---

El barco en el que se ha producido un brote de hantavirus llegará el domingo a España. En ese momento se activará un protocolo en el que participan el Ministerio de Sanidad, Defensa, Interior y Política Territorial junto a la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Europea. Un plan medido que, si no hay sorpresas, sacará a los pasajeros y a la tripulación de Tenerife el lunes o, si se adelanta el barco, el mismo domingo.

Cuando llegue al puerto de Granadilla, el MV Hondius fondeará en el interior del mismo, en el lugar que la Autoridad Portuaria y la Capitanía Marítima han estimado como lugar “más seguro” para realizar la operación antes de proceder al desembarco, según ha explicado este viernes la Directora General de Protección Civil, Virginia Barcones. En este momento, varios médicos de Sanidad Exterior subirán a la naviera para evaluar a los pasajeros. Si permanecen asintomáticos, empezará la segunda parte de la operación: el traslado de todos los pasajeros, también los 14 españoles, al aeropuerto para que vuelen a sus países de origen.

Estas salidas se harán por nacionalidades en embarcaciones tipo zodiac con capacidad para unas cinco personas. Los pasajeros solo serán evacuados cuando el avión que vaya a trasladarlos esté ya en el aeropuerto de Tenerife Sur preparado para despegar. En el momento en el que esto ocurra, los equipos de los aeropuertos darán el aviso para que comience el desembarco. Una vez que lleguen a tierra, habrá ya autobuses preparados para salir “automáticamente” hacia el aeropuerto. Irán directamente a la pista para montar en la aeronave.

Los 14 españoles serán trasladados a Madrid, al Hospital Gómez Ulla. Con el resto de pasajeros, de 23 nacionalidades diferentes, las situaciones son dispares. Alemania, Grecia, Países Bajos y Francia ya han confirmado que pondrán medios aéreos a disposición, a los que se une Turquía, que es posible que comparta avión con Francia. Bélgica, Irlanda, Alemania y Suecia han argumentado que no tienen medios, por lo que en estos casos la UE facilitará “uno o dos aviones”. El resto de once países que no son de la UE ni tienen ningún acuerdo están pendientes de detallar si enviarán una aeronave: EEUU y Gran Bretaña ya lo han concretado y Canadá está ultimándolo. Del resto, se hará cargo Países Bajos como responsable del MV Hondius.

Según ha contabilizado Sanidad este viernes, hay 147 personas entre pasajeros y tripulación en el barco. Cuatro personas más se han incorporado tras el brote de hantavirus: dos especialistas en enfermedades infecciosas enviados por el Gobierno de Países Bajos, una más de la Oficina Regional para África de la OMS y un epidemiólogo del Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC).

Todos los pasajeros son asintomáticos, pero tanto ellos como las personas que intervendrán en el operativo llevarán equipos de protección médica. Según ha apuntado Barcones, todas las zonas por las que van a transitar estarán aisladas, de forma que “no va a haber” ningún contacto con población civil. La Agencia Estatal de Metereología está preparando boletines de predicción tanto sobre el aeropuerto como el puerto con el objetivo de avanzar cuál será la situación en el momento en que se produzca el operativo.

Aunque actualmente se trabaja con el escenario de que nadie presenta síntomas, el protocolo también contempla la posibilidad de que algún pasajero los tenga. Para ello, habrá a disposición aviones medicalizados que España ha solicitado a la Unión Europea. Según explicó la ministra de Sanidad, Mónica García, si los síntomas son leves, serán igualmente repatriados. Si son graves o precisan asistencia médica, podrían ser trasladados al Hospital de la Candelaria, a 45 kilómetros. El Ministerio de Sanidad confía en que debido al seguimiento y comunicación que está teniendo con el barco y los expertos que están a bordo, si alguna persona desarrollara síntomas, las autoridades lo conocerían con cierto adelanto.

Los 14 ciudadanos españoles serán trasladados al Hospital Gómez Ulla para realizar la cuarentena en un avión del Ministerio de Defensa, elegido para garantizar “que se cumplen los estándares” de seguridad y separación física. Los españoles, que son considerados contactos de caso confirmado, recibirán un documento que deberán firmar en el que se detallan las condiciones de su ingreso en el centro sanitario, ha explicado el Secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla. Al llegar se les realizará una PCR y se llevará a cabo una “cuarentena muy estricta” durante al menos siete días, momento en el que se repetirá la prueba.

En el caso de que alguna persona desarrolle síntomas en algún momento, será dejada de considerar contacto para ser un caso sospechoso, lo que implicará su aislamiento en una habitación con presión negativa. La fecha de fin de la cuarentena de estas 14 personas está aún abierta y, según ha explicado Sanidad, ningún pasajero a bordo se ha negado por el momento a hacer la cuarentena.

La secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha detallado que una vez que se produzca el desembarco de los viajeros del MV Hondius, el crucero continuará su rumbo hacia Países Bajos con 30 tripulantes a bordo.

Está previsto que el crucero MV Hondius llegue este domingo a Canarias, desde donde se pondrá en marcha un dispositivo sin precedentes para contener el hantavirus. De la naviera bajarán los pasajeros una vez hayan sido testados y evaluados y comenzarán los traslados, pero una treintena de pasajeros ya había desembarcado el pasado 24 de abril en Santa Elena, una remota isla del océano Atlántico en la que hizo escala el crucero. Allí se bajó el cuerpo del hombre holandés que se convirtió en el primer fallecido y también su mujer, que murió poco después y que es el origen del caso sospechoso de Alicante que ha comunicado el Ministerio de Sanidad este viernes.

El conocimiento de este caso ha sido posible porque tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como varios de los países de procedencia de los pasajeros que dejaron el MV Hondius el 24 de abril están tomando medidas de rastreo y localización para contener la propagación. De los 30 viajeros, 15 son de origen europeo: siete de Reino Unido, tres de Países Bajos, dos de Suiza, un danés, un sueco y un alemán. También hay una persona procedente de Suecia. Entre el resto, hay seis pasajeros de Estados Unidos y dos de Canadá. Además, dos son turcos, uno es de Nueva Zelanda, otro de Singapur y otro de San Cristobal y Nieves, según ha informado la naviera Oceanwide Expeditions. De dos de ellos se desconoce aún su nacionalidad. En este mapa puedes consultar la distribución:

La OMS está investigando un viaje previo de la pareja de holandeses que falleció por hantavirus como origen del brote. La mujer murió en un hospital de Johanesburgo el 25 de abril, pero hubo un intento previo de que volviera a su país de origen. Por eso, estuvo brevemente en un avión del que, ante los síntomas que presentaba, bajó. El rastreo ha servido para localizar a las personas que estaban en las filas colindantes, lo que ha permitido encontrar a dos que viajaban después a España: una es la que presenta síntomas y que ha sido aislada, la otra es un ciudadano sudafricano que estuvo en Barcelona y ha vuelto a Sudáfrica. Según Sanidad, se está intentando contactar con él para activar las medidas de salud pública pertinentes.

Este jueves, las autoridades de Santa Elena notificaron que, por el momento, no hay casos sospechosos ni confirmados de hantavirus en la isla y que sigue de cerca a un pequeño número de personas que tuvieron contacto estrecho con los pasajeros que se bajaron del barco. Estos están actualmente “recibiendo seguimiento médico diario” y se les ha recomendado aislarse en casa durante 45 días, el tiempo de incubación del virus.

El operativo está teniendo implicaciones a nivel global debido a que tanto las personas que permanecen en el crucero como las que ya han desembarcado en Santa Elena y en otras escalas anteriores son de diversas nacionalidades. Según ha explicado Oceanwide Expeditions en un comunicado, la empresa ya se ha puesto en contacto “con todos” los cruceristas que bajaron en la isla y está “trabajando” para recabar los datos de todos los demás.

Cada país, en coordinación con la OMS, está también poniendo sobre la mesa medidas de salud pública. En Reino Unido hay dos personas que se han autoaislado, según ha revelado la Agencia de Seguridad Sanitaria británica (UKHSA, por sus siglas en inglés). Ninguno de ellos presenta síntomas y los dos volaron hacia el Reino Unido desde Johannesburgo, según la UKHSA, que ha indicado que ambas se pusieron en contacto con las autoridades sanitarias británicas en cuanto se enteraron del brote. El primer caso fue confirmado el 4 de mayo.

Las autoridades sanitarias de Texas mantienen bajo vigilancia a otras dos personas, residentes en el estado, que viajaron en el crucero y que, de momento, tampoco han reportado ningún síntoma. “Ambos acordaron vigilar la aparición de síntomas, mediante controles diarios de temperatura y contactar a las autoridades de salud pública ante cualquier señal de posible enfermedad”, detalló el Departamento de Servicios de Salud de Texas en un comunicado. Otros tres individuos están bajo vigilancia en Georgia, Arizona y California por posible, según reveló el The New York Times.

La OMS ha recalcado que no existen razones para que el brote de hantavirus se convierta en una gran epidemia ni puede compararse con lo sucedido con el coronavirus.

La polémica por el acceso a los fondos sobre franquismo que custodia el Ministerio del Interior da un nuevo paso esta semana. 500 historiadores e investigadores de disciplinas afines han firmado una carta abierta que este miércoles por la mañana enviarán al titular de la cartera, Fernando Grande-Marlaska, en la que manifiestan su “preocupación” por las “dificultades persistentes” en la consulta de la documentación que guarda el Archivo General del Ministerio del Interior (AGMI) y reclaman la “apertura” del mismo.

Entre estos obstáculos está el 'borrado' de nombres propios en expedientes y oficios, que es como en muchos casos manda el archivo la documentación a investigadores y familiares de víctimas del franquismo, como ha podido comprobar elDiario.es. Stella Maldonado, por ejemplo, recibió el pasado 1 de abril el expediente carcelario de su abuela Matilde, detenida en Madrid en 1939, con el nombre del oficial que firmó su salida de prisión para acudir al Consejo de Guerra que la condenó tapado por un borrón blanco, impidiendo su lectura. La práctica se repite en muchos otros casos y también afecta a proyectos de investigación.

La carta denuncia que este tipo de frenos “no suelen presentarse en otros archivos públicos” con los que trabajan los investigadores, que no tienen entre su modus operandi enviar documentos “con marcas actuales de censuras” como hace Interior, a pesar de no ser papeles que se encuentren “sometidos a restricciones de acceso”, señalan en la misiva. El AGMI tiene en su haber decenas de miles de cajas con millones de documentos del siglo XIX, la Segunda República o la dictadura de Franco, muchos de ellos relativos a algunos órganos clave de su aparato represivo.

A la ocultación de nombres se suman la entrega de los papeles “con grandes retrasos”, llegando incluso a los dos años de dilación a pesar de que la ley establece que las peticiones deben ser atendidas en un mes como máximo. Tampoco el AGMI pone a disposición los llamados instrumentos de consulta, que son catálogos que permiten saber qué hay y qué se puede pedir en cada archivo. “Sin ellos no podemos saber qué contiene cada caja. Todo aquello que en un archivo no está bien descrito, está en la práctica perdido”, señala Mario Lozano, investigador de la Universitat de Barcelona y uno de los impulsores de la iniciativa.

Condiciones “equiparables” a otros archivos

Entre las personas que suscriben la carta hay expertos y expertas de las 50 universidades públicas que hay en España, también de algunas privadas y de varias extranjeras como la Universidad de Nottingham (Reino Unido), la Universidad París 8, The Collegue of New Jersey, el King's College de Londres, la Universidad de Leeds o la de Lisboa, entre otras. A la misiva se ha adherido también la Asociación de Historia Contemporánea, la más importante del sector.

Los profesionales hacen a Grande-Marlaska varias peticiones para “contribuir a la mejora de la situación y facilitar el desarrollo ordinario de la investigación”. La primera es la transferencia de los fondos que posee el AGMI a los archivos históricos competentes “en cumplimiento de la normativa archivística vigente”. Y es que, según la propia instrucción del Ministerio, su archivo no debería custodiar este tipo de documentación al superar 30 años de antigüedad, sino que debería estar en posesión de otros como el Archivo General de la Administración (AGA) de Alcalá de Henares, al que víctimas e investigadores acuden con regularidad sin sufrir restricciones.

Sin embargo, en los últimos 25 años, el AGA –dependiente del Ministerio de Cultura– únicamente ha recibido dos traslados de fondos –529 cajas en 2001 y 1.300 en 2011–. Hay una tercera transferencia de 6.111 cajas ya autorizada desde diciembre de 2024, pero aún no se ha producido. En todo caso, la misiva exige que, más allá de estos traslados puntuales, el Ministerio del Interior “identifique” la documentación histórica y “programe” su traslado escalonado. De momento, estas cajas no llegan a suponer ni el 10% del total de los fondos pendientes.

Mientras se produce esta transferencia, los investigadores reclaman que “se garantice” el acceso al AGMI “en condiciones equiparables” al resto de archivos de la red. No solo que dejen de taparse datos personales o se cumplan los plazos de entrega de fondos, también piden que se “simplifique” el procedimiento de solicitud o que se “normalice” la consulta presencial en el archivo, algo que no ocurre a día de hoy.

La importancia de los fondos que custodia el archivo hace que “numerosas investigaciones” deban pasar “necesariamente” por él, lo que genera “numerosas dificultades”. Los retrasos, por ejemplo, “generan perjuicios” tanto a la ciudadanía como a los profesionales, apunta Lozano, que cree que son especialmente “graves” en el caso de las víctimas del franquismo, para las que esperar uno o dos años a recibir los documentos “tiene mucha importancia” al ser muchas de ellas personas de avanzada edad. Además, los plazos “disuaden” a la hora de iniciar investigaciones porque las tesis doctorales “tienen un margen de entrega” de tres años y los proyectos financiados dos, ejemplifica.

La misiva alude a que las prácticas del AGMI “derivan de la aplicación restrictiva de una regulación interna desfasada” y reclaman que se renueve de forma “acorde a la actual normativa de transparencia y los estándares que rigen la archivística nacional e internacional”.

En general, el acceso a documentos que contengan datos personales debe ser libre una vez pasados 25 años del fallecimiento de la persona o 50 desde la fecha del documento, algo que afecta a los papeles del franquismo. Sin embargo, el Ministerio del Interior aplica una instrucción propia de 2006 en la que justifica borrar nombres “de carácter policial o procesal” sin importar su antigüedad. Una normativa que los investigadores solicitan a Marlaska “revisar y sustituir” por una legislación “actualizada”.

El falso síndrome de alienación parental (SAP) y todas sus variantes serán prohibidas de forma expresa y los informes o resoluciones que lo apliquen podrán ser impugnadas. Es una de las principales novedades del anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes en una primera versión. El texto deberá ahora pasar por los órganos consultivos y volver al Gobierno antes de ser remitido a las Cortes para su aprobación definitiva.

La legislación modifica una norma que nació en 2021 como una ley pionera sobre derechos de niños, niñas y adolescentes, pero el paso de los años ha hecho ver al Ministerio de Juventud e Infancia (Sumar) que existen algunas lagunas en su aplicación que debían ser corregidas. “La ampliación de esta ley supone un punto de inflexión para nuestro país y nos coloca a la vanguardia de la protección de los derechos y libertades de la infancia”, ha dicho la ministra Sira Rego en la rueda de prensa posterior a la reunión.

Además del “análisis riguroso” del impacto y efectos que la LOPIVI ha tenido tras su puesta en marcha, el Ministerio ha tomado también como punto de partida el macroestudio que hace unos meses reveló que casi la mitad de los niños, niñas y adolescentes han vivido violencia psicológica, un 40% física y tres de cada diez, sexual. Los datos “dan una radiografía” que a juicio de Sira Rego “refleja un problema estructural” que obliga a que la violencia hacia la infancia “pase de ser un asunto privado a ser parte del debate público”. En este sentido, la ministra ha explicado que la ley “rompe con el adultocentrismo” y “pone en el centro el buen trato” a los menores de edad.

La prohibición del SAP

La ampliación de la norma “pretende actuar” en los puntos en los que “el sistema ha fallado”, ha apuntado Rego, entre ellos en lo que respecta al SAP. Actualmente la ley reconoce que los poderes públicos “tomarán las medidas necesarias” para evitar que este y otros “planteamientos teóricos sin aval científico” se usen en procedimientos judiciales, pero, según expertas y asociaciones, sigue usándose. Por eso la reforma da un paso más y establece explícitamente que “queda prohibido el uso de planteamientos teóricos o criterios sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta, como el llamado síndrome de alienación parental o cualquiera de sus reformulaciones”.

El texto continúa apuntando a que “no podrá ser utilizado” ningún tipo de informe “basado en estos planteamientos o cualquier otro prejuicio que genere discriminación”, ya sea de una entidad pública o privada, que forme parte de “ningún procedimiento judicial, administrativo o de otra clase”. Las resoluciones que lo apliquen podrán ser impugnadas “a través de los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico”. Además, la ley establece explícitamente que cuando un menor de edad manifieste rechazo al contacto con uno de sus progenitores “se deberán investigar las causas de dicho rechazo”. Según Rego, España se convierte así “en el primer país en prohibir su uso [del SAP] por ley”.

