El Tribunal de Cuentas ha detectado “graves deficiencias” en el funcionamiento del las llamadas pulseras de control de maltratadores (Cometa) durante la ejecución del anterior contrato. El organismo ha puesto el foco en el sistema de protección de mujeres víctimas de violencia machista tras la “alarma social” generada por los fallos que se hicieron públicos a finales del año pasado y ha analizado los contratos de 2018, 2021 y 2023. Su conclusión es que los problemas, “si bien fueron finalmente resueltos, han comprometido la seguridad” de las mujeres y que la actuación del Ministerio de Igualdad para solucionarlos no fue suficiente.

En un informe aprobado este miércoles, el Tribunal de Cuentas hace un diagnóstico general del sistema y destaca que estas deficiencias “interrupciones del servicio” se produjeron debido a las “debilidades” en la preparación de los contratos, en las fases de transición entre ellos y en el seguimiento institucional de cómo estaban funcionando. Por eso, recomienda al Ministerio de Igualdad que persiga la calidad del servicio “por encima del ahorro de costes” del servicio. El organismo recuerda que del “adecuado funcionamiento” de Cometa depende la protección y la “estabilidad emocional y mental” de miles de mujeres.

El informe aborda profusamente el problema que puso en el centro de la actualidad el sistema a finales del año pasado. Y que tuvo que ver con la pérdida de información ocurrida a raíz del cambio de empresa adjudicataria, que pasó de Telefónica a Vodafone. Este fallo impidió “dar respuesta a 123 requerimientos” de datos que hicieron los juzgados y que “no fueron atendidos” por la nueva compañía debido a “problemas de descarga”. Según el Tribunal de Cuentas, los burofaxes intercambiados entre las dos empresas durante 2024 “evidencian discrepancias” sobre cuál de las dos tuvo la responsabilidad.

Sin embargo, y a pesar de los fallos detectados, el organismo destaca que la intervención del Ministerio de Igualdad para solucionarlos fue insuficiente. “No consta que se llevara a cabo ninguna actuación para coordinar o arbitrar su solución durante la fase de transición”, afirma la evaluación, que detalla que esta solución se produjo en diciembre de 2024, nueve meses después de haber finalizado la transición y en una fecha que coincidió con un requerimiento que le hizo la Fiscalía al departamento dirigido por Ana Redondo. El Ministerio Público fue el que precisamente advirtió en su memoria sobre 2024 —publicada un año después— de lo que había ocurrido.

En este sentido, el informe destaca limitaciones en el llamado Plan de Transición, que debe acompañar a cada contrato con el objetivo de garantizar que el servicio continúa al término de cada uno. Sin embargo, no se previó en los pliegos de 2018 y 2021 y su inclusión en el de 2023 dependió de una “modificación contractual” posterior. Algo que, para el organismo evaluador, “evidencia deficiencias en la planificación de la contratación y falta de previsión, teniendo en cuenta que el siguiente contrato podía adjudicarse a una nueva empresa, como de hecho sucedió”.

Problemas “no puntuales”

Más allá de la pérdida de información ocurrida en el trasvase entre compañías, el Tribunal de Cuentas informa de “graves deficiencias” en el servicio “prácticamente durante toda la vigencia del contrato”. Los fallos, que habían sido advertidos por las trabajadoras de Cometa en varios momentos, afectaron a la “fiabilidad” de los dispositivos y tenían que ver con errores de geolocalización que “permitieron el acercamiento de los agresores a las víctimas”, con baterías “deficientes” o retrasos en reparaciones.

Según las especificaciones técnicas incluidas en la oferta de Vodafone, las baterías debían durar seis meses, pero “las pruebas reales” solo duraban “semana y media en el mejor de los casos”. El Tribunal de Cuentas ha repasado los informes, notas y actas de reuniones de la Comisión de Seguimiento del contrato y revela que en octubre de 2024 se alertó de un riesgo real de “rotura de stock” de dispositivos, con aparatos que apenas cinco o seis meses después de estrenarlos “presentaban ya un deterioro significativo”.

En cuanto a los fallos de geolocalización, el informe desvela que en enero de 2025 la empresa adjudicataria indicó que analizaría el origen de estos errores, algo que a juicio del Tribunal de Cuentas “ya debería haberse realizado en esa fecha”. Un mes después, en febrero, la empresa “reconoció por primera vez que los saltos de GPS no constituían un problema puntual, sino un fallo sistemático” que “menoscababa la credibilidad del servicio” ante la Policía y que “ponía en riesgo la protección efectiva de las víctimas”.

Los errores de geolocalización continuaron sin resolverse durante los meses siguientes y a partir de mediados de junio ya sí comenzó una “reducción significativa” de los problemas, cuando el contrato “ya se encontraba en su fase final de ejecución”.

El seguimiento de Igualdad

El informe afea a Igualdad que “no hizo un seguimiento adecuado del contrato” y su plan “no fue suficiente” a pesar de que se estaban detectando incumplimientos contractuales. Señala el organismo que a pesar de que en el pliego se previó la celebración de, al menos, una reunión de seguimiento cada cuatro meses, en los primeros siete u ocho meses de contrato “el servicio careció de un mecanismo de seguimiento documentado y periódico”.

En sus alegaciones, el Ministerio de Igualdad y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género defienden que el seguimiento del contrato fue adecuado, sosteniendo que sí se celebraron las reuniones “con regularidad” contempladas en el pliego. La primera en el mes de abril. Para el Tribunal de Cuentas, esta reunión es simplemente “una presentación técnica realizada por parte de la empresa adjudicataria”. Además, el departamento dirigido por Ana Redondo asegura que hubo una “comunicación constante” con la compañía “desde el inicio del contrato” a través de llamadas de teléfono y correos electrónicos.

El organismo lamenta también que el Ministerio “no adoptara medidas de exigencia contractual efectivas” y asegura que los requerimientos de la Delegación del Gobierno “fueron tardíos”. La única sanción impuesta fue la multa de 25.000 euros a Vodafone del pasado mes de marzo por la caída del sistema ocurrida durante varias horas el 11 de noviembre y ya “cuando estos problemas habían tenido repercusión pública y el contrato estaba próximo a su finalización”.

A este respecto, el Ministerio sostiene que las incidencias fueron “puntuales” y que “en ningún caso supusieron incumplimiento del contrato” a excepción de la sanción acordada. Defiende Igualdad que a partir de octubre de 2024 se implementó un “exhaustivo” Plan de Seguimiento con reuniones mensuales que “han permitido requerir en tiempo y forma cada una de las mejoras o correcciones que se han ido detectando de forma inmediata”, apunta el Ministerio, que destaca “los tiempos y la complejidad de las soluciones a implementar” como elemento “a tener en cuenta”.

El pasado mes de mayo, el Gobierno propuso la adjudicación del nuevo contrato a la empresa adjudicataria actual —la UTE formada por Vodafone y Securitas Seguridad España— tras haber anunciado un incremento del presupuesto del 42% y un cambio de pulseras por tobilleras. La propuesta no es aún definitiva.

La primera campaña del Ministerio de Sanidad sobre el aborto en democracia no estará en el Metro de Madrid. La empresa pública de transportes ha rechazado la propuesta de colocar un anuncio que recuerda que el aborto es un derecho que se puede ejercer en la sanidad pública, tal y como reconoce la ley. Según ha podido saber elDiario.es, el departamento dirigido por Mónica García propuso que la campaña se colocara en la estación de la Puerta del Sol, pero Metro no lo aprobó y pidió expresamente un cambio de mensaje por otro que “no genere controversia” al estar esta estación al lado de la sede del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Esta es la razón que se desprende de la comunicación a la que ha accedido este medio, en la que la empresa adjudicataria contratada por Sanidad para gestionar la campaña y buscar espacios en la que desplegarla informa de que Metro rechaza el contenido tal cual está ideado: “Realizada la consulta con el exclusivista, Metro no nos aprueba el mensaje”. En el documento al que ha tenido acceso elDiario.es, la agencia publicitaria copia y pega lo que le ha dicho la empresa que ha gestionado la publicidad de Metro en este caso –a quienes se refieren como “el exclusivista”–: “Ya está consultado y nada con este mensaje imposible, nos piden que además, ya que el pórtico está al lado de la sede de la CAM, que el mensaje no genere controversia”.

La campaña, presentada este miércoles por la ministra de Sanidad, pretende “combatir el estigma y la culpa” en torno al aborto. Aunque el vídeo es la pieza clave de la estrategia, la idea del Ministerio era desplegar paneles estáticos en el acceso al Metro con una adaptación del siguiente mensaje: “Quizás te cuestionen y decidas seguir. Y estará bien. Quizás no quieras explicar el motivo y estará bien. Quizás tengas 16 años, decidas hacerlo y estará bien. Decidas lo que decidas todo estará bien. Porque tienes derecho a abortar y a hacerlo en la pública”. Según fuentes de Sanidad, la campaña sí estará presente en otros espacios de Madrid como las pantallas de Callao.

elDiario.es se ha puesto en contacto con Metro de Madrid, que ha remitido a la Consejería de Transportes del Gobierno madrileño, de quien depende la empresa pública. Una portavoz negó inicialmente conocer la campaña y luego rechazó que Metro haya podido vetar la campaña porque “no la conoce ni gestiona la contratación de esa publicidad”. La Consejería apunta a JCDecaux, la empresa que tiene la concesión publicitaria de Metro. “La explotación publicitaria corresponde a JCDecaux, que es quien mantiene la relación con los anunciantes y gestiona este tipo de campañas”, afirma. Este medio se ha puesto en contacto con esta compañía sin obtener respuesta.

En este caso, la comunicación comercial sobre la colocación de la campaña en la Puerta del Sol se hizo a través de la agencia de publicidad H2Ó Digital & DOOH, según informan fuentes conocedoras del proceso. H2Ó se encarga de la publicidad de los pórticos de las estaciones, es decir, la instalada en el exterior de las bocas de metro, y esta era la propuesta del Ministerio de Sanidad: colocar paneles estáticos con el mensaje de la campaña en la estación de Sol-Carretas por ser “uno de los accesos con mayor notoriedad” del Metro. Además, la idea era desplegar imágenes también en la canaleta interior situada en las escaleras mecánicas.

Cuando la empresa adjudicataria del Ministerio de Sanidad hizo la propuesta, la respuesta de H2Ó fue negativa, asegurando que tras consultarlo, era “imposible” colocar el mensaje, haciendo referencia a la cercanía de esta estación con la Real Casa de Correos, el edificio en el que se ubica la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid. “Metro no nos aprueba el mensaje”, le dijo entonces la adjudicataria al departamento dirigido por Mónica García, que se negó a modificar el contenido. H2Ó no ha respondido a las preguntas de elDiario.es al respecto.

Fuentes del Ministerio de Sanidad tachan de “incomprensible” que Metro “se niegue a reproducir una campaña institucional destinada a informar sobre el derecho a una prestación ofrecida por el Sistema Nacional de Salud y reconocida por ley” y advierten de que estudiarán “todas las acciones” frente a una medida que califican de “arbitraria”.

Las campañas que sí acogió Metro

No es la primera vez que la publicidad en Metro de Madrid es objeto de polémica y, de hecho, las dos únicas campañas sobre interrupción voluntaria del embarazo que ha acogido en los últimos años han sido antiabortistas: en 2022, Jóvenes por España lanzó una con imágenes de un feto bajo el epígrafe “mi vida vale tanto como la tuya. ¡Déjame nacer!”. Ese mismo año, varias estaciones instalaron paneles de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) contra la prohibición del acoso ultra a las puertas de las clínicas de aborto.

También ha generado controversia la publicidad de la Asociación de Familias Numerosas, que ha lanzado hasta tres campañas en los dos últimos años. “¿Te parece divertido ir de flor en flor? Ahora todo son risas, pero en unos años comerás tu solo el día de Navidad”, colocó en la estación de Chueca en 2025 para “cuestionar los estilos de vida actuales basados en relaciones sin compromiso, promovidos desde las redes sociales y aplicaciones de citas y que esconden un futuro marcado por la soledad”. Antes, había desplegado otras dos en la misma línea y que tenían como lema “Ten más hijos, salva el planeta” y “¿Se te está pasando el arroz?”.

La presentación de la campaña sobre el derecho al aborto del Ministerio de Sanidad ha sido aprovechada por la ministra Mónica García para informar de que ha pedido a la Abogacía del Estado que “lleve a cabo todas las medidas adecuadas para exigir” a la Comunidad de Madrid la puesta en marcha del registro de objetores al aborto tras “constatar” que “no ha avanzado más allá de los trámites iniciales”.

La pugna abierta entre Sanidad y el Gobierno de Ayuso a cuenta de la interrupción voluntaria del embarazo se recrudeció en el último trimestre del año pasado, ante la negativa de Madrid de poner en marcha la medida a la que obliga la ley de 2022. Su objetivo es poder organizar los servicios sanitarios para asumir los abortos en la sanidad pública, un mandato que algunas comunidades como la madrileña llevan años incumpliendo al no registrar ni el 1% de las intervenciones en este tipo de centros.

“Que se vayan a abortar a otro lado”, llegó a decir la presidenta madrileña en respuesta a los partidos de la oposición que le urgían a crear el registro. Ante su resistencia reiterada a crear el registro de objetores, Sanidad llevó al Ejecutivo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que le obligó el pasado a marzo a ponerlo en marcha.

Más de 40 años después de que España despenalizara el aborto por primera vez en tres supuestos y tras 26 años de vigencia de la ley que garantizó el aborto libre, el Ministerio de Sanidad ha lanzado por primera vez una campaña sobre este derecho. Bajo el epígrafe “Tienes derecho a abortar y a hacerlo en la pública”, el departamento dirigido por Mónica García pretende poner el foco en la libertad de las mujeres para decidir interrumpir su embarazo. “Esta campaña nace para decirles que tienen derecho a decidir y la sanidad pública tiene la obligación de acompañarlas”, ha afirmado la ministra en la presentación.

El vídeo del spot, que se emitirá “próximamente” en medios de comunicación, muestra a una mujer joven que mira a cámara y recuerda que, ante un embarazo, todas las posibilidades “estarán bien”. “Quizás te ilusiones y lo hables con tu familia o quizás no. Quizás lo tengas claro o quizás no. Quizás quieran hacerte sentir culpable o te apoyen en el camino. Entonces, quizás decidas tenerlo o quizás no. Quizás decidas abortar. Y estará bien”, afirma la protagonista del anuncio.

“No hay una sola forma de vivir y contar el aborto. Hay quienes sienten alivio, tristeza, dudas o quienes lo tienen claro. Cada mujer tiene derecho a vivir experiencia sin que nadie le imponga cómo”, ha sostenido la titular del Ministerio, que cree que es importante “decir con naturalidad” que se puede decidir abortar. Y que así lo garantiza la ley. Por eso la campaña también interpela a las administraciones públicas autonómicas, que deben posibilitar que la interrupción voluntaria del embarazo se realiza en centros de la sanidad pública, algo que no ocurre en la mayoría de los casos: según los últimos datos, en 2024 el 78% de los abortos se practicó en clínicas privadas concertadas.

A juicio de Mónica García, las cifras evidencian “lo que queda por avanzar” en relación a una situación que es “especialmente grave” en algunas comunidades autónomas “como la Comunidad de Madrid, que realizó el 99% de abortos en centros privados”. La estadística revela que esta y otras cuatro comunidades —Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía y Extremadura— practicaron menos de un 1% de IVE en la pública. “La sanidad pública debe estar preparada para atenderte cuando estás embarazada, pero también cuando decides interrumpirlo”, ha apuntado la ministra.

Para ello, la ley establece que las comunidades deben poner en marcha registros de objetores de conciencia para poder organizar el servicio conociendo quiénes no van a practicar abortos. Sin embargo, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se ha resistido a la medida hasta el punto de que, tras un requerimiento del Ministerio, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó a la presidenta el pasado marzo que lo activara como medida cautelar. Según García, a 1 de septiembre el Ministerio “ha comprobado” que la Comunidad de Madrid “no ha avanzado más allá de los trámites iniciales”, por lo que ha solicitado a la Abogacía del Estado que “lleve a cabo todas las medidas adecuadas para exigir a Madrid” el cumplimiento de la ley.

Sigue en pie a pesar de que ha transcurrido más de medio siglo desde la muerte de Franco. El monumento a los rumanos “caídos” de Majadahonda (Madrid), que homenajea a dos fascistas que murieron mientras combatían en la Guerra Civil en apoyo al bando sublevado, es uno de los casi 20 vestigios que el Gobierno ha ordenado retirar. Lo hizo el pasado mes de junio, pero la cuenta atrás ya ha empezado y el plazo para hacerlo vence en menos de dos semanas. El terreno en el que se ubica debería arrancar el mes de octubre ya vacío.

