citada a declarar el 15 de diciembre, Onalia Bueno permanece imputada en otras tres causas que se corresponden a otras tantas piezas separadas que se abrieron a partir de las investigaciones de la Guardia Civil en el marco del procedimiento original sobre la presunta trama de compra de votos en las elecciones de 2015 y 2019, archivada en parte por la prescripción de los hechos y en parte por la falta de pruebas suficientes para sustentar una acción penal.

Había una cuarta pieza separada, que investigaba la orden de bloquear el acceso a la Guardia Civil a expedientes municipales intervenidos en un registro, pero fue archivada en septiembre al concluir el juez que la presunta desobediencia sólo había durado quince minutos.