Naciones Unidas ha llamado la atención a España sobre la aplicación del SAP y la falta de investigación en casos en los que mujeres han denunciado abusos sexuales hacia sus hijos o hijas y se les ha acabado retirando la custodia, a las que Rego se ha referido específicamente. Además, la ministra se ha dirigido a los niños y niñas para pedirles “perdón” por “no haber sido escuchados”. “España tiene una deuda con parte de sus infancias, de las que ha dudado de su palabra y criminalizado a las mamás protectoras”, ha dicho.

En este sentido, el anteproyecto refuerza el derecho de los menores de edad a ser escuchados por jueces y juezas, algo que ya debería estar ocurriendo precisamente en base a la LOPIVI, que desde 2021 establece que debe hacerse “sin límite de edad”. La nueva redacción mantiene este precepto, pero incluye varias “condiciones mínimas” que deben cumplirse, entre ellas, impedir la victimización secundaria y el contacto con el presunto agresor o la forma en que el entrevistador debe identificarse y explicarle el proceso al menor. El derecho a ser escuchados solo podrá restringirse bajo resolución motivada y si es “perjudicial para su salud física, psíquica o emocional”.

Un interés superior del menor objetivo

La nueva LOPIVI ha renunciado a 'tocar' los regímenes de visitas a padres investigados o sobre los que “hay indicios” de violencia machista, algo que, según ha justificado Rego, será abordado la Ley de Violencia Vicaria que el Gobierno ha trabajado “paralelamente” y que motivó un choque en el seno del Gobierno hace unos meses. Sin embargo, la ministra ha explicado que la reforma busca “de alguna manera encarrilar” que se restrinjan estas visitas al máximo.

Actualmente, la regla general es esta, pero se permite como excepción que los jueces y juezas justifiquen la decisión de mantener el contacto con el progenitor en el interés superior del menor. En la práctica, la ampliación de la LOPIVI intenta concretar esta obligación apuntando a que los magistrados tengan que explicar cómo la opción elegida protege “el bienestar físico, emocional y psicológico” de los menores de edad. Un nuevo artículo concreta, además, los criterios para valorar este interés superior del menor: desde el alejamiento del agresor como “elemento central” a la prevención de la revictimización o la priorización de las medidas cautelares de protección.

Para el Gobierno esta es una forma de “objetivar el interés superior del menor” para que sea aplicado con mayor claridad. “Cuando planteamos que se tenga que acreditar el interés superior del menor y velar porque se escuche a los niños y niñas y se reconozca a los hijos e hijas de víctimas de violencia de género con el estatuto de víctima, ya estamos incorporando una serie de indicadores para que se parte de un lugar concreto a la hora de evaluar las visitas”, ha sostenido Rego a preguntas de los periodistas. La ley tampoco contempla la prohibición de que los menores de 18 años entren a espectáculos como los toros, algo que el Ministerio planteó en su momento.

Se suma a estas previsiones la limitación para trabajar en profesiones y actividades que impliquen contacto con niños y niñas a personas que hayan sido condenadas por delitos relacionados con la infancia y la adolescencia. Actualmente, se exige para ello no haberlo sido por delitos sexuales y trata de seres humanos, pero esta disposición se amplía con la reforma a casos como el del colegio de Mallorca en el que 500 familias han protestado por la presencia de un docente condenado por acoso a un exalumno.

El anteproyecto crea también un turno de oficio especializado en violencia contra la infancia y la adolescencia, de forma que obliga a los Colegios de Abogacía a impartir una formación específica para tal fin. Por otro lado, faculta a la Dirección General de Derechos de la Infancia y la Adolescencia del Ministerio a imponer sanciones administrativas en caso de incumplimiento de la ley y a personarse en procedimientos judiciales “en defensa de los derechos y de los intereses” recogidos en la regulación, siempre que haya “indicios” de que los menores de edad estén sujetos a una “desprotección grave”.

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el anteproyecto con el que quiere reformar la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, la conocida como LOPIVI. Así lo apuntan fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, que lleva meses trabajando para sacar adelante el texto y que, en las últimas semanas, ha intensificado las negociaciones en el seno del Gobierno. España fue pionera en 2021 al aprobar la norma, pero cinco años después, el Ministerio considera que existen lagunas en su aplicación que justifican su revisión.

Entre las medidas que contempla el texto está la prohibición “de forma expresa” del Síndrome de Alienación Parental (SAP), aplicado habitualmente a las mujeres en procesos judiciales en los que se dirime la custodia de los hijos. La ley ya veta actualmente su uso, pero de una forma que permite su aplicación en la práctica, según llevan tiempo advirtiendo asociaciones y expertas. La norma establece que los poderes públicos “tomarán las medidas necesarias” para impedirlo, mientras que la nueva redacción es más explícita, según fuentes de la cartera dirigida por Sira Rego, que apuntan a que “ningún informe público o privado basado en el SAP podrá utilizarse en procedimientos judiciales o administrativos”. Además, aseguran que las resoluciones que lo utilicen “podrán ser impugnadas”.

El SAP fue ideado por el médico Richard Gardner en los años 80. Según su teoría, un progenitor —la mayoría de las veces, la madre— aliena a sus hijos contra el otro en el contexto de la disputa por su custodia. Naciones Unidas ha llamado la atención a España por su aplicación en procesos en los que ha habido denuncias por abuso sexual o violencia machista, de forma que el SAP acaba justificando retiradas de custodias a madres que han iniciado el proceso. Esta idea ha sido rechazada tanto por sociedades científicas como por el propio Consejo General del Poder Judicial, que la tilda de “pseudocientífica” y que, desde 2016, pide a jueces y juezas que no la apliquen.

El paso que da el Consejo de Ministros este martes es el primero del trámite que aún le queda por delante a la ley. El anteproyecto deberá ahora recabar los informes de los órganos consultivos para volver de nuevo al Ejecutivo, que lo remitirá ya entonces en forma de proyecto de ley al Congreso y el Senado. Las Cortes deberán aprobarlo definitivamente.

Al margen del SAP, la reforma también recoge la obligatoriedad de escuchar a los menores de 18 años en los procesos judiciales que les afecten, independientemente de su edad. Es habitual que jueces y juezas les oigan si tienen más de 12 años o si consideran que tienen “madurez suficiente”, a pesar de que varias leyes —entre ellas la propia LOPIVI— ya reconocen que debe hacerse también con los chicos y chicas más pequeños, pero este derecho no se aplica en todos los casos, según el ministerio. De ahí que el nuevo texto quiera reforzar esta obligación.

El objetivo es mejorar “la respuesta del Estado frente a la violencia contra la infancia”, señala Juventud e Infancia (Sumar), que asegura que “durante demasiado tiempo, el sistema ha llegado tarde o no ha protegido adecuadamente” a niños, niñas y adolescentes. “Esta ampliación legislativa actúa precisamente sobre esos fallos y sitúa su protección como una responsabilidad pública ineludible”, añade. La reforma llega un par de semanas después de que trascendieran las declaraciones del juez David Maman Benchimol, que aludió a varios elementos contemplados en la ley. El titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid apuntó a “ventajas” de las mujeres para denunciar, al “lavado de coco” a los hijos —en alusión al SAP— o a la “animadversión” de las madres a la custodia compartida.

El interés superior del menor

Entre los cambios, se encuentra también un “refuerzo del interés superior del menor” a la hora de justificar “expresamente” todas las resoluciones administrativas y judiciales que se tomen sobre el mismo. La idea es explicar “cómo se ha valorado ese interés y por qué la decisión adoptada protege mejor el bienestar físico, emocional y psicológico” de niños y niñas. De esta forma, el texto incluye varios criterios que constituyen este interés y que deben valorarse, entre ellos, el “alejamiento” de los menores de edad de aquella persona que “le violente”.

La medida es general, pero la idea del Ministerio es que impida que hombres investigados por violencia machista sigan viendo a sus hijos o hijas. El Código Civil ya estipula desde 2021 que “no procederá su establecimiento” en estos casos, a lo que se añade como excepción que el juez puede mantenerlas si lo motiva en el interés superior del menor o en su “deseo, voluntad o preferencias”. Aunque hasta ahora los magistrados ya estaban obligados a explicar por qué mantenían las visitas, la LOPIVI busca profundizar en esta exigencia.

Relacionado con ello, el anteproyecto busca 'tocar' también el artículo del Código Civil que regula la custodia compartida y que establece su prohibición si uno de los progenitores está siendo investigado por maltratar al otro cónyuge o sus hijos o en caso de que se adviertan “indicios fundados”.

La reforma concreta aún más este precepto y alude a “indicios de que está decisión puede afectar negativamente a la salud física, psíquica o emocional” de niños, niñas y adolescentes. El departamento encabezado por Rego sostiene que el interés superior del menor sumado a la obligatoriedad de que los menores sean escuchados debe dar lugar a que si alguno “expresa rechazo” hacia algún progenitor, el sistema “debe investigar las causas de ese rechazo”, algo que en la práctica ya debería estar produciéndose en base a la legislación vigente.

El texto también incluye la creación de turnos de oficio de abogados especializados en violencia contra la infancia y la adolescencia, después de que a finales de 2025 se crearán los juzgados especializados en esta materia, de los que a día de hoy solo hay algún proyecto piloto en Madrid, Barcelona y Málaga, según ha contabilizado la ONG Save the Children. Por otro lado, para “acceder y mantenerse” en profesiones y actividades que impliquen contacto habitual con menores de edad, el anteproyecto establece como requisito no haber sido condenado por delitos “relacionados con la infancia y la adolescencia”. Actualmente, se exige para ello no haberlo sido por delitos sexuales o trata de seres humanos.

La modificación legislativa llega al Consejo de Ministros tras un inicio de curso marcado por el choque en el seno del Gobierno a cuenta de otra norma que trata algunas cuestiones similares: la destinada a abordar específicamente la violencia vicaria. El Ministerio de Juventud e Infancia –coproponente junto a Igualdad y Justicia– se descolgó del texto por no estar de acuerdo en cómo planteaba el delito en el Código Penal ni los regímenes de visitas en casos de violencia machista, por lo que, aunque estaba previsto que la ley se aprobara a comienzos de febrero antes de iniciar su trámite en el Congreso, aún no lo ha hecho.

Sin embargo, la reforma de la Ley de protección a la infancia que estudiará el Ejecutivo este martes tampoco modifica la regulación actual de los regímenes de visitas. Tampoco se incluye la prohibición de que los menores de edad entren en eventos en los que se ejerza violencia contra los animales, como las corridas de toros. La propuesta había sido enviada por el Ministerio de Infancia y Juventud el pasado enero al resto de ministerios, pero no ha salido adelante. Igualmente, ha quedado fuera –al menos de esta primera versión– la ampliación en diez años de la prescripción de los delitos sexuales contra la infancia. Actualmente este empieza a contar cuando la víctima cumple 35 años, pero la idea del departamento de Sira Rego era que no lo hiciera hasta que cumpla 45.

El Gobierno ha salvado el primer trámite en el Congreso de la reforma con la que quiere blindar el aborto en la Constitución. El pleno ha rechazado este jueves las enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Popular y Vox, por lo que sigue su camino en la cámara. Lo hace, eso sí, entre las críticas de lo socios como PNV o ERC, que también han reprochado al Ejecutivo la vía elegida, aunque, a diferencia de las derechas, han reafirmado su compromiso con el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

El texto fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 7 de abril tras introducir los cambios propuestos por el Consejo de Estado, que aunque en términos generales avaló el proyecto de ley, cambió la redacción, que quedó así: “Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios”. De esta forma, la iniciativa dejaba atrás el reconocimiento expreso del derecho que sí contemplaba el anteproyecto de ley al inicio.

La fórmula escogida es la de incluir un añadido en el artículo 43 de la Constitución, el referido a la protección de la salud. En concreto, un punto cuarto entre los “principios rectores de la política social y económica”. De esta forma, el Gobierno renuncia a que figure entre las materias especialmente protegidas, entre las que están los derechos fundamentales y que requerirían un procedimiento reforzado de reforma, con disolución de las Cortes y convocatoria de referéndum incluida. La vía elegida, sin embargo, es la de la reforma ordinaria, que es más simple y ágil aunque, aún así, requiere mayorías amplias.

El debate en el pleno ha girado fundamentalmente en torno a ello. Porque, aunque por diferentes motivos, casi todos los grupos que han marcado posición difieren del criterio escogido por el Gobierno para reformar la Carta Magna. Eso dificulta todavía más un trámite que ya se preveía complicado –al menos, tal cual está el texto–: la reforma precisa de una mayoría de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado, para lo que es imprescindible el voto a favor del Partido Popular, que se opone frontalmente al texto.

Las derechas apuntan al “fraude de ley”

Tanto la formación de Alberto Núñez Feijóo como Vox le han acusado de “fraude de ley” y de promover la reforma por “mero oportunismo político”. Así lo ha afirmado la diputada popular Silvia Franco, que ha atribuido al Ejecutivo una “estrategia partidista” que tiene la “única finalidad” de “ser un instrumento para la supervivencia de Pedro Sánchez”. Según Franco, el proyecto de ley trata de “evitar el procedimiento reforzado” de reforma agravado de la Constitución al no incluirlo como derecho fundamental, lo que implicaría la convocatoria de elecciones y un referéndum. Esto, ha apuntado la diputada, es “un trampantojo jurídico” que se hace “no por coherencia si no por conveniencia”.

Franco ha acusado al Gobierno de “traer” al Congreso una reforma “que es un brindis al sol” y que ha definido como “el último artificio de un Gobierno acorralado por la corrupción y los escándalos”. Más allá y posicionándose firmemente contra el derecho al aborto se ha expresado Joaquín Robles, de Vox, para el que el texto “responde a las necesidades del Gobierno y a prioridades de índole propagandística” con el objetivo de “ocultar su infeficacia y su corrupción”. Según Robles, el Ejecutivo “no se atreve a gestionar esta reforma por donde debería porque afecta a un derecho fundamental que es el derecho a la vida”.

El representante de la extrema derecha ha aprovechado también para desplegar su argumentario antiinmigración asegurando que un Gobierno que “permite la llegada masiva de individuos de culturas que consideran a la mujer inferior al varón y que luego regulariza con normalidad [...] no puede ser aliado de las mujeres”. Robles también se ha opuesto a la ley del aborto actual y ha defendido “una ley de plazos” como la de 1985, a la que Partido Popular intentó volver en 2014. “No vengan aquí hablando de progreso porque a veces es mejor regresar un poquito”, se ha dirigido al PSOE.

La diputada socialista Cristina Narbona ha respondido a las derechas asegurando que la reforma “no coloca el reconocimiento del derecho al aborto” en el artículo 43, sino que se trata del reconocimiento de “la ejecución efectiva del derecho” tal y como propuso el Consejo de Estado en su dictamen. De esta forma, justifican los socialistas no incorporar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) como un derecho fundamental.

Así lo ha defendido también la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha calificado la reforma de paso “imprescindible” para “garantizar el acceso efectivo al derecho a la IVE en toda España y de forma equitativa” y, así, “blindar su dimensión prestacional”. Redondo ha explicado que el reconocimiento del derecho como tal “no está en riesgo”, pues está “plenamente integrado en nuestro ordenamiento jurídico” y ha sido avalado por el Tribunal Constitucional, pero “sí lo está ”su ejercicio“ igualitario para todas las mujeres, independientemente de dónde residan.

Según los últimos datos, casi el 80% de los abortos se realizan en clínicas privadas y en comunidades como Andalucía, Madrid o Castilla-La Mancha, las intervenciones en la pública no alcanzan ni el 1%. En otras, como La Rioja o Cantabria, el dato llega al 75%. La situación empuja, además, a que miles de mujeres sean obligadas a salir cada año de sus provincias para abortar. “Un Estado social y de derecho no puede permitir que haya mujeres de primera y de segunda”, ha añadido Redondo, que ha reclamado al PP y Vox que retiren sus enmiendas y permitan el diálogo porque “la sociedad española tiene derecho a un debate riguroso y honesto sobre este asunto”.

Las críticas de los socios

Los socios del Gobierno han votado en contra de PP y Vox, pero no tanto porque estén a favor de la propuesta de reforma. “Si esto se trata solo de un tema electoral, me bajo del estrado. Si hay una intención de impulsar el debate, lo han encarado mal y eso, con la derecha desbocada, es volvernos a condenar a las mujeres”, ha afirmado la diputada de ERC Pilar Valluguera.

Para los republicanos, “no es oportuno” incluir el aborto en el artículo 43 porque el Tribunal Constitucional ya lo ha garantizado como un derecho fundamental. Este contraste hace que, a su juicio, pueda llegar a degradarse su protección. “No deshagan lo que ya tenemos, no lo estropeen”, ha añadido la parlamentaria, que ha reclamado al Ejecutivo que “haga cumplir” la ley que “ya garantiza” que no puede haber desigualdad territorial en el acceso al derecho.

Es el mismo argumento que ha defendido Ione Belarra, de Podemos, y al que han apuntado algunas voces expertas, que temen que insertarlo en el 43 suponga una categoría inferior a la que ya le otorga, de facto, la jurisprudencia. “El aborto debe estar garantizado en la Constitución, pero no así”, ha afirmado la líder de la formación, que ha advertido de que “rebajar su nivel político y de protección es hacerlo más vulnerable a los posibles recortes de la derecha y la extrema derecha”.

Más contundente se ha mostrado la parlamentaria del PNV Maribel Vaquero, que ha afeado al Gobierno lo que, a su juicio, es un intento de “utilizar los derechos de las mujeres para alimentar la confrontación ideológica”. La diputada ha calificado la reforma de “irresponsable” y ha dudado de su necesidad.

