Viajó casi 300 kilómetros para matarla. Dámaso Fernández, de 49 años, se trasladó desde Zamora hasta Llanes (Asturias) para asesinar a Laura Cruz, su exmujer y madre de sus tres hijos. Lo hizo en el cuartel de la Guardia Civil de la localidad tras romper una taquilla y robar el arma a un compañero. Conocía bien las dependencias porque ambos eran guardias civiles y él había estado trabajando allí antes de ser destinado a Zamora, tras ser condenado por violencia machista hacia ella. Ya dentro del cuartel, se dirigió al despacho en el que Laura estaba trabajando y abrió fuego.

Es uno de los dos crímenes mortales por violencia de género el pasado miércoles, ambos en menos de 24 horas y los dos perpetrados por hombres en lugares abiertos al público: el segundo ocurrió en el centro comercial Carrefour Infante de Murcia, donde un hombre mató a su expareja en la zapatería en la que él trabajaba. Tenían una hija de cinco años en común. Pasadas unas pocas horas, el Ministerio de Igualdad confirmó ambos casos, elevando a 36 el número de asesinatos machistas en lo que va de año.

Los dos crímenes han dejado a cuatro menores de edad huérfanos, algo que es habitual —en torno a la mitad de las mujeres asesinadas tenían hijos— y comparten la circunstancia de no haber sido cometidos en el hogar, a pesar de ser lo más habitual. Según el informe del Consejo General del Poder Judicial que analizó los 1.000 asesinatos ocurridos desde 2003, la inmensa mayoría se producen en el domicilio —el 75%—, pero el resto ocurren en el vehículo, el lugar de trabajo de la víctima o en plena calle.

“No es lo más frecuente, pero sí ocurre a veces. Hay que recordar que la violencia de género es un crimen moral, no instrumental, es decir, no se consigue nada a cambio, sino que se lleva a cabo para ejercer poder, control y subordinación. El objetivo es reivindicarse, defender su imagen de autoridad y dejar claro que esa mujer 'es suya' y no va a permitir que no sea así”, explica el exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género y médico forense, Miguel Lorente.

De esta forma, los crímenes en el espacio público se convierten en una “escenificación” de ese papel frente a la mujer y sus decisiones y, según el experto, “mandan un mensaje” colectivo: “El agresor actúa sobre la víctima, pero muestra ante la sociedad lo que los hombres son capaces de hacer y advierte a las mujeres de lo que les puede pasar si hacen lo que ellos entienden como un desafío hacia su autoridad o control”.

En el caso de Llanes, el asesino falleció horas después al ser trasladado al hospital por los disparos recibidos cuando trataba de huir del cuartel abriendo fuego. Laura se había separado de Dámaso en 2014 y en 2019 le denunció por malos tratos. Fue condenado y se le impuso una orden de alejamiento que venció el pasado diciembre. Según El País, la mujer volvió a denunciarle y pidió nuevas medidas, pero la Justicia no vio riesgo y las denegó. Tras la condena, el Instituto Armado retiró el arma reglamentaria a Dámaso, que había recibido la notificación de que iba a ser expulsado del cuerpo tras la condena.

Por su parte, el hombre detenido en Murcia había sido condenado recientemente, en abril, y en su caso su expareja tenía medidas de protección vigentes que él se saltó. El servicio de emergencias recibió el miércoles por la tarde un aviso en el que alguien comunicaba el hallazgo de un cuerpo sin vida en la zona del almacén de Súper Rápido, el establecimiento del centro comercial en el que trabajaba el hombre.

El punto “en lo más alto”

“Normalmente decimos que la violencia se ejerce de puertas para dentro y pertenece al terreno íntimo. En estos dos casos vemos que no, que la violencia más extrema se ha provocado fuera. Llega un punto en el que si ese deseo de los agresores de que la vida de las mujeres sea de ellos y de nadie más está en lo más alto, nada importa y eso está por encima de todo”, afirma la psicóloga especializada en violencia de género Olga Barroso, autora de El amor no maltrata (Shackelton).

Ese punto al que se refiere la experta lo alcanzan algunos agresores machistas debido a que la violencia “no suele ser estática”. “El patrón siempre va a ir a más porque el agresor quiere más control y más dominio y para eso deben ejercer cada vez más violencia”, sostiene Barroso, que explica que, al final, hay un deseo de “poseer la vida” de la mujer “y decidir cuándo vive y cuándo no”. “No porque quiera matarla, sino porque quieren ser los que decidan sobre su vida. No soportan que ellas puedan vivir si no están ellos controlando y menos si es con otro hombre. Cuando el comportamiento de estos hombres llega a ese máximo, son muy peligrosos”.

En algunas ocasiones, este punto se entrecruza con el factor que puede precipitar la violencia: la separación. En el caso de Murcia, la denuncia y la condena eran recientes, solo de hace cuatro meses. En el de la guardia civil de Llanes, había ocurrido hace años, pero el hombre acababa de recibir la notificación de su expulsión debido a la condena firme. Una circunstancia que, según Barroso, hace aparecer la violencia como “un intento aleccionador y de castigo” debido a que el hombre siente que las decisiones de la mujer le están perjudicando pese a ser él el agresor.

Es por eso este un caso que “muestra muy bien lo estructural de la violencia machista”, cree la psicóloga. Porque ya el hombre no solo quiere que la mujer “sea para él”, sino que se venga de ella. “Solemos decir que las agresiones son el instrumento para conseguir el ejercicio del poder, pero a veces también lo son para lograr ese objetivo de que ella pague por lo que él considera que es un desacato a su autoridad. Es esto de '¿quién te crees que eres para hacer esto?'. Es un castigo aleccionador”, afirma la experta.

Para la también psicóloga especializada en violencia de género María Bilbao, el caso también cuenta con otro elemento diferenciador: el hecho de haber ocurrido en un lugar en el que están las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “puede aumentar la percepción de indefensión de otras mujeres”. La experta lamenta, además, que las órdenes de protección como la que tenía hasta diciembre Laura “decaigan” solo por el paso del tiempo, mientras no “se desarrollan programas ni presupuesto con agresores para revertir su violencia”.

En medio de un verano en el que se han producido 12 asesinatos machistas, la experta apunta a una “cierta fatiga” en las instituciones en el abordaje de la violencia machista y cree que es momento de “repensar las estrategias”. Eso mientras se abre paso el negacionismo de un sector social y político, capitaneado por Vox, que acaba de recibir de la mano del PP las competencias en Andalucía para gestionar los servicios forenses que evalúan a las víctimas y sus hijos e hijas. La misma formación que lleva años batallando en las instituciones para derogar las leyes de violencia de género.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. No hace falta haber interpuesto denuncia ni hacerlo para recibir asistencia psicológica o asesoramiento.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización

Nuevo varapalo judicial para los Abogados Cristianos en su ofensiva contra la memoria histórica. El Tribunal Supremo acaba de inadmitir el recurso que la fundación interpuso contra la puesta en marcha de dos de los órganos que ordenó crear la ley en 2022: el Consejo de la Memoria Democrática y el Registro Estatal de entidades. En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, el Alto Tribunal avala ambos instrumentos e impone 4.000 euros en costas a la organización ultracatólica.

Abogados Cristianos, que mantiene una intensa batalla judicial contra las medidas del Gobierno en esta materia, recurrió el Real Decreto aprobado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en abril de 2025 para regular tanto el Consejo de Memoria de la Memoria Democrática, que es un órgano consultivo y de participación de las organizaciones, como el Registro Estatal de Entidades memorialistas. En este, se puede inscribir las asociaciones que tengan entre sus fines la difusión y preservación de la memoria histórica.

Para Abogados Cristianos, su regulación “no es neutral y persigue fines ideológicos”, según describió en su recurso, en el que sostuvo que la creación de ambos entes “constituye un instrumento deliberado para ocultar o minimizar la persecución religiosa durante la Guerra Civil, perpetrada principalmente en la zona republicana contra la Iglesia católica y sus fieles”. Una supuesta “ocultación” que, a su juicio, viola la Constitución porque “ignora o relega a un segundo plano” a “miles de víctimas religiosas” y supone un “revisionismo histórico ideológicamente motivado”.

A lo largo de todo el recurso, la fundación despliega el habitual argumentario de la ultraderecha, con el que acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de “imponer una narrativa ideológica orientada hacia la 'memoria histórica' del Gobierno, excluyendo perspectivas alternativas” y de “favorecer” a colectivos “afines”. El recurso asegura además que el registro de entidades “establece un sesgo ideológico” que “excluye explícitamente” a organizaciones que “promuevan una visión reconciliadora o defensora de la persecución religiosa, como asociaciones religiosas o conservadoras”.

Rechazada la medida cautelar de suspender ambos órganos, como pedían los ultracatólicos, el Supremo entra al fondo del asunto e inadmite el recurso al concluir que la fundación “carece de legitimidad activa” debido a que sus fines estatutarios no tienen relación directa con el Real Decreto. Entre sus objetivos están la defensa de los cristianos, la igualdad ante la ley, el derecho a la vida o la libertad religiosa, cuestiones que, considera el tribunal, son “muy generales” y “no tienen vinculación” con la norma recurrida. “No hay referencia alguna a actividades de memoria democrática”, apunta.

El auto señala a Abogados Cristianos por plasmar “conjeturas” en forma de “hipotéticas transgresiones de derechos” cuyos posibles afectados podrán defenderse “en el futuro”, concluyen los magistrados de la Sala Tercera. Otro de los argumentos de la fundación fue que le había sido denegada su solicitud para inscribirse en el registro de entidades, sin embargo, el Supremo descarta que ello pueda sustentar el recurso porque, al menos según el auto, quien pidió la adhesión al registro fue la Asociación Abogados Cristianos —siendo esta una fundación—, lo que lleva a los jueces a concluir que de “una entidad jurídica diferente”.

La ofensiva contra la memoria

Esta es la segunda derrota judicial de Abogados Cristianos en menos de un mes, después de que el pasado 13 de julio la Audiencia Nacional rechazara paralizar cautelarmente la resignificación del Valle de Cuelgamuros. Lo hizo tras el recurso de la entidad contra el acuerdo firmado entre el Gobierno y el Arzobispado de Madrid para pactar los términos en los que va a transformarse el mausoleo franquista.

Antes, en enero de 2024, el juzgado de lo contencioso-administrativo de la Audiencia inadmitió el recurso de la nieta de una mujer enterrada en la cripta de Cuelgamuros tras paralizar las exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura durante varios días. La resolución tomó esta decisión por dos motivos: la abuela de la mujer, representada por Abogados Cristianos, ni siquiera estaba enterrada en el lugar donde se hacen los trabajos y, además, la Administración no está actuando por la vía de hecho, como apuntaba la fundación. El juez acusó a la recurrente entonces de haberle ocultado información e incluso haber precipitado la paralización de las obras como medida cautelar.

Además de llevar varios años arremetiendo vía juzgados contra todo el que consideran que ofenden a la religión cristiana —son también quienes alargaron en los tribunales la eutanasia de Noelia—, los ultracatólicos tienen en la memoria histórica otra de sus dianas. Son uno de los grupos que de forma sistemática han recurrido de todas las formas posibles cualquiera de los pasos dados en Cuelgamuros, cuya resignificación lleva ocho años lidiando con el asedio ultra que quiere mantenerlo tal y como lo dejó Franco.

Sobre las 12 y media de la noche vieron la puerta abrirse lentamente. Envuelta en una capa azul marino, una de las funcionarias de la cárcel de Ventas (Madrid), la prisión de mujeres más poblada de la España franquista, entró a la galería de menores para pronunciar los nombres de Martina Barroso, Victoria Muñoz y Ana López Gallego. Las tres presas sabían lo que significaba: las iban a sacar al amanecer para fusilarlas en la tapia del cementerio del Este junto a 43 hombres y otras diez mujeres. Este grupo de mujeres pasaría a la historia como las Trece Rosas.

Las militantes de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), ejecutadas el 5 de agosto de 1939, han inspirado decenas de libros, películas y obras de teatro, pero antes estuvieron sus compañeras de celda y aquellas presas que mantuvieron vivo su recuerdo. Todo un tapiz de voces que sobrevivió dentro de las cárceles durante décadas, desafiando el silencio impuesto por la dictadura franquista y que permite 87 años después acercarse a los detalles más íntimos y reveladores de aquella última noche.

Son momentos muy gráficos, como el relatado por la comunista Carmen Machado, que estaba presente en aquel instante y que relataría la reacción de Ana López Gallego, conocida como Anita. “Se dio cuenta rápidamente de que venían a por ellas, se puso en pie y dijo: 'No, no llame a las otras, ya las llamo yo'. Y ella misma despertó al resto. De estas dos compañeras, a una de ellas hacía muy pocos días que le habían fusilado a un hermano y recuerdo que lo único que dijo fue '¡Pobrecilla, mi madre!'”.

Se refería a Victoria Muñoz, otra de las Trece Rosas, cuyo hermano Gregorio había sido asesinado. La miembro del Partido Comunista (PCE) y enfermera durante la Guerra Civil, Josefina Amalia Villa, también fue testigo directo de la saca y corroboraría la misma escena. De los momentos antes de salir, contó que las tres jóvenes “se vistieron ayudadas por las demás; nuestras manos temblaban mucho más que las suyas” y recordó que Anita, al terminar, les hizo una pregunta a las compañeras “con voz serena y un poco baja”: “¿Llevo las medias derechas?”, les interrogó. “Le dijimos que sí, pero ¿quién las miró? Las abrazamos una y otra vez. ¡Qué horrible mezcla de gritos y silencio! Todo parecía muerto”.

Estas palabras de Josefina Amalia las recogió otra expresa de Ventas, Tomasa Cuevas, que publicó en los 80 los testimonios de mujeres que pasaron por las cárceles franquistas. En su relato, la comunista recuerda a Martina como una muchacha de “hermoso pelo rizado y tez descolorida” y narra cómo, la noche del 5 de agosto, mientras toda la sala se fue acostando, Anita “siguió cosiendo con algunas compañeras a su lado”. Dijo que esperaría porque no quería que la encontraran dormida cuando fueran a buscarla. Las sacas de los días previos se habían producido antes de las 11, por lo que cuando llegaron las 12.30, decidió dormirse. “Creo que está noche me puedo acostar”, dijo Anita muy poco tiempo antes de que la funcionaria apareciera en el umbral.

Si hoy podemos acceder al relato de aquellos momentos es gracias a las huellas que dejaron escritas durante la Transición varias militantes antifranquistas, pero antes existió lo que el historiador Fernando Hernández Holgado llama una “memoria subterránea” que fue transmitiéndose entre las testigos directas o indirectas del hecho. “Fue un relato colectivo de múltiples voces que recordaron en común y fueron elaborando y macerando durante años, en condiciones hostiles. Solo a partir de 1978 se fue fijando en textos escritos”, explica en el artículo Mitos y memorias. Una arqueología del mito martirial y de las memorias subterráneas de las 'Trece Rosas', recién publicado en la revista Pasado y Presente.

El historiador sigue el rastro de esa “memoria interior” de la prisión que fue, durante mucho tiempo, oral y femenina. “Fue allí, en aquella cárcel, donde empezó a gestarse un primer relato colectivo de aquella primera comunidad de presas políticas” frente al “peligroso” ecosistema franquista de aquellos años. La clave de su supervivencia pudo estar en “el fuerte sentido de comunidad” de esa primera generación de presas políticas de la dictadura ante los sucesos traumáticos que vivieron. “Su identidad, el sentido identitario de sus vidas y de sus luchas dependía en buena medida de recordar y hacerlo con fidelidad a lo vivido en carne propia y en la de sus compañeros”, afirma.

