Es la red social donde más tiempo pasan los menores de edad en todo el mundo y también un “escaparate” del abuso sexual infantil. Es lo que revela sobre TikTok una nueva investigación de Maldita.es, que pone el foco en cómo, en abierto y a la vista de cualquier usuario, la plataforma expone vídeos e imágenes de pederastia sin filtros e incluso sirve para derivar a otras vías de compraventa de este material. En 35 días de recogida y análisis de datos, los investigadores han documentado 231 perfiles que han publicado 1.183 contenidos de abuso sexual infantil explícito. En total, suman 48 millones de visualizaciones.

El exhaustivo trabajo de campo de Maldita.es, que comienza a publicarse en forma de serie desde este lunes, se realizó entre el 11 de septiembre y el 15 de octubre de este año. Y pese a la legislación y las políticas internas de la plataforma, el último día de investigación el 59% de los perfiles seguían activos. “Hemos recorrido TikTok como lo haría un pederasta y la conclusión es que el abuso no se esconde en un rinconcito ni es difícil de encontrar. Todo lo contrario: se apoya en las propias herramientas de la plataforma para florecer y darse a conocer”, explica Clara Jiménez Cruz, cofundadora y CEO de la Fundación Maldita.

Las grabaciones e imágenes halladas no forman parte de conversaciones privadas, sino que cualquiera puede acceder a ellas. Los perfiles funcionan como “auténticos catálogos de abuso sexual infantil”, concluye la investigación, que apunta a que son cuentas dedicadas “casi exclusivamente” a esta actividad ilegal y que acumulan miles de visualizaciones, seguidores y “me gusta”. Maldita ha denunciado a TikTok una muestra de 50 vídeos, pero la plataforma solo ha borrado el 10% y ha bloqueado el 26% únicamente en España, describe el informe TikTok: el hogar del pederasta.

Tras el rastreo que ha hecho el equipo, se ha clasificado el contenido en los casos de abuso sexual explícito —vídeos e imágenes publicados por los 231 perfiles— y aquellos que presentan indicios, utilizan la sexualización de menores de edad como reclamo, conducen a canales de compra o afirman poseer material. Sumando todas las tipologías de este ecosistema, la investigación ha dado con 26.000 cuentas de “potenciales pederastas”. Se trata de la tercera investigación de Maldita al respecto, que antes de publicar se ha puesto en contacto con la plataforma sin obtener respuesta.

A pesar de la crudeza del contenido, Maldita ha considerado “fundamental” contar qué contiene “para hacer consciente a la sociedad de lo que está pasando a la vista de cualquiera en una de las plataformas más grandes del mundo”. Y también para poner sobre la mesa la “facilidad” con la que se accede: el buscador de TikTok es una “herramienta sin filtros para un pederasta” y el propio algoritmo de la red social es el que “acaba conduciendo” a los usuarios a más material. De hecho, ha sido una de las principales fuentes del equipo investigador, que ha trabajado en todo momento con un protocolo de apoyo psicológico.

Los países más destacados son España, Tailandia, Vietnam, Birmania y Rusia. De hecho, se han registrado 7.725 cuentas vinculadas a la posesión, distribución o intercambio de abuso sexual infantil en español. Al menos 55 especifican que tienen material “propio” y varios dicen en abierto que esos contenidos son “con sus propios hijos, hermanos o sobrinos”. Otros presumen de la cantidad de archivos que poseen. “Yo tengo con mi hermano peque” o “intercambiamos yo tengo también con mi sobrino”, son algunos de los ejemplos aportados.

Maldita se puso en contacto con 12 usuarios utilizando mensajes directos de TikTok, de los cuales ocho afirmaron tener material y cuatro aseguraron que era de niños o niñas de su propio entorno familiar. Son de España y se mantuvieron “dispuestos a hacer una videollamada con el menor a su cargo”, revela el estudio. El resultado de la investigación ha propiciado que Maldita.es, junto con el despacho Cremades & Calvo-Sotelo, haya interpuesto una denuncia ante la Fiscalía de Criminalidad Informática.

El trabajo demuestra, además, que TikTok “facilita” el acceso a “redes de compraventa y el contacto entre pedófilos”. Los perfiles suelen promocionar abiertamente el método de contacto y los precios y facilitan en su biografía, mensajes o publicaciones nombres de usuario que conducen a canales de Telegram, Zangi o Whatsapp. “Es allí donde se realizan las transacciones”, afirma Maldita, que ha contactado con alguno de estos usuarios para comprobarlo.

“Ganchos” para atraer clientes

El estudio ha localizado grabaciones con efecto difusor en los que se identifican violaciones y tocamientos a niños y niñas, a veces acompañados de audios del abuso “para atraer clientes”. Hay también vídeos ligeramente pixelados en forma de miniatura o material explícito con un emoticono que tapa una parte de la escena. Muchos perfiles “camuflan” las imágenes entre otros contenidos o insertan pequeños recuadros que reproducen fragmentos. Todo ello como “reclamo” y a modo de “adelanto” que ofrecen a posibles compradores. “Vídeo completo”, reclaman otros usuarios en los comentarios.

Algunas cuentas ponen fotogramas directamente en su imagen de perfil y otros presentan imágenes explícitas con un texto superpuesto, una de las técnicas más comunes. Varios perfiles publican contenido implícito que sirven de “gancho” para que los usuarios “sepan dónde pueden adquirir material”: por ejemplo, imágenes de niños con el torso desnudo o tumbados en la cama, niñas enseñando saliva, simulando una masturbación o con la entrepierna de un hombre adulto a su lado.

El trabajo también ha explorado los directos de menores de edad como un foco en el que los espectadores “piden a los niños que hagan cosas, a veces sexuales, a cambio de dinero”. En total, ha documentado 91 lives de 17 países en los que ocurre esto, a pesar de que la red social prohíbe a las personas que tienen menos de 18 años que hagan directos.

La “pasividad” de TikTok

La investigación alerta de la “pasividad” de TikTok ante este tipo de publicaciones: de los 50 vídeos denunciados por Maldita a la plataforma, solo ha borrado cinco y ha bloqueado 13 en España. En el 6% de los casos no dio respuesta y en el 58% restante consideró que no infringían la ley ni sus propias normas. Aunque en estas directrices se afirma que este tipo de infracciones puede llevar a la cancelación de la cuenta, el 47% de los usuarios que habían publicado estos vídeos y que fueron retirados por TikTok a raíz de la denuncia, siguieron activos después.

El informe relata un ejemplo de la respuesta de la plataforma y señala a una pieza que combina dos grabaciones de un niño pequeño —una en la que está peinándose y otra en la que está tomando algo con otros menores— con un tercer vídeo que aparece de forma oculta en el espacio entre ambas imágenes y que muestra un abuso sexual. Fue una publicación reportada específicamente por Maldita a TikTok en dos ocasiones, pero la red social las rechazó y a 28 de octubre sigue colgado con comentarios de usuarios que pedían la “grabación completa”.

El medio centenar de elementos de los que alertó Maldita acumulaban 8,8 millones de visualizaciones, por lo que es difícil pensar que puedan pasar desapercibidos para TikTok, denuncia el medio. El vídeo más popular superaba los cuatro millones, fue bloqueado en España, pero la cuenta que lo publicó sigue abierta con más de 3.000 seguidores y la foto de perfil de un niño. Maldita advierte de que estas grabaciones son ilegales y quienes las publican “están cometiendo un delito en la mayoría de las jurisdicciones del mundo” mientras que la actitud de la red social “siembra dudas” sobre el cumplimiento de sus obligaciones.

La resignificación del Valle de Cuelgamuros está pendiente de lo que ocurra tras las próximas elecciones del 29N. Frente al revisionismo del PP y Vox y su cuestionamiento sistemático a las políticas de memoria histórica, hay sobre la mesa un proyecto con el que el Gobierno pretendía transformar el mausoleo tras alzarse con el primer puesto en el concurso internacional de ideas convocado en abril de 2025. Pero otros 31 diseños fueron presentados y descartados como futuros planes posibles para el monumento inaugurado por Franco en 1959.

Las propuestas, todas anónimas, intentan responder a lo que pedían los pliegos del concurso impulsado por el Ministerio de Vivienda: una intervención artística, arquitectónica y paisajística, además de la construcción de un centro de interpretación que explique el significado del monumento, su origen y cómo se construyó. Los límites se pactaron con la Iglesia Católica, con la que el Gobierno acordó que la basílica seguiría destinándose al culto por los monjes benedictinos y podría intervenirse a excepción del altar y las bancadas adyacentes.

Casi todas las propuestas, publicadas en la web del certamen, plantean una modificación arquitectónica de calado en la enorme explanada que da acceso al complejo y no tanto en el interior del mismo. La elegida finalmente por el jurado, La base y la cruz, opta por demoler la escalinata de acceso y construir una especie de gran soportal, que en el centro albergaría una circunferencia abierta el cielo. Desde ahí, dispone la entrada soterrada a la basílica o al centro de interpretación. En los primeros tramos de acceso al templo, propone retirar el revestimiento para dejar descubierta la roca original.

De entre las alternativas presentadas, algunas —que no llegaron a estar entre las diez finalistas— optaron por un gran impacto visual. El caso más extremo y monumental fue la propuesta Ahora la persona, la flores, los sueños, que sugería levantar una figura humana gigante de 183 metros de altura visitable en su interior, donde se albergaría la denominada “Gran sala de los Derechos Humanos” o un mirador. El modelo de figura que incluyeron los autores en el panel explicativo del proyecto estaba 'tatuada' con imágenes y símbolos como la bandera arcoíris, Naranjito, la mascota del Mundial de 1982 o personajes como Lola Flores y Emilia Pardo Bazán.

El proyecto planteaba una actuación por “escalas”: con lo presupuestado para las obras (26 millones de euros) se proyectó la restauración del entorno, la instalación de una pradera bajo la que construir el centro de interpretación y la colocación de los pies de la gran figura. Una segunda fase ya incluiría su edificación completa y en una tercera sería accesible.

Otro de los proyectos más disruptivos fue The Hemingway, el corresponsal y escritor que cubrió la Guerra Civil española, que proponía suspender de un extremo a otro de la explanada y en diagonal una estructura “tensada y ligera” con forma de “zepelín” a 12 metros de altura e iluminada en el interior. El objetivo era enfrentar la “monumentalidad tectónica” del mausoleo, erigido por Franco para conmemorar su victoria en la contienda, con la estructura flotante para “cuestionar el peso y la gravedad de la historia”.

Una “experiencia visual y simbólica” es lo que pretendía otro de los diseños (Reflejos) que propuso recubrir con espejos la gran cruz que corona el mausoleo, dejando sin revestir los últimos 46 metros y los brazos. La idea era que los espejos reflejaran el cielo, haciendo “desaparecer” una parte del símbolo, que quedaría así “suspendido en el aire” de forma ficticia. Abajo, en la plaza, la propuesta incorporaba un estanque circular para reflejar esa parte de la cruz. Según la idea, dentro habría receptores que se activarían con un código QR que cualquiera podría capturar en su móvil y que provocarían ondas en el agua para “distorsionar el efecto espejo”.

El proyecto Active l'eau sugería la instalación en la explanada de una gran plataforma con un mecanismo subterráneo capaz de inundarse y de activar o desactivar el agua en puntos concretos o generar niebla y hielo. El proyecto buscaba crear una “nueva narrativa con nuevos rituales cívicos” y ponía como ejemplo una “hipotética celebración del Festival de Cuelgamuros” en primavera, un Festival de la Niebla o uno de Invierno en el que “es fácil imaginar otros usos como una pista de patinaje”, citaba el panel explicativo. Aura, por su parte, proponía cubrir parte de la explanada con una bóveda transparente de cristal y acero de 170 metros de longitud.

El uso de la roca original

Varias de las propuestas optaban por cambiar el significado del megalómano monumento haciendo uso de la roca que fue perforada y excavada mediante el trabajo de los presos republicanos para erigir el monumento. El proyecto La Falla, uno de los finalistas, planteaba desollar el suelo de la explanada —que fue rellenada con parte del granito extraído— y dejar al descubierto las fallas geológicas de la montaña. Su idea más original era trasladar la piedra extraída al interior de la basílica como reconocimiento de las víctimas y del sufrimiento del trabajo penado con el que se levantó el Valle.

Todos los proyectos buscan convertir el recinto en un lugar de memoria crítica con la dictadura y para eso planifican la construcción de un gran espacio de divulgación histórica, pero la resolución del concurso fue recibido por los expertos con decepción y como una “oportunidad desaprovechada” de hacer un memorial que verdaderamente transforme el monumento. Las voces consultadas concluyeron que la propuesta es “muy espectacular desde el punto de vista arquitectónico”, algo que comparten casi todos los diseños, pero carecía de “fuerza pedagógica”.

Entre los diez proyectos finalistas, cada uno de los cuales fue premiado con 60.500 euros, figuraban varios que buscaban intervenir la plaza, concebida por el franquismo para desfiles militares y exhibición del poder, mediante la renaturalización. Nude Architecture proponía demoler las arquerías de piedra de la exedra para sustituirlas por un centenar de tilos para “devolver a la naturaleza todo el protagonismo que le corresponde” y trasladar la imagen de La Piedad que corona la entrada a Cuelgamuros al pinar. Además, dentro del centro de interpretación se proponía abrir un ventanal gigante de 11x37 metros que diera al sistema rocoso de la montaña.

