Entre el trasiego habitual de personas que un lunes cualquiera entran y salen de los Juzgados de Plaza Castilla en Madrid, esta mañana ha ocurrido algo excepcional. El militante antifranquista Carlos Serrano se ha sumado a la escasa lista —se cuentan con los dedos de una mano— de denunciantes de crímenes del franquismo que declaran ante un juez en España. Ha sido frente al magistrado Juan Carlos Peinado, de actualidad este lunes por la decisión que ha tomado el Consejo General del Poder Judicial de poner en marcha un expediente por su auto sobre Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez. Mientras la Comisión Permanente del organismo daba este paso con el voto en contra de los conservadores, Carlos respondía a las preguntas de Peinado sobre las torturas que sufrió cuando la dictadura daba sus últimos pasos.

“He respondido a todo, he contado que estuve en la cárcel dos veces y los malos tratos a los que fui sometido”, ha dicho Serrano a la salida. En enero de 2025, Peinado decidió admitir a trámite la querella presentada por el hombre junto a la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua). El juez, titular del Juzgado de Instrucción nº 41, incoó entonces diligencias previas con el objetivo de intentar determinar si durante las dos detenciones que sufrió en 1975 a manos de la Brigada Política Social, la policía política de Franco, fue objeto de torturas “en un contexto de crímenes contra la humanidad”, como menciona el escrito.

El magistrado había ordenado este lunes tomar declaración a Serrano y a Agustín Costo Martínez, uno de los policías imputados a raíz de la querella, que se ha acogido a su derecho a no declarar. La denuncia se dirigía contra otros exmiembros, uno de ellos fallecido y otros tres pendientes de ser identificados, según explican fuentes cercanas al caso. “El interrogatorio se ha desarrollado con total normalidad. Hemos visto que el juez ha estado interesado y ha querido indagar en los hechos objeto de denuncia”, ha explicado el abogado Jacinto Lara, que apunta a que Peinado “se ha mostrado muy interesado en posibles testigos” de los hechos.

Militante de la Liga Comunista y activista estudiantil, Serrano fue detenido en dos ocasiones, en mayo y octubre de 1975, por su actividad en oposición al régimen franquista y fue trasladado a la Casa de Correos de la Puerta del Sol, entonces sede de la Dirección General de Seguridad (DGS) y ahora sede del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que se opone a recordar su pasado franquista a través de la instalación de una placa. Serrano ha contado que fue torturado y amenazado en un régimen de total incomunicación, a pesar de que tenía 17 años. En las dos ocasiones fue después trasladado a la cárcel de Carabanchel.

“La dureza de la DGS era tal que estás deseando que te envíen a la cárcel. Es surrealista y paradójico, pero es así, porque sabes que no te van a volver a detener y torturar de esa manera. El alivio de entrar en la cárcel es algo que se siente debido a los malos tratos que se sufrían” en la Puerta del Sol, ha ilustrado sobre aquellos momentos frente al grupo de activistas antifranquistas que le estaban arropando a las puertas del juzgado.

Carlos Serrano ha protagonizado este lunes una imagen todavía inédita en nuestro país. Es la segunda vez que un denunciante de torturas sufridas en el franquismo o la Transición declara ante un juez, después de que en septiembre de 2023 lo hiciera Julio Pacheco. El hombre denunciaba hechos similares, pero el caso fue finalmente archivado. Antes de esa fecha, los españoles que han interpuesto querellas por crímenes de la dictadura solo habían sido escuchados por la Justicia a miles de kilómetros de nuestro país, en Argentina.

Carlos ha explicado que sentarse frente a un juez para explicar lo que vivió le ha hecho sentirse “contento” y lo entiende como “una continuidad de la lucha, no solo mía sino de todos los compañeros y compañeras que entregaron su vida o parte de ella al antifascismo”. “Hemos vivido el fascismo en nuestra juventud, sabemos lo que es y no queremos que se vuelva a repetir”, ha añadido a preguntas de los medios.

Para el querellante, el objetivo de la acción que ha emprendido es “decir que estamos aquí y abrir una brecha en el muro de impunidad del franquismo”, se ha referido al modus operandi habitual de los tribunales que inadmiten o acaban archivando la inmensa mayoría de querellas. “Todas las dictaduras del siglo XX se juzgaron, pero el Estado español es el único territorio donde nunca se han investigado ni juzgado los crímenes del franquismo. España es un refugio de criminales franquistas”, ha apuntado antes de asegurar que tiene “esperanza” en que la querella siga adelante: “Si esto logra que se abran más juicios y más expedientes, habrá merecido la pena el recorrido”.

Tres fueron los objetivos que se marcó el Gobierno para empezar por fin a cambiar el significado del entonces llamado Valle de los Caídos, el mayor símbolo del franquismo: sacar a Franco y a José Antonio Primo de Rivera, exhumar a las víctimas de las criptas y convertir el mausoleo en un lugar de memoria democrática. Han pasado ocho años desde que Pedro Sánchez anunciara su intención de desenterrar al dictador y comenzar la hoja de ruta y, desde entonces, no ha habido ni uno solo de los pasos dados que no haya tenido que enfrentarse a la ofensiva de quienes quieren conservar el monumento tal cual lo dejó la dictadura.

Una maniobra permanente que ha sumado un nuevo capítulo esta semana, con la suspensión de los trabajos previos para las obras de la resignificación del monumento. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado paralizar las labores “de perforación o sondeos” que el Ministerio de Vivienda comenzó el pasado 8 de junio en la zona. Fuentes del Gobierno apuntaron a que las obras como tal aún no se han iniciado, sino que esta es una fase previa para evaluar el terreno de cara a elaborar el proyecto.

El tribunal considera que estos trabajos pueden “causar daños en el conjunto monumental” y estima así el recurso de la Asociación para la Reconciliación y la Verdad Histórica, uno de los grupos antimemorialistas más activos en su oposición a cualquier intento de resignificar Cuelgamuros. El auto hace suyo el argumento de la asociación que afirma que el Valle “goza de la máxima protección” por ser un Bien de Interés Cultural (BIC), algo que no es cierto. Antes del TSJM, el propio Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), término municipal al que pertenece el mausoleo, ya había emitido una resolución para suspender los sondeos, según adelantó El País.

Apenas hicieron falta 24 horas desde que estos comenzaran para que la oposición ultra a la resignificación apareciera en escena. El pasado 9 de junio, solo un día después de que el Ministerio de Vivienda iniciara las labores para hacer el estudio geotécnico previo, la maquinaria apareció vandalizada con pintadas franquistas y contra Pedro Sánchez.

Las campañas de la ultraderecha, bajo el lema “El Valle no se toca”, han sido una constante desde que diera comienzo el concurso para convertir el monumento en un centro de interpretación y, específicamente, desde que el Gobierno pactara el proyecto con la Iglesia. Sectores de ultraderecha como Vox, HazteOir, Abogados Cristianos o la propia Asociación para Reconciliación y la Verdad Histórica llevan desde entonces intentando movilizar a sus bases tras el falso discurso de que el Valle es un lugar de “reconciliación entre españoles”, obviando que se trata de un monumento a la victoria franquista.

Pero en el centro de la ofensiva destaca desde el principio el boicot judicial y administrativo. Antes de la decisión de esta semana del TSJM, Abogados Cristianos ya lo intentó de diferentes formas, entre otras interponiendo recursos contra el acuerdo alcanzado con el Vaticano para cambiar Cuelgamuros. Antes, cuando aún no había proyecto ganador, la organización ultra y un grupo de arquitectos coordinados interpusieron el mismo día un recurso calcado contra el pliego del certamen ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que acabó rechazándolos.

El vaivén de las exhumaciones de víctimas

La estrategia de presentar recursos en cascada por si alguno acaba 'colándose' no era nueva. Es la que también han seguido contra los trabajos para exhumar a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura que permanecen en las criptas y que sus familiares llevan décadas reclamando. Cuelgamuros es la fosa común más grande del franquismo, en la que hay 33.000 cuerpos, muchos de los cuales eran republicanos allí trasladados sin conocimiento ni consentimiento de sus seres queridos. En 2016 un tribunal dio la razón por primera vez a una familia, la de los hermanos Lapeña, y estableció su derecho a recuperar sus restos.

Tuvieron que pasar varios años de dilación institucional para que comenzaran los trabajos para exhumar e identificar restos, algo que por primera vez ocurrió en julio de 2023 y que todavía continúa. Sin embargo, todo el proceso ha estado marcado por los obstáculos con el objetivo de ralentizar y enmarañar los trabajos en el mayor símbolo de exaltación franquista, donde los represaliados compartieron lugar de enterramiento con su verdugo durante décadas.

La primera de las acciones fue la interposición de una veintena de recursos, muchos de ellos firmados por el mismo abogado que había logrado la paralización de la exhumación de Franco. Una de las objeciones, precisamente la presentada por la misma asociación que ha logrado ahora paralizar los sondeos, logró su objetivo y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 10 de Madrid suspendió cautelarmente las obras para evitar lo que la jueza consideró actuaciones “irremediables”. Posteriormente, el TSJM anuló la paralización y el Tribunal Supremo confirmó la vía libre.

Sin embargo, la historia de las exhumaciones ha estado en los dos últimos años salpicada por las suspensiones y reinicios constantes porque paralelamente se iba sucediendo una cadena de intentos de bloqueo cruzados. Unos meses más tarde, la Fundación Nacional Francisco Franco y, de nuevo, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica consiguieron otra vez el freno cautelar al recurrir la licencia de obras.

Otra de las vías la inició Abogados Cristianos, que representaba a una mujer cuya abuela está enterrada en la basílica y aseguraba que los trabajos implicaban “cierto grado de profanación”. El recurso surtió efecto inmediato y la Audiencia Nacional paralizó de forma urgente las labores, pero tras recibir las alegaciones de Patrimonio Nacional ordenó reactivarlas. La última decisión judicial al respecto llegó en marzo de 2025, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió dar luz verde a las exhumaciones y revocar la sentencia que anuló el permiso de obras otorgado por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.

Más allá de los sectores ultra, el papel del consistorio madrileño, en manos de la alcaldesa del PP Carlota López Esteban, ha estado en el punto de mira en varias ocasiones. La regidora, de hecho, llegó a declarar en el juzgado tras ser denunciada por las familias de dos víctimas enterradas en Cuelgamuros al considerar que estaba “entorpeciendo” los trabajos. López Esteban llegó a apoyar una moción de Vox para reclamar que el conjunto monumental fuera declarado BIC debido a su “valor turístico y arquitectónico para el municipio”, aseguró.

La ofensiva que intenta mantener intacta la obra de Franco se remonta precisamente al primero de los pasos que dio el Gobierno: su exhumación. Y la maniobra fue la misma. La decisión contó finalmente con el aval del Tribunal Supremo, pero junto a los recursos presentados por la familia del dictador, también hubo una cascada de escritos firmados por asociaciones y particulares que consiguieron que un juez, José Yusty Bastarreche, muy posicionado contra las leyes de memoria, paralizara cautelarmente el proceso.

Por primera vez hay un reconocimiento oficial de las víctimas mortales que la Policía, la Guardia Civil y la extrema derecha dejaron en España una vez aprobada la Constitución. El Gobierno acaba de hacer público el informe de la comisión de expertos que ha estudiado las vulneraciones de derechos humanos cometidas entre 1979 y 1983, como obligaba la Ley de Memoria Democrática. El trabajo identifica 63 casos y los sitúa en un marco de violencia política heredada de la dictadura, en un momento en el que aun diferentes actores se resistían a dejar ir el franquismo.

Los excesos policiales documentados —28 del total— se reparten por toda la geografía española y siguen patrones claros como la represión desproporcionada de manifestaciones o huelgas, las muertes en controles de carretera o en lugares de ocio. Varias de las víctimas lo fueron en bares o discotecas a raíz de simples discusiones. El modus operandi posterior más común fue el de mentir o incluso manipular pruebas para ocultar la verdad y los pocos casos que terminaban en condena solían derivar en penas casi testimoniales. Estos son algunos de los casos más destacados:

Ursino Gallego tenía 14 años cuando falleció en Parla (Madrid) en el transcurso de una manifestación vecinal por la escasez de servicios públicos. Según contó su familia, el chico ni siquiera participó en la manifestación, sino que había salido a comprar entradas para el cine y se acercó por curiosidad a la protesta cuando recibió en el pecho el impacto de la bala de goma que le mató. La versión oficial afirmó que Ursino formaba parte de “los grupos sediciosos que hostigaban a la fuerza pública” que, según su relato, no habría tenido más remedio que disparar. Nadie se sentó en el banquillo por este caso.

Eran las cuatro de la madrugada del 10 de junio de 1979 cuando Vicente Vadillo, un artista travesti de 32 años, era asesinado en la discoteca Apolo de Rentería (Gipuzkoa) por el policía nacional Antonio Caba. El agente, en estado de embriaguez, entró al local cuando ya estaba cerrado profiriendo gritos contra Euskadi y amenazando con “cargarse a algún vasco”. Vicente, conocido como Francis, le respondió: “Aquí me tienes a mí”. Fue entonces cuando Caba sacó la pistola y lo mató de un disparo en la cara. El caso, que fue el detonante de las primeras manifestaciones LGTBI en Gipuzkoa, llegó a juicio, pero el policía fue condenado a nueve meses de prisión y no entró en la cárcel.

Emilio Martínez y José Luis Montañés fueron asesinados en diciembre de 1979 en Madrid, durante la represión de una masiva manifestación estudiantil. Ambos recibieron los disparos efectuados por agentes de la Policía Nacional desde un jeep que había quedado aislado durante unos disturbios. Para justificarlo, la Policía manipuló las pruebas y llenó el coche de piedras en la Casa de Campo para fingir que habían sido víctimas de un apedreamiento. Un juez intentó procesar a tres agentes por homicidio, pero el caso acabó pasando a la Audiencia Provincial, presidida por un magistrado que solía exhibir un águila franquista en su solapa y que archivó la causa.

El pueblo de Feria (Badajoz) celebraba las fiestas de San Bartolomé (1980) cuando Joaquín Mendoza, de 17 años, fue asesinado. El joven se había apartado del bullicio junto a un primo y un amigo con la intención de hacer sus necesidades, un momento en el que el guardia civil Juan Martínez Píriz le disparó. El Instituto Armado emitió hasta tres comunicados con versiones falsas: que habían repelido un ataque terrorista efectuado con piedras, que el arma se disparó por un forcejeo o que Joaquín simplemente “cayó a unos metros” de la zona tras defecar. Según consta en el informe, el caso se cerró en 1991 con el pago de una indemnización a la familia. El guardia civil no fue apartado del cuerpo.

María Asensio Morales fue otra de las tantas víctimas consecuencia de la represión policial de protestas y huelgas. En este caso, en un pueblo de Almería, donde los vecinos protestaban por el desvío de agua de unos pozos locales. Mujeres y niños bloquearon el paso a los camiones al tiempo que los agentes recibieron la orden de disparar. María recibió el impacto de una bala de goma que le destrozó la cabeza, pero la versión oficial mintió y calificó el hecho de “accidente fortuito” asegurando que la mujer se habría golpeado al resbalarse o sufrir un empujón. Falleció tras diez días en la UVI, en marzo de 1981.

Nadie fue condenado por ello y el jefe de la comandancia de Almería, Carlos Castillo Quero, protagonizaría dos meses después el 'Caso Almería', en el que tres jóvenes fueron brutalmente torturados hasta la muerte al ser confundidos con miembros de ETA, aunque estaban en Almería por haber asistido a la comunión del hermano de uno de ellos. Se llamaban Juan Mañas, Luis Montero y Luis Manuel Cobo. Castillo Quero fue condenado a 24 años de cárcel.

El último caso de los perpetrados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad incorporado al informe ocurrió el 19 de febrero de 1983, el único de ese año. Se trató del niño de dos años Juan Félix Domínguez, que murió en Toledo cuando la Guardia Civil disparó al coche en el que viajaba la familia tras pasar un control policial sin señalización. El padre escuchó repetidamente golpes en la chapa del vehículo, pero pensó que era una gamberrada y aceleró. Un agente abrió fuego, hirió a la madre y mató a Juan Félix, que iba en sus brazos. Enrique Gómez fue condenado a dos meses y un día de arresto y el pago de una indemnización a la familia.

Las víctimas de la ultraderecha

La extrema derecha, por su parte, mató fundamentalmente en Euskadi y Madrid, con claros objetivos ideológicos o con la excusa de “vengarse” por los asesinatos de ETA. Solían actuar en grupo en la vía pública o mediante secuestro. Solo una parte de las víctimas ahora reconocidas han sido consideradas oficialmente víctimas del terrorismo.