“Como si fueran escolares haciendo sus deberes”

Siete de las Trece Rosas no llegaban a la mayoría de edad legal establecida entonces de los 21 años y sus edades oscilaban entre los 18 y 29. Por eso, sus compañeras se refirieron a ellas como “las menores”. Tres estaban en una misma sala de Ventas —la cárcel que llegó a retener a 5.000 presas a pesar de estar concebida para 500—, mientras que el resto se encontraban diseminadas en pasillos, galerías y sótanos. Además de Anita, Martina y Victoria, las Trece Rosas eran Virtudes González, Luisa Rodríguez, Adelina García, Julia Conesa, Dionisia Manzanero, Elena Gil, Joaquina López, Carmen Barrero, Pilar Bueno y Blanca Brisac.

Las jóvenes habían sido condenadas a muerte por un delito de adhesión a la rebelión. Su sentencia, considerada ejemplarizante, se dictó en un contexto de recrudecimiento de la represión tras el asesinato del comandante de la Guardia Civil Isaac Gabaldón, un crimen en el que ninguna participó a pesar de las declaraciones que en 2019 hizo el exconcejal de Vox en Madrid, Ortega Smith, a las que acusó falsamente de “torturar, violar y asesinar vilmente”. En cada uno de sus expedientes, una cruz azul perfilada en rojo marcaba su destino. Era la señal con la que la cárcel de Ventas identificaba las condenas a la pena máxima, impuesta a 80 mujeres procedentes de esa prisión entre el final de la Guerra Civil y 1943.

Previamente a ser ejecutadas, las presas solían escribir sus cartas de despedida a sus familias desde la capilla, algo que también hicieron las Trece Rosas. Hernández Holgado recupera en su artículo el relato de la militante comunista Soledad Real, que a pesar de ser encarcelada cuatro años después, transmitió el recuerdo de la enfermera socialista María Lacrampe. Ella sí estuvo con las jóvenes aquella noche en la capilla y evocó la imagen de las mujeres escribiendo sus últimas misivas desde la cárcel “como si fueran escolares haciendo sus deberes”.

A través del tiempo viajaron no solo los testimonios, sino objetos clandestinos vinculados a la ejecución de las Trece Rosas. Entre ellos, el poema de la maestra Rafaela González Quesada, conocida como Rafita, titulado 'Cuando mueren las estrellas', que nombró por primera vez al grupo de jóvenes como las Trece Rosas y que fue escrito la misma noche del 5 de agosto de 1939. Según recuerda Hernández Holgado, Rafita era hermana del escultor Juan Cristóbal, que llevó el poema a París mientras su hermana seguía en prisión. Allí, una de las hijas de la física Marie Curie llegó a promover una campaña de protesta por los fusilamientos masivos que se habían producido en el mes de agosto en España.

El “mito martirial” del exilio

Es precisamente en este salto al exterior donde, según describe Hernández Holgado, se gestó el “mito martirial del exilio” que también aborda en su artículo y que contrapone a la “memoria subterránea”. El historiador explica que el fusilamiento llegó a los medios escritos del exilio comunista con siete años de retraso, en 1946, y sin citar ningún nombre propio, en un momento en el que apenas se construían referentes femeninas y sí muchos hombres ocupaban ese lugar. Tiempo después, fueron nombradas algunas de ellas, aunque con errores en sus nombres.

A partir de entonces fue construyéndose el mito de las Trece Rosas en el exterior gracias, en parte, a los datos fragmentados que algunas presas como Mercedes Núñez lograron transmitir, mujeres que aunque no coincidieron con ellas, sí estuvieron en Ventas unos años después. El objetivo, según describe el historiador, era “ser funcional”, es decir, servir para la movilización política contra la dictadura, estableciendo una especie de “deuda moral” hacia las “mártires”. Fernández Holgado lo llama “mito martirial”, construido a través de estereotipos y destacando elementos como la inocencia, el sacrificio, la valentía o la exageración de su juventud —se llegó a afirmar que alguna tenía 16 años—.

Frente a esta distancia física y temporal, el historiador destaca la realidad íntima de las celdas en las que las represaliadas custodiaron los recuerdos. Fue el caso de la comunista Juana Corzo, que guardó en secreto el bordado que Dionisia, una de las jóvenes fusiladas, confeccionó antes de ser ejecutada. Según algunos testimonios, la conocida como Juanita pudo despedirse de las 13 jóvenes y llegó a resaltar de ellas su “gran valor y enorme dignidad”. La antifranquista conservó clandestinamente el bordado durante tres décadas de dictadura hasta que en 1977 se lo entregó a Dolores Ibárruri, Pasionaria, a su vuelta del exilio.

Aún no se había declarado uno de los mayores desastres forestales de la historia de España y ni Madrid ni Ávila ardían todavía, cuando los bomberos advirtieron de las precarias condiciones con las que, un verano más, afrontaban la temporada de incendios. “Está todo preparado para que con una ola de calor se inicie el fuego. La situación meteorológica no descansa, pero gran parte de las comunidades siguen improvisando sus operativos a última hora”, alertaban ya el pasado 23 de junio. No era una advertencia aislada, sino el reflejo de un problema que el sector, responsable de apagar incendios cada vez más voraces y rápidos, arrastra desde hace años.

La disparidad entre autonomías en lo que a cuerpos de bomberos forestales se refiere dibuja un mapa desigual al que es difícil seguir el rastro, pero muchos territorios comparten denuncias comunes: desde la falta de recursos y plantillas insuficientes a contratos temporales, bajos salarios y una prevención que, lamentan, sigue relegada a un segundo plano. Eso a pesar de que los bomberos cuentan desde noviembre de 2024 con una ley específica que busca unificar condiciones laborales y operativas y que, denuncian los sindicatos, no se cumple como debería.

Después del catastrófico verano de 2025, los bomberos esperaban más preparación durante el invierno, pero, según CCOO, esta no ha llegado. “La tarea fundamental sigue siendo anticiparse y ser previsores, sin ese trabajo previo es muy difícil acometer con eficacia las emergencias”, afirma Carlos Martín, bombero forestal BRIF que está trabajando en los incendios de Madrid y Ávila. Estas unidades, que dependen del Ministerio de Transición Ecológica, sí son permanentes, pero no ocurre así con buena parte del personal de varias comunidades.

“En octubre muchos dejan de trabajar, a pesar de que por las necesidades evidentes deberían ser permanentes y hacer trabajos todo el año de mantenimiento, quemas controladas y gestión forestal”, explica Rubén Pinel, de la Secretaría de Medio Ambiente y Salud Laboral de CCOO. El sindicato CSIF ha cuantificado estos días que “más de 4.000 bomberos fueron despedidos” el pasado mes de octubre tras la campaña de incendios, “desmantelando así el operativo” contra el fuego, mientras que el salario medio de estos trabajadores se sitúa en unos 1.400 euros mensuales netos.

La situación deriva en que, cuando el monte empieza a arder, los dispositivos de lucha contra el fuego la afrontan “sin tener personal suficiente o el previsto contratado” y sin haber desarrollado tareas “de formación o sensibilización a la población”. CCOO denuncia que, a finales de junio, el operativo de Castilla y León, la comunidad con mayor superficie forestal de España, “no estaba preparado con suficiente antelación”. El sindicato pone el foco “en la gran precariedad laboral y la falta de estabilidad” en las contrataciones, que en parte siguen derivándose a empresas privadas pese a la promesa de la Junta de ir incorporando a todo el personal al sector público.

Según Sara Mateos, agente medioambiental y delegada sindical de CSIF, la única medida aplicada tras los grandes incendios forestales del pasado año fue convertir en personal fijo durante todo el año a una parte de los trabajadores públicos, mientras el de las empresas privadas continúa trabajando solo durante cuatro meses, con sueldos de 1.200 euros.

Unas “condiciones laborales dignas” reclaman los bomberos de la Comunidad de Madrid, que hablan de “desesperación” y sensación de “abandono”, al tiempo que mantienen un pulso con el Gobierno autonómico y su empresa empleadora, Tragsa, desde hace un año. Asolada por “el incendio más grave de su historia”, la comunidad afronta las llamas con un operativo reorganizado este año, que ha provocado que en verano operen menos bomberos que el anterior. “Hemos pasado de siete efectivos a cinco en cada dotación”, decía hace unos días a elDiario.es el bombero forestal Julio Chana, de CGT.

Los trabajadores advirtieron ya en abril de la falta de prevención en los bosques madrileños, a pesar de que el sector insiste en su importancia debido a la abundancia en Madrid de urbanizaciones y núcleos de población situados junto a masas forestales, la conocida como interfaz urbano-forestal. Esto supone que sin discontinuidades ni planificación, un incendio como el de la última semana alcanza las viviendas con rapidez. Aunque algunos ya están pudiendo volver a sus casas, en total 50.000 personas han sido evacuadas o confinadas en Madrid.

Jornadas sin regular y vacantes por cubrir

En Castilla-La Mancha, los bomberos forestales de la empresa pública Geacam, denuncian desde hace años la falta de personal y el incumplimiento de un convenio colectivo caducado desde diciembre de 2024. Según Manuel Amores, delegado sindical de CCOO, las bolsas de trabajo están agotadas en las cinco provincias y las bajas ya no pueden cubrirse, mientras el dispositivo completo solo permanece activo 95 días, pese a que reclaman ampliar la campaña hasta el 30 de septiembre. “El 8 de septiembre ya hay compañeros vigilantes que se desactivan y el 18 de septiembre pasa con los retenes, en plena campaña de alto incendio”, denuncia.

“Estamos agotados”, recalca Amores, quien afirma que a trabajar 12 horas por 1.300 euros y estar disponibles los 30 días del mes “lo llamaría esclavitud”. “Es nuestro trabajo, nuestra prioridad es apagar los incendios, no es cuestión de hacer movilizaciones ahora, pero tendremos tiempo de reunirnos en octubre, que es cuando baja el tema de los incendios”.

Las largas jornadas de trabajo son otra de las denuncias comunes: según CCOO, a nivel general se llegan a realizar “a menudo” jornadas por encima de las 14 horas y que pueden llegar a las 22 de forma ininterrumpida. El sindicato señala que el Ministerio de Trabajo debería haber aprobado ya un reglamento al que obliga el conocido como estatuto del bombero, para regular las jornadas de trabajo en condiciones extremas o el reconocimiento de enfermedades profesionales, pero “no lo ha hecho”. “Es urgente que actúe y cumpla con sus obligaciones”, señala la central sindical.

En la Comunitat Valenciana, los bomberos forestales celebraron el pasado año la aprobación del tercer turno, una reivindicación histórica para reforzar los operativos y reducir la carga de trabajo en emergencias prolongadas. Sin embargo, denuncian que la falta de estructura de la empresa pública SGISE está retrasando la incorporación de nuevos efectivos y mantiene vacantes decenas de puestos de mando. Según el comité de empresa, el déficit de personal llegó a alcanzar el 40% durante el invierno y ronda el 15% en pleno verano, una situación que ha obligado incluso a recurrir a bomberos voluntarios fuera de su turno para hacer frente a incendios como el de la Vall d'Uixó de Castellón.

A la falta de efectivos se suma, aseguran, un parque móvil envejecido y la escasez de medios materiales. “Hay camiones que a mitad de un incendio te dejan tirado”, denuncia Miquel Férriz, jefe de unidad en Castellón y delegado de la CGT, que advierte de que algunos helicópteros operan con solo dos bomberos cuando deberían hacerlo con seis. Aunque muchas comunidades han ido incrementando en los últimos años el presupuesto destinado a prevención y extinción de incendios, no ha sido así en la Comunitat Valenciana, donde PP y Vox acaban de reducirlo en plena época de fuegos.

La falta de coordinación

Las reivindicaciones se replican en Andalucía, donde el incendio que acabó con la vida de 14 personas en Almería a principios de julio sorprendió a la Junta con retenes de bomberos “incompletos”, según denunciaron. En Catalunya, las noticias son diferentes: el cuerpo de bomberos ha ido ganando efectivos y tanto los presupuestos como las plantillas y los medios de extinción crecen año a año. Además, los efectivos cobran allí uno de los salarios más altos de España para el sector, que alcanza los 40.000 euros anuales. Aun así, las denuncias sobrevuelan y apuntan a materiales de protección “anticuados” u horas extra sin las que el sistema “se vendría abajo”.

El tono es también diferente en Galicia, aunque lo habitual año a año sigue siendo la imagen de unos equipos desbordados por el fuego que siguen hablando de “falta de previsión” por parte de la Xunta y de una política forestal “fallida”. Aun así, el punto débil del dispositivo se reduce sobre todo a la descoordinación, según los trabajadores.

Algo a lo que también señalan el resto de comunidades y que, en parte, se debe a que en las emergencias trabajan diferentes tipos de cuerpos: en el caso de Galicia, está el personal dependiente de la Xunta, entre los que hay funcionarios y fijos-discontinuos, que trabajan este año ocho meses. Se suman las brigadas municipales, que según los sindicatos no son profesionales y apenas reciben formación adecuada, y el personal de las BRIF, que depende del Estado. En algunos casos como el de los últimos incendios en Madrid y Ávila, en los que el Gobierno central concentró el mando, está trabajando también la UME.

“Nosotros somos tres y cuando nos llaman aparecemos en el fuego y hacemos lo que nos parece adecuado según las circunstancias, si la cosa se complica y el número de hectáreas aumenta, ya aparecen los ingenieros, los políticos, los periodistas y bomberos de otras brigadas sin que esté claro quién coordina ni cuál es la estrategia”, resume Manuel Fernández, bombero do Consorcio de Ourense, sobre la situación en su comunidad.

Con información de Rodrigo Abad, Laura Martínez, Gonzalo Cortizo y Pau Rodríguez.

La ola de incendios que ha obligado a declarar la emergencia nacional en Madrid y Ávila ha vuelto a hacer circular bulos y mitos climáticos que se propagan por redes sociales. Algunos reaparecen cada año y otros se circunscriben a los fuegos concretos declarados este verano, tras lo que más de 150.000 hectáreas han sido arrasadas. Las autoridades advierten de la difusión de desinformación que incrementa fácilmente la alarma social y recomiendan informarse por canales oficiales. Estos son algunos de los bulos más repetidos estos días:

No nos dejan limpiar los montes

Cada temporada de fuegos emerge la afirmación que asegura que la Agenda 2030 o los “ecologetas”—entre otros supuestos culpables— no permiten limpiar los montes a ganaderos, agricultores y propietarios. Es falso. Lo primero es que la Agenda 2030 de la ONU no es una ley que dicte normas concretas sobre gestión forestal, sino un conjunto de objetivos de desarrollo sostenible.

Pero, además, es al contrario: la ley de montes de 2003 —aprobada por el PP— exige a las comunidades autónomas la aprobación de planes de prevención de incendios, que en la práctica incluyen la gestión sostenible de los montes mediante retirada de restos, desbroces, podas y otras medidas. Según Greenpeace, los propietarios forestales deben mantener sus fincas limpias y en buen estado y, si no lo hacen, los ayuntamientos deben exigírselo o incluso encargarse de ello. Además, las normativas autonómicas suelen obligar a propietarios de parcelas cercanas a núcleos urbanos a mantenerlas limpias y, en general, permiten hacerlo sin licencia salvo que estén en espacios protegidos.

Lo que sí ocurre es que en épocas puntuales con alto riesgo de incendio o durante las olas de calor se dictan limitaciones a actividades que, precisamente, pueden provocar fuegos. Por ejemplo, la quema de rastrojos o el uso de maquinaria que genere chispas. La Guardia Civil detuvo el pasado viernes a una persona como presunta autora del fuego de Burgohondo, en Ávila, por utilizar este tipo de maquinaria en una zona prohibida. El incendio se ha convertido en el peor de la historia de España.

Se queman terrenos para recalificarlos

Hay quienes hablan de “intereses ocultos” que estarían detrás de los incendios con el objetivo de recalificar terrenos. Sin embargo, la ley de montes no permite recalifiar un suelo quemado hasta 30 años después del incendio forestal. La única excepción se introdujo en 2015 para los casos en que existan “razones imperiosas de interés público de primer orden”. Según ha explicado el Ministerio para la Transición Ecológica, desde la aprobación de la ley en 2003 no se ha llevado a cabo ninguna obra pública en zonas afectadas por incendios.