Otro de los planes descartados, que quedó quinto lugar en el certamen (Sub Onere Terrae), era verter 30.000 m³ de tierra —encarnando simbólicamente a las más de 33.000 víctimas enterradas en las criptas— sobre la plaza frente a la basílica. El objetivo era repoblar la zona e instalar un bosque con diferentes especies, construyendo el centro de interpretación bajo rasante, algo que exploraban la mayoría de los diseños por sugerencia de los pliegos del certamen.

Itinerarios para llegar al Valle

El proyecto Carne y Piedra también propone la renaturalización de la explanada, pero su seña de identidad es la excavación en la misma de un gran patio circular e inundable de 33 metros de diámetro y nueve de profundidad con una lámina de agua en el fondo que refleja la cruz. La propuesta extiende la intervención más allá del conjunto monumental, a las hectáreas de monte circundante y crea la “Vía de la Memoria”, una ruta circular con 11 estaciones con estanques de agua concebidos como abrevaderos para que la fauna autóctona recupere su espacio natural.

En el caso de Caminos de Memoria, que quedó segundo en el concurso, el equipo trasladaba el foco principal hacia lo que no ha sido contado y proponía una red de senderos que conectaran, entre otras cosas, los antiguos barracones y destacamentos penales de los trabajadores forzados que construyeron el Valle. También había propuestas más artísticas como la que presentaba un “jardín memorial” como alternativa a la explanada en el que 33.847 puntos de luz iluminarían el conjunto. Además, proponía por ejemplo tapar los escudos franquistas a ambos lados de la exedra con la instalación de figuras de pájaros de colores “sin necesidad de transformar la piedra”.

Las transformaciones dentro de la basílica de la mayoría de las ideas son limitadas: había una propuesta de dejar desnudas las paredes de la entrada, otra apostaba por convertir el atrio en un “umbral de reflexión crítica” mediante proyecciones relacionadas con la memoria histórica y otra planteaba que, a la entrada, el visitante fuera recibido por la voz de una mujer cantando a capela canciones de la memoria popular.

El Gobierno, que actualmente está en proceso de licitación de los trabajos, presupuestó 31 millones de euros para la totalidad del proceso y previó el inicio de las obras para la primera mitad de 2027, por lo que la convocatoria electoral deja en el aire qué ocurrirá si PP y Vox llegan a Moncloa.

La subasta de los objetos que la familia Franco sacó del Pazo de Meirás (Sada, A Coruña) ha finalizado este miércoles dejando a los herederos del dictador más de medio millón de euros. Los más de 600 artículos que los Martínez-Bordiú Franco encargaron subastar a Magna Art Auctions, situada en el barrio Salamanca de Madrid, han sido adjudicados por 524.925 euros, aumentando con creces la recaudación respecto al precio de salida de los lotes, situado en 188.000 euros. Al montante total hay que restar el porcentaje que se quedará la casa de subastas, que suele situarse entre el 5 y el 15%.

Entre los bienes más disputados ha estado el maletín “personal” en piel marrón del dictador, que tenía un precio de salida de 350 euros y ha sido vendido finalmente por 19.000. La cartera tiene una inscripción que reza “al Generalísimo Franco Caudillo de España y Jefe Nacional de Falange Española Tradicionalista y de las JONS”.

Además de algunas antiguedades y porcelanas decorativas, parte de los bienes más cotizados y que más subieron su precio en la subasta han sido los que cuentan con simbología franquista o relacionada con la familia: entre ellos, un joyero de plata con la inscripción “CARMENCITA” (en referencia a la hija de Franco y Carmen Polo), que es el tercer objeto con un precio de puja más alto (precio de salida 120 euros, vendido finalmente por 14.000).

La venta más cara ha sido un conjunto de ocho espingardas —arma de fuego de cañón largo— procedente de Marruecos, que ha alcanzado los 20.000 euros. Un tapiz con el escudo franquista, que la casa de subastas presenta en su catálogo como escudo de la Monarquía Hispánica, fue vendido por 9.000 euros tras arrancar con un precio inicial de 850. Otro de los artículos que más atención despertó fue la fotografía del Rey Juan Carlos con una bandera del régimen detrás y una dedicatoria al dictador: “Al Excelentísimo Franco, con mucho cariño y mucho respeto. Juan Carlos”. Tras salir a subasta por 200 euros, alguien pagó 8.000 por llevársela a casa.

Había también retratos del dictador: uno militar por 1.400 euros, tras un precio de salida de 300 euros, y otro que ha conseguido 1.100 euros tras arrancar en los 100 euros. Durante los dos días que ha durado la subasta, que se vio desbordada por momentos en su modalidad online, los precios de la inmensa mayoría de productos no dejaron de ascender. Por segundos se iban acumulando las pujas tanto en la sala como vía Internet o teléfono, con ofertas procedentes de España y del extranjero.

El director de la casa de subastas, José Miguel Carrillo de Albornoz, vizconde de Torre Hidalgo, ha calificado el resultado de “rotundo” y de magnífico éxito“. Poco antes de que empezara la subasta, afirmaba que se trataba de una puja ”como otra cualquiera“, pese a que el fetichismo franquista ha disparado los precios. Solo 12 lotes han quedado sin vender.

Entre las ventas más destacadas está la de la fotografía “coloreada” de 53x45 cm de la familia del dictador, que partía de los 80 euros y fue ascendiendo hasta los 2.250 definitivos. Había quienes minutos antes del inicio de la subasta, reconocían ante los medios de comunicación que iban a por algún objeto del Pazo de Meirás por su admiración a Franco. Un cuadro de la residencia de verano del dictador dedicado a su hija acabó vendiéndose por 6.000 euros, 120 veces más que su precio de salida (solo 50 euros).

Bastante 'peleados' fueron también los lotes de menaje grabados con el escudo del dictador o su familia. Unas copas de vidrio se vendieron por 2.750 mientras que un lote para consomé que salía en 150 euros fue comprado por 1.500 entre decenas de pujas que prácticamente no le daba a tiempo a enunciar en voz alta a la directora de la subasta antes de que subieran.

Los bienes subastados son los que la familia sacó del Pazo de Meirás después de que la Justicia dictaminara que es de propiedad pública y no de los herederos. La Abogacía del Estado reclamó como propios una parte de las propiedades, pero no todas. Las asociaciones memorialistas denuncian el “enriquecimiento ilícito” de la familia y sospechan que parte de los bienes podrían ser públicos.

Gráficos elaborados por Yuly Jara.

La cola llega hasta la puerta y ya debería haber comenzado la subasta hace más de diez minutos. Público clásicamente vestido entra en un goteo constante a la casa de subastas Magna Art, situada en el exclusivo barrio Salamanca de Madrid, para intentar hacerse con alguno de los objetos que Franco atesoró en el Pazo de Meirás de Sada (A Coruña) desde 1938. Sus herederos los han empezado a vender este martes en una subasta inédita en la que la carrera por llevarse a casa una reliquia del franquismo ha inflado los precios y ha saturado los sistemas informáticos al inicio de la jornada.

Porcelanas, lámparas, alfombras, pinturas, relojes, muebles y otros artículos de decoración y menaje que poblaron la residencia de verano ocupada por Franco desde la Guerra Civil han ido vendiéndose uno a uno mientras el precio de salida se quedaba atrás en cuestión de segundos. La subasta se ha prolongado durante más de seis horas, con pujas hasta bien entrada la noche, sin que aún así haya dado tiempo a sacar a la venta todos los lotes. La puja seguirá este miércoles, pero hasta ahora se han adjudicado 250 lotes con los que la familia Franco ya ha recaudado 247.500 euros, a los que hay que restar lo que perciba la casa de subastas. En total, el catálogo está compuesto por 689 bienes.

Todos los objetos han superado su valor inicial y algunos lo han hecho con creces: ha sido el caso de la fotografía “coloreada” de 53x45 cm de la familia del dictador en la que aparecen él, su mujer, Carmen Polo, y su hija Carmen. Las pujas han ido subiendo como la espuma desde que se ha ofertado el lote partiendo de los 80 euros de precio inicial hasta los 2.250 definitivos. Lo mismo ha ocurrido con el cuadro de Isabel de Cubas y Gerdtzen, condesa de Morata de Jalón, que precisamente retrata el Pazo de Meirás con una dedicatoria en la parte trasera: “Para mi querida Carmen Franco con todo mi cariño”. Su precio de salida era de solo 50 euros, pero ha acabado adjudicado por 6.000, 120 veces más.

Junto a las ofertas presenciales, ha sido posible comprar por teléfono y vía online, tanto en España como desde el extranjero. Al tiempo que el personal de la casa de subastas atendía las llamadas en directo y gestionaba las pujas por la web, la directora se ocupaba de quienes con la paleta en alto ofrecían más dinero desde la sala.

Algunas cosas han concentrado decenas de pujas y se han disputado durante varios minutos. Por ejemplo, un tapiz con el escudo franquista ha desatado una 'pelea' entre un comprador telefónico y otro que intervenía desde fuera de España a través de plataformas internacionales. Finalmente, se lo ha llevado este último por diez veces más de su precio de salida: 9.000 euros frente a los 850 de la tasación.

Medio siglo después de la muerte del dictador todavía hay quienes pagan grandes sumas de dinero por objetos que supuestamente podría haber usado el responsable de implantar en España un régimen de muerte y represión durante cuatro décadas. El personal de la casa de subastas reconoce que ha habido franquistas declarados pujando por estos bienes, pero aseguran que también coleccionistas o “interesados” en la Historia de España. El Pazo de Meirás es de titularidad pública desde 2020, cuando la Justicia condenó a los Franco a devolvérselo al Estado.

“Todos los españoles deberían tenerlo”

Pocos minutos antes de arrancar, a las puertas de la sala algunos de los asistentes agachaban la cabeza para evitar a los periodistas mientras otros no dudaban en erigirse en admiradores de Franco: “Vengo a por un recuerdo del Pazo de Meirás, que es algo que todos los españoles deberíamos tener”, decía una mujer ataviada en joyas y abrigo de piel que afirmaba tener “cariño y respeto” por el dictador.

Otra mujer acudió para llevarse a Galicia, donde “también” tiene un pazo, algo de Meirás. Y “no porque pertenezca a Franco”, sino porque le gustan “las cosas”, asegura. Entre ellas, le interesaba especialmente un juego de platos para consomé que están decorados con el escudo de la familia Franco. Eso sí, tendrá que esperar a este miércoles para hacerse con ellos porque aún no han salido a subasta.

Entre los que sí han sido vendidos, hay varios objetos que han disparado su precio ampliamente: una jarra de pico en cerámica esmaltada de Talavera de la Reina ha sido adquirida por 10.000 euros partiendo de un precio inicial de 350. Un par de pequeños leones decorativos de porcelana azul ha multiplicado por diez su valor de partida y han sido adjudicados finalmente por 3.500 euros. El interés se ha desatado también por una pareja de figuras decorativas de madera que representan a dos “niños mártires” cuyo valor inicial era de 120 euros y se ha vendido por 5.000 euros.

Imágenes, cuadros y artículos religiosos han despertado la atención de los compradores. Entre ellos, los varios lotes de vestimentas litúrgicas que estaban en la capilla del pazo gallego, vendidos por entre 600 y 800 euros. La lámpara de hierro forjado que colgaba del techo de la biblioteca partió de un valor inicial de 450 euros y alguien ha dado por ella 2.000 euros. Alguno de los objetos que han alcanzado precios más altos son un óleo de San Francisco que se atribuye al círculo de Luis Tristán (6.000 euros) o los 4.000 por los que se ha vendido un cuadro de Santa Teresa del siglo XVII.

La subasta ha disparado la indignación de las asociaciones memorialistas, que denuncian que la familia Franco pueda “hacer caja” y enriquecerse con estas propiedades. La Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña (CRMH) llevaba semanas denunciando la “pasividad” de la Xunta de Galicia y el Gobierno central, a los que reclama una intervención en la puja para “verificar” si estos artículos pueden tener la condición de “bienes de dominio público”.

En total, el catálogo incluye más de 600 objetos que la familia Franco sacó del Pazo de Meirás el pasado verano, cuya titularidad pública confirmó el Tribunal Supremo este año. La Abogacía del Estado reclamo una parte de los bienes que estaban dentro del palacio y que consideraba públicos y, el resto se quedó en manos de los herederos del dictador. Entonces, los Martínez-Bordiú Franco encargaron a Magna Art Auctions que subastara los bienes. Es una puja “normal, como otra cualquiera”, decía ante los medios de comunicación al comienzo de la tarde su director, José Miguel Carrillo de Albornoz, que ostenta el título de vizconde de Torre Hidalgo.

No deja de sonar el teléfono. La casa de subastas lleva apenas una hora abierta, pero su personal se afana en responder las llamadas de quienes aspiran a hacerse con uno de los objetos de esta puja “especial y única”. Así la define Magna Art Auctions, la empresa a la que la familia Franco ha encargado vender los bienes que retiró del Pazo de Meirás en verano. La subasta es este martes 27 en su sala de Madrid, en el barrio de Salamanca, considerado “zona nacional” durante la Guerra Civil. “Está generando mucho interés, ya lleva varias pujas”, se oye decir a una empleada al teléfono.

En la galería no cabe un objeto más, hasta los despachos están repletos de porcelanas, lámparas, alfombras, pinturas, relojes, muebles y otros artículos que poblaron la residencia de verano ocupada por Franco durante las cuatro décadas de dictadura y otros que fue acumulando allí la familia. En total son 689 lotes que escudriñan con atención varios interesados. “Es de 1991 o sea que Franco ya estaba muerto”, informa una de las trabajadoras de la sala a una mujer que pregunta por un cenicero de plata. “Oh, vaya...”, responde decepcionada antes de seguir consultando piezas.