Levantado detrás del cementerio de la localidad, el memorial conmemora el “sacrificio” de Ion Mota y Vasile Marin, importantes militares de la Guardia de Hierro, un grupo paramilitar fascista fundado en 1927 en Rumanía. De allí acudieron tras el golpe de Estado de 1936 para luchar en la Guerra Civil y ambos fallecieron el 13 de enero de 1937 en el frente en el que después se levantó el monumento, que a día de hoy se mantiene sin cambios, con las pintadas y grafitis que llevan tiempo 'decorándolo' y la basura que suele acumularse a su alrededor.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática lo incluyó en el catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática el pasado 29 de junio, fecha en la que está firmado el expediente con el que estableció el plazo de tres meses para su retirada “definitiva y permanente”. Tanto el monumento como la parcela en la que se encuentra son propiedad de la Asociación para la Custodia del Monumento a los Legionarios Rumanos Caídos, que, según fuentes conocedoras del proceso, no ha respondido al requerimiento. elDiario.es se ha intentado poner en contacto con la asociación sin éxito.

La oposición lleva años reclamando al Ayuntamiento de Majadahonda, gobernado por el PP con mayoría absoluta, que tome cartas en el asunto y actúe contra el monumento, en el que grupos ultras convocan concentraciones de exaltación fascista cada enero. Hace 11 años, el pleno aprobó a iniciativa del PSOE una moción para su “retirada o demolición” que contó con la abstención de los populares, pero no se ha cumplido. Fuentes del consistorio justifican que “no tiene competencias” porque se trata de un terreno privado, mientras el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso rechaza declarar Bien de Interés Cultural (BIC) al monumento, como ha pedido Abogados Cristianos.

El expediente del Gobierno concluye que el conjunto “representa los lazos existentes entre el franquismo y el fascismo europeo de entreguerras” y afirma que “no concurren” razones artísticas o arquitectónicas que justifiquen su mantenimiento. A pesar de estar en una propiedad privada, es contrario a la memoria democrática porque tiene “proyección a un espacio o uso público”. De hecho, no está vallado y cualquiera puede acceder a él. Si la asociación no cumple con el mandato, el Gobierno activará el procedimiento del artículo 37 de la Ley de Memoria Democrática, que abre la posibilidad de imponer multas “coercitivas” y de proceder a su desinstalación subsidiariamente.

El refugio de la Guardia de Hierro en España

Mota y Marin, los dos militares homenajeados por el monumento, pertenecieron a la Guardia de Hierro, que fue el brazo paramilitar de la Legión del Arcángel San Miguel, un movimiento fascista fundado por Conerliu Codreanu en 1927 que “hacía apología de la violencia como forma de transformación de la sociedad y del estado”. A partir de 1940, y gracias al apoyo de los nazis, el movimiento llegó al poder, formando parte del régimen fascista rumano “que cometió crímenes de guerra y fue responsable de miles de muertes”, sostiene el informe de la comisión técnica en el que se basa el expediente.

El monumento se levanta en una explanada y está formado por cuatro arcos de estilo clasicista, una elevada cruz y una inscripción grabada en bronce que reza: “A Ion Mota y Vasile Marin, caídos por Dios, por España y por Rumanía. 13.1.1937”. Debajo está inscrito el símbolo de la Guardia de Hierro, formado por seis líneas —tres horizontales y tres verticales— entrelazadas a modo de prisión. Delante de la estructura se erigió además una cruz verde, usada habitualmente por el movimiento.

Su construcción está directamente relacionada con la huida que varios líderes fascistas emprendieron tras la Segunda Guerra Mundial hacia España, donde buscaban refugio y fueron acogidos por la dictadura franquista. Es lo que ocurrió con varios miembros del grupo paramilitar rumano, entre ellos Hora Sima, comandante del Movimiento Legionario y vicepresidente del Gobierno rumano, que vivió en nuestro país hasta su muerte en 1993.

Desde los años 40 hubo homenajes y actos conmemorativos en el lugar y en 1947, los legionarios rumanos asentados en España lograron construir una cruz de piedra, hasta que en 1970 se erigió el monumento actual. Según consta en el expediente, su construcción se produjo gracias a la financiación de la comunidad fascista rumana del exilio (aquí y en varios países de América Latina) y al apoyo de los falangistas españoles, así como a los préstamos de Monte de Piedad de Madrid —antecedente directo de Caja Madrid— y la Confederación Española de Cajas de Ahorro.

Durante el régimen franquista, el lugar fue lugar de concentración de “individuos, asociaciones y grupos ultranacionalistas” y formó parte de las políticas de memoria de la dictadura. De acuerdo con el informe de la comisión técnica, el fundador de Fuerza Nueva e histórico líder ultraderechista, Blas Piñar, fue uno de los políticos que participó con frecuencia en estos actos debido a sus intensas relaciones con los legionarios rumanos de España “desde su juventud”.

La falta de implicación del Ayuntamiento

Las resistencias a la retirada del monumento son explícitas por parte de la asociación Abogados Cristianos, que batalla contra todas las medidas de memoria histórica del Gobierno y que ha pedido a la Comunidad de Madrid que declare Bien de Interés Cultural o Patrimonial el conjunto “frente a la amenaza de derribo”. Su objetivo es que sea protegido para evitar que se cumpla la ley, tal y como ha ocurrido con la cruz a los caídos de la Plaza de América de Cáceres, que la Junta de Extremadura está intentando blindar por esta vía.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha rechazado la petición de la asociación ultra porque “el monumento no tiene valor arquitectónico”, apuntan fuentes del Ejecutivo, que aluden únicamente a cuestiones técnicas para no hacerlo: al haber sido construido en 1970 “no le aplica la disposición adicional tercera de la Ley de Patrimonio Cultural”, que establece que “se protegen elementos relacionados con el culto religioso, como cruces, anteriores a 1950”, informa África Gelardo Arrebola.

El debate sobre qué hacer con el mausoleo es antiguo y sobrevuela a Majadahonda desde hace años. En los 90, el PSOE ya comenzó a exigir su desinstalación y siempre ha puesto el foco en la “pasividad” del Ayuntamiento. En los últimos años, Izquierda Unida lo ha reclamado a través de varias vías y recientemente interpuso una denuncia ante la Fiscalía contra el homenaje anual que se celebra allí. “El PP siempre ha echado balones fuera y se ha escudado en que es una propiedad privada, pero es de acceso público y el terreno se ubica en Majadahonda. Cualquiera que vaya paseando se encuentra con el monumento fascista y los homenajes que allí se organizan”, denuncia el portavoz socialista en el municipio, David Rodríguez.

Ante “la falta de información” del Ayuntamiento y el vencimiento del plazo que ha dado el Gobierno, el PSOE tiene previsto preguntar al consistorio por la cuestión en el pleno de la semana que viene para “saber qué se ha hecho al respecto” o si “se ha requerido a la asociación propietaria” en línea con el expediente del Ministerio.

Preguntado por ello, fuentes del Ayuntamiento reiteran que el monumento está en un terreno particular y descartan que posicionarse públicamente sobre ello sea “su labor” debido a que su conservación o retirada “no depende” de las competencias municipales. Sobre si el mausoleo debe ser desinstalado, las mismas fuentes aseguran que el consistorio “no opina, en general, de cuestiones privadas”, aunque sí apuntan a que las leyes “deben cumplirse, todas, al encontrarnos en un Estado de Derecho”.

Mientras el tiempo corre y a la espera de ver qué ocurre con la estructura, quien sí ha reaccionado a favor de su retirada es el Gobierno rumano. Según ha podido saber elDiario.es, la cancillería del primer ministro envió el pasado 24 de agosto un correo electrónico al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en el que agradece la medida. En él, el secretario de Estado, Dragos Hotea, y el representante del Gobierno para la promoción de la memoria histórica, Bogdan Mazuru, aseguran que la decisión no solo “refuerza” la memoria democrática en España, sino también en Rumanía.

Fueron exhumaciones impulsadas por el Estado, pero solo las de una parte de las víctimas de la Guerra Civil. Desde 1939 y durante años, el franquismo llevó a cabo una política pública de búsqueda y homenaje de los cuerpos de los vencedores, mientras miles de republicanos siguen medio siglo después de la muerte de Franco sin ser desenterrados. Pero la recuperación física de los cadáveres no fue el principal objetivo de la dictadura: lo fue fabricar un relato oficial sobre los “mártires y caídos”, un mito político usado hasta la saciedad que el régimen no dudó en sostener a través de la manipulación de sus muertos.

Así lo detalla la historiadora Miriam Saqqa Carazo en un artículo recién publicado en la revista Pasado y Memoria, en el que, tras examinar expedientes judiciales y forenses de las exhumaciones, concluye que la dictadura las utilizó para construir “un modelo de masculinidad nacionalcatólica” exaltando la virilidad, la fe o el patriotismo de las víctimas. Y lo hizo generando una documentación que, según ha analizado la experta, cae en contradicciones y lagunas para afirmar una verdad prefabricada. “Detrás había un fin claramente político”, apunta.

Ya desde el primer año de la Guerra Civil y a medida que los sublevados fueron ocupando territorios, comenzaron a poner en marcha la búsqueda de las consideradas “víctimas de las hordas marxistas”. Saqqa Carazo, autora de la primera investigación al respecto en nuestro país, estudió las exhumaciones entre 1936 y 1951 e identificó —consciente de que no son todos— más de 3.500 cadáveres recuperados.

A partir de 1940, el proyecto se institucionalizó a través de la Causa General, la investigación impulsada por el franquismo para depurar a supuestos culpables de la “violencia roja” que dio lugar a numerosos juicios, acciones represivas y exhumaciones de cuerpos. Según los historiadores, este fue un proceso fundamentalmente propagandístico, destinado a justificar la represión contra los republicanos y el golpe de Estado de 1936.

A través del análisis de las piezas dedicadas a las exhumaciones en la Causa General, Saqqa Carazo concluye que la dictadura las acompañó de “un relato estandarizado” que venía a exaltar atributos de un tipo específico de hombre: una víctima que “encarna los valores de la nación en construcción”. Es decir, de la Nueva España.

Del total de cuerpos recuperados analizados, el 96% son hombres, por lo que el discurso “se fijó” en ellos. Y de ahí surgió un “modelo de masculinidad nacional” que fue replicado en diferentes exhumaciones. “Esta narrativa se centraba en las circunstancias en las que murieron, exaltando valores emocionales de gran eficacia movilizadora, como la sangre derramada y el sacrificio”, sostiene la historiadora.

''¡Viva Cristo Rey!“ y manos atadas

Tres de estos elementos los ha encontrado la historiadora una y otra vez en las descripciones: el hecho de que los asesinados gritaran ¡Viva Cristo Rey! o ¡Viva España! antes de morir, los supuestos saqueos realizados sobre los cadáveres o que estos tuvieran las manos atadas a la espalda. Sin embargo, buena parte de ello “no se sustenta” con los análisis detallados de los documentos forenses, lo que demuestra el “objetivo ideológico claro” que en realidad tuvo el proceso, explica Saqqa Carazo.

Las tres circunstancias aparecen en el expediente dedicado a las ejecuciones y enterramientos de Paracuellos del Jarama (Madrid), basado en las aportaciones de un único testigo que supuestamente llegó a oír a los fusilados como, antes de morir, decían “os perdonamos de todo corazón, ¡asesinos!” o “nos matáis porque somos católicos y personas de orden”. La Causa General incluye una descripción casi literaria del último fusilado, sobre el que este testigo afirmó: “Hasta al morir, con la sonrisa en los labios. Este es el último epílogo de mi vida”.

Elementos calcados aparecen en la exhumación de 1939 de Soto de Aldovea (Torrejón de Ardoz), en la que se recuperaron 414 cuerpos. Al final de cada día de exhumación, se incluye en el expediente la siguiente afirmación: “Todos estos cadáveres aparecen con las manos atadas”. Sin embargo, en ninguna de las descripciones individuales de los cuerpos se anota este hecho ni tampoco pruebas como la presencia de cuerdas y correajes o una posición anatómica que reflejara este hecho. Es solo una afirmación sin sustento.

Lo mismo ocurre con la declaración de que varios de los cadáveres aparecieron “con los bolsillos vueltos, señal inequívoca de su saqueamiento”. No obstante, según ha contrastado Saqqa Carazo, en muchos de estos casos se vuelve una afirmación contradictoria con otra muy común: la de la presencia de numerosos objetos de valor aparecidos junto a algunos de estos cuerpos supuestamente asaltados. Sorprende, además, que al mismo tiempo en que se afirmaba que habían sido saqueados se resaltara el “elevado número” de objetos y prendas “de valor” halladas en las fosas.

El valiente frente al bárbaro

Para la historiadora, este énfasis reiterado en los mismos aspectos “no parece inocente”, sino que los documentos buscaban construir un relato de virilidad específico. Una masculinidad “heroica, católica y nacional”, la de un hombre sacrificado por la patria, valiente y que había sido “generoso” frente a la muerte, describe el estudio. Y que fue contrapuesta a la masculinidad del “otro”, representado “como cruel, inmoral y deshumanizado, como una encarnación del mal absoluto”.

Y es que para que el mito del mártir funcionase, la Causa General necesitaba construir su reverso perfecto: el del “rojo desalmado”. El estudio también detalla los interrogatorios a los que fueron sometidos presos republicanos bajo torturas, cuyas supuestas declaraciones sirvieron luego de base para los expedientes de exhumación. Sin embargo, muchas de estas afirmaciones estuvieron adulteradas.

Un caso paradigmático fue el del militante de la CNT Rafael del Águila, interrogado en Almería en 1940. El acta judicial le atribuye afirmaciones como la de “Glorioso Movimiento Nacional” o la “caída de la provincia en manos de los marxistas”, dos expresiones que difícilmente haría un militante anarquista. Además, el fiscal del caso pone en boca de Rafael declaraciones como que los 39 ejecutados del bando nacional que estaban bajo investigación murieron “con entereza, dando gritos de Viva Cristo Rey y Arriba España” mientras los milicianos “les insultaban”. De nuevo, las mismas referencias.

Todo ello lleva a la experta a asegurar que esta figura, la del “mártir y caído”, se convirtió en “legitimadora” del régimen y de su violencia ejercida contra el enemigo. Y a que el franquismo usó a sus propios muertos como “cuerpos políticos” con un fin propagandístico. “Entra dentro de la necesidad de construir un discurso que permita considerar al republicano como 'la otredad' y poder ejercer una violencia justificada sobre él”, explica.

Se ha imaginado decenas de veces la escena. Cómo de intenso sería el frío de aquella tarde de enero o de qué hablarían aquellos dos guardias civiles que se dirigían a Peraltilla (Huesca). ¿Decidirían en ese trayecto cuál de los dos iba a disparar el gatillo? Arnau Fernández Pasalodos (Barcelona, 1995) ha fabulado con el asesinato de su bisabuelo, Manuel Sesé Mur, durante buena parte de su vida. Fue ejecutado en plena dictadura, en 1948, por su actividad política antifranquista. El sargento Agustín Serrano Arroyo y el guardia segundo Marcelino García Gracia le dispararon en la cabeza y por la espada a escasa distancia de su domicilio, en el que estaban su mujer y sus hijos, que lo escucharon.

Hoy, Arnau puede decir que conoce los nombres de quienes lo mataron y el lugar en el que fue enterrado. Pero ya no puede contárselo a su abuela Rosita, que creció sin padre, soportó el estigma de la posguerra y murió en 2016 sin saber dónde estaban sus huesos. “Me duele no haberlo sabido antes y no habérselo dicho a pesar de que tenía derecho a conocerlo”, afirma. Un dolor a destiempo que demuestra cómo el trauma familiar no resuelto, el silencio y la falta de reparación han sido heredados por los bisnietos de la Guerra Civil y el franquismo.

A partir de varios testimonios, Arnau, historiador e investigador en el Centre d'histoire de Sciences Po de París, explora en ¿Mató tu bisabuelo al mío? (Crítica) cómo esta realidad ha marcado la vida de una parte de quienes nacieron más de medio siglo después del golpe de Estado de 1936. El libro, cuyo título está inspirado en una columna de Sergio del Molino en El País, da espacio a esta cuarta generación, que pese a no haber vivido los hechos, ha crecido sintiendo de cerca sus consecuencias. “Es un dolor muy real, que nos atraviesa y condiciona”, explica Arnau, que tras entrevistar a medio centenar de bisnietos reconoce que ha dejado de sentirse “extraño” por “vivir tan ligado” a Manuel.