Los incendios se provocan para instalar paneles solares

Que se queman los montes intencionadamente para instalar plantas de renovables es otro de los bulos habituales. “Para saber dónde se van a producir los próximos incendios forestales, con leer el BOE es suficiente. Donde se hayan aprobado la instalación de plantaciones fotovoltaicas, ahí serán”, decía un mensaje en X hace unos días. Es esta una afirmación que suele circular junto a la de la recalificación de los terrenos, pero lo cierto es que para hacer este tipo de instalaciones no se necesita recalificación del suelo. Lo que sí es obligatorio siempre es el trámite ambiental habitual, con o sin incendio previo. Estas narrativas suelen extenderse en la opinión pública sin que se aporten datos, casos concretos ni ningún tipo de evidencia.

Siempre ha hecho calor y el cambio climático no es tan importante

Los datos son inéquivocos: la emergencia climática es una realidad que va a peor cada año. Las olas de calor son ahora más frecuentes, más intensas y más duraderas que hace unas décadas y cada vez más, las condiciones meteorológicas, forman un cóctel perfecto para la expansión de 'superincendios' difíciles de contener. Los récords de temperaturas no dejan de producirse casi año a año: según la AEMET, este junio y julio han sido los dos meses más cálidos desde que hay registros. El cambio climático no enciende los incendios forestales, pero sí crea las condiciones para que sean más peligrosos.

Órdenes “de arriba” para no hacer nada ante el fuego

Son varios los mensajes en redes sociales que reproducen esta misma idea: la existencia unas supuestas órdenes “de arriba” dadas a los equipos de extinción que están trabajando sobre el terreno para que no hagan nada y dejen que los montes se quemen. No hay ninguna evidencia de esas supuestas instrucciones, pero sí del trabajo que realizan día y noche los 3.000 efectivos, entre bomberos, personal de las comunidades autónomas o militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que están intentando controlar los fuegos solo en Madrid y Ávila.

Algunos de estos comentarios están acompañados de vídeos descontextualizados de trabajadores que están actuando sobre el fuego. La realidad es que las decisiones sobre dónde y cuándo intervenir responden a criterios técnicos y de seguridad, en función de la evolución del incendio.

En España existe “terrorismo incendiario”

No es poco común que se mencionen las mafias, tramas organizadas o un supuesto “terrorismo incendiario” que provocaría los incendios de forma sistemática y coordinada. Sin emabargo, la Fiscalía ha descartado en varias ocasiones la existencia de este tipo de organizaciones criminales complejas. Lo que sabemos es que detrás de los incendios suele estar el factor humano, desde accidentes a negligencias o fuegos intencionales. Solo una mínima proporción de los incendios se atribuye a personas que sufren piromanía.

Marruecos envía hidroaviones a España

Varios vídeos en TikTok muestran imágenes de supuestos aviones procedentes de Marruecos recogiendo agua para colaborar en las tareas de extinción de los incendios de Madrid y Ávila. Sin embargo, es falso. Según ha documentado Maldita.es, ni siquiera los hidroaviones que aparecen en estos vídeos pertenecen a la Real Fuerza Aérea de Marruecos, sino que son de la Sécurité Civile de Francia. El video original fue publicado el 5 de julio de 2026, antes de los incendios de especial gravedad declarados hace una semana.

España solicitó ayuda el pasado viernes al Mecanismo Europeo de Protección Civil y, de momento, Grecia, Italia, Portugal y Turquía han enviado aviones o personal para colaborar en las tareas de extinción.

El piloto que denuncia no poder coger agua de piscinas

Lleva días circulando en redes sociales el testimonio de un supuesto piloto español advirtiendo de que los vecinos no permiten “coger agua” de piscinas privadas para apagar el fuego. Sin embargo, este piloto no está trabajando en el momento de la grabación en España ni es un testimonio actual. Se trata de una grabación publicada por el canal chileno T13 en febrero de 2023, cuando el país vivió una de las peores olas de incendios de los últimos años.

Mientras sigue el avance del fuego y los incendios de Madrid se unen en uno solo, miles de efectivos trabajan para evitar que este confluya con el de Ávila en un mismo frente común. La batalla contra el fuego se libra sobre el terreno, pero pone sus ojos en las condiciones meteorológicas, determinantes en estos casos. El viento, el calor y la baja humedad son lo contrario a un aliado en la extinción de las llamas y los tres factores están convergiendo en los incendios por los que el Gobierno ha declarado la emergencia nacional.

Así lo detalla en conversación con elDiario.es el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) Rubén del Campo, que explica que este es el motivo por el que este viernes la situación ha sido de “peligro extremo”. Aunque en la zona han bajado las temperaturas con respecto a los días previos, hablamos todavía de registros muy elevados, de más de 30 grados, lo que sumado a una baja humedad relativa y a un viento que “se va a ir intensificando” en las próximas horas —con rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora—, suponen un desafío para el control del fuego.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, advirtió durante la mañana de un “día crítico” y la situación ha obligado ya a desalojar y confinar en sus pueblos a casi 60.000 personas.

La AEMET forma parte de los operativos desplegados y monitoriza en tiempo real la situación desde el Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), a cuyas reuniones también asiste. Sus previsiones son un delicado equilibrio entre variables que no siempre evolucionan al mismo tiempo ni en el mismo sentido: en un incendio forestal, la meterología es un conjunto de piezas que no funcionan por separado, es su combinación la que determina las condiciones.

El giro del viento

En este sentido, los pronósticos de la AEMET apuntan a que el viento dará una tregua durante la noche y la madrugada y, ya el sábado, habrá un descenso de las temperaturas. Sin embargo, explica Del Campo, paralelamente ocurrirá otro de los fenómenos que condicionan mucho el control de las llamas y que pueden modificar su comportamiento de forma súbita: un cambio de dirección. “El viento dificultará la tarea porque además de soplar con rachas fuertes que podrían superar los 60 kilómetros por hora, empezará a soplar del noroeste”, informa el portavoz.

Este aire suele favorecer la propagación del frente y la diseminación de partículas, que pueden originar nuevos focos. Del Campo explica que las rachas fuertes, además, complican la utilización de medios áereos, mientras que el viraje de su dirección “obliga a una reorientación de la lucha contra el fuego y a movimientos de efectivos que estaban en otra zona”. “Mientras se produce el cambio de dirección, en la zona del incendio puede haber una situación 'caótica' y no definida porque en unas áreas puede estar soplando en la nueva dirección pero en otras estar todavía haciéndolo en la antigua, lo que dificulta la gestión durante unas horas”, añade el experto.

Además, en incendios de este tipo, “es probable” que puedan formarse fenómenos como los pirocúmulos, que son nubes que crea el propio fuego debido a que el calor extremo que desprende hace que el aire caliente ascienda deprisa y arrastre humo, cenizas y vapor de agua que se condensarán al enfriarse. Según el portavoz de la AEMET, el sábado es el día con las condiciones “más propensas” para su desarollo.

El domingo es el día señalado por la Agencia como “el más favorable” para facilitar las labores de extinción: aunque puede seguir presentando cambios de dirección, perderá “mucha intensidad” y el calor no será excesivo, lo que dibuja un escenario más propicio. Sin embargo, “la ventana es estrecha”, ilustra Rubén del Campo, porque a partir del lunes suben de nuevo las temperaturas y el peligro de incendios vuelve a colocarse en alto e incluso extremo en los días posteriores.

“Los pronósticos ya anuncian un nuevo episodio cálido la próxima semana, que podría derivar en una nueva ola de calor, y los de las siguientes, con las debidas reservas, siguen anunciando calor”, sostiene el experto, que advierte de que España ya acumula más de 133.000 hectáreas quemadas en lo que va de año, lo que “supera ya el promedio anual de 96.000”.

Una situación atravesada por el cambio climático que, recuerda el portavoz de la AEMET, “sin duda está haciendo más frecuentes” fenómenos meteorológicos que “conducen” a elevar el riesgo. “Las olas de calor son más frecuentes, más intensas, más duraderas y más extensas que hace unas décadas. Este 2026 se está llevando la palma: junio y julio han sido los dos meses más cálidos desde que hay registros”.

Tres mujeres en 24 horas. Es el último pico de casos investigados como violencia machista concentrados en un escaso periodo de tiempo, entre el lunes y el martes de esta semana. El primero ocurrió en Antequera (Málaga), donde la Policía Nacional encontró el cadáver de un hombre que se había suicidado y, horas después, el de su pareja, de 29 años, a la que había matado en casa a cuchilladas. Poco después era detenido en Alameda de la Sagra (Toledo) un hombre de 48 años por el asesinato de su pareja y, a las pocas horas, la Guardia Civil hallaba en Benahavís (Málaga) el cuerpo sin vida de otra mujer con signos de violencia.

Los dos primeros han sido ya confirmados como violencia de género y el último se encuentra aún bajo investigación. De ratificarse los tres, serían 32 el número de casos mortales registrados en lo que va de año. Seis de ellos desde que dio comienzo el verano, la época en la que más asesinatos suelen acumularse. El número de menores huérfanos por esta causa alcanza ya los 20.

Las tres mujeres pasarán también a formar parte del registro de homicidios ocurridos en España este 2026. La extensión de la violencia hacia las mujeres por parte de sus parejas o exparejas es tal que, en más de la mitad de los asesinatos en los que la víctima era una mujer, el agresor fue un hombre con el que mantenía en el momento de los hechos o en el pasado una relación sentimental. Los datos del Instituto Nacional de Estadística cruzados con el registro de víctimas de violencia machista arrojan luz sobre este fenómeno: entre 2003 —primer año con datos oficiales— y 2025, fueron asesinadas en nuestro país 7.767 personas, de las que 2.577 fueron mujeres. De ellas, el 52% lo fueron por violencia de género.

Miguel Lorente, médico forense y exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, explica que el dato debería hacer entender este tipo de violencia “en toda su amplitud, dimensión y significado”. “Sabemos que el grupo de población que, con diferencia, más representado está en esta violencia es el de las mujeres que, sin tener ningún tipo de vínculo con la criminalidad, son asesinadas en sus casas por sus novios o maridos actuales o pasados, mientras que el de grupo de agresores más activo es el de hombres que matan a sus parejas o exparejas”, sostiene el experto.

A las cifras habría que añadirles, además, los otros feminicidios cometidos por hombres que, desde 2022, también contabiliza el Ministerio de Igualdad. Son casos en los que las mujeres son asesinadas por el hecho de serlo en contextos derivados de la violencia sexual, familiar o laboral. Un fenómeno que eleva los datos todavía más: si a las 48 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas el año pasado les sumamos los 26 feminicidios registrados, el 82% de todos los asesinatos en los que la víctima fue una mujer ese año, fueron feminicidios.

“La construcción de género es la causa fundamental y esencial de la mayoría de homicidios sufridos por las mujeres en el planeta”, afirma Lorente. Es algo que ha corroborado Naciones Unidas a nivel global: los hombres son en mayor medida víctimas de asesinatos en todo el mundo —fundamentalmente a manos de otros hombres—, pero ellas, cuando mueren por esta causa, lo hacen por parte de sus familiares y parejas. Esta realidad ha llevado a la ONU a concluir que “el hogar es el lugar más peligroso para las mujeres”.

“El problema de la violencia en pareja es estructural y ocurre incluso en aquellos países como España en los que la violencia con resultado de muerte no está tan generalizada”, apunta la Catedrática de la Universidad de Alicante en Medicina Preventiva y Salud Pública Carmen Vives Cases, que recalca la urgencia de “intervenir antes de que ocurra” el asesinato, la expresión más brutal del maltrato. “Se trata de aprovechar los contextos de oportunidad y eso pasa por mejorar y reforzar el sistema y sus recursos, que están sobrepasados, les falta presupuesto y personal formado”.

El verano como disparador de casos

La acumulación de asesinatos como la de los últimos días suele darse de vez en cuando, pero es más común en verano, en el que se concentran más casos. Julio es, de hecho, el mes con más registros de toda la serie histórica, seguido de junio y agosto. Diciembre y enero son otros de los periodos en los que más asesinatos se producen.

Las expertas llevan años intentando analizar qué hay detrás de la estadística y apuntan a algunos factores que pueden funcionar como “disparadores” de la violencia, especialmente en época vacacional. “Actualmente no es posible relacionarlo tanto con el tema del calor aunque sí genera estrés y agresividad, pero hacen falta explicaciones más completas y no unicausales: lo que sabemos es que en estos periodos se da más contacto y se convive más, se planifican vacaciones o surgen motivos de conflicto relacionadas con las cuestiones familiares o de los hijos e hijas”, explica Vives Cases, que califica la violencia de género de “pandemia”.

Lorente explica que, partiendo de que el objetivo último de los agresores es controlar a las mujeres, el verano y las Navidades se erigen como escenarios en los que la sensación de pérdida de control puede aumentar. Esto puede hacer que con mayor probabilidad utilicen la violencia con este fin. “Son momentos de salir más, de forma más improvisada y quizá con gente diferente y a lugares distintos. Hay más descontrol y eso es percibido por el agresor como una intromisión. Si están separados, esto puede hacer que sientan que no van a recuperar a la mujer, lo que constituye un factor acelerador de la violencia”, esgrime el experto.

Otro de los elementos que suelen ponerse sobre la mesa son el llamado “efecto imitación” o una posible relación entre el aumento de la violencia y grandes eventos deportivos como el Mundial de fútbol que acaba de ganar el equipo español. Se trata de una variable que han analizado países como Reino Unido, donde incluso se ponen en marcha campañas públicas cuando hay partidos importantes. Según una investigación de la Universidad de Lancaster, en los mundiales de 2002, 2006 y 2010 la violencia aumentó un 26% cuando el equipo del agresor ganó o empató y un 38% cuando perdió. En España faltan estudios de este tipo.

Con todo, las especialistas recuerdan que este tipo de factores no son “causa-efecto” porque la realidad de la violencia machista es compleja y multicausal. Y apuntan al machismo como base: “La violencia de género se produce porque hay una construcción cultural, el patriarcado, que da razones a los hombres para que entiendan que se puede corregir, castigar o controlar a las mujeres de esta forma y que da a la sociedad razones para justificarla”, opina Lorente.

Ante la concentración de casos de lo que llevamos de julio, el Ministerio de Igualdad ha convocado un comité de crisis el martes que viene, en el que ministerios, comunidades autónomas y otros organismos implicados, como la Fiscalía, analizarán cada caso. En dos de los últimos tres, había rastro de las víctimas y sus agresores en VioGén, el sistema de protección de las víctimas de violencia machista, pero no había medidas de protección vigentes. Tanto la mujer asesinada en Antequera como la de Benahavís, ambas en Málaga, habían denunciado en algún momento, pero el sistema no las protegió.

Gráficos elaborados por Ainhoa Díez.

Diciembre de 1935. Aún queda más de medio año para la sublevación militar que derrocaría la democracia, pero el descontento con el proyecto republicano era cada vez mayor. La destitución del líder de la CEDA, José María Gil Robles, como ministro de la Guerra había intensificado el malestar de los sectores más reaccionarios del Ejército y de la élite conservadora. De noche, tres generales mantienen una reunión secreta que es interrumpida por el teniente coronel Valentín Galarza. Trae un encargo del líder monárquico José Calvo Sotelo, que envía un mensaje claro: es hora de dar un paso al frente.

De aquella reunión no salió ningún acuerdo, pero la escena refleja que la idea de acabar con la República no surgió de la nada antes de desembocar en el golpe de Estado del 17 y 18 de julio de 1936, que cumple 90 años. La planificación del levantamiento suele situarse a finales de 1935, definitivamente acelerado por el triunfo del Frente Popular en febrero de 1936, pero los movimientos conspirativos bullían prácticamente desde el inicio del nuevo régimen. El camino había empezado a recorrerse mucho antes con una dirección precisa.

“Hubo un plan muy concreto y preparado meticulosamente desde antes, no fue ninguna reacción espontánea sino el producto de una trama monárquico-militar-fascista”, afirma el historiador Ángel Viñas, autor de numerosos libros sobre el tema. El experto se muestra contundente frente a las tesis revisionistas que sitúan el origen en una respuesta casi inevitable frente al asesinato, solo unos días antes, del líder de Renovación Española, Calvo Sotelo. A pesar de que estas son las versiones que se encargó de difundir con ahínco la propaganda franquista, aún hoy siguen teniendo eco.