El pasado mes de julio, los Franco sacaron del pazo lo que fue considerado de su pertenencia y que el Estado no reclamó después de que la Justicia dictaminara que el inmueble de Sada (A Coruña) es de propiedad pública. Son estos los bienes que se subastan este martes, entre los que hay objetos comunes de valor y otros con iconografía del régimen: desde un armario en madera de castaño con el águila y el yugo y las flechas, con un precio de salida de 700 euros, al tapiz repostero con el escudo franquista (850 euros) o dos retratos de Franco que oscilan entre los 100 y 300 euros.

La galería los describe en su catálogo por su estilo, su época y su estado de conservación, pero no son objetos de una herencia cualquiera. Personal de sala admite que es una subasta “especial” con un atractivo “diferente” al de otras pujas, no solo por su origen, sino por el interés que está despertando entre admiradores de Franco y nostálgicos de la dictadura que pugnan por llevarse a casa alguna de las cosas que supuestamente usó el dictador. Muchos son hombres mayores, pero también jóvenes “de 18 o 20 años” que no acuden a pujar pero están atraídos por el significado de la subasta, reconocen los trabajadores.

Los precios de salida van de los 20 a los 5.000 euros, que es la cifra adjudicada a un óleo sobre lienzo de San Francisco atribuido al círculo de Luis Tristán. Sin embargo, no es ni de lejos el artículo más cotizado. La sede de Magna Art Auctions, dirigida por José Miguel Carrillo de Albornoz, vizconde de Torre Hidalgo, lleva recepcionando pujas desde que la exposición se abriera al público, ya sea por teléfono o en persona. Por eso, la compañía asume que los precios por el que se venderán definitivamente los lotes serán muy superiores debido a que los importes están “inflados” de antemano.

“Muchos vienen directamente pidiendo algo que usaran los Franco. Hay quienes directamente dicen 'soy franquista'”, explican los trabajadores de la sala, que cada día atienden, escuchan y enseñan los objetos a los interesados que la visitan. Un hombre que lleva un rato observando varios de los artículos asegura que pujará este martes por alguno de ellos, aunque aún no ha decidido cuál. Lo que tiene claro es que lo que busca es “un recuerdo”. “Porque tengo una opinión muy buena de la España de Franco”, afirma.

Algunas cosas ya han multiplicado ampliamente su precio de salida. Entre ellas está el maletín “personal” de piel marrón dedicado “al Generalísimo Franco Caudillo de España y Jefe Nacional de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S”, según indica el catálogo. Su valor inicial es de 350 euros, pero más de veinte personas ya han pujado por más dinero. Ocurre lo mismo con la fotografía del rey Juan Carlos con la bandera franquista detrás y una dedicatoria manuscrita que le regaló al dictador en 1970: “Al Excelentísimo Franco, con mucho cariño y mucho respeto. Juan Carlos”. Su precio de salida es de 200 euros.

Hay interés por las casullas y otra indumentaria litúrgica que había en la capilla del Pazo de Meirás, por la raqueta de tenis Wilson (70 euros) o por los juegos de sábanas de dos tipos que se subastan: unos con la F bordada y la corona ducal de la hija del dictador y otras con el escudo personal de Franco, con precios de salida de 180 euros. También son codiciadas las piezas de vajilla y cristalería con diferentes escudos ligados al régimen o al propio dictador, cuyos precios van de los 150 a los 650 euros. Un pergamino genealógico con antepasados de Franco sobre terciopelo alcanza el valor inicial de 1.200 euros y hasta los 2.500 llega un conjunto de ocho armas procedente de Marruecos.

La colección incluye una fotografía coloreada del dictador, su mujer, Carmen Polo, y su hija o un fotomontaje de la concentración que el régimen celebró en la Plaza de Oriente el 1 de octubre de 1975. Hay sillas, arcones, maquetas de barcos, baúles, camas, y objetos que decoraban los diferentes espacios del Pazo de Meirás, entre ellos, varias esculturas, dos parejas de torcheros de madera por 2.500 euros cada una o un par de armaduras toledanas (500 euros) que estaban en el vestíbulo del palacio, que es Bien de Interés Cultural (BIC).

“Enriquecimiento ilícito”

En septiembre de 2020 la Justicia condenó a los Franco a entregar al Estado el Pazo de Meirás y en marzo de este año el Tribunal Supremo puso punto y final al periplo judicial. Por el camino, un juzgado de Madrid dio la razón a la Abogacía del Estado en su reclamación de más de 500 objetos que los herederos del dictador pretendían mantener en su poder y que se dictaminó que pertenecen al erario público. Muchos de ellos ya estaban en Meirás cuando era de la escritora Emilia Pardo Bazán.

Sin embargo, las organizaciones memorialistas consideran que “parte” de los objetos que se subastan y que la familia ha podido quedarse podrían también tener esa naturaleza y “no deberían ser fuente de enriquecimiento” de los herederos de Franco. La Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña (CRMH) ha encontrado fotografías que “atestiguan” que, por ejemplo, las dos armaduras del vestíbulo ya estaban allí instaladas antes de 1938, cuando Franco ocupó el espacio.

Por eso, su presidente, Carlos Babío, reclama al Gobierno central y a la Xunta de Galicia su “intervención” en la puja de este martes a fin de “verificar” si los artículos de la subasta “pudieran tener la condición de bienes de dominio público o estar sujetos a otro régimen legal de tutela y protección”. “Sabemos que los Franco expoliaron el pazo antes de 2020, pero resulta bochornoso que se siga permitiendo el enriquecimiento ilícito de esta familia”, apunta Babío.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) pidió hace unos días al Gobierno que instara a la suspensión cautelar de la subasta a través de la Fiscalía “hasta que la familia Franco demuestre que estos objetos son de su propiedad y no fueron regalos a la jefatura del Estado” porque “entonces pertenecerían a Patrimonio Nacional”. La organización carga también contra el catálogo de la puja, en el que la casa de subastas asegura que el pazo “ha pertenecido” a la familia Franco “durante muchas décadas”. “Es una falsedad que ha quedado demostrada documental y judicialmente”, asegura.

Una obra “reveladora y renovadora”. Así ha definido el jurado del Premio Nacional de Historia La hambruna española: victoria y muerte en la posguerra (Crítica), la obra que ha hecho al historiador Miguel Ángel del Arco llevarse el galardón este año. El libro cuestiona una de las imágenes más arraigadas de la posguerra: la de un país que pasó hambre como consecuencia inevitable de la Guerra Civil. Y detalla su verdadera dimensión: lo que hubo, sostiene este profesor de Historia de la Universidad de Granada, fue más bien una auténtica hambruna provocada y después “borrada” por el franquismo tras “llevarse miles de vidas por delante”.

El historiador destierra los mitos que han sobrevivido al propio Franco en un libro que acaba también de ganar el premio Almudena Grandes de La Rinconada y que nació con vocación de ser una obra “de hombres y mujeres comunes” cuya memoria del hambre llega hasta nuestros días. “Asistimos a un desprecio al conocimiento y a la ciencia y una primacía de la subjetividad. Y ya sabemos a dónde nos lleva eso”, dice sobre el auge del revisionismo histórico el experto, que ha acusado a PP y Vox de utilizar su firma “torticeramente” para intentar blindar la cruz franquista de Cáceres.

¿Por qué ha tardado tanto en reconocerse la verdadera dimensión del hambre durante el franquismo?

Es difícil que España se acuerde porque fue borrada de la historia por el franquismo, que siempre negó su existencia. Sobre todo quiso ocultar la magnitud de la tragedia y su propia responsabilidad en la misma. Que se muera la gente de hambre es el peor aval que puede tener cualquier gobierno. Hubo una propaganda brutal, pero lo curioso es que la gente, especialmente las mujeres, transmitieron una memoria de todo aquello aunque no le pusieran el nombre de hambruna.

Esa memoria pervive en la imagen del pan negro, el estraperlo, las cartillas de racionamiento, una abuela que besa el pan cuando se cae al suelo... Está presente en la literatura y el cine, pero no ha pasado a la historia como una violencia propia del franquismo.

No, porque categorizarlo así implica preguntarnos por qué pasó y eso lleva directamente a las responsabilidades del régimen. Además, hablamos de unas dimensiones inmanejables: más de 200.000 personas fallecieron por el hambre o enfermedades derivadas entre 1939 y 1942, a las que hay que sumar 20.000 más en 1946. Solemos hablar de 150.000 víctimas de la violencia franquista represiva y nos horroriza. Ahora que estamos hablando de la 'ley de nietos', hay que mencionar que el exilio se produjo también por el hambre.

Todo se explica por la actitud imperialista y fascista del régimen. Franco tuvo que elegir entre pan e imperio y escogió lo segundo.

Decía que la dictadura ocultó esta situación. ¿Con qué estrategias?

Hubo varias fases, pero cuando ya era imposible eludir del todo lo que pasaba se recurrió a una propaganda brutal que relacionaba el hambre con tres elementos: la Guerra Civil, el aislamiento internacional y lo que llamaban la 'pertinaz sequía'. Son los mitos construidos por el régimen, que se han demostrado falsos. Sin embargo, las destrucciones de la guerra no fueron tan grandes como para ello y, de hecho, durante la contienda no hubo hambre en el bando franquista.

Sabemos también que solo el año 45 fue negativo en lluvias y no en toda España y el aislamiento internacional es una verdad a medias. No es que España no pudiera comerciar, es que durante la Segunda Guerra Mundial exportaba alimentos a la Alemania nazi y la Italia fascista como pago por su ayuda militar en la Guerra Civil mientras la gente aquí se moría de hambre. Por otro lado, los aliados impusieron un bloqueo económico porque estábamos colaborando con el Eje. En el fondo, todo se explica por la actitud imperialista y fascista del régimen. Franco tuvo que elegir entre pan e imperio y escogió lo segundo.

¿Han sobrevivido estos mitos al dictador?

Plenamente. Los historiadores siempre luchamos contra los mitos del poder. Hoy el más sólido es el de la imagen de éxito que el régimen vendió sobre sí mismo, sobre todo durante los años 60 y 70. Con una España rebosante de pantanos, turistas dispuestos a disfrutarla y un desarrollo económico supuestamente envidiable. Todo ese discurso sepulta la tragedia de la hambruna de la que el mismo régimen fue responsable.

¿Cuáles fueron las verdaderas causas de la hambruna?

La Guerra Civil es un antecedente, pero si hubiera sido determinante, la hambruna hubiera empezado durante la contienda. No fue accidental, estuvo motivada por decisiones políticas y económicas. La principal causa es la política económica autárquica del franquismo. Fue un modelo que aspiraba a la autosuficiencia de la nación, un cuento de la lechera sin fundamento económico que provocó un auténtico desastre y un grandísimo mercado negro, precios disparados y bajísimos salarios. En 1940, un jornalero andaluz cobraba seis pesetas al día y una barra de pan costaba diez.

Es un mito que Franco fuera un político honrado y no hubiera corrupción, pero está demostrado que el régimen se llenó los bolsillos a costa del sufrimiento y las vidas de muchas personas.

La corrupción también contribuyó. Otro de los mitos es que Franco era un político honrado y no había corrupción, pero está demostrado que el régimen, la Iglesia, Falange y el Ejército se llenaron los bolsillos a costa del sufrimiento y las vidas de muchas personas. La autarquía suprimió el libre mercado y el Estado controlaba todo el alimento, lo que le daba un poder enorme para enriquecerse. Disfrutaban del botín de guerra mientras otros se morían de hambre. Fue como una España de pan blanco y pan negro, de abundancia y de escasez y muerte vinculada a la Victoria franquista.

En algunos momentos del libro lo llama la “hambruna de la Victoria”...

Hay un elemento político clave. Los que hicieron la guerra y la ganaron no pasaron hambre. Se ve claro cuando miras dentro de las cárceles, donde el hambre fue un elemento de castigo contra los republicanos. Si Lorca es el prototipo de las víctimas de la violencia franquista, Miguel Hernández lo es de las víctimas de la hambruna. Impactó a las clases bajas y trabajadoras y especialmente en el sur del país y en las zonas rurales. Dentro de las ciudades también hubo diferencias: sabemos que en los barrios obreros de Madrid, como Vallecas, la talla de los jóvenes cayó por la malnutrición. Eso no pasó en Chamberí.

El franquismo quiso ocultar lo que estaba ocurriendo en el país, pero ¿le beneficiaba políticamente en algo esta situación?

Fue rentable. En primer lugar, porque a través del enriquecimiento de militares y miembros del Consejo de Ministros, Franco se aseguraba su apoyo y cimentaba su régimen. Y después porque el hambre es un elemento desmovilizador brutal. Cuando tienes hambre, los sueños políticos y la idea de subvertir el régimen desaparecen, te convierte en un ser obligadamente individualista. Además, Franco utilizó el hambre como arma de reeducación a través de la Iglesia u el Auxilio Social de Falange, donde a cambio de un pan, se exigían lealtades.

Una creencia muy extendida en su momento entre la población es que Franco no se enteraba de los problemas de los españoles, que si no lo solucionaba, era porque no lo sabía.