Los relatos describen experiencias atravesadas por el dolor emocional, y muchas veces físico, que resume Arnau: “Nos duelen los asesinatos injustos, las vidas interrumpidas por la violencia ejercida por su ideología política. Nos duelen nuestros abuelos, que se quedaron sin padre y tuvieron que aprender a callar sin saber ni siquiera donde estaban sus cuerpos. Y nos duelen la falta de reconocimiento público y las fosas, el hecho de que todavía hoy en 2026 haya mucha gente que no puede recuperarlos”.

La memoria de la cuarta generación ha empezado a tejerse en el silencio y la falta de relato, ante lo que ha surgido una necesidad de rellenar esos vacíos familiares. Los bisnietos no conocieron a sus antepasados ejecutados, por lo que ese vínculo se articula generalmente a través de sus abuelos o abuelas, figuras clave en todos los relatos. Son ellos los que conectaron a esta generación con la guerra y la dictadura, no de forma explícita en muchos casos, pero sí a través de un duelo suspendido, el dolor no sanado y los vacíos que sus nietos no comprendían.

Por eso, en todos los casos, la empatía por el dolor de sus abuelos es la que ha activado el proceso de querer saber más. “Yo todo el amor que tengo por mi bisabuelo me vino por mi abuelo”, explica Helios Fernández Garcés, que guarda congelado en la memoria el recuerdo de cuando, a sus once años, su abuela se le acercó y en un susurro le dijo: “Al padre de tu abuelo lo mataron en la guerra”. Aún recuerda el rostro de “profundo dolor” de su abuelo. “Tenía una relación muy intensa con él y creo que algo se me quedó ahí en ese momento, una herida en algún lugar de mi ser que sigue abierta”, cuenta.

La edad que tenía él cuando oyó esta frase impactante era la misma que su abuelo Diego tenía cuando a finales de 1936 un grupo de falangistas asaltó su vivienda de La Sauceda (Málaga), sacó a su padre, Jacinto Garcés Lozano, y lo fusiló. Su abuelo siempre le contaba que había “sentido” los tiros, que era la forma de decir que los había escuchado. Los falangistas incendiaron después la casa y la familia fue obligada a marcharse de la localidad con lo puesto. “Fue en 1936, pero ese dolor me alcanza todavía porque fue ejercido a través de una extraordinaria violencia y porque nunca se hizo justicia”, explica Helios.

La metralleta convertida en escopeta

Buena parte de los bisnietos comparten experiencias atravesadas por las estrategias familiares para camuflar lo sucedido y protegerse ante la represión de la posguerra. La familia de Francisco Javier González inventó que a su bisabuelo Martín lo habían matado por “hacer un chiste” sobre una figura religiosa, cuando en realidad había sido fundador y tesorero del PSOE en El Cerro de Andévalo (Huelva) y fue fusilado en 1937.

Su inquietud emanó desde muy pequeño, cuando Francisco Javier se quedaba fascinado por las fotografías familiares que descansaban bajo el cristal de la mesa del salón en casa de sus abuelos. De una de ellas, la que retrataba a un hombre joven, nadie hablaba. Todavía hoy Francisco Javier recuerda cómo no paraba de preguntar con perplejidad por qué aquel hombre, si era su bisabuelo, no tenía arrugas. “Ese dolor es difícil que salga de mí. Creo que conviviré con él hasta que me muera. Llevo un duelo propio y ajeno”, dice en el libro sobre la injusticia que vivió su antepasado y el impacto que tuvo en quienes vinieron después.

En el caso de Arnau, su abuela nunca habló de la militancia de su padre Manuel, que perteneció a la CNT y fue enlace de la guerrilla antifranquista en Aragón, acudiendo a la frontera con Francia para obtener metralletas y munición. Pero la versión que siempre escuchó en casa es que a Manuel lo habían asesinado por un problema con un pariente que le había denunciado y que, al presentarse unos policías en casa, encontraron una escopeta no declarada.

Arnau es consciente de que su abuela “convirtió la metralleta en escopeta” como una “estrategia de supervivencia cotidiana”. “Era algo muy común. Esta generación, con un profundísimo estrés postraumático, aprendió durante 40 años a callar y despolitizar los asesinatos de sus padres. Lo político se ocultó bajo lo doméstico”, sostiene el historiador.

En esta cuarta generación, las fotografías adquieren un peso clave: no solo como revulsivo para despertar la curiosidad, sino también como anclaje al pasado o incluso al cuerpo desaparecido. Un ejemplo es María Rosa Aránega, cuya familia había guardado en un sobre la única foto de su bisabuelo Silvestre, militante de la UGT que se suicidó antes de ser detenido. Gracias a su investigación artística, la familia rompió el silencio: su madre integró la fotografía en el álbum familiar e hizo copias. “Ahora sí que forma parte de la familia, lo tenemos en el salón de mi casa”, cuenta en el libro al tiempo que revela su dolor por las dificultades que rodean a su exhumación en el cementerio de Cúllar (Granada).

Las experiencias demuestran que los bisnietos son, en muchos casos, aquellos que han abierto la puerta a la memoria en sus familias. La Ley de Memoria Democrática, de hecho, les sitúa como la última generación con derechos de reclamación y reconocimiento como víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. “Estas personas son, dentro de sus familias, las que se han encargado de custodiar la herencia material. No son otros bisnietos ni nietos. Ellos han conservado las cartas, los retratos, los objetos... Son quienes se han encargado incluso de impulsar procesos de investigación o exhumación. Ahí se percibe la continuidad del trauma”, explica Arnau.

Cuadro 16, sepultura 240

Si muchos de los bisnietos conocen hoy parte de la verdad es porque han rastreado las huellas de sus antepasados. La investigación en archivos judiciales y militares ha sido un canal clave para romper el silencio. En el caso de Arnau, encontrar la causa 2441-9 del Juzgado Togado Militar nº 32 de Zaragoza desveló las verdaderas razones de la ejecución de Manuel. Y también desmontó la versión oficial de los guardias civiles que le mataron, que en el atestado atribuyeron la muerte a una huida. Sin embargo, la autopsia —Manuel falleció a los dos días en el hospital— reveló que el deceso se había producido por un único disparo en la cabeza, por detrás, y a muy corta distancia.

A la información que puede hallarse en los archivos se suma la posibilidad de conectar emocionalmente con el antepasado, por ejemplo a través de su firma. Es lo que le ocurrió a Carolina Nebot, para la que hallar la de Blas Castelló López en su consejo de guerra hizo que este dejara de ser “el padre de su abuelo” para convertirse en su bisabuelo. Francisco Javier, por su parte, encontró en el expediente la huella de su bisabuelo, que digitalizó y mantiene guardada en su móvil. Ahora, cada vez que logra un éxito que cree que le haría sentirse orgulloso, abre el teléfono y hace coincidir su dedo con su huella.

Los descubrimientos, sin embargo, se entremezclan con la rabia que les produce haber llegado tarde a esta información todavía parcial, en la mayoría de sus casos cuando sus abuelos y abuelas ya no están vivos. “Es una humillación y otra forma de perder la guerra. Es una vergüenza y una indignidad histórica que tantas personas mayores no supieran ni siquiera que existía un documento con la firma de su padre. Y es así porque en España ha habido una carencia absoluta de políticas públicas para ello”, denuncia Arnau.

Dolor es también lo que les provoca el cuestionamiento que sienten a veces por parte de quienes piensan que su herida es desproporcionada o no les corresponde, exigiéndoles el tan manido “pasar página” o señalándoles por hablar de algo que no vivieron. Arnau suele responder a esta crítica de la misma forma cada vez: contando la búsqueda que ha hecho de su bisabuelo durante los últimos diez años de su vida y relatando lo que ocurrió en la primavera de 2025.

Entonces, tras descubrir lo que su abuela nunca supo, que Manuel había sido enterrado en una fosa común, en el cuadro 16, sepultura 240 del cementerio de Huesca, decidió acudir para homenajearle. Se imaginaba ya solicitando la exhumación de sus restos, para que algún día volvieran a la familia a la que perteneció. Sin embargo, aquel día descubrió junto a un trabajador del camposanto que le dirigió a la zona exacta que lo que había justo encima era un bloque gigantesco de nichos. “Eso solo significa dos cosas: o bien los cuerpos están destruidos o bien los llevaron al osario y están perdidos. En ese momento viví la Guerra Civil. Entendí que nunca iba a recuperar el cuerpo de mi bisabuelo y que no iba a cumplir lo que mi abuela quería, que lo enterraran con ella”.

A la profunda tristeza que el descubrimiento ha provocado en Arnau –“fue como recibir una herencia de dolor, de rabia, de injusticia y de humillación en pleno 2025 por algo que había ocurrido en 1948”, asegura— le acompaña otra emoción que ha empezado a abrirse camino desde que, también en 2025, pudo declarar ante la Fiscalía todo lo que sabía sobre el asesinato de su antepasado. Es una esperanza en el horizonte, la de que a pesar de que ya no se pueda condenar a los culpables por haber fallecido, haya un documento que establezca una verdad judicial que repare, en parte, el dolor y afirme oficialmente que su bisabuelo Manuel Sesé Mur fue asesinado injustamente por sus ideas políticas.

La ciencia española estaba despegando cuando la Guerra Civil lo cambió todo. El avance del franquismo rompió con el proyecto científico de expansión y modernización construido por la Junta para Ampliación de Estudios (JAE) desde principios de siglo y desmanteló buena parte de su estructura para erigir una institución que representara a la Nueva España. Así nacía, en 1939, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Desde entonces, el que sigue siendo el mayor organismo de investigación del país, vertebró una política nacionalcatólica y truncó las carreras de decenas de profesionales vinculados a la JAE.

Muchos científicos y técnicos fueron apartados de sus puestos, sancionados o encarcelados por sus ideas o por no encajar en las férreas normas que fue imponiendo la dictadura. Medio siglo después de la muerte de Franco, el CSIC ha buceado en su pasado franquista y ha hecho público por primera vez un archivo digital con los nombres y trayectorias que hubo detrás de la depuración. El fondo consta de 510 perfiles —135 de ellos mujeres— sometidos a la purga franquista que salen a la luz tras años de trabajo.

El repositorio, publicado en la web Archivo Memoria y Reparación, se enmarca en el proyecto de investigación iniciado por el propio CSIC para adaptarse a la Ley de Memoria Democrática de 2022. Producto de ese proceso fue la retirada en 2024 de los retratos de su primer presidente, José Ibáñez Martín, y su secretario general, José María Albareda, por participar en la represión. También el cambio de nombres de algunos institutos o la instalación de placas explicativas.

Conocer qué había pasado con los investigadores y técnicos que trabajaban en la JAE cuando las autoridades franquistas comenzaron el proceso de purga era una de las asignaturas pendientes del organismo. La Junta para Ampliación de Estudios, cuyo primer presidente fue el Nobel de Medicina Santiago Ramón y Cajal, fue creada en 1907 bajo el espíritu de la Institución Libre de Enseñanza y llevó a la ciencia española a un florecimiento sin precedentes. Promovió las estancias en el extranjero de científicos y creó numerosos laboratorios e institutos abriendo nuevas líneas de investigación.

Sin embargo, con la victoria de los sublevados en la Guerra Civil, Francisco Franco ordenó crear el CSIC para “restaurar la clásica y cristiana unidad de las ciencias”. El objetivo era, literalmente, “imponer las ideas esenciales que han inspirado nuestro Glorioso Movimiento”, según el decreto de creación. Aunque el CSIC heredó parte de la estructura, patrimonio y edificios de la JAE, desmanteló laboratorios y centros, construyó “una nueva arquitectura institucional” y persiguió a su personal.

“Tradicionalmente, se ha dicho que el CSIC era la continuación de la JAE sin ningún tipo de matiz, pero no es verdad. La Guerra Civil y la dictadura provocan una quiebra profunda del proceso de modernización que había iniciado la JAE y el CSIC cambia completamente la ideología y el objeto de la institución”, explica Ana Romero, coordinadora del proyecto e historiadora del Instituto de Filosofía del CSIC.

La depuración se convirtió entonces en una “herramienta esencial” para la configuración de la Nueva España. No fue algo puntual ni excepcional, sino una política sostenida en el tiempo que tuvo por objetivo apartar de la vida pública y las instituciones a los opositores políticos o personas consideradas incompatibles con el nuevo régimen. El archivo ha descubierto que casi la mitad de los depurados siguieron trabajando y el resto fueron apartados, encarcelados o sancionados.

Aun así, continuar no fue equiparable a que sus trayectorias no se vieran perjudicadas. Rafael Lapesa, por ejemplo, percibió la mitad de su salario durante el tiempo que se tardó en resolver su expediente para confirmarle después como catedrático del Instituto de Enseñanza Media de Oviedo. El médico Gonzalo Rodríguez Lafora se exilió y el régimen le impuso ocho años de inhabilitación y una multa de 50.000 pesetas, pero a su vuelta su situación fue nuevamente evaluada y pudo acreditar que no había pertenecido a organizaciones de izquierdas, por lo que se acordó su rehabilitación y su nombramiento como jefe de neuropatología del Instituto Cajal.

Sanción vía BOE

En el censo constan nombres destacados, muchos inhabilitados directamente vía BOE, sin posibilidad de defensa: fue el caso del físico Blas Cabrera, separado de su cátedra el 4 de febrero de 1939 y desposeído dos años después de los reconocimientos otorgados por la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. También el naturalista Ignacio Bolívar y Urrutia, figura central del exilio científico en México; el fundador de la oceanografía española, Odón de Buen, que actualmente da nombre al mayor barco oceanográfico de la flota española; o el químico Enrique Moles, condenado además a 12 años de cárcel por sus actividades políticas.

Pero, además, el archivo reconstruye los pasos de figuras anónimas, incluso de técnicos o responsables de tareas de gestión y servicios, como el personal de vigilancia de los centros o las mujeres encargadas de las tareas de limpieza. Fue el caso de Ricarda Moreno, que fue señalada por el Servicio de Información y Policía Militar por su participación en el comité organizado durante la Guerra Civil en la Residencia de Estudiantes, donde limpiaba. La consecuencia fue su separación definitiva del trabajo.

Uno de los hallazgos del proyecto es que la depuración no fue un proceso ordenado, homogéneo y lineal, sino que fue adaptándose paulatinamente a la casuística y a las diferentes fases de la dictadura. “Iban haciendo arreglos e incorporando normas cada vez más represivas porque todo se les quedaba corto para lo que querían hacer. Eso es algo que se ve en la grandísima cantidad de situaciones y formas de nombrar los castigos que generó la legislación”, explica Romero.

El archivo ha mantenido la nomenclatura que utilizaron los franquistas precisamente para evidenciar que “hubo un acomodo constante para que nadie quedara fuera del marco represivo”: apertura de expediente, sanción, suspensión de empleo con derecho al 50%, suspensión de empleo y sueldo, prohibición de solicitar vacantes, inhabilitación para el desempeño de cargos directivos, inhabilitación absoluta, destierro o inhabilitación “perpetua” para el ejercicio de la enseñanza son algunos de los tipos de castigo rastreados por el proyecto.

Por “vestir pantalones”

Entre los motivos, hubo de todo: ideológicos, de conducta y algunos tan absurdos como el de “vestir pantalones” que se le atribuyó a la doctora en filosofía y letras María del Carmen Pescador del Hoyo. Según el expediente nº 4.138 de responsabilidades políticas elaborado por la Policía de León, se le acusó de haber sido alumna de Claudio Sánchez Albornoz —con el que trabajó hasta 1936 en el Instituto de Estudios Medievales—, de ser prometida de José Yuste Blázquez, apartado de Correos en 1936, y de usar pantalones. Se le sancionó con la prohibición de solicitar vacantes y avanzar en el escalafón durante cinco años y de desempeñar puestos de mando, con un veto especial para trabajar en bibliotecas en contacto con público joven. En 1953 fue nombrada jefa de sección el Archivo Histórico Nacional de Madrid.

En el fondo se pueden leer casos como el de Santiago Piña, jefe del laboratorio de Espectrografía del Instituto Nacional de Física y Química que durante la Guerra Civil continuó trabajando para evitar daños en el material científico. Según declaró, su labor había sido seguir con las investigaciones iniciadas 16 años antes y afirmó que había ingresado en UGT en 1937 para obtener el permiso de libre circulación por el Madrid en guerra. Un tribunal militar le condenó a 20 años de cárcel y murió en 1940 de una bronconeumonía en la prisión de San Antón de la capital.

El conservador de entomología del Museo Nacional de Ciencias Naturales, Federico Bonet, se exilió a Francia y México, donde desarrolló su carrera científica. En su huida al país galo, fue apresado en los campos de concentración franceses de Argelès-sur-Mer, Bram y Montolieu. Por su parte, Teresa Andrés Zamora, que había sido becada por la JAE, fue cesada definitivamente en 1939 del cuerpo de archiveros y bibliotecarios. Se le acusó de firmar documentos estando vinculada a la organización republicana Cultura Popular. En su exilio en París colaboró con la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial.