Que las maniobras preparatorias del Alzamiento Nacional –llamado así por los franquistas– estaban ya orquestadas antes del asesinato del político monárquico al que la dictadura convertiría en mártir está plenamente demostrado. De hecho, no sería el primer intento: antes, en 1932, el general José Sanjurjo había liderado un primer levantamiento militar desde Sevilla que “no estaba muy preparado, no tenía estructura y acabó fracasando”, explica el historiador Gutmaro Gómez Bravo.

El rechazo a la Segunda República iba aumentando por factores como las reformas sobre la tierra y la Iglesia, el crecimiento de la participación obrera, la revolución de octubre de 1934 y la destitución de Gil Robles, que había favorecido el ascenso de militares africanistas reaccionarios. Para algunos sectores, estas medidas suponían una amenaza a la llamada “antiEspaña”. Como explica la profesora de la UNED Pilar Mera, “más que un proyecto común, compartían un antiproyecto: derrocar al Frente Popular y lo que este significaba”.

Porque la victoria de la alianza de izquierdas en las elecciones de febrero de 1936 marcó un punto de no retorno. Menos de un mes después, varios altos mandos del Ejército que después se convertiría en golpistas —entre ellos Franco, Mola, Orgaz, Fanjul y Varela— se reunieron para planificar “un alzamiento que restableciera el orden en el interior y el prestigio internacional de España”. Era la trama militar del golpe, que acabaría acordando que Sanjurjo –y no Franco– sería la figura que lo encabezaría.

Paralelamente, actuaba la Unión Militar Española (UME), una organización semisecreta y antirrepublicana que, tras la radicalización política de 1934, creció rápidamente hasta los 7.400 asociados. La asociación actuó como un elemento vertebrador del golpismo dentro del Ejército, llegando a “penetrar en los cuarteles y reclutar a gente” para ejecutar la sublevación de 1936, explica Mera.

Los monárquicos, los primeros conspiradores

Aunque fue un levantamiento militar, la pata civil del golpe contaba con diferentes activos. Los monárquicos alfonsinos fueron los conspiradores más tempranos y, según ha revelado Viñas, hicieron una aportación decisiva: sus contactos con la Italia fascista habían arrancado mucho antes, pero el 31 de marzo, una delegación se reunió directamente con Benito Mussolini para asegurarse su ayuda en caso de insurrección. Faltaban dos años para el golpe. “Este fue un punto de inflexión clave y lo que puso de manifiesto es el interés político de Italia por España una vez acabaran con la República”, incide el historiador.

La concreción práctica del pacto llegó el 1 de julio de 1936, solo dos semanas antes de la sublevación, cuando el diputado monárquico Pedro Sáinz Rodríguez firmó cuatro contratos secretos en Roma para el suministro de una flota de aviones de combate, acompañados de listas “muy detalladas” de armamento, munición y piezas de recambio. Según Viñas, que reproduce los contratos en Quién quiso la Guerra Civil. Historia de una conspiración (Crítica), la operación fue financiada por el banquero Juan March, al que identifica como “el financiador más importante de la conspiración”.

“La gran diferencia en este golpe ofensivo y simultáneo es que está respaldado por todas las fuerzas conservadoras, que acaban dando su beneplácito a través de intermediarios. Después lo intentarán justificar de forma propagandística, pero la realidad es que se apartaron de la vía democrática para detenerla”, explica Gómez Bravo. Al margen de los monárquicos, la CEDA “no había dado un paso así hasta este momento” y el hecho de que “el principal partido de la oposición” apoye la sublevación “es fundamental”, apunta el historiador.

Esta constelación de actores se repartió los papeles. “Antes del golpe en sí, algunos se encargaron de generar una sensación de caos de una manera u otra”, explica Mera. Mientras la Falange de José Antonio Primo de Rivera “lo hacía en la calle”, Calvo Sotelo y Gil Robles “se dedicaban cada día de manera activa a hacer recuento en el Parlamento de los supuestos altercados desde una perspectiva catastrofista”. “Para sublevarse, tenían que crear una sensación de necesidad y, aparte de infiltrar las fuerzas del orden, se dedicaron a crear un estado de crispación a la que la izquierda respondió”, afirma Viñas, que también ha escrito sobre “los errores” de la República para detener el golpe.

Gómez Bravo explica que los falangistas y los carlistas, a través del Requeté, aportaron sus milicias armadas. “En este tipo de golpe fue importante porque no solo se trataba de tomar el poder e ir hacia Madrid, sino de asegurar las capitales de provincia y las regiones militares. A nivel local, los carlistas y Falange son clave porque tienen a su gente armada para controlar y están encuadrados”. Posteriormente, los falangistas “prestarían” al golpe “mucha consistencia ideológica y estética” que se mantendría sobre todo durante el primer franquismo.

El Director

Por encima de los diferentes movimientos, había, sobre todo, una única dirección militar encabezada desde Pamplona por Emilio Mola, el cerebro táctico del golpe. “Todo está ya en marcha y no ha de cundir el desaliento”, llegó a decir en una de sus instrucciones reservadas, que firmaba como El Director. En ellas, Mola estableció las bases del levantamiento, la organización y coordinación de las fuerzas militares, los itinerarios de avance y la estrategia que debía seguirse después. “Ha de advertirse a los tímidos vacilantes que aquel que no esté con nosotros está contra nosotros y que como enemigo será tratado. Para los compañeros que no sean compañeros, el movimiento triunfante será inexorable”, envío el 20 de junio.

Mola y no Franco fue el hombre encargado de dirigir el levantamiento. Tampoco fue el elegido para situarse al frente a pesar de que acabaría liderando el bando sublevado durante la Guerra Civil y se convertiría en dictador durante cuatro décadas. De hecho, según explica el historiador Julián Casanova en su biografía, Franco tardó en sumarse al golpe y no fue hasta junio que se comprometió definitivamente. El asesinato de Calvo Sotelo acabó por convencerle, llegándolo incluso a considerar “la señal”.

Entonces ya le estaba esperando el Dragon Rapide, un avión alquilado en Inglaterra mediante una operación en la que de una u otra manera llegarían a participar Juan March, Jacobo Fitz James Stuart, duque de Alba, o el director de ABC, Juan Ignacio Luca de Tena. La aeronave le trasladaría de Canarias a Marruecos el 18 de julio para ponerse al frente de las tropas allí asentadas. En ese momento, el futuro dictador no dirigía la sublevación, pero dos días más tarde, el 20 de julio, José Sanjurjo murió en un accidente de avión mientras era trasladado de Portugal a España.

“Esto cambia la historia porque Sanjurjo había sido elegido para presidir la Junta de Militares, que quedaría descabezada. Franco juega sus cartas y gana”, explica Gómez Bravo. La decisión del general de pedir ayuda directamente a la Alemania de Adolf Hitler para pasar a sus tropas desde Marruecos a la península marcó una primera diferencia y “alteró la posición de liderazgo entre Mola y él”. Según escribe Casanova, a partir de la muerte de Sanjurjo, Franco “jugó sus cartas con destreza y ambición” y comenzó a presentarse como el líder de los militares rebeldes.

La Guerra Civil ya había empezado porque la sublevación no triunfó en centros neurálgicos como Madrid o Barcelona. Tras dos meses de combates y con las tropas franquistas dirigiéndose hacia Madrid, el general tomó otra decisión clave: en vez de tomar la capital, decidió desviarse hacia Toledo para “liberar” el Alcázar, algo que el franquismo convirtió en mito y que contribuyó a agrandar su figura como salvador de España. Esos días, la cúpula militar estaba debatiendo el nombramiento de un mando único. El 1 de octubre fue elegido como Jefe del Gobierno del Estado, un cargo que aceptó afirmando: “Ponéis en mis manos España y yo os aseguro que mi pulso no temblará [...] Llevaré a la patria a lo más alto o moriré en el empeño”.

El Gobierno acaba de devolver a título póstumo al pionero Emilio Herrera Linares el rango de General del Ejército al que ascendió durante la Segunda República pero que nunca fue reconocido por el franquismo. Así consta en Real Decreto publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado y al que dio luz verde el pasado Consejo de Ministros. La disposición, firmada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, restituye su empleo al ingeniero al que Franco condenó al exilio y a la 'muerte civil' a pesar de haber sido un referente en su campo.

Herrera fue un pionero y desde los comienzos de su carrera se dedicó a la aeronáutica, participando en ascensiones en globo científicas y deportivas. Diseñó, además, la primera escafandra estratonáutica, precursor de los trajes espaciales. El ingeniero y militar se había formado en la Academia de Ingenieros de Guadalajara y se graduó como teniente en 1903. Cuando los sublevados dieron el golpe de Estado contra la República y estalló la Guerra Civil, ya era teniente coronel del Arma de Ingenieros del Ejército hasta que durante la contienda ascendió a coronel y a general en 1938.

Estos nombramientos se produjeron conforme al orden jurídico vigente republicano, pero no fueron reconocidos por la dictadura basándose en el decreto que anuló todas las normas posteriores al 18 de julio de 1936 que no hubieran sido dictadas por los sublevados. Herrera murió en Suiza en 1967 sin que se hubiera restituido su memoria. Católico y monárquico, pero fiel a la democracia cuando los golpistas se levantaron en armas, llegó a ser presidente del Gobierno en el Exilio de la República. Según señala el Real Decreto, Herrera había sido “un referente militar, ingeniero, intelectual, científico y político” llegando a ser nombrado Experto Internacional de Aviación. Sin embargo, como ocurrió con muchos otros profesionales destacados, fue depurado por la dictadura.

El pasado mes de diciembre, los descendientes de Emilio Herrera y su mujer Irene Aguilera, considerada la primera mujer en volar tras aprender a manejar un biplano en 1911, recibieron de manos de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática una declaración de reparación y reconocimiento como víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. En el documento, que es una figura contenida en la Ley de Memoria Democrática, se reconocía la “violencia y persecución” por motivos políticos o ideológicos sufridas por ambos durante su vida.

Sin embargo, el Real Decreto recientemente aprobado reconoce que este paso es “compatible” con la adopción de otras medidas que “pueda desarrollar el Estado para alcanzar una reparación integral” de su figura. En el caso de Emilio Herrera, la decisión “permite una restitución digna del empleo militar máximo alcanzado” con el objetivo de llegar a un “pleno restablecimiento de sus dimensiones individual y colectiva”. Eso sí, el reconocimiento no tiene efectos de índole económica, estipula el texto, que toma la decisión “en atención a las circunstancias excepcionales, méritos y virtudes militares concurrentes”.

La respuesta del Gobierno a la derogación de las leyes de memoria histórica autonómicas suma un nuevo capítulo. El Consejo de Ministros tiene previsto acordar en la reunión de este martes el recurso ante el Tribunal Constitucional de la ley de concordia de Extremadura, aprobada por PP y Vox el pasado octubre. En línea con la estrategia que ha desplegado contra otras comunidades que han hecho lo mismo, el Ejecutivo recurre a los magistrados para intentar paralizar una ofensiva que comenzó en Aragón en una fecha tan significativa como el 20 de noviembre de 2023, aniversario de la muerte de Franco.

Entonces, las derechas iniciaron la derogación de las leyes autonómicas de memoria y, en muchos casos, su sustitución por las llamadas leyes de concordia, un concepto tras el que reproducen el argumentario revisionista de la extrema derecha y apelan a la “reconciliación” entre españoles. Los pasos atrás consumados en esta materia fueron una de las medidas estrella de los pactos de gobierno de 2023 como exigencia de Vox a cambio de hacer presidentes a varios líderes del PP y se han convertido en moneda de cambio.

En el caso extremeño, la derogación se hizo efectiva el 9 de octubre de 2025 como último pago del PP de María Guardiola a la extrema derecha. Según ha podido saber elDiario.es, el Gobierno interpone ahora el recurso tras culminar el paso previo de negociación en la Comisión Bilateral obligatoria en estos casos y, como en otras ocasiones, reclama la suspensión cautelar mientras el Tribunal Constitucional resuelve. Hace escasos días, el tribunal admitió a trámite el recurso contra la supresión de la memoria en Baleares, con la consiguiente paralización cautelar.

Fuentes del Ejecutivo apuntan a que “existen motivos suficientes de inconstitucionalidad” en la anulación de la ley extremeña por dos motivos: “vulneración de derechos fundamentales” y también “diferencias competenciales” entre el Estado y la comunidad autónoma. “La ley [de concordia] podría vulnerar la dignidad y los derechos de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista porque limita sus derechos, especialmente el derecho a la verdad, la reparación y las garantías de no repetición, reconocidos por el Derecho Internacional”, apuntan las mismas fuentes.

El Gobierno recuerda que la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022 es una norma de rango estatal que establece “el deber de memoria” a todas las administraciones, incluidas las autonomías. En este sentido, sostiene que la nueva ley extremeña “reduce la protección de los derechos reconocidos” por la legislación nacional y las normas internacionales y que, al derogar la de memoria histórica, hace desaparecer “los órganos y mecanismos necesarios para aplicar muchas de las actuaciones en favor de las víctimas”.

El recurso se suma así a la batería de impugnaciones impulsadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a medida que los gobiernos de PP y Vox han ido desmantelando o reemplazando sus leyes de memoria. Tras Aragón, llegó el turno la Comunitat Valenciana, que aprobó la ley de concordia en un debate en el que el entonces president, Carlos Mazón, recurrió a Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA, para justificarla. Posteriormente el PP de Cantabria se apoyó en Vox para fulminar la ley y cumplir así una promesa electoral propia. La última en hacerlo fue Balears, donde las derechas evocaron a “los asesinados por las hordas rojas” para justificar la decisión.

Una ley que empieza en 1931

En Extremadura, la presidenta María Guardiola había dilatado la decisión frente a la exigencia de Vox por considerar que la extrema derecha pretendía “negar, olvidar y reinterpretar la historia”, pero la popular cambió de opinión cuando el apoyo de los diputados de los de Santiago Abascal fue indispensable para aprobar una rebaja fiscal. Entonces, ambas formaciones registraron un proyecto de ley conjunto que fue aprobado menos de un mes antes de que Guardiola adelantara las elecciones.

Ya sea dejando a las comunidades sin ley o sustituyéndolas por una “de concordia”, tras estas decisiones hay una narrativa que sostiene que la memoria histórica “provoca división y resentimiento” entre españoles. La norma aprobada en Extremadura —y recurrida ahora por el Gobierno— evita condenar el franquismo y lo equipara con la Segunda República, además de adelantar intencionadamente el marco temporal de aplicación y situarlo en 1931 y no en 1936, fecha del golpe de Estado e inicio de la Guerra Civil. Además, incluye a las víctimas del terrorismo perpetrado por “minorías violentas”, según reza el texto.

En ningún momento la ley nombra la sublevación franquista ni la palabra dictadura, sino que alude a un “clima de inestabilidad” y de “exclusión del adversario” durante la Segunda República que provocó que “la conversación pública saltara por los aires entre 1931 y 1936”. Sin mencionar el golpe, el texto prosigue y hace un salto hacia la Guerra Civil, que asegura: “Llevó hasta el paroxismo las dinámicas de enfrentamiento de años anteriores”. La norma solo alude al franquismo para afirmar que “nunca ha habido un relato consensuado” sobre el mismo, a pesar de que la historiografía no duda de la enorme escala de represión sistemática que marcó la dictadura.

La Audiencia Nacional ha rechazado suspender el acuerdo entre la Iglesia y el Gobierno para resfignificar el Valle de Cuelgamuros y convertirlo en un Lugar de Memoria. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha emitido un auto en el que desestima la petición de medidas cautelares de Abogados Cristianos, que buscaba paralizar el acuerdo y frenar el proceso aludiendo a que el Arzobispado de Madrid no era competente para firmarlo, un extremo que rechazan los jueces.