Es completamente falso. Franco fue responsable directo de la adopción de la política autárquica que provocó la hambruna y sabemos que estuvo implicado en negocios de corrupción, como el del café regalado por Getúlio Vargas. Muchos de los documentos que he utilizado son de la Fundación Nacional Francisco Franco, que son los que él tenía en su despacho y en ellos es claro que el dictador conocía que la gente se estaba muriendo de hambre. Tenía estudios en los que se concluía que las clases bajas gastaban el 90% de su sueldo en vivienda y alimentación. También informes de economistas que eran franquistas pero no tontos y que le decían que su política era equivocada.

Vivimos un auge del revisionismo histórico, hemos visto a líderes de Vox hacer declaraciones cuestionables sobre el franquismo e impulsar junto al PP leyes autonómicas que obvian el golpe de Estado de 1936. ¿Cómo ve este escenario?

Preocupante. No solo respecto a la historia. Lo que hay detrás es un desprecio al conocimiento y a la ciencia y eso es pegarnos un tiro en el pie. Si hemos llegado hasta aquí y por fin conocemos nuestra historia es precisamente porque ha habido democracia y educación pública. Hoy vivimos una primacía de lo subjetivo y la emoción por encima de la preparación y la racionalidad. Pero ya sabemos a dónde nos lleva eso, dónde nos llevan los ultranacionalismos. Tenemos el siglo XX para verlo.

Antes de escribir este libro no sabía si había habido una hambruna en España, he tenido que investigar y visitar más de una veintena de archivos para demostrar que las piezas encajan.

En el libro asegura que “los historiadores no emitimos opiniones sobre el pasado”. Está siendo cada vez más habitual la acusación desde la extrema derecha de que sus conclusiones son producto de su posicionamiento ideológico.

Yo antes de escribir este libro no sabía si había habido una hambruna en España, he tenido que investigar para demostrar que las piezas encajan, visitar más de una veintena de archivos, entrevistar a diferentes personas y tomar las consideraciones previas de otros historiadores para llegar al convencimiento. No es una opinión, es un trabajo y una labor común de los que me han precedido. Estos discursos lo que persiguen a través de mi desprestigio profesional es deslegitimar el mensaje y evitar que la gente se informe.

El pasado 12 de octubre vimos en la Puerta del Sol jóvenes con el brazo en alto, banderas franquistas y entonando el 'cara al sol'. ¿Se han cometido errores en la manera en que se ha transmitido la historia para que estos símbolos se hayan resignificado?

Se ha llegado tarde, pero se ha llegado. Quiero romper una lanza porque lo que pasa en los institutos, al menos los públicos, es que se transmiten bien los conocimientos, pero hay dos cuestiones que se nos están escapando: el universo digital y las familias. Percibo una relación muy directa entre la posición política de muchos jóvenes y lo que escuchan en casa y en el entorno digital.

Una bofetada que deja marca física sí es delito, pero no lo es si no deja lesión. Es lo que ha dictaminado el Tribunal Supremo en una sentencia en la que absuelve a un padre por la cachetada que le dio a una de sus dos hijas por vomitar en el coche cuando volvían de vacaciones. El fallo, emitido por la Sala de lo Penal a principios de este mes, se acoge al “derecho de corrección” paterno para estimar parcialmente el recurso del hombre, que antes había sido ya condenado por violencia de género. El Supremo mantiene que sí cometió un delito por otra de las bofetadas que le dio a su hija en otro momento porque esta vez sí le provocó una herida.

Los hechos ocurrieron el 2 de agosto de 2021, cuando, regresando de un viaje junto a su padre y su hermana, una de las niñas, de 11 años, sufrió un mareo que provocó que vomitara dentro del vehículo. El hombre se enfadó, “regañó” a la menor de edad, la insultó llamándola “inútil” y la “amenazó” con dejarla en la carretera para, finalmente, darle una bofetada en la cara “sin causarle lesión acreditada”, según constan en los hechos probados de la sentencia.

Dos meses más tarde se produjo otro episodio: esta vez ocurrió en casa, donde el condenado exigió a su hija que se pusiera un pantalón para comer porque estaba en ropa interior. La niña se negó y tras seguirla hasta la habitación, el padre le propinó otra bofetada provocándole una contusión y una herida en el labio para las que necesitó asistencia sanitaria.

La madre de las dos niñas y exmujer del hombre lo denunció por lo ocurrido y el Juzgado de lo Penal Nº 6 de Alcobendas (Madrid) lo condenó por dos delitos de maltrato en el ámbito familiar. Le impuso una pena de 20 meses de cárcel y la prohibición de acercarse a su hija durante más de un año. El fallo fue confirmado íntegramente por la Audiencia Provincial, pero tras recurrir ante el Supremo, este acuerda ahora darle en parte la razón con la oposición de la Fiscalía, que pedía que se inadmitiera el recurso.

Aunque la sentencia resultante no detalla más al respecto, sí apunta a que el hombre ya fue condenado en octubre de 2020 por violencia de género tras cometer un delito de lesiones contra su exmujer. Por estos hechos se le impusieron seis meses de prisión.

La corrección tiene “plena vigencia”

El tribunal mantiene la condena por el golpe que le dio a su hija en casa, pero le absuelve por el del coche. Para ello se acoge al llamado “derecho de corrección” de los padres, que define como “una potestad educativa de dirección y contención, inherente a la función parental” cuyos límites sitúa en el interés superior del menor, su dignidad y la prohibición de acciones que sean “lesivas” para su integridad física o psíquica.

La sentencia recuerda que en 2007 el derecho de corrección fue eliminado del Código Civil, que contenía una referencia explícita a que los padres “podrán corregir razonable y moderadamente a los hijos”. Pero asegura que la jurisprudencia “ha seguido sosteniendo” que “subsiste como facultad inherente a la patria potestad” y como “posibilidad inseparable a la función de velar, educar y procurar la formación integral de los hijos”. Según el fallo, no es necesario que esté reconocido expresamente en la ley porque es “un derecho autónomo” que sigue teniendo “plena vigencia”.

El tribunal se apoya en una sentencia de 2022 que condenó a un padre por propinar un fuerte azote a su hija de cuatro años, dejándole marcas en las nalgas. El fallo dictaminó que el derecho de corrección no justifica la violencia, pero también advirtió de que “si consideramos suprimido el derecho de corrección, determinadas actuaciones de los padres como dar un leve cachete o castigar a los hijos sin salir un fin de semana podrían integrar tipos penales como el maltrato o la detención ilegal”.

Por eso, para el Supremo, la violencia que deja marcas físicas o heridas que requieran de una “primera asistencia” médica no está amparada por el derecho de corrección, pero el resto deben “ser analizadas según las circunstancias de cada caso”. Esto le lleva a admitir que la bofetada que el hombre le dio a su hija por vomitar en el coche no es suficiente para ser considerada un delito por no haber “ocasionado lesiones”.

Isabel Saiz Sánchez, abogada del hombre, celebra la absolución “puesto que no es justificar un comportamiento inadecuado en el ámbito familiar, sino recordar que no todo conflicto familiar o riña doméstica de intensidad leve debe resolverse en los tribunales”. La letrada y su compañero de despacho, Pablo González Asensio, defienden que “si no hay ánimo de lesionar y lesión objetivada, no puede haber condena penal” y aseguran que el derecho de corrección “ha de permanecer siempre y cuando no haya otro medio de persuadir, de conseguir el fin último de formar ciudadanos”.

Desde la Plataforma de Infancia valoran la confirmación que hace el Supremo de la condena por la cachetada que sí le causó una herida a la niña, pero muestran “preocupación” por la idea de que la ausencia de lesiones físicas “determine por sí sola” el delito, explica Almudena Escorial, responsable de incidencia de la organización. A su juicio, la suma de insultos, amenazas y la bofetada en el coche “pueden constituir formas de vulneración de la integridad física y psicológica”.

“La protección de la infancia exige superar concepciones que distinguen entre agresiones aceptables e inaceptables en función exclusivamente de la existencia de lesiones físicas. El daño emocional, la humillación, el miedo o la degradación son también formas de afectación de su bienestar”, añade la experta, que apunta a que la interpretación del Supremo “puede contribuir a mantener la percepción social de que determinadas formas de violencia física siguen siendo instrumentos legítimos de crianza” en contra de la “evolución normativa” de los últimos años.

Escorial recuerda que el derecho de corrección se eliminó del Código Civil después de que en 1994 y 2002 el Comité de los Derechos del Niño llamara la atención a España. Que el Tribunal Supremo asegure ahora que una bofetada está dentro de ese derecho como potestad “inherente a la función” de los padres es, a juicio de la experta, “un enorme retroceso en la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia”.

El Gobierno ha aprobado este martes un paquete de mejoras de varias prestaciones de la Seguridad Social que perciben algunos colectivos específicos. Entre ellas, una ampliación del acceso a la pensión de viudedad a parejas no casadas ni registradas como parejas de hecho, para aquellas con hijos que acrediten dos años de convivencia, así como una ampliación de las prestaciones para padres con hijos con enfermedades graves (CUME), para huérfanos y víctimas por violencia de género, algunas bajas derivadas de la menopausia y debidas a catástrofes, entre otras.

A falta de la letra pequeña del real decreto-ley aprobado, la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, ha informado de esta “ampliación de la acción protectora” de la Seguridad Social para estos colectivos, que ha justificado por la necesidad de una mejor “cobertura” de estas situaciones.

Acceso a la viudedad sin estar casado ni ser “pareja de hecho”

Entre los principales cambios destaca, por su potencial número de beneficiarios, la ampliación del acceso a la pensión de viudedad a las parejas con hijos que acrediten dos años de convivencia, aunque no estén casadas ni registradas como parejas de hecho formalmente, una realidad en alza.

Saiz, que había avanzado ya esta medida esta mañana en una entrevista en TVE, ha añadido que se abrirá “una ventana de un año” para que las parejas que cumplan con estos nuevos requisitos puedan pedir su derecho a la pensión de viudedad. “La prestación tendrá efectos a partir del mes siguiente a la presentación de la solicitud”, indica el Ministerio de la Seguridad Social.

Bajas especiales por menopausia y víctimas de violencia de género

Según ha explicado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, pasarán a tener la consideración de bajas especialmente protegidas dos nuevas situaciones: las mujeres que sufran “patologías incapacitantes relacionadas con la menopausia” y las trabajadoras que sean víctimas de violencia de género y cuyas lesiones “les impidan trabajar”.

Saiz ha señalado que estas tendrán una “protección mayor” que las incapacidades temporales comunes, ya que se cobrará “desde día siguiente a la baja” y no exige periodo de carencia (cotización mínima) y porque la prestación que cobrarán estas trabajadoras se ampliará al 60% de la base reguladora y al 75% a partir del día 20. Entre estas bajas especiales figuran también actualmente las incapacidades temporales por reglas dolorosas o por interrupción voluntaria del embarazo aprobadas en la pasada legislatura.

“Protegemos a una parte importante de la fuerza laboral de nuestro país y damos respuesta a situaciones que estaban invisibilizadas y a brechas que llevaban padeciendo las mujeres y que van a contar con una protección más adecuada”, ha afirmado la ministra.

Pensión de orfandad por asesinatos machistas

Además, el real decreto aprobado este martes contempla otra medida en materia de violencia machista: la ampliación de las pensiones de los hijos e hijas que se quedan huérfanos al ser asesinadas sus madres por esta causa. Según ha detallado la ministra, el importe mínimo pasará a ser el “doble del salario mínimo interprofesional”, que se sitúa a día de hoy en 1.221 euros al mes en 14 pagas. Actualmente, estas pensiones se calculan en función de la base reguladora y pueden alcanzar del 20 al 75% de la misma. Si hay más de un beneficiario, no puede superar el 118%.

La portavoz ha querido agradecer a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, su “intenso trabajo” desde hace “mucho tiempo” y ha recordado que estas medidas “están contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género” que renovaron todos los partidos excepto Vox. “Estas son políticas responsables frente a los negacionistas de la violencia de género, políticas útiles que mejoran la vida de las personas”, ha añadido.

El Gobierno también ha incorporado una medida para reforzar la protección de los hijos e hijas cuando uno de sus progenitores no paga la pensión de alimentos en caso de divorcio o separación. Así, ha decidido triplicar el anticipo máximo del fondo de garantía del pago de alimentos, del que se encarga el Estado y que pasará de 100 a 300 euros mensuales, además de alargar el tiempo durante el que puede percibirse de los 18 meses actuales hasta el momento en que “se extinga” la obligación.

CUME: prestación para cuidar a hijos con enfermedad grave

El Consejo de Ministros también ha aumentado la prestación CUME, destinada a padres y madres que reducen sus jornadas de trabajo para cuidar hijos con cáncer y otras enfermedades graves. Saiz ha afirmado que se permitirá la percepción “alternativa o simultánea”, con lo que tratan de favorecer la “corresponabilidad” que la ministra ha destacado que ahora no se contemplaba.

Además, la prestación podrá recibirse “más allá de los 26 años en el caso de que los hijos e hijas afectadas por esta enfermedad tengan una discapacidad superior al 65% o un grado de dependencia 3”. Y Saiz ha afirmado que el Gobierno trabaja también en el reglamento que regula la prestación CUME, que “está a punto de ver la luz”.

Prestaciones como “accidente de trabajo” por catástrofes

El real decreto-ley también recoge una mejora de las prestaciones para personas trabajadoras “afectadas por acontecimientos catastróficos”, ha sostenido Elma Saiz, como puede ser el caso de la dana Adam, que ha provocado heridos, cuatro fallecidos y un millar de rescates.