En el caso de las mujeres, la investigación calcula que solo un tercio pudieron continuar con sus carreras en el CISC, una circunstancia que, según Romero, se puede deber a varias circunstancias como que el Instituto Escuela, que tenía muchas profesoras en plantilla, no se incorporó al CSIC, y lo mismo ocurrió con la Residencia de Señoritas, que se convirtió en colegio mayor.

Las ausencias y dificultad para encontrar información también han marcado el proceso de investigación del fondo, para el que el CSIC ha hecho un recorrido exhaustivo por 13 archivos y otros censos. Sin embargo, estos “no son neutrales” y fueron también “violentados”, estuvieron sometidos a las políticas de la dictadura y sufrieron saqueos y destrucciones.

Esto explica que no todos los expedientes de depuración hayan sido hallados. Además, hay vacíos de información que tienen que ver con otras cuestiones: muchas de las mujeres que estuvieron en el Laboratorio Foster, el primero de Química destinado a la formación femenina, no pudieron seguir con sus carreras aunque no haya un documento que así lo acredite. “Lo sabemos porque muchas fueron becarias, no tenían un contrato o una relación contractual así que no pasaron por el proceso estricto de depuración”, señala Romero, para la que el trabajo permite concluir que la purga no solo fue un castigo individual, sino una “reconfiguración completa del tejido institucional y científico español”.

El Valle de los Caídos (renombrado como Valle de Cuelgamuros tras la Ley de Memoria Democrática) fue el sueño épico del dictador Francisco Franco. Cerca de Madrid construiría un conjunto monumental de piedra excavado en roca y coronado por un una gran cruz que debía ser el faro del régimen.

Franco ideó un mausoleo como un homenaje a los “héroes y mártires de la Cruzada” que “legaron una España mejor”, como dejó escrito en la orden de creación. Pero el sueño fue pesadilla para miles de familias republicanas (y algunas del bando franquista) que vieron que, de la noche a la mañana, se llevaban los huesos de sus familiares de sus localidades para rellenar los columbarios del Valle, que estaban medio vacíos. “Dependiendo de los enterradores o gobernadores, las cosas llegaron más o menos organizadas al Valle. Hay cajas que se nota que fueron extraídas con cuidado y otras en las que hay hasta restos infantiles, y eso no puede ser de represaliados”, explica la antropóloga Elisa Cabrerizo, que trabaja en el equipo que lleva a cabo las labores de exhumación.

Una carta del ministro de Gobernación fechada en 1958 constató el cambio de rumbo y especificó que se harían las inhumaciones en el Valle “sin distinción del campo en el que combatieran”. En ese momento, se pierde la pista del enterramiento de miles de personas, que fueron sacadas de las fosas de sus pueblos y trasladadas al mausoleo franquista. Es lo que le pasó a la familia Lapeña, que se enteró en 2012 de que sus familiares Ramiro y Manuel no estaban en la fosa donde habían llevado flores durante 60 años, sino en el Valle. Fueron los primeros en lograr que una sentencia obligara a sacar los cuerpos para darles “digna sepultura”. Fue en 2016 y aún no lo han conseguido. Ahora, los familiares (de cuarta generación) están a la espera de un último análisis forense de ADN que confirme si están en las cajas con origen Calatayud que se han recuperado hace unas semanas de la cripta del Santo Sepulcro de la iglesia del Valle.

Con la nueva política de inhumaciones a destajo, el Valle acabó siendo un amasijo de huesos donde reposan españoles del bando franquista (casi todos identificados en cajas y en el registro que llevaban los monjes) y del bando republicano (casi todos sin identificar, en enterramientos comunes sin nombre). En total, restos humanos de 33.833 víctimas trasladadas entre 1959 y 1983, ubicadas en 11.060 cajas que, desde 2023, se están intentando desentrañar y filiar. De momento se ha conseguido devolver los restos de 25 personas a los familiares que los habían reclamado después de analizar 602 cuerpos procedentes de 21 localidades de las que hay solicitudes. El primer exhumado, contra la voluntad de la familia y la extrema derecha, fue el propio Francisco Franco en 2019, dentro del plan de memoria histórica de un recién llegado Pedro Sánchez.

Si hay más de 33.000 cuerpos, ¿por qué se han devuelto solo 25 a sus familias? El equipo que lleva desde junio de 2023 en el Valle (hay adscritos cuatro documentalistas, tres arqueólogos, cuatro antropólogos, cinco forenses y cinco genetistas, según el recuento que aporta el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática) atienden las peticiones que llegan de las familias, que hasta el mes de julio han sido 216.

Las criptas de enterramiento están en cuatro niveles en la Capilla del Santo Sepulcro, por la que se empezó hace tres años, y se han ido completando, pero el estado de estas catacumbas es muy hostil.

Como alertaba un informe de Patrimonio Nacional, están llenas de “humedades”, hay “restos completamente desordenados y fuera del columbario”, con un amasijo de “cráneos y pelvis” y, en general, sin identificación de procedencia. Hay zonas donde ya no queda nada, por las humedades o porque ha habido inundaciones. Gran parte del problema reside en que la piedra sobre la que se levantó la basílica es caliza, y por tanto porosa y muy permeable a la humedad.

A esa zona de exhumaciones hay que entrar con traje especial, porque las condiciones son “muy tóxicas”, explica la doctora Cabrerizo. A partir de ahí, se investiga dónde puede estar la persona reclamada, se hacen análisis, se extraen muestras, se documenta todo el proceso para que haya trazabilidad, se compara con el ADN de los familiares que han reclamado los cuerpos y, si coincide, se recogen los restos y se entregan a las familias para que los entierren donde quieran y con dignidad.

“Ha habido un momento clave, que fue el hallazgo de la caja de Aldeaseca, donde estaba enterrado el padre de Fausto Canales [uno de los ciudadanos pioneros de la búsqueda de familiares]. Todo lo que sabíamos de la localización era por una foto de la agencia EFE. Siguiendo esa pista, la encontramos, pese a que no tenía ninguna rotulación. Fue muy emocionante, paramos todos, subimos e hicimos una celebración”, explica Cabrerizo. Junto a Canales, se identificó a otras 11 personas que fueron sacadas de la Casa del Pueblo y fusiladas (una de ellas, mujer) por falangistas en la madrugada del 20 de agosto de 1936.

La titánica labor se emprendió en 2023, al calor de la nueva ley de memoria, que salió adelante con los votos en contra de PP, Vox y Ciudadanos, CUP y Junts, y con la abstención de ERC y el BNG. Ante las críticas a la ley o la posición de que reabre heridas, la doctora Elisa Cabrerizo, puntualiza que “la ley de memoria no discrimina, de hecho la última entrega que hemos hecho ha sido de personas del bando sublevado, que vienen en caja individual e identificada. Nosotras, lo que nos piden, lo hacemos. De los 25 restos entregados a las familias, unos 6 ó 7 estaban en el bando franquista”.

Los obstáculos judiciales

Pero si ha habido un obstáculo, además del mal estado de los enterramientos, que ha frustrado la velocidad en las exhumaciones, ese ha sido el judicial. Desde que la primera sentencia de los Lapeña otorgó el 9 de mayo de 2016 el derecho a la exhumación, se han sucedido decenas de recursos judiciales del entorno de la ultraderecha (como Abogados Cristianos) y de asociaciones franquistas para frenar las obras, cualquier resignificación, la exhumación de Franco y de Primo de Rivera y las exhumaciones. El último de estos recursos ha permitido la paralización de las catas para resignificar el Valle, con un proyecto ganador sacado a concurso y que debe explicar lo que fue ese lugar.

“Nadie entiende que se destinen 30 millones de euros en resignificación, que nos hemos enterado de que empezaban las labores por una noticia, y que los hermanos Lapeña aún estén sin enterrar”, critica Eduardo Ranz, abogado de la familia en la denuncia pionera que acabó por reconocer el derecho a exhumación en el Valle hace 10 años. “No es de recibo que exhumen al dictador y José Antonio, y que haya familias esperando y que el gobierno de un país no sea capaz de superar la burocracia”, critica.

El asedio de denuncias, recursos y cautelares fue tal que “2024 fue un año que no pudimos hacer prácticamente ningún trabajo”, lamenta Cabrerizo, que también echa en falta que haya más agilidad en los procesos, un equipo estable y que Patrimonio Nacional vaya “por delante”, para que cuando los técnicos tengan que empezar con un piso esté ya todo listo desde el punto de vista de permisos o burocracia. Ese año en blanco se invirtió en que familiares de víctimas allí enterradas pudieran entrar y visitar las tumbas de sus seres queridos.

Esa visita también la hizo Rosa Gil, nieta del agricultor aragonés Pedro Gil, que luchó con el bando franquista. Murió recién empezada la guerra y dejó una mujer embarazada y un hijo de un año en su pueblo. Ese hijo (el padre de Rosa) le anduvo buscando desde 2010. Ese año, después de una vida de “culpa y tristeza” empezó un camino de reencuentro, a buscar el cuerpo de su padre. “Un día fui al cementerio de Zaragoza y me dijeron que, según los registros, a mi abuelo se lo habían llevado al Valle de los Caídos”, cuenta Rosa. “Cuando anunciaron que iban a exhumar fue una alegría inmensa. Lo malo que aún estamos esperando y la espera se hace muy larga, además de que tenemos miedo de que se derogue la ley si hay cambio de gobierno”. El padre de Rosa le dejó un encargo antes de morir: que cuando consiguiera sacar del Valle a su padre lo enterrara junto a él. De momento, su caja, que creen que está con nombre y enterramiento individual, no ha sido alcanzada: “Se paralizó durante un tiempo porque una nieta pidió que no se hicieran los trabajos”.

Las relaciones con los monjes del Valle que gestionan el complejo han sido muy tensas, sobre todo hasta la marcha del anterior abad, que se opuso a todos los trabajos y la exhumación del dictador. “Al principio entendían que éramos profanadores y no nos trataron bien. Ahora ya nos ven como unos profesionales que hacemos un trabajo legal. Incluso desde el bando sublevado les han hecho peticiones de búsqueda de familiares a ellos y ellos nos lo han trasladado”, cuenta la experta Cabrerizo.

Pero no solo se encuentran restos mortales, también objetos con los que murieron: “Si han muerto en combate hay galones, balas, botas, cinturones, cucharas dobladas... Si son de fosas de represaliados, encontramos abarcas, mecheros de yescas, gafas o tarjetas de ferroviarios”, explica la doctora.

El equipo técnico se va a quedar el tiempo que sea necesario, explican desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, aunque no tienen un horizonte claro: depende del ritmo al que se vayan encontrando los cuerpos reclamados por hijos, nietos y bisnietos de víctimas de la guerra y el franquismo, que llevan 50 años de democracia intentando recuperar a sus familiares de la mayor fosa común de España.

La cláusula abolicionista de la prostitución que el Ministerio de Igualdad ha incorporado en las subvenciones de trata y violencia machista ha llegado a los juzgados. La Audiencia Nacional acaba de admitir a trámite el recurso contencioso-administrativo que tres asociaciones han interpuesto contra la modificación de los requisitos aprobada este año y que incorporó como novedad la exigencia de que las ONG que quieran presentarse a las ayudas deben declararse abolicionistas de la prostitución.

Será la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia la que deberá estudiar las nuevas bases reguladoras y decidir sobre la medida cautelar solicitada por las tres organizaciones, que reclaman la paralización de los nuevos requisitos mientras se resuelve el fondo del asunto. El BOE publicó el pasado 22 de abril las órdenes ministeriales que obligan a las entidades que concurran a las ayudas a reconocer “expresamente” la prostitución y la gestación subrogada como una “forma de violencia contra las mujeres”.

Se trata de dos subvenciones diferentes que reparten entre ambas 20 millones de euros: unas destinadas a la lucha contra la trata con fines de explotación y sexual, y otras para programas de prevención y sensibilización en violencia machista. El cambio en las bases reguladoras fue conocido el pasado febrero, ante lo que medio centenar de asociaciones se unieron para protestar contra lo que consideran un requisito “inconstitucional”. Entonces ya anunciaron que, si el Ministerio de Igualdad no daba marcha atrás con su propuesta, iniciarían acciones legales.

El recurso, presentado por el Comité de Apoyo a las Trabajadoras Sexuales (CATS), la fundación Ámbit Prevenció y la asociación Genera, considera que los nuevos requisitos “constituyen un condicionamiento ideológico directo” sobre las organizaciones solicitantes de las ayudas que “vulnera” los artículos 14 y 16 de la Constitución. Además de estas, la asociación Stop Abolición también ha presentado paralelamene un recurso con el mismo objetivo: el de tumbar la obligación de declarar que la prostitución es una forma de violencia machista a través de sus estatutos o mediante experiencia previa. Además, las ONG deben firmar una “declaración responsable” en la que lo afirmen.

El Ministerio ha justificado el cambio para “reafirmar el enfoque feminista” de las ayudas basándose en la “perspectiva de género y el enfoque abolicionista”, según el preámbulo de la convocatoria. Una afirmación que para las organizaciones recurrentes supone un reconocimiento “sin ambages” de que “el criterio rector de los nuevos requisitos de acceso no es la capacidad técnica de las entidades solicitantes, sino su alineamiento con una postura ideológica determinada en materia de prostitución y gestación subrogada”. El recurso recalca que la “equiparación” de la prostitución con la violencia sexual “carece de respaldo en el ordenamiento jurídico”.

Por el momento, la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso sobre la orden que regula las ayudas relativas a la trata con fines de explotación sexual, pero las entidades esperan que haga lo mismo con la de los programas de violencia machista. En ambos casos, han replicado el recurso y piden que se frenen cautelarmente las nuevas condiciones debido a que, de no hacerlo, la exclusión o “penalización” de las ONG que no cumplan la condición “consumará de forma irreversible en cada convocatoria que se celebre” durante el tiempo en que se resuelve el recurso. La Audiencia ha decidido abrir una pieza separada para tramitar esta solicitud.

Preguntado sobre el proceso, el Ministerio de Igualdad apunta a que el cambio de requisitos es “jurídicamente sólido, coherente con el marco constitucional, europeo e internacional vigente y plenamente respetuoso con los principios del régimen de concurrencia competitiva” en las subvenciones. Fuentes de la cartera dirigida por Ana Redondo consideran que es algo “necesario, proporcionado y adecuado” y que la elección de este modelo “va en línea de recomendaciones, resoluciones y evaluaciones del ámbito europeo que señalan, de forma reiterada, que el enfoque abolicionista es el que mejores resultados ofrece”.

La declaración “no se ajusta” al modelo

La Secretaría de Estado de Igualdad ha publicado ya la resolución de concesiones y denegaciones de las ayudas correspondientes a la convocatoria de este año, ya con los nuevos requisitos en vigor. En el caso de las subvenciones para proyectos en violencia machista, doce asociaciones han sido rechazadas debido a que la declaración responsable que aportaron “no se ajusta al modelo” del departamento dirigido por Ana Redondo. Entre ellas está CATS, cuya solicitud también ha sido declinada en el caso de las subvenciones de trata.

Esta organización, que reclama que la prostitución sea reconocida como un trabajo y quienes la ejercen tengan derechos laborales, había recibido en ejercicios anteriores dinero para organizar el ciclo de charlas 'Hablan las prostitutas', con el que buscan “darles voz”, pero este año se ha quedado fuera. Y es que ante el nuevo requisito, este año cambió ligeramente el modelo de declaración y presentó uno en el que afirmaba que sus proyectos están alineados contra la violencia sexual, “incluida la ligada a la prostitución”, en vez de “incluida la prostitución”, como exige Igualdad.

La incertidumbre y las advertencias de “exclusión” de entidades han sobrevolado desde que el BOE publicara la nueva orden mientras que varias asociaciones temían que sus proyectos quedaran en el aire porque, o bien no se definen como abolicionistas o ni siquiera lo han debatido internamente al estar dedicadas a temas que no tienen que ver con la prostitución.

Una de las que mostró su preocupación fue la fundación Àmbit Prevenció, una de las tres recurrentes, que recibió en la convocatoria pasada algo más de 4.800 euros para financiar un proyecto con el que monitorizar qué ocurre con las víctimas después de que denuncien violencia sexual. La fundación lamentaba hace varios meses que el programa tuviera el riesgo de quedarse fuera si Igualdad no modificaba la orden, algo que ha ocurrido finalmente porque no se ha presentado al entender que la declaración responsable era incompatible con sus principios.

Mientras el proceso judicial avanza, las voces críticas con el cambio siguen inmersas en la campaña No al veto ideológico, impulsada por Voces Feministas por los Derechos, que aglutina a investigadoras de veinte universidades públicas. “La campaña defiende que el acceso a fondos públicos debe basarse en la calidad de los proyectos y en la experiencia de las entidades, y no en la obligación de asumir un determinado posicionamiento ideológico como condición para optar a financiación pública”, argumentan.