La asociación ultra presentó un recurso el pasado 29 de enero contra el pacto suscrito por el ministro Félix Bolaños y el arzobispo José Cobo después de que el Gobierno cerrara directamente en el Vaticano los detalles de la resignificación. El acuerdo derivó en la convocatoria de un concurso de ideas ya resuelto basándose en el cual se transformará el mausoleo mandado construir por Franco. El proceso está siendo objeto de varios intentos de paralización y, de hecho, hace un par de semanas el Tribunal Superior de Justicia de Madrid permitió que se retomen los sondeos previos a las obras, algo que había recurrido la Asociación para la Reconciliación y la Verdad Histórica.

En esta caso, la Audiencia Nacional ya había denegado la medida cautelarísima solicitada por Abogados Cristianos contra el acuerdo el pasado enero y acordó abrir pieza separada para analizar las cautelares. La organización aseguraba que esa supuesta falta de competencia a la que aludía convertía el documento del pacto “en un acuerdo informal sin capacidad para producir efectos jurídicos válidos” y, a su juicio, cualquier actuación derivada del mismo “debe decaer”.

Sin embargo, la Audiencia Nacional concluye que “no se aprecian” causas para la suspensión debido a que “no resultan palmarias las causas de nulidad absoluta” a pesar de que Abogados Cristianos alegue falta de competencia del Arzobispado de Madrid. “Los datos que obran en el expediente administrativo no permiten aval en tan sentido”, apuntan los magistrados.

Por otro lado, no aprecian que la no paralización del acuerdo vaya a producir daños irreparables, pues “no hay, de suyo, ningún efecto ni positivo ni negativo en el espacio físico a alterar como consecuencia del proceso de resignificación. Y tampoco redunda perjuicio irreparable la continuación del referido procedimiento”. “En consecuencia, no procede la suspensión interesada”, concluye la Sala.

El acuerdo recurrido por Abogados Cristianos establecía las bases de la resignificación, mantenía la basílica como espacio dedicado al culto y aseguraba la permanencia de los benedictinos en el monumento.

La historia de la resignificación del Valle de Cuelgamuros –antes Valle de los Caídos– es la de un proceso marcado por los innumerables intentos de frenar cualquiera de los pasos dados por el Gobierno: desde la exhumación de Franco a la de las víctimas allí enterradas y a las que ahora reclaman sus familiares y la transformación física del espacio.

El concurso para ello dio comienzo en abril de 2025 con la apertura del plazo para presentar los planes con los que convertir en un lugar de memoria el mausoleo, en el que están enterradas más de 33.000 víctimas de la Guerra Civil y la dictadura sin ningún cartel o panel que explique nada sobre su origen. El jurado eligió en noviembre el proyecto 'La base y la cruz' como ganador del certamen, que propone la construcción de un centro de interpretación. Los costes totales del proceso alcanzarán los 31 millones de euros.

Un colegio, un hotel de lujo, una plaza de toros, una explanada en la que varios niños juegan a la pelota, una parcela en la que, aún hoy, quienes la pasean encuentran casquillos de balas. Son las huellas de una historia que no ha sido lo suficientemente contada, la de los campos de concentración franquistas que poblaron el país desde la sublevación militar de 1936. Una dimensión de la represión que rescata del olvido Todo es cárcel, la nueva película de Eloy Enciso, que acaba de ganar el Gran Premio de la Competición Internacional del festival FID Marseille, celebrado este fin de semana en la ciudad francesa.

Los golpistas no necesitaron ni siquiera 24 horas desde que se rebelaran por las armas contra la República para abrir su primer campo de concentración a pocos kilómetros al sur de Tetuán. Repartidos por toda la geografía española, este tipo de espacios, de los que el periodista Carlos Hernández llegó a documentar 300, fueron usados por los franquistas para encerrar a los prisioneros a medida que conquistaban territorio. Funcionaron hasta finales de los años 40 y llegaron a albergar a más de 750.000 republicanos.

Su existencia, sin embargo, ha sido y es todavía ignorada más allá de la historiografía oficial y apenas hay señales en los lugares que ocuparon. Un olvido colectivo sobre el que Todo es cárcel propone una reflexión ineludible para las sociedades democráticas: qué ocurre cuando una violencia sistemática desaparece del relato compartido de un país, pero continúa dejando huellas en la vida cotidiana incluso sin darnos cuenta.

Porque el filme, aunque utiliza como elemento vertebrador el sistema concentracionario de la dictadura, apunta a un marco más amplio, el de la represión franquista en toda su amplitud. “Al menos para mi generación es algo bastante desconocido, pero que tiene un carácter muy rizomático. Cuando empiezas a tirar del hilo vas llegando a otras derivadas. La historia política de un país siempre se cuenta en términos macro y yo quería acercarme a lo micro, a cómo esa violencia tan sistemática puede estar aún presente hoy en día, cómo la hemos heredado o ha quedado reflejada en las familias”, explica el director Eloy Enciso, que en 2019 ya ahondó en las heridas abiertas de la Guerra Civil en Longa noite.

Su nueva película, una ficción con tintes documentales producida por Umbracle Cine y Filmika Galaika, sigue los pasos de Elsa, una fotógrafa que recorre el país con su proyecto sobre campos de concentración franquistas. En medio del proceso, la mujer tendrá que enfrentarse a su propio pasado y a su historia familiar, a partir de la muerte de uno de sus tíos, que vivió la dictadura de Franco. El suceso la llevará a la casa de Galicia en la que ella y sus primos tendrán que abordar qué hacer con el legado material mientras emergen las voces de quienes quieren enterrarlo para siempre.

Una “pugna” por la herencia de los objetos que representa a toda una sociedad. “La intención última no es que tenga un sentido literal, sino simbólico. Aún hay dos Españas, la que desde hace mucho tiempo pelea porque de verdad se afronte esta asignatura pendiente y la que no. Este es un problema de fondo y a gran escala que sigue bloqueando el acceso a la memoria”, cree Enciso.

Los objetos cotidianos vinculados al pasado adquieren un papel clave en el filme porque también lo tienen en la vida real. Las fotografías de los represaliados y las cosas que tuvieron en su vida o las que portaban en el momento de su fusilamiento son custodiadas por algunas familias para recordar a sus desaparecidos, mientras otras se ven abocadas al silencio.

El antropólogo Jorge Moreno, que tiene un papel en la película y lleva años investigando el poder simbólico de los objetos, lo explica con un caso real, el de los nietos de un represaliado que apenas saben quién fue o lo que ocurrió frente a otros familiares, la mayoría mujeres, que sí han resguardado la memoria. Para Enciso, esta y otras escenas muestran cómo “el sistema fue muy efectivo borrando las cicatrices de la historia que quedó en los árboles familiares” y que, de alguna u otra manera, nos atraviesa a todos y todas.

Las cartas de Carmen y Ángel

La narración va entrelazándose con otras capas, como la que traslada al espectador al final de la Guerra Civil y los primeros años de dictadura a través de Carmen y Ángel, una pareja de represaliados enamorados a los que separa el triunfo de los franquistas. Su historia está tejida por las cartas que se escriben mientras relatan la crueldad de las detenciones, los intentos de huida, los campos de concentración y las cárceles en las que son encerrados.

El intercambio epistolar es ficcional, pero tiene una base documental: son fragmentos de memorias, escritos y cartas reales. Sus palabras son retazos de las que algún día dijeron personas reales que fueron perseguidas por su forma de pensar. “Todo lo que se dice, alguien lo relató”, explica el director, que ha llevado a cabo una dilatada investigación al respecto.

“No soy capaz de contar todo lo que me hicieron, ojalá algún día lo consiga”, le dice Carmen a Ángel en uno de los extractos en los que cuenta su detención. Es 28 de junio de 1939 cuando él responde desde un campo de concentración en el que está prisionero: “Entre el 11 y el 27 de junio hemos comido cuatro veces. Se nos escurren las mejillas y se nos hunden los ojos, nos adelgazan los brazos, las piernas y el pecho. Cuesta trabajo permanecer de pie”.

Al tiempo que Elsa, que habitualmente vive en Berlín, recorre la geografía española para retratar qué lugares albergaron los campos franquistas, las cartas de Carmen y Ángel ponen cuerpo y vida a los escenarios. La frase que resume su periplo es una idea central en la película: “Pasamos por ellos cada día sin darnos cuenta”, dice Enciso sobre los campos, de los que apenas un puñado están señalizados o conservan alguna marca que permita reconocer lo que fueron. Los paisajes sin rastro de memoria se contraponen así con el horror que albergaron.

En estos espacios, la dictadura instaló los llamados batallones de trabajadores, uno de los sistemas de trabajo forzado de la España de Franco contra los considerados enemigos del Nuevo Estado. En general, una vez los prisioneros republicanos llegaban a los campos, se discernía quienes pasarían a trabajo forzado a partir de su clasificación en afectos, desafectos y afectos dudosos al Glorioso Movimiento Nacional. Una parte de la infraestructura del país fue levantada por ellos en condiciones de semiesclavitud: desde numerosas vías de tren a presas y embalses o incluso el Valle de Cuelgamuros, donde miles de víctimas fusiladas permanecieron décadas enterradas junto a su verdugo.

A lo largo de la película es una voz en off la que la mayoría de las veces lee las misivas de Ángel y Carmen. Mientras eso ocurre, la cámara recorre calles, negocios, pueblos tierras y edificaciones como si nada pasara, como si el paisaje de nuestro país estuviera “disociado de su propia historia”. El tiempo se dilata frente a ellos y el silencio se expande. Un silencio que es colectivo. “Nos interesaba usar el cine para retratar el denominado 'franquismo sociológico' a través de los paisajes mudos y la intimidad, mostrando que el fascismo convive con nosotros a una escala tan colectiva como individual”, concluye Enciso.

Estudiar las “raíces biopsíquicas del marxismo”. Fue el objetivo que se marcó el psiquiatra Antonio Vallejo-Nájera al pedirle autorización directa a Franco para experimentar con prisioneros republicanos durante la Guerra Civil. El médico pretendía demostrar la existencia de un supuesto 'gen rojo' que predisponía a algunas personas a ser “contagiadas” por el “virus marxista”, una hipótesis que ya antes de empezar sus investigaciones creía confirmada y que serviría para poner la psiquiatría oficial al servicio de la represión franquista.

El médico, al que el Gobierno acaba de retirar la Gran Cruz de la Sanidad, ya era el Jefe de los Servicios Psiquiátricos Militares del franquismo cuando, en julio de 1938, se dirigió al Cuartel General de Burgos, declarada “capital de la Cruzada”. Quería reclamar su visto bueno para crear su Gabinete de Investigaciones Psicológicas, que serviría para “el mejor aprovechamiento científico del material humano que las vicisitudes de la guerra pone a disposición de la ciencia”. Además, prometía que el régimen se gastaría poco dinero en él: los médicos serían “especialistas patriotas” que trabajarían de forma voluntaria y la instalación no superaría las 2.000 pesetas “pues el instrumental que ha de pedirse a Alemania es muy reducido”.

Así lo explicaba el propio Vallejo-Nájera en la petición, que pasó por diferentes responsables hasta ser elevada a Franco. El Coronel Inspector de Campos de Concentración, Luis Martín Pinillos, pensaba que la idea era “sumamente interesante” para ahondar en “las características patológicas afectadas de este mal —en referencia al marxismo—”, según el telegrama que conserva el Archivo Militar de Ávila. La autorización final es una nota manuscrita por el propio Franco que firma como Terminus, el nombre en clave que usaba fuera de Burgos, y en la que confía en que desde el Gabinete pueda “hacerse algo interesante”.

Así fue como el campo de concentración de San Pedro de Cardeña (Burgos) y la cárcel de mujeres de Málaga se convirtieron en laboratorios de experimentación para Vallejo-Nájera. “Sus conclusiones se basaban en la idea de que había una determinada predisposición física o psíquica a 'contaminarse' de ese 'virus marxista'. Lo que hizo fue patologizar al adversario político e intentar demostrar que eran personas degradadas, débiles mentales o degeneradas y, por lo tanto, debían ser controladas o reeducadas”, explica el catedrático de la Universidad de Murcia Salvador Cayuela, autor de la tesis La biopolítica de la España franquista.

Las teorías de Vallejo-Nájera no surgieron de la nada: bebieron del contexto europeo que a finales del siglo XIX y principios del XX popularizó la eugenesia como una disciplina aceptable y científica. Esta también llegó a España e incluso fue defendida por algunos pensadores de izquierdas. Pero lo que hizo el psiquiatra oficial del régimen durante la Guerra Civil y el franquismo fue adaptarla. En sus conferencias y publicaciones, defendía una “higiene racial” particular, en la que el concepto de raza en España no vendría determinado por una cuestión biológica, como sí ocurría en otras corrientes eugenésicas, sino que era algo cultural o moral, asociado a la Hispanidad y sus valores.

En la base de su discurso estaba la "pureza" de la "raza hispánica" que se había visto "corrompida" no por factores genéticos, sino morales o sociales, entre ellos el alejamiento de las costumbres tradicionales

Cayuela explica que el giro de Vallejo-Nájera se debe a su ferviente catolicismo. “No podía aceptar el aborto o la esterilización forzada de los considerados inferiores como medidas eugenésicas, así que abrazó la misma idea, pero desde otro prisma”, sostiene el experto. Es lo que él mismo llamó eugamia, una propuesta alternativa a la eugenesia biológica y a su contradicción con la doctrina de la Iglesia. En la base de su discurso, estaba la “pureza” de esa “raza hispánica” que se había visto “corrompida” no por factores genéticos, sino morales o sociales, entre ellos el alejamiento de las costumbres tradicionales o la expansión de ideas revolucionarias.

Este tipo de teorías las replicó en libros como Eugenesia de la Hispanidad y regeneración de la Raza o Política racial del Nuevo Estado, publicados durante la Guerra Civil. En ellos, plasmó sus propuestas de “regeneración” racial, entre las que se encontraban la “segregación” de los “parásitos de la sociedad” o las medidas encaminadas a “multiplicar los hijos de los selectos” a través de matrimonios considerados adecuados, consejos médicos prenupciales obligatorios, campañas contra la soltería o la difusión de una “educación sexual nacional” que respondiera a los intereses de esta política racial.

Su instinto de crueldad no se despierta tan fácilmente como en el hombre, pero una vez se desencadena, sus límites rebasan las posibilidades imaginadas, precisamente por faltarle las inhibiciones inteligentes y lógicas

Antonio Vallejo-Nájera, sobre las mujeres

Los análisis pseudocientíficos

Bajo esta amalgama ideológica y pseudocientífica, Vallejo-Nájera realizó sus experimentos en Burgos y Málaga. La paleontóloga Marta Fernández Viejo ha estudiado a fondo el primero de ellos, en un campo de concentración que llegó a albergar a casi 500 brigadistas internacionales que habían llegado del extranjero para ayudar al Ejército republicano. La experta ha buceado en el archivo y ha encontrado los test que el psiquiatra hacía a los prisioneros, a partir de los cuales publicó los resultados de sus análisis solo dos meses después de iniciarlos en la Revista Semana Médica Española.

Fernández Viejo explica que las investigaciones “consistieron fundamentalmente en interrogatorios, observaciones de comportamiento, cuestionarios y pruebas psicológicas” cuyas respuestas “interpretó desde presupuestos ideológicos previamente establecidos”. A pesar de que habitualmente el psiquiatra es comparado con el nazi Josef Mengele, la experta apunta a que, en su caso, no existe de momento constancia de que hiciera experimentos físicos sobre los presos. El psiquiatra llegó a analizar la “figura corporal”, el nivel educativo, la situación familiar, la religiosidad, las motivaciones políticas o los hábitos de consumo de tabaco y alcohol, entre otros muchos factores.