“Si se quiere blindar el derecho debería reformarse el artículo 15, donde debería introducirse como derecho fundamental”, ha valorado Vaquero, que considera al igual que el PP y Vox que la vía es “un atajo para evitar el procedimiento agravado”. Aún así, y a pesar de las “reservas” que ha reconocido que le produce a su grupo “el oportunismo político” de la propuesta, “prevalece nuestro compromiso con las mujeres y su derecho a decidir libremente”, ha dicho para justificar su voto en contra a las enmiendas.

“Ya están aquí los romanos”. Es lo que Antonio Garrigós dijo cuando la Policía Nacional irrumpió en la masía de Vistabella del Maestrat (Castellón) para detenerle junto a varios miembros de la secta La Chaparra. El llamado por todos “tío Toni” era el líder de esta comunidad pseudorreligiosa que ejerció un férreo control sobre sus seguidores durante varias décadas y que fue desmantelada en 2022 tras la redada policial. De noche y con la participación de numerosos agentes, la Policía halló en la habitación de Antonio un centenar de relojes de alta gama, varios miles de euros en efectivo, estampas y otros objetos religiosos y muchos juguetes sexuales.

Gabriel López estaba allí. Fue uno de los niños, niñas y adolescentes que nacieron en la secta y fueron sometidos, como los adultos, al sistema basado en el culto y la sumisión que logró imponer Antonio, autodenominado el “enviado de Dios”. Entonces no eran capaces de poner palabras a lo que estaban viviendo, incluidos los abusos sexuales continuados que sufrieron cuando estaban dentro. “La intervención policial fue para mí un shock brutal. No entendía nada. Hubo mucha negación antes de aceptar que había estado en un grupo coercitivo y que habían abusado de mí”, cuenta Gabriel, que ahora tiene 24 años.

Lo sucedido dentro de aquella masía aislada en medio de la naturaleza forma parte de la serie documental que Movistar Plus+ estrena este jueves. Con el título La Chaparra. Yo nací en una secta, aborda los mecanismos de manipulación emocional que permitieron que hasta tres generaciones de una misma familia fueran víctimas. Allí vivieron durante años Gabriel, su hermana Sara y su hermana pequeña –aún menor de edad– junto a su padre, Carlos López, y su abuela. Todos acabaron saliendo y denunciando lo que habían vivido. El pasado marzo, la Audiencia Provincial de Castellón condenó a cinco miembros del grupo por abuso sexual infantil.

Entre los condenados no estaba Antonio Garrigós, que murió con 64 años en el Centro Penitenciario Castellón I mientras se encontraba en prisión preventiva. Según consta en la sentencia, el origen del grupo sectario se remonta a 1990, cuando el “tío Toni” comenzó a recibir a personas “con problemas de diversa índole”, a los que “atribuyéndose poderes sanadores de los que carecía”, aplicaba “terapias de corte espiritual”. Es en ese momento en el que la abuela de Gabriel, que acababa de perder a su marido y tenía un hijo de 15 años, entra en contacto por primera vez con él. Una de las cosas que le enganchó fue la idea que “vendía” Antonio de montar un albergue para ayudar a niños “de familias desestructuradas” necesitados de protección.

El grupo fue creciendo y en 1994 el líder y sus seguidores adquirieron una casa denominada El Pantano en la que, según la sentencia, se consolidó la comunidad. La compra se hizo con el dinero de los adeptos, llegando incluso alguno a vender un piso propio para ello. La vivienda se quedó pequeña pronto y en torno al año 2000 se trasladaron a vivir a la masía, donde llegaron a vivir unas 40 personas. Allí Antonio logró formar un grupo “cohesionado y manipulado” e instaurar una rutina basada en el control de cada miembro del grupo. “Las acciones se planeaban, decidían y ejecutaban por él, sin que existiera más jerarquía”, reza el fallo, que no es firme.

Poco a poco, el “tío Toni” había ido convirtiéndose en una figura casi mística para los demás, a la que debían lealtad absoluta. Era un hombre afectado por las secuelas de la polio, con varios problemas de salud, lo que generaba un sentimiento de deuda con su cuidado y atención. Se presentaba como alguien con capacidades especiales y con la misión de “salvar al mundo”, llegando al punto de anular el propio criterio de las víctimas. Los niños que nacieron allí no tuvieron nunca más referencias que aquello y el 'tío Toni' se convirtió en alguien central para ellos. “Pensábamos que todo lo que hacía era por nuestro bien y que todo lo bueno que teníamos era gracias a él. Nos solía preguntar '¿a quién quieres más al tío Toni o a los papás? Y jamás respondimos que a los papás”, cuenta Sara López.

La Chaparra fue construida por Antonio como un lugar idílico para los niños y niñas, a los que decía que eran “guerreros de la luz” y que tenían una misión que cumplir. También que solo estarían protegidos dentro del grupo y que fuera había un mundo “cruel y lleno de negatividad”. Esa fue una de las claves que guio al grupo. Rodeada de montañas, la finca era un espacio –aparentemente– de ensueño. “Teníamos unos cumpleaños que parecían comuniones, había animales, jugábamos todo el tiempo, hacíamos cabañas... Para que te hagas una idea, a los niños les regalaban caballos y quads pequeños. A Toni le queríamos y confiábamos en él por encima de todo”, explica la joven, que ahora tiene 27 años.

Los miembros más jóvenes de La Chaparra estaban en una burbuja aislada del mundo exterior –iban al colegio, pero no podían contar nada porque “nadie les entendería”– que poco a poco fue rompiéndose. Gabriel explica que a los niños y niñas les hacía “sentir especiales y privilegiados desde el minuto cero”, pero esa atención que brindaba también podía desvanecerse por cualquier motivo. “Entonces sentías el abandono y la frustración. Nos tenía enganchados emocionalmente y nos hacía sentir en deuda desde que tienes uso de razón”.

Abusos en un marco “esotérico”

La realidad es que el abuso emocional y sexual era sistemático. Como era habitual que todos los niños y niñas le dieran las buenas noches a Antonio antes de dormir, este aprovechaba el momento para perpetrar los abusos sexuales en su habitación, en la que un enorme mural de Peter Pan cubría toda la pared. Antonio les hacía creer que había que eliminar la energía negativa de sus cuerpos, para lo que debían dejarse hacer o hacer lo que él les pedía. “Con la excusa de que tenían los ovarios negros y debido a la obediencia y la admiración que sabía que despertaba, se aprovechó sexualmente” de varias niñas, según consta en el fallo. Sara tenía 12 años y acababa de bajarle la regla por primera vez cuando empezaron las agresiones, que duraron hasta los 17.

La sentencia condena a algunos miembros del grupo como cooperadores necesarios del delito de abuso sexual, entre ellos la mujer que una noche sujetaba la mano de Sara al tiempo que intentaba tranquilizarla diciéndole que los abusos que Antonio estaba cometiendo contra ella en ese mismo momento eran por su bien. También la madre de Sara, Gabriel y su hermana pequeña está en prisión, condenada como cómplice por omisión. Según la sentencia, Sara llegó a contarle lo que pasaba en la habitación de Antonio y nunca denunció los hechos ni se marchó de la comunidad, “permitiendo que su hija pequeña asistiera a la habitación” como lo había hecho antes ella. Sara asegura que ha necesitado terapia con una sexóloga ante el “bloqueo” que arrastró tras lo vivido. “No podía ni escuchar palabras relacionadas con el sexo”, dice.

El grupo especializado en sectas destructivas de la Policía Nacional acreditó que los abusos sexuales eran englobados dentro del grupo en un marco de “carácter esotérico” y espiritual, un contexto que revestía toda la vida en la comunidad. Antonio organizaba las llamadas “escuelas”, que eran charlas en las que trataba temas de carácter sexual y bajo el pretexto de “eliminar prejuicios”, impartía su doctrina. Entre otras cosas, incitaba a las asistentes a hablar y practicar la masturbación, tener orgasmos y relaciones sexuales o decir que la sociedad estaba reprimida para, de esta forma, normalizar las conductas sexuales.

Con las mujeres adultas, la dinámica era la de generar “celos y competitividad” para ver quién de ellas estaba más cerca de él y le atendía más. El documental, que reproduce conversaciones inéditas dentro de la Chaparra, revela varias en las que Antonio les reprocha, por ejemplo, no haberle “arreglado” la barba. Cuando una mujer afirma que ella se lo propuso “y me dijiste que no”, el hombre afirma: “Ya... como nada más que me lo preguntas tú... Deja que me lo pregunte otra”. El fallo añade que Antonio “irradiaba un carisma” en las mujeres, a las que manipulaba para que “la mayoría” quisieran “quedarse embarazadas de él para engendrar seres de luz”.

La salida

La familia de Sara y Gabriel fue saliendo progresivamente del grupo. El conflicto y el malestar habían ido creciendo y Carlos, su padre, fue el primero en abandonar la comunidad tras separarse de la madre de sus hijos, a la que había conocido dentro de la secta. Lo habitual es que los hombres trabajaran fuera de la finca y también dentro, en largas jornadas de trabajo que contribuyeron a que Carlos no fuera consciente de lo que ocurría verdaderamente en la casa. Ya fuera, un día que acudió a La Chaparra a recoger sus cosas, se encontró con que Gabriel le retiró el abrazo y le dijo que les había abandonado. “Empecé a pensar que a mis hijos les habían lavado el cerebro”, cuenta en el documental.

Poco después, empezó a buscar información por Internet y se topó con un vídeo de Miguel Perlado, psicólogo especializado en sectas. Lo que contaba le hizo sentirse identificado. “Me llamó y me preguntó si se estaba volviendo loco. Yo le planteé que si conocía a alguien más que hubiera salido, podríamos tener un primer encuentro para evaluar en qué contexto han estado. Se juntaron casi una decena de personas y me di cuenta de que había elementos suficientes para hablar de coerción y daños sobre menores de edad. De esa primera etapa de evaluación sale un informe que acaba en la Policía Nacional”, explica el experto.

El paso definitivo de la denuncia se produjo tras varios momentos en los que algo fue rompiéndose dentro de las víctimas. . “Yo fui el último en salir de allí y en mi caso fue una sucesión de 'clics'. Finalmente pude gracias al amor incondicional de mi padre y de mi hermana”, afirma Gabriel, que destaca los mecanismos propios de los grupos coercitivos que pueden hacer que alguien, cualquiera, se vea atrapado en uno de ellos.

“Aunque desde fuera pueda surgir la idea de '¿cómo es que no se iban?', la clave es que estas dinámicas no funcionan así. Hay un proceso paulatino que acaba desbaratando la mente porque los parámetros según los cuales se interpreta todo están girados y patas arriba”, señala Perlado, que hace referencia a la estrategia de “premio y castigo” que Antonio imponía, con actitudes polarizadas de “humillación y ensalzamiento”. “Esto genera mucha dependencia emocional y un mayor sentimiento de inadecuación porque la víctima cree que está haciendo algo mal y cuando ve que algo no le agrada, piensa que es puntual o que lo ha interpretado mal”.

Empezar de cero

La sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón deja escrito cómo los niños, niñas y adolescentes que nacieron y fueron criados en La Chaparra fueron asumiendo “un sistema de valores, creencias y principios” impuestos por el “tío Toni”, que les iba “moldeando” con la ayuda y la aceptación de “todos los miembros” de la comunidad. Por eso, salir al mundo real sin haber conocido otra cosa es para ellos partir de cero. Esta es una de las claves que aborda el documental, concebido como un “diálogo entre el pasado y el presente”, entre lo que es vivir en una secta y aprender a vivir de nuevo, explica la directora Elena Molina, que ha acompañado a Gabriel y a Sara en este proceso.

Durante la grabación de la serie, hacía relativamente poco que el joven había salido de La Chaparra, por lo que actividades como coger un autobús, salir de fiesta o empezar a trabajar se convirtieron en una cadena de primeras veces. “Pasas un montón de miedos, no sabes qué hacer ni quién eres... Te han adoctrinado para cumplir órdenes”, traslada Gabriel, que apunta a todos los daños que “no se ven”, pero que impactan con dureza. “Me veo en muchos sentidos atrasado respecto a la gente de mi edad. Ellos han pasado la pubertad y han podido crear su personalidad, pero a nosotros nos han robado todo ese tiempo. Se trata de deshacer el mapa que te habían plantado y empezar de cero porque no conoces otra cosa. Pasar de un acuario en el que te creías libre a un océano gigante”, añade el joven, que ha encontrado en el buceo uno de sus lugares seguros.

Miguel Perlado explica que la tarea que tienen por delante aquellas personas que nacieron en contextos sectarios es “de por vida”. El psicólogo expone que, al no haber una “identidad y personalidad previas”, estas deben ser “prácticamente inventadas”. “No hay referencias anteriores de fuera de la burbuja, que a pesar de estar atravesada por la anormalidad, forma parte de su ADN, aquello con lo que han crecido. En los adultos los efectos pueden prolongarse, pero en estos casos hablamos de aprender a relacionarse, a moverse, a entender y compartir códigos que no han formado nunca parte de su vida”.

Sara, Gabriel, Carlos y Eli miran al pasado y recuerdan lo que han vivido, pero también, y sobre todo, al presente y al futuro. Están inmersos en una pelea para que el Código Penal introduzca como delito la manipulación coercitiva, el patrón de conducta, control y dominación que emplean los líderes de las sectas para someter a las víctimas. Y es que la sentencia que condenó por abuso sexual a los miembros de La Chaparra les absolvió de asociación ilícita. Pero, sobre todo, esperan que su historia sirva para que muchas otras personas nunca pasen por algo parecido y para desterrar la idea de que esto solo le ocurre a unas pocas personas que no supieron decir que no.

“A esto, que forma parte de mi vida, quiero darle visibilidad porque yo cuando salí de allí creí que a mi familia y a mí éramos las únicas personas a las que nos había pasado y nada más lejos de realidad. Es una epidemia que es urgente abordar”, sostiene Sara, que al igual que su hermano está descubriendo sus pasiones y gustos, entre ellos el Diseño de Producto. Gabriel, por su parte, lo explica así: “No quiero pensar que otros niños puedan vivir lo que yo he vivido. No va a volver el tiempo que nos han robado, pero me gustaría contribuir en lo que pueda a que las víctimas se sientan menos solas, porque es un camino espinado y lleno de piedras”.

25 años después de que Dolores Vázquez fuera condenada injustamente por el asesinato de Rocío Wanninkhof, ha sido homenajeada en un acto de reparación este lunes en Madrid. En el marco del Día de la Visibilidad Lésbica, que se celebra cada 26 de abril, el Ministerio de Igualdad ha entregado la Medalla de Promoción de los Valores de Igualdad a la mujer, que pasó 17 meses en la cárcel siendo inocente. El caso fue uno de los mayores errores judiciales de las últimas décadas, profundamente atravesado por el linchamiento mediático y los prejuicios lesbófobos. “Es un día muy especial para mí. Casi 26 años después me siento una persona distinta, sin olvidar, pero lo llevo mejor, mi vida la llevo mejor”, ha afirmado poco antes de entrar al acto.

Vázquez, que ha reconocido haber tenido miedo durante mucho tiempo a la prensa y que no suele hablar con los medios de comunicación, ha hecho unas declaraciones minutos antes del inicio del homenaje a los periodistas que le esperaban a las puertas. “Pasé un calvario que está ahí, pero ahora puedo usar palabras que antes no podía usar. Siempre recordaré este día como un día hermoso y lindo”. La mujer fue condenada en septiembre de 2001 por un jurado popular a 15 años de prisión, sin ninguna prueba y solo en base a supuestos indicios, pero el asesino real de Rocío era Tony Alexander King, que volvería a matar dos años después.

Vázquez ha hecho un repaso sobre los efectos que tuvo para ella lo ocurrido y ha reconocido que espera que “mucha gente” en el día de hoy “pueda entender que era y soy inocente”. La homenajeada ha reconocido que la condena le “destrozó” la “vida entera” y su profesión. Tuvo que dejar de trabajar y se fue a vivir a Reino Unido. “Si miro hacia atrás, veo que no podía ni salir a la calle. Durante tres años y pico no pude ni ir al INEM –el antiguo SEPE– a apuntarme como desempleada para seguir cotizando. No tengo pensión porque me faltaron dos años y dos meses. Recibo una ayuda”, ha afirmado.

La mujer ha contado que cuando salió de prisión lo pasó “muy mal” y que todavía hoy el sonido de los cerrojos de la prisión no le dejan dormir. “Salí muy enfadada con el mundo y con todos. Eso quedó ahí siempre pero lo superé y me siento muy bien. He perdonado hace muchos años porque comprendí que estar enfadada con el mundo me estaba volviendo una persona que no era yo. Estaba en un pozo y no salía. Todo por algo que no había hecho. Pero poco a poco lo fui superando. He aprendido a vivir y a querer”, ha dicho.

Aún así y pese al error judicial, Dolores nunca fue indemnizada. “Pienso que sí, que merezco una indemnización, pero no depende de mí”, ha dicho antes de lamentar que “pese a las calumnias” sobre una supuesta reparación dineraria, “no me han compensada en nada económicamente”. “Es el Gobierno el que tiene que decidir y con buena fe todo es posible”, ha añadido.