Entre los asesinatos identificados en el estudio están los de Manuel Álvarez y Victoria Arranz, de 69 y 64 años, víctimas de un incendio provocado en Valladolid por el Comando Antimarxista, que prendió fuego al edificio en el que vivían porque en la planta baja estaba la sede del Movimiento Comunista de Castilla y León. El comando ultraderechista reivindicó la acción con una llamada a la radio que finalizó con vivas a Franco y gritos de “¡Arriba España!”. La Jefatura Superior de Policía llegó a abrir diligencias, pero fueron archivadas.

La joven Ana Teresa Barrueta tenía 19 años cuando fue agredida sexualmente, torturada y asesinada el 9 de enero de 1980 a escasos 200 metros de su domicilio de Lujua (Bizkaia). La víctima fue atacada por miembros de Grupos Armados Españoles (GAE) cuando regresaba de clases de euskera, como hacía cada martes. Posteriormente, en el domicilio de la abogada feminista que estaba investigando el caso aparecieron las pintadas “Marxista. Cerda. Te vamos a violar”, con las siglas de Fuerza Nueva, el partido de extrema derecha liderado por Blas Piñar. Militantes de la formación asesinaron ese mismo año a Yolanda González en Madrid, otro de los casos incluidos.

Fuerza Joven, la rama juvenil del partido, también estuvo implicada en hechos violentos. Varios miembros adolescentes asesinaron el 28 de marzo de 1980 a Jorge Caballero, militante de la CNT, cuando salía del cine de ver La naranja mecánica. Los fascistas se fijaron en él porque llevaba una 'A' en la solapa, bordada por su madre. Le rodearon y apalearon hasta que Juan José Llobregat, apodado el Loco, hundió un machete en su pecho al grito de “¡anarquista de mierda!”. El asesino vive actualmente en República Dominicana, donde consiguió huir tras el crimen. La orden de busca y captura que pesaba sobre él fue anulada en 1999, cuando prescribió.

Felipe Sagarna Ormazábal (41), de profesión zapatero y simpatizante de Herri Batasuna, fue ejecutado de dos tiros en la cabeza en 1980 en Hernani. Fue abordado de madrugada por Ladislao Zabala e Ignacio María Iturbide, dos miembros del grupo terrorista de extrema derecha Batallón Vasco Español. Los dos hombres matarían poco después a Francisco Javier Ansa (36), hermano de un concejal del PNV. Este mismo comando llegó a perpetrar siete asesinatos y el Batallón Vasco Español en su conjunto es autor de once de los casos del informe, la cifra más alta atribuida a una misma organización.

Era taxista y no tenía ninguna actividad política conocida, pero Pablo Garayalde Jaureguizábal fue víctima en Berástegui (Gipuzkoa) de la organización terrorista de extrema derecha la Triple A, conocida como la Alianza Apostólica Anticomunista. El 2 de enero de 1982 fue secuestrado y asesinado tras salir a medianoche de casa para atender un servicio solicitado por teléfono.

Nueve horas más tarde su cadáver apareció con la cara destrozada de dos disparos con una escopeta de caza. El asesinato fue reivindicado por la Triple A, que alegó haberle confundido con otra persona. Desde el inicio, la Policía investigó diversas hipótesis, incluso tras asumir la autoría la extrema derecha, fuentes policiales llegaron a afirmar que no se descartaba que hubieran sido los Comandos Autónomos Anticapitalistas, una organización armada activa en Euskadi en esos años.

Aquí puedes ver el listado completo de las víctimas identificadas en el documento:

Tras más de dos años de trabajo, la comisión nombrada por el Gobierno para estudiar violaciones de derechos humanos entre la entrada en vigor de la Constitución y 1983 ya tiene cerrado su informe. Las conclusiones identifican a 63 víctimas mortales a manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de grupos de extrema derecha enmarcadas en una violencia política heredera del franquismo durante la Transición.

El estudio responde así al mandato de la Ley de Memoria Democrática de 2022, que obligaba al Ejecutivo a impulsar tres comisiones en el plazo de un año: además de las vulneraciones de derechos, otra más para estudiar la represión al pueblo gitano y una tercera para evaluar las medidas económicas otorgadas hasta ahora a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Las comisiones fueron creadas con retraso en abril de 2024 y los tres informes serán hechos públicos este jueves por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Uno de ellos es el que ha estudiado las posibles “vulneraciones de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia” hasta 1983, un margen temporal que queda fuera de la aplicación de la Ley de Memoria, que abarca hasta diciembre de 1978. La comisión que lo ha hecho ha estado formada por catedráticos de Derecho Penal, historiadores y otras voces expertas. El trabajo “trata de corregir” la “indefensión y falta de reconocimiento” de las víctimas, cuyas muertes en muchos casos no fueron investigadas ni juzgadas o no de forma rigurosa. De las 63 víctimas, 28 lo fueron a manos de la Policía o la Guardia Civil y el resto de la ultraderecha.

El texto explica que la Transición estuvo marcada por la violencia de diferentes actores —entre ellos, ETA, que fue el que más personas mató—, pero específicamente se detiene en aquellas prácticas “antidemocráticas” que tenían por objetivo mantener el régimen anterior o que estuvieran ligadas al mismo. En este marco, el estudio comprende las muertes cuya “causa directa” sea la actuación de agentes policiales mediante el “uso ilegal de la fuerza” y de grupos de extrema derecha que “pretendían frenar el avance democrático mediante el uso del terror”, muchas veces con la “tolerancia” de las autoridades.

El informe asume que la aprobación de la Constitución “no bastó por si sola” para terminar con las prácticas procedentes de la dictadura y asegura que la Transición fue “un espacio gris” en el que siguieron produciéndose intervenciones ilegales, excesos y abusos policiales en manifestaciones, protestas, comisarías, controles... El conocido como “gatillo fácil” es atribuido por los expertos a la falta de depuración de los cuerpos, lo que permitió que, ya en democracia, “se mantuvieran” este tipo de prácticas.

La comisión, que ha mantenido un intenso debate sobre qué casos incluir o no, ha decidido identificar a estas 63 víctimas en base a dos conceptos interpretados en sentido amplio, según el estudio: que lo fueran por luchar por la democracia y como “consecuencia” de un abuso de poder “fruto de un defectuoso y antidemocrático funcionamiento de las instituciones del Estado”. Por años, el más mortal fue 1980, con 28 asesinatos —20 de la ultraderecha—, seguido de 1979, con 22 asesinatos de los cuales 14 fueron a manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El trabajo reconoce nueve casos en 1981, tres en 1982 y uno en 1983. Del total de 63 víctimas, nueve son mujeres.

Entre las muertes provocadas por grupos de extrema derecha figuran las de los jóvenes Yolanda González o Andrés García Fernández, apuñalado este último en 1979 a la salida de un cine del barrio Salamanca en Madrid, considerada “zona nacional” por estas bandas. El joven, de 18 años, era militante comunista. La mayoría de los casos incluidos ocurrieron en Madrid y en diferentes localidades de Euskadi, como la muerte de Liborio Arana, Manuel Santacoloma, María Paz y Pacífico Fica, en enero de 1980 como consecuencia de la explosión de una bomba a la puerta de un bar de Baracaldo cuyos dueños eran simpatizantes del PNV.

Los autores fueron miembros de Grupos Armados Españoles, una organización que cometió otros dos asesinatos. El Batallón Vasco Español, Triple A, Fuerza Nueva, el Frente de la Juventud, Falange o el Comando Antimarxista fueron otros de los grupos de extrema derecha que mataron en aquellos años a personas incluidas en el estudio.

En el caso de las actuaciones policiales, figuran muchas llevadas a cabo para reprimir huelgas, protestas o manifestaciones. Están reconocidos los casos de la ecologista Gladys del Estal, Vicente Vadillo, que murió en el contexto de una huelga laboral de transportistas o Ursino Gallego, un adolescente de 14 años que falleció por el impacto de una bala de goma durante una manifestación vecinal por la falta de suministro de agua en la localidad madrileña de Parla. Hay también varios casos enmarcados en controles de tráfico, “discusiones” o intentos de identificación. Figura, además, el caso Almería, en el que tres jóvenes fueron brutalmente torturados y asesinados al ser confundidos con miembros de ETA.

Sin las víctimas de los GAL

El estudio de estas vulneraciones de derechos hasta diciembre de 1983 soliviantó a la derecha durante la tramitación de la Ley de Memoria Democrática. El expresidente José María Aznar llegó a decir que se trataba de una norma “hecha y pactada con terroristas” y el PP en su conjunto aseguró que se trataba de una concesión a EH Bildu para incluir a los etarras Lasa y Zabala, víctimas de los GAL, como víctimas del franquismo. En su momento, el Gobierno aseguró que no era el objetivo de la disposición y que las víctimas de la guerra sucia contra ETA quedarían fuera del estudio porque estaba pensado para víctimas que “trabajaron” por la consolidación democrática.

El informe retoma la cuestión y excluye a los miembros de grupos terroristas, que participaran en actividades dirigidas a “subvertir el orden constitucional” o murieran como consecuencia de la manipulación de explosivos. “Esto quiere decir que los miembros de ETA que murieron a manos del Batallón Vasco Español, del GAL o de las actuaciones policiales descontroladas no están abarcados en este análisis”, detalla el documento. La comisión también ha delimitado los casos a aquellos que tuvieron resultado de muerte debido, entre otras cosas, a la escasez de fuentes, pero recomienda que el estudio se amplíe en un futuro a casos de torturas, malos tratos o trato degradante.

Los expertos hacen dos recomendaciones más: que haya un reconocimiento institucional de estas víctimas, con “medidas mínimas” como la entrega de declaraciones de reparación como las que el Gobierno otorga a las víctimas del franquismo, que se les incluya en actos oficiales de memoria democrática o que se garantice que sus nombres e historias sean “nombradas y dignificadas públicamente”. Además, el trabajo aconseja la creación de un canal “permanente, accesible y seguro” que permita a familiares y asociaciones presentar casos para que puedan estudiarse e incorporarse.

Fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática señalan que el estudio no es un documento “de sanción penal”, sino “de carácter histórico, jurídico y político” que tiene por objetivo “reconocer y reparar” estas violaciones de derechos humanos. Las mismas fuentes aseguran que, como primer paso, se reconocerá el derecho a recibir la indemnización que tramita actualmente el Congreso para familias de fallecidos por su lucha por la democracia. Eso siempre que no hayan recibido ya indemnización, algo que sí ha ocurrido con muchas de las víctimas de la ultraderecha, consideradas víctimas del terrorismo.

22 mil millones de euros

El segundo de los informes que también ha sido ya entregado es el que responde a la obligación de estudiar el grado de cobertura de la “reparación de carácter económico” dirigida a las víctimas del franquismo y la Guerra Civil con el objetivo de recomendar posibles “déficits subsanables”. La comisión responsable del estudio estaba integrada por miembros de ministerios y comunidades autónomas y su conclusión principal es que desde la reinstauración de la democracia, España ha impulsado de forma “amplia, continua y progresiva” un sistema de reparación económica.

El informe ha revisado la normativa aprobada desde 1976 y ha identificado casi una veintena de Reales Decretos y leyes que impulsaron pensiones o indemnizaciones. Según las cifras aportadas en el trabajo, el total de dinero gastado por la Administración General del Estado ha sido un acumulado de 22.160 millones de euros. De acuerdo con estos datos, aportados sobre todo por el Ministerio de Hacienda,a más de medio millón de personas, 611.828, han recibido algún tipo de compensación económica hasta 2024.

Las ayudas se han dirigido fundamentalmente a militares republicanos y sus familias —tanto profesionales como no—, a aquellas personas que sufrieron mutilaciones por la Guerra Civil y a los llamados “niños de la guerra”, que fueron evacuados de España cuando eran menores de edad. También existe una pensión para los familiares de personas fusiladas o desaparecidas que, según los datos, han llegado a cobrar 113.095 personas —percibida actualmente por 3.582—.

En lo que respecta a las indemnizaciones, figuran dos tipos para personas que sufrieron prisión por motivos políticos y otras para presos que fueron encarcelados por ser LGTBI. En el primer caso, la han cobrado algo más de 60.000 personas y en el segundo, 116. El estudio, sin embargo, no ahonda en el importe de las ayudas o en la media de las pensiones recibidas. La ley estipula que los expresos debieron sufrir privación de libertad durante un mínimo de tres años para recibir una indemnización de 6.000 euros, a los que se añaden 1.202 euros por cada tres años adicionales.

El informe intenta arrojar luz sobre las ayudas aprobadas por las comunidades, pero no todas han respondido a la petición. Solo hay datos de Catalunya, Navarra, Asturias, Islas Canarias, Castilla-La Mancha y Andalucía —la única de la lista gobernada por el PP—. En total, las seis autonomías han gestionado prestaciones económicas “complementarias” a las del Estado central por casi 70 millones de euros, que han sido otorgadas a 26.231 personas.

La comisión hace algunas recomendaciones, pero solo habla explícitamente de ampliar las reparaciones económicas a los militares represaliados durante el tardofranquismo por su cercanía a posiciones democráticas, un ámbito que “no está plenamente cubierto”, según el texto. También menciona específicamente a las víctimas del Patronato de Protección de la Mujer, de la represión por creencias religiosas, las represaliadas por su orientación sexual o las víctimas de “la psiquiatría franquista”. En estos casos, aconseja la realización de estudios “en profundidad” para conocer más a fondo su situación.

Las calles del Marqués de la Ensenada

El tercero de los informes aborda la represión y la situación histórica del pueblo gitano en España y concluye que ha existido una “represión institucional” contra este colectivo desde hace al menos seis siglos y que aún dura hoy. La comisión, compuesta por representantes del Gobierno y también de la sociedad civil, explica en su informe que el Estado “consideró la identidad gitana como una amenaza durante más de 500 años” y que su discriminación “se ha mantenido como una política normalizada y socialmente tolerada”.

El informe hace un repaso por la historia de esta exclusión, desde los Reyes Católicos hasta la actualidad, y aunque reconoce —y detalla— el “avance” en forma de normativa que se ha desarrollado en los últimos años, también hace varias propuestas con el objetivo de “dar cumplimiento a los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición”.

Las recomendaciones hacen referencia a distintos ámbitos y se concretan en el impulso de una ley integral, la articulación de protocolos en las aulas, formación de operadores jurídicos, agentes policiales y profesorado o medidas para garantizar que la historia y cultura del pueblo gitano se estudia en las aulas, algo que debería ser obligatorio.

Una de las propuestas que más consenso generó en la comisión fue la de la retirada de calles y plazas dedicadas al Marqués de la Ensenada, que fue el responsable de la llamada Gran Redada, el intento de exterminio de los gitanos en España que se produjo en el siglo XVIII. Fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática han señalado que, aunque el catálogo de retirada de símbolos franquistas no está pensado para estos casos, la idea del Gobierno es impulsar algo similar para que el nombre del Marqués de la Ensenada desaparezca del callejero.

Los grupos han llegado a un primer acuerdo para sacar adelante la ley que castiga con penas de cárcel las terapias de conversión LGTBI. La Comisión de Igualdad del Congreso ha aprobado este miércoles por la tarde el dictamen de la norma que lleva al Código Penal este tipo de prácticas que buscan cambiar la orientación sexual o identidad de género La ley tendrá que seguir ahora su tramitación en el pleno, donde podrá ser sometida aún a cambios.

Promover terapias de conversión es considerado actualmente una infracción administrativa muy grave, con multas de hasta 150.000 euros, según la Ley Trans de 2023. La norma que se debate en el Congreso pretende “elevar la respuesta” y “dar un paso más” para incorporarlas al Código Penal debido a que “no estamos ante casos aislados, sino ante una de las formas más graves de ataque y denigración del colectivo LGTBI”, justifica la propuesta.

La ley propone su inclusión en el artículo 173 del Código Penal, que persigue las torturas y los delitos contra la integridad moral. El objetivo es castigar con la pena de prisión de seis meses a dos años al que “aplique o practique” actos, métodos, programas, técnicas o procedimientos “de aversión o conversión” destinados a “modificar, reprimir, eliminar o negar” la identidad de una persona.

Los grupos alcanzaron posturas el pasado 17 de mayo y casi hasta este miércoles han estado negociando para lograr el apoyo de Junts al texto, que junto al PNV mostró dudas sorbe algunos puntos de la redacción, según fuentes parlamentarias. Finalmente, la norma ha salido adelante con el voto en contra de PP y Vox y ha incorporado una enmienda transaccional que suma a la redacción una frase que apunta a que será independiente el consentimiento de la persona afectada para que la terapia sea considerada perseguible. También añade multa de ocho a 24 meses para quien lleve a cabo estos métodos.