Así, la ministra ha explicado que se contempla su asimilación a “la situación derivada de accidente de trabajo”, con las mejoras correspondientes en las prestaciones “con motivos de estas catástrofes”, como la incapacidad temporal (baja médica) así como prestaciones por incapacidad permanente o por defunción.

Esta medida “ya se ha probado excepcionalmente” por el Gobierno en catástrofes como la dana de Valencia, ha recordado Saiz, pero se pretende incluir esta ampliación para otros acontecimientos en el futuro. Se aplicará a trabajadores por cuenta ajena y también a trabajadores autónomos, ha explicitado la ministra.

El desabastecimiento de medicamentos hormonales para aliviar los síntomas de la menopausia mantiene en vilo a miles de mujeres que han visto interrumpidos sus tratamientos. Pero el problema deja al descubierto una realidad de fondo: cómo se ha tratado históricamente la salud de las mujeres en la menopausia. Así lo cree la catedrática de Química Inorgánica de la Universidad de Sevilla Adela Muñoz Páez, que apunta a cómo durante años el sistema sanitario y la sociedad “han minimizado y normalizado” síntomas asociados a esta etapa vital y que impactan directamente en la calidad de vida de las mujeres.

Autora de Postmenopausia. Todo lo que la ciencia sabe sobre el resto de tu vida (Debate), la experta cree que el “tabú” y el “silencio” han marcado el acceso a los tratamientos hormonales, aunque advierte “un avance” en los últimos años. “Si hay algo positivo en lo que está pasando es que se está poniendo el foco en la realidad que viven muchas mujeres y quizá termine de romperse el prejuicio que hay sobre estos fármacos”, asegura antes de apuntar a que “ahora lo primero” es que “la Administración y las farmacéuticas le pongan remedio” a un problema que también está afectando a las mujeres trans.

Las incidencias empezaron con el pulverizador de estradiol Lenzetto y después se ha producido un desabastecimiento en cadena de otros. ¿Qué supone para la vida de las mujeres que hacen uso de estos fármacos el haber visto que no pueden tener acceso a ellos de un día para otro?

Leía recientemente que para muchas mujeres los síntomas asociados a la menopausia se sienten como caer por un precipicio, así que supongo que estar mantenida por esta terapia hormonal y quitarla de manera abrupta significará una caída mucho más violenta. Faltan hormonas importantes que el cuerpo ha dejado de producir progresivamente, por lo que eliminar de golpe lo que palia esos efectos es muy agresivo.

La causa oficial del desabastecimiento es un problema con la fabricación del difusor de Lenzetto. ¿Hay otras cuestiones más de fondo que estén influyendo?

Se está demostrando que hay una población creciente de mujeres que está siguiendo estas terapias hormonales y ha superado el tabú. Antes ni se hablaba, había un silencio y una negación feroz de los posibles efectos beneficiosos y mucha parte del personal sanitario no ofrecía o desaconsejaba esta posibilidad. Creo que ha habido un avance en los últimos años y ver las noticias sobre el desabastecimiento es una muestra positiva de ello. Pero la salud de las mujeres y más aún de las viejas en menopausia ha estado a la cola e importa menos que la de los hombres. Lo que está pasando, que en otro ámbito podría ser clamoroso, parece que es algo secundario y no algo vital para muchas.

¿Por qué sí es relevante?

Hay muchas mujeres a las que los síntomas de diferentes tipos, algunos más visibles y otros menos, les alteran drásticamente su vida a muchos niveles: su día a día, su vida profesional y personal, su descanso, sus relaciones. Puede llegar a ser muy incapacitante. Esto convive, además, con una invisibilización y poca normalización: con los sofocos, por ejemplo, a pesar del malestar, es fácil que las mujeres tengan que aguantar bromas más o menos disimuladas como si fuera algo vergonzoso.

¿A qué atribuye ese tabú histórico sobre el tratamiento que mencionaba antes?

Fundamentalmente, a un estudio aleatorio que se hizo en 2002 en Estados Unidos con un elevado número de mujeres. Los resultados parciales demostraron una incidencia relativamente pequeña de cánceres de mama y de problemas cardiovasculares y se interrumpió. Sin embargo, lo que se buscaba era evaluar si la terapia reducía las enfermedades coronarias y la edad media de las mujeres era de 63 años, la mayoría con no muy buena salud. El estudio atrajo mucha atención mediática a nivel internacional con un enfoque alarmista y se difundió de forma sesgada asociando la terapia hormonal sustitutiva (THS) con el cáncer.

Con el tiempo, los científicos involucrados se fueron retractando de muchos de los resultados, pero en España hubo un parón y un silencio de dos décadas que se ha empezado a romper hace muy poco. Además, en su origen, en los años 60 en Estados Unidos, la terapia se empezó vendiendo como un remedio para que las mujeres estuvieran sexualmente al servicio del varón debido a que ayuda con los problemas sexuales derivados de la menopausia. Eso puso en contra a parte del movimiento feminista.

¿Entiende esas críticas?

Relativamente. También con las gafas para la presbicia estamos haciendo negocio a las ópticas, pero claro, yo prefiero ver bien.

Aún así la polémica y las opiniones polarizadas siguen marcando este asunto. ¿Qué nos dice hoy la evidencia científica sobre los riesgos y beneficios?

Hoy en día su uso está avalado porque provoca mejoras muy significativas y hay contraindicaciones en determinados grupos pero muy bien identificados. Por ejemplo, aquellas mujeres que han atravesado un cáncer hormonodependiente. Para nada hay una contraindicación masiva y la ventana en la cual se está prescribiendo, que es desde la transición menopáusica hasta diez años después, es muy segura en todos los ámbitos. Sobre todo, en la forma de aplicación transdérmica o vía pulverizador. La gran mayoría de mujeres que viven síntomas incapacitantes son susceptibles, siempre que hayan pasado los filtros, estudios, y tratamientos personalizados e individuales.

Durante años, muchas mujeres en menopausia han convivido con el insomnio, el cansancio o la niebla mental sin encontrar respuestas, como si fueran consecuencias inevitables de la edad. ¿Se minimiza este sufrimiento?

Sí. Muchas quejas, malestares, ansiedades e insomnios que muestran las mujeres en esta edad se abordan recetando ansiolíticos y somníferos. Hay una normalización de síntomas que, en realidad, están asociados a la menopausia pero de los que no se habla, no se informa o se relativiza como si fueran algo normal que hay que aguantar. El dolor en las mujeres se normaliza desde la regla, así que el hecho de que en menopausia tengan dolores articulares, insomnio o niebla mental parece que va en el lote. Y a veces se intenta solucionar con benzodiaceptinas sin pensar que estos síntomas requieren una explicación, un tratamiento hormonal o al menos una escucha.

La clave es entender todo el abanico de síntomas que hay asociados y que a veces pueden ser difusos. Esto es algo que desconcierta al personal sanitario y a las propias mujeres, que en muchas ocasiones no asocian lo que les está pasando a la menopausia y no encuentran respuestas. Compartir lo que nos pasa, sin por ello necesitar una medicación, ya supone un alivio.

Insiste mucho en la formación del personal sanitario. En su libro asegura que el estudio de esta etapa de las mujeres es muy reducido en la carrera de Medicina y también en la especialidad de Ginecología a pesar del tamaño de la población afectada y de que ocupa más de 30 años de la vida de las mujeres.

Sí, eso no se suele tener en cuenta y se reduce a una cuestión doméstica o privada como si fueran consecuencias inevitables de la edad, pero debería tratarse como un asunto de salud pública. La postmenopausia puede llegar a ser el periodo más largo de nuestra vida y ya empieza, en promedio, a ser más prolongado que la etapa fértil. Sin embargo, hay una carencia generalizada de formación entre el personal sanitario, incluso joven, muy grande. También falta de información. Por ejemplo, para la incontinencia urinaria puede ayudar la fisioterapia de suelo pélvico, pero apenas se habla de este síntoma y, por otro lado, no todo el mundo se puede permitir acudir a estos especialistas privados.

En el libro habla del desinterés del sistema sanitario frente a los problemas sexuales que vive una parte de las mujeres en la menopausia. Hay mucho menos problema en hablar de sofocos u osteoporosis, pero eso rara vez aparece en el relato público. ¿Se le hace poco caso?

Totalmente, hay un enorme tabú y de esto no se habla ni te informan, pero la caída de estrógenos puede provocar atrofia, sequedad, mucho dolor en las relaciones con penetración heterosexuales, bajada de la líbido... La sexualidad se ve afectada y eso puede tener consecuencias importantes. Entre las jóvenes creo que cada vez se habla más, afortunadamente.

Hay cosas que la ciencia ha descubierto sobre la menopausia, pero muchas otras quedan por saber. ¿Qué avances le parecen más prometedores?

Hay que hacer muchos más estudios. Los hay en marcha sobre la incidencia del deporte de fuerza, que es muy importante, o sobre la salud cardiovascular, alimentación, insomnio... Pero queda mucho porque son muchos los aspectos de la salud que se ven influenciados por la caída de estrógenos y para eso hacen falta equipos multidisciplinares. Sorprende, por ejemplo, la inmensa cantidad de estudios y de artículos periodísticos sobre la disfunción eréctil y la viagra comparado con la disfunción sexual femenina en la menopausia, a pesar de que la masculina es mucho más simple y el porcentaje de afectados es menor.

El plan del franquismo parecía infalible sobre el papel: segregar por sexo las aulas, adoctrinar en valores religiosos y nacionalcatólicos y preparar a las niñas para convertirlas en “buenas esposas y madres” de la Nueva España. Eran los objetivos de la primera Ley de Educación Primaria de la dictadura franquista, aprobada en 1945, pero la imposición autoritaria desencadenó el efecto contrario, según concluye una reciente investigación: las mujeres expuestas a este plan escolar no tuvieron menos probabilidades de ser madres, pero sí acabaron teniendo menos hijos.

Es la conclusión del artículo ¿Educadas para ser madres? Reforma escolar y reacción demográfica, publicado en la plataforma de economistas CESifo. El estudio analiza qué consecuencias pudo tener esta legislación franquista en las decisiones de maternidad de las mujeres sobre las que fue aplicada y apunta a que “tuvo un efecto contraproducente y provocó una reducción de la fertilidad”. La ley fue parte de la agenda de Franco para fomentar la natalidad tras la Guerra Civil y cumplir con la máxima fascista de traer hijos al mundo para contribuir a la patria.

El trabajo es, de momento, un working paper, lo que significa que aún no ha sido revisado por pares, pero sus autores llevan meses presentándolo ante decenas de investigadores en varias universidades, entre ellas la King's College de Londres. “Los resultados apuntan a los riesgos de utilizar la educación como vehículo para la ingeniería ideológica y ofrecen una advertencia para las políticas que intentan aumentar la natalidad promoviendo una vuelta a los roles familiares tradicionales”, afirma Gema Lax Martínez, investigadora de Economía de la Universidad de Padova y coautora del estudio junto a Marco Le Moglie y Matteo Sandi, de la Universidad Católica de Milán.

La reforma evaluada fue promulgada por el régimen franquista en 1945 y establecía que la formación específica de las mujeres como esposas, madres y educadoras de sus hijos debía empezar desde que eran pequeñas: entonces, la enseñanza primaria iba desde los seis a los 15 años. La Sección Femenina de Falange y la Iglesia Católica vieron con buenos ojos la nueva legislación, que se basaba en la instrucción religiosa, el “espíritu nacional”, la imposición del español y un plan específico para las niñas centrado en el hogar, labores manuales y actividades domésticas. La anterior, de la época republicana, promovía un sistema mixto, laico y bilingüe.

El estudio compara qué decisiones de fertilidad tomaron las mujeres nacidas en tres momentos distintos: en la década de 1920, que acabaron la primaria antes de la reforma, en 1930, que estudiaron solo algunos años bajo la legislación franquista y las nacidas entre 1939 y 1950, que cursaron el ciclo completo. Los resultados muestran que estas últimas niñas tuvieron la misma probabilidad de ser madres en la adultez que las primeras, pero tuvieron menos hijos: en concreto, una de las fuentes de datos usadas registra una caída del 12% respecto a la media de quienes no 'sufrieron' la reforma franquista.

Según detalla el artículo, al analizar la evolución año a año, el efecto negativo sobre el número de hijos “comienza a manifestarse” a partir de la cohorte nacida en 1932, que tenían 13 años cuando se aprobó la nueva ley y estuvieron unos tres años bajo la misma. La reducción en la fecundidad va intensificándose “gradualmente” a medida que aumenta el número de años que las chicas pasaron dentro del nuevo sistema, que “redujo significativamente” el número de hijos tanto en las “mujeres expuestas parcialmente como totalmente”.

El análisis combina tres fuentes: encuestas del CIS sobre número de hijos y opiniones personales, los censos de entre 1991 y 2011 y los registros históricos de nacimientos por capital de provincia y en el resto de la provincia entre 1930 y 1979 del Instituto Nacional de Estadística. Esta última fuente permite comprobar que el patrón individual “también se aprecia” de forma agregada: aquellas zonas con mayor concentración de niñas expuestas a la reforma experimentaron una reducción mayor en el número de nacimientos. Según el trabajo, el aumento de un punto porcentual en la población femenina en esa edad “conlleva” una disminución de 460 nacimientos.

¿Y si hubo otros factores?