Presentado por la abogada Eva Pérez Nanclares, el acto ha comenzado con una actuación musical de Rocío Saiz y una mesa redonda en la que se ha abordado la cobertura mediática y la lesbofobia que guió el caso. En ella ha participado la activista Beatriz Gimeno, autora de La construcción de la lesbiana perversa (Gedisa, 2008), la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTBI+) Paula Iglesias y Marta Redondo, profesora de Periodismo de la Universidad de Valladolid y experta en sensacionalismo mediático.

Acto seguido, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha hecho entrega a Dolores Vázquez de la medalla. “Es un acto de verdad, justicia y reparación. Se cometió una enorme injusticia contigo, un linchamiento social e institucional contra ti, contra tu persona. Es una vergüenza compartida”, ha afirmado la titular del departamento.

Vázquez ha agradecido en varias ocasiones el reconocimiento y, emocionada, ha querido dedicárselo a su familia y a las personas de su entorno que la apoyaron. “Lo recibo no para mí, sino para mi familia, mis sobrinas, mis hermanas, mi madre que ya no está y muchas amigas que han estado ahí y que venían por la noche a verme para que la prensa no los cogiera… Por todo el apoyo que he recibido, entonces y a lo largo de este tiempo”, ha apuntado. Tras recordar el impacto que lo sucedido tuvo para ella y retrotraerse a algunos de los momentos más duros, la mujer ha asegurado: “Es el tiempo de Dolores Vázquez, pero de Loli Vázquez también. Estoy orgullosa de mí misma”.

El caso

Dolores Vázquez había tenido una relación de pareja de varios años con Alicia Hornos, la madre de Rocío. Cuando la joven de 19 años desapareció, en octubre de 1999, ya no estaban juntas, pero eso sirvió a la Guardia Civil para atribuirle un supuesto móvil: vengarse de Alicia haciendo daño a su hija. Fue detenida el 7 de septiembre del año 2000 y desde entonces, mediáticamente comenzó a instalarse un discurso que presentaba a la acusada como una asesina despiadada. Casi cualquier cosa, fuera verdad o no, sirvió para apuntalar esta versión: se usó su físico y se la dibujó como una mujer fría, calculadora y vengativa.

Durante el acto, se ha recordado cómo la investigación de la Guardia Civil nunca recabó pruebas contra ella y montó la acusación en base a supuestos indicios, en algunos casos insostenibles. Los hechos que hacían dudar de la culpabilidad de Dolores Vázquez con claridad –su registro de llamadas desde casa en las horas de la desaparición, por ejemplo– nunca hicieron a la Guardia Civil abrir otras posibles vías de investigación y Dolores Vázquez fue condenada por un jurado popular.

Su abogado recurrió y en febrero de 2002 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía emitió una contundente sentencia que anulaba el fallo y ordenaba repetir el juicio por “falta de motivación”. El dictamen dejó claro que la condena se había basado en “indicios o inferencias” que ni siquiera los jueces dijeron poder conocer porque no habían sido plasmados con claridad. Vázquez salió de prisión y el juicio pendiente nunca se celebró porque en 2003 el verdadero asesino de Rocío Wanninkhof volvió a matar. Esta vez la víctima fue Sonia Carabantes, una joven de 17 años. Fue detenido un mes después, cuando se comprobó que el ADN del hombre estaba también en una colilla hallada en el lugar en el que había desaparecido Rocío cuatro años antes.

Estuvo en la cárcel 519 días por un asesinato que no cometió. Cuando su abogado, Pedro Apalategui, iba a ver a Dolores Vázquez a la cárcel de Alhaurín de la Torre (Málaga) y se anunciaba por la megafonía de prisión para que ella acudiera, otras reclusas gritaban “bollera”, “lesbiana” y “asesina” desde sus celdas. Aún no había sentencia, pero ya estaba escrito injustamente que Vázquez, natural de la localidad gallega de Betanzos, había matado a Rocío Wanninkhof, una joven de 19 años desaparecida el 9 de octubre de 1999 cerca de Mijas. Dos años después, un jurado popular la condenó sin pruebas tras una investigación plagada de errores y un linchamiento mediático sin precedentes.

Pero Dolores Vázquez no había matado a Rocío, que era la hija de su expareja, Alicia Hornos. El autor real del crimen fue Toni Alexander King, un británico residente en la Costa del Sol con un largo historial delictivo, autor de varias agresiones sexuales y que mató a Sonia Carabantes en agosto de 2003. Dolores, sin embargo, quedó marcada por lo ocurrido, un caso paradigmático de error judicial agravado por la presión mediática y los prejuicios sociales. El estigma era tal que, aún ya declarada inocente, se fue a vivir fuera de España. Nadie le pidió perdón.

Este lunes, Dolores estará en Madrid para recibir de la mano del Ministerio de Igualdad la Medalla de Promoción de los Valores de Igualdad, tal y como adelantó elDiario.es. Se tratará de un acto de homenaje y reparación con el que el Gobierno quiere reconocer el daño que sufrió y condenar la lesbofobia que atravesó el caso aprovechando que este domingo es el Día de la Visibilidad Lésbica. Durante el encuentro, habrá una mesa redonda con distintas especialistas, entre ellas Beatriz Gimeno, autora de La construcción de la lesbiana perversa (Gedisa, 2008).

El libro es un exhaustivo análisis de cómo la lesbofobia y la misoginia fueron clave en la condena de Dolores Vázquez y la convirtieron en una asesina pese a ser inocente. “Difundieron una imagen de mí que no era yo. Era como si lo dieran por hecho, que era culpable y ya, no había nada más. Yo no tenía ni voz ni palabra”, decía ella en el documental de HBO Dolores, la verdad sobre el caso Wanninkhof, estrenado en 2021 y en el que, por primera vez, la mujer rompía su silencio. En uno de los capítulos, aseguraba que, tras lo ocurrido, su vida cambió para siempre y lo perdió “todo”.

“Fue un caso paradigmático y clarísimo. Se usaron todos los estereotipos atribuidos tradicionalmente a las lesbianas contra ella, desde el análisis de su físico a su supuesta personalidad. Se la masculinizaba y se decía que era desagradable, celosa, maltratadora y despiadada”, explica Gimeno, que en la introducción del libro escribe: “A Dolores Vázquez se la acusó, procesó y condenó por ser lesbiana y nada de lo que sucedió hubiera podido suceder de la misma manera de haber sido ella heterosexual”.

Dolores, Loli para sus allegados, fue detenida el 7 de septiembre del año 2000 y entró en prisión preventiva tras una investigación en la que casi desde el inicio tanto la Guardia Civil como la familia de Rocío apuntaron a que el culpable era alguien conocido y del entorno de la víctima. Desde entonces, los medios de comunicación y la investigación oficial construyeron el retrato de una mujer amenazante y vengativa, de carácter “frío”, “varonil” y “dominador”. Se difundieron bulos como que hacía kárate y corría –para justificar que ella sola habría podido arrastrar el cuerpo sin vida de la víctima– o interpretaron sus reacciones de entereza ante las cámaras como una falta de empatía.

Esta imagen llenó horas y páginas de televisión, agitada por la familia de Rocío y especialmente por su madre, con la que Dolores había tenido una relación de varios años. El móvil inventado que se difundió en los medios y también sostuvieron la Guardia Civil y la Fiscalía fue que habría actuado por venganza contra la hija de su expareja por supuestamente considerarla el motivo de la ruptura. Es lo que Gimeno denomina el arquetipo de la “mujer vampiro”, que retrató a la mujer como una lesbiana “depredadora” que controlaba y dominaba a la “víctima pasiva y femenina”, una teoría que la madre de Rocío también sostuvo con sus declaraciones en medios.

La entonces acusada mantuvo siempre su inocencia: repitió una y otra vez que aquella noche estuvo en casa cuidando de su madre y de la hija de su sobrina, y que solo salió a comprar tabaco.“

Condenada sin pruebas

Dolores Vázquez ingresó en prisión preventiva a pesar de que no había pruebas, solo indicios insostenibles. Entre ellos, estaba el hallazgo de dos fibras en el cadáver de Rocío que coincidía con el color y composición de una prenda encontrada en casa de Dolores. Esta supuesta evidencia fue anunciada a bombo y platillo en una rueda de prensa, pero luego el informe toxicológico admitió que esas fibras eran extremadamente comunes en el mercado. Tampoco se llegó a probar nunca que Dolores hubiera alquilado un coche de neumáticos pequeños que encajaran con las huellas halladas en la escena del crimen. Su Toyota era de ruedas anchas, por lo que la policía dedujo que debía haberse hecho con otro automóvil de alguna manera.

La investigación dio validez al testimonio de una vidente que aseguró que Dolores había acudido tiempo atrás y le había dicho que se vengaría de Alicia Hornos. También al de una exempleada que no hablaba español que afirmó que la había visto “apuñalar” una fotografía de Rocío. Pero no tuvo en cuenta los registros de llamadas telefónicas desde su casa, que aquella noche se produjeron a las 20.45, a las 22.34 y a las 23.17 –se calculó que Rocío había desaparecido sobre las 21.30–. Nada de ello sirvió para hacer dudar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de que quizá Dolores no había sido, a pesar de que no había ninguna prueba física, ni rastro de ADN ni testimonio que la situara en la escena del crimen.

Su abogado siempre denunció las deficiencias del proceso e intentó sacarla de prisión en varias ocasiones, pero el juez lo rechazó en todas ellas. Fue ahí cuando apareció el primer artículo crítico en prensa, firmado por el constitucionalista y hoy colaborador de este medio, Javier Pérez Royo, que en El País Andalucía denunció el uso que el magistrado estaba haciendo de la prisión provisional: “No solo no dispone de ni una prueba”, afirmaba después de llamar la atención sobre que los pasos del proceso “han ido siempre en la dirección de que no se confirmaban los indicios que inicialmente existían” contra Dolores.

A pesar de ello, siguió en la cárcel hasta la fecha del juicio, que se celebró del 3 al 17 de septiembre de 2001. Ese mismo mes, el jurado popular, convencido de su culpabilidad y alimentado por las teorías mediáticas, alcanzó su veredicto y Dolores Vázquez fue condenada injustamente a 15 años de prisión y al pago de una indemnización de 18 millones de pesetas.

Su defensa recurrió y, en febrero de 2002, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló la sentencia y ordenó repetir el juicio apuntando a que el fallo “no plasmó las bases lógicas para construir la conclusión inculpatoria” hasta el punto de que las explicaciones incluidas “no cumplen la exigencia con respecto a la prueba de los hechos”. “En modo alguno puede reputarse suficiente la motivación del veredicto, insuficiencia que implica una clara indefensión para la acusada”, esgrimió el tribunal, que reprochó al magistrado no haber devuelto el acta al jurado o haber él mismo motivado la condena que firmó, cayendo así en un “incumplimiento legal” de su exigencia.

Esta sentencia acreditó que la condena no se basaba en “pruebas directas” sobre Dolores Vázquez sino en “una prueba indiciaria o de inferencias”, que añadió “ni siquiera podemos conocer, ya que no fueron debidamente reseñadas de forma alguna”. Tras el dictamen, Dolores Vázquez salió de la cárcel a la espera de una nueva fecha de juicio y, en este margen temporal, el verdadero asesino de Rocío volvió a matar. La víctima fue Sonia Carabantes, otra joven de 17 años desaparecida el 14 de agosto de 2003 en la localidad malagueña de Coín, muy cerca de Mijas. El ADN del británico estaba presente en las uñas de la chica y también en la colilla encontrada junto al cuerpo de Rocío Wanninkhof.

Ya entonces el exministro del Interior, Ángel Acebes (PP), compareció en una comisión del Congreso para dar explicaciones sobre la investigación llevada a cabo en el caso de Rocío. El ministro alabó la labor de la Guardia Civil, aseguró que hizo un trabajo “exhaustivo y profundo” y que fue liderado “por los mejores especialistas en la materia, hombres de repetidos éxitos y gran eficacia”. “Se trata de una de las investigaciones más complejas y esforzadas de las realizadas modernamente por la Guardia Civil”, defendió frente a una oposición que ya le reclamaba un 'perdón' para Dolores Vázquez.

Un relato sesgado sobre el pasado de España se está abriendo paso en la industria editorial. Es lo que concluye un estudio recién publicado que analiza el auge en los últimos años de la publicación de libros que reproducen una visión de la historia acorde con la ultraderecha. El artículo apunta a un proceso de “desprofesionalización académica” y a un aumento de obras que no siguen las metodologías propias de la historiografía, pero que se presentan como rigurosas. “La extrema derecha ha vuelto a traer al debate público interpretaciones sobrepasadas por los historiadores”, señala.

No es algo que se circunscriba solo a los discursos de líderes políticos o sus canales afines, sino que el revisionismo cala cada vez más en la divulgación histórica. El estudio, publicado en el último número de la revista Historia Actual, destaca cómo estos relatos glorifican episodios como el Imperio o la Reconquista al tiempo que relativizan otros para hacerlos encajar en lo que algunos autores ya han calificado de “populismo historiográfico”. El artículo concluye que “buena parte” de los libros publicados “reproducen” interpretaciones que “no nacen de los resultados de la investigación científica”, sino de las “necesidades políticas del nacionalismo español”.

La investigación, firmada por Pablo Molejón y Julio Iglesias Doval, ha analizado la autoría de los 607 libros publicados entre 2010 y 2024 en la sección de historia de cuatro editoriales –Planeta, Espasa, La Esfera de los Libros y Taurus– para concluir que menos de la mitad, el 42,6%, han sido escritos por historiadores, una “señal”, según sostienen los autores, de “desprofesionalización” del campo. Son esas cuatro editoriales y no otras porque son las generalistas con mayores colecciones de historia, tras excluir otras más pequeñas y especializadas.

Según su análisis, el peso total de quienes se dedican a la historia en el conjunto de autorías de libros ha ido cayendo con el paso de los años, eso a pesar de que son la profesión que más escribe este tipo de obras: aún así, les siguen de cerca los periodistas y el resto de autores se reparten entre dedicaciones muy variadas, desde biólogos y químicos a economistas, arquitectos o militares. Dividiendo por años las autorías, si en 2010 los historiadores representaban el 70% del total de escritores en las cuatro editoriales, en 2023 suponían un 35,3%. Esto, pese a leves fluctuaciones, es una tendencia sostenida en el tiempo.

Por editoriales, la distribución varía y el estudio ha encontrado que La Esfera de los Libros, identificada como “más conservadora” por los autores, tiende a publicar menos libros escritos por historiadores –estos representan el 40% del total– mientras que en el caso de Taurus, un sello que el trabajo asocia a un “corte más de centroizquierda” opta más por ellos, alcanzando el 73% de los libros.

No son datos banales para los investigadores, para los que la autoría es un “primer caldo de cultivo” de la difusión de relatos sin respaldo científico como investigaciones rigurosas. Aceptan, eso sí, que la clasificación “puede ser problemática” porque reconocen que se han hecho “grandes contribuciones” a la historia desde otras disciplinas, pero también apelan a la “práctica académica y el método científico” de la profesión como algo importante, esgrime Molejón, autor principal e investigador en la Institución Milá y Fontanals del CSIC.

Más allá de la autoría de las publicaciones, el trabajo ha buceado en el contenido de algunos libros atribuidos a este “populismo historiográfico” del que habla el artículo. Y señalan otro elemento de esta tendencia: el “desprecio” a los historiadores, a quienes en muchos casos hay autores que acusan de ser “activistas”, “guardianes de lo políticamente correcto”, estar dominados por la “izquierda woke” u “obedecer a una agenda política” concreta, como afirma el arquitecto Javier Rubio Donzé en su libro España contra su leyenda negra: mitos, agravios y discursos. Un fenómeno, el de dudar y desacreditar sistemáticamente a las voces de autoridad, que está en auge.

“Junto a estos argumentos, presentan sus relatos como los verdaderos y todas las pruebas que los investigadores profesionales puedan aportar quedan automáticamente invalidadas por proceder de esa academia que previamente han denostado”, escriben los investigadores, que ponen el foco en cómo “el desprecio” a la profesión es “un elemento común” de estos discursos y un “recurso habitual y necesario” para apuntalarlos: “Si todo el mundo puede ser historiador, todos los relatos sobre el pasado son igual de válidos, con independencia de la metodología y fuentes empleadas”.

Fuentes escasas y anticientíficas

En este sentido, el trabajo hace referencia al “nulo rigor metodológico” como rasgo de este revisionismo histórico: los autores suelen escribir libros sobre “temáticas muy amplias y complejas” pero usando bibliografía escasa y 'a la carta', formada, sobre todo, por ensayos y manuales y “baja presencia” de artículos científicos, “predominio de autores no profesionales” y obras no recientes, en muchos casos “desechadas por la historiografía seria”. Además, apenas hay notas a pie de página ni fuentes de archivo. “Esto permite construir un relato de los acontecimientos sencillo y vender un relato parcial presentándolo como general y desechando lo que no encaje con su discurso nacionalista”, escriben.

El estudio señala que los libros siguen siendo una forma preponderante de difusión del conocimiento histórico y, de hecho, las cuatro editoriales analizadas han aumentado la publicación de obras de historia en los últimos años. En todas, es la Historia Contemporánea la que tiene más presencia, pero no es así entre los autores que la investigación ha analizado como “difusores” de “mitos nacionalistas”: “Esta narrativa suele destacar los periodos históricos que más le convienen a la hora de diseñar su relato, mientras que pasa por alto épocas o momentos que no casan tan bien”.