“Criminalizar las terapias es la única manera de frenarlas”, ha justificado el diputado Víctor Gutiérrez, del PSOE, partido impulsor de la iniciativa. “Son una forma de violencia, de tortura psicolóica y a veces física, que han aprendido a adaptarse y se disfrazan de consultas, grupos de acompañamiento o de retiros espirituales”, ha proseguido. Gutiérrez ha señalado que “ninguna persona LGTBI tiene que ser reparada ni corregida” y ha cargado contra los recortes de las leyes LGTBI y Trans que PP y Vox han llevado a cabo en algunas comunidades como Madrid o Valencia. “Lo que han hecho con eso es abrir la puerta a las terapias de conversión a las personas trans”, les ha dicho.

“Un paso incompleto”

Por su parte, los socios del Gobierno han coincidido en reclamar al PSOE una mayor ambición de la norma y que no solo se limite al abordaje penal. “No basta. Cuando se envía a un retiro a un chico de 16 años para corregirle, decide denunciar y se queda solo sin familia y sin recursos, ¿qué le vamos a ofrecer? ¿Qué pasa después? La condena penal es imprescindible, pero no paga un alquiler y no garantiza la independencia económica”, ha afirmado la diputada de ERC Teresa Jordà.

A lo mismo se ha referido Tesh Sidi, de Sumar, que ha apuntado a la “victoria a medias” que supone la votación de este miércoles y ha afeado al grupo parlamentario socialista su oposición a la enmienda que propone ayudas económicas y la garantía de una alternativa habitacional a las víctimas de las terapias de conversión. Una medida que, junto a ERC y Sumar, apoya Compromís y EH Bildu y que se mantendrá viva de cara al pleno.

En este sentido, Bel Pozueta, diputada de Bildu, ha recordado que Naciones Unidas califica estos métodos como “tortura” y ha lamentado que la ley sea “exclusivamente” una reforma penal. “Nuestro grupo no es punitivista, no creemos que la respuesta a todas las violencias pase por endurecer el Código Penal”, ha afirmado la parlamentaria, que ha definido la votación como “un paso incompleto”.

La oposición de PP y Vox

El Partido Popular, que en su momento votó a favor de la toma en consideración de la ley, se ha opuesto al dictamen porque a pesar de afirmar que la formación “comparte el principio básico de que ninguna persona debe ser sometida a prácticas coercitivas que atenten contra su integridad física o moral”, el grupo apela a la “seguridad jurídica” que a su juicio no garantiza la norma. “Apostamos por una regulación más garantista, precisa y respetuosa con los principios fundamentales del Estado de derecho”, ha afirmado Sofía Acedo.

Los populares mantendrán por eso vivas sus enmiendas en el pleno del Congreso, con las que buscan entre otras cosas sustituir el término “identidad de género” por el de “identidad sexual” en todo el texto o incorporar al artículo del Código Penal la coerción como elemento clave con el objetivo de “delimitar con rigor y proteger las actuaciones de acompañamiento y apoyo legítimas” a las personas LGTBI.

También Vox ha afirmado estar en contra de las terapias de conversión, pero “entendiéndolas como tratamientos forzados e impuestos”, ha afirmado María Ruiz Solás, que asegura que la ley pretende “limitar libertades” y el Gobierno busca “imponer su ideología a golpe de Código Penal”. La diputada ha defendido “la libertad y el derecho de los padres para velar por sus hijos” y ha acusado a los grupos que apoyan la norma de “acabar con la libertad de las personas homosexuales al acabar con el consentimiento”, ha dicho en referencia a la enmienda incorporada al texto.

La ley que pretende llevar al Código Penal las pseudoterapias de conversión contra personas LGTBI está a punto de pasar su primera prueba en el Congreso. Tras el acercamiento de posturas al que llegaron hace tres semanas, los grupos debatirán y votarán este miércoles el dictamen en la Comisión de Igualdad. Aun así, quedan flecos pendientes y continúa negociándose la redacción definitiva de una norma que busca endurecer la respuesta frente a estas prácticas, dirigidas a tratar de modificar la orientación sexual o la identidad de género.

Sobre la mesa hay una enmienda transaccional en la que confluyen el PSOE, impulsor de la ley, Sumar, ERC, Compromís, BNG y Bildu, a la que, según fuentes parlamentarias, ya se ha sumado el PNV. Los grupos de izquierdas intentan ahora que Junts dé también el visto bueno para que una primera versión del texto salga adelante. Según las mismas fuentes, las dudas versan sobre la intención de incorporar a la redacción una frase que apunta a que será independiente el consentimiento de la persona afectada para que la terapia sea considerada perseguible. El partido catalán no ha respondido a las preguntas de este medio.

Los grupos, sin embargo, confían en que de la Comisión de Igualdad salga este miércoles una primera versión con el mayor consenso posible. El Congreso inició el trámite en junio del año pasado con 311 votos a favor, incluidos los del Partido Popular, que no ha adelantado qué hará este miércoles. La enmienda transaccional que se está negociando incorpora, además, a la pena de cárcel una multa de ocho a 24 meses, algo que no figuraba en la redacción inicial.

Promover terapias de conversión es considerado actualmente una infracción administrativa muy grave, con multas de hasta 150.000 euros, según la Ley Trans de 2023. La norma que se debate en el Congreso pretende “elevar la respuesta” y “dar un paso más” para incorporarlas al Código Penal debido a que “no estamos ante casos aislados, sino ante una de las formas más graves de ataque y denigración del colectivo LGTBI”, justifica la propuesta.

La iniciativa considera que, “a pesar de los avances”, está todavía “pendiente” una actuación “más enérgica” contra estas terapias pseudocientíficas, consideradas un riesgo grave para la salud física y mental de las personas LGTBI. La ley propone su inclusión en el artículo 173 del Código Penal, que persigue las torturas y los delitos contra la integridad moral. El objetivo es castigar con la pena de prisión de seis meses a dos años al que “aplique o practique” actos, métodos, programas, técnicas o procedimientos “de aversión o conversión” destinados a “modificar, reprimir, eliminar o negar” la identidad de una persona.

Así consta la redacción en el informe de la Ponencia, al que ha tenido acceso elDiario.es, sobre el que previsiblemente se harán cambios este miércoles debido a que los grupos mantienen todavía varias enmiendas vivas. El texto incluye una salvaguarda en la exposición de motivos acordada el pasado 17 de mayo a raíz de una transaccional del PSOE que aclara que la respuesta penal “no está referida” a los métodos o técnicas que “proporcionen apoyo y comprensión” y se apliquen conforme a los estándares profesionales internacionales.

“Un paso importante”

La Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+) se muestra optimista con este primer paso en el Congreso y asegura que, si esta ley llega finalmente a ser aprobada —tras la Comisión de Igualdad deberá pasar por el pleno del Congreso y el Senado—, supondrá “un paso importante en la protección de la integridad de las personas LGTBI+”, explica su presidenta Paula Iglesias. Aunque desde 2023 las prácticas de conversión están prohibidas en España, las sanciones “son fácilmente asumibles por organizaciones” que, en ocasiones, “están financiadas internacional o eclesiásticamente”, prosigue Iglesias, que justifica la necesidad de la respuesta penal.

La presidenta de la FELGTBI+ también avala que se incorpore a la redacción que la pena de cárcel sobre las terapias podrá ser impuesta aunque exista consentimiento de la persona LGTBI o de su representante legal. “Establecer la nulidad del consentimiento es esencial. En estos casos, el consentimiento está viciado, ya que se da desde una situación de vulnerabilidad y desde un contexto hostil que es usado por un supuesto profesional para ofrecer una salida en forma de sufrimiento”, explica Iglesias.

Varios son los casos que se han hecho públicos en los últimos años. En 2025 el Ministerio de Igualdad inició una investigación tras la denuncia de la Asociación Española Contra las Terapias de Conversión contra siete diócesis españolas. La denunciaba señalaba específicamente a un proyecto llevado a cabo en al menos 13 parroquias entre 2023 y 2024 bajo la idea de que la homosexualidad es fruto de un trauma y que puede cambiarse. La iniciativa prescribía una vida “en castidad” y prácticas religiosas diarias para alcanzar ese supuesto objetivo.

Otro de los casos con más trascendencia pública ha sido el de la 'coach' Elena Lorenzo, que según adelantó elDiario.es, será juzgada por delito de odio para responder por artículos y vídeos de 2022 en los que patologiza la homosexualidad y oferta cursos de “coaching de identidad” para superarla.

Su nombre trascendió por primera vez en 2016 cuando fue denunciada ante la Comunidad de Madrid por promover, en esencia, terapias contra la homosexualidad. La multa de 20.000 euros que le impuso el ejecutivo regional tras años de procedimiento terminó anulada por defectos de forma pero, en paralelo, un juzgado abrió un proceso penal contra ella por el que la Audiencia Provincial de Madrid la sentará en el banquillo próximamente.

Cuando las tropas franquistas entraron en Madrid en 1939, una de las órdenes del todopoderoso ministro de la Gobernación, el cuñadísimo Ramón Serrano Suñer, fue incautar el número 44 de la calle San Marcos de la capital. Allí se instalaría después el Círculo Cultural Medina, un punto de encuentro para las mujeres de la Sección Femenina de Falange, el partido único del régimen. Pero aquella orden escondía algo más que una de las habituales requisas de la dictadura: antes del golpe de Estado las paredes de aquel edificio habían albergado el Lyceum Club Femenino, un refugio intelectual sin precedentes que permitió a las mujeres ser mucho más que dóciles amas de casa y buenas esposas.

Escritoras, artistas, maestras, dramaturgas e intelectuales se dieron cita desde 1926 en la asociación, en la que llegaron a estar inscritas más de 500 socias. Entre ellas, hubo destacadas pioneras como María de Maeztu, las (años después) diputadas Clara Campoamor y Victoria Kent o las escritoras Elena Fortún, María Lejárraga o María Teresa León, una de las Sinsombrero, que llegó a decir que el Lyceum llegaba para “adelantar el reloj de España”. A través de la red de apoyo mutuo y la organización de eventos, conferencias, exposiciones y obras sociales, las socias pudieron instruirse, intercambiar ideas e impulsar sus carreras profesionales desde un espacio propio.

El Lyceum fue truncado por la sublevación militar contra la República y cayó en el olvido durante décadas. Cien años después de su fundación –que se cumple este 4 de noviembre– afloran los libros e iniciativas que recuerdan su legado, entre ellas la del Ministerio de Cultura, que ha impulsado una programación especial durante todo 2026. “El Lyceum tuvo una enorme importancia. Fue un espacio llevado solo por mujeres para su educación cultural, intelectual, social y política. El objetivo era luchar por su ciudadanía plena y el centenario nos descubre esa valentía y voluntad colectiva y muchos referentes individuales”, apunta la comisaria del centenario, Tània Balló.

El origen de la pionera organización estaba en la red de Lyceums creados en diferentes ciudades europeas, el primero en Londres en 1904. En España, ya venía gestándose desde principios de 1926 por varias de sus fundadoras, mujeres que coincidían en tertulias y asociaciones y también vinculadas a la experiencia pedagógica de la Institución Libre de Enseñanza y la Residencia de Señoritas. Fue allí, de hecho, donde se realizaron las reuniones preparatorias, con María de Maeztu, Pilar Zubiaurre, María Martos, Isabel Oyarzábal o Zenobia Camprubí. María de Maeztu se convertiría en la primera presidenta del club y la abogada Victoria Kent, que impulsaría en la República un innovador proyecto para humanizar las prisiones, sería vicepresidenta.

El Lyceum “permitió a las mujeres desarrollarse de una manera radicalmente distinta a lo que se venía viendo a finales del siglo XIX”, con una idea de “mujer moderna que pudiera enunciarse a sí misma” gracias a los intercambios sociales, culturales y redes de colaboración que se dieron en el club, explica la historiadora del arte Mónica Monmeneu, que ha realizado su tesis doctoral sobre el tema. Esto permitió que muchas de ellas despuntaran y apuntalaran sus carreras profesionales. Fue el caso de la escritora Elena Fortún, que encontró en el Lyceum “un espacio de compañeras y referentes lesbianas que le ayudarán e impulsarán” para empezar a escribir los libros de Celia.

Las conferencias y diversos tipos de actividades fueron constantes durante la década de vida de la asociación, que tuvo su primera sede en el edificio de las Siete Chimeneas de la capital, actual ubicación del Ministerio de Cultura. En sus estatutos se definieron como aconfesionales y no adscritas a ninguna afiliación política. En el Lyceum había mujeres de izquierdas y de derechas, monárquicas y republicanas y de muy distintas creencias religiosas o sin ellas. También convivieron socias de diferentes generaciones que tenían un claro perfil de clase media y alta, eran profesionales y debían cumplir con una conducta moral alejada de “vidas amorosas poco convencionales” para ser aceptadas.

Fueron rasgos que se articularon sobre todo en la primera época del club, explica Rocío González Naranjo, autora de Marisabidillas, frívolas y peligrosas. El Lyceum Club Femenino de Madrid (Hoja de Lata). “Lo que buscaban era validar lo que estaban haciendo y en una sociedad machista como esa intentaron dar una buena imagen para ser aceptadas. Fue una estrategia que no les sirvió de mucho porque fueron igualmente muy atacadas”, sostiene la experta, que apunta además a que, en la práctica, en la asociación hubo un abanico mucho mayor de miembros, desde madres solteras a mujeres lesbianas o separadas “en un momento en el que no existía el divorcio”.

Las críticas llegaron desde todos los frentes. El título del libro de González Naranjo evidencia algunos de los insultos que recibieron las mujeres del Lyceum a través de la prensa. Desde la revista La Esfera se atacó la imagen de mujer “redicha y petulante” que leía a Kant o Hegel mientras “su marido empuja el carrito del bebé o limpia los cacharros de la cocina”. El ataque por transgredir los roles de género se sumó a otro habitual: el motivado por ser un espacio únicamente para mujeres y vetar a los hombres, que no podían ser socios.

La oposición más organizada fue la de la Iglesia Católica, que desplegó una campaña de desprestigio a partir de la creación en 1927 de la llamada Casa del Niño, una especie de guardería laica para hijos e hijas de mujeres trabajadoras que fue vista como una amenaza al monopolio religioso del cuidado infantil. Artículos en publicaciones católicas firmados por Lorvent, el canónigo de la Archicofradía Corazón de María, llegaron a acusar a las socias de “locas y descontentas” o “féminas excéntricas y desequilibradas” mientras que el cardenal primado Pedro Segura prohibió a las mujeres católicas asociarse. El punto álgido llegó con la publicación de la Circular de la Unión de Damas Españolas, un manifiesto que acusaba al Lyceum de destruir la sociedad y la familia.

Cada vez más posicionadas

Aunque los estatutos del club marcaban su carácter apolítico y las integrantes lo tenían muy presente, la realidad es que con el paso del tiempo, la asociación fue adquiriendo un cariz cada vez más político, sobre todo a partir de la proclamación de la Segunda República en 1931. Un año después, todas las mujeres que integraban la Junta eran republicanas. “Seguían conviviendo mujeres de todo tipo y, de hecho, al final de la Guerra Civil hubo algunas que apoyaron el régimen, pero el discurso político se va endureciendo y, cuando se proclama la República, es innegable que el núcleo más central de las socias se posiciona”, sostiene Balló.

El nuevo régimen trajo consigo una efervescencia de las asociaciones feministas y de izquierdas, se logró el voto femenino y comenzó una conquista de derechos que favoreció ese posicionamiento. Todo ello cristalizó también en el tipo de conferencias que acogía el Lyceum: si bien al principio fueron varios los hombres que acudieron a dar charlas, entre ellos Serrano Suñer –el mismo que luego les incautaría la sede–, a medida que avanzan los años 30, “ya no tienen tanto interés en validarse o dar una imagen concreta”, sino que empiezan cada vez más a dar ellas mismas conferencias, invitar a referentes internacionales y organizar actividades politizadas. “Hablaron del divorcio, de la abolición de la prostitución, de derechos laborales y políticos... cosas que antes no estaban presentes”, apunta González Naranjo.