La investigación lleva a cabo varios filtros para “comprobar” que los resultados no se deben a otros motivos, pero, como cualquier otro trabajo científico, está ahora abierta a debate y aportaciones de otros investigadores. Libertad González, economista experta en trabajo y salud de la Universitat Pompeu Fabra, considera que es “serio, riguroso y muy trabajado”, pero considera que “no se pueden excluir por completo” otros factores que “también pudieron afectar a las decisiones de formación familiar de las cohortes analizadas”.

Por su parte, Toni Rodon, politólogo de la misma universidad, sostiene que el diseño del artículo “es adecuado”, los resultados son “robustos” y en conjunto el trabajo “es convincente” aunque pueda mejorar en el proceso de revisión, algo que pasa “frecuentemente”. A su juicio, ninguna investigación “logra excluir del todo otros factores, pero incluso si los hubiera, el sesgo que crearía raramente sería tan grande” como para alterar las conclusiones.

Para intentar despejar las dudas, los autores aislan varios elementos: descartan el impacto de la Guerra Civil, el hecho de que las provincias más afectadas fueran más progresistas —han evaluado el voto al PSOE en 1931— o si en ellas había más bodas, entonces considerado el paso previo a tener hijos. Sin embargo, unas y otras zonas “no presentan diferencias significativas”. Además, el impacto solo se observa en las niñas y no en los niños de las mismas edades y mismas provincias y, por otro lado, en los cinco años anteriores a la entrada en vigor de la reforma franquista no había esta variabilidad en los nacimientos en estas zonas.

Según el trabajo, las conclusiones se mantienen también al tener en cuenta las distintas tasas de incorporación de las mujeres al empleo o las diferencias económicas previas entre provincias. Todo ello lleva a los autores a afirmar que “en conjunto, las pruebas refuerzan la interpretación de que el patrón observado está relacionado con la ley educativa de 1945”.

Para “disipar” que se deba solo a dinámicas generacionales o a tendencias “más amplias” que afectaron a los países del Sur de Europa en ese periodo, los investigadores hacen una comparación con Portugal, país que consideran equiparable por su proximidad geográfica, tradición católica y sometimiento a un régimen autoritario. En este caso, las mujeres de las mismas cohortes no mostraron cambios significativos en sus decisiones de fecundidad. “Si se tratara de únicamente de una caída histórica nacional, esta debería afectar de manera similar a todo el país, pero los nacimientos disminuyen en las zonas donde había más niñas expuestas”, aclara Lax Martínez.

Paralelamente, el artículo analiza las opiniones de las mujeres sobre distintos temas recogidas por el CIS y concluye que las que estuvieron más expuestas a la reforma educativa de Franco apoyaban más la igualdad en el hogar y el reparto de tareas, valoraban más el trabajo fuera de casa y daban menos importancia a tener hijos como parte esencial de la vida. Con todo, el estudio admite limitaciones sobre estos datos y asegura que deben interpretarse “con cautela” pero los considera un “indicio” más para llegar a la misma conclusión.

Chicos y chicas muy jóvenes entonando el 'Cara al sol', haciendo el saludo fascista o con banderas franquistas. Es una de las imágenes que dejó la Fiesta Nacional de este 12 de octubre, con grupos ultras intentando entrar a la acampada por el derecho a la vivienda de la Puerta del Sol. Los ataques, entre insultos a Pedro Sánchez y gritos de “rojo que veo, rojo que pateo”, acabaron con cinco detenidos. Una escena que abre interrogantes sobre qué está llevando a parte de esta generación a enarbolar la simbología que sostuvo la dictadura hace ya más de medio siglo.

Las respuestas no son simples y el fenómeno lleva tiempo bajo la lupa de los investigadores en un contexto de ascenso de la extrema derecha, malestar creciente y difusión del discurso ultra en redes sociales. “No podemos asumir que todos estos jóvenes son franquistas convencidos ni tampoco trivializarlo”, sostiene la politóloga Anna López Ortega, para la que coexisten diferentes “motivaciones”: “Algunos tienen un convencimiento ideológico profundo de ideas autoritarias, pero para otros funciona como una forma de pertenencia o como expresión de la transgresión. La rebeldía se ha vuelto de derechas”.

Más allá de las razones, la autora de La extrema derecha en Europa (Tirant Humanidades) apunta a varios factores que favorecen imágenes como las del domingo: por un lado, el “desconocimiento histórico”, el hecho de que estos jóvenes “no hayan vivido ni experimentado lo que significa una dictadura” ni su realidad y consecuencias “se les hayan transmitido suficientemente”. Por otro, la “resignificación” de este tipo de símbolos, algo que “ha hecho de forma muy hábil la extrema derecha” para presentarlos como “rebeldía o un desafío al supuesto orden establecido”.

Nada de ello es posible sin el tercer elemento, según la experta: la “normalización” política y cultural de los discursos ultra. López Ortega señala que este tipo de mensajes “no nacen de la nada” sino que “encuentran eco” cuando partidos políticos como Vox “relativizan la dictadura, cuestionan consensos democráticos o presentan la memoria histórica como una imposición ideológica”. “Cuando el fascismo se presenta como una broma o un chiste, deja de percibirse como una amenaza a las libertades”, agrega.

Esta “normalización” del franquismo de la que advierten expertos y estudios no es ajena a los datos. Según el CIS publicado a las puertas del 50 aniversario de la muerte de Franco, el 19% de quienes tienen entre 18 y 24 años consideran que los años de la dictadura fueron “buenos” o “muy buenos”, la franja en la que más gente comparte esta opinión por debajo de los 44 años. Aun así, el grado de acuerdo asciende a partir de esa edad y el pico está en el 25% de los mayores de 75 años. Con todo, la variable género es determinante: entre los chicos más jóvenes, la cifra es del 29,7% y cae al 8,7% entre las chicas.

Desde el Consejo de la Juventud de España insisten en que lo ocurrido el 12 de octubre “no puede convertirse en la imagen de la juventud” y aluden a que la simpatía por posiciones reaccionarias “es minoritaria”, en palabras de la presidenta, Sara Villodre. Al mismo tiempo, pone el foco en el “auge de extremismos” como una tendencia que “atraviesa a todas las generaciones y a nivel global” y llama a “afrontarlo colectivamente”. “El problema no es una generación concreta, sino las condiciones sociales y educativas que dejan espacio a estos discursos. Los jóvenes no se polarizan por naturaleza ni son más propensos al odio, pero sí están más expuestas a entornos que lo normalizan”, añade.

“Asistimos a una normalización del fascismo y los jóvenes son un reflejo de lo que hacen los adultos, por lo que es normal que una parte caiga en estos relatos”, coincide el periodista especializado en extrema derecha Miquel Ramos. El experto cree además que el “señalamiento” de la acampada por parte de la derecha ha legitimado a los ultras a acudir a Sol. Dos días antes del 12-O, Ayuso llamó “terroristas” a los acampados y lleva semanas intentando forzar su desalojo, presentando la protesta como un problema de orden público. El 3 de octubre, miembros de Núcleo Nacional ya intentaron entrar en la acampada.

Conectar con los malestares

El marco en el que todo esto ocurre es el de un “desplazamiento progresivo hacia la derecha” de los más jóvenes, dice el director de investigación de opinión pública de Ipsos España, Paco Camas. Aunque según el último CIS, el voto a Vox de los hombres que tienen entre 18 y 24 años ha caído con respecto al pico de hace un año, el partido de Santiago Abascal sigue teniendo amplio respaldo. “Los jóvenes nunca han sido tan de derechas y eso puede llegar a traducirse en actitudes reaccionarias”, analiza el especialista.

La brecha de género entre simpatizantes o posibles votantes jóvenes es una realidad, pero según López Ortega “en el último año se observa que algunos discursos empiezan a calar entre ellas también”, algo que, asegura, “debemos seguir observando e investigando”. “No podemos confundir una imagen de una manifestación con la fotografía general de la juventud ni convertirlo en un estereotipo: ni todos los chicos son reaccionarias ni todas las chicas son inmunes a la extrema derecha”.

Con todo, las voces expertas consultadas creen que es clave cómo la ultraderecha “ofrece soluciones sencillas a problemas complejos” y conecta con “malestares juveniles” como la sensación de crisis, la escasez de expectativas ante el futuro o la idea de sentirse agraviados por el feminismo. Por eso, más que una deriva nostálgica, el franquismo puede llegar a presentarse como un ideal de “orden y seguridad” prometidos frente a una democracia “que no resuelve sus problemas”. “La derecha es muy eficaz transformando frustraciones en resentimiento mediante la construcción de enemigos”, afirma la politóloga.

Si hay un lugar en el que estos discursos proliferan son los entornos digitales, donde están “emergiendo y consolidándose” las narrativas franquistas, de acuerdo con el artículo Nostalgia Pop: Análisis de la representación del franquismo en TikTok, publicado en la revista Historia y Comunicación Social. El trabajo destaca cómo los perfiles que crean estos mensajes son mayoritariamente anónimos y se “camuflan” dentro del propio lenguaje de la plataforma: a través de memes, música y referencias virales en clave de entretenimiento y humor.

Además, dado que la audiencia joven no vivió la dictadura, la investigación alude a que no suelen mostrarse relatos ni recuerdos individuales de la época, pero sí se construye “una memoria colectiva” basada en la repetición de símbolos “socialmente legitimados” como la bandera del águila o la carlista y el 'Cara al sol'. “Los principales canales de infección reaccionaria de los jóvenes son los adultos, ya sean familiares, medios o redes sociales, en los que el fascismo se siente impune y los propietarios de plataformas no tienen ningún compromiso en este sentido. Hay un ecosistema tóxico del que la juventud es receptora”, concluye Ramos.

Gráficos elaborados por Yuly Jara.

Keka Puchades y Chema Ricart se conocen al dedillo los horarios de los trenes de alta velocidad que hacen el trayecto Madrid-Barcelona. Son pareja desde hace más de 12 años, pero siguen viviendo cada uno en una ciudad. Se casaron hace dos años y, aunque muchas personas pensaron que sí, que ahora ya sí iban a empezar a convivir, continúan manteniendo su modelo. “No es que no podamos vivir juntos, es que la relación funciona muy bien así y no tenemos ninguna necesidad de cambiar”, explica Keka, de 52 años.

Aunque no es lo mayoritario, no son pocas las parejas que llevan tiempo juntas y residen en casas separadas. Y no porque haya algo que les obligue a hacerlo, sino porque así lo han elegido expresamente. Es un fenómeno que lleva tiempo estudiándose y tiene hasta nombre: son las llamadas relaciones LAT, living apart together por sus siglas en inglés, que significa “juntos pero separados”. Una elección que todavía desafía el estándar social de lo que se supone que es ser una pareja y que asocia la estabilidad afectiva a la convivencia. El Código Civil la establece como una “obligación” del matrimonio.

“Para nosotros nuestra relación es así, es plena y completa sin necesidad de convivir y eso hace que ninguno de los dos tenga que renunciar a su entorno para estar con el otro”, apunta Keka, que conoció a Chema, seis años mayor que ella, cuando tenía dos hijos pequeños de una pareja anterior. Ya entonces ella vivía en la capital, él en Barcelona y cada uno tenía “su vida montada”, su familia y sus amistades en una ciudad diferente. “Al principio nos veíamos en Zaragoza, fue pasando el tiempo y la realidad es que funcionaba muy bien, cuando nos veíamos estábamos súper a gusto”.

Para verse, suelen alternar estancias largas con visitas más cortas. “Cuando viene él se queda dos, tres semanas o un mes y luego igual pasan tres y voy yo cuatro días”, dice Keka. Han llegado a convivir durante algunos meses, pero eso no les hace cambiar de opción, incluso ahora que sus hijos son mayores y Chema puede teletrabajar desde cualquier lugar. “Nuestro compromiso es a largo plazo, pero nuestra relación respeta mucho la vida que el otro tenía ya formada”, cuenta la mujer, para la que, el hecho de haberlo hecho ya previamente con otras relaciones, influye: “No teníamos la necesidad de marcar ningún 'check' en la pareja. Todo eso, cuando ya lo has hecho, es diferente”.

Los estudios que abordan el fenómeno revelan un “aumento notable” de estas relaciones en las últimas décadas debido a cambios sociales como el divorcio o la “diversificación” de los tipos de relación, según el estudio Vivir separados pero juntos en la España contemporánea, publicado en 2024 en la revista Advances in Life Course Research. Es de hecho, uno de los pronósticos que la Oficina Nacional de Prospectiva Estratégica de Moncloa acaba de hacer para 2050: habrá menos convivencia “sin renunciar al compromiso”, una tendencia que ya se da. El porcentaje de mujeres que vivían con sus parejas en 1980 ha pasado del 90% al 60 o 70% según la edad.

Xavier Roigé, experto en transformaciones familiares y catedrático de Antropología de la Universidad de Barcelona, explica que, por regla general, existen “diferentes perfiles” de parejas LAT y distintos motivos para serlo. “Hay personas que eligen el modelo para proteger su independencia y sus espacios o evitar el desgaste cotidiano. Es algo que suelen hacer con más frecuencia personas divorciadas, viudas o solteras de cierta edad. También hay parejas que no es que no quieran convivir, sino que hay circunstancias que les fuerzan, por ejemplo vivir en ciudades diferentes o no poder emanciparse debido a la precariedad laboral o la falta de acceso a la vivienda”.

Según el estudio, las personas de entre 20 y 24 años esgrimen considerarse “demasiado joven” como motivo principal para vivir separadas de sus parejas, mientras que las preocupaciones financieras y laborales pasan a ser el motivo predominante de quienes tienen entre 25 y 34 años. Es decir, si pudieran emanciparse, tomarían la decisión de convivir. Por encima de esa franja de edad, cobran especial relevancia otros motivos como el deseo de mantener la independencia o el hecho de tener hijos de relaciones anteriores.