Por eso, las áreas más empleadas no son la Guerra Civil o el franquismo, que los autores describen como “un pasado verdaderamente incómodo para la derecha” –al menos, en estas editoriales generalistas–, sino la Edad Media y la Edad Moderna, en las que se concentran distintos hechos que “definen qué es y qué debería ser España”. Son la Reconquista con base en la idea de que la nación es producto de “una lucha incansable contra el Islam” y, sin la cual, “no se entendería la nación española”; también la conquista de América “desde una perspectiva glorificadora” o el relato de “las grandes gestas del Imperio español”, han observado los investigadores en títulos como Hispanos, de Fernando Díaz Villanueva, La Reconquista y España, de Pío Moa o Fake News del Imperio Español, de Javier Santamarta del Pozo.

Pablo Molejón explica que los contenidos suelen partir de “una simplificación del pasado extrema” a pesar de que la historiografía “ha demostrado” la complejidad de estos procesos. “Presentan, por ejemplo, una imagen del Imperio español idílica y universal, basada en valores tradicionales y católicos, pero esto tiene carencias como la minimización de la esclavitud”, señala el historiador, que cree que estos discursos “proceden de corrientes políticas que necesitan construir un pasado glorioso al que volver y del que sentirse orgullosos para, en definitiva, poder proyectar lo que quieren para el presente”.

“Nosotros, los españoles”

Hay dos recursos que destacan por encima del resto: uno es “mito de la excepcionalidad española”, que consiste en presentar la historia del país como superior y única frente al resto del mundo. Esta fue ya una herramienta usada durante el franquismo para la “construcción de la identidad nacional”, pero “no es cierto, España no es tan excepcional y nunca lo fue, solo hace falta enfoque comparativo”, apunta Julio Iglesias Doval, estudiante de Historia en la Universidad de Santiago de Compostela. Pese a ello no son pocos los autores que llenan las páginas de referencias como “caso único en la historia de la civilización”, “lo nunca visto”, “un hecho insólito” o algo “absolutamente único en la humanidad”, como hace José Javier Esparza, periodista y director de El gato al agua, en Te voy a contar tu historia (La Esfera de los Libros).

El autor es uno de los más prolíficos del campo y con la trilogía La Reconquista (La Esfera de los Libros) ha vendido decenas de miles de ejemplares. En el estudio, Esparza aparece también como otro de los ejemplos paradigmáticos de otro recurso identificado y que tiene que ver con explicar épocas pasadas usando ideas políticas actuales con el objetivo de “plantear la existencia de una continuidad histórica y política entre las personas del pasado y el presente” bajo el “anacronismo estrella” de “nosotros, los españoles”. La idea es hacer sentir partícipe al lector de una historia heroica de la que sentirse orgulloso como una forma de “intentar que España siga viva” en vista de que “puede dejar de existir” o “está en peligro de muerte”, como dice Marcelo Gullo en Nada por lo que pedir perdón.

Todo ello sirve a los firmantes del trabajo para concluir que este fenómeno, que reproduce relatos que “no siempre están en consonancia con el consenso académico y científico”, tiene por objetivo el uso de la historia “como arma política” y como efecto, “una ola de desinformación creciente y preocupante”.

Mujeres que denuncian por interés, que van “a la caza” de las órdenes de protección, que “lavan el coco” de sus hijos para separarles de sus padres y que son “enemigas acérrimas” de la custodia compartida. A pesar de los datos y de la forma en que realmente se ejerce y se juzga la violencia machista, esta es la imagen que el juez David Maman Benchimol describió el pasado febrero en una ponencia organizada por el Colegio de Abogados de Madrid. No es un magistrado cualquiera: es el encargado de la denuncia por agresión sexual contra el exDAO de la Policía Nacional, José Ángel González, y es, además, titular en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº8 de Madrid.

Eso significa que Maman Benchimol se dedica en exclusiva a la violencia machista y que cada día recibe casos de mujeres que denuncian agresiones sexuales y maltrato –y sus hijos–. Sus palabras, publicadas por laSexta, son una sucesión de los mitos y estereotipos más extendidos y presentan el derecho de los padres a ver a sus hijos como derechos absolutos por encima incluso de la seguridad de madres y niños, a las que dibuja como manipuladoras que instrumentalizan los procesos en su beneficio.

Por eso las declaraciones han provocado la indignación de expertas, víctimas e incluso compañeras de profesión. “Solo desde unos profundos prejuicios de género se pueden hacer esas afirmaciones”, apuntan desde la asociación de Mujeres Juezas de España en un comunicado, en el que reclaman al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que tome medidas.

En su intervención, el juez asegura que “muchas” denuncias “enseguida se ve que no tienen demasiado sentido” porque las mujeres “intentan forzar una vía” para obtener una orden de protección, dice agitando el mantra de las denuncias falsas. “Se han otorgado tantas ventajas a una mujer para interponer una denuncia...”, afirma apuntando a la asistencia jurídica gratuita, reconocida en la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004 y que, por otro lado, tienen también las víctimas del terrorismo o de bajos ingresos. Tras señalar las supuestas “ventajas” que gana “la mujer” por denunciar, repite dos veces seguidas: “Pero ¿qué pierde?, ¿qué pierde?”

“Lo que dice es puro prejuicio machista y es muy grave que lo diga un titular de un juzgado. La primera falsedad es que el sistema induce a la denuncia, cuando es totalmente lo contrario. De hecho, lo que vemos en un sistema judicial que muchas veces no responde y revictimiza a las mujeres. Es insultante pensar que una mujer va a ir a comisaría a denunciar al padre de sus hijos y estar allí de cinco a siete horas más todo lo que implica posteriormente el duro proceso judicial por tener la posibilidad de un abogado gratis”, señala la abogada Eva Pérez Nanclares.

La infradenuncia es la norma

La realidad es que denunciar violencia machista es “difícil” para miles de mujeres que nunca llegan a hacerlo. “Es doloroso y costoso, ir a denunciar no es coser y cantar. Claro que pierden, pierden mucho, en parte por toparse con un sistema que reproduce mitos como estos”, añade la experta, que señala cómo, frente al tópico de mujeres frívolas y manipuladoras que denuncian para hacer daño al marido, “la mayoría” lo que sienten es culpa. “Vienen pensando que son las culpables de lo que está pasando y llegan a decir 'no quiero meterle en la cárcel'. Cuando una mujer acude al sistema es porque ya no puede más”.

De hecho, los datos apuntan a que, no solo no es que no haya un problema sistemático con las “denuncias sin sentido”, como afirma Benchimol, sino que la violencia de género es un tipo de delito extendido pero marcado por un alto nivel de infradenuncia. Según la última Macroencuesta de Violencia sobre la Mujer, de 2025, casi una de cada tres mujeres mayores de 16 años han sufrido maltrato por parte de alguna pareja, pero solo el 16,8% lo ha denunciado. En caso de la violencia sexual, tres millones de mujeres han sido víctimas, pero la proporción de las que han denunciado no alcanza ni el 5%.

La realidad es que, además, las órdenes de protección no se dan automáticamente y en muchos casos las denunciantes se topan con denegaciones. Así ocurrió con el 33% de las medidas solicitadas en 2024, según los datos del CGPJ, y también con buena parte de las que gestiona Benchimol, que ejerce como juez especializado en violencia machista desde 2011. De hecho, el magistrado rechazó ese mismo año la mayoría de las órdenes que le pidieron: el 69%, muy por encima de la media estatal. En 2023 negó el 65%. También se opuso a la petición de prohibición de comunicación que solicitó la denunciante del exDAO de la Policía Nacional, un tipo de caso –la violencia sexual– que desde finales de 2025 llevan también estos juzgados

Cira García Domínguez, jueza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 14 de Madrid, remarca que las órdenes de protección “no otorgan ventajas” a las denunciantes “sino derechos”. “No podemos olvidar que estamos hablando de contextos de violencia, en los que hay mujeres a las que hay que proteger, pero en todo caso, las decisiones se deben tomar en base a una valoración de la prueba. Que no haya fuerza probatoria suficiente no quiere decir, además, que sea mentira lo que denuncia”, explica.

La jueza lamenta el “efecto disuasorio” que este tipo de declaraciones pueden tener con otras víctimas. Es algo a lo que también hace referencia la Asociación de Mujeres Juezas, que subraya que estos actos “resultan tremendamente perjudiciales” y pueden suponer “una quiebra de la confianza” en el sistema judicial. “Causan un daño irreparable a la imagen de la justicia y una desazón y angustia en las víctimas que no merecen”, esgrimen las juezas, que también apelan a que los profesionales “no podemos apartarnos de los principios básicos del ordenamiento jurídico ni faltar al respeto a la ciudadanía” ni en el juzgado ni en actos institucionales o formativos.

Madres culpables

En la ponencia, que fue parte de una jornada formativa celebrada el 18 de febrero en Madrid, el magistrado critica que el Código Civil no permita establecer custodias compartidas en casos de violencia de género –un precepto que, por otro lado, afecta a todos los tipos de violencia hacia los hijos–. En este sentido, Benchimol da a entender que en los procesos judiciales “va pasando el tiempo”, los jueces “no podemos dar la custodia compartida” y ese momento es supuestamente aprovechado por las mujeres “para hacer el correspondiente lavado de coco” a su hijo y lograr que “se separa del padre progresivamente”. “Luego es muy difícil recuperar ese tiempo perdido”, añade.

Las expertas consultadas ponen el foco en cómo estas declaraciones revelan un “prejuicio muy instalado” que tiene que ver con la “manipulación e instrumentalización materna” de los hijos y con reducir la violencia de género a simples riñas o conflictos de pareja. “No estamos hablando de padres en una situación de divorcio, sino de padres violentos con sus parejas y sus hijos, que deben ser protegidos en base al interés superior del menor”, remarca Domínguez, para la que ese supuesto “lavado de coco” es una forma de hacer referencia al falso Síndrome de Alienación Parental, cuya aplicación está prohibida por la ley y por cuyo uso ha llamado la ONU la atención a España.

En la práctica, este tipo de discursos vienen a dar a entender que el rechazo de los menores hacia sus padres es siempre inducido por sus madres y no una respuesta lógica ante un riesgo. “No parten de la protección de los niños y niñas, sino de hacer pensar que las mujeres utilizan los procesos estratégicamente”, señala Pérez Nanclares, que hace referencia a “todo un conglomerado de leyes” con las que chocan las declaraciones del juez. “Lo grave es que no es cualquier persona, es él el que tiene que aplicarlas”, añade.

Sobre la custodia compartida, el magistrado también asegura que “la mujer es una enemiga acérrima” de la misma. “No entiendo yo esa animadversión”, afirma antes de apuntar hacia “la casa, el factor económico...[la mujer] piensa que [el hombre] ya no le va a pagar la pensión”. “Lo que dice es una barbaridad. Primero por la generalización y por asegurar que las mujeres usan los procesos para alargar custodias en su favor y por intereses incluso económicos. Pero para empezar, la pensión es un derecho de los hijos, no de ellas”, asegura Pérez Nanclares. Más aún, la realidad es que no son pocas mujeres las que deben enfrentarse a procesos por impago de alimentos, algo que hasta el Tribunal Supremo ha calificado como “violencia económica”.

En otro de los momentos de la intervención, el juez también sostiene que, en estos casos, “la madre quiere asumir y asumir porque solo ella se considera buena madre” y sostiene que “tiene la idea” de que un hombre que ha ejercido violencia contra ella “también va a maltratar al niño” y por eso “no se fía de él”. Domínguez insiste en que no se trata de “un pensamiento o desconfianza” de las mujeres, sino que desde 2015 la ley reconoce que los hijos e hijas de las mujeres que han sido maltratadas son también víctimas directas de esa violencia y por eso “debe garantizarse su protección”. “No es que las madres quieran asumir, ya les gustaría a ellas contar con padres igualitarios que no maltraten. Esto es culpabilizarlas a ellas y eximirles a ellos”, dice.

Varias organizaciones de mujeres han reaccionado a las palabras del magistrado, entre ellas las Madres Protectoras de Madrid y Stop Violencia Vicaria, que denuncian que estos hechos “no son casos aislados, sino un patrón” vinculado a resoluciones judiciales en las que “pese a existir denuncias o procedimientos abiertos se imponen custodias compartidas o regímenes de visitas” o se usan “teorías sin base científica” como el SAP “para poner en duda nuestra credibilidad”. “En sala, muchas de nosotras hemos sido cuestionadas, desacreditadas y tratadas con hostilidad”, aseguran sin nombrar a Benchimol, pero denunciando sus palabras a través de las “prácticas judiciales” que aseguran haber vivido.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se ha dirigido al Consejo General del Poder Judicial para pedirle que investigue y, en su caso, imponga un expediente disciplinario al juez David Maman Benchimol por sus declaraciones en las que afirma que las mujeres van “a la caza de la orden” de protección o que tienen “ventajas” para denunciar violencia machista. Sus palabras “resultan manifiestamente incompatibles con los deberes de imparcialidad, respeto y sujeción al ordenamiento jurídico que rigen la función jurisdiccional”, esgrime en el escrito que la delegada Carmen Martínez Perza ha dirigido al organismo.

El ministerio considera que el magistrado, que se pronunció así en unas jornadas formativas organizadas por el Colegio de Abogados de Madrid el pasado 18 de febrero, puede inclurrir en una falta grave prevista en el artículo 418.5 de la Ley del Poder Judicial, que tipifica “el exceso o abuso de autoridad o de consideración respecto” de los profesionales de la Justicia. “Asimismo, las manifestaciones realizadas podrían encuadrarse en el incumplimiento del deber de abstención de prejuicios y de mantenimiento de la apariencia de imparcialidad exigible a todo miembro de la carrera judicial”, añade.

La carta también reclama al CGPJ que “valore el impacto” de las declaraciones del magistrado, que se encarga del caso de la denuncia por agresión sexual contra el exDAO de la Policía, José Ángel González, “en la garantía de los derechos de las víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas, así como de las víctimas de violencias sexuales, conforme al ordenamiento jurídico nacional y los estándares internacionales aplicables”.

El juez asegura en su ponencia, que puede verse en un vídeo publicado por La Sexta, que “muchas de ellas [de las denuncias] se ve enseguida que no tienen demasiado sentido” porque intentan “forzar una vía” para obtener una orden de protección. “Ese es el tema, es a la caza de la orden. Pero es que yo lo entiendo, porque se ha otorgado tantas ventajas a una mujer para interponer denuncia...”, añade antes de calificar a “la mujer” de “enegima acérrima” de las custodias compartidas y de acusarla de instrumentalizar el proceso judicial para “lavar el coco” a sus hijos en contra del padre.

Martínez Perza, jueza de profesión, escribe en la carta que las afirmaciones de Maman Benchimol “no constituyen meras opiniones aisladas” sino que son parte de una serie de “prejuicios estructurales, estereotipos de género y posicionamientos ideológicos” que, a su juicio, tienen efectos: “Afectan directamente a la percepción de imparcialidad del órgano judicial y comprometen la confianza pública en la Administración de Justicia, especialmente en un ámbito tan sensible como la violencia de género”. El magistrado es titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid, uno de los 121 órganos de este tipo que hay en España, dedicados en exclussivo a la violencia machista.

El Ministerio de Igualdad enumera en su carta lo que a su juicio evidencian las palabras del juez: desde la “trivialización” de la violencia de género “y de los mecanismos de protección” a la “absoluta falta de perspectiva de género y la reproducción de estereotipos contrarios al principio de igualdad” de la Constitución. Además, señala la “asunción implícita” de teorías sin aval científico como el Síndrome de Alienación Parental, prohibido por ley, cuando el magistrado habla de que las madres “lavan el coco” a sus hijos, todo ello en procesos de violencia de género, que son los que lleva este juez.

También hace referencia en su escrito a la “falta de reconocimiento” de los menores de edad “como víctimas directas de la violencia de género, en contradicción con el marco normativo vigente” como lo reconocido en la Ley Integral contra la Violencia de Género. Maman Benchimol también se refirió a las mujeres trans como un “hombre con apariencia de mujer, un transexual”, ante lo que Igualdad le señala por reproducir “una actitud tránsfoba” al estar “negando o deslegitimando la identidad de género de las personas trans”, añade el texto.

La delegada define como “especialmente grave” la difusión de este tipo de afirmaciones en una jornada formativa “al contribuir a perpetuar prácticas contrarias a los estándares de protección de derechos humanos, pudiendo incidir negativamente en la actuación de otros operadores jurídicos y en la confianza de las víctimas en el sistema judicial”. Esto, prosigue, “puede constituir una forma de violencia institucional”.

Stella Maldonado sigue desde hace años cualquier pista que encuentra sobre su abuela, una de las miles de víctimas represaliadas por el franquismo. Como si de un puzzle se tratara, va intentando unir las piezas de aquí y de allá para intentar recomponer una historia silenciada cuyo rastro documental, como ocurre en todos los casos, está desperdigado por diferentes archivos. Uno de ellos es el Archivo General del Ministerio del Interior (AGMI), del que ha recibido el expediente penitenciario del paso por la cárcel de su abuela con muchos de los nombres propios y firmas del documento borrados.