Con sus contradicciones y disensos internos –que los hubo– el Lyceum se convirtió así en un espacio de referencia al que las investigadoras han ido rescatando del olvido franquista gracias a documentos dispersos en archivos, las memorias de sus integrantes y su legado material, custodiado por sus descendientes. Pero, todavía a día de hoy, se trata de una búsqueda viva. De hecho, la investigación vinculada al centenario ha logrado aumentar la lista de socias del Lyceum, que partía de un censo conocido de unas 402 hasta las 513. Ha sido gracias a la libreta descubierta en el archivo familiar de Pilar Zubiaurre y a las memorias del Comité del Libro para el Ciego, otro de los proyectos sociales del club. Por el camino, explica Ballò, también se ha encontrado un carnet de socia con el número 721, lo que hace pensar que pueden ser todavía más las mujeres afiliadas.

La última actividad oficial del Lyceum fue la entrega de premios del primer concurso de poesía del club, que ganaría un joven Gabriel Celaya. Faltaban solo unos días para que los sublevados dieran el golpe de Estado que hizo estallar la Guerra Civil y que paralizó la actividad cultural del Lyceum. Mónica Monmeneu asegura que “hay constancia” de que estuvo abierto durante la contienda y algunos documentos indican que en la biblioteca, que contaba con más de 3.000 ejemplares, había personas durmiendo. Se sabe, además, que la asociación organizó repartos de alimentos y ropa en el frente republicano. Después, el local pasaría a manos de las falangistas y muchas de las socias del Lyceum acabarían en el exilio.

Ian Gibson (Dublín, 1939) lleva toda la vida estudiando a Federico García Lorca. El hispanista tenía 18 años cuando sintió la primera conexión con el universo lorquiano en una librería de ocasión de su ciudad natal. Nunca lo abandonó. Llegó a Granada en 1965 con la intención de hacer una tesis sobre la literatura del poeta español más universal, pero acabó investigando su asesinato y el posible paradero de sus restos, que se cree que fueron arrojados a algún lugar de Alfacar (Granada), tras ser fusilado por los franquistas. El crimen se cometió el 18 de agosto de 1936, solo un mes después de que un grupo de militares encabezados por Franco se sublevaran contra la República.

La obra de Lorca es admirada en todo el mundo y ha sido traducida a decenas de idiomas, pero su cuerpo nunca ha sido encontrado a pesar de las búsquedas oficiales que se han llevado a cabo desde 2009. Al enigma vuelve otra vez el hispanista en No me encontraron. La fosa de Lorca: crónica de un olvido, que publica la editorial Aguilar este 21 de mayo y en el que repasa los “errores, ineficacias y silencios” que han rodeado a los intentos de encontrar los restos, algo a lo que desde el principio se ha opuesto la familia del poeta. “Tenemos que saber dónde están él y el resto de los miles de represaliados desaparecidos porque Lorca los representa a todos”, apunta Gibson.

90 años después de su asesinato hay una pregunta que sigue haciéndose mucha gente: ¿cómo es posible que los restos de Lorca no hayan aparecido aún?

Es una vergüenza que casi un siglo después no se hayan localizado, pero no es solo Lorca. Hablamos de un país que tiene miles de víctimas de la dictadura franquista todavía en cunetas. Aquí todavía la derecha habla de que se reabren heridas, pero en realidad es que no se han cerrado y este país solo se reconciliará cuando tengamos todos los cuerpos decentemente enterrados. Cuando vas a una exhumación te das cuenta de que no hay deseo de venganza, sino de encontrar al abuelo. Lorca es el poeta y dramaturgo español más conocido a nivel mundial, traducido a más de 40 idiomas: representa a esa España que todavía hay que buscar.

¿Qué supondría encontrar sus huesos?

Sería un alivio y algo acorde con su obra, que emana amor hacia el prójimo. Tenemos que saber dónde están él y el resto porque para mí Lorca los representa a todos. No para ponerle un monumento excesivo ni nada parecido, pero los huesos pueden revelar información, por ejemplo, si sufrió tortura. Es nuestra obligación ética e histórica encontrarlo.

Se han hecho varios intentos de búsqueda en Alfacar, el primero en 2009, en el lugar que le señaló a usted y a otras personas Manuel Castilla, el hombre que dijo haberle enterrado, sin embargo, solo se halló una roca. ¿Por qué cree que las prospecciones no han tenido éxito?

Esa es la pregunta. Las búsquedas no se han hecho bien, no han sido rigurosas ni se ha investigado suficientemente. En 2008 supimos que cuando se construyó el parque Federico García Lorca en Alfacar en 1986, la Diputación de Granada halló huesos que fueron enterrados de nuevo en otra parte del parque. Sin embargo, comunicar este hallazgo al juez podía hacer que se paralizara la obra y ya había una fecha elegida para la inauguración.

¿Su principal teoría es que estos podrían ser los restos del poeta?

Bueno, es una posibilidad, una hipótesis, algo que no se puede asegurar, pero que al menos sí debe investigarse a fondo. Según algunos testimonios, llegaron a aparecer trozos de madera que podrían ser de la muleta de Dióscoro Galindo, el maestro republicano que fue fusilado junto a Lorca y dos anarquistas. Ahora esto puede sonar como algo inventado, pero tal vez no... No lo sabemos. Lo que parece probable, según varios testimonios, es que los restos debieron trasladarse a donde hoy está la fuente monumental del parque, pero esta posibilidad no se ha explorado con rigurosidad.

Con lo que ya se sabe, ¿cuáles creen que deben ser los próximos pasos?

Sin lugar a dudas, hay que volver a Alfacar. Buscar en la fuente y en toda la zona porque también hay otros puntos en los que podría estar. Un país civilizado no puede permitirse esto en 2026. Se ha buscado mucho, lo sé, pero habría que poner todos los recursos en intentar encontrar a Lorca y a todas las personas que quedan. No fueron criminales, eran inocentes que luchaban por la República.

La familia de Lorca siempre se ha opuesto a buscar sus restos. En un inicio, uno de sus sobrinos hablaba de “profanación” y temía que se convirtiera en un “circo mediático”. Más actualmente, apuntan a que el poeta no debe distinguirse de los demás. Esto abre un debate sobre hasta qué punto la familia debe decidir o condicionar el proceso de búsqueda. ¿Entiende la posición?

La actitud de la familia no ha ayudado nada. Lorca pertenece a todos los que le aman y no es solo de sus progenitores ni de sus hermanos ni sus familiares, pertenece al mundo. Es mi opinión. Ellos lo ven de otra manera. Han llegado a decir que no se necesitan los huesos, que no nos van a enseñar nada, pero eso no es verdad. Parece que uno de sus asesinos fue diciendo por toda Granada que le había dado dos tiros en el culo por maricón. ¿No interesa saber cómo mataron al poeta español más grande de todos los tiempos? A mí sí.

¿Cree que la posición de la familia ha influido de alguna manera en que no se lleguen a encontrar los restos?

Sí, en parte porque nadie quería molestar a la familia. Y eso ha propiciado silencio y opacidad. En la primera búsqueda, la de 2009, debido a la resistencia de la familia lo que se dijo es que no se buscaba a Lorca, sino al resto. Empezar así cuando obviamente lo que se hacía principalmente era intentar encontrarle a él es empezar mal. Al principio tuve buena relación con ellos y su hermana Isabel apoyó mi proyecto de biografía (publicada en dos tomos en 1985 y 1987), pero fue aflorando el tema de su homosexualidad y se fue complicando. Para mí era central, pero entonces era tabú y se silenciaba. Una mujer burguesa granadina llegó a decirme que si hubiera sabido que era gay, no habría entrado en su casa.

Muchas de las personas que fueron arrojadas a enterramientos clandestinos no podrán ya ser recuperadas porque las fosas son inaccesibles y sobre ellas se ha construido desde viviendas a infraestructura municipal. ¿Puede que algo así haya pasado con Lorca?

Es posible, no lo niego porque muy cerca, a muy pocos metros, al otro lado del camino, hay una urbanización llamada El Caracolar. Allí en 2014 un jardinero encontró de forma fortuita un cráneo y avisó a la Guardia Civil, pero no se supo mucho más. Es posible que debajo de ese edificio haya restos porque siempre se ha dicho que cerca de la acequia que pasa por delante se situaba una zona de enterramientos de fusilados.

Sobre el paradero de Lorca ha habido todo tipo de teorías, se ha llegado a decir que está enterrado con su padre en Nueva York. ¿Es un tema especialmente abonado para los rumores?

Desde luego. Yo no podía ir a Granada sin que alguien me dijera algo sobre los restos. Se ha llegado a decir que lo llevaron a una iglesia y que se demolió, que realmente no lo mataron y 'se lo llevaron' unas monjas... Todo tipo de teorías con las que si se hiciera una investigación rigurosa, se terminaría. Desde hace mucho tiempo hay muchos bulos y ni siquiera estábamos aún en la era de las fake news.

A Lorca lo mataron por ser homosexual, apoyar a la República y atreverse a hacerlo en público. Ante el auge de la extrema derecha, ¿hasta qué punto está en peligro lo logrado en memoria histórica?

Lo está, la ultraderecha con el apoyo de la derecha del PP ya han declarado sus intenciones. Buscan olvidar el pasado y, como decía antes, no reabrir heridas en favor supuestamente de hacer a España grande. Todo ese discurso que tiene que ver con el imperialismo y la nostalgia, el querer conquistar y convencer a los demás con estas ideas me parece repugnante, trasnochado y peligroso. Lorca representó lo contrario. Sus manifestaciones, conferencias, recitales y su obra son revolucionarias, quiere cambiar la sociedad y lucha por la gente. Los franquistas tomaron nota rápido y eso no se puede olvidar.

Al final del libro enumera una serie de reflexiones a modo de ideas. La primera es la creación de una comisión de expertos nombrada por el Gobierno que revise toda la documentación del caso y vuelva a buscar. El actual Ejecutivo, en manos del PSOE y Sumar, lleva desde 2018 en el poder. ¿Debería haber dado más pasos en este sentido?

Quizá tendría que haber tomado cartas en el asunto de una forma más firme y decisiva. Las búsquedas han fracasado por ineficacia y yo creo que a nivel institucional hay en general cierta vergüenza por ello.

Su primer libro sobre Lorca lo publicó en París en 1971. Sufre lo que usted mismo llama “lorcamanía”. ¿De dónde viene?

Cuando tenía 18 años tenía el sueño de ser Catedrático de Francés, había que elegir otro idioma y fue el español. Un día en una librería de ocasión en Dublín me topé con unos libros de autores españoles: Cántico de Jorge Guillén, La voz a ti debida de Pedro Salinas y el Romancero Gitano de un tal García Lorca. Los compré, me encontré con el Romance de la Luna Luna y me enganché al momento. No conocía todas las palabras, pero capté lo que pasaba. Leí los versos en los que dice 'El jinete se acercaba / tocando el tambor del llano“ y pensé: '¿cómo puede un jinete tocar el tambor a la vez?'. Hasta que entendí que eran los cascos de los caballos. Fue mi primer descubrimiento de lo que es una imagen poética.

La pugna entre el Gobierno central y el de la Comunidad de Madrid por la memoria histórica de la Puerta del Sol tiene un nuevo capítulo en los tribunales. La Audiencia Nacional ha suspendido este lunes cautelarmente la declaración como Lugar de Memoria Democrática de la sede de la presidencia madrileña, que fue el centro de torturas policiales más importante de la dictadura. Los jueces han estimado así el recurso de Isabel Díaz Ayuso, que se ha opuesto de forma reiterada a colocar una placa en el edificio que recuerde la represión franquista aduciendo que podría ser perjudicial, un argumento que acaba de hacer suyo la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia.

El auto –que cuenta con un voto particular–, paraliza la declaración que el Boletín Oficial del Estado publicó el pasado octubre hasta resolver el fondo del asunto. El Ejecutivo argumentó entonces que la Real Casa de Correos, sede de la Dirección General de Seguridad (DGS), “asumió un papel fundamental en la vigilancia, control y represión” de quienes el franquismo consideraba enemigos de España. Las víctimas que pasaron por sus calabozos han relatado la “extrema brutalidad” de la violencia que sufrieron a manos de la Brigada Político Social franquista y llevan años reclamando la señalización del edificio e incluso que puedan ser visitables los calabozos.

Sin embargo, el razonamiento de los magistrados apunta a que “no es posible negar de forma categórica” que declarar la sede de la presidencia como Lugar de Memoria pueda incidir negativamente “en la imagen institucional de la Comunidad de Madrid”. Es decir, dicen los jueces, “no puede afirmarse” sin lugar a dudas que la institución sufrirá un “menoscabo irreversible”, pero, a su juicio, tampoco se puede rechazar esta posibilidad.

La decisión de la Audiencia Nacional ha indignado a los colectivos de víctimas. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la que reclama que el tribunal pida “una disculpa pública” a las “víctimas torturadas durante el franquismo” y advierte de que los jueces están “negando que se cuente que en el edificio ocurrieron torturas cometidas por dirigentes y policías franquistas, es decir, proponen que se sigan ocultando”. “Las funciones de la Audiencia Nacional no son velar por la imagen de marca de la presidencia de la Comunidad de Madrid”, añade la asociación.

“Es una barbaridad. Lo que realmente denigra la institución es negarse a una placa que refleje lo que fue ese lugar de terror para miles de personas”, opina Rosa García Alcón, que era una estudiante de Medicina y militante del FRAP cuando en 1975 fue detenida y torturada en sus calabozos. Para las víctimas es una “anomalía” que un edificio como este no recuerde nada de lo que allí ocurrió. “La gente lo recuerda por las campanadas, pero fue mucho más que eso en nuestra historia. Las personas que lucharon por la democracia merecen un recordatorio y eso, en ningún caso, empeora la imagen de una institución, sino que la hace más grande”, añaden desde la Plataforma en defensa del memorial.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha asegurado que recurrirá la decisión y se reafirma en su objetivo. “Seguimos defendiendo que declararla Lugar de Memoria no afecta a los usos de ese edificio. Que la fachada recuerde lo que fue ese inmueble no interfiere en la actividad administrativa ni en la imagen institucional”, ha señalado el ministro Ángel Víctor Torres en línea con el voto particular del magistrado Luis Helmut Moya Meyer. “Se trata de hacer justicia con las víctimas que sufrieron muerte y tortura en ese lugar. Toda persona que se considere demócrata debería defenderlo”, ha valorado.

Por su parte, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha celebrado el auto de la Audiencia Nacional acusando al Gobierno de impulsar un “empeño sectario” y de “hacer revisionismo de la historia”. La líder popular ha vuelto a hablar de “contienda entre hermanos” para referirse a la Guerra Civil y ha asegurado que Pedro Sánchez pretende “borrar a la mitad de las víctimas” de la contienda.

Epicentro de la represión

Desde 1848 la Real Casa de Correos fue utilizada como sede del Ministerio de la Gobernación, hasta que en 1939 comenzó a funcionar por orden de Franco como sede de la DGS. El historiador Pablo Alcántara, que ha investigado y reconstruido a fondo la historia del edificio, destaca el papel que desempeñó durante la dictadura. “Durante más de 40 años no fue un edificio cualquiera de la administración franquista, fue el epicentro de la represión. La DGS coordinaba los servicios policiales de todo el Estado, no solo de Madrid. Y en sus calabozos se practicaron todo tipo de torturas físicas y psicológicas. Es algo que merece su reconocimiento en cualquier Estado democrático”.

Una larga lista de militantes antifranquistas sufrieron duros interrogatorios y maltrato en sus celdas, coronadas por unas alargadas ventanas que daban directamente a ras de la plaza y que aún pueden verse hoy. Marcos Ana, Julián Grimau, Enrique Ruano, Juana Doña o Concha Tristán son algunos de los destacados nombres que pasaron por los calabozos. A partir de los años 60, todos los represaliados que eran detenidos en otras ciudades pero iban a ser juzgados por el Tribunal de Orden Público también eran allí encerrados.

Sin embargo, no es este motivo suficiente para el Gobierno de Ayuso para instalar ninguna señalización que lo recuerde. El Ejecutivo autonómico ya prometió desde el inicio del trámite “usar todos los resortes legales” a su alcance para blindar el edificio y ha desplegado su habitual argumentario contra la memoria histórica. La presidencia de la comunidad ha acusado al Gobierno de intentar “manchar el buen nombre” de Madrid y asegura que vincular el edificio con el franquismo es “una auténtica barbaridad” porque “en la memoria de los madrileños y españoles” la Puerta del Sol “se vincula” con las uvas o el Kilómetro 0.

Ayuso ha echado mano incluso de sus predecesores en el cargo para oponerse frontalmente y con el argumento de “conmemorar” el 40 aniversario de la Real Casa de Correos, reunió a Esperanza Aguirre, Joaquín Leguina, Cristina Cifuentes y Alberto Ruiz Gallardón en un vídeo en el que cargaban contra la idea de colocar una inscripción que recuerde su pasado franquista. Las diferentes voces apelan a la “reconciliación” de la Transición o a la “violencia republicana” del Frente Popular para justificar por qué no debe señalizarse un edificio que ya cuenta con tres placas más: una la que conmemora el levantamiento del 2 de mayo de 1808, otra en homenaje a las víctimas del 11M y una última a los muertos por la pandemia de Covid.