Una “relación-relación”

Si la crisis de la vivienda y las condiciones económicas atraviesan las decisiones de quienes no pueden vivir juntos o incluso de las parejas que no pueden separarse por este motivo, también —pero en el sentido inverso— juegan en algunos casos un papel en el caso de las parejas LAT. Y es que varias de las personas consultadas para este reportaje coinciden en apuntar a la “suerte” o al “privilegio” de poder vivir solas. De hecho, la única vez que recientemente Keka y Chema se han replanteado la decisión fue en marzo de 2025, cuando ante una posible subida de su alquiler por la renovación del contrato, pensaba que no podría pagarlo él solo.

El “privilegio de poder permitirme una vivienda” es algo que nombra Jara, que tras vivir con dos parejas diferentes, a los 38 decidió que no lo haría en el futuro. “Uno de los aprendizajes que saqué es quería conservar mi independencia, tener mi parcela de vida y luego una vida en común”, afirma esta madrileña de 47 años que prefiere usar un nombre ficticio. Desde 2022 tiene una relación estable con Rodrigo sin convivencia y, aunque reconoce que su entorno más cercano es de mente “abierta” y no lo juzga, cuando sale de su “burbuja”, el cuestionamiento y la presión están ahí.

“Lo que suele pensar la gente es que la relación no es lo suficientemente estable o no está bien construida. Cuando dices que no vives con tu pareja porque no quieres, la cara de sospecha es habitual. Y, en mi experiencia, en una relación heterosexual, se da por hecho que es él el que no está comprometido contigo y nosotras estuviéramos esperando todo el rato dar esos pasos”, cuenta Jara, que recuerda cómo, hace poco tiempo, alguien con quien comentaba algo sobre su pareja le dijo: “A ver, es que como la tuya no es una relación-relación...”. Menciona también cómo la familia de su novio lo ve extraño: “Para su padre creo que soy una persona con la que a veces sale a cenar”.

Los comentarios o miradas que cuestionan su elección también son percibidas por Keka. “La pregunta de cuándo nos vamos a ir a vivir juntos siempre ha sido recurrente y, al responder, la gente suele decir 'bueno, sí, ya veréis como más adelante ocurre'. Es como si no llegaran a creérselo. Cuando nos casamos, volvimos a la casilla de salida y la gente nos decía: 'ahhh, ahora sí'. Ves muchas caras de asombro, sigue siendo algo que no se comprende”, cuenta.

Mantener la red en el barrio

Jara tenía claro que no viviría con su pareja antes de conocer a Rodrigo, pero además él tiene tres hijos de su exmujer, por lo que es un motivo más de peso. Como tiene custodia compartida, la semana que él no está con ellos, se ven y duermen juntos todos los días. Tener niños o niñas es un factor que influye, pero no en todos los casos: Pedro y Sofía tienen 36 y 38 años respectivamente y llevan cinco juntos, pero viven separados. En alguna ocasión se han planteado cambiar de modelo, pero siempre han decidido que no por “diferentes factores” y, sobre todo, porque ambos residen en barrios diferentes de Madrid en los que han construido su red y su vida, a las que ninguno quiere renunciar.

“En realidad estamos bien así y no vemos en la convivencia una mejora en la relación, que ya de por sí es buena. Esto nos permite mantener una cotidianidad con nuestro entorno y a la vez compartir espacios”, sostiene Sofía, que remarca lo habitual que es el “tener que justificarnos y dar explicaciones” cuando cuentan que no conviven. “En el ámbito familiar a veces nos sentimos obligades a hacer cosas como ir a una reunión, por ejemplo, porque parece que tenemos que demostrar que nos queremos”, añade.

Un desafío en varios ámbitos a lo socialmente establecido es la vida de Óscar, que lleva seis años con su novio Ricardo en una relación no monógama. Los motivos para no convivir con él son dos, dice: por un lado, la “profunda suerte” de llevar pagando el mismo alquiler en Madrid durante los últimos 14 años. Y por otro, el hecho de que Ricardo vive con dos parejas más, con las que lleva 20 y ocho años respectivamente. “No es algo que nos hayamos replanteado, pero tengo claro que si podemos seguir así es por el precio que pago de alquiler”, afirma.

En su caso, la extrañeza ajena tiene mucho que ver con su tipo de relación, aunque el hecho de que su entorno sea afín minimiza mucho el cuestionamiento. En ocasiones, sí siente —“no es nada explícito”, dice— que “hay cierta duda, como si esto no fuera en serio y estuviéramos pasando el rato”, menciona.

A pesar de la presión y del mandato que asume que el paso “lógico” en una relación que llega a un determinado punto es el de la convivencia, cada vez son más quienes se plantean que existen otras opciones. Y que, para ellos, son una ventaja: “Después de 12 años juntos nos seguimos echando de menos, hay muchos conflictos de la convivencia y del día a día que no vivimos, así que es muy fácil no estar enfadado. El tiempo que pasamos juntos es súper preciado y lo aprovechamos al máximo. La gente puede pensar que no es una relación de verdad. Bueno, pues a mí me vale una relación de mentira”, ironiza entre risas Keka.

Los nazis quisieron convertirlo en el “centro del mundo”. El castillo de Wewelsburg, al oeste de Alemania, fue transformado por Heinrich Himmler en un lugar de culto para las SS a partir de 1934. Décadas después, la democracia alemana tuvo que decidir qué hacer con aquel espacio cargado de significado. Y en 2006 optó por no eludir lo ocurrido: lo convirtió en un museo sobre el terror de las SS y en un homenaje a sus víctimas. La torre más polémica, la Sala de los Generales, fue reabierta al público como lugar de reflexión, donde se decidió mantener en su suelo de mármol el llamado Sol Negro. En torno a él se colocaron varios puffs de color naranja que descentralizan la presencia de este símbolo usado por la extrema derecha.

El ejemplo alemán es uno de los que suele citarse cuando se habla de intervención crítica en los monumentos fascistas. Una posibilidad que se aleja de la disyuntiva que suele dominar el debate en España: retirar los elementos vinculados al franquismo o conservarlos tal y como están. La primera opción es la apuesta de la Ley de Memoria Democrática y por eso en lo que va de 2026 el Gobierno ha ordenado la eliminación de 16 vestigios diseminados por todo el territorio. Pero, ¿y si hubiera otra opción?

“Hay una vía intermedia entre el conservarlos, que es lo que propone la derecha y la extrema derecha, y la eliminación total. Dejarlos como están solo sirve al mensaje y la propaganda de quién los creó, pero quitarlos crea un espacio aséptico y un vacío para las actuales y futuras generaciones. Tenemos la capacidad técnica y democrática de reconvertir estos monumentos en lugares de aprendizaje, de darles la vuelta y que propongan una reflexión colectiva sin que transmitan su pecado original”, apunta Jordi Guixé, director del Observatorio Europeo de Memorias y profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona (UB).

El debate está abierto y hay voces que se manifiestan en esta línea y apuestan por abrir otras posibilidades. Porque las leyes de memoria, tanto de 2007 como la actual, de 2022, obliga a la retirada del espacio público de todos los elementos que exalten la Guerra Civil o la dictadura, con la única excepción de que “concurran razones artísticas o arquitectónicas”. Aún así, permanecen en España miles de símbolos de exaltación franquista que no cumplen la legislación vigente.

Con todo, el adelanto electoral del 29 de noviembre deja en el aire qué ocurrirá con los vestigios si hay un cambio de Gobierno. La posición de PP y Vox es clara y suele basarse en defender los elementos tal cual están bajo el argumento de supuestos valores históricos, patrimoniales o artísticos. En Madahonda, por ejemplo, el Ayuntamiento popular se ha puesto de perfil ante la orden de retirada del monumento a los rumanos fascistas, y en Cáceres, la Junta de Extremadura (PP y Vox) ha iniciado el expediente para declarar BIC la Cruz de los Caídos e intentar así evitar su eliminación.

Modificar y explicar el monumento

El arqueólogo Alfredo González Ruibal, que acaba de publicar País en ruinas. Historias enterradas de la España franquista (1939-1975), defiende estudiar cada caso. “Hay elementos que pueden ser retirados y almacenados o expuestos en museos como evidencia material de la dictadura y otros que tendrían que ser contextualizados e intervenidos. Ser transformados para que se conviertan en lugares incómodos para quienes exaltan el franquismo y que sigan estando ahí para que recordemos que esto existió. Eliminarlos del paisaje no deja de ser borrar la huella de un crimen”, explica.

Es lo que se ha decidido hacer con el Valle de Cuelgamuros, a pesar de las dudas que despierta entre los expertos el proyecto finalmente elegido y que ahora se enfrenta además a un futuro incierto tras el 29N. También con el monumento a los caídos de Pamplona, el segundo más grande del país, que el Ayuntamiento pretende convertir en un museo-memorial de recuperación de la memoria histórica y de condena del fascismo. En ambos casos se ha hecho a través de un concurso de ideas.

Jordi Guixé defiende que la clave para intervenir en estos vestigios es primero conocerlos y profundizar en su historia, escuchar a todos los actores implicados —desde Administraciones hasta la sociedad civil— y diseñar una intervención multidisciplinar. Su equipo ha aplicado este enfoque a varios monumentos, entre ellos el de la batalla del Ebro en Tortosa, inaugurado por Franco en 1966 y con sus más de 30 metros de altura aún en pie en medio del río. Tras décadas de debate, el Ayuntamiento apuesta por retirarlo, pero un proceso judicial mantiene la decisión en el aire.

La alternativa diseñada por Guixé y la profesora de Bellas Artes Núria Ricart mantiene la pilastra sobre la que se erige y propone convertir el monumento en “puente de la memoria”. La idea es “deconstruirlo” para generar un nuevo espacio horizontal que, además de funcionar como lugar de paso, incorpore elementos sobre qué fue la batalla del Ebro, qué significó la victoria franquista y qué uso propagandístico hizo. Los dos símbolos que permanecen a día de hoy —el águila y el hombre con la estrella— se mantendrían y se explicarían en un acristalado bajo el puente.

“Deben ser intervenciones materiales, artísticas y arquitectónicas, pero sobre todo debe haber un programa pedagógico, una explicación histórica sobre el monumento y lo que significó, una dignificación del espacio y una reparación de las víctimas”, afirma Guixé, que apunta a la “posibilidad de aprender del pasado” que puede ofrecer el patrimonio. Y más aún en un momento de expansión de la Inteligencia Artificial, cuando “la materialidad” para demostrar lo ocurrido históricamente “es más importante que nunca”, añade el experto, para el que lo importante es evitar “soluciones homogéneas” y apuesta por estudiar cada caso sin “retirarlo todo ni conservarlo todo”.

El riesgo de poner una placa

Entre quienes están a favor de no retirar, también hay posiciones matizadas. Ruibal, de hecho, huye de la palabra “resignificación”, habitualmente usada para definir el proceso. “Da la sensación de que hay que cambiar el significado del monumento, de exaltación de la dictadura a monumento por la paz y la democracia, y creo que no, que hay que dejar claro que es un monumento franquista”. El arqueólogo reconoce que es complejo convertir “un hito de celebración” de la dictadura en otra cosa que elimine “su función propagandística”, pero apela a “hacer un esfuerzo”, evitar respuestas automáticas y gestionar el patrimonio “con imaginación”.

Por eso el experto considera un error aquellas actuaciones que tienden a ser superficiales y se limitan a poner una placa o panel explicativo. En su opinión, esto entraña dos riesgos: por un lado, que estos elementos “pasen desapercibidos” y por otro, que puedan ser eliminados cuando cambia el signo político del Gobierno. “Sin una intervención que altere el monumento para neutralizar su función original, sirve de poco”, añade.

Este es uno de los motivos que lleva al historiador del arte e investigador de la UNED, Daniel Palacios, a oponerse a la resignificación, que, en su opinión, “nunca puede ser una solución para un monumento fascista”. El experto pone el foco en el contexto actual y advierte de que, con el auge de la ultraderecha, las organizaciones “neofascistas y conservadoras” pueden tener “a su disposición” estos monumentos sin retirar de los que “simplemente” podrán eliminar las placas o instalaciones artísticas.

Pero, además, Palacios va todavía más allá: “Hacerlos desaparecer es la única apuesta democrática”, dice el coautor de ¿Quién tiene derecho al monumento? (Katakrak). A su juicio, la resignificación “es una verdadera trampa” que, en la práctica, acaba asegurando su conservación “bajo un presupuesto que se ha demostrado falso en gran cantidad de estudios de que conocer las violencias del pasado garantiza que no vuelvan en el presente”. Para Palacios, el efecto de la intervención en los monumentos es que “se despolitiza el conflicto, se revictimiza a quien sufrió el agravio y se radicaliza al heredero del perpetrador”.

Contrarias a la resignificación suelen ser también las asociaciones de víctimas de la dictadura, entre ellas la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, cuyo presidente, Emilio Silva, asegura que mantener estos monumentos es “una forma de maltrato a las víctimas” porque fueron construidos “para humillarlas”. Daniel Rico, historiador del arte, es de los que piensa que falta “voluntad política” y presupuesto para apostar por la resignificación. Y se pregunta: “Estos monumentos son un paisaje de poder y, como tal, esconden una historia de opresión. ¿Por qué no darle la vuelta a eso?”. El debate está servido.