Uno de los ítems que usó para evaluar a los brigadistas fue la “personalidad social”, que dividió en “media normal”, “revolucionarios natos” o “psicópatas”. También les clasificó con categorías como “normales”, “amorales”, “deficientes mentales” o individuos con rasgos “degenerativos”. A partir de estos datos, “elaboró perfiles psicológicos que consideraba característicos del militante marxista”, explica la experta. Los resultados los recibía Franco personalmente, según acreditan varios telegramas, por ejemplo el que en enero de 1939 remite adjunto un informe sobre los prisioneros norteamericanos, entre los que “se da un porcentaje grande de sujetos indeseables”.

El psiquiatra también llevó su Gabinete de Investigaciones Psicológicas a la cárcel de mujeres de Málaga, donde analizó a 50 presas antifranquistas para concluir que la participación política de las mujeres “podía interpretarse como una manifestación de desequilibrio psicológico, inmadurez afectiva o desviación”, al transgredir el papel de madre, esposa y educadora que les reservaba, señala la paleontóloga.

Del sexo femenino decía que eran características “la labilidad física, la debilidad del equilibrio mental y la menor resistencia a las influencias ambientales” y añadía: “Su instinto de crueldad no se despierta tan fácilmente como en el hombre, pero una vez se desencadena, sus límites rebasan las posibilidades imaginadas, precisamente por faltarle las inhibiciones inteligentes y lógicas”.

El discurso no se quedó en un mero mensaje. Según Cayuela, fueron estas ideas las que también vertebraron diferentes organismos propagandísticos y represores de la dictadura. La “reeducación” estaba en el centro: “Acatar o no la norma distinguía a los recuperables de los irrecuperables”. Esa era la “regeneración” de la raza hispánica y el mismo corpus de ideas que motivó una de las prácticas del franquismo, la “sustracción sistemática” de bebés con el objetivo de “reubicar” en familias católicas y adeptas al régimen a aquellos niños y niñas “en peligro” de ser “contagiados por el 'gen rojo' o que fueran susceptibles de degradación”.

Fernández Viejo explica que Vallejo-Nájera fue uno de los psiquiatras más destacados de la época y su formación fue “excepcional” para los estándares de la época, llegando a obtener la primera cátedra universitaria de Psiquiatría creada en España. Sus ideas pseudocientíficas eran consideradas “científicamente legítimas” por parte de la comunidad médica en aquel entonces, pero sobre todo, fueron usadas para dotar de legitimidad a atroces prácticas represivas. “Sus teorías eugenésicas, financiadas y promovidas por el régimen, sirvieron de base ideológica para la comisión de crímenes contra la humanidad”, ha justificado el Gobierno al retirarle la Gran Cruz de la Sanidad que le concedió Franco.

El incendio forestal iniciado en la noche de este jueves en Los Gallardos (Almería) es el más letal hasta la fecha de los ocurridos en Andalucía y, de momento, uno de los que más víctimas mortales han provocado en toda España. Las autoridades han confirmado que 12 personas han perdido la vida en el siniestro y que aún se encuentran desaparecidas 23. “Es el incendio de mayores consecuencias hasta la fecha” en la región, según ha apuntado el 112.

Al del municipio de Los Gallardos, cuyo balance es aún provisional, le preceden otros incendios forestales con una cifra alta de víctimas mortales entre bomberos y otros profesionales implicados en la extinción y población general.

El más mortífero ocurrió en Lloret de Mar el 7 de agosto de 1979, conocido municipio de la Costa Brava, en el que murieron 21 personas, entre ellas varios niños y niñas. El fuego, que se presupuso intencionado, comenzó en tres parajes de forma simultánea y se propagó por las urbanizaciones de Lloret Blau i Els Pinars, completamente rodeadas de bosque y que estaban ocupadas por ser plena época vacacional.

Los promotores de la urbanización Els Pinars fueron posteriormente juzgados pero acabaron absueltos. La acusación advertía de que el complejo se había convertido en una auténtica trampa, con calles sin salida y varias supuestas irregularidades urbanísticas que atraparon a los fallecidos.

Cinco años más tarde otro gran incendio asoló la isla canaria de La Gomera en el que murieron 20 personas. Las llamas se originaron en una zona conocida como Dehesa del Manco, en el caserío de la Laja en San Sebastián, y acabaron atrapando a los fallecidos cuando ya casi se daba por prácticamente controlado. Varias autoridades acudían a la zona a hacer balance cuando un cambio de viento les sorprendió en plena carretera, dentro de sus vehículos, y el fuego se volvió implacable. En ese momento el incendio había quemado 300 hectáreas, a las que se sumarían posteriormente otras 600.

Menos vítimas mortales que el de Los Gallardos, pero también cifras elevadas registró el incendio forestal que en julio de 2005 asoló la provincia de Guadalajara y acabó con la vida de 11 personas, nueve bomberos forestales y dos agentes medioambientales. Fue, hasta ahora, el más letal del siglo XXI. El fuego se inició porque un grupo de excursionistas estaban haciendo una barbacoa en un meredendero en Riba de Saelices cuando una brasa saltó a un rastrojo y produjo el incendio, que acabó quemando 13.000 hectáreas.

Este incendio es considerado un punto de inflexión en la percepción social e institucional de los incendios, a partir del cual se creó la Unidad Militar de Emergencias (UME), que se encuentra ya desplegada en Almería junto a los efectivos de la Junta de Andalucía.

1994 fue el año más mortífero por los incendios, con 30 víctimas. Siete de ellas fallecieron en el mes de julio en el pueblo valenciano de Millares. Cuando se dio la alerta, se desplazaron a la zona una brigada de bomberos, un concejal del municipio, un voluntario y un agente medioamiental. El viento cambió de dirección y condujo el fuego ladera arriba y alcanzó al grupo. Aquel 4 de julio murieron seis personas y algunas jornadas después, la séptima fallecía en el hospital.

Otros incendios mortíferos han sido los de la Sierra de la Culebra (Zamora) de 2022 en el que murieron cuatro personas, el de Horta de Sant Joan (Tarragona) de 2009 con cinco bomberos fallecidos, el de Minas de Río Tinto (Hueva) en 2004 con dos guardia civiles muertos, el mismo número que en el gran incendios de Cortes de Pallás (Valencia) cuando fallecieron los pilotos de un helicóptero de extinción. En 2025 falleció una persona en un incendio en Tres Cantos (Madrid) cuando intentaba salvar unos caballos de las llamas.

Una sudadera, un pantalón y una camiseta con la palabra Dmocracia en el pecho han desatado la polémica. Medios de comunicación, miles de usuarios de redes sociales y perfiles de ultraderecha como Alvise Pérez han salido en tromba en los últimos días a criticar al Gobierno por haber “lanzado” una colección de moda y haberse gastado en ella “millones de euros”. “El Gobierno crea su propia marca de ropa”, apuntaban. Los mensajes en X, TikTok o Instagram reprodujeron el bulo con rapidez, señalando al Ejecutivo de Pedro Sánchez por “despilfarrar” el dinero público en ropa y a influencers como Marina Rivers por participar en la iniciativa.

La realidad detrás de Dmocracia es otra: se trata de una campaña de comunicación que usa los códigos de la moda “para acercar la democracia” a los jóvenes y que ha puesto en marcha el Comisionado por los 50 años de España en Libertad como parte del programa de talleres, actividades y eventos que desarrolla desde el año pasado para conmemorar el medio siglo desde la muerte del dictador Francisco Franco. La campaña fue lanzada hace tres semanas, pero ha sido esta cuando ha estallado el aluvión de críticas.

La campaña ha sido grabada en el Congreso de los Diputados y muestra a varias personas vistiendo las prendas. “Cuando te vistes, te posicionas. Las prendas que eliges cada mañana en tu armario también hablan de quién eres, de lo que piensas y de lo que defiendes”, reza la iniciativa, que en su vídeo promocional deja claro que se trata de una “colección cápsula” diseñada por el director creativo Bnomio.

“Aunque utiliza el mismo lenguaje que una marca de ropa, no lo es”, apuntan fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que aseguran que las prendas “no están a la venta” y que se ha producido “un número limitado de unidades”, que se usarán a lo largo del año en eventos y actos. Algunas se han sorteado también a través de redes sociales. Según cuantifica el Gobierno, en tres semanas la campaña ha alcanzado 4,2 millones de visualizaciones solo en las redes del Comisionado, llegando a “más de 600.000 personas”, el 75% menores de 35 años.

Tampoco esta supuesta marca de ropa ha costado “14 millones de euros”, como se ha afirmado. Este es el presupuesto total que la iniciativa tiene durante este ejercicio, pero las mismas fuentes aseguran que la campaña “no excederá” de los 380.000 euros. El desglose es el siguiente: la producción —con conceptos como el diseño o la producción de las prendas— ha alcanzado los 185.215 euros; a ello hay que sumarle el trabajo de los creadores de contenido que han participado y seguirán haciéndolo, puesto que la campaña “no está cerrada”. El Gobierno cuenta con 32 influencers “para difundir el mensaje” y cifra en 193.900 euros el “coste máximo” de este concepto.

Entre estas creadoras de contenido está Marina Rivers, que tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram, y que ha utilizado esta red social para responder a los ataques. El eurodiputado y fundador de Se Acabó la Fiesta, Alvise Pérez, comentó sobre la influencer: “Que mi clon en mujer sea tan sumamente subnormal me avergüenza. Por favor, no me relacionen con esto”, en referencia a que hay quienes en redes comparan físicamente a ambas figuras. Otros mensajes la califican de “socialista” que “ya recibe miles de euros públicos a través de RTVE”.

Rivers ha lamentado en un vídeo que “hasta representantes políticos se crean en libertad de insultarme” y ha defendido “la libertad de criticar un presupuesto público” pero al mismo tiempo ha apuntado a la “demagogia” de los mensajes que apelan a que el dinero gastado podría “haberse usado para los niños con cáncer”, la sanidad o la educación. “No sé si a alguien le sorprende, pero yo estoy a favor de la democracia”, ha justificado sobre su trabajo.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha explicado que la campaña no ha implicado pago publicitario a las plataformas de Meta o TikTok y que tiene “un coste que se encuentra muy por debajo del 50% de la media de las campañas institucionales de los últimos años”. La estrategia de difusión busca que el relato “sea transmitido por personas relevantes” para la generación 'Z' y los perfiles “han sido elegidos por su relevancia en moda y lifestyle, pero también por su capacidad para transmitir los valores del proyecto”.

El hecho de que haya sido grabada en el Congreso de los Diputados también ha despertado críticas. Algo que “ha sido aprobado por la Mesa” de la Cámara Baja, afirman las mismas fuentes. El Gobierno considera que la moda es uno de “los lenguajes que la ciudadanía joven entiende de manera más directa” y por eso ha querido utilizarlo en este caso: “Es indiscutiblemente un elemento más de la comunicación política y valores de hoy en día”.

El Consejo de Ministros de este martes ha retirado la Gran Cruz de Sanidad a Antonio Vallejo-Nájera, el psiquiatra que buscó el “gen rojo” durante la Guerra Civil y la dictadura. La decisión responde a la “incompatibilidad” de mantener su nombre entre los condecorados con “los valores democráticos, éticos y los derechos humanos que hoy guían nuestra sanidad pública”, según consta en el Real Decreto al que ha dado luz verde el Gobierno y al que ha tenido acceso elDiario.es.

Las teorías del que fuera Jefe de los Servicios Psiquiátricos Militares del franquismo sirvieron de legitimación médica a la represión de la dictadura, puesto que contribuyó a patologizar a los considerados “enemigos de España” a través de diferentes estudios pseudocientíficos. Vallejo-Nájera realizó experimentos con prisioneros republicanos en busca del supuesto “gen rojo” y concluyó que la ideología “marxista” calaba en “inferiores mentales y deficientes culturales”. El psiquiatra, admirador de la Alemania nazi, adaptó las teorías eugenésicas populares en Europa en aquella época al contexto español.

El Gobierno se apoya en la Ley de Memoria Democrática para tomar la decisión, específicamente en su artículo 42, que estipula la “revisión y revocación” de las condecoraciones a beneficiarios que formaran parte del aparato de represión franquista y hubieran realizado actos “manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los principios rectores de protección de derechos humanos”. El mismo artículo permite la retirada de los méritos a título póstumo.

El psiquiatra recibió la Gran Cruz de Sanidad el 28 de julio de 1947, en plena ditactura franquista. Durante su trayectoria “vinculada al nazismo y al aparato ideológico del régimen”, Vallejo-Nájera “utilizó la medicina para justificar políticas de persecución y represión” durante el franquismo, justifica el Real Decreto, que con su publicación en el BOE en los próximos días hará efectiva la retirada. “Sus teorías eugenésicas, financiadas y promovidas por el régimen, sirvieron de base ideológica para la comisión de crímenes contra la humanidad”, reza el texto, que pone como ejemplo “la sustracción sistemática” de bebés del bando republicano “para su 'reeducación' política y moral”.

La retirada de la condecoración fue anunciada por el presidente Pedro Sánchez el pasado viernes en un mensaje a través de sus redes sociales, en las que se refería a Vallejo-Nájera como “el psiquiatra de cabecera del franquismo, conocido como el Mengele español por sus despreciables experimentos sobre la supuesta limpieza de la raza”.

“Su pensamiento y sus actuaciones representaron una instrumentalización de la psiquiatría al servicio de una ideología totalitaria y eugenésica, orientada a 'purificar' la sociedad mediante la patologización de quienes pensaban diferente”, apunta el Real Decreto.

El Gobierno considera que la actuación de Vallejo-Nájera “contradice frontalmente la misión que simboliza” la Orden Civil de Sanidad y, por eso, la revocación de la cruz “constituye un acto de memoria, justicia y reparación” y busca también ser “un reconocimiento” de las víctimas de estas prácticas. “La medida se adopta en coherencia con los principios democráticos, los valores del Sistema Nacional de Salud, la Ley de Memoria Democrática y los compromisos internacionales adquiridos en materia de derechos humanos”, ha justificado.

Las calles de Madrid han vuelto a llenarse este sábado con motivo del Orgullo LGTBI. A pesar del calor, la multitudinaria manifestación ha sacado de casa a decenas de miles de personas —un millón, según los organizadores— que desde primera hora de la tarde ya se agolpaban en el paseo que separa Atocha de Colón, donde ha culminado pasadas las 21.00 horas. Banderas arcoíris, pancartas, música y un ambiente que acostumbra a mezclar lo festivo y reivindicativo convierten la cita en toda una declaración de intenciones frente a la ola reaccionaria global que amenaza los derechos LGTBI.

Bajo el lema “¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia”, la manifestación ha empezado a andar pasadas las 19.00 de la tarde. En la pancarta de cabecera caminaban Paula Iglesias y Ronny de la Cruz, presidentes de la Federación Estatal LGTBI+ y de COGAM, junto a figuras como la ministra de Igualdad, Ana Redondo, la ministra de Sanidad, Mónica García, la comisionada de los 50 años de España en Libertad, Carmina Gustrán, el ministro Óscar López y personalidades LGTBI de diferentes partidos, entre ellos Víctor Gutiérrez, del PSOE, o Carla Antonelli, de Más Madrid.

La cantante Zahara o el actor Raúl Tejón también encabezaban la protesta en una edición en la que, tras los bloques de las organizaciones en defensa de los derechos LGTBI marchaban un total de 47 carrozas, algunas de empresas, también de partidos políticos y otras de distintos colectivos sociales.

Antes, los colectivos que cada año organizan la protesta han querido dejar claras las intenciones: “Los derechos no están grabados en piedra y no vamos a permitir que nos los quiten”, ha dicho Ronny de la Cruz, presidente de COGAM, poco antes del inicio de la marcha.

El activista ha recordado que el Orgullo “nació para ser incómodo y molestar” y ha afeado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, su “falta de respeto” hacia la movilización. “Es increíble e insoportable. Un año más nos ha decepcionado con su campaña institucional. Le pedimos a él y a todas las fuerzas que aspiran a gobernar el Ayuntamiento que el año que viene convoque acto institucional oficial”.

Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, ha afeado al Partido Popular su abstención a la ley que convierte en delito las terapias de conversión. “Demuestra de qué lado de la historia está”, ha apuntado la activista, que ha afirmado que la sociedad española “va a frenar el odio” que, a su juicio, enarbola la ola reaccionaria global. “Hoy vamos a llenar las calles de Madrid para seguir reivindicando nuestros derechos y celebrando nuestra existencia porque celebrarla es también un acto revolucionario”.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, también ha criticado al Partido Popular que no haya votado a favor de ninguna de las leyes estatales en materia LGTBI que se han tramitado desde hace dos décadas: “Que no nos engañen, aquí ha habido quienes desde el primer momento hemos votado leyes que reconocen derechos y quienes siempre han votado en contra y han recurrido al Tribunal Constitucional todos los avances”, ha afirmado antes de comenzar la manifestación en Madrid.

La titular de Igualdad ha reivindicado la cita como “una gran fiesta de la ciudadanía” y ha celebrado que España haya sido elegida por la asociación internacional ILGA como el mejor país europeo para las personas LGTBI. “Hoy celebramos lo que somos: un país diverso e inclusivo”, ha dicho recordando que “venimos de una dictadura” en la que las leyes perseguían a las personas homosexuales y trans.

Con el “A quien le importa” de Alaska, la marcha ha partido pasadas las 19.00 horas de su punto de inicio, donde cientos de personas abarrotan los márgenes de la riada arcoíris en la que cada año se convierte la cita.

Tras la pancarta de cabecera, decenas de colectivos, organizaciones, sindicatos, partidos políticos y personas a título individual venidas de toda España marchan por los derechos LGTBI. Entre ellos está Andrés, un chico de 25 años que ha venido desde Burgos específicamente para asistir al Orgullo: “A defender nuestros derechos”, dice tajante. “Aquí en Madrid es diferente, pero en España hay muchas ciudades y pueblos en los que no se puede vivir con la misma libertad”, asegura.

Irina, Camila y Lisa han venido al Orgullo porque consideran que el colectivo LGTBI sufre aún altas tasas de rechazo y discriminación. “Sigue habiendo acoso, lesbofobia y transfobia”, señala Irina, que se define como bisexual y pansexual. La joven lamenta que la ultraderecha “esté yendo contra las personas migrantes” y cree que ese es motivo también para estar aquí: “Todas las diversidades están incluidas en esta bandera”, afirma señalando a la insignia arcoíris con la que ha venido.

Frente a ola que amenaza los derechos LGTBI asegura que “no vamos a dejar que nos digan cómo tenemos que ser” y pronostica que el colectivo LGTBI “seguirá luchando y gritando”. En este contexto, le preocupan especialmente los niños y niñas, que, asegura, “deben poder crecer con libertad”.

“Queremos ser libres y con derechos”, dice su amiga Camila, que lleva los colores de la bandera arcoíris pintada en ambas mejillas. La joven ha salido este sábado al Orgullo “para expresar cómo soy” y “sentirme libre por mi forma de ser”, sostiene.

La variedad de organizaciones y colectivos que marchan en el Orgullo es seña de identidad de la movilización, convertida en una expresión de diversidad. Entre ellos está la Comunidad Cristiana LGTBI de Madrid (Crismhom), que lleva una pancarta propia que reza “20 años de fe, Orgullo y comunidad”.

Los miembros del grupo entonan lemas y portan pancartas que defienden la convivencia entre la religión y la identidad LGTBI y reclaman derechos en la Iglesia Católica: “Ames a quien ames, Dios te ama”, “Jesús nunca excluyó a nadie” o “La Iglesia también es LGTBI”, claman.

En otra zona de la manifestación, Susana y Angy son amigas y han venido por primera vez al Orgullo de Madrid, al que conocen por “ser uno de los más importantes del mundo”. Ellas son colombianas y nunca antes habían tenido la oportunidad de asistir: “Hay que estar en la calle para defender nuestros derechos. Es lindo ver cómo miles de personas salen para mostrar su diversidad”, apunta la primera mientras mira a su alrededor.

Como para ellas, para muchas personas, esta es la primera movilización LGTBI a la que asisten. Otras llevan ya décadas marchando en una protesta que por primera vez salió a las calles de Barcelona en 1977, con una España recién salida de la dictadura. “Desde hace casi 50 años hay personas que han decidido salir a las calles para dejar de ser discriminadas y apaleadas. Un día más, volvemos a salir recordando su valentía y recogemos y ampliamos sus reivindicaciones”, ha mencionado Ronny de la Cruz, presidente de COGAM, poco antes de que diera comienzo la movilización.

Niños, niñas y familias LGTBI también se manifiestan en este Orgullo para reivindicar igualdad real. “Mi familia es igual aunque tenga dos mamás”, claman los integrantes de Galehi, la Asociación de Familias LGTBI.

Marian y Almudena tienen dos mellizos de ocho años que corretean a su alrededor. “Los derechos cuesta mucho conseguirlos y es muy fácil que nos los quiten”, dice la primera, que alude al “auge de la extrema derecha” y al riesgo de la situación actual. “Con el odio que están generando es muy fácil que alguien nos diga que no somos una familia, cuando somos una como otra cualquiera”.

Almudena coincide y asegura que salir a la calle sigue siendo necesario porque “hay gente que quiere que volvamos a perder derechos y eso no se puede consentir”. “Para dar voz a todo eso estamos aquí”, zanja.

Entre los asistentes al Orgullo hay una inmensa mayoría de personas LGTBI pero también las hay que no pertenecen al colectivo pero ven importante estar aquí. Es el caso de Blanca y Juan, que tienen dos hijos de 9 y 11 años y han venido desde Almería para enseñarles lo que es. “En casa trabajamos mucho la diversidad, que está bien que cada uno pueda ser lo que quiera o vestirse como desee. Hay cosas que les llaman la atención y preguntan y yo creo que es importante que tomen conciencia de estos temas”, afirma Blanca.

Leticia es una de las miembros de la batucada Batuka Tuka, que ha venido desde Palencia para animar la manifestación. La mujer reconoce la importancia del Orgullo por “la diversidad que representa” y lo ve especialmente necesario en “zonas vaciadas” como las que hay en Castilla y León. Leticia no pertenece al colectivo, pero ha venido para “apoyar al movimiento”.

“Mientras dependa de la suerte, hay que seguir viniendo”. Con esas palabras explica Daniel las razones que hay detrás de haber asistido en familia al Orgullo este año. Pero el motivo principal se llama Yeray y es su hijo de 19 años, que es trans. “Es necesario desde el momento en que no pueden vivir con la normalidad de otras personas”, explica. Su hijo, dice, “está teniendo suerte en su día a día”, pero “me fastidia tener que hablar de suerte”. “Al final sus derechos dependen mucho de con quién se encuentran y mientras dependa de eso hay que seguir visibilizando”, sostiene con una camiseta que reza “Los derechos trans son derechos humanos”.

Finalmente, a su llegada a la plaza de Colón, el manifiesto leído por los colectivos organizadores ha apuntado contra la “ola reaccionaria” y ha defendido que, frente a ella, la comunidad LGTBI no mostrará “ni miedo ni silencio”.

“Vivimos un momento decisivo. Nos encontramos ante una ofensiva organizada contra nuestros derechos”, han afirmado al tiempo que denuncian que la ofensiva ultra “cuestiona nuestras identidades” y “nos señala como amenazas”. “Quieren devolvernos al armario, pero respondemos con Orgullo. Frente al odio respondemos con memoria y resistencia. Porque nuestros derechos son derechos humanos y no se negocian”, han clamado.

Las razones para visibilizarse y reivindicar este Orgullo han cristalizado en varios informes publicados en las últimas semanas. Aunque las encuestas apuntan a altos niveles de aceptación al colectivo LGTBI en España, conviven con rechazo y discriminación. Es algo de lo que son conscientes quienes pertenecen al colectivo, pero no solo: un 75% de la población ha presenciado ataques físicos y verbales hacia ellos, según el CIS. Según el informe 'Estado del Odio 2026', los avances en derechos caminan paralelamente al rechazo, que en los últimos años ha encontrado “grietas por las que calar en la sociedad”. El sondeo reveló que el 54% de las personas LGTBI habían sufrido discriminación o rechazo en el último año.

Es “un guion reaccionario” que se pensaba superado. Así define ILGA Mundo, la mayor organización LGTBI a nivel global, la ofensiva contra los derechos de gays, bisexuales, lesbianas y trans que la ultraderecha ha desplegado en los últimos años y que está teniendo éxito en diferentes ámbitos. Si bien durante años el ascenso de este discurso fue visto como una amenaza, los retrocesos se palpan ya y se concretan en un patrón común replicado en varios países.

Con la vista puesta en ello, el movimiento LGTBI ha salido a la calle este Orgullo en todo el mundo para reivindicar sus derechos. En España, el colofón a las manifestaciones críticas y las organizadas en decenas de pueblos y ciudades desde el 28 de junio será este sábado en Madrid, en la marcha estatal que reúne a gente de todo el país y que este año llevará por lema “¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia”.

ILGA monitorea desde hace casi cinco décadas el estado de los derechos LGTBI en el mundo y en sus últimos análisis advierte de que, tras una época marcada por los avances y la consolidación de libertades, surgen intentos coordinados de ponerles freno. “Cada vez más, los líderes y movimientos autoritarios intentan controlar lo que ocurre con nuestros cuerpos y cómo nos movemos por el mundo. Después de décadas en las que se reconocieron de manera decisiva las vidas de las personas queer, el avance está desacelerándose y, en algunos países, incluso retrocediendo”, explica la directora ejecutiva de la asociación, Julia Ehrt.

En 2025, el número de países que consideran delito ser homosexual aumentó por primera vez en una década: mientras Santa Lucía derogó la legislación que penalizaba las relaciones entre personas del mismo sexo, Níger y Burkina Faso las aprobaron por primera vez en su historia. Además, Trinidad y Tobago revirtió el dictamen de 2018 que despenalizaba la homosexualidad y volvió a declararla ilegal. En 1990, el año en que la OMS dejó de clasificarla como enfermedad, 114 países miembros de la ONU la criminalizaban, ahora son 65, uno más que un año antes.

La inclusión de las identidades LGTBI en el Código Penal es la punta del iceberg y se entrelaza con la reacción a los avances en países de Europa, América Latina y Estados Unidos, en los que la extrema derecha aumenta su poder e influencia social y política. A pesar de que las legislaciones que reconocen derechos no se han detenido, ILGA apunta a un contexto internacional que camina “a dos velocidades”, con territorios que avanzan y otros que frenan en seco.

La hoja de ruta

La estrategia, sin embargo, ya no es la de cuestionar explícitamente la homosexualidad. En sociedades con altos niveles de aceptación social, el modus operandi es otro: las organizaciones internacionales describen una hoja de ruta que tiene que ver con “desplazar el debate de la igualdad” hacia la “protección de los menores” o los “valores familiares” presentando como amenaza, por ejemplo, la educación en diversidad. Estas políticas y discursos suelen limitar la visibilidad pública del colectivo, restringir el reconocimiento legal o familiar y presentar las leyes LGTBI como un producto de la agenda ideológica de la izquierda.

“En los gobiernos que han cambiado de posición hacia la ultraderecha hemos visto este tipo de iniciativas. Ya no son tan directas, pero tienen consecuencias. La tendencia es sembrar desconfianza, usar informaciones falsas contra la evidencia científica y difundir narrativas que buscan atacar la educación sexual argumentando que lo que induce es a la manipulación o que busca sexualizar a los niños”, explica desde Colombia Cristina Rosero, abogada del Centro de Derechos Reproductivos en su filial en América Latina.

La experta reconoce que tras la victoria del ultra Abelardo de la Espriella en Colombia, el último país en sumarse a la lista de los ganados por la ultraderecha, hay “preocupación” por lo que puede venir. “Ha hecho declaraciones en las que parece inclinarse por limitar derechos. En su programa no hay ninguna iniciativa relacionada con prevenir la homofobia y la transfobia o mejorar la vida de las personas LGTBI, pero además ha afirmado su intención de retirar a Colombia de los espacios regionales de derechos humanos que son clave. Estaremos vigilantes”, señala.

En Chile, el ultraconservador José Antonio Kast no tardó ni un mes desde que asumió la presidencia en tomar una decisión en este sentido: decidió no respaldar la declaración de derechos LGTBI de la Organización de Estados Americanos (OEA). En Argentina, Javier Milei ha impulsado reformas en la pionera Ley de Identidad de Género con el objetivo de vetar los tratamientos —habitualmente bloqueadores hormonales— que suelen utilizar los adolescentes trans. ILGA advierte de un “empeoramiento de las condiciones de vida” de las personas LGTBI en el país. Además, Nayib Bukele prohibió a finales de 2025 el uso de la “x”, la “e” o el “todos y todas” en las escuelas.

Si hay un colectivo que se ha convertido en foco recurrente del discurso y las iniciativas de la extrema derecha es el de las personas trans, a las que “se ataca obsesivamente con los mismos argumentos trillados que se utilizaron contra lesbianas, gays y bisexuales durante décadas”, apunta Julia Ehrt. En Reino Unido, el Tribunal Supremo ha dictado que las mujeres trans no entran en la categoría legal de “mujer” y en Hungría, el expresidente Víktor Orban vetó el reconocimiento legal del género. En Portugal, los partidos de derechas junto a los ultras de Chega han iniciado los trámites para recortar la ley trans del país.

Leyes que se reproducen

Paradigmática es la situación en Estados Unidos, donde “un número sin precedentes de leyes antitrans se están considerando en todo el país”, apunta ILGA. La Corte Suprema ha decidido avalar que los nuevos pasaportes muestren el sexo asignado al nacer y el pasado marzo anuló la prohibición de las terapias de conversión en menores. Según Amnistía Internacional, durante el segundo mandato de Donald Trump se presentaron 616 proyectos de ley antiLGTBI, de los cuales 74 fueron aprobados. El presidente, además, ha firmado órdenes destinadas a “restablecer la verdad biológica”, definiendo el sexo como “una clasificación inmutable: hombre o mujer” y ha recortado programas gubernamentales de atención a personas LGTBI.

Los límites a la visibilidad LGTBI en el espacio público son otra de las puntas de lanza de la ofensiva. Su máxima expresión son las llamadas “leyes antipropaganda” que, a imitación de la rusa, rigen en Hungría y recientemente se han aprobado en países como Azerbaiyán, Bielorrusia, Bulgaria, Eslovaquia, Georgia, Kazajistán y Rumania. La presión se incrementa en otros países como Italia, Francia y Alemania, donde los programas de educación sobre igualdad y diversidad “han sido cuestionados públicamente o restringidos”, señala la organización en su último informe anual.

En España, el discurso de Vox también se ha centrado en criminalizar la formación LGTBI en las aulas y en intentar vetar, en ocasiones con la aquiescencia del PP, los símbolos arcoíris y actos públicos. Los recortes de las leyes LGTBI y Trans en la Comunidad Valenciana y en Madrid se han producido en un escenario marcado por los pactos entre las derechas —el último, en Andalucía, no menciona al colectivo LGTBI—, que en ocasiones han arrastrado a los populares en la batalla ideológica en la que la ultraderecha enmarca este tipo de normas. Tanto Vox como el PP mantienen recurrida en el Tribunal Constitucional la Ley Trans y han prometido que la derogarán si gobiernan.

Sin embargo, el retroceso no es solo cosa de legislación y se filtra más allá. Según el informe que acaba de hacer público la consultora LLYC con motivo del Orgullo, el apoyo público a la diversidad ha sufrido “un repliegue general”. Tras analizar 15 millones de noticias, 202 millones de mensajes en X y contenidos de 12 países, el trabajo concluye que la cobertura mediática sobre temas LGTBI ha caído a un ritmo del 10% trimestral desde 2023. Además, desde entonces, las empresas que cuentan con políticas de inclusión son un tercio menos y los mensajes en X de apoyo al colectivo se han reducido a la mitad. Por el contrario, el discurso de odio digital, afirma la consultora, “se ha disparado” un 38%.