No es un caso excepcional, sino la práctica habitual de un archivo que custodia miles de fondos sobre la represión franquista al que acuden regularmente investigadores y familiares de víctimas. Un grupo de ellos llevan unas semanas impulsando una petición al Gobierno para reclamar la “apertura” del archivo, sobre el que denuncian “censuras y malas prácticas” aplicadas sobre la documentación cuando intentan consultarla. A Stella, el expediente de su abuela le llegó más de un año después de hacer la solicitud oficial, algo que no le ha pasado en ninguno de los otros archivos a los que ha pedido información.

El expediente carcelario de su abuela, Matilde Sánchez Álvarez, que fue detenida en abril de 1939 en Madrid junto a otros familiares, detalla las entradas y salidas de la prisión de El Escorial en días puntuales, por ejemplo para asistir al Consejo de Guerra que la condenó por sus “ideas izquierdistas”. Cada una de las anotaciones aparece como un breve registro fechado y firmado por la autoridad correspondiente, pero son algunas de estas firmas (por ejemplo, la de “El oficial”), las que aparecen cubiertas con un borrón blanco, impidiendo su lectura. También el archivo ha ocultado las palabras que siguen a las expresiones “se une al expediente de”, en lo que parecen los nombres de otros represaliados.

“No tengo ningún interés en ir a conocer a los descendientes del oficial que firmó su entrada en la cárcel ni nada parecido, pero no es comprensible que hagan esto. Investigar la historia familiar es buscar una aguja en un pajar y esto dificulta tirar del hilo”, traslada Stella, cuya única finalidad es “conocer” la vida de su abuela, que falleció con 95 años sin apenas hablar sobre su historia. Es también el objetivo de José Lázaro, que está indagando en la represión sufrida por su abuelo y su tío abuelo. Ambos pasaron por la cárcel de Porlier, siendo el primero fusilado en la tapia del cementerio del Este y el segundo, depurado de su profesión como policía leal a la República.

José pidió al AGMI la documentación en junio de 2023 y la recibió casi dos años más tarde, en marzo de 2025, también con varios nombres borrados. En el caso del expediente de depuración de su tío abuelo, están ocultos otros policías represaliados y algunos afines al régimen, como los de los funcionarios del Cuerpo de Investigación y Vigilancia o el del Jefe del Negociado de Orden Público de Salamanca, del que asegura el documento que fue, junto a su grupo, el “único” que dio “sensación de trabajo” en 1936 frente a aquellos de “significación marxista comunista”. En el caso de su abuelo, el expediente carcelario ha suprimido la firma de “El director”, que autoriza su última salida de prisión el 24 de junio de 1939 para ser fusilado.

Es un modus operandi que también afecta a los historiadores, que denuncian “dificultades persistentes en el acceso” a los fondos y han iniciado una recogida de firmas para reclamar a Interior que les ponga fin. La situación con este archivo es conocida y comentada en círculos de investigadores desde hace tiempo y en las últimas semanas ha tomado fuerza tras ser hecha pública en una tribuna en este medio y en un reportaje de la Cadena Ser. Y es que la problemática trasciende la ocultación de nombres: se suma también que las solicitudes son atendidas “con grandes retrasos”, no se pueden hacer consultas presenciales y no se ponen a disposición de los investigadores los llamados instrumentos de consulta, que en la práctica son catálogos que permiten saber qué hay y qué se puede pedir en cada archivo.

“Todo ello obstaculiza y bloquea investigaciones y frena el conocimiento de víctimas y victimarios. La identificación de personas son muy importantes para avanzar en estudios históricos”, esgrime Mario Lozano, de la Universitat de Barcelona, que hace referencia a la importancia de los fondos del archivo, todos los relativos a algunos órganos importantes del aparato represivo de la dictadura. El investigador trabaja sobre política local durante el franquismo y sabe que la dirección general de política interior realizaba un seguimiento muy estrecho sobre sus alcaldes. Sin embargo desconoce qué documentación se conserva sobre esto porque “no deja acceder a los instrumentos de descripción”, denuncia. “Es un principio básico de transparencia y es necesario porque lo contrario es ir a ciegas”.

Una regulación “hiperrestrictiva”

A la recogida de firmas impulsada por los investigadores se ha adherido esta semana la Asociación de Historia Contemporánea, la más importante del sector, y el asunto ya ha llegado al Congreso a través de una proposición no de ley presentada por ERC que ha sido aprobada este martes en la Comisión de Interior con los votos en contra del PP y Vox. La iniciativa traslada algunas de las reclamaciones de los investigadores, entre ellas, que se transfiera la documentación histórica que posee el AGMI a los archivos históricos competentes “en cumplimiento de la normativa archivística vigente”.

Según la propia instrucción del Ministerio que regula las normas de sus archivos, el AGMI no debería custodiar documentación que supere los 30 años de antigüedad, sino que esta debería estar en posesión de archivos históricos como el Archivo General de la Administración (AGA), situado en Alcalá de Henares. Archivos en los que no se aplican este tipo de restricciones, según apuntan varios investigadores. De hecho, tanto José Lazaro como Stella tienen en su mano los sumarios que condenaron a sus respectivos abuelos, procedentes del Archivo General e Histórico de Defensa, con todos los nombres visibles.

Preguntado al respecto, Interior rechaza que tapar algunos nombres sea “censura”, sino que “se aplica con rigor y objetividad la normativa, que contempla restricciones de acceso en garantía de otros derechos e intereses legalmente protegidos”, apuntan fuentes del Ministerio haciendo referencia a varias legislaciones como la Ley del Patrimonio Histórico Español o su instrucción de 2006. Esta apunta a la “despersonalización de datos” en caso de que se vea afectada “la intimidad” de las personas. En todo caso, Interior asegura que las solicitudes recibidas por familiares al amparo de la Ley de Memoria Democrática “se están resolviendo con el más amplio criterio de acceso”.

Este martes, el ministro Fernando Grande Marlaska ha respondido una pregunta de EH Bildu en el Senado sobre esta situación y ha negado “opacidad” o “voluntad restrictiva” en el acceso al archivo. Además, ha anunciado que el Ministerio ha iniciado la tramitación para la digitalización de un millón de documentos de fondos penitenciarios y policiales hasta 2028.

Por regla general, el acceso a documentos que contengan datos personales debe ser libre una vez pasados 25 años del fallecimiento de la persona o 50 desde la fecha del documento, un supuesto que sí afectaría a los expedientes relativos al régimen de Franco, de cuya muerte se ha cumplido medio siglo este pasado noviembre. Además, la Ley de Memoria Democrática reforzó la prevalencia del interés científico e histórico, sobre todo en el caso de que quienes consulten sean víctimas o familiares de represaliados, para los que ni siquiera debería contar el plazo de 25 y 50 años.

“Es sangrante porque en muchos casos hablamos de documentos de los años de la guerra o inicios de la dictadura”, apunta Lozano. Sin embargo, la instrucción de 2006 detalla que algunos fondos están sujetos a un “régimen específico de acceso” más allá de la regla general, es decir, en los que Interior “despersonaliza” referencias sin importar su antigüedad, entre ellos los que contengan datos personales “de carácter policial” o “procesal”.

Ante ello, los investigadores hacen referencia a una “regulación interna obsoleta” que aplica un enfoque “extremadamente restrictivo” y que “choca con el marco legal actual que ha reforzado el derecho de acceso a la información pública”, señalaba un grupo de historiadores capitaneado por Ángel Viñas en la tribuna publicada en elDiario.es. Henar Alonso, archivera del Archivo General Militar de Ávila, apunta también a una “interpretación hiperrestrictiva” de una ya de por sí “compleja legislación sobre acceso a la información pública” que, a su juicio, el archivo de Interior podría aplicar de forma “más aperturista y flexible”, como hacen otros archivos.

Al igual que Stella y José Lázaro, Carlos Mañes también recibió del Archivo de Defensa las cinco causas que los franquistas abrieron a su abuelo Santos, que fue ejecutado en octubre de 1940, sin ningún tachón. Pero los documentos que le envió Interior tienen muchos nombres tachados: desde los de otros represaliados a los de secretarios judiciales, jueces o funcionarios que firman los oficios. “Me parece una vergüenza, estamos hablando de hechos que ocurrieron hace casi 90 años”, señala Carlos, que también denuncia el “retraso” con el que recibió el expediente, más de un año después de pedirlo.

Lozano describe cómo la suma de “obstáculos” provoca que, en muchos casos, haya investigadores que “están meses y meses esperando” a que les respondan para que después “les digan que no tienen lo que han pedido”, dice en referencia a la falta de un catálogo. Eso a pesar de que el Real Decreto de 2011 que regula los archivos establece el plazo de un mes para resolver y adoptar la consulta. A este respecto, fuentes del Ministerio del Interior apuntan al “elevado número de solicitudes y su complejidad” como circunstancias que “pueden demorar en ocasiones las resoluciones”.

El traslado de cajas

La recogida de firmas que están impulsando los historiadores reclama al AGMI que “simplifique el procedimiento de solicitud” de los fondos y “vele” porque se resuelvan en plazo. Además, solicita que se “normalice” la consulta presencial en el archivo, algo que no ocurre a pesar de que es una práctica habitual para los investigadores. La petición principal es, sin embargo, que se produzca la transferencia de la documentación al Archivo General de la Administración (AGA), dependiente del Ministerio de Cultura, que en los últimos 25 años solo ha recibido dos traslados de fondos –529 cajas en 2001 y 1.300 en 2011–.

Según explican fuentes de Interior, su archivo traspasa documentos “a medida que son requeridos y de acuerdo a la reserva de espacio que se le comunica” y señalan que en 2025 se acordó con el AGA una transferencia de 6.300 nuevas cajas que aún está pendiente “a la espera de la fecha definitiva que le comunicaría” el archivo dependiente de Cultura. Estas mismas fuentes recalcan que no fue hasta el pasado 27 de marzo cuando el AGA “informó” de que se podía proceder a la transferencia a partir de este 20 de abril.

Fuentes de Cultura dan otra versión diferente y afirman que todos los ministerios “están informados de que pueden enviar fondos” y de que “hay espacio para ello”. En el caso de Interior, aseguran que en 2024 “se le comunicó oficialmente” que podían mandar las cajas, pero “no contestaron, a diferencia de otros ministerios”. En 2026, prosiguen, “se les ha recordado y ahora sí han dicho que van a mandar”. Las mismas fuentes remarcan que “hay un acuerdo firmado en 2021” con el ministerio para que envíe los documentos relativos a la cárcel de Carabanchel, símbolo de la dictadura. “Hay un kilómetro lineal disponible para esto, pero no lo han hecho”, añaden. A esto también responde Interior con un planteamiento opuesto y señala que fue “el AGA el que estableció la transferencia de estos fondos para 2031”.

De momento, las cajas ya trasladadas o que lo van a ser próximamente no llegan a ser ni el 10% del total de los fondos pendientes de traspasar.

La orden era esperar a que a un hombre se le cayera un periódico al suelo. Dentro estaban los pasaportes que alguien había preparado para Enriqueta Millán y sus dos hijos, de 9 y 13 años. Unos días después, coincidiendo con el Corpus Christi de 1946 –el 20 de junio–, cogieron el tren desde Barcelona, donde vivían, hasta Puigcerdá. Allí un enlace les esperaba para ayudarles a cruzar el kilómetro y medio que les separaba de la localidad de Bourg-Madame. Habían atravesado la frontera y estaban en Francia, donde se reunirían con Luis Robles Francisco, su marido y padre, al que llevaban siete años sin ver.

“Mi madre, que era una niña, dejó escrito con todo lujo de detalles cómo fue. En su carta cuenta, por ejemplo, que si sus corazones se hubieran escuchado cuando subieron al tren, les habrían delatado ante la Guardia Civil de lo fuerte que latían. También habla de su padre, un hombre de rasgos 'duros' que era para ella prácticamente un desconocido por todo el tiempo que había estado sin él”, explica Sonia Isabel Garófalo Robles, la nieta de Luis, que falleció en abril de 1984.

Es una de las dos hermanas argentinas que acaban de interponer una querella por el caso de su abuelo, que en febrero de 1939 huyó a Francia para escapar de la represión franquista. Se trata de la primera acción judicial por exilio forzado iniciada en España, un fenómeno al que fueron empujadas miles de personas durante la Guerra Civil y la dictadura. Las nietas de Luis han viajado desde Argentina, donde viven y a donde se trasladó la familia desde Francia, para ello. Si decenas de españoles han acudido a la Justicia argentina para intentar que se juzguen los crímenes del franquismo, ellas han decidido hacer el camino de vuelta.

Luis fue una de las miles de personas que salieron de Barcelona tras la toma de Catalunya por los sublevados, una de las mayores oleadas de exiliados que se registraron. De profesión yesero y natural de Berga (Barcelona), ya antes de la guerra era activo políticamente y en 1923 se afilió a la CNT-FAI. Con el golpe de Estado franquista y el estallido del conflicto, ingresó en el ejército republicano, donde llegó ser comisario y a combatir en Aragón y Mallorca. Con 36 años, huyó del país. “Lo hizo para conservar su vida, pero también sus ideas y seguir con su actividad antifascista”, remarca Sonia, que lleva dos décadas recopilando información sobre su historia familiar hasta construir un pequeño archivo personal en el que casi cada paso dado por su abuelo está escrito.

Entre los documentos que conserva está la correspondencia que mantuvo como enlace político entre Francia y España, cartas, fotografías y la documentación relativa a su militancia y su exilio. Como muchos otros españoles, ya en territorio francés fue encerrado en los campos de Argelès-sur-Mer, Saint Cyprien y Le Vernet, donde sufrió duras condiciones de vida. Durante la Segunda Guerra Mundial fue reclutado por la Organización Todt, creada por la Alemania nazi para usar mano de obra forzada en diferentes construcciones. Luis fue obligado a trabajar para erigir caminos en la Francia ocupada, pero según cuentan sus nietas logró escapar y pasó a integrar el llamado “Batallón del Río”, una unidad de la guerrilla formada por libertarios españoles que se sumaron a la Resistencia Francesa contra los nazis.

El periplo que atravesó Luis ha llevado a las hermanas a viajar desde Buenos Aires esta semana para interponer la querella. “Sentimos que es una obligación moral, por nuestro abuelo y nuestra madre, por toda la familia. Ella fue una testigo viviente de todo lo que ocurrió, de todas las aberraciones que tuvieron que vivir. Pero también es una cuestión de justicia con el pueblo español que sufrió unos crímenes que aún no se han juzgado. En Argentina pudimos sentar a los responsables de la dictadura en el banquillo, pero España tiene una deuda muy grande con su sociedad que aún no ha saldado”, explica Silvia.

El exilio de su abuelo rompió a la familia durante siete años y la marcó para siempre, apuntan ambas. La pareja tenía tres hijos, su madre, su tío Luis y una tercera hermana que falleció con 16 años por una brucelosis “no atendida”. La represión franquista se dirigió también contra ellas, quienes se quedaron en Barcelona: cuenta Sonia que su abuela Enriqueta y su madre tenían una tapicería en el centro de la ciudad de la que los golpistas les “despojaron” y que hoy es un bar “enorme y precioso”. También recuerda cómo les contaban los “allanamientos” que sufrían en casa y de madrugada por miembros de Falange. “Daban la vuelta a la vivienda y abusaban de ellas. Como no podían encontrar a mi abuelo, lo pagaron con las mujeres”.

A Luis le buscaron las autoridades franquistas durante varios años. De hecho, abrieron contra él un proceso sumarísimo en el que le acusaban del delito de “auxilio a la rebelión” por militar en la CNT, portar armas en los primeros días del “Movimiento Nacional” y combatir en el frente. Fue declarado en rebeldía al encontrarse en Francia, pero entre los documentos que guardan sus nietas se ve cómo su mujer Enriqueta fue interrogada en el proceso. La mujer declaró que le vio por última vez el 23 de enero de 1939 y que, al cabo de un mes y medio, recibió una carta suya en la que afirmaba que “no sintieran pena por él porque estaba en Francia trabajando”, según consta en la declaración.

Consecuencias que se heredan

La querella presentada de forma telemática por las hermanas en Barcelona, que ha contado con el apoyo jurídico de CEAQUA, se dirige contra la totalidad de miembros del Ejército que el 18 de julio de 1936 se sublevaron contra la República, contra todos los hombres que formaron parte de los sucesivos gobiernos de la dictadura y contra los cuatro jueces instructores del Juzgado Militar que procesó a Luis en 1940, todos ellos fallecidos. Jacinto Laura, abogado de CEAQUA, explica que los hechos se califican como crímenes de lesa humanidad, como es la deportación o traslado forzoso de personas mediante “actos de coacción”, como reconoce el artículo 607 bis del Código Penal.

Todo ello formando parte de un “ataque generalizado y sistemático contra amplios sectores de la población del Estado español”, añade el letrado, que sostiene que aunque la responsabilidad criminal de los señalados en la querella “esté extinta” porque han muerto, la Justicia “tiene la obligación de investigar y, en su caso, establecer una verdad judicial”. Eso es lo que buscan Sonia y Silvia, que han renunciado a reclamar algún tipo de medida o compensación económica: “Queremos forzar al Estado español a que investigue, a que se ponga sobre la mesa y se visibilice”, apunta Sonia.