La decisión del Ministerio de Igualdad de incorporar una cláusula abolicionista de la prostitución a las subvenciones sobre violencia machista y trata ya es definitiva. El pasado 22 de abril, el BOE publicó la orden que modifica los requisitos de estas ayudas y que obliga a las entidades que quieran presentarse a reconocer “expresamente” la prostitución “como forma de violencia contra las mujeres”. La decisión sume en la incertidumbre a buena parte de las organizaciones y deja en el aire sus proyectos porque o bien no se definen como abolicionistas o ni siquiera lo han debatido internamente, al estar dedicadas a cuestiones que no tienen que ver con la prostitución.

“Es un tema que ni tocamos ni vamos a tocar, porque no es oportuno para nuestro trabajo ni las mujeres a las que nos dirigimos. Presentaremos el proyecto y, si no los rechazan por esto, será una pena”, señala la portavoz de la Fundación Secretariado Gitano, una de las entidades que fueron beneficiarias de estas ayudas en 2025 para un programa de prevención de la violencia de género en mujeres gitanas. Esta es una sensación compartida entre las ONG, que desconocen cómo va a aplicar Igualdad los requisitos. Según la orden, deberán reconocer la prostitución como forma de violencia en sus estatutos o “mediante experiencia previa”. Además, la última versión del texto añade una condición más: que firmen una “declaración responsable” en la que lo afirmen.

Uno de los efectos de la orden será que aquellas asociaciones que no cumplan estos puntos quedarán fuera de las ayudas. Es lo que también teme la Plataforma Unitaria contra las Violencias de Género de Catalunya, que recibió algo más de 14.000 euros el año pasado para organizar el Foro contra las Violencias de Género, en el que anualmente reúne a expertas, víctimas e instituciones. Ahora, no sabe si podrá presentarse a la nueva convocatoria. El Ministerio ha aplicado el cambio a dos líneas de ayudas: tanto a las que financian proyectos de “concienciación, prevención e investigación” en violencia machista como a las de apoyo a víctimas de trata.

“Dentro de la plataforma hay 140 entidades, cada una con aproximaciones diferentes. No vamos a posicionarnos en un concepto que no deja de ser un amplio debate incluso en el feminismo”, apunta Ainhoa Morán, su coordinadora, que advierte de que la orden “va a poner en riesgo y a excluir proyectos necesarios”. “Lógicamente, todas estamos en contra de las violencias machistas, pero esto es tratar de imponernos una agenda y una ideología concreta. La prostitución no está así catalogada en ninguna ley y ni siquiera en el Convenio de Estambul”, añade Morán.

También de Catalunya es la fundación Àmbit Prevenció, una entidad que trabaja con víctimas de violencia machista y mujeres que ejercen la prostitución. En la convocatoria pasada se le adjudicó algo más de 4.800 euros del Ministerio de Igualdad para financiar un proyecto con el que monitorizar qué pasa después de una denuncia por violencia sexual. Con ese dinero, ya ha empezado a recopilar información y a coordinarse con los servicios de atención a víctimas de Extremadura, Madrid, Baleares y Catalunya con el objetivo de recabar la participación de mujeres. La idea era ampliar aún más la iniciativa, pero la ONG es consciente de que ya no se podrá presentar a la misma subvención.

La presidenta Mercè Meroño explica que “para nada” se ha planteado la fundación hacer un cambio de estatutos para poder entrar ni tampoco firmar la declaración que exige ahora el departamento dirigido por Ana Redondo. “Tenemos una misión y valores propios, no vamos a ir cambiándolos en función de los intereses del Estado”, apunta Meroño, que recalca que su “prioridad” es “atender a las necesidades de las mujeres desde la diversidad, la proximidad y el respeto sin opinar sobre sus vidas”, algo que “en ningún caso” está por debajo de la posibilidad de obtener una subvención.

Aún así, la presidenta de Àmbit Prevenció lamenta la modificación del Ministerio en unos fondos que reparten unos siete millones de euros desde hace cuatro ejercicios. “Nuestro proyecto, que tiene que ver con la violencia sexual, ¿va a quedarse fuera porque en nuestros estatutos no nos refiramos a la prostitución? Es un cambio arbitrario y una discriminación muy grave”, cree Meroño.

La fundación cuenta con un proyecto llamado 'Siempre Vivas' para asesorar a víctimas de violencia machista y también servicios de acompañamiento a mujeres que ejercen la prostitución, a las que ofrece asesoramiento jurídico y psicológico, además de poner a su disposición un espacio para que puedan descansar, hacerse pruebas o recoger material. También tiene dos recursos asistenciales para mujeres que han ejercido la prostitución y han sufrido algún tipo de violencia. “El enfoque que aplicamos es el basado en los derechos, no intentamos que vaya por delante una determinada ideología, sino que escuchamos a las mujeres y las acompañamos”, añade.

La oposición de las entidades

La polémica por las subvenciones arrancó el pasado febrero, cuando el Ministerio de Igualdad abrió la consulta pública sobre la modificación legislativa. En la memoria de impacto, justificaba los cambios en un intento de “reafirmar el enfoque feminista” de las ayudas en base a la “perspectiva de género y el enfoque abolicionista” de la prostitución. Además, aludía a la necesidad de alinear las ayudas con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, renovado el año pasado por todos los grupos excepto Vox.

Medio centenar de organizaciones de prostitutas y entidades no abolicionistas, con el apoyo de Amnistía Internacional, enviaron entonces alegaciones a la propuesta y advirtieron de que la llevarán a los tribunales si Igualdad no da marcha atrás, al considerarla “inconstitucional”. El Ministerio defendió entonces la orden y apeló a que “no constituye una imposición ideológica”, sino “una manifestación legítima del principio de orientación finalista del gasto público”. Sin embargo, no ha respondido a las preguntas enviadas por este medio sobre cómo van a aplicarse los nuevos requisitos.

Porque una de las sospechas que tienen la decena de organizaciones con las que ha contactado elDiario.es es que, tras las quejas, el Ministerio rebaje las condiciones y, en la práctica, sirva con firmar la declaración responsable que fue incluida después y suavice la exigencia del cambio de estatutos. Aun así, el requisito no convence a los colectivos consultados, buena parte de los cuales prefieren no romper su anonimato a la espera de cómo se concrete la convocatoria. “Está fuera de lugar en una subvención pública. Exigir un posicionamiento en un tema tan complejo y en el que hay diversidad, no conduce al entendimiento, sino a la confrontación”, dice una portavoz .

Entre las ONG que prometen recurrir la orden está el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS), que en los últimos ejercicios ha recibido dinero para montar el ciclo de charlas 'Hablan las prostitutas', con el que buscan “dar voz” a las protagonistas. “Probablemente, no nos podamos presentar porque nos obligan a declarar que la prostitución es violencia per se, algo que desde muchas ONG cuestionamos”, apunta Fuensanta Gual, presidenta de la entidad, que añade: “Otra cosa es que efectivamente haya mucha violencia en la prostitución y, de hecho, de eso van nuestras charlas”.

CATS cuenta también con un programa de asistencia integral a mujeres en contextos de prostitución que recibió ayudas de Igualdad hasta 2020. “Desde entonces nos lo rechazan. Es un proyecto de asistencia y acompañamiento, les damos atención social, jurídica y psicológica. Ahora estamos en pleno asesoramiento por el tema de la regularización extraordinaria”, añade la presidenta de la entidad, que reclama el reconocimiento de derechos laborales para las prostitutas.

Otras ONG están evaluando qué pasos dar cuando tengan que concurrir a las ayudas. La Red de Atención a las Adicciones (UNAD) no modificará sus estatutos, pero sí enviará la declaración responsable, aunque con matices. La condición es que las entidades reconozcan en ella que los proyectos presentados están alineados contra las distintas formas de violencia contra las mujeres “incluidas la prostitución, la explotación sexual y la explotación reproductiva que supone la gestación por subrogación”. Según explica Elisabeth Ortega, adjunta a la dirección de UNAD, la declaración que adjuntarán no se referirá específicamente a ninguna de estas violencias.

La organización confía en que así pueda volver a ser financiado su proyecto Comunidades GPS —que el año pasado recibió 24.500 euros— y que, junto a la Universidad de Salamanca, busca fortalecer la coordinación para dar respuesta a mujeres con adicciones víctimas de violencia machista. “UNAD no cuenta con un posicionamiento sobre prostitución porque somos una red compuesta por 200 entidades con trayectorias y enfoques diversos, no obstante, nuestros estatutos y experiencia reflejan de forma clara nuestro compromiso con los derechos de las mujeres y la atención a las distintas violencias que pueden atravesar”, concluye Ortega.

Naciones Unidas ha vuelto a llamar la atención a España por el archivo de querellas relacionadas con crímenes de la dictadura. Así lo estipulan en una observación conjunta del pasado mes de febrero cuatro relatores de la ONU, que apuntan a que “mientras el Estado español no inicie investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones de derechos humanos” del franquismo “estaría incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.

La comunicación fue dirigida al Gobierno español a raíz de una queja presentada por Irídia y CEAQUA en la que describen hasta 18 casos iniciados en los tribunales españoles tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática que se han topado con obstáculos para ser instruidos. Entre ellos está el asesinato de Teófilo del Valle en Elda en 1974, una querella que no se archivó y por la que en un inicio se acordó la imputación del exministro Rodolfo Martín Villa. Sin embargo, hace unos días la Audiencia de Alicante la ha tumbado esgrimiendo la Ley de Amnistía de 1977.

Los relatores recuerdan que los estándares internacionales “estipulan la imprescriptibilidad e imposibilidad de amnistiar” crímenes de lesa humanidad, por lo que hacerlo “estaría obstaculizando el acceso de las víctimas a un recurso efectivo”. “Si bien es importante asegurar que la justicia opere con respecto al principio de legalidad penal, el derecho internacional no permite la aplicación de plazos de prescripción o causales de extinción de la acción penal, tales como las amnistías” a este tipo de casos, añade.

La entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática impulsó la creación de una fiscalía especializada que está interviniendo en algunos casos y en algunos de ellos se ha acabado tomando declaración a los denunciantes, algo que pasó por primera vez en septiembre de 2023, con las torturas denunciadas por Julio Pacheco. Sin embargo, posteriormente fue archivado. Además, el Tribunal Constitucional certificó un año después que la nueva legislación de memoria histórica no cambia el escenario y los crímenes seguirían sin juzgarse. Lo hizo aplicando los mismos criterios que antes de su aprobación y que ahora censura la ONU.

La observación reclama a España que transmita el comunicado a las autoridades judiciales “a fin de que puedan tener en cuenta los estándares internacionales” que deben aplicar. “Nos permitimos recordar que el derecho internacional de los derechos humanos establece la obligación del Estado español, en todas sus esferas y niveles, de investigar y sancionar adecuadamente las graves violaciones de derechos humanos”, escriben añadiendo que “el incumplimiento de estas obligaciones” puede “comprometer la responsabilidad del Estado en su conjunto”.

El escrito ha sido firmado por el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas, del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y la Relatora Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

No es la primera vez que Naciones Unidas concreta una advertencia de este tipo. Y así lo recuerdan en esta ocasión los relatores, que mencionan las anteriores veces en las que la ONU ha reprochado a España por la falta de diligencia con las víctimas del franquismo: en 2014, 2015, 2024 y 2025. La comunicación insta a España a proporcionar información detallada sobre las querellas y a “adoptar medidas” para asegurar que implican investigaciones “eficaces, independientes y exhaustivas”.

La respuesta de España

El Gobierno, por su parte, respondió a la ONU el pasado 13 de abril afirmando que los tribunales archivan o inadmiten estas causas “basándose en normativas penales internas” y la doctrina del Tribunal Constitucional sobre prescripción, Ley de Amnistía y el principio de irretroactividad de las normas penales. Ante ello, señala que algunos jueces están “argumentando” que el derecho a la tutela judicial “debe satisfacerse” no por la vía penal, sino por la civil, mediante expedientes de jurisdicción voluntaria.

En cuanto a los datos de querellas archivadas o activas, el Ejecutivo remarca que no cuenta con estas cifras porque la Estadística Judicial “no publica el desglose de datos sobre esta materia”. Lo que sí incluye en la respuesta es un recorrido por la actividad de la Fiscalía, según lo que esta misma ha publicado en su Memoria Anual, en la que destaca que en 2024 la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática inició diez expedientes de seguimiento por querellas de este tipo o intervino “activamente” presentando nueve recursos contra la inadmisión el archivo.

Además, se añaden las medidas adoptadas por el Ministerio Público para “promover las investigaciones”, entre ellas “la consolidación” de una red de 49 fiscales especialistas, la adopción de una postura de “combate procesal” contra los archivos “automáticos”, el impulso a la vía civil como “medida alternativa” o la apertura de “diligencias de investigación preprocesal cada vez” que se hallan restos humanos con signos de violencia en una fosa común.

El pasajero español del crucero afectado por un brote de hantavirus que ha dado positivo provisional ha sido trasladado ya a la unidad de aislamiento de “alto nivel” del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. A la espera de una segunda PCR que confirme o no el diagnóstico, el afectado ha sido ingresado en este tipo de instalaciones que ya estaban preparadas precisamente por si entre los evacuados del Hondius había algún positivo. Se trata de la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) del centro, una infraestructura levantada en 2015 para contener y tratar enfermedades infecciosas consideradas de alto riesgo.

Las otras 13 personas –12 pasajeros y un tripulante– permanecen aislados en habitaciones sin visitas y mantendrán una cuarentena que podrá llegar a los 42 días, periodo de incubación del virus. Según Sanidad, la persona que ha dado positivo ha presentado esta noche “febrícula y síntomas respiratorios”, aunque “en el momento actual” está “estable y sin empeoramiento clínico evidente”. Aún así, el protocolo contempla su ingreso en la UATAN del Gómez Ulla, una de las siete unidades que hay en España de este tipo que fueron creadas a raíz de la crisis del ébola de 2014, que acabó con el fallecimiento de un misionero y el contagio de una auxiliar de enfermería.

La del hospital madrileño es la que tiene mayor capacidad, con siete camas, y se encuentra en la planta 22 del centro, la última. La unidad permite un aislamiento muy estricto y los equipos sanitarios que las atienden está especialmente formado para ello y maneja estrictos protocolos de seguridad. Según explicaba a este medio Paloma Navas, médica especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, estas unidades son “el más alto nivel de aislamiento del sistema sanitario español” y están concebidas arquitectónica y tecnológicamente, así como a nivel de personal, para ser “un búnker sanitario en el que nada de lo que hay dentro, salga fuera”.

Las habitaciones están especialmente preparadas para ello. Cuentan con sistemas de presión negativa que funcionan con una ventilación especial de forma que el aire se introduce en la habitación y lo filtra antes de salir. Este aire 'limpio' que entra del exterior evita que el posiblemente contaminado salga hacia afuera dificultando así la propagación. Además, cada una cuenta con esclusas para permitir la desinfección antes de salir a las zonas de uso común. Según explicaba el propio centro en su inauguración, cada profesional debe pasar por la esclusa de sucios y la de limpios, ya sin Equipo de Protección Individual (EPI), y una “estación de descontaminación” antes de salir a zonas comunes.

La UATAN está sometida a un control de entradas, salidas y movimiento de personal y pacientes desde una sala de vigilancia en la que se monitorizan también las puertas, que están automatizadas. Además, cuenta con un sistema especial de residuos y un laboratorio BLS-III integrado que minimiza el riesgo al permitir el análisis de muestras sin la necesidad de salir. Por lo general, las habitaciones cuentan con un espacio suficiente para que se pueda manejar un paciente crítico dentro de las mismas. Por otro lado, son unidades que implican a varias especialidades médicas. “Son complejas y requieren mucha coordinación dentro del hospital”, señalaba el videpresidente de la Sociedad Española de Epidemiología Pello Latasa.

El proceso de autorización de las UATAN está liderado por el Ministerio de Sanidad, que lleva a cabo una estricta evaluación de la planta para ello. Entre los elementos a evaluar está desde la gestión de los residuos, al procedimiento de activación de la unidad, su desinfección y limpieza, la esterilización del material o la disponibilidad de contar con “cápsulas de aislamiento” para el traslado de los pacientes, según el último protocolo aprobado por el Consejo Interterritorial de Salud.