Ayudar a las familias que decidan tener un hijo y “proteger la vida”. Con estos objetivos ha aprobado el Partido Popular de Madrid este jueves su ley del concebido no nacido, que reconoce al embrión como un miembro más de la unidad familiar. La norma, que ha salido adelante en la Asamblea con el apoyo de Vox, permitirá acceder a ayudas y beneficios fiscales desde el momento “en que se acredite el embarazo”, mientras el gobierno de Ayuso saca pecho porque “situará a Madrid” a la cabeza de España “en esta materia”.

La ley, que ya fue anunciada en 2019 por la presidenta popular, se enmarca en la estrategia desplegada en la Comunidad para fomentar la natalidad y ha sido aprobada en un pleno extraordinario, después de que se suspendiera su tramitación el pasado 17 de junio debido a un defecto de forma.

Según ha explicado el Gobierno madrileño, las mujeres deberán acreditar el embarazo mediante un informe médico y, en la práctica, podrán tener “los mismos beneficios y derechos en la concesión de subvenciones que utilizan como criterio la renta de la unidad familiar” aunque aún no se haya producido el parto. Entre ellas, becas para las escuelas infantiles privadas, comedor, abono transporte o alquiler joven. También se podrá acceder al título de familia numerosa y a las ayudas fiscales de forma temprana, en estos casos desde la semana 14.

Más allá del literal de la ley, Ayuso ha dejado claro al menos uno de los motivos que mueve a su gobierno a lanzar la medida: “Cada vida importa desde el primer suspiro y por eso estamos legislando para el no nacido”, aseguró hace unas semanas en el pleno. La intención entronca con la estrategia que el movimiento antiabortista lleva algunos años ensayando a nivel global, especialmente en Estados Unidos, donde varios estados han dado luz verde a medidas encaminadas a reconocer la llamada fetal personhood (la personalidad jurídica del feto).

El objetivo de estas iniciativas es otorgar una especie de estatus jurídico al embrión desde el momento de la concepción, lo que lleva tiempo siendo analizado como una amenaza al derecho al aborto y la anticoncepción. “Si un embrión o un feto es una persona, el aborto podría considerarse legalmente un asesinato”, avanza Johanna Hussain, de la Universidad de Cornell (Nueva York), que apunta a que la personalidad jurídica del feto es “una teoría legal” del movimiento antiaborto que “antes era marginal” y que ha ido ganando terreno a partir de que el Tribunal Supremo tumbara la sentencia que garantizaba el aborto en el país.

Hussain ha estudiado el alcance de esta nueva ola en este artículo, publicado en la Revista de Derecho y Políticas Públicas de Cornell, y detalla las medidas impulsadas o aprobadas en estados como Alabama, Iowa, Kentucky o Florida. Georgia, por ejemplo, ha determinado que se puede incluir a un feto como “dependiente” en la declaración de impuestos. Según la investigadora, la personalidad jurídica del feto ha comenzado a tener ecos a nivel federal en este segundo mandato de Donald Trump y fue uno de los objetivos del Proyecto 2025, la iniciativa de la Fundación Heritage que sirve de base ideológica para la ultraderecha estadodunidense.

La estrategia, sin embargo, no pasa ya por reconocer al feto de manera explícita o hacerlo en grandes leyes e incluso en la Constitución, algo que sí era un objetivo antiaborto hace unos 15 años. La politóloga Silvia Aldavert, directora de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos, explica que el modus operandi “ha cambiado” y en esta nueva fase la idea es lograr una “construcción gradual”. “Lo que se intenta es avanzar mediante reconocimientos parciales en diferentes ámbitos como ayudas sociales, fiscalidad o responsabilidad civil. El proceso no es un reconocimiento de la personalidad fetal repentino, si no a través de estos pequeños pasos que parecen limitados pero que van construyendo un nuevo marco jurídico y cultural”, explica la experta.

Aunque la norma de Ayuso “no equivale a la personalidad jurídica fetal ni reconoce al concebido como persona en sentido constitucional o civil” sí lo declara “como un sujeto relevante por sí mismo, aunque solo sea para efectos administrativos”. “La enseñanza más interesante de lo que ha pasado en Estados Unidos es que el verdadero cambio no está en estas medidas concretas, sino en el marco cultural que se empieza a construir”, opina Aldavert.

Lourdes A.Rivera, presidenta de la organización estadounidense Pregnancy Justice, sostiene que, a la larga, “cualquier ley que otorgue derechos propios a fetos y embriones supone un peligro para los derechos fundamentales de las mujeres” y permite “vigilar sus embarazos”. Rivera explica que “todo comienza” con la puesta en marcha de normativas que “pueden parecer beneficiosas o inofensivas” como conceder ventajas fiscales por “hijos no nacidos”, pero, en el fondo, forman parte de “una estrategia para crear un marco que socave” derechos. “La idea de otorgar personalidad jurídica al feto se ha usado para desmantelar el derecho al aborto y justificar intervenciones médicas forzosas”, dice la experta, que cree que “hay formas” mejores de “brindar beneficios y apoyo a las mujeres y las familias” sin este riesgo.

“La letra de la ley”

Para José Antonio Bosch, abogado de la Asociación de Clínicas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), la relación “no es tan sencilla de hacer”. “Con el texto de la ley en la mano, lo que hace es otorgar beneficios a las familias creando una ficción jurídica, que se utiliza también en otros ámbitos. Por ejemplo, para acceder al título de familia numerosa, tener a un niño o niña con discapacidad cuenta como dos con el objetivo de proteger a esa unidad familiar”.

El abogado sí cree que la argumentación que utiliza la Comunidad de Madrid para “vender” la iniciativa, al referirse a la vida desde la concepción, “suena” al enfoque antiaborto habitual, pero rechaza “juzgar intenciones” debido a que “la letra de la ley” no va en esa dirección.

El texto asegura que el reconocimiento del concebido no nacido ya se ejecuta en la Comunidad de Madrid con las ayudas de 500 euros mensuales a mujeres gestantes menores de 30 años, otra de las medidas estrella de Ayuso para fomentar la natalidad. “Es una ley a favor, no va en contra de nadie ni nada, no colisiona con ningún otro texto legal, solo con los prejuicios de algunos miembros de la izquierda”, ha dicho el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel García Martín, durante el pleno.

Eso, mientras la región es una de la que menos interrupciones voluntarias del embarazo practica en centros públicos, que no llegan ni al 1%. “Váyanse a otro lado a abortar”, llegó a decir la presidenta madrileña en plena batalla con el Gobierno central por negarse a crear el registro de objetores de conciencia al que obliga la ley. Después de que el Ministerio de Sanidad acudiera a los tribunales, finalmente la Justicia ordenó a Ayuso ponerlo en marcha.

Aldavert insiste en “el marco ideológico claro” que, a su juicio, “sustenta” la nueva ley impulsada por el PP y aprobada entre las críticas de la oposición. “Desde el punto de vista jurídico no tiene efectos, pero política y discursivamente responde a una lógica muy similar a la de la estrategia que el movimiento antiaborto está llevando a cabo a nivel internacional”, opina. La politóloga afirma que el enfoque ya no pasa solo por intentar prohibir el aborto, algo que se dificulta en sociedades en las que ya está asentado, sino por “diversificar” la hoja de ruta y “transformar el significado jurídico del embarazo”. Un objetivo clave para un movimiento que no trabaja aislado y, cada vez más, comparte estrategias, ideas y argumentarios.

Asegura que “celebra” los derechos del colectivo LGTBI “allí donde gobierna” y sostiene que España “ha avanzado de manera ejemplar en derechos y convivencia”. Son algunos de los mensajes que el Partido Popular ha lanzado en los últimos días, en un intento por presentarse a sí mismo como garante de la comunidad LGTBI en pleno Orgullo. Lo que no menciona la formación de Alberto Núñez Feijóo es su amplio historial de votos en contra de todas las leyes estatales de protección al colectivo ni los recortes en las normas autonómicas o las ocasiones en que se ha dejado arrastrar por Vox en su batalla ideológica.

La primera manifestación la hizo el vicesecretario de Educación e Igualdad del partido, Jaime de los Santos, que se nombró “del PP y maricón” y dijo sentirse “muy orgulloso” de ambas, durante el debate en el Congreso para penalizar las terapias de conversión de homosexuales, bisexuales y trans. La ley salió adelante con los votos de todos los grupos excepto Vox y el PP, que se abstuvo. Según justificó después, lo hizo para “mejorar” el texto en el Senado, donde sigue tramitándose la norma que plantea cárcel para quien aplique estos métodos calificados de “tortura” por Naciones Unidas.

De los Santos convirtió su intervención en un elogio a presidentes y alcaldes del PP que, supuestamente, son punta de lanza en defensa del colectivo LGTBI. Entre ellos, José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid —“la capital del Orgullo con más de 30 años de gobiernos del PP”, dijo—; María José García Pelayo, la regidora de Jérez de la Frontera, donde la bandera arcoíris “lleva colgando 25 años”, o María José Catalá, de Valencia, que definió como “epicentro de la lucha por los derechos del colectivo”. ¿El motivo? Que la ciudad acoge el evento deportivo Gay Games, que los colectivos LGTBI llaman a boicotear por haber sido “vaciado de valores” y “servir” al pinkwashing.

A ello se sumó unos días después el manifiesto publicado el 28 de junio en el que el partido conservador afirma que el Orgullo “es memoria, presente y futuro”. “Memoria de quienes sufrieron incomprensión, rechazo, violencia o silencio por el simple hecho de ser ellos mismos. Presente de una sociedad española que ha avanzado de manera ejemplar en derechos y convivencia. Y futuro porque aún queda camino por recorrer para erradicar cualquier forma de discriminación o intolerancia”, añaden.

A pesar de sus votos

Se olvidan los populares de que ese avance en derechos ha sido posible a pesar de sus posicionamientos sobre las leyes que los han consagrado. El PP se opuso desde el principio a la reforma del Código Civil que permitió el matrimonio entre personas del mismo sexo, votó en contra en el Congreso —salvo Celia Villalobos— e hizo pinza con la Iglesia Católica para capitanear una guerra sin cuartel contra la norma que llevó a las calles a miles de personas en 2005. Bajo el lema “La familia sí importa”, obispos, dirigentes del PP y líderes de los sectores más ultracatólicos se oponían a los derechos de una parte de la población.

La cruzada no terminó con la aprobación de la ley. Los populares la recurrieron al Tribunal Constitucional “por desnaturalizar” el matrimonio y las declaraciones homófobas de sus representantes no cesaron. El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz aseguró que “la pervivencia de la especie no está garantizada” y varios diputados autonómicos y alcaldes llegaron a comparar el matrimonio homosexual con “la unión entre un perro y una señora” o definirlo como “una ley contra natura”. Era el mismo PP que, durante la tramitación de la norma, llevó al Senado al psiquiatra Aquilino Polaino, que defendió que a las personas LGTBI “se les puede ayudar con terapia reparativa”.

Cuando regresó a Moncloa, el partido dejó de cuestionar en público la ley, después de que la inmensa mayoría de la sociedad hubiera ido aceptándola sin mayor problema. A pesar de que las personas LGTBI siguen enfrentándose a rechazo y exclusión, la reciente encuesta del CIS sobre diversidad señala que para el 71% de la población el avance de sus derechos “beneficia a toda la sociedad” y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud Sexual, la aceptación de las parejas LGTBI se ha duplicado en 16 años y alcanza ya al 88% de la ciudadanía.

Con el matrimonio igualitario a un lado del discurso —ni para celebrarlo ni atacarlo—, el PP ha centrado su batalla en los últimos años en la última legislación LGTBI aprobada a nivel estatal: la llamada Ley Trans. La norma, que también provocó una enorme brecha en el seno del Gobierno, del propio PSOE y del movimiento feminista, vio finalmente la luz en febrero de 2023. De nuevo, con el voto en contra de los de Feijóo, que han vuelto a echar mano del Tribunal Constitucional para recurrirla y que han prometido derogarla si llegan a gobernar.

Ya en 2007 el PP había rechazado la norma que hizo posible que las personas trans pudieran modificar su nombre y sexo legal sin necesidad de operarse, que era el requisito que se imponía entonces. Ahora, la ley permite que cambien sus datos sin pasar por tratamientos hormonales y un diagnóstico psicológico, las condiciones vigentes hasta la entrada en vigor de la Ley Trans.

El arrastre de Vox

Con el paso de los años, la derecha fue dejando atrás el debate sobre el matrimonio igualitario y el apoyo del PP a las leyes autonómicas LGTBI comenzó a ser desigual entre territorios, pasando a respaldarlas en algunos e incluso impulsarlas. La irrupción de Vox, sin embargo, cambió ese equilibrio. Aunque la extrema derecha evita cuestionar la orientación no heterosexual de forma explícita, utiliza otras direcciones para llegar al mismo destino y así ha convertido la derogación de las leyes LGTBI, la denuncia de la “ideología de género”, el “adoctrinamiento” en las aulas o el rechazo a los símbolos del Orgullo en una de sus principales banderas.

Es en este marco en el que el PP se ha visto condicionado, específicamente allí donde ha dependido de los votos de la ultraderecha para gobernar, lo que ha cristalizado en exigencias en esta materia en comunidades y ayuntamientos. Los pactos con la ultraderecha han soliviantado a los colectivos LGTBI por ser una formación que “desprecia” al colectivo, decían los asistentes hace unos días a la marcha del Orgullo de Mérida. A la protesta acudió la presidenta María Guardiola, que recibió gritos de “hipócrita”.

El PP lleva días repitiendo que los derechos LGTBI son “una línea roja” en las coaliciones de gobierno, pero hay ejemplos que apuntan en una dirección diferente.

En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, las derechas pactaron recortes a la Ley Trans autonómica: eliminaron los contenidos a la diversidad sexual y abrieron la puerta a que las terapias de conversión fueran voluntarias. También llegaron a acordar crear una sección específica para los libros LGTBI en las bibliotecas, a raíz de una propuesta de Vox a imagen y semejanza de la Hungría de Orbán. Detrás de estas medidas, la extrema derecha enarbola un discurso que dibuja a las personas gays, lesbianas, bisexuales y trans como una amenaza para los niños y niñas.

En el ámbito de la visibilidad, varios ayuntamientos y comunidades gobernados por las derechas han vetado la colocación de banderas arcoíris en las fachadas de los edificios institucionales. En Madrid, Almeida se ha negado de forma reiterada a poner la insignia desde que está al frente del consistorio y ha reducido la representación simbólica al izado de una bandera en la plaza Pedro Zerolo sin apenas repercusión. También polémica ha sido la campaña municipal de este año, criticada por asemejarse a una por el “día del madrileño” por exhibir objetos castizos con los colores del arcoíris bajo el lema “Orgullosamente de Madrid”.

El veto a las banderas también ha ocurrido en otros ayuntamientos, como Valladolid o Guadalajara, donde el intento del PSOE se ha topado con la oposición de PP y Vox un año más. En Totana (Murcia), ambas formaciones no solo han pactado suprimir la colocación de la insignia, sino que han llegado este año más lejos y han suprimido todos los actos institucionales referentes al Orgullo.

En algunos casos, el PP ha impulsado cambios sin que mediaran negociaciones con la ultraderecha. Así ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso gobierna con mayoría absoluta. La presidenta ejecutó a finales de 2023 un recorte en las leyes LGTBI y Trans de la región, lo que fue visto por los colectivos y la oposición como el “primer retroceso” en materia LGTBI. ILGA, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex, lo señaló como uno de los “pasos atrás” más relevantes. Ayuso, que en 2022 cargó contra tener que “aguantar” el Orgullo “todo el mes”, ha eliminado además del organigrama la Subdirección General de Igualdad LGTBI.

El Gobierno central del PSOE y Sumar ha reaccionado a las modificaciones de las legislaciones autonómicas con recursos ante el Tribunal Constitucional, que ya ha suspendido de forma cautelar varios de los artículos aprobados recientemente. A la espera de que se pronuncie definitivamente y tome también una decisión sobre la Ley Trans estatal tras los recursos de las derechas, los populares insisten: “Vamos a seguir luchando por los derechos de todos, queramos a quien queramos, seamos del colectivo o no”.