Los efectos del exilio no solo impactaron en quienes lo vivieron. Ambas hermanas hablan de consecuencias “heredadas” que han visto y experimentado en la familia desde que nacieron en Avellaneda, una ciudad de la provincia de Buenos Aires, a donde sus abuelos y su madre se trasladaron desde Francia. Silvia recuerda “un montón de situaciones personales” que vincula al “daño emocional y físico” que padecieron, sobre todo su madre y su abuela, víctimas de agresiones sexuales por parte de las milicias que entraban en su casa. “Cada una lo sobrellevó como pudo, pero a nosotras también se nos transmitieron algunas fobias y estados de alerta que hemos trabajado”, dice.

La familia decidió salir hacia Argentina en 1952, después de que Luis intentara sin éxito lograr la nacionalidad francesa y después de que la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial no supusiera, como él y muchos otros pensaban, la liberación de la España fascista. Ya nunca abandonaron Argentina, donde vivieron varios años después la dictadura militar de Jorge Videla en la que un tío de Silvia y Sonia fue asesinado y hecho desaparecer. Recuerda una de ellas que su abuelo “mantuvo un silencio” durante aquellos años, al igual que su abuela: “Decían 'pasamos dos guerras, sufrimos, perdimos hijos, lo perdimos todo... No vamos a seguir perdiendo'”, parafrasean.

Pero las nietas siguieron con la militancia política y aún hoy defienden con determinación sus ideas, heredadas en casa, frente a un contexto global “marcado por la vuelta del fascismo”, diagnostica Silvia. Su forma de pensar es, dicen, lo más valioso que les transmitieron sus padres y sus abuelos. Su madre murió en 2021. “Estarían orgullosos de nosotras. Dirían 'tan mal no lo hemos hecho'”, dicen sobre qué pensarían ellos sobre su viaje de más de 10.000 kilómetros para buscar justicia. “Nuestro abuelo decía mucho que no olvidáramos que somos españoles, que no vinimos a Argentina porque quisimos o lo decidimos. Fue una expulsión. Es algo que mantuvo vivo hasta el último día de su vida y nosotras lo tomamos y seguimos adelante”.

Más de la mitad de las personas LGTBI han experimentado en el último año algún incidente de odio y rechazo por pertenecer al colectivo. Así lo revela un nuevo estudio presentado este jueves por la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+), que en base a encuestas a 800 personas realizadas a inicios de 2026 por 40dB, dibuja una radiografía actual sobre la discriminación y violencia que siguen sufriendo quienes son LGTBI. A pesar de los avances en derechos de los últimos años, persisten y, a ojos de la FELGTBI+, también amentan las situaciones de rechazo en una especie de “paradoja social” sobre la que la organización quiere llamar la atención.

El informe Estado del odio 2026 destaca que un 54% de las personas del colectivo declaran haber sido víctimas de agresiones, acoso o discriminación, una “proporción significativa” que continúa enfrentándose a este tipo de ataques: un 36% aseguran haber sufrido acoso, seguido de la discriminación (29%) y agresiones físicas (22%). Sin embargo, no son situaciones que suelan producirse de forma aislada, sino que un gran número de encuestados declara haber sido víctima de más de una, alcanzando el 11% en el caso de quienes han experimentado las tres.

El objetivo del análisis es “mostrar la arquitectura del odio en cifras”, según apunta el estudio, que “refleja que los discursos de odio han encontrado grietas por las que calar en la sociedad” a pesar de que “la mayor parte de la sociedad rechaza la discriminación”. El informe, elaborado por la FELGTBI+ y el Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP) del CSIC, destaca una estabilización de los indicadores respecto a 2025, la edición anterior del informe, pero las cifras ya sufrieron un “gran aumento” ese año con respecto a 2024, lo que lleva a la organización a hablar de un fenómeno “en auge”.

Entre los incidentes calificados como acoso, se encuentran los insultos y trato degradante, que ha denunciado un 17% de los encuestados, seguido del aislamiento y rechazo (13%) y de las amenazas, chantaje o coacciones. El 6% asegura haber sufrido agresiones físicas leves como agarrones o empujones mientras que un 4% ha sido víctima de ataques de mayor intensidad. Por su parte, el 4 y el 5% declaran haber sufrido agresiones sexuales con violencia o con intimidación respectivamente. Un 9% asegura que se le ha negado el acceso a un derecho por ser LGTBI y un 7% dice haber experimentado un “trato desigual” en el trabajo por esta misma causa.

La violencia online

El informe pregunta por primera vez por la violencia en los entornos digitales, donde un 44% de las personas encuestadas asegura haberla sufrido. El estudio hace referencia a las características propias de las redes sociales y al contexto social y político para llamar la atención sobre un espacio que está reproduciendo “hostilidad” hacia la comunidad LGTBI. En parte, analiza la publicación, por la presencia y expansión en Internet “de comunidades que promueven discursos antifeministas o antiLGTBI”, así como la “articulación” de “respuestas colectivas” que pueden derivar en “hostigamiento coordinado”.

Los insultos constituyen la forma más frecuente de ataque a las personas LGTBI, algo que reporta un 18% de la comunidad, pero también el aislamiento y el rechazo (13%). Instagram es la red social que mayoritariamente señalan las víctimas como espacio en el que ocurrieron estos hechos, seguida de X y Facebook. Aún así, el estudio llama la atención sobre la posibilidad de que esta variable esté condicionada por el mayor o menor uso de cada una de las plataformas, aunque apunta a que Whatsapp, que es la más utilidada, concentra solo el 10% de los casos.

El informe analiza el perfil de las víctimas y apunta a que el rechazo y la discriminación no se distribuye de forma uniforme, sino que “afecta de forma más intensa a las personas en mayor situación de vulnerabilidad”, explica María Rodríguez, responsable de investigación de la FELGTBI+. Así, las personas trans son quienes reciben una mayor proporción del odio en todas sus manifestaciones, con datos como que el 52% de ellas han sufrido una agresión física en el último año, más del doble de la media del resto del colectivo.

El estudio también ahonda en el “efecto multiplicador” de la interseccionalidad que se traduce en datos como que tener una discapacidad eleva el riesgo de sufrir una de estas situaciones en unos 20 puntos porcentuales. Además, ser una persona racializada o pertenecer a alguna “minoría religiosa” hace que el acoso sufrido pase del 30% de media para quienes no pertenecen a estos grupos a un 70%. También las pesonas jóvenes y quienes viven en hogares de menos de 1.000 euros al mes tienen una mayor exposición a casi todas las formas de rechazo y exclusión.

Más allá de las experiencias personales, la investigación también ha analizado cuál es la percepción de la situación por parte de las personas LGTBI y concluye que la idea de que el odio ha aumentado se ha incrementado desde 2024. “En 2026, la tendencia hacia una creciente percepción de que la situación ha empeorado se acentúa”, señala el estudio, que apunta a una visión “negativa y pesimista” que es “generalizada” y extensiva tanto al acoso como a la discriminación o las agresiones físicas. En todos los casos, el porcentaje de personas que aseguran que la situación es peor supera al menos en 8 puntos a quienes lo dijeron en 2024, sobre todo en lo relativo al acoso: entonces, lo pensaba un 27% y ahora un 40%.

Dos hermanas han presentado en Barcelona la primera querella que se interpone en España por exilio forzado tras el golpe de Estado franquista de 1936. Las nietas de Luis Robles Francisco, militante de CNT-FAI convertido en comisario político del Ejército del Ebro republicano, han impulsado la querella para reclamar una investigación por la huida de su abuelo, que se exilió a Francia en febrero de 1939 para escapar de la represión tras la entrada de los franquistas en Catalunya.

“Fue una situación tremenda para la familia y queremos que el Estado español se vea obligado a investigar de una vez por todas hasta las últimas consecuencias”, ha señalado Silvia Garófalo Robles. Al igual que otros muchos exiliados, tras salir de España, su abuelo, que vivía en Barcelona, fue encerrado en los campos de concentración de Argelès-sur-Mer, Saint Cyprien y Le Vernet, donde sufrió duras condiciones de vida. Posteriormente sería reclutado por una empresa vinculada al régimen nazi para hacer trabajos forzados. Logró escapar y se integró en el llamado “Batallón del Río”, formado por anarquistas y libertarios que ejercieron acciones durante la Segunda Guerra Mundial.

Tiempo después, establecido en Niza y ya habiendo logrado reunirse con su familia –su mujer y sus hijos, que lograron pasar a Francia en 1946–, Luis intentó lograr la ciudadanía francesa, pero no lo consiguió. Entonces la familia se trasladó a Buenos Aires, donde nacieron sus nietas y de donde se han trasladado esta semana para interponer la querella en los tribunales españoles. “Nuestro abuelo tuvo un exilio forzado, pero fue un doble exilio, en Francia y Argentina, porque era imposible para él regresar a España”, ha apuntado Silvia ante los medios de comunicación.

Una verdad judicial

La querella ha sido presentada ante los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Barcelona y califica los hechos como crímenes contra la humanidad, según ha explicado Jacinto Lara, abogado de CEAQUA, que presta el apoyo jurídico. Se dirige contra “la totalidad de los miembros” del Ejército que dieron el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, contra quienes formaron parte de todos los gobiernos durante la dictadura y contra los cuatro integrantes del Juzgado Militar que procesó a Luis Robles por un delito de auxilio a la rebelión, todos fallecidos.

“Somos muy conscientes de que la responsabilidad criminal de los investigados ha quedado extinguida como consecuencia de su fallecimiento, pero desde CEAQUA entendemos que se debe desplegar una investigación en el orden judicial penal”, señala Lara, que recuerda que el objetivo es el establecimiento “de la verdad judicial y de las responsabilidades de los hechos que son objeto de denuncia”. “Es una obligación en base al Derecho Internacional y así debe ser interpretado por nuestros tribunales”, ha señalado el abogado, que apunta a que, de esta forma, “se revertería parcialmente el modelo de impunidad” que la organización denuncia en España.

Más allá de la querella presentada por las nietas de Luis, el objetivo es también “rendir homenaje a todas las personas que fueron obligadas a abandonar su país como consecuencia del golpe de Estado fascista”, ha añadido Lara. “Buscamos justicia por nuestra historia y nuestra familia y también poner en agenda el por qué del exilio, que es eterno. Fue nuestro abuelo, nuestra abuela, nuestra madre y nosotras. Somos hijas y hemos vivido también las consecuencias”, ha continuado Sonia Garófalo Robles, que lleva dos décadas investigando en archivos la historia de su abuelo y que ha resaltado cómo su abuela y sus hijas se quedaron en Barcelona tras la huída de Luis.

La violencia ejercida por los sublevados desde 1936 provocó el exilio de cientos de miles de personas como el abuelo de Silvia y Sonia. En diferentes momentos y desde diferentes zonas de España, numerosas oleadas de personas salieron del país. Tras la invasión de Catalunya por parte del Ejército franquista, se suele cifrar en cerca del medio millón de personas las que se exiliaron. Alrededor de 9.000 fueron deportados a campos de concentración nazis, de los cuales más de la mitad murieron. A finales de 1938, cuando aún ni siquiera había acabado la Guerra Civil, las autoridades francesas contabilizaron 400.000 españoles en el país.

Con esta, son más de 150 las querellas presentadas por CEAQUA por crímenes del franquismo, 25 de ellas después de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática en 2022, pero la mayoría de ellas han sido archivadas, según ha cifrado Rosa García Alcón, portavoz de la organización. CEAQUA lleva años reclamando la investigación judicial de estos hechos y denuncia que “a día de hoy siguen manteniéndose de forma inequívoca las políticas de impunidad implementadas por el conjunto del Estado desde la época de la Transición”.

El Ministerio de Igualdad prepara un acto de homenaje a Dolores Vázquez, la mujer condenada injustamente en el año 2000 por el asesinato de Rocío Wanninkhof. La joven de 19 años había sido asesinada el 9 de octubre de 1999 cerca de Mijas (Málaga) y casi un mes después, su cuerpo aparecía desnudo y con varias puñaladas. La investigación se centró en la figura de Dolores Vázquez, expareja de su madre, que fue detenida y condenada sin pruebas. Pasó 17 meses en prisión. El caso dio un vuelco y la inocencia por la que clamó desde el principio quedó demostrada cuando cuatro años más tarde otra joven era asesinada por Toni King, el autor real de la muerte de Rocío.

El linchamiento mediático al que fue sometida Dolores, condenada mucho antes de que lo hiciera la sentencia, es considerado un ejemplo paradigmático de lesbofobia social e institucional. Varias voces han analizado cómo los medios de comunicación se basaron en prejuicios para construir una imagen de Dolores como culpable que influyó en la orientación del jurado popular que la condenó sin pruebas. De hecho, el juicio fue anulado en febrero de 2002 por “falta de motivación” y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ordenó repetirlo, pero nunca llegó a celebrarse de nuevo.

26 años después de su condena, el Ministerio de Igualdad quiere reconocer institucionalmente el daño que vivió y por eso celebrará un acto “simbólico” de reparación el próximo 27 de abril en su sede en Madrid, según confirman fuentes del mismo. Durante el evento, que contará con la intervención de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, el Ministerio entregará a Dolores Vázquez la Medalla a la Promoción de los Valores de Igualdad. Según apuntan fuentes del departamento, también se ha invitado a otros ministros como Félix Bolaños, de Justicia, sin que aún haya recibido confirmación. El año pasado, en un homenaje en Betanzos (Galicia), su pueblo natal, Vázquez reclamó una petición de perdón por parte del Gobierno.

La construcción de la asesina

Dolores Vázquez fue detenida el 7 de septiembre del año 2000 y entró en prisión preventiva tras una investigación en la que casi desde el inicio tanto la Guardia Civil como la familia de Rocío Wanninkhof apuntaron a que el culpable era alguien conocido y del entorno de la víctima. Desde entonces, mediática y socialmente comenzó a instalarse un discurso que presentaba a la acusada como una asesina despiadada desvirtuando para eso todo tipo de elementos, desde su supuesta personalidad a su físico, dibujándola como una mujer fría, calculadora y vengativa.

El hecho de que Dolores Vázquez fuera lesbiana y hubiera tenido una relación con la madre de Rocío, Alicia Hornos, tuvo un papel clave en el caso, según han estudiado voces como la de la activista feminista y escritora Beatriz Gimeno, que analizó profundamente esta variable en La construcción de la lesbiana perversa (Gedisa, 2008). En el libro, Gimeno hace un repaso por el tratamiento del caso y apunta a que Dolores Vázquez fue acusada, procesada y condenada por su orientación sexual “y nada de lo que sucedió hubiera podido suceder de la misma manera de haber sido heterosexual”.

El retrato de una mujer amenazante y masculinizada, con una gran fuerza –la suficiente para poder ella sola haber trasladado el cadáver de Rocío–, de carácter “frío” y “varonil” e incluso “dominador” llenó horas de televisión y páginas de periódicos con base en falsedades y exageraciones. Todo ello sirvió para convencer a la opinión pública, conmocionada por el caso, de que era culpable solo por “no encajar en los roles sexuales normativos” asociados a las mujeres, según ha escrito Gimeno. El móvil inventado para señalar a Dolores fue el de una mujer que se vengaba de la hija de su expareja por supuestamente considerarla el motivo de la ruptura con Alicia Hornos.

La familia de Rocío también sostuvo esta versión y con este convencimiento generalizado y erróneo, el juicio comenzó en la Audiencia Provincial de Málaga el 3 de septiembre de 2001. Sin pruebas y una acusación fiscal centrada en desacreditar personalmente a la mujer, un jurado popular que no fue unánime –dos personas votaron por su absolución–, la condenó a 15 años de prisión y al pago de una indemnización de 18 millones de pesetas. Ella siempre negó los hechos e insistió una y otra vez en que el único momento en que salió de casa aquella noche fue para comprar tabaco y tirar la basura.

La anulación de la condena

No hubo ninguna prueba física ni rastro de ADN ni testimonio que situara a Dolores Vázquez en la escena del crimen, pero una suma de supuestos indicios –entre ellos, su caracterización como una mujer celosa y violenta– sirvieron para condenarla. Su defensa recurrió y en febrero de 2002 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló la sentencia y ordenó repetir el juicio apuntando a que el fallo “no plasmó las bases lógicas para construir la conclusión inculpatoria” hasta el punto de que las explicaciones incluidas “no cumplen la exigencia con respecto a la prueba de los hechos”.

La sentencia determinó que el jurado popular condenó a la mujer sin explicar suficientemente su motivación, sin detallar “debidamente” los elementos que había tenido en cuenta. Frente a eso, el fallo afea al juez que debía haber devuelto el acta del veredicto al jurado y, de no hacerlo, estaba obligado él mismo a argumentar la condena que firmó, cosa que no hizo incurriendo en un “incumplimiento legal” de su exigencia. El tribunal insistió también en que la condena no fue producto de pruebas directas, sino de “inferencias o indicios” que “ni siquiera podemos conocer” porque no se reseñaron “debidamente”.

Dolores salió de la cárcel a la espera de un nuevo juicio, pero en este tiempo, Tony Alexander King asesinó a Sonia Carabantes. Su ADN estaba presente en las uñas de la joven y también en un cigarrillo encontrado junto al cuerpo de Rocío Wanninkhof. El británico fue condenado a 35 años de cárcel por el asesinato de Carabantes y a 20 por el de Wanninkhof. Dolores Vázquez había estado 519 días en la cárcel por error judicial. Después de lo ocurrido y ya en libertad, se fue a vivir fuera de España.