Aunque la transmisión entre humanos no es sencilla y la posibilidad de estar ante un problema expansivo de gran calado es lejana, la Organización Mundial de la Salud ya había avisado de que podría darse algún positivo del total de evacuados debido al periodo de incubación. Además de esta persona española pendiente de confirmar, Francia también confirmó este lunes su primer caso de hantavirus y Estados Unidos anunció un “positivo leve” que ya viajó en unidades de biocontención en el avión desde Tenerife.

España ha roto el dominio de Malta como mejor país de Europa para las personas LGTBI según el ranking que anualmente elabora ILGA, la mayor organización LGTBI a nivel internacional. El llamado Mapa Arcoíris, que se elabora desde 2009, evalúa las políticas y leyes de 49 países en torno a los derechos de lesbianas, gays, trans y bisexuales y, por primera vez, ha colocado a España en la primera posición desbancando así a Malta, el país que la ha ocupado desde hace una década.

ILGA, que agrupa a unas 600 organizaciones de toda la región, evalúa a los países en función de diferentes criterios y los clasifica en una escala del 0 al 100%. A España le ha adjudicado en esta edición un 89%, seguido muy de cerca por el hasta ahora territorio con mayor puntuación (88%). La cifra media para Europa es del 43% y del 52% para los países de la Unión Europea. “A medida que el orden internacional basado en normas se fractura y la democracia se ve presionada, la posición destacada de España demuestra que la valentía política sigue siendo la respuesta más eficaz”, apunta la entidad.

El ascenso de nuestro país en el ranking, que ha subido cuatro puestos, refleja “una combinación de logros” entre los que se encuentra la aprobación de la autodeterminación de género sin requisitos médicos unida a “nuevas protecciones legales”. El Gobierno, señala el mapa, “ha cumplido con los compromisos establecidos en las leyes LGTBI y Trans de 2023” porque ha adoptado planes y estrategias para la igualdad de derechos LGTBI. Además, apunta a la creación de la Autoridad para la Igualdad de Trato y No discriminación y la “plena implementación de la despatologización de las personas trans en el ámbito sanitario”.

ILGA señala el aumento de comunidades que cuentan con leyes autonómicas LGTBI –la última en sumarse ha sido Asturias–, pero no es ajena a los intentos de Vox y del PP de recortar o dejar sin efecto la legislación. La organización, sin embargo, se fija más en la respuesta del Gobierno central y concluye que ha llevado a cabo “una lucha decidida contra los intentos de la extrema derecha de desmantelar estas protecciones” mediante recursos ante el Tribunal Constitucional, que en los casos de Madrid y la Comunidad Valenciana ha suspendido cautelarmente varios artículos de las leyes impulsadas por las derechas.

Para Katrin Hugendubel, subdirectora de ILGA Europa, el primer puesto de España es “un claro ejemplo de lo que se puede lograr cuando un gobierno decide deliberadamente promover la igualdad en vez de retroceder”. La experta alude a un contexto global de “presión autoritaria” y destaca el “espíritu” del Gobierno central frente a esta ofensiva. “Por supuesto, aún queda mucho por hacer en España, pero esto nos recuerda que la valentía política es una elección”, añade la representante de la organización.

Aún así, el mapa de ILGA mide leyes y políticas públicas, pero no “la realidad vivida”, matiza el informe, que apunta a “la brecha” que existe en España “y en otros países” entre los avances legales y la experiencia cotidiana. Precisamente hace dos semanas el informe Estado del odio LGTBI reveló que el 54% de los encuestados ha sufrido agresiones, discriminación o acoso en el último año. Además, un 44% de la muestra aseguró haber sufrido violencia en entornos digitales mientras que el porcentaje de personas que percibe un aumento de la discriminación en los últimos años ha escalado varios puntos.

Avances y retrocesos

A España y Malta le siguen en el ranking Islandia, Bélgica y Dinamarca como el quinteto de países con mejor legislación LGTBI. Al otro lado de la tabla están Armenia, Bielorrusia, Turquía, Azerbaiyán y Rusia. Entre los “acontecimientos perjudiciales” para el colectivo LGTBI registrados en el último año está la nueva ley de propaganda anti-LGTBI de Bielorrusia “inspirada en la versión rusa” y que llega a contemplar sanciones penales. Italia ha bajado hasta el puesto 36 debido a los “bloqueos activos” del Gobierno de Meloni ante la legislación regional. Además, una nueva ley de seguridad promueve “restricciones sobre manifestaciones”, lo que podría afectar al Orgullo.

Turquía, en tercera posición por la cola, registra una “alarmante escalada” de intentos de revertir derechos, con proyectos de enmiendas legislativas en trámite, un recorte de la atención médica a personas trans, la disolución de una organización juvenil LGTBI y un “fuerte” aumento de las demandas penales contra activistas. Además, Portugal ha impulsado un proyecto de ley que puede “reducir drásticamente” la protección hacia las personas trans, según ILGA, mientras que en Eslovaquia se debaten enmiendas que restringen el reconocimiento parental “a una madre y un padre”.

En última posición sigue estando Rusia, donde “los ataques contra los derechos humanos de las personas LGTBI siguen intensificándose”, apunta la entidad, que subraya cómo las organizaciones que defienden sus derechos son designadas como “extremistas”, lo que “expone a quienes trabajan en ellas o colaboran con ellas importantes riesgos de responsabilidad penal”.

En el otro lado, hay varios avances que tienen que ver con los derechos de las personas trans: Albania, por ejemplo, ha subido dos puestos –hasta el nº 24– por aprobar una ley sobre discriminación por motivos de identidad de género u orientación sexual. República Checa y Letonia, por su parte, han dejado atrás la exigencia de que las personas trans tengan que pasar por cirugías genitales para poder modificar su sexo y nombre legal. Suecia (en el puesto 9) también ha dado luz verde a una nueva legislación sobre reconocimiento legal del género, una reforma “que es bienvenida”, pero que “continúa patologizando las identidades trans”, remarca ILGA.

La entidad celebra también los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que en 2025 dictaminó que los Estados miembro de la UE deben reconocer los matrimonios homosexuales celebrados en otros países comunitarios. También destaca la sentencia que hace un mes concluyó por primera vez que la ley antiLGTBI de Hungría vulnera el Derecho de la Unión Europea.

Este escenario marcado por avances y retrocesos lleva a Katrin Hugendubel a concluir que este año, el mapa de ILGA “cuenta dos historias a la vez”: una, la de países como España y otros que “eligen apoyar” a la comunidades LGTBI “en lugar de convertirlas en chivos expiatorios” y otra que, paralelamente, tiene que ver con “un peligro real y creciente que no se puede subestimar”, el del ascenso ultra que pone los derechos LGTBI en la diana.

Casi un año después de que España fuera declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como libre de ébola tras la crisis que en 2014 sacudió al país, terminaban las obras de la planta 22 del Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. El centro, dependiente del Ministerio de Defensa, ya había decidido antes reformar su unidad de enfermedades infecciosas, pero la repatriación de un misionero español con ébola —al que no pudo atender— y el posterior contagio de una auxiliar de enfermería impulsaron la decisión de afrontar un proyecto de mayor envergadura: el Gómez Ulla se convertiría así en el hospital de referencia para tratar enfermedades infecciosas de alto riesgo.

En octubre de 2015 la entonces vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría (PP) inauguraba la nueva Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) del hospital. Unas siglas que han sonado mucho estos días a cuenta del barco afectado por el brote de hantavirus, que ha desembarcado en Canarias este domingo. Los 14 españoles que viajaban a bordo han sido trasladados al centro sanitario madrileño para hacer una cuarentena cuya fecha de fin aún está abierta. Según ha detallado Sanidad, la pasarán en habitaciones individuales y sin visitas. En el caso de que alguno tenga síntomas, será aislado, y si es positivo, pasará a ser ingresado en la UATAN.

Voces expertas en epidemiología y salud pública apuntan a que España cuenta con los medios para afrontar la situación y señalan en especial a este tipo de unidades, que forman parte de una red distribuida en varias comunidades autónomas: la del Gómez Ulla cuenta con siete camas, siendo el hospital con más plazas de todo el sistema. Pero hay otros hospitales en España con unidades de alto nivel y, según ha informado el Ministerio de Sanidad, para este caso hay 16 camas disponibles si fuera necesario. Una está en Tenerife, donde se ha producido la evacuación.

Aunque la transmisión entre humanos no es sencilla y la posibilidad de estar ante un problema expansivo de gran calado es lejana, el hantavirus forma parte de las enfermedades respiratorias emergentes susceptibles de ser atendidas en una de estas unidades. Por eso, si entre los españoles evacuados —a los que se hará una PCR al llegar y otra a los siete días— hay algún caso confirmado en algún momento, será trasladado a una de estas habitaciones que permiten un aislamiento muy estricto ante “enfermedades infecciosas de alto riesgo”, las llamadas EIAR.

El objetivo es controlarlas, atender a los pacientes y proteger al personal sanitario, que sigue en ellas estrictas normas de manejo y seguridad. “Estas unidades son el más alto nivel de aislamiento del sistema sanitario español y fueron puestas en marcha a raíz del ébola en 2014. Están concebidas, tanto arquitectónica como tecnológicamente o a nivel de personal, para ser algo así como un búnker sanitario en el que nada de lo que hay ahí dentro, salga fuera”, explica Paloma Navas, médica especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y profesora de la Universidad Francisco de Vitoria.

La del Gómez Ulla ya se ha usado en otras ocasiones para acoger personas enfermas o sospechosas, como fue el caso de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo tanto en 2016 como el año pasado. Su personal, además, atendió a los españoles repatriados desde Wuhan en 2020 a consecuencia del coronavirus. Otras fiebres hemorrágicas que pueden importarse, enfermedades respiratorias “emergentes” o los agentes NRBQ (nucleares, radiológicos, biológicos o químicos) son considerados de alto riesgo y deben ser atendidos en estas instalaciones.

Pello Latasa, vicepresidente de la Sociedad Española de Epidemiología, señala que el hantavirus entra en este grupo porque aunque no se transmite con facilidad, cuando lo hace “tiene un impacto elevado” en términos de mortalidad. Las personas que serán trasladadas a Madrid no tienen síntomas y “no hay evidencias” de que el hantavirus se pueda transmitir en fase asintomática, apunta Latasa, pero la decisión del aislamiento y vigilancia en el Gómez Ulla responde “a una mezcla de factores” no solo técnicos o clínicos, también de “sensibilidad social”, cree.

El epidemiólogo señala que en este tipo de casos en los que hay un alto impacto mediático y social, lo adecuado desde el punto de vista de la salud pública “no es solo gestionar la enfermedad en sí”, sino también “el miedo o la percepción del riesgo”. “Con el nivel de alerta que hay, ser extracautos no está de más”, añade. Habitualmente, lo que se hace en estos casos en los que se ha estado en contacto con un contagiado es un seguimiento que puede ser activo, con llamadas diarias de los profesionales sanitarios, o pasivo, en el que se le indica a la persona que se tome la temperatura y avise de cualquier cambio.

Paloma Navas coincide en que aplicar el “mecanismo de precaución” es lo acertado en un caso como este. “El contagio de persona a persona no es fácil, pero el hantavirus puede provocar una afectación pulmonar grave que requiera de intervenciones complejas”, sostiene la experta, que apunta a cómo la UATAN del Gómez Ulla está “preparada para atender todo el abanico” en el que puede derivar la infección. El hospital del Ministerio de Defensa suele “centralizar este tipo de situaciones”, es el que tiene “una mayor infraestructura” y cuenta con un personal que “tiene la formación necesaria” para ello. “No interesa que estas 14 personas estén dispersas por el territorio español o que no estén bajo control”, opina.

Aún se desconoce cuánto tiempo deberán estar ingresadas en el Gómez Ulla y, según ha afirmado el Ministerio de Sanidad, ninguna se niega a hacerlo. En principio, seguirán una cuarentena “muy estricta” durante al menos siete días. A partir de ahí, los pasos a seguir dependerán de la fecha en la que epidemiológicamente se fije el último contacto con caso confirmado —el 28 o el 30 de abril— y también de la evolución del resto de pasajeros. En cualquier escenario, habrá una “reevaluación” de la situación llegado el momento, afirmó este viernes el Secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla. El periodo de incubación del hantavirus es de unos 45 días.

Control y desinfección

Toda la planta de alto riesgo del Gómez Ulla dispuesta por si hay un positivo está sometida a control de entradas y salidas y movimiento de personal y pacientes desde una sala de vigilancia continua en la que se controlan también las aperturas de puertas, que están automatizadas. Cada habitación cuenta con esclusas para permitir la desinfección antes de salir a las zonas de uso común: tras estar en la habitación, el profesional deberá pasar a la esclusa de sucios, que cuenta con lavabo y ducha, y después a la de limpios ya sin Equipo de Protección Individual (EPI). Antes de salir de la habitación, pasará por una “estación de descontaminación”.

Latasa explica que las habitaciones de estas unidades cuentan con sistemas de presión negativa que funcionan con una ventilación especial de forma que el aire se introduce en la habitación y lo filtra antes de salir. Este aire 'limpio' que entra del exterior evita que el posiblemente contaminado salga hacia afuera dificultando así la propagación. También la UATAN cuenta un sistema especial de residuos que los someten a procesos de esterilización. “Cuando usan el cuarto de baño, no van al circuito de alcantarillado normal, sino a una unidad de tratamiento específico”, apunta Navas.

Los EPIs son también específicos, de cuerpo completo y a veces “autoventilados”, mientras que los profesionales reciben “formación especializada”. “Son unidades complejas que requieren mucha coordinación dentro del hospital”, explica el Latasa. La del Gómez Ulla dispone de la posibilidad de entrada directa evitando su paso por Urgencias y un ascensor de uso exclusivo, además de contar con una altura que la distancia de edificios residenciales cercanos. La 22 es la última planta del centro, que da acceso a la azotea en la que está instalado el helipuerto.

Según contó el propio hospital al ser inaugurado, a las habitaciones entran dos profesionales: uno vestido de amarillo que está en contacto con el paciente o sospechoso y otro de blanco, que hará de “observador” y ayuda al primero después a retirarle el EPI. La unidad cuenta con un equipo multidisciplinar de unos 70 profesionales y tiene un laboratorio BLS-III integrado, lo que minimiza el riesgo al permitir el análisis de muestras sin la necesidad de salir. Según explicó el teniente coronel médico Javier Membrillo, jefe de la unidad, en una entrevista con Consalud.es, el centro debe siempre estar listo para recibir a un paciente en máximo 6 horas.

---

El barco en el que se ha producido un brote de hantavirus llegará el domingo a España. En ese momento se activará un protocolo en el que participan el Ministerio de Sanidad, Defensa, Interior y Política Territorial junto a la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Europea. Un plan medido que, si no hay sorpresas, sacará a los pasajeros y a la tripulación de Tenerife el lunes o, si se adelanta el barco, el mismo domingo.

Cuando llegue al puerto de Granadilla, el MV Hondius fondeará en el interior del mismo, en el lugar que la Autoridad Portuaria y la Capitanía Marítima han estimado como lugar “más seguro” para realizar la operación antes de proceder al desembarco, según ha explicado este viernes la Directora General de Protección Civil, Virginia Barcones. En este momento, varios médicos de Sanidad Exterior subirán a la naviera para evaluar a los pasajeros. Si permanecen asintomáticos, empezará la segunda parte de la operación: el traslado de todos los pasajeros, también los 14 españoles, al aeropuerto para que vuelen a sus países de origen.

Estas salidas se harán por nacionalidades en embarcaciones tipo zodiac con capacidad para unas cinco personas. Los pasajeros solo serán evacuados cuando el avión que vaya a trasladarlos esté ya en el aeropuerto de Tenerife Sur preparado para despegar. En el momento en el que esto ocurra, los equipos de los aeropuertos darán el aviso para que comience el desembarco. Una vez que lleguen a tierra, habrá ya autobuses preparados para salir “automáticamente” hacia el aeropuerto. Irán directamente a la pista para montar en la aeronave.

Los 14 españoles serán trasladados a Madrid, al Hospital Gómez Ulla. Con el resto de pasajeros, de 23 nacionalidades diferentes, las situaciones son dispares. Alemania, Grecia, Países Bajos y Francia ya han confirmado que pondrán medios aéreos a disposición, a los que se une Turquía, que es posible que comparta avión con Francia. Bélgica, Irlanda, Alemania y Suecia han argumentado que no tienen medios, por lo que en estos casos la UE facilitará “uno o dos aviones”. El resto de once países que no son de la UE ni tienen ningún acuerdo están pendientes de detallar si enviarán una aeronave: EEUU y Gran Bretaña ya lo han concretado y Canadá está ultimándolo. Del resto, se hará cargo Países Bajos como responsable del MV Hondius.