Viajó casi 300 kilómetros para matarla. Dámaso Fernández, de 49 años, se trasladó desde Zamora hasta Llanes (Asturias) para asesinar a Laura Cruz, su exmujer y madre de sus tres hijos. Lo hizo en el cuartel de la Guardia Civil de la localidad tras romper una taquilla y robar el arma a un compañero. Conocía bien las dependencias porque ambos eran guardias civiles y él había estado trabajando allí antes de ser destinado a Zamora, tras ser condenado por violencia machista hacia ella. Ya dentro del cuartel, se dirigió al despacho en el que Laura estaba trabajando y abrió fuego.

Es uno de los dos crímenes mortales por violencia de género el pasado miércoles, ambos en menos de 24 horas y los dos perpetrados por hombres en lugares abiertos al público: el segundo ocurrió en el centro comercial Carrefour Infante de Murcia, donde un hombre mató a su expareja en la zapatería en la que él trabajaba. Tenían una hija de cinco años en común. Pasadas unas pocas horas, el Ministerio de Igualdad confirmó ambos casos, elevando a 36 el número de asesinatos machistas en lo que va de año.

Los dos crímenes han dejado a cuatro menores de edad huérfanos, algo que es habitual —en torno a la mitad de las mujeres asesinadas tenían hijos— y comparten la circunstancia de no haber sido cometidos en el hogar, a pesar de ser lo más habitual. Según el informe del Consejo General del Poder Judicial que analizó los 1.000 asesinatos ocurridos desde 2003, la inmensa mayoría se producen en el domicilio —el 75%—, pero el resto ocurren en el vehículo, el lugar de trabajo de la víctima o en plena calle.

“No es lo más frecuente, pero sí ocurre a veces. Hay que recordar que la violencia de género es un crimen moral, no instrumental, es decir, no se consigue nada a cambio, sino que se lleva a cabo para ejercer poder, control y subordinación. El objetivo es reivindicarse, defender su imagen de autoridad y dejar claro que esa mujer 'es suya' y no va a permitir que no sea así”, explica el exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género y médico forense, Miguel Lorente.

De esta forma, los crímenes en el espacio público se convierten en una “escenificación” de ese papel frente a la mujer y sus decisiones y, según el experto, “mandan un mensaje” colectivo: “El agresor actúa sobre la víctima, pero muestra ante la sociedad lo que los hombres son capaces de hacer y advierte a las mujeres de lo que les puede pasar si hacen lo que ellos entienden como un desafío hacia su autoridad o control”.

En el caso de Llanes, el asesino falleció horas después al ser trasladado al hospital por los disparos recibidos cuando trataba de huir del cuartel abriendo fuego. Laura se había separado de Dámaso en 2014 y en 2019 le denunció por malos tratos. Fue condenado y se le impuso una orden de alejamiento que venció el pasado diciembre. Según El País, la mujer volvió a denunciarle y pidió nuevas medidas, pero la Justicia no vio riesgo y las denegó. Tras la condena, el Instituto Armado retiró el arma reglamentaria a Dámaso, que había recibido la notificación de que iba a ser expulsado del cuerpo tras la condena.

Por su parte, el hombre detenido en Murcia había sido condenado recientemente, en abril, y en su caso su expareja tenía medidas de protección vigentes que él se saltó. El servicio de emergencias recibió el miércoles por la tarde un aviso en el que alguien comunicaba el hallazgo de un cuerpo sin vida en la zona del almacén de Súper Rápido, el establecimiento del centro comercial en el que trabajaba el hombre.

El punto “en lo más alto”

“Normalmente decimos que la violencia se ejerce de puertas para dentro y pertenece al terreno íntimo. En estos dos casos vemos que no, que la violencia más extrema se ha provocado fuera. Llega un punto en el que si ese deseo de los agresores de que la vida de las mujeres sea de ellos y de nadie más está en lo más alto, nada importa y eso está por encima de todo”, afirma la psicóloga especializada en violencia de género Olga Barroso, autora de El amor no maltrata (Shackelton).

Ese punto al que se refiere la experta lo alcanzan algunos agresores machistas debido a que la violencia “no suele ser estática”. “El patrón siempre va a ir a más porque el agresor quiere más control y más dominio y para eso deben ejercer cada vez más violencia”, sostiene Barroso, que explica que, al final, hay un deseo de “poseer la vida” de la mujer “y decidir cuándo vive y cuándo no”. “No porque quiera matarla, sino porque quieren ser los que decidan sobre su vida. No soportan que ellas puedan vivir si no están ellos controlando y menos si es con otro hombre. Cuando el comportamiento de estos hombres llega a ese máximo, son muy peligrosos”.

En algunas ocasiones, este punto se entrecruza con el factor que puede precipitar la violencia: la separación. En el caso de Murcia, la denuncia y la condena eran recientes, solo de hace cuatro meses. En el de la guardia civil de Llanes, había ocurrido hace años, pero el hombre acababa de recibir la notificación de su expulsión debido a la condena firme. Una circunstancia que, según Barroso, hace aparecer la violencia como “un intento aleccionador y de castigo” debido a que el hombre siente que las decisiones de la mujer le están perjudicando pese a ser él el agresor.

Es por eso este un caso que “muestra muy bien lo estructural de la violencia machista”, cree la psicóloga. Porque ya el hombre no solo quiere que la mujer “sea para él”, sino que se venga de ella. “Solemos decir que las agresiones son el instrumento para conseguir el ejercicio del poder, pero a veces también lo son para lograr ese objetivo de que ella pague por lo que él considera que es un desacato a su autoridad. Es esto de '¿quién te crees que eres para hacer esto?'. Es un castigo aleccionador”, afirma la experta.

Para la también psicóloga especializada en violencia de género María Bilbao, el caso también cuenta con otro elemento diferenciador: el hecho de haber ocurrido en un lugar en el que están las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “puede aumentar la percepción de indefensión de otras mujeres”. La experta lamenta, además, que las órdenes de protección como la que tenía hasta diciembre Laura “decaigan” solo por el paso del tiempo, mientras no “se desarrollan programas ni presupuesto con agresores para revertir su violencia”.

En medio de un verano en el que se han producido 12 asesinatos machistas, la experta apunta a una “cierta fatiga” en las instituciones en el abordaje de la violencia machista y cree que es momento de “repensar las estrategias”. Eso mientras se abre paso el negacionismo de un sector social y político, capitaneado por Vox, que acaba de recibir de la mano del PP las competencias en Andalucía para gestionar los servicios forenses que evalúan a las víctimas y sus hijos e hijas. La misma formación que lleva años batallando en las instituciones para derogar las leyes de violencia de género.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. No hace falta haber interpuesto denuncia ni hacerlo para recibir asistencia psicológica o asesoramiento.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización

Nuevo varapalo judicial para los Abogados Cristianos en su ofensiva contra la memoria histórica. El Tribunal Supremo acaba de inadmitir el recurso que la fundación interpuso contra la puesta en marcha de dos de los órganos que ordenó crear la ley en 2022: el Consejo de la Memoria Democrática y el Registro Estatal de entidades. En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, el Alto Tribunal avala ambos instrumentos e impone 4.000 euros en costas a la organización ultracatólica.

Abogados Cristianos, que mantiene una intensa batalla judicial contra las medidas del Gobierno en esta materia, recurrió el Real Decreto aprobado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en abril de 2025 para regular tanto el Consejo de Memoria de la Memoria Democrática, que es un órgano consultivo y de participación de las organizaciones, como el Registro Estatal de Entidades memorialistas. En este, se puede inscribir las asociaciones que tengan entre sus fines la difusión y preservación de la memoria histórica.

Para Abogados Cristianos, su regulación “no es neutral y persigue fines ideológicos”, según describió en su recurso, en el que sostuvo que la creación de ambos entes “constituye un instrumento deliberado para ocultar o minimizar la persecución religiosa durante la Guerra Civil, perpetrada principalmente en la zona republicana contra la Iglesia católica y sus fieles”. Una supuesta “ocultación” que, a su juicio, viola la Constitución porque “ignora o relega a un segundo plano” a “miles de víctimas religiosas” y supone un “revisionismo histórico ideológicamente motivado”.

A lo largo de todo el recurso, la fundación despliega el habitual argumentario de la ultraderecha, con el que acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de “imponer una narrativa ideológica orientada hacia la 'memoria histórica' del Gobierno, excluyendo perspectivas alternativas” y de “favorecer” a colectivos “afines”. El recurso asegura además que el registro de entidades “establece un sesgo ideológico” que “excluye explícitamente” a organizaciones que “promuevan una visión reconciliadora o defensora de la persecución religiosa, como asociaciones religiosas o conservadoras”.

Rechazada la medida cautelar de suspender ambos órganos, como pedían los ultracatólicos, el Supremo entra al fondo del asunto e inadmite el recurso al concluir que la fundación “carece de legitimidad activa” debido a que sus fines estatutarios no tienen relación directa con el Real Decreto. Entre sus objetivos están la defensa de los cristianos, la igualdad ante la ley, el derecho a la vida o la libertad religiosa, cuestiones que, considera el tribunal, son “muy generales” y “no tienen vinculación” con la norma recurrida. “No hay referencia alguna a actividades de memoria democrática”, apunta.

El auto señala a Abogados Cristianos por plasmar “conjeturas” en forma de “hipotéticas transgresiones de derechos” cuyos posibles afectados podrán defenderse “en el futuro”, concluyen los magistrados de la Sala Tercera. Otro de los argumentos de la fundación fue que le había sido denegada su solicitud para inscribirse en el registro de entidades, sin embargo, el Supremo descarta que ello pueda sustentar el recurso porque, al menos según el auto, quien pidió la adhesión al registro fue la Asociación Abogados Cristianos —siendo esta una fundación—, lo que lleva a los jueces a concluir que de “una entidad jurídica diferente”.

La ofensiva contra la memoria

Esta es la segunda derrota judicial de Abogados Cristianos en menos de un mes, después de que el pasado 13 de julio la Audiencia Nacional rechazara paralizar cautelarmente la resignificación del Valle de Cuelgamuros. Lo hizo tras el recurso de la entidad contra el acuerdo firmado entre el Gobierno y el Arzobispado de Madrid para pactar los términos en los que va a transformarse el mausoleo franquista.

Antes, en enero de 2024, el juzgado de lo contencioso-administrativo de la Audiencia inadmitió el recurso de la nieta de una mujer enterrada en la cripta de Cuelgamuros tras paralizar las exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura durante varios días. La resolución tomó esta decisión por dos motivos: la abuela de la mujer, representada por Abogados Cristianos, ni siquiera estaba enterrada en el lugar donde se hacen los trabajos y, además, la Administración no está actuando por la vía de hecho, como apuntaba la fundación. El juez acusó a la recurrente entonces de haberle ocultado información e incluso haber precipitado la paralización de las obras como medida cautelar.

Además de llevar varios años arremetiendo vía juzgados contra todo el que consideran que ofenden a la religión cristiana —son también quienes alargaron en los tribunales la eutanasia de Noelia—, los ultracatólicos tienen en la memoria histórica otra de sus dianas. Son uno de los grupos que de forma sistemática han recurrido de todas las formas posibles cualquiera de los pasos dados en Cuelgamuros, cuya resignificación lleva ocho años lidiando con el asedio ultra que quiere mantenerlo tal y como lo dejó Franco.

Sobre las 12 y media de la noche vieron la puerta abrirse lentamente. Envuelta en una capa azul marino, una de las funcionarias de la cárcel de Ventas (Madrid), la prisión de mujeres más poblada de la España franquista, entró a la galería de menores para pronunciar los nombres de Martina Barroso, Victoria Muñoz y Ana López Gallego. Las tres presas sabían lo que significaba: las iban a sacar al amanecer para fusilarlas en la tapia del cementerio del Este junto a 43 hombres y otras diez mujeres. Este grupo de mujeres pasaría a la historia como las Trece Rosas.

Las militantes de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), ejecutadas el 5 de agosto de 1939, han inspirado decenas de libros, películas y obras de teatro, pero antes estuvieron sus compañeras de celda y aquellas presas que mantuvieron vivo su recuerdo. Todo un tapiz de voces que sobrevivió dentro de las cárceles durante décadas, desafiando el silencio impuesto por la dictadura franquista y que permite 87 años después acercarse a los detalles más íntimos y reveladores de aquella última noche.

Son momentos muy gráficos, como el relatado por la comunista Carmen Machado, que estaba presente en aquel instante y que relataría la reacción de Ana López Gallego, conocida como Anita. “Se dio cuenta rápidamente de que venían a por ellas, se puso en pie y dijo: 'No, no llame a las otras, ya las llamo yo'. Y ella misma despertó al resto. De estas dos compañeras, a una de ellas hacía muy pocos días que le habían fusilado a un hermano y recuerdo que lo único que dijo fue '¡Pobrecilla, mi madre!'”.

Se refería a Victoria Muñoz, otra de las Trece Rosas, cuyo hermano Gregorio había sido asesinado. La miembro del Partido Comunista (PCE) y enfermera durante la Guerra Civil, Josefina Amalia Villa, también fue testigo directo de la saca y corroboraría la misma escena. De los momentos antes de salir, contó que las tres jóvenes “se vistieron ayudadas por las demás; nuestras manos temblaban mucho más que las suyas” y recordó que Anita, al terminar, les hizo una pregunta a las compañeras “con voz serena y un poco baja”: “¿Llevo las medias derechas?”, les interrogó. “Le dijimos que sí, pero ¿quién las miró? Las abrazamos una y otra vez. ¡Qué horrible mezcla de gritos y silencio! Todo parecía muerto”.

Estas palabras de Josefina Amalia las recogió otra expresa de Ventas, Tomasa Cuevas, que publicó en los 80 los testimonios de mujeres que pasaron por las cárceles franquistas. En su relato, la comunista recuerda a Martina como una muchacha de “hermoso pelo rizado y tez descolorida” y narra cómo, la noche del 5 de agosto, mientras toda la sala se fue acostando, Anita “siguió cosiendo con algunas compañeras a su lado”. Dijo que esperaría porque no quería que la encontraran dormida cuando fueran a buscarla. Las sacas de los días previos se habían producido antes de las 11, por lo que cuando llegaron las 12.30, decidió dormirse. “Creo que está noche me puedo acostar”, dijo Anita muy poco tiempo antes de que la funcionaria apareciera en el umbral.

Si hoy podemos acceder al relato de aquellos momentos es gracias a las huellas que dejaron escritas durante la Transición varias militantes antifranquistas, pero antes existió lo que el historiador Fernando Hernández Holgado llama una “memoria subterránea” que fue transmitiéndose entre las testigos directas o indirectas del hecho. “Fue un relato colectivo de múltiples voces que recordaron en común y fueron elaborando y macerando durante años, en condiciones hostiles. Solo a partir de 1978 se fue fijando en textos escritos”, explica en el artículo Mitos y memorias. Una arqueología del mito martirial y de las memorias subterráneas de las 'Trece Rosas', recién publicado en la revista Pasado y Presente.

El historiador sigue el rastro de esa “memoria interior” de la prisión que fue, durante mucho tiempo, oral y femenina. “Fue allí, en aquella cárcel, donde empezó a gestarse un primer relato colectivo de aquella primera comunidad de presas políticas” frente al “peligroso” ecosistema franquista de aquellos años. La clave de su supervivencia pudo estar en “el fuerte sentido de comunidad” de esa primera generación de presas políticas de la dictadura ante los sucesos traumáticos que vivieron. “Su identidad, el sentido identitario de sus vidas y de sus luchas dependía en buena medida de recordar y hacerlo con fidelidad a lo vivido en carne propia y en la de sus compañeros”, afirma.

“Como si fueran escolares haciendo sus deberes”

Siete de las Trece Rosas no llegaban a la mayoría de edad legal establecida entonces de los 21 años y sus edades oscilaban entre los 18 y 29. Por eso, sus compañeras se refirieron a ellas como “las menores”. Tres estaban en una misma sala de Ventas —la cárcel que llegó a retener a 5.000 presas a pesar de estar concebida para 500—, mientras que el resto se encontraban diseminadas en pasillos, galerías y sótanos. Además de Anita, Martina y Victoria, las Trece Rosas eran Virtudes González, Luisa Rodríguez, Adelina García, Julia Conesa, Dionisia Manzanero, Elena Gil, Joaquina López, Carmen Barrero, Pilar Bueno y Blanca Brisac.