La Fundación Nacional Francisco Franco puede estar cada vez más cerca de su final. El Gobierno sigue con el plan de cerrar la organización franquista por excelencia y este martes el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha firmado la resolución que pone fin al procedimiento administrativo para dar paso a la Justicia, a la que el Ministerio ha dado traslado del expediente a través de la Abogacía del Estado, según ha anunciado el ministro ante los medios de comunicación este 14 de abril, aniversario de la proclamación de la Segunda República. Será un juez o jueza el que tome la decisión defintiva.

Según el ministro, se trata de un expediente “sólido” con el que considera “acreditado” que la fundación “no cumple con los fines de interés general” que deben perseguir las fundaciones y que “hace apología de Franco y del franquismo” además de promover actividades y mensajes que “suponen el menosprecio y humillación de las víctimas”, que son los requisitos que introdujo la Ley de Memoria Democrática en 2022 como causas de extinción de este tipo de organizaciones.

En junio de 2024 el Ministerio de Cultura dio inicio al procedimiento con el arranque de las actuaciones previas y hace seis meses se produjo la firma del acuerdo y su notificación a la fundación. Desde entonces, se han seguido todos los pasos previstos en la Ley de Fundaciones, con distintos periodos de alegaciones. El pasado marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó la petición de la organización para frenar de forma inmediata su ilegalización tras un recurso en el que solicitaba paralizarla como medida cautelar.

Con este paso, la autoridad judicial tendrá ya sobre la mesa la propuesta que puede dar el portazo a una fundación que lleva medio siglo –desde la muerte del dictador– exaltando su figura. Para llegar hasta este punto, el Ministerio de Cultura ha recibido informes de la Abogacía del Estado y de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que ha analizado más de 5.000 publicaciones en la web y redes sociales de la organización, así como sus apariciones en prensa desde 2018 hasta marzo de 2025.

“El procedimiento se ha desarrollado con todas las garantías desde su inicio”, ha apuntado Urtasun, que ha afirmado que “en dos ocasiones se ha dado trámite de alegaciones a la fundación” constituida en 1976 por, entre otras personas, la viuda del dictador, Carmen Polo. Según el ministro de Cultura, el expediente que tendrá ahora que evaluar un Juzgado de Primera Instancia es “riguroso y está bien fundamentado jurídicamente” y, aunque la decisión final está en manos de un juez, el Gobierno “considera que concurren de manera fehaciente las causas legales para su extinción”. “Estamos con la ley en la mano protegiendo la dignidad de las víctimas”, ha añadido.

Urtasun ha dado por hecho que la fundación “va a usar todos los resortes a su alvance para impedir que el proceso avance”, pero se ha mostrado “optimista” ante la futura resolución judicial. “En una democracia sólida no puede haber espacio para organizaciones que tratan de blanquear la dictadura y humillar a las víctimas”, ha insistido. El recurso que presentó en su momento la fundación alegó entre otras cosas la vulneración del derecho de defensa y argumentó que “no emplea ninguna expresión humillante o vejatoria” con las víctimas del régimen.

Fuentes de la misma apuntan a que el paso dado por el Ministerio de Cultura no les “extraña”. “El Gobierno liberticida que ampara y subvenciona a fundaciones separatistas y marxistas no pierde el tiempo en perseguir la libertad de opinión y expresión de los que no piensan como ellos. Es lo normal en dictaduras socialistas”, han trasladado, informa Javier Lillo.

En paralelo al proceso de extinción de la fundación, Urtasun también ha explicado que ha solicitado a la Abogacía del Estado que inicie la reclamación de los casi 30.000 documentos del archivo de la Fundación Franco tras constatar que se trata de documentación que fue consecuencia de “las funciones públicas” que desempeñó el dictador como jefe de Estado. Considera por ello el Ministerio en virtud de la Ley de Patrimonio Histórico Español que los documentos deben ser restituidos al Estado y conservarse en un archivo público.

La “glorificación” de Franco

La decisión del Gobierno de instar al cierre de la fundación se basa entre otros elementos en un informe encargado a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática con varias patas: el estudio incluye el análisis pormenorizado de las publicaciones de la funación, un estudio del catedrático de Derecho Constitucional Javier García Fernández y varias entrevistas a víctimas del franquismo para concluir en base a todo ello que se cumplen las condiciones previstas en la ley.

Los estudios destacan que casi todo su contenido está dedicado “a la exaltación del dictador y la dictadura” con componentes de “glorificación” a Franco y los símbolos del régimen. En base a sus estatutos, la organización presididad por el exgeneral Juan Chicharro tiene “una actividad principal” que es la de “difundir y promocionar el estudio del legado y las realizaciones” del dictador “entre 1936 y 1977”, lo que supone trasladar “una visión inequívocamente positiva”.

El acuerdo firmado por Urtasun resalta, además, “tres patrones” de humillación de quienes fueron sus víctimas o de sus familiares: su “descalificación”, la negación de los daños calificando de “mentira” o “farsa” episodios trágicos y la “apropiación y relectura sesgada” del pasado. Todo ello apunta a una “estrategia deliberada” de la fundación para “ridiculizar y deslegitimar” a quienes sufrieron la represión del régimen. El Ministerio también ha recabado un informe de la Abogacía del Estado que concluye que la resolución “es conforme a derecho”, consituyendo el último trámite necesario antes de instar a la Justicia.

Casi siete meses después de que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) reclamara a la presidenta del Congreso, Francina Armengol (PSOE), para que retirara los retratos de los presidentes de las Cortes franquistas de la Galería de Presidentes, ha anunciado que interpondrá una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra ella por “incumplimiento” de la Ley de Memoria Democrática. “Le exigimos retirar los honores a quienes llegaron al cargo nombrados por un sanguinario dictador”, ha dicho la asociación en un mensaje en X.

Según confirma el presidente de la ARMH, Emilio Silva, la denuncia será interpuesta el próximo 21 de abril tras los dos intentos en los que ha pedido por escrito a Armengol a través del registro de la Cámara Baja que tome la decisión de quitar estos cuadros. “Nunca nos han respondido. Es un insulto a las víctimas de la dictadura dar reconocimiento en los pasillos del Congreso a personas que accedieron al cargo después de un golpe de Estado y el uso de una terrible violencia cuyas consecuencias en muchos casos no están resueltas”, señala Silva.

Los retratos comparten espacio con el resto de quienes han presidido la institución en la Galería de Presidentes. Los de las Cortes franquistas que aparecen retratados son Esteban de Bilbao Eguía, líder de Comunión Tradicionalista durante la Segunda República y ministro de Justicia nada más terminada la Guerra Civil hasta 1943, Antonio Iturmendi Bañales, político carlista que también fue antes que presidente de las Cortes ministro de Justicia y Alejandro Rodríguez de Valcárcel, miembro de Falange en 1936, cuando se produjo el golpe de Estado franquista.

Durante la dictadura, Rodríguez de Valcárcel llegó a ser vicesecretario general de FET y de las JONS. La ARMH reclama también la retirada del cuadro de Torcuato Fernández-Miranda, que llegó a ser presidente del Gobierno en funciones del 20 al 31 de diciembre de 1973 y de las Cortes durante la Transición, entre diciembre de 1975 y junio de 1977.

Según apunta Silva, la asociación considera que mantener estos cuadros es una vulneración del artículo 40 de la Ley de Memoria Democrática, que reconoce que las administraciones deberán “revisar de oficio o retirar la concesión de reconocimientos, honores y distinciones anteriores a la entrada en vigor de esta ley” cuando constituyan “exaltación o enaltecimiento” de la sublevación franquista o la dictadura o bien “hubieran sido concedidas” por haber formado parte del régimen represivo.

El escrito presentado el pasado septiembre recordaba que “todos ellos fueron golpistas en 1936 y beneficiarios de la destrucción de la Segunda República”. “No es posible aceptar que quienes fueron dirigentes de la destrucción de la pluralidad y la libertad, que son principios básicos de un parlamento democrático, permanezcan retratados en esa galería”, reza la carta, en la que recuerda que las Cortes franquistas no fueron democráticas, fueron “monolíticas” y “cerraron sus puertas a quienes tenían otras ideas” al tiempo que “legislaron para la maquinaria que asesinó, torturó y aterrorizó a todas las disidencias políticas y morales”.

Mientras España estrenaba Constitución, prometía derechos y libertades dejando atrás una larga dictadura de cuatro décadas y respiraba una atmósfera efervescente y liberadora, Loli Gómez Benito pisaba por primera vez los fríos suelos del centro conocido como Peñagrande, en el que viviría hasta 1983 junto a otras jóvenes madres o embarazadas. Tenía 15 años y allí daría a luz a sus dos hijos, fruto de las violaciones continuadas de su propio padre. Fue él quien la entregó al Patronato de Protección de la Mujer, la institución que desde 1941 encerró en centros regentados por religiosas a las chicas consideradas 'inmorales' y que no detendría su actividad ni con la muerte de Franco.

Diez años más tuvieron que pasar desde el 20 de noviembre de 1975 para que estos reformatorios, de los que hasta hace poco apenas se hablaba, cerraran definitivamente. “Fue entrar en un infierno, en un mundo diferente. Para mí fue como si me hubieran metido en una película. No entendía por qué estaba allí”, cuenta Loli, que recuerda las “largas jornadas de trabajo” en los talleres a las que estaban obligadas, incluso estando embarazadas o habiendo dado a luz pocos días antes. “Yo no tenía ideas políticas en ese momento, pero el contraste con lo que había fuera era grandísimo”, añade.

Consuelo García del Cid, que pasó por varios reformatorios vinculados al Patronato y que se ha dedicado a investigarlo y a unir a las víctimas, estaba dentro de uno de los centros en Madrid gestionado por las Adoratrices cuando murió el dictador. “Nada cambió para nosotras”, dice recordando que aquel día las internas no trabajaron y se dedicaron “al luto y la oración”. Salió un año después, con 17, y prometió a sus compañeras que algún día contaría lo que habían vivido: “Yo estaba convencida de que con la muerte de Franco las cosas iban a ser diferentes. De hecho, hasta hice la maleta”, cuenta.

Pero no fue así y la larga trayectoria del Patronato de Protección a la Mujer se alargó hasta 1985, cuando ya gobernaba el socialista Felipe González. El organismo dependía del Ministerio de Justicia y durante el franquismo tenía la misión de fomentar la “dignificación moral de la mujer” en virtud de las normas del régimen, atravesadas por la religión católica. En la práctica, esto suponía que jóvenes consideradas rebeldes o que se desviaban de estos férreos mandatos –las llamadas “caídas o en riesgo de caer”–, podían acabar en uno de sus reformatorios tras ser denunciadas por la policía, sus vecinos o sus propias familias.

Disolución “por la puerta de atrás”

Su fin definitivo llegó con el Real Decreto del 1 de agosto que hacía efectiva la supresión presupuestaria de varios organismos decidida un año antes. Un “cúmulo de presiones sociales, políticas y mediáticas acabó precipitando” la caída de la institución, según explica la historiadora y autora de Redimir y adoctrinar. El Patronato de Protección a la Mujer (Crítica) Carmen Guillén, que describe un proceso de disolución “por la puerta de atrás” y sin que su desaparición “suscitara un debate político ni revisión pública” como si ocurriría con otras instituciones franquistas. El silencio con el que operó durante más de 40 años perduró en su cierre.

Las presiones a las que se refiere la historiadora, autora de la primera tesis sobre el Patronato, tuvo uno de sus momentos más visibles en septiembre de 1983, cuando la joven Inmaculada Valderrama murió en el reformatorio de San Fernando (Madrid), gestionado por las Cruzadas Evangélicas. Según publicaron los medios, la joven murió al caer de un tercer piso tras intentar fugarse del centro con una “liana de sábanas” atada a la ventana. No era la primera vez que intentaba irse y lo había conseguido hacía poco, pero unos días antes de su fallecimiento fue devuelta tras ser detenida por “presuntamente ejercer la prostitución”.

Ese mismo año, la maternidad de Peñagrande en la que estaba Loli cerró sus puertas y se acordó la expulsión de la congregación que lo dirigía mientras que el Consejo Superior de Protección de Menores definió sus condiciones de vida como “sórdidas”. Había pequeños pasos que ya estaban dándose hacia el fin del Patronato, del que los medios de comunicación locales y El País a nivel nacional habían comenzado a hablar. Ejemplo paradigmático fue un artículo publicado en la revista Vindicación Feminista en 1977 en el que la abogada Magda Oranich relata el “inquisidor régimen” de un reformatorio de Barcelona, al que logró entrar.

Se entrevistó con una de las religiosas “madres” que lo dirigían, que llegó a decirle: “Yo conozco mejor que cualquier psiquiatra a estas niñas. Yo las interrogo, las aconsejo y las medico. Solo en muy contados casos es preciso darles electroshock”. Según explica Guillén en su libro, el artículo era “tan contundente” que las autoridades “intentaron impedir su difusión” mediante una “orden de secuestro” que no prosperó. A través del propio boletín del Patronato, dirigido solo a sus miembros, el organismo intentó defenderse y acusó al texto de “saña, mal estilo y aviesa intención”, según consta en el número 103 del boletín que la historiadora cita en su investigación.

Otro testimonio, esta vez desde dentro del propio organismo, apunta en la misma dirección que las denuncias acumuladas en esos años. Se trata de la carta que una visitadora social contratada por la propia institución escribe a la Junta Provincial de Barcelona en 1978 y que es parte del archivo personal que Consuelo García del Cid ha reunido tras años de investigación. En ella, la trabajadora asegura haber tenido “esperanzas” de que la democratización del país llegara también al Patronato, pero “se mantiene como una isla siguiendo sus métodos represivos, moralistas y clasistas”, reconoció. 123 centros estaban activos ese año, formando una especie de “burbuja franquista” en medio de la Transición y los primeros años de la democracia, como lo define Guillén.

“No se sabía lo que nos hacían”

Aunque el régimen revivió la institución en 1941, esta ya existía antes: era heredera del Patronato Real para la Represión de la Trata de Blancas creado en 1902 y vinculado a la lucha contra la explotación sexual. La República la reorganizó y le dio el nombre que perduraría durante el franquismo, pero se disolvió a los pocos años. De fondo y en sus fines sobre el papel, siempre se mantuvo el supuesto objetivo de la abolición de la prostitución y este elemento estuvo también presente en la dictadura, que hablaba de la “regeneración moral de las mujeres prostituidas”, pero en la práctica sirvió de aparato de control social generalizado hacia la población femenina.

El hecho de que fuera un organismo tan longevo, que su represión se dirigiera específicamente a mujeres y que sus centros fueran dirigidos por congregaciones religiosas que existían antes de la dictadura –y muchas aún hoy– son algunos de los factores que Guillén conecta con su tardía desaparición. “Tenía muy poca visibilidad, pasó desapercibido porque esas estructuras vinculadas a la supuesta caridad religiosa ya existían antes de Franco. No se percibió como un exceso del franquismo y en parte eso tuvo que ver con lo perfectamente instaladas que estaban las congregaciones en la sociedad y con que se daba por hecho que lo que hacían era positivo”.

“Yo creo que no importábamos ni molestábamos. Nadie sabía lo que nos hacían ahí dentro”, explica Micaela Ortiz, que estuvo en el reformatorio de las Oblatas de Segovia hasta 1982. La mujer, que hoy tiene 58 años, entró con sus dos hermanas y lo primero que hicieron las monjas fue separarlas. Aún recuerda los “encierros en armarios pequeños” como castigo, las duchas de agua fría y el “restregar de ortigas en mis partes íntimas” para intentar que no se hiciera pis en la cama. “El día lo dedicábamos a rezar y a limpiar y a la hora de la merienda salíamos un poco al patio. Yo no entendía nada, no sabía dónde estaba ni lo que era aquello. Lo he entendido muchos años después”, reconoce.

Políticamente, hubo algún movimiento encaminado a su disolución tras 1975. El Gobierno de Adolfo Suárez nombró en enero de 1978 a Jaime Cortezo como vicepresidente primero del Patronato con el objetivo de “marcar un cambio de rumbo y, de hecho, llegó a presentar un anteproyecto de ley para modernizar la institución, pero no llegó a ver la luz definitiva. En 1980, el diputado socialista Antonio Sotillo registró en el Congreso varias preguntas al Gobierno sobre el futuro del Patronato, que ”no parece muy adecuado a las demandas de la sociedad“, decía. En 1982, el mismo año que el PSOE llegó a la Moncloa, el grupo socialista volvió a pedir explicaciones.

Tuvieron que pasar algunos años más para que cerrara, después de haber transferido las competencias en materia de “mujer” a las comunidades autónomas y se decidiera eliminar el presupuesto del Ministerio de Justicia para tal fin. Algunos de los centros desaparecieron y otros siguieron vigentes, con otra dirección pero en muchos casos dirigidos por las mismas congregaciones religiosas que entonces. “Varias, de hecho, siguen teniendo funciones vinculadas a lo femenino y tienen programas, por ejemplo, de atención a mujeres víctimas de trata”, explica Guillén.

Las órdenes religiosas organizaron un acto hace menos de un año en Madrid para pedir perdón a las víctimas, pero estas lo rechazaron por cómo se había llevado el proceso. El pasado 20 de marzo, medio centenar de mujeres recibieron el reconocimiento como víctimas del franquismo de parte del Gobierno, que les pidió disculpas. “El estado os falló”, reconoció el ministro de Justicia, Félix Bolaños.