Según ha contabilizado Sanidad este viernes, hay 147 personas entre pasajeros y tripulación en el barco. Cuatro personas más se han incorporado tras el brote de hantavirus: dos especialistas en enfermedades infecciosas enviados por el Gobierno de Países Bajos, una más de la Oficina Regional para África de la OMS y un epidemiólogo del Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC).

Todos los pasajeros son asintomáticos, pero tanto ellos como las personas que intervendrán en el operativo llevarán equipos de protección médica. Según ha apuntado Barcones, todas las zonas por las que van a transitar estarán aisladas, de forma que “no va a haber” ningún contacto con población civil. La Agencia Estatal de Metereología está preparando boletines de predicción tanto sobre el aeropuerto como el puerto con el objetivo de avanzar cuál será la situación en el momento en que se produzca el operativo.

Aunque actualmente se trabaja con el escenario de que nadie presenta síntomas, el protocolo también contempla la posibilidad de que algún pasajero los tenga. Para ello, habrá a disposición aviones medicalizados que España ha solicitado a la Unión Europea. Según explicó la ministra de Sanidad, Mónica García, si los síntomas son leves, serán igualmente repatriados. Si son graves o precisan asistencia médica, podrían ser trasladados al Hospital de la Candelaria, a 45 kilómetros. El Ministerio de Sanidad confía en que debido al seguimiento y comunicación que está teniendo con el barco y los expertos que están a bordo, si alguna persona desarrollara síntomas, las autoridades lo conocerían con cierto adelanto.

Los 14 ciudadanos españoles serán trasladados al Hospital Gómez Ulla para realizar la cuarentena en un avión del Ministerio de Defensa, elegido para garantizar “que se cumplen los estándares” de seguridad y separación física. Los españoles, que son considerados contactos de caso confirmado, recibirán un documento que deberán firmar en el que se detallan las condiciones de su ingreso en el centro sanitario, ha explicado el Secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla. Al llegar se les realizará una PCR y se llevará a cabo una “cuarentena muy estricta” durante al menos siete días, momento en el que se repetirá la prueba.

En el caso de que alguna persona desarrolle síntomas en algún momento, será dejada de considerar contacto para ser un caso sospechoso, lo que implicará su aislamiento en una habitación con presión negativa. La fecha de fin de la cuarentena de estas 14 personas está aún abierta y, según ha explicado Sanidad, ningún pasajero a bordo se ha negado por el momento a hacer la cuarentena.

La secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha detallado que una vez que se produzca el desembarco de los viajeros del MV Hondius, el crucero continuará su rumbo hacia Países Bajos con 30 tripulantes a bordo.

Está previsto que el crucero MV Hondius llegue este domingo a Canarias, desde donde se pondrá en marcha un dispositivo sin precedentes para contener el hantavirus. De la naviera bajarán los pasajeros una vez hayan sido testados y evaluados y comenzarán los traslados, pero una treintena de pasajeros ya había desembarcado el pasado 24 de abril en Santa Elena, una remota isla del océano Atlántico en la que hizo escala el crucero. Allí se bajó el cuerpo del hombre holandés que se convirtió en el primer fallecido y también su mujer, que murió poco después y que es el origen del caso sospechoso de Alicante que ha comunicado el Ministerio de Sanidad este viernes.

El conocimiento de este caso ha sido posible porque tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como varios de los países de procedencia de los pasajeros que dejaron el MV Hondius el 24 de abril están tomando medidas de rastreo y localización para contener la propagación. De los 30 viajeros, 15 son de origen europeo: siete de Reino Unido, tres de Países Bajos, dos de Suiza, un danés, un sueco y un alemán. Entre el resto, hay seis pasajeros de Estados Unidos y dos de Canadá. Además, dos son turcos, uno es de Nueva Zelanda, otro de Singapur y otro de San Cristobal y Nieves, según ha informado la naviera Oceanwide Expeditions. De dos de ellos se desconoce aún su nacionalidad. En este mapa puedes consultar la distribución:

La OMS está investigando un viaje previo de la pareja de holandeses que falleció por hantavirus como origen del brote. La mujer murió en un hospital de Johanesburgo el 25 de abril, pero hubo un intento previo de que volviera a su país de origen. Por eso, estuvo brevemente en un avión del que, ante los síntomas que presentaba, bajó. El rastreo ha servido para localizar a las personas que estaban en las filas colindantes, lo que ha permitido encontrar a dos que viajaban después a España: una es la que presenta síntomas y que ha sido aislada, la otra es un ciudadano sudafricano que estuvo en Barcelona y ha vuelto a Sudáfrica. Según Sanidad, se está intentando contactar con él para activar las medidas de salud pública pertinentes.

Este jueves, las autoridades de Santa Elena notificaron que, por el momento, no hay casos sospechosos ni confirmados de hantavirus en la isla y que sigue de cerca a un pequeño número de personas que tuvieron contacto estrecho con los pasajeros que se bajaron del barco. Estos están actualmente “recibiendo seguimiento médico diario” y se les ha recomendado aislarse en casa durante 45 días, el tiempo de incubación del virus.

El operativo está teniendo implicaciones a nivel global debido a que tanto las personas que permanecen en el crucero como las que ya han desembarcado en Santa Elena y en otras escalas anteriores son de diversas nacionalidades. Según ha explicado Oceanwide Expeditions en un comunicado, la empresa ya se ha puesto en contacto “con todos” los cruceristas que bajaron en la isla y está “trabajando” para recabar los datos de todos los demás.

Cada país, en coordinación con la OMS, está también poniendo sobre la mesa medidas de salud pública. En Reino Unido hay dos personas que se han autoaislado, según ha revelado la Agencia de Seguridad Sanitaria británica (UKHSA, por sus siglas en inglés). Ninguno de ellos presenta síntomas y los dos volaron hacia el Reino Unido desde Johannesburgo, según la UKHSA, que ha indicado que ambas se pusieron en contacto con las autoridades sanitarias británicas en cuanto se enteraron del brote. El primer caso fue confirmado el 4 de mayo.

Las autoridades sanitarias de Texas mantienen bajo vigilancia a otras dos personas, residentes en el estado, que viajaron en el crucero y que, de momento, tampoco han reportado ningún síntoma. “Ambos acordaron vigilar la aparición de síntomas, mediante controles diarios de temperatura y contactar a las autoridades de salud pública ante cualquier señal de posible enfermedad”, detalló el Departamento de Servicios de Salud de Texas en un comunicado. Otros tres individuos están bajo vigilancia en Georgia, Arizona y California por posible contagio, según reveló el The New York Times.

La OMS ha recalcado que no existen razones para que el brote de hantavirus se convierta en una gran epidemia ni puede compararse con lo sucedido con el coronavirus.

La polémica por el acceso a los fondos sobre franquismo que custodia el Ministerio del Interior da un nuevo paso esta semana. 500 historiadores e investigadores de disciplinas afines han firmado una carta abierta que este miércoles por la mañana enviarán al titular de la cartera, Fernando Grande-Marlaska, en la que manifiestan su “preocupación” por las “dificultades persistentes” en la consulta de la documentación que guarda el Archivo General del Ministerio del Interior (AGMI) y reclaman la “apertura” del mismo.

Entre estos obstáculos está el 'borrado' de nombres propios en expedientes y oficios, que es como en muchos casos manda el archivo la documentación a investigadores y familiares de víctimas del franquismo, como ha podido comprobar elDiario.es. Stella Maldonado, por ejemplo, recibió el pasado 1 de abril el expediente carcelario de su abuela Matilde, detenida en Madrid en 1939, con el nombre del oficial que firmó su salida de prisión para acudir al Consejo de Guerra que la condenó tapado por un borrón blanco, impidiendo su lectura. La práctica se repite en muchos otros casos y también afecta a proyectos de investigación.

La carta denuncia que este tipo de frenos “no suelen presentarse en otros archivos públicos” con los que trabajan los investigadores, que no tienen entre su modus operandi enviar documentos “con marcas actuales de censuras” como hace Interior, a pesar de no ser papeles que se encuentren “sometidos a restricciones de acceso”, señalan en la misiva. El AGMI tiene en su haber decenas de miles de cajas con millones de documentos del siglo XIX, la Segunda República o la dictadura de Franco, muchos de ellos relativos a algunos órganos clave de su aparato represivo.

A la ocultación de nombres se suman la entrega de los papeles “con grandes retrasos”, llegando incluso a los dos años de dilación a pesar de que la ley establece que las peticiones deben ser atendidas en un mes como máximo. Tampoco el AGMI pone a disposición los llamados instrumentos de consulta, que son catálogos que permiten saber qué hay y qué se puede pedir en cada archivo. “Sin ellos no podemos saber qué contiene cada caja. Todo aquello que en un archivo no está bien descrito, está en la práctica perdido”, señala Mario Lozano, investigador de la Universitat de Barcelona y uno de los impulsores de la iniciativa.

Condiciones “equiparables” a otros archivos

Entre las personas que suscriben la carta hay expertos y expertas de las 50 universidades públicas que hay en España, también de algunas privadas y de varias extranjeras como la Universidad de Nottingham (Reino Unido), la Universidad París 8, The Collegue of New Jersey, el King's College de Londres, la Universidad de Leeds o la de Lisboa, entre otras. A la misiva se ha adherido también la Asociación de Historia Contemporánea, la más importante del sector.

Los profesionales hacen a Grande-Marlaska varias peticiones para “contribuir a la mejora de la situación y facilitar el desarrollo ordinario de la investigación”. La primera es la transferencia de los fondos que posee el AGMI a los archivos históricos competentes “en cumplimiento de la normativa archivística vigente”. Y es que, según la propia instrucción del Ministerio, su archivo no debería custodiar este tipo de documentación al superar 30 años de antigüedad, sino que debería estar en posesión de otros como el Archivo General de la Administración (AGA) de Alcalá de Henares, al que víctimas e investigadores acuden con regularidad sin sufrir restricciones.

Sin embargo, en los últimos 25 años, el AGA –dependiente del Ministerio de Cultura– únicamente ha recibido dos traslados de fondos –529 cajas en 2001 y 1.300 en 2011–. Hay una tercera transferencia de 6.111 cajas ya autorizada desde diciembre de 2024, pero aún no se ha producido. En todo caso, la misiva exige que, más allá de estos traslados puntuales, el Ministerio del Interior “identifique” la documentación histórica y “programe” su traslado escalonado. De momento, estas cajas no llegan a suponer ni el 10% del total de los fondos pendientes.

Mientras se produce esta transferencia, los investigadores reclaman que “se garantice” el acceso al AGMI “en condiciones equiparables” al resto de archivos de la red. No solo que dejen de taparse datos personales o se cumplan los plazos de entrega de fondos, también piden que se “simplifique” el procedimiento de solicitud o que se “normalice” la consulta presencial en el archivo, algo que no ocurre a día de hoy.

La importancia de los fondos que custodia el archivo hace que “numerosas investigaciones” deban pasar “necesariamente” por él, lo que genera “numerosas dificultades”. Los retrasos, por ejemplo, “generan perjuicios” tanto a la ciudadanía como a los profesionales, apunta Lozano, que cree que son especialmente “graves” en el caso de las víctimas del franquismo, para las que esperar uno o dos años a recibir los documentos “tiene mucha importancia” al ser muchas de ellas personas de avanzada edad. Además, los plazos “disuaden” a la hora de iniciar investigaciones porque las tesis doctorales “tienen un margen de entrega” de tres años y los proyectos financiados dos, ejemplifica.

La misiva alude a que las prácticas del AGMI “derivan de la aplicación restrictiva de una regulación interna desfasada” y reclaman que se renueve de forma “acorde a la actual normativa de transparencia y los estándares que rigen la archivística nacional e internacional”.

En general, el acceso a documentos que contengan datos personales debe ser libre una vez pasados 25 años del fallecimiento de la persona o 50 desde la fecha del documento, algo que afecta a los papeles del franquismo. Sin embargo, el Ministerio del Interior aplica una instrucción propia de 2006 en la que justifica borrar nombres “de carácter policial o procesal” sin importar su antigüedad. Una normativa que los investigadores solicitan a Marlaska “revisar y sustituir” por una legislación “actualizada”.

El falso síndrome de alienación parental (SAP) y todas sus variantes serán prohibidas de forma expresa y los informes o resoluciones que lo apliquen podrán ser impugnadas. Es una de las principales novedades del anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes en una primera versión. El texto deberá ahora pasar por los órganos consultivos y volver al Gobierno antes de ser remitido a las Cortes para su aprobación definitiva.

La legislación modifica una norma que nació en 2021 como una ley pionera sobre derechos de niños, niñas y adolescentes, pero el paso de los años ha hecho ver al Ministerio de Juventud e Infancia (Sumar) que existen algunas lagunas en su aplicación que debían ser corregidas. “La ampliación de esta ley supone un punto de inflexión para nuestro país y nos coloca a la vanguardia de la protección de los derechos y libertades de la infancia”, ha dicho la ministra Sira Rego en la rueda de prensa posterior a la reunión.

Además del “análisis riguroso” del impacto y efectos que la LOPIVI ha tenido tras su puesta en marcha, el Ministerio ha tomado también como punto de partida el macroestudio que hace unos meses reveló que casi la mitad de los niños, niñas y adolescentes han vivido violencia psicológica, un 40% física y tres de cada diez, sexual. Los datos “dan una radiografía” que a juicio de Sira Rego “refleja un problema estructural” que obliga a que la violencia hacia la infancia “pase de ser un asunto privado a ser parte del debate público”. En este sentido, la ministra ha explicado que la ley “rompe con el adultocentrismo” y “pone en el centro el buen trato” a los menores de edad.

La prohibición del SAP

La ampliación de la norma “pretende actuar” en los puntos en los que “el sistema ha fallado”, ha apuntado Rego, entre ellos en lo que respecta al SAP. Actualmente la ley reconoce que los poderes públicos “tomarán las medidas necesarias” para evitar que este y otros “planteamientos teóricos sin aval científico” se usen en procedimientos judiciales, pero, según expertas y asociaciones, sigue usándose. Por eso la reforma da un paso más y establece explícitamente que “queda prohibido el uso de planteamientos teóricos o criterios sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta, como el llamado síndrome de alienación parental o cualquiera de sus reformulaciones”.

El texto continúa apuntando a que “no podrá ser utilizado” ningún tipo de informe “basado en estos planteamientos o cualquier otro prejuicio que genere discriminación”, ya sea de una entidad pública o privada, que forme parte de “ningún procedimiento judicial, administrativo o de otra clase”. Las resoluciones que lo apliquen podrán ser impugnadas “a través de los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico”. Además, la ley establece explícitamente que cuando un menor de edad manifieste rechazo al contacto con uno de sus progenitores “se deberán investigar las causas de dicho rechazo”. Según Rego, España se convierte así “en el primer país en prohibir su uso [del SAP] por ley”.

Naciones Unidas ha llamado la atención a España sobre la aplicación del SAP y la falta de investigación en casos en los que mujeres han denunciado abusos sexuales hacia sus hijos o hijas y se les ha acabado retirando la custodia, a las que Rego se ha referido específicamente. Además, la ministra se ha dirigido a los niños y niñas para pedirles “perdón” por “no haber sido escuchados”. “España tiene una deuda con parte de sus infancias, de las que ha dudado de su palabra y criminalizado a las mamás protectoras”, ha dicho.

En este sentido, el anteproyecto refuerza el derecho de los menores de edad a ser escuchados por jueces y juezas, algo que ya debería estar ocurriendo precisamente en base a la LOPIVI, que desde 2021 establece que debe hacerse “sin límite de edad”. La nueva redacción mantiene este precepto, pero incluye varias “condiciones mínimas” que deben cumplirse, entre ellas, impedir la victimización secundaria y el contacto con el presunto agresor o la forma en que el entrevistador debe identificarse y explicarle el proceso al menor. El derecho a ser escuchados solo podrá restringirse bajo resolución motivada y si es “perjudicial para su salud física, psíquica o emocional”.

Un interés superior del menor objetivo

La nueva LOPIVI ha renunciado a 'tocar' los regímenes de visitas a padres investigados o sobre los que “hay indicios” de violencia machista, algo que, según ha justificado Rego, será abordado la Ley de Violencia Vicaria que el Gobierno ha trabajado “paralelamente” y que motivó un choque en el seno del Gobierno hace unos meses. Sin embargo, la ministra ha explicado que la reforma busca “de alguna manera encarrilar” que se restrinjan estas visitas al máximo.