Las jóvenes habían sido condenadas a muerte por un delito de adhesión a la rebelión. Su sentencia, considerada ejemplarizante, se dictó en un contexto de recrudecimiento de la represión tras el asesinato del comandante de la Guardia Civil Isaac Gabaldón, un crimen en el que ninguna participó a pesar de las declaraciones que en 2019 hizo el exconcejal de Vox en Madrid, Ortega Smith, a las que acusó falsamente de “torturar, violar y asesinar vilmente”. En cada uno de sus expedientes, una cruz azul perfilada en rojo marcaba su destino. Era la señal con la que la cárcel de Ventas identificaba las condenas a la pena máxima, impuesta a 80 mujeres procedentes de esa prisión entre el final de la Guerra Civil y 1943.

Previamente a ser ejecutadas, las presas solían escribir sus cartas de despedida a sus familias desde la capilla, algo que también hicieron las Trece Rosas. Hernández Holgado recupera en su artículo el relato de la militante comunista Soledad Real, que a pesar de ser encarcelada cuatro años después, transmitió el recuerdo de la enfermera socialista María Lacrampe. Ella sí estuvo con las jóvenes aquella noche en la capilla y evocó la imagen de las mujeres escribiendo sus últimas misivas desde la cárcel “como si fueran escolares haciendo sus deberes”.

A través del tiempo viajaron no solo los testimonios, sino objetos clandestinos vinculados a la ejecución de las Trece Rosas. Entre ellos, el poema de la maestra Rafaela González Quesada, conocida como Rafita, titulado 'Cuando mueren las estrellas', que nombró por primera vez al grupo de jóvenes como las Trece Rosas y que fue escrito la misma noche del 5 de agosto de 1939. Según recuerda Hernández Holgado, Rafita era hermana del escultor Juan Cristóbal, que llevó el poema a París mientras su hermana seguía en prisión. Allí, una de las hijas de la física Marie Curie llegó a promover una campaña de protesta por los fusilamientos masivos que se habían producido en el mes de agosto en España.

El “mito martirial” del exilio

Es precisamente en este salto al exterior donde, según describe Hernández Holgado, se gestó el “mito martirial del exilio” que también aborda en su artículo y que contrapone a la “memoria subterránea”. El historiador explica que el fusilamiento llegó a los medios escritos del exilio comunista con siete años de retraso, en 1946, y sin citar ningún nombre propio, en un momento en el que apenas se construían referentes femeninas y sí muchos hombres ocupaban ese lugar. Tiempo después, fueron nombradas algunas de ellas, aunque con errores en sus nombres.

A partir de entonces fue construyéndose el mito de las Trece Rosas en el exterior gracias, en parte, a los datos fragmentados que algunas presas como Mercedes Núñez lograron transmitir, mujeres que aunque no coincidieron con ellas, sí estuvieron en Ventas unos años después. El objetivo, según describe el historiador, era “ser funcional”, es decir, servir para la movilización política contra la dictadura, estableciendo una especie de “deuda moral” hacia las “mártires”. Fernández Holgado lo llama “mito martirial”, construido a través de estereotipos y destacando elementos como la inocencia, el sacrificio, la valentía o la exageración de su juventud —se llegó a afirmar que alguna tenía 16 años—.

Frente a esta distancia física y temporal, el historiador destaca la realidad íntima de las celdas en las que las represaliadas custodiaron los recuerdos. Fue el caso de la comunista Juana Corzo, que guardó en secreto el bordado que Dionisia, una de las jóvenes fusiladas, confeccionó antes de ser ejecutada. Según algunos testimonios, la conocida como Juanita pudo despedirse de las 13 jóvenes y llegó a resaltar de ellas su “gran valor y enorme dignidad”. La antifranquista conservó clandestinamente el bordado durante tres décadas de dictadura hasta que en 1977 se lo entregó a Dolores Ibárruri, Pasionaria, a su vuelta del exilio.

Aún no se había declarado uno de los mayores desastres forestales de la historia de España y ni Madrid ni Ávila ardían todavía, cuando los bomberos advirtieron de las precarias condiciones con las que, un verano más, afrontaban la temporada de incendios. “Está todo preparado para que con una ola de calor se inicie el fuego. La situación meteorológica no descansa, pero gran parte de las comunidades siguen improvisando sus operativos a última hora”, alertaban ya el pasado 23 de junio. No era una advertencia aislada, sino el reflejo de un problema que el sector, responsable de apagar incendios cada vez más voraces y rápidos, arrastra desde hace años.

La disparidad entre autonomías en lo que a cuerpos de bomberos forestales se refiere dibuja un mapa desigual al que es difícil seguir el rastro, pero muchos territorios comparten denuncias comunes: desde la falta de recursos y plantillas insuficientes a contratos temporales, bajos salarios y una prevención que, lamentan, sigue relegada a un segundo plano. Eso a pesar de que los bomberos cuentan desde noviembre de 2024 con una ley específica que busca unificar condiciones laborales y operativas y que, denuncian los sindicatos, no se cumple como debería.

Después del catastrófico verano de 2025, los bomberos esperaban más preparación durante el invierno, pero, según CCOO, esta no ha llegado. “La tarea fundamental sigue siendo anticiparse y ser previsores, sin ese trabajo previo es muy difícil acometer con eficacia las emergencias”, afirma Carlos Martín, bombero forestal BRIF que está trabajando en los incendios de Madrid y Ávila. Estas unidades, que dependen del Ministerio de Transición Ecológica, sí son permanentes, pero no ocurre así con buena parte del personal de varias comunidades.

“En octubre muchos dejan de trabajar, a pesar de que por las necesidades evidentes deberían ser permanentes y hacer trabajos todo el año de mantenimiento, quemas controladas y gestión forestal”, explica Rubén Pinel, de la Secretaría de Medio Ambiente y Salud Laboral de CCOO. El sindicato CSIF ha cuantificado estos días que “más de 4.000 bomberos fueron despedidos” el pasado mes de octubre tras la campaña de incendios, “desmantelando así el operativo” contra el fuego, mientras que el salario medio de estos trabajadores se sitúa en unos 1.400 euros mensuales netos.

La situación deriva en que, cuando el monte empieza a arder, los dispositivos de lucha contra el fuego la afrontan “sin tener personal suficiente o el previsto contratado” y sin haber desarrollado tareas “de formación o sensibilización a la población”. CCOO denuncia que, a finales de junio, el operativo de Castilla y León, la comunidad con mayor superficie forestal de España, “no estaba preparado con suficiente antelación”. El sindicato pone el foco “en la gran precariedad laboral y la falta de estabilidad” en las contrataciones, que en parte siguen derivándose a empresas privadas pese a la promesa de la Junta de ir incorporando a todo el personal al sector público.

Según Sara Mateos, agente medioambiental y delegada sindical de CSIF, la única medida aplicada tras los grandes incendios forestales del pasado año fue convertir en personal fijo durante todo el año a una parte de los trabajadores públicos, mientras el de las empresas privadas continúa trabajando solo durante cuatro meses, con sueldos de 1.200 euros.

Unas “condiciones laborales dignas” reclaman los bomberos de la Comunidad de Madrid, que hablan de “desesperación” y sensación de “abandono”, al tiempo que mantienen un pulso con el Gobierno autonómico y su empresa empleadora, Tragsa, desde hace un año. Asolada por “el incendio más grave de su historia”, la comunidad afronta las llamas con un operativo reorganizado este año, que ha provocado que en verano operen menos bomberos que el anterior. “Hemos pasado de siete efectivos a cinco en cada dotación”, decía hace unos días a elDiario.es el bombero forestal Julio Chana, de CGT.

Los trabajadores advirtieron ya en abril de la falta de prevención en los bosques madrileños, a pesar de que el sector insiste en su importancia debido a la abundancia en Madrid de urbanizaciones y núcleos de población situados junto a masas forestales, la conocida como interfaz urbano-forestal. Esto supone que sin discontinuidades ni planificación, un incendio como el de la última semana alcanza las viviendas con rapidez. Aunque algunos ya están pudiendo volver a sus casas, en total 50.000 personas han sido evacuadas o confinadas en Madrid.

Jornadas sin regular y vacantes por cubrir

En Castilla-La Mancha, los bomberos forestales de la empresa pública Geacam, denuncian desde hace años la falta de personal y el incumplimiento de un convenio colectivo caducado desde diciembre de 2024. Según Manuel Amores, delegado sindical de CCOO, las bolsas de trabajo están agotadas en las cinco provincias y las bajas ya no pueden cubrirse, mientras el dispositivo completo solo permanece activo 95 días, pese a que reclaman ampliar la campaña hasta el 30 de septiembre. “El 8 de septiembre ya hay compañeros vigilantes que se desactivan y el 18 de septiembre pasa con los retenes, en plena campaña de alto incendio”, denuncia.

“Estamos agotados”, recalca Amores, quien afirma que a trabajar 12 horas por 1.300 euros y estar disponibles los 30 días del mes “lo llamaría esclavitud”. “Es nuestro trabajo, nuestra prioridad es apagar los incendios, no es cuestión de hacer movilizaciones ahora, pero tendremos tiempo de reunirnos en octubre, que es cuando baja el tema de los incendios”.

Las largas jornadas de trabajo son otra de las denuncias comunes: según CCOO, a nivel general se llegan a realizar “a menudo” jornadas por encima de las 14 horas y que pueden llegar a las 22 de forma ininterrumpida. El sindicato señala que el Ministerio de Trabajo debería haber aprobado ya un reglamento al que obliga el conocido como estatuto del bombero, para regular las jornadas de trabajo en condiciones extremas o el reconocimiento de enfermedades profesionales, pero “no lo ha hecho”. “Es urgente que actúe y cumpla con sus obligaciones”, señala la central sindical.

En la Comunitat Valenciana, los bomberos forestales celebraron el pasado año la aprobación del tercer turno, una reivindicación histórica para reforzar los operativos y reducir la carga de trabajo en emergencias prolongadas. Sin embargo, denuncian que la falta de estructura de la empresa pública SGISE está retrasando la incorporación de nuevos efectivos y mantiene vacantes decenas de puestos de mando. Según el comité de empresa, el déficit de personal llegó a alcanzar el 40% durante el invierno y ronda el 15% en pleno verano, una situación que ha obligado incluso a recurrir a bomberos voluntarios fuera de su turno para hacer frente a incendios como el de la Vall d'Uixó de Castellón.

A la falta de efectivos se suma, aseguran, un parque móvil envejecido y la escasez de medios materiales. “Hay camiones que a mitad de un incendio te dejan tirado”, denuncia Miquel Férriz, jefe de unidad en Castellón y delegado de la CGT, que advierte de que algunos helicópteros operan con solo dos bomberos cuando deberían hacerlo con seis. Aunque muchas comunidades han ido incrementando en los últimos años el presupuesto destinado a prevención y extinción de incendios, no ha sido así en la Comunitat Valenciana, donde PP y Vox acaban de reducirlo en plena época de fuegos.

La falta de coordinación

Las reivindicaciones se replican en Andalucía, donde el incendio que acabó con la vida de 14 personas en Almería a principios de julio sorprendió a la Junta con retenes de bomberos “incompletos”, según denunciaron. En Catalunya, las noticias son diferentes: el cuerpo de bomberos ha ido ganando efectivos y tanto los presupuestos como las plantillas y los medios de extinción crecen año a año. Además, los efectivos cobran allí uno de los salarios más altos de España para el sector, que alcanza los 40.000 euros anuales. Aun así, las denuncias sobrevuelan y apuntan a materiales de protección “anticuados” u horas extra sin las que el sistema “se vendría abajo”.

El tono es también diferente en Galicia, aunque lo habitual año a año sigue siendo la imagen de unos equipos desbordados por el fuego que siguen hablando de “falta de previsión” por parte de la Xunta y de una política forestal “fallida”. Aun así, el punto débil del dispositivo se reduce sobre todo a la descoordinación, según los trabajadores.

Algo a lo que también señalan el resto de comunidades y que, en parte, se debe a que en las emergencias trabajan diferentes tipos de cuerpos: en el caso de Galicia, está el personal dependiente de la Xunta, entre los que hay funcionarios y fijos-discontinuos, que trabajan este año ocho meses. Se suman las brigadas municipales, que según los sindicatos no son profesionales y apenas reciben formación adecuada, y el personal de las BRIF, que depende del Estado. En algunos casos como el de los últimos incendios en Madrid y Ávila, en los que el Gobierno central concentró el mando, está trabajando también la UME.

“Nosotros somos tres y cuando nos llaman aparecemos en el fuego y hacemos lo que nos parece adecuado según las circunstancias, si la cosa se complica y el número de hectáreas aumenta, ya aparecen los ingenieros, los políticos, los periodistas y bomberos de otras brigadas sin que esté claro quién coordina ni cuál es la estrategia”, resume Manuel Fernández, bombero do Consorcio de Ourense, sobre la situación en su comunidad.

Con información de Rodrigo Abad, Laura Martínez, Gonzalo Cortizo y Pau Rodríguez.

La ola de incendios que ha obligado a declarar la emergencia nacional en Madrid y Ávila ha vuelto a hacer circular bulos y mitos climáticos que se propagan por redes sociales. Algunos reaparecen cada año y otros se circunscriben a los fuegos concretos declarados este verano, tras lo que más de 150.000 hectáreas han sido arrasadas. Las autoridades advierten de la difusión de desinformación que incrementa fácilmente la alarma social y recomiendan informarse por canales oficiales. Estos son algunos de los bulos más repetidos estos días:

No nos dejan limpiar los montes

Cada temporada de fuegos emerge la afirmación que asegura que la Agenda 2030 o los “ecologetas”—entre otros supuestos culpables— no permiten limpiar los montes a ganaderos, agricultores y propietarios. Es falso. Lo primero es que la Agenda 2030 de la ONU no es una ley que dicte normas concretas sobre gestión forestal, sino un conjunto de objetivos de desarrollo sostenible.

Pero, además, es al contrario: la ley de montes de 2003 —aprobada por el PP— exige a las comunidades autónomas la aprobación de planes de prevención de incendios, que en la práctica incluyen la gestión sostenible de los montes mediante retirada de restos, desbroces, podas y otras medidas. Según Greenpeace, los propietarios forestales deben mantener sus fincas limpias y en buen estado y, si no lo hacen, los ayuntamientos deben exigírselo o incluso encargarse de ello. Además, las normativas autonómicas suelen obligar a propietarios de parcelas cercanas a núcleos urbanos a mantenerlas limpias y, en general, permiten hacerlo sin licencia salvo que estén en espacios protegidos.

Lo que sí ocurre es que en épocas puntuales con alto riesgo de incendio o durante las olas de calor se dictan limitaciones a actividades que, precisamente, pueden provocar fuegos. Por ejemplo, la quema de rastrojos o el uso de maquinaria que genere chispas. La Guardia Civil detuvo el pasado viernes a una persona como presunta autora del fuego de Burgohondo, en Ávila, por utilizar este tipo de maquinaria en una zona prohibida. El incendio se ha convertido en el peor de la historia de España.

Se queman terrenos para recalificarlos

Hay quienes hablan de “intereses ocultos” que estarían detrás de los incendios con el objetivo de recalificar terrenos. Sin embargo, la ley de montes no permite recalifiar un suelo quemado hasta 30 años después del incendio forestal. La única excepción se introdujo en 2015 para los casos en que existan “razones imperiosas de interés público de primer orden”. Según ha explicado el Ministerio para la Transición Ecológica, desde la aprobación de la ley en 2003 no se ha llevado a cabo ninguna obra pública en zonas afectadas por incendios.

Los incendios se provocan para instalar paneles solares

Que se queman los montes intencionadamente para instalar plantas de renovables es otro de los bulos habituales. “Para saber dónde se van a producir los próximos incendios forestales, con leer el BOE es suficiente. Donde se hayan aprobado la instalación de plantaciones fotovoltaicas, ahí serán”, decía un mensaje en X hace unos días. Es esta una afirmación que suele circular junto a la de la recalificación de los terrenos, pero lo cierto es que para hacer este tipo de instalaciones no se necesita recalificación del suelo. Lo que sí es obligatorio siempre es el trámite ambiental habitual, con o sin incendio previo. Estas narrativas suelen extenderse en la opinión pública sin que se aporten datos, casos concretos ni ningún tipo de evidencia.

Siempre ha hecho calor y el cambio climático no es tan importante

Los datos son inéquivocos: la emergencia climática es una realidad que va a peor cada año. Las olas de calor son ahora más frecuentes, más intensas y más duraderas que hace unas décadas y cada vez más, las condiciones meteorológicas, forman un cóctel perfecto para la expansión de 'superincendios' difíciles de contener. Los récords de temperaturas no dejan de producirse casi año a año: según la AEMET, este junio y julio han sido los dos meses más cálidos desde que hay registros. El cambio climático no enciende los incendios forestales, pero sí crea las condiciones para que sean más peligrosos.

Órdenes “de arriba” para no hacer nada ante el fuego

Son varios los mensajes en redes sociales que reproducen esta misma idea: la existencia unas supuestas órdenes “de arriba” dadas a los equipos de extinción que están trabajando sobre el terreno para que no hagan nada y dejen que los montes se quemen. No hay ninguna evidencia de esas supuestas instrucciones, pero sí del trabajo que realizan día y noche los 3.000 efectivos, entre bomberos, personal de las comunidades autónomas o militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que están intentando controlar los fuegos solo en Madrid y Ávila.

Algunos de estos comentarios están acompañados de vídeos descontextualizados de trabajadores que están actuando sobre el fuego. La realidad es que las decisiones sobre dónde y cuándo intervenir responden a criterios técnicos y de seguridad, en función de la evolución del incendio.

En España existe “terrorismo incendiario”

No es poco común que se mencionen las mafias, tramas organizadas o un supuesto “terrorismo incendiario” que provocaría los incendios de forma sistemática y coordinada. Sin emabargo, la Fiscalía ha descartado en varias ocasiones la existencia de este tipo de organizaciones criminales complejas. Lo que sabemos es que detrás de los incendios suele estar el factor humano, desde accidentes a negligencias o fuegos intencionales. Solo una mínima proporción de los incendios se atribuye a personas que sufren piromanía.

Marruecos envía hidroaviones a España

Varios vídeos en TikTok muestran imágenes de supuestos aviones procedentes de Marruecos recogiendo agua para colaborar en las tareas de extinción de los incendios de Madrid y Ávila. Sin embargo, es falso. Según ha documentado Maldita.es, ni siquiera los hidroaviones que aparecen en estos vídeos pertenecen a la Real Fuerza Aérea de Marruecos, sino que son de la Sécurité Civile de Francia. El video original fue publicado el 5 de julio de 2026, antes de los incendios de especial gravedad declarados hace una semana.

España solicitó ayuda el pasado viernes al Mecanismo Europeo de Protección Civil y, de momento, Grecia, Italia, Portugal y Turquía han enviado aviones o personal para colaborar en las tareas de extinción.

El piloto que denuncia no poder coger agua de piscinas

Lleva días circulando en redes sociales el testimonio de un supuesto piloto español advirtiendo de que los vecinos no permiten “coger agua” de piscinas privadas para apagar el fuego. Sin embargo, este piloto no está trabajando en el momento de la grabación en España ni es un testimonio actual. Se trata de una grabación publicada por el canal chileno T13 en febrero de 2023, cuando el país vivió una de las peores olas de incendios de los últimos años.

Mientras sigue el avance del fuego y los incendios de Madrid se unen en uno solo, miles de efectivos trabajan para evitar que este confluya con el de Ávila en un mismo frente común. La batalla contra el fuego se libra sobre el terreno, pero pone sus ojos en las condiciones meteorológicas, determinantes en estos casos. El viento, el calor y la baja humedad son lo contrario a un aliado en la extinción de las llamas y los tres factores están convergiendo en los incendios por los que el Gobierno ha declarado la emergencia nacional.

Así lo detalla en conversación con elDiario.es el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) Rubén del Campo, que explica que este es el motivo por el que este viernes la situación ha sido de “peligro extremo”. Aunque en la zona han bajado las temperaturas con respecto a los días previos, hablamos todavía de registros muy elevados, de más de 30 grados, lo que sumado a una baja humedad relativa y a un viento que “se va a ir intensificando” en las próximas horas —con rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora—, suponen un desafío para el control del fuego.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, advirtió durante la mañana de un “día crítico” y la situación ha obligado ya a desalojar y confinar en sus pueblos a casi 60.000 personas.

La AEMET forma parte de los operativos desplegados y monitoriza en tiempo real la situación desde el Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), a cuyas reuniones también asiste. Sus previsiones son un delicado equilibrio entre variables que no siempre evolucionan al mismo tiempo ni en el mismo sentido: en un incendio forestal, la meterología es un conjunto de piezas que no funcionan por separado, es su combinación la que determina las condiciones.

El giro del viento

En este sentido, los pronósticos de la AEMET apuntan a que el viento dará una tregua durante la noche y la madrugada y, ya el sábado, habrá un descenso de las temperaturas. Sin embargo, explica Del Campo, paralelamente ocurrirá otro de los fenómenos que condicionan mucho el control de las llamas y que pueden modificar su comportamiento de forma súbita: un cambio de dirección. “El viento dificultará la tarea porque además de soplar con rachas fuertes que podrían superar los 60 kilómetros por hora, empezará a soplar del noroeste”, informa el portavoz.

Este aire suele favorecer la propagación del frente y la diseminación de partículas, que pueden originar nuevos focos. Del Campo explica que las rachas fuertes, además, complican la utilización de medios áereos, mientras que el viraje de su dirección “obliga a una reorientación de la lucha contra el fuego y a movimientos de efectivos que estaban en otra zona”. “Mientras se produce el cambio de dirección, en la zona del incendio puede haber una situación 'caótica' y no definida porque en unas áreas puede estar soplando en la nueva dirección pero en otras estar todavía haciéndolo en la antigua, lo que dificulta la gestión durante unas horas”, añade el experto.

Además, en incendios de este tipo, “es probable” que puedan formarse fenómenos como los pirocúmulos, que son nubes que crea el propio fuego debido a que el calor extremo que desprende hace que el aire caliente ascienda deprisa y arrastre humo, cenizas y vapor de agua que se condensarán al enfriarse. Según el portavoz de la AEMET, el sábado es el día con las condiciones “más propensas” para su desarollo.

El domingo es el día señalado por la Agencia como “el más favorable” para facilitar las labores de extinción: aunque puede seguir presentando cambios de dirección, perderá “mucha intensidad” y el calor no será excesivo, lo que dibuja un escenario más propicio. Sin embargo, “la ventana es estrecha”, ilustra Rubén del Campo, porque a partir del lunes suben de nuevo las temperaturas y el peligro de incendios vuelve a colocarse en alto e incluso extremo en los días posteriores.

“Los pronósticos ya anuncian un nuevo episodio cálido la próxima semana, que podría derivar en una nueva ola de calor, y los de las siguientes, con las debidas reservas, siguen anunciando calor”, sostiene el experto, que advierte de que España ya acumula más de 133.000 hectáreas quemadas en lo que va de año, lo que “supera ya el promedio anual de 96.000”.

Una situación atravesada por el cambio climático que, recuerda el portavoz de la AEMET, “sin duda está haciendo más frecuentes” fenómenos meteorológicos que “conducen” a elevar el riesgo. “Las olas de calor son más frecuentes, más intensas, más duraderas y más extensas que hace unas décadas. Este 2026 se está llevando la palma: junio y julio han sido los dos meses más cálidos desde que hay registros”.

Tres mujeres en 24 horas. Es el último pico de casos investigados como violencia machista concentrados en un escaso periodo de tiempo, entre el lunes y el martes de esta semana. El primero ocurrió en Antequera (Málaga), donde la Policía Nacional encontró el cadáver de un hombre que se había suicidado y, horas después, el de su pareja, de 29 años, a la que había matado en casa a cuchilladas. Poco después era detenido en Alameda de la Sagra (Toledo) un hombre de 48 años por el asesinato de su pareja y, a las pocas horas, la Guardia Civil hallaba en Benahavís (Málaga) el cuerpo sin vida de otra mujer con signos de violencia.

Los dos primeros han sido ya confirmados como violencia de género y el último se encuentra aún bajo investigación. De ratificarse los tres, serían 32 el número de casos mortales registrados en lo que va de año. Seis de ellos desde que dio comienzo el verano, la época en la que más asesinatos suelen acumularse. El número de menores huérfanos por esta causa alcanza ya los 20.

Las tres mujeres pasarán también a formar parte del registro de homicidios ocurridos en España este 2026. La extensión de la violencia hacia las mujeres por parte de sus parejas o exparejas es tal que, en más de la mitad de los asesinatos en los que la víctima era una mujer, el agresor fue un hombre con el que mantenía en el momento de los hechos o en el pasado una relación sentimental. Los datos del Instituto Nacional de Estadística cruzados con el registro de víctimas de violencia machista arrojan luz sobre este fenómeno: entre 2003 —primer año con datos oficiales— y 2025, fueron asesinadas en nuestro país 7.767 personas, de las que 2.577 fueron mujeres. De ellas, el 52% lo fueron por violencia de género.

Miguel Lorente, médico forense y exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, explica que el dato debería hacer entender este tipo de violencia “en toda su amplitud, dimensión y significado”. “Sabemos que el grupo de población que, con diferencia, más representado está en esta violencia es el de las mujeres que, sin tener ningún tipo de vínculo con la criminalidad, son asesinadas en sus casas por sus novios o maridos actuales o pasados, mientras que el de grupo de agresores más activo es el de hombres que matan a sus parejas o exparejas”, sostiene el experto.

A las cifras habría que añadirles, además, los otros feminicidios cometidos por hombres que, desde 2022, también contabiliza el Ministerio de Igualdad. Son casos en los que las mujeres son asesinadas por el hecho de serlo en contextos derivados de la violencia sexual, familiar o laboral. Un fenómeno que eleva los datos todavía más: si a las 48 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas el año pasado les sumamos los 26 feminicidios registrados, el 82% de todos los asesinatos en los que la víctima fue una mujer ese año, fueron feminicidios.

“La construcción de género es la causa fundamental y esencial de la mayoría de homicidios sufridos por las mujeres en el planeta”, afirma Lorente. Es algo que ha corroborado Naciones Unidas a nivel global: los hombres son en mayor medida víctimas de asesinatos en todo el mundo —fundamentalmente a manos de otros hombres—, pero ellas, cuando mueren por esta causa, lo hacen por parte de sus familiares y parejas. Esta realidad ha llevado a la ONU a concluir que “el hogar es el lugar más peligroso para las mujeres”.

“El problema de la violencia en pareja es estructural y ocurre incluso en aquellos países como España en los que la violencia con resultado de muerte no está tan generalizada”, apunta la Catedrática de la Universidad de Alicante en Medicina Preventiva y Salud Pública Carmen Vives Cases, que recalca la urgencia de “intervenir antes de que ocurra” el asesinato, la expresión más brutal del maltrato. “Se trata de aprovechar los contextos de oportunidad y eso pasa por mejorar y reforzar el sistema y sus recursos, que están sobrepasados, les falta presupuesto y personal formado”.

El verano como disparador de casos

La acumulación de asesinatos como la de los últimos días suele darse de vez en cuando, pero es más común en verano, en el que se concentran más casos. Julio es, de hecho, el mes con más registros de toda la serie histórica, seguido de junio y agosto. Diciembre y enero son otros de los periodos en los que más asesinatos se producen.

Las expertas llevan años intentando analizar qué hay detrás de la estadística y apuntan a algunos factores que pueden funcionar como “disparadores” de la violencia, especialmente en época vacacional. “Actualmente no es posible relacionarlo tanto con el tema del calor aunque sí genera estrés y agresividad, pero hacen falta explicaciones más completas y no unicausales: lo que sabemos es que en estos periodos se da más contacto y se convive más, se planifican vacaciones o surgen motivos de conflicto relacionadas con las cuestiones familiares o de los hijos e hijas”, explica Vives Cases, que califica la violencia de género de “pandemia”.

Lorente explica que, partiendo de que el objetivo último de los agresores es controlar a las mujeres, el verano y las Navidades se erigen como escenarios en los que la sensación de pérdida de control puede aumentar. Esto puede hacer que con mayor probabilidad utilicen la violencia con este fin. “Son momentos de salir más, de forma más improvisada y quizá con gente diferente y a lugares distintos. Hay más descontrol y eso es percibido por el agresor como una intromisión. Si están separados, esto puede hacer que sientan que no van a recuperar a la mujer, lo que constituye un factor acelerador de la violencia”, esgrime el experto.

Otro de los elementos que suelen ponerse sobre la mesa son el llamado “efecto imitación” o una posible relación entre el aumento de la violencia y grandes eventos deportivos como el Mundial de fútbol que acaba de ganar el equipo español. Se trata de una variable que han analizado países como Reino Unido, donde incluso se ponen en marcha campañas públicas cuando hay partidos importantes. Según una investigación de la Universidad de Lancaster, en los mundiales de 2002, 2006 y 2010 la violencia aumentó un 26% cuando el equipo del agresor ganó o empató y un 38% cuando perdió. En España faltan estudios de este tipo.

Con todo, las especialistas recuerdan que este tipo de factores no son “causa-efecto” porque la realidad de la violencia machista es compleja y multicausal. Y apuntan al machismo como base: “La violencia de género se produce porque hay una construcción cultural, el patriarcado, que da razones a los hombres para que entiendan que se puede corregir, castigar o controlar a las mujeres de esta forma y que da a la sociedad razones para justificarla”, opina Lorente.

Ante la concentración de casos de lo que llevamos de julio, el Ministerio de Igualdad ha convocado un comité de crisis el martes que viene, en el que ministerios, comunidades autónomas y otros organismos implicados, como la Fiscalía, analizarán cada caso. En dos de los últimos tres, había rastro de las víctimas y sus agresores en VioGén, el sistema de protección de las víctimas de violencia machista, pero no había medidas de protección vigentes. Tanto la mujer asesinada en Antequera como la de Benahavís, ambas en Málaga, habían denunciado en algún momento, pero el sistema no las protegió.

Gráficos elaborados por Ainhoa Díez.

Diciembre de 1935. Aún queda más de medio año para la sublevación militar que derrocaría la democracia, pero el descontento con el proyecto republicano era cada vez mayor. La destitución del líder de la CEDA, José María Gil Robles, como ministro de la Guerra había intensificado el malestar de los sectores más reaccionarios del Ejército y de la élite conservadora. De noche, tres generales mantienen una reunión secreta que es interrumpida por el teniente coronel Valentín Galarza. Trae un encargo del líder monárquico José Calvo Sotelo, que envía un mensaje claro: es hora de dar un paso al frente.

De aquella reunión no salió ningún acuerdo, pero la escena refleja que la idea de acabar con la República no surgió de la nada antes de desembocar en el golpe de Estado del 17 y 18 de julio de 1936, que cumple 90 años. La planificación del levantamiento suele situarse a finales de 1935, definitivamente acelerado por el triunfo del Frente Popular en febrero de 1936, pero los movimientos conspirativos bullían prácticamente desde el inicio del nuevo régimen. El camino había empezado a recorrerse mucho antes con una dirección precisa.

“Hubo un plan muy concreto y preparado meticulosamente desde antes, no fue ninguna reacción espontánea sino el producto de una trama monárquico-militar-fascista”, afirma el historiador Ángel Viñas, autor de numerosos libros sobre el tema. El experto se muestra contundente frente a las tesis revisionistas que sitúan el origen en una respuesta casi inevitable frente al asesinato, solo unos días antes, del líder de Renovación Española, Calvo Sotelo. A pesar de que estas son las versiones que se encargó de difundir con ahínco la propaganda franquista, aún hoy siguen teniendo eco.

Que las maniobras preparatorias del Alzamiento Nacional –llamado así por los franquistas– estaban ya orquestadas antes del asesinato del político monárquico al que la dictadura convertiría en mártir está plenamente demostrado. De hecho, no sería el primer intento: antes, en 1932, el general José Sanjurjo había liderado un primer levantamiento militar desde Sevilla que “no estaba muy preparado, no tenía estructura y acabó fracasando”, explica el historiador Gutmaro Gómez Bravo.

El rechazo a la Segunda República iba aumentando por factores como las reformas sobre la tierra y la Iglesia, el crecimiento de la participación obrera, la revolución de octubre de 1934 y la destitución de Gil Robles, que había favorecido el ascenso de militares africanistas reaccionarios. Para algunos sectores, estas medidas suponían una amenaza a la llamada “antiEspaña”. Como explica la profesora de la UNED Pilar Mera, “más que un proyecto común, compartían un antiproyecto: derrocar al Frente Popular y lo que este significaba”.

Porque la victoria de la alianza de izquierdas en las elecciones de febrero de 1936 marcó un punto de no retorno. Menos de un mes después, varios altos mandos del Ejército que después se convertiría en golpistas —entre ellos Franco, Mola, Orgaz, Fanjul y Varela— se reunieron para planificar “un alzamiento que restableciera el orden en el interior y el prestigio internacional de España”. Era la trama militar del golpe, que acabaría acordando que Sanjurjo –y no Franco– sería la figura que lo encabezaría.

Paralelamente, actuaba la Unión Militar Española (UME), una organización semisecreta y antirrepublicana que, tras la radicalización política de 1934, creció rápidamente hasta los 7.400 asociados. La asociación actuó como un elemento vertebrador del golpismo dentro del Ejército, llegando a “penetrar en los cuarteles y reclutar a gente” para ejecutar la sublevación de 1936, explica Mera.