Actualmente, la regla general es esta, pero se permite como excepción que los jueces y juezas justifiquen la decisión de mantener el contacto con el progenitor en el interés superior del menor. En la práctica, la ampliación de la LOPIVI intenta concretar esta obligación apuntando a que los magistrados tengan que explicar cómo la opción elegida protege “el bienestar físico, emocional y psicológico” de los menores de edad. Un nuevo artículo concreta, además, los criterios para valorar este interés superior del menor: desde el alejamiento del agresor como “elemento central” a la prevención de la revictimización o la priorización de las medidas cautelares de protección.

Para el Gobierno esta es una forma de “objetivar el interés superior del menor” para que sea aplicado con mayor claridad. “Cuando planteamos que se tenga que acreditar el interés superior del menor y velar porque se escuche a los niños y niñas y se reconozca a los hijos e hijas de víctimas de violencia de género con el estatuto de víctima, ya estamos incorporando una serie de indicadores para que se parte de un lugar concreto a la hora de evaluar las visitas”, ha sostenido Rego a preguntas de los periodistas. La ley tampoco contempla la prohibición de que los menores de 18 años entren a espectáculos como los toros, algo que el Ministerio planteó en su momento.

Se suma a estas previsiones la limitación para trabajar en profesiones y actividades que impliquen contacto con niños y niñas a personas que hayan sido condenadas por delitos relacionados con la infancia y la adolescencia. Actualmente, se exige para ello no haberlo sido por delitos sexuales y trata de seres humanos, pero esta disposición se amplía con la reforma a casos como el del colegio de Mallorca en el que 500 familias han protestado por la presencia de un docente condenado por acoso a un exalumno.

El anteproyecto crea también un turno de oficio especializado en violencia contra la infancia y la adolescencia, de forma que obliga a los Colegios de Abogacía a impartir una formación específica para tal fin. Por otro lado, faculta a la Dirección General de Derechos de la Infancia y la Adolescencia del Ministerio a imponer sanciones administrativas en caso de incumplimiento de la ley y a personarse en procedimientos judiciales “en defensa de los derechos y de los intereses” recogidos en la regulación, siempre que haya “indicios” de que los menores de edad estén sujetos a una “desprotección grave”.

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el anteproyecto con el que quiere reformar la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, la conocida como LOPIVI. Así lo apuntan fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, que lleva meses trabajando para sacar adelante el texto y que, en las últimas semanas, ha intensificado las negociaciones en el seno del Gobierno. España fue pionera en 2021 al aprobar la norma, pero cinco años después, el Ministerio considera que existen lagunas en su aplicación que justifican su revisión.

Entre las medidas que contempla el texto está la prohibición “de forma expresa” del Síndrome de Alienación Parental (SAP), aplicado habitualmente a las mujeres en procesos judiciales en los que se dirime la custodia de los hijos. La ley ya veta actualmente su uso, pero de una forma que permite su aplicación en la práctica, según llevan tiempo advirtiendo asociaciones y expertas. La norma establece que los poderes públicos “tomarán las medidas necesarias” para impedirlo, mientras que la nueva redacción es más explícita, según fuentes de la cartera dirigida por Sira Rego, que apuntan a que “ningún informe público o privado basado en el SAP podrá utilizarse en procedimientos judiciales o administrativos”. Además, aseguran que las resoluciones que lo utilicen “podrán ser impugnadas”.

El SAP fue ideado por el médico Richard Gardner en los años 80. Según su teoría, un progenitor —la mayoría de las veces, la madre— aliena a sus hijos contra el otro en el contexto de la disputa por su custodia. Naciones Unidas ha llamado la atención a España por su aplicación en procesos en los que ha habido denuncias por abuso sexual o violencia machista, de forma que el SAP acaba justificando retiradas de custodias a madres que han iniciado el proceso. Esta idea ha sido rechazada tanto por sociedades científicas como por el propio Consejo General del Poder Judicial, que la tilda de “pseudocientífica” y que, desde 2016, pide a jueces y juezas que no la apliquen.

El paso que da el Consejo de Ministros este martes es el primero del trámite que aún le queda por delante a la ley. El anteproyecto deberá ahora recabar los informes de los órganos consultivos para volver de nuevo al Ejecutivo, que lo remitirá ya entonces en forma de proyecto de ley al Congreso y el Senado. Las Cortes deberán aprobarlo definitivamente.

Al margen del SAP, la reforma también recoge la obligatoriedad de escuchar a los menores de 18 años en los procesos judiciales que les afecten, independientemente de su edad. Es habitual que jueces y juezas les oigan si tienen más de 12 años o si consideran que tienen “madurez suficiente”, a pesar de que varias leyes —entre ellas la propia LOPIVI— ya reconocen que debe hacerse también con los chicos y chicas más pequeños, pero este derecho no se aplica en todos los casos, según el ministerio. De ahí que el nuevo texto quiera reforzar esta obligación.

El objetivo es mejorar “la respuesta del Estado frente a la violencia contra la infancia”, señala Juventud e Infancia (Sumar), que asegura que “durante demasiado tiempo, el sistema ha llegado tarde o no ha protegido adecuadamente” a niños, niñas y adolescentes. “Esta ampliación legislativa actúa precisamente sobre esos fallos y sitúa su protección como una responsabilidad pública ineludible”, añade. La reforma llega un par de semanas después de que trascendieran las declaraciones del juez David Maman Benchimol, que aludió a varios elementos contemplados en la ley. El titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid apuntó a “ventajas” de las mujeres para denunciar, al “lavado de coco” a los hijos —en alusión al SAP— o a la “animadversión” de las madres a la custodia compartida.

El interés superior del menor

Entre los cambios, se encuentra también un “refuerzo del interés superior del menor” a la hora de justificar “expresamente” todas las resoluciones administrativas y judiciales que se tomen sobre el mismo. La idea es explicar “cómo se ha valorado ese interés y por qué la decisión adoptada protege mejor el bienestar físico, emocional y psicológico” de niños y niñas. De esta forma, el texto incluye varios criterios que constituyen este interés y que deben valorarse, entre ellos, el “alejamiento” de los menores de edad de aquella persona que “le violente”.

La medida es general, pero la idea del Ministerio es que impida que hombres investigados por violencia machista sigan viendo a sus hijos o hijas. El Código Civil ya estipula desde 2021 que “no procederá su establecimiento” en estos casos, a lo que se añade como excepción que el juez puede mantenerlas si lo motiva en el interés superior del menor o en su “deseo, voluntad o preferencias”. Aunque hasta ahora los magistrados ya estaban obligados a explicar por qué mantenían las visitas, la LOPIVI busca profundizar en esta exigencia.

Relacionado con ello, el anteproyecto busca 'tocar' también el artículo del Código Civil que regula la custodia compartida y que establece su prohibición si uno de los progenitores está siendo investigado por maltratar al otro cónyuge o sus hijos o en caso de que se adviertan “indicios fundados”.

La reforma concreta aún más este precepto y alude a “indicios de que está decisión puede afectar negativamente a la salud física, psíquica o emocional” de niños, niñas y adolescentes. El departamento encabezado por Rego sostiene que el interés superior del menor sumado a la obligatoriedad de que los menores sean escuchados debe dar lugar a que si alguno “expresa rechazo” hacia algún progenitor, el sistema “debe investigar las causas de ese rechazo”, algo que en la práctica ya debería estar produciéndose en base a la legislación vigente.

El texto también incluye la creación de turnos de oficio de abogados especializados en violencia contra la infancia y la adolescencia, después de que a finales de 2025 se crearán los juzgados especializados en esta materia, de los que a día de hoy solo hay algún proyecto piloto en Madrid, Barcelona y Málaga, según ha contabilizado la ONG Save the Children. Por otro lado, para “acceder y mantenerse” en profesiones y actividades que impliquen contacto habitual con menores de edad, el anteproyecto establece como requisito no haber sido condenado por delitos “relacionados con la infancia y la adolescencia”. Actualmente, se exige para ello no haberlo sido por delitos sexuales o trata de seres humanos.

La modificación legislativa llega al Consejo de Ministros tras un inicio de curso marcado por el choque en el seno del Gobierno a cuenta de otra norma que trata algunas cuestiones similares: la destinada a abordar específicamente la violencia vicaria. El Ministerio de Juventud e Infancia –coproponente junto a Igualdad y Justicia– se descolgó del texto por no estar de acuerdo en cómo planteaba el delito en el Código Penal ni los regímenes de visitas en casos de violencia machista, por lo que, aunque estaba previsto que la ley se aprobara a comienzos de febrero antes de iniciar su trámite en el Congreso, aún no lo ha hecho.

Sin embargo, la reforma de la Ley de protección a la infancia que estudiará el Ejecutivo este martes tampoco modifica la regulación actual de los regímenes de visitas. Tampoco se incluye la prohibición de que los menores de edad entren en eventos en los que se ejerza violencia contra los animales, como las corridas de toros. La propuesta había sido enviada por el Ministerio de Infancia y Juventud el pasado enero al resto de ministerios, pero no ha salido adelante. Igualmente, ha quedado fuera –al menos de esta primera versión– la ampliación en diez años de la prescripción de los delitos sexuales contra la infancia. Actualmente este empieza a contar cuando la víctima cumple 35 años, pero la idea del departamento de Sira Rego era que no lo hiciera hasta que cumpla 45.

El Gobierno ha salvado el primer trámite en el Congreso de la reforma con la que quiere blindar el aborto en la Constitución. El pleno ha rechazado este jueves las enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Popular y Vox, por lo que sigue su camino en la cámara. Lo hace, eso sí, entre las críticas de lo socios como PNV o ERC, que también han reprochado al Ejecutivo la vía elegida, aunque, a diferencia de las derechas, han reafirmado su compromiso con el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

El texto fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 7 de abril tras introducir los cambios propuestos por el Consejo de Estado, que aunque en términos generales avaló el proyecto de ley, cambió la redacción, que quedó así: “Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios”. De esta forma, la iniciativa dejaba atrás el reconocimiento expreso del derecho que sí contemplaba el anteproyecto de ley al inicio.

La fórmula escogida es la de incluir un añadido en el artículo 43 de la Constitución, el referido a la protección de la salud. En concreto, un punto cuarto entre los “principios rectores de la política social y económica”. De esta forma, el Gobierno renuncia a que figure entre las materias especialmente protegidas, entre las que están los derechos fundamentales y que requerirían un procedimiento reforzado de reforma, con disolución de las Cortes y convocatoria de referéndum incluida. La vía elegida, sin embargo, es la de la reforma ordinaria, que es más simple y ágil aunque, aún así, requiere mayorías amplias.

El debate en el pleno ha girado fundamentalmente en torno a ello. Porque, aunque por diferentes motivos, casi todos los grupos que han marcado posición difieren del criterio escogido por el Gobierno para reformar la Carta Magna. Eso dificulta todavía más un trámite que ya se preveía complicado –al menos, tal cual está el texto–: la reforma precisa de una mayoría de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado, para lo que es imprescindible el voto a favor del Partido Popular, que se opone frontalmente al texto.

Las derechas apuntan al “fraude de ley”

Tanto la formación de Alberto Núñez Feijóo como Vox le han acusado de “fraude de ley” y de promover la reforma por “mero oportunismo político”. Así lo ha afirmado la diputada popular Silvia Franco, que ha atribuido al Ejecutivo una “estrategia partidista” que tiene la “única finalidad” de “ser un instrumento para la supervivencia de Pedro Sánchez”. Según Franco, el proyecto de ley trata de “evitar el procedimiento reforzado” de reforma agravado de la Constitución al no incluirlo como derecho fundamental, lo que implicaría la convocatoria de elecciones y un referéndum. Esto, ha apuntado la diputada, es “un trampantojo jurídico” que se hace “no por coherencia si no por conveniencia”.

Franco ha acusado al Gobierno de “traer” al Congreso una reforma “que es un brindis al sol” y que ha definido como “el último artificio de un Gobierno acorralado por la corrupción y los escándalos”. Más allá y posicionándose firmemente contra el derecho al aborto se ha expresado Joaquín Robles, de Vox, para el que el texto “responde a las necesidades del Gobierno y a prioridades de índole propagandística” con el objetivo de “ocultar su infeficacia y su corrupción”. Según Robles, el Ejecutivo “no se atreve a gestionar esta reforma por donde debería porque afecta a un derecho fundamental que es el derecho a la vida”.

El representante de la extrema derecha ha aprovechado también para desplegar su argumentario antiinmigración asegurando que un Gobierno que “permite la llegada masiva de individuos de culturas que consideran a la mujer inferior al varón y que luego regulariza con normalidad [...] no puede ser aliado de las mujeres”. Robles también se ha opuesto a la ley del aborto actual y ha defendido “una ley de plazos” como la de 1985, a la que Partido Popular intentó volver en 2014. “No vengan aquí hablando de progreso porque a veces es mejor regresar un poquito”, se ha dirigido al PSOE.

La diputada socialista Cristina Narbona ha respondido a las derechas asegurando que la reforma “no coloca el reconocimiento del derecho al aborto” en el artículo 43, sino que se trata del reconocimiento de “la ejecución efectiva del derecho” tal y como propuso el Consejo de Estado en su dictamen. De esta forma, justifican los socialistas no incorporar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) como un derecho fundamental.

Así lo ha defendido también la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha calificado la reforma de paso “imprescindible” para “garantizar el acceso efectivo al derecho a la IVE en toda España y de forma equitativa” y, así, “blindar su dimensión prestacional”. Redondo ha explicado que el reconocimiento del derecho como tal “no está en riesgo”, pues está “plenamente integrado en nuestro ordenamiento jurídico” y ha sido avalado por el Tribunal Constitucional, pero “sí lo está ”su ejercicio“ igualitario para todas las mujeres, independientemente de dónde residan.

Según los últimos datos, casi el 80% de los abortos se realizan en clínicas privadas y en comunidades como Andalucía, Madrid o Castilla-La Mancha, las intervenciones en la pública no alcanzan ni el 1%. En otras, como La Rioja o Cantabria, el dato llega al 75%. La situación empuja, además, a que miles de mujeres sean obligadas a salir cada año de sus provincias para abortar. “Un Estado social y de derecho no puede permitir que haya mujeres de primera y de segunda”, ha añadido Redondo, que ha reclamado al PP y Vox que retiren sus enmiendas y permitan el diálogo porque “la sociedad española tiene derecho a un debate riguroso y honesto sobre este asunto”.

Las críticas de los socios

Los socios del Gobierno han votado en contra de PP y Vox, pero no tanto porque estén a favor de la propuesta de reforma. “Si esto se trata solo de un tema electoral, me bajo del estrado. Si hay una intención de impulsar el debate, lo han encarado mal y eso, con la derecha desbocada, es volvernos a condenar a las mujeres”, ha afirmado la diputada de ERC Pilar Valluguera.

Para los republicanos, “no es oportuno” incluir el aborto en el artículo 43 porque el Tribunal Constitucional ya lo ha garantizado como un derecho fundamental. Este contraste hace que, a su juicio, pueda llegar a degradarse su protección. “No deshagan lo que ya tenemos, no lo estropeen”, ha añadido la parlamentaria, que ha reclamado al Ejecutivo que “haga cumplir” la ley que “ya garantiza” que no puede haber desigualdad territorial en el acceso al derecho.

Es el mismo argumento que ha defendido Ione Belarra, de Podemos, y al que han apuntado algunas voces expertas, que temen que insertarlo en el 43 suponga una categoría inferior a la que ya le otorga, de facto, la jurisprudencia. “El aborto debe estar garantizado en la Constitución, pero no así”, ha afirmado la líder de la formación, que ha advertido de que “rebajar su nivel político y de protección es hacerlo más vulnerable a los posibles recortes de la derecha y la extrema derecha”.

Más contundente se ha mostrado la parlamentaria del PNV Maribel Vaquero, que ha afeado al Gobierno lo que, a su juicio, es un intento de “utilizar los derechos de las mujeres para alimentar la confrontación ideológica”. La diputada ha calificado la reforma de “irresponsable” y ha dudado de su necesidad.

“Si se quiere blindar el derecho debería reformarse el artículo 15, donde debería introducirse como derecho fundamental”, ha valorado Vaquero, que considera al igual que el PP y Vox que la vía es “un atajo para evitar el procedimiento agravado”. Aún así, y a pesar de las “reservas” que ha reconocido que le produce a su grupo “el oportunismo político” de la propuesta, “prevalece nuestro compromiso con las mujeres y su derecho a decidir libremente”, ha dicho para justificar su voto en contra a las enmiendas.