Los monárquicos, los primeros conspiradores

Aunque fue un levantamiento militar, la pata civil del golpe contaba con diferentes activos. Los monárquicos alfonsinos fueron los conspiradores más tempranos y, según ha revelado Viñas, hicieron una aportación decisiva: sus contactos con la Italia fascista habían arrancado mucho antes, pero el 31 de marzo, una delegación se reunió directamente con Benito Mussolini para asegurarse su ayuda en caso de insurrección. Faltaban dos años para el golpe. “Este fue un punto de inflexión clave y lo que puso de manifiesto es el interés político de Italia por España una vez acabaran con la República”, incide el historiador.

La concreción práctica del pacto llegó el 1 de julio de 1936, solo dos semanas antes de la sublevación, cuando el diputado monárquico Pedro Sáinz Rodríguez firmó cuatro contratos secretos en Roma para el suministro de una flota de aviones de combate, acompañados de listas “muy detalladas” de armamento, munición y piezas de recambio. Según Viñas, que reproduce los contratos en Quién quiso la Guerra Civil. Historia de una conspiración (Crítica), la operación fue financiada por el banquero Juan March, al que identifica como “el financiador más importante de la conspiración”.

“La gran diferencia en este golpe ofensivo y simultáneo es que está respaldado por todas las fuerzas conservadoras, que acaban dando su beneplácito a través de intermediarios. Después lo intentarán justificar de forma propagandística, pero la realidad es que se apartaron de la vía democrática para detenerla”, explica Gómez Bravo. Al margen de los monárquicos, la CEDA “no había dado un paso así hasta este momento” y el hecho de que “el principal partido de la oposición” apoye la sublevación “es fundamental”, apunta el historiador.

Esta constelación de actores se repartió los papeles. “Antes del golpe en sí, algunos se encargaron de generar una sensación de caos de una manera u otra”, explica Mera. Mientras la Falange de José Antonio Primo de Rivera “lo hacía en la calle”, Calvo Sotelo y Gil Robles “se dedicaban cada día de manera activa a hacer recuento en el Parlamento de los supuestos altercados desde una perspectiva catastrofista”. “Para sublevarse, tenían que crear una sensación de necesidad y, aparte de infiltrar las fuerzas del orden, se dedicaron a crear un estado de crispación a la que la izquierda respondió”, afirma Viñas, que también ha escrito sobre “los errores” de la República para detener el golpe.

Gómez Bravo explica que los falangistas y los carlistas, a través del Requeté, aportaron sus milicias armadas. “En este tipo de golpe fue importante porque no solo se trataba de tomar el poder e ir hacia Madrid, sino de asegurar las capitales de provincia y las regiones militares. A nivel local, los carlistas y Falange son clave porque tienen a su gente armada para controlar y están encuadrados”. Posteriormente, los falangistas “prestarían” al golpe “mucha consistencia ideológica y estética” que se mantendría sobre todo durante el primer franquismo.

El Director

Por encima de los diferentes movimientos, había, sobre todo, una única dirección militar encabezada desde Pamplona por Emilio Mola, el cerebro táctico del golpe. “Todo está ya en marcha y no ha de cundir el desaliento”, llegó a decir en una de sus instrucciones reservadas, que firmaba como El Director. En ellas, Mola estableció las bases del levantamiento, la organización y coordinación de las fuerzas militares, los itinerarios de avance y la estrategia que debía seguirse después. “Ha de advertirse a los tímidos vacilantes que aquel que no esté con nosotros está contra nosotros y que como enemigo será tratado. Para los compañeros que no sean compañeros, el movimiento triunfante será inexorable”, envío el 20 de junio.

Mola y no Franco fue el hombre encargado de dirigir el levantamiento. Tampoco fue el elegido para situarse al frente a pesar de que acabaría liderando el bando sublevado durante la Guerra Civil y se convertiría en dictador durante cuatro décadas. De hecho, según explica el historiador Julián Casanova en su biografía, Franco tardó en sumarse al golpe y no fue hasta junio que se comprometió definitivamente. El asesinato de Calvo Sotelo acabó por convencerle, llegándolo incluso a considerar “la señal”.

Entonces ya le estaba esperando el Dragon Rapide, un avión alquilado en Inglaterra mediante una operación en la que de una u otra manera llegarían a participar Juan March, Jacobo Fitz James Stuart, duque de Alba, o el director de ABC, Juan Ignacio Luca de Tena. La aeronave le trasladaría de Canarias a Marruecos el 18 de julio para ponerse al frente de las tropas allí asentadas. En ese momento, el futuro dictador no dirigía la sublevación, pero dos días más tarde, el 20 de julio, José Sanjurjo murió en un accidente de avión mientras era trasladado de Portugal a España.

“Esto cambia la historia porque Sanjurjo había sido elegido para presidir la Junta de Militares, que quedaría descabezada. Franco juega sus cartas y gana”, explica Gómez Bravo. La decisión del general de pedir ayuda directamente a la Alemania de Adolf Hitler para pasar a sus tropas desde Marruecos a la península marcó una primera diferencia y “alteró la posición de liderazgo entre Mola y él”. Según escribe Casanova, a partir de la muerte de Sanjurjo, Franco “jugó sus cartas con destreza y ambición” y comenzó a presentarse como el líder de los militares rebeldes.

La Guerra Civil ya había empezado porque la sublevación no triunfó en centros neurálgicos como Madrid o Barcelona. Tras dos meses de combates y con las tropas franquistas dirigiéndose hacia Madrid, el general tomó otra decisión clave: en vez de tomar la capital, decidió desviarse hacia Toledo para “liberar” el Alcázar, algo que el franquismo convirtió en mito y que contribuyó a agrandar su figura como salvador de España. Esos días, la cúpula militar estaba debatiendo el nombramiento de un mando único. El 1 de octubre fue elegido como Jefe del Gobierno del Estado, un cargo que aceptó afirmando: “Ponéis en mis manos España y yo os aseguro que mi pulso no temblará [...] Llevaré a la patria a lo más alto o moriré en el empeño”.

El Gobierno acaba de devolver a título póstumo al pionero Emilio Herrera Linares el rango de General del Ejército al que ascendió durante la Segunda República pero que nunca fue reconocido por el franquismo. Así consta en Real Decreto publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado y al que dio luz verde el pasado Consejo de Ministros. La disposición, firmada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, restituye su empleo al ingeniero al que Franco condenó al exilio y a la 'muerte civil' a pesar de haber sido un referente en su campo.

Herrera fue un pionero y desde los comienzos de su carrera se dedicó a la aeronáutica, participando en ascensiones en globo científicas y deportivas. Diseñó, además, la primera escafandra estratonáutica, precursor de los trajes espaciales. El ingeniero y militar se había formado en la Academia de Ingenieros de Guadalajara y se graduó como teniente en 1903. Cuando los sublevados dieron el golpe de Estado contra la República y estalló la Guerra Civil, ya era teniente coronel del Arma de Ingenieros del Ejército hasta que durante la contienda ascendió a coronel y a general en 1938.

Estos nombramientos se produjeron conforme al orden jurídico vigente republicano, pero no fueron reconocidos por la dictadura basándose en el decreto que anuló todas las normas posteriores al 18 de julio de 1936 que no hubieran sido dictadas por los sublevados. Herrera murió en Suiza en 1967 sin que se hubiera restituido su memoria. Católico y monárquico, pero fiel a la democracia cuando los golpistas se levantaron en armas, llegó a ser presidente del Gobierno en el Exilio de la República. Según señala el Real Decreto, Herrera había sido “un referente militar, ingeniero, intelectual, científico y político” llegando a ser nombrado Experto Internacional de Aviación. Sin embargo, como ocurrió con muchos otros profesionales destacados, fue depurado por la dictadura.

El pasado mes de diciembre, los descendientes de Emilio Herrera y su mujer Irene Aguilera, considerada la primera mujer en volar tras aprender a manejar un biplano en 1911, recibieron de manos de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática una declaración de reparación y reconocimiento como víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. En el documento, que es una figura contenida en la Ley de Memoria Democrática, se reconocía la “violencia y persecución” por motivos políticos o ideológicos sufridas por ambos durante su vida.

Sin embargo, el Real Decreto recientemente aprobado reconoce que este paso es “compatible” con la adopción de otras medidas que “pueda desarrollar el Estado para alcanzar una reparación integral” de su figura. En el caso de Emilio Herrera, la decisión “permite una restitución digna del empleo militar máximo alcanzado” con el objetivo de llegar a un “pleno restablecimiento de sus dimensiones individual y colectiva”. Eso sí, el reconocimiento no tiene efectos de índole económica, estipula el texto, que toma la decisión “en atención a las circunstancias excepcionales, méritos y virtudes militares concurrentes”.

La respuesta del Gobierno a la derogación de las leyes de memoria histórica autonómicas suma un nuevo capítulo. El Consejo de Ministros tiene previsto acordar en la reunión de este martes el recurso ante el Tribunal Constitucional de la ley de concordia de Extremadura, aprobada por PP y Vox el pasado octubre. En línea con la estrategia que ha desplegado contra otras comunidades que han hecho lo mismo, el Ejecutivo recurre a los magistrados para intentar paralizar una ofensiva que comenzó en Aragón en una fecha tan significativa como el 20 de noviembre de 2023, aniversario de la muerte de Franco.

Entonces, las derechas iniciaron la derogación de las leyes autonómicas de memoria y, en muchos casos, su sustitución por las llamadas leyes de concordia, un concepto tras el que reproducen el argumentario revisionista de la extrema derecha y apelan a la “reconciliación” entre españoles. Los pasos atrás consumados en esta materia fueron una de las medidas estrella de los pactos de gobierno de 2023 como exigencia de Vox a cambio de hacer presidentes a varios líderes del PP y se han convertido en moneda de cambio.

En el caso extremeño, la derogación se hizo efectiva el 9 de octubre de 2025 como último pago del PP de María Guardiola a la extrema derecha. Según ha podido saber elDiario.es, el Gobierno interpone ahora el recurso tras culminar el paso previo de negociación en la Comisión Bilateral obligatoria en estos casos y, como en otras ocasiones, reclama la suspensión cautelar mientras el Tribunal Constitucional resuelve. Hace escasos días, el tribunal admitió a trámite el recurso contra la supresión de la memoria en Baleares, con la consiguiente paralización cautelar.

Fuentes del Ejecutivo apuntan a que “existen motivos suficientes de inconstitucionalidad” en la anulación de la ley extremeña por dos motivos: “vulneración de derechos fundamentales” y también “diferencias competenciales” entre el Estado y la comunidad autónoma. “La ley [de concordia] podría vulnerar la dignidad y los derechos de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista porque limita sus derechos, especialmente el derecho a la verdad, la reparación y las garantías de no repetición, reconocidos por el Derecho Internacional”, apuntan las mismas fuentes.

El Gobierno recuerda que la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022 es una norma de rango estatal que establece “el deber de memoria” a todas las administraciones, incluidas las autonomías. En este sentido, sostiene que la nueva ley extremeña “reduce la protección de los derechos reconocidos” por la legislación nacional y las normas internacionales y que, al derogar la de memoria histórica, hace desaparecer “los órganos y mecanismos necesarios para aplicar muchas de las actuaciones en favor de las víctimas”.

El recurso se suma así a la batería de impugnaciones impulsadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a medida que los gobiernos de PP y Vox han ido desmantelando o reemplazando sus leyes de memoria. Tras Aragón, llegó el turno la Comunitat Valenciana, que aprobó la ley de concordia en un debate en el que el entonces president, Carlos Mazón, recurrió a Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA, para justificarla. Posteriormente el PP de Cantabria se apoyó en Vox para fulminar la ley y cumplir así una promesa electoral propia. La última en hacerlo fue Balears, donde las derechas evocaron a “los asesinados por las hordas rojas” para justificar la decisión.

Una ley que empieza en 1931

En Extremadura, la presidenta María Guardiola había dilatado la decisión frente a la exigencia de Vox por considerar que la extrema derecha pretendía “negar, olvidar y reinterpretar la historia”, pero la popular cambió de opinión cuando el apoyo de los diputados de los de Santiago Abascal fue indispensable para aprobar una rebaja fiscal. Entonces, ambas formaciones registraron un proyecto de ley conjunto que fue aprobado menos de un mes antes de que Guardiola adelantara las elecciones.

Ya sea dejando a las comunidades sin ley o sustituyéndolas por una “de concordia”, tras estas decisiones hay una narrativa que sostiene que la memoria histórica “provoca división y resentimiento” entre españoles. La norma aprobada en Extremadura —y recurrida ahora por el Gobierno— evita condenar el franquismo y lo equipara con la Segunda República, además de adelantar intencionadamente el marco temporal de aplicación y situarlo en 1931 y no en 1936, fecha del golpe de Estado e inicio de la Guerra Civil. Además, incluye a las víctimas del terrorismo perpetrado por “minorías violentas”, según reza el texto.

En ningún momento la ley nombra la sublevación franquista ni la palabra dictadura, sino que alude a un “clima de inestabilidad” y de “exclusión del adversario” durante la Segunda República que provocó que “la conversación pública saltara por los aires entre 1931 y 1936”. Sin mencionar el golpe, el texto prosigue y hace un salto hacia la Guerra Civil, que asegura: “Llevó hasta el paroxismo las dinámicas de enfrentamiento de años anteriores”. La norma solo alude al franquismo para afirmar que “nunca ha habido un relato consensuado” sobre el mismo, a pesar de que la historiografía no duda de la enorme escala de represión sistemática que marcó la dictadura.

La Audiencia Nacional ha rechazado suspender el acuerdo entre la Iglesia y el Gobierno para resfignificar el Valle de Cuelgamuros y convertirlo en un Lugar de Memoria. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha emitido un auto en el que desestima la petición de medidas cautelares de Abogados Cristianos, que buscaba paralizar el acuerdo y frenar el proceso aludiendo a que el Arzobispado de Madrid no era competente para firmarlo, un extremo que rechazan los jueces.

La asociación ultra presentó un recurso el pasado 29 de enero contra el pacto suscrito por el ministro Félix Bolaños y el arzobispo José Cobo después de que el Gobierno cerrara directamente en el Vaticano los detalles de la resignificación. El acuerdo derivó en la convocatoria de un concurso de ideas ya resuelto basándose en el cual se transformará el mausoleo mandado construir por Franco. El proceso está siendo objeto de varios intentos de paralización y, de hecho, hace un par de semanas el Tribunal Superior de Justicia de Madrid permitió que se retomen los sondeos previos a las obras, algo que había recurrido la Asociación para la Reconciliación y la Verdad Histórica.

En esta caso, la Audiencia Nacional ya había denegado la medida cautelarísima solicitada por Abogados Cristianos contra el acuerdo el pasado enero y acordó abrir pieza separada para analizar las cautelares. La organización aseguraba que esa supuesta falta de competencia a la que aludía convertía el documento del pacto “en un acuerdo informal sin capacidad para producir efectos jurídicos válidos” y, a su juicio, cualquier actuación derivada del mismo “debe decaer”.

Sin embargo, la Audiencia Nacional concluye que “no se aprecian” causas para la suspensión debido a que “no resultan palmarias las causas de nulidad absoluta” a pesar de que Abogados Cristianos alegue falta de competencia del Arzobispado de Madrid. “Los datos que obran en el expediente administrativo no permiten aval en tan sentido”, apuntan los magistrados.

Por otro lado, no aprecian que la no paralización del acuerdo vaya a producir daños irreparables, pues “no hay, de suyo, ningún efecto ni positivo ni negativo en el espacio físico a alterar como consecuencia del proceso de resignificación. Y tampoco redunda perjuicio irreparable la continuación del referido procedimiento”. “En consecuencia, no procede la suspensión interesada”, concluye la Sala.

El acuerdo recurrido por Abogados Cristianos establecía las bases de la resignificación, mantenía la basílica como espacio dedicado al culto y aseguraba la permanencia de los benedictinos en el monumento.

La historia de la resignificación del Valle de Cuelgamuros –antes Valle de los Caídos– es la de un proceso marcado por los innumerables intentos de frenar cualquiera de los pasos dados por el Gobierno: desde la exhumación de Franco a la de las víctimas allí enterradas y a las que ahora reclaman sus familiares y la transformación física del espacio.

El concurso para ello dio comienzo en abril de 2025 con la apertura del plazo para presentar los planes con los que convertir en un lugar de memoria el mausoleo, en el que están enterradas más de 33.000 víctimas de la Guerra Civil y la dictadura sin ningún cartel o panel que explique nada sobre su origen. El jurado eligió en noviembre el proyecto 'La base y la cruz' como ganador del certamen, que propone la construcción de un centro de interpretación. Los costes totales del proceso alcanzarán los 31 millones de euros.