El futuro de la memoria histórica vuelve a depender de las urnas. El adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez deja en suspenso las políticas que el Gobierno mantiene en pleno desarrollo, entre las que hay una de enorme calado: la transformación del Valle de Cuelgamuros. Convertir en un lugar de memoria democrática el mausoleo construido por Franco para conmemorar su victoria en la Guerra Civil es un proyecto a largo plazo con actuaciones ya en marcha y otras pendientes. Y su culminación dependerá de quién ocupe la Moncloa tras los comicios del 29 de noviembre.

La resignificación del entonces llamado Valle de los Caídos arrancó con la exhumación de Franco en 2019 y la Ley de Memoria Democrática apuntó en 2022 hacia el siguiente paso: el de la intervención del monumento, convertido en la mayor fosa común de España con más de 33.000 víctimas enterradas en sus criptas. A día de hoy ni siquiera un panel explica el origen y el significado del mausoleo, construido con mano de obra republicana. Para remediarlo, a finales del año pasado, y tras pactar con la Iglesia y renunciar a la expulsión de los benedictinos de la basílica, fue elegido el proyecto ganador en un concurso internacional organizado por el Ministerio de Vivienda.

Medio siglo después de la muerte del dictador, hay sobre la mesa un plan que, aunque ha decepcionado a los expertos, propone construir una nueva entrada al monumento e instalar un centro de interpretación. El objetivo es provocar un ingreso “horizontal y democrático” frente al “eje ascendente autoritario” coronado por la enorme cruz. El Gobierno ha presupuestado 31 millones de euros y ya en su momento se previó que las obras comenzaran a principios de 2027 con una duración estimada de cuatro años.

Fueran cuando fueran, las elecciones generales iban a pillar Cuelgamuros en medio de los trabajos o a punto de iniciarse. Pero ahora ese momento se adelanta y sobre el proceso planea la incógnita de qué quedará de él si el próximo Gobierno está en manos de un PP que ha prometido derogar la Ley de Memoria y de un Vox que expande el revisionismo histórico. Su alianza ya ha dejado su huella en las comunidades donde han pactado gobiernos. En ellas están sustituyendo la memoria histórica por leyes de “concordia” que eluden el golpe de Estado de 1936, equiparan el franquismo y la República y, en algunos casos, incluyen el terrorismo de ETA.

La derecha lleva años tildando cualquier política sobre memoria histórica como “ideológica y sectaria” y ambos partidos votaron en contra de la Ley de Memoria. El revisionismo histórico está en auge, enarbolado por líderes de Vox que han llegado a celebrar en el Congreso que los jóvenes “estén descubriendo” que el franquismo “no fue una etapa oscura, sino de reconstrucción, progreso y reconciliación” o que felicitan el Día de la Victoria al estilo franquista. La última vez que el PP ocupó la Moncloa, con Mariano Rajoy, no derogó la ley, pero sí la congeló y dejó su presupuesto a cero.

“No me cabe en la cabeza que si vienen otros gobiernos lo paralicen”, ha dicho este miércoles el ministro de Política Territorial y Memoria Histórica, Ángel Víctor Torres, en una charla con Ignacio Escolar durante unas jornadas sobre la Guerra Civil. “¿Se hubiese paralizado que los jóvenes vayan a Mauthausen y vean que aquello era un campo de exterminio?”, se ha preguntado, y ha añadido que ahora están en proceso de sacar a licitación las obras, pero que en ningún caso se podrán acometer antes de las elecciones.

Las exhumaciones de víctimas

A mes y medio de las elecciones, el Gobierno está esperando a que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (PP), donde se enclava Cuelgamuros, otorgue la licencia de obras para iniciar los trabajos. Según fuentes del Ejecutivo, la fecha límite se cumple este noviembre, en pleno ciclo electoral. Paralelamente, está elaborando el proyecto de ejecución y el pasado verano, el Ministerio de Vivienda comenzó la fase previa en terreno, unas labores que la Justicia paralizó momentáneamente tras estimar un recurso de una de las asociaciones antimemorialistas más activas.

Antes, el propio consistorio ya había emitido una resolución para suspender los sondeos. Desde la exhumación de Franco, el Ayuntamiento se ha erigido como uno de los actores que han estado lejos de facilitar cualquier cambio en Cuelgamuros llegando incluso a apoyar una moción de Vox para reclamar que fuera declarado BIC. El asedio contra cada intento de transformarlo ha sido una constante desde el inicio, en forma de recursos, decisiones y bloqueos judiciales promovidos por la ultraderecha mientras el partido de Santiago Abascal defiende sobre el Valle su mito tardofranquista por excelencia: que es un monumento a la “reconciliación”.

En este contexto cabe preguntarse qué pasará también con las exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura allí enterradas, muchas republicanas que fueron allí trasladadas por Franco desde 1959 sin conocimiento de sus familias. Tras años de dilación institucional, los trabajos comenzaron en 2023 y todavía continúan marcados por las maniobras judiciales que los han ralentizado y enmarañado. 216 familias han solicitado la recuperación de los cuerpos de sus antepasados y, de momento, se han entregado los restos de 25 después de analizar 602 cuerpos. Entre las víctimas recuperadas hay también miembros del bando franquista.

Las próximas elecciones van a pillar también abierto el proceso de extinción de la Fundación Francisco Franco. El pasado abril el Ministerio de Cultura puso fin al procedimiento administrativo tras constatar que hace apología de la dictadura y humilla a sus víctimas. Y envió el expediente al juez, que es quien debe ahora tomar una decisión. Un posible cambio de Gobierno puede influir en lo que pase a partir de entonces: si no se acuerda la ilegalización, es poco probable que PP y Vox opten por recurrir la decisión.

El departamento dirigido por Ernest Urtasun está también inmerso en la reclamación de los casi 30.000 documentos que atesora el archivo de la fundación y hace menos de un año inició el trámite para extinguir otras cuatro fundaciones: José Antonio Primo de Rivera, Pro Infancia Queipo de Llano, Serrano Suñer y Blas Piñar. Un proceso que se presume largo contando con que, en el caso de la de Francisco Franco, el Gobierno tardó casi dos años en remitir el expediente a la Justicia.

Otra incógnita es qué ocurrirá con el catálogo de símbolos contrarios a la Memoria Democrática. El Gobierno ya ha abierto expediente contra más de una decena de monumentos que ordena retirar, entre ellos, el Monumento a la Victoria de Santa Cruz de Tenerife o la Cruz de los Caídos de Cáceres. Algunos como la inscripción de Primo de Rivera en la catedral de Murcia ya han sido eliminados, pero otros están aún dentro de plazo o incluso lo han superado, como el monumento a los rumanos caídos de Majadahonda (Madrid). En estos casos, la ley prevé la posibilidad de que el Gobierno lo retire subsidiariamente.

Pendientes están aún los informes de la Comisión de la Verdad sobre violaciones de derechos humanos durante la dictadura o la auditoría de bienes expoliados, una medida con la que el Ejecutivo va tres años tarde. El Banco estatal de ADN de víctimas, otro de los mandatos de la ley, ha sido una de las medidas que ha aprobado el Consejo de Ministros extraordinario de este martes, en el que el Gobierno ha acelerado varias cuestiones para intentar llegar antes de los comicios.

Paralelamente, continúan las exhumaciones de republicanos represaliados por todo el territorio: desde 2019, se han rescatado más de 8.000 cuerpos, pero aún se calculan que quedan unos 11.000 aún recuperables. Está por ver qué ocurrirá con ellos tras el 29N.

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la tramitación urgente de un real decreto para regular la información que reciben las mujeres antes de abortar. El Ministerio de Igualdad quiere de esta forma dar luz verde definitiva antes de las elecciones a la norma para dejar tasado qué datos debe dar el personal sanitario a quienes manifiesten su intención de someterse a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y “con independencia del territorio en el que vivan”.

El objetivo es que las mujeres reciban una información “veraz, clara, objetiva, accesible y adecuada al régimen legal vigente” antes de adoptar una decisión “libre e informada”, según explica el departamento dirigido por Ana Redondo. La ministra adelantó hace unos días que estudiaba esta posibilidad para “incidir” en que la información debe estar “basada en la ciencia y sin bulos” para que las mujeres elijan “sin tutelas ni paternalismo”.

Esta cuestión tiene antedecendes como la idea de Vox en Castilla y León de que las mujeres escucharan el “latido fetal” antes de abortar o la propuesta aprobada en el Ayuntamiento de Madrid con los votos del PP y la extrema derecha para informarles del inexistente “síndrome postaborto”. Un supuesto trastorno sin evidencia científica que explotan con frecuencia los grupos ultracatólicos, en España y fuera, para tumbar el derecho a la IVE y ante el que finalmente el PP de José Luis Martínez Almeida dio marcha atrás.

El real decreto es el desarrollo de la reforma de la Ley del Aborto de 2023, que estableció la obligación de regular la información y diferenciarla entre la obligatoria y la voluntaria. Entre la que los profesionales sanitarios deben ofrecer en todas las situaciones está la naturaleza de la intervención, los distintos métodos, centros sanitarios acreditados, derechos, trámites... Además, el proyecto aclara que el profesional “no debe establecer preferencia” por el método farmacológico o quirúrgico a no ser que las circunstancias clínicas lo indiquen.

El proyecto también regula algunas cuestiones de los comités clínicos que autorizan o no los abortos por causas médicas. De esta forma, se obliga a que tengan una “presencia equilibrada” de hombres y mujeres “salvo por razones fundadas y objetivas” e impide que formen parte de estos comités los profesionales que estén inscritos en los registros de objetores o lo hayan estado en los últimos tres años, tal y como estipuló ya la ley.

Por otro lado, se regula qué deben contener en todos los casos el dictamen que emiten estos órganos: será por escrito y en él figurarán el diagnóstico previo, los informes y pruebas examinadas, la valoración clínica, las conclusiones y las razones que han llevado a la decisión.

Paralelamente, el Ministerio de Sanidad abrió la semana pasada la consulta pública para llevar a cabo las reformas con las que prevé llevar a los centros de salud el aborto con pastillas. El objetivo era obligar a las comunidades autónomas que no hacen casi intervenciones en la pública —entre ellas Madrid, Andalucía o Castilla-La Mancha— a que impulsaran una medida que, ante la convocatoria adelantada de los comicios, está ahora en el aire.

El Ministerio de Sanidad quiere generalizar el aborto con pastillas en la Atención Primaria. Así lo ha afirmado la ministra Mónica García este lunes en el acto por el Día Internacional del Aborto, en el que ha anunciado que impulsará varias reformas para que las mujeres accedan a este método en los centros de salud. Con esta medida, Sanidad busca forzar a aquellas comunidades que no hacen apenas interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública, como Madrid o Andalucía, a empezar por el aborto farmacológico, uno de los dos métodos que las mujeres deben poder elegir para abortar.

Esta es la intención que, según fuentes del Ministerio, tiene Mónica García con esta reforma, que se concreta en una triple iniciativa: por un lado, la modificación del Real Decreto que regula las bases generales sobre autorización de centros sanitarios y por otro, el cambio de la ficha de la mifepristona, el fármaco utilizado en el procedimiento, para que se use fuera del ámbito hospitalario. Además, se actualizará la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud para incluir expresamente el aborto en la Atención Primaria.

El objetivo es empezar a cambiar el mapa del aborto en España, donde la inmensa mayoría de intervenciones se hacen en centros privados concertados. Aunque el número no deja de aumentar año tras año y cada vez son más, según los últimos datos en 2024 solo el 21,3% se hicieron en centros sanitarios de titularidad pública.

La situación es especialmente llamativa en territorios en los que la tasa de abortos en la pública no alcanza ni el 1%: Extremadura, Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha y Madrid, en la que su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, se ha resistido explícitamente a cumplir la ley y poner en marcha el registro de objetores al aborto. Aun así, hay que tener en cuenta que el panorama ha podido cambiar en estos dos últimos años, por ejemplo, según los datos de 2024, Ceuta no practicó ningún aborto en centros públicos, pero desde diciembre de 2025 ha asumido el 90%.

La cuestión es que será también con estas comunidades gobernadas en su mayoría por la derecha con las que Sanidad tendrá que debatir algunos de los cambios, puesto que tendrán que pasar por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Según fuentes de Sanidad, la modificación de la cartera de servicios es la clave para que el mecanismo sea obligatorio y es la que deberá someterse a votación, aunque puede salir adelante con mayoría.

El Ministerio lleva tiempo aplaudiendo en público los pasos dados por algunas comunidades en las que esto ya ocurre y en los que la Atención Primaria ya está asumiendo los abortos farmacológicos. Aunque en general, se recurre más al método instrumental o quirúrgico (en un 68% de los casos), si ponemos el foco en los territorios se da un doble fenómeno que crece paralelamente: aquellas autonomías que hacen más intervenciones en la sanidad pública, son también las que hacen más abortos con pastillas que en el quirófano.

Esto es algo que se ve claramente en los casos de Galicia, Catalunya, La Rioja, Cantabria, Baleares y Navarra. En los últimos años, estas comunidades han apostado por incluir el aborto en los centros de salud u otro tipo de unidades de planificación familiar de la red de Atención Primaria, pero solo los farmacológicos. El resultado es que son las autonomías que más porcentaje de prestaciones en la pública hacen: desde el 88% de Cantabria a más del 70% de Galicia, Navarra y La Rioja o el 61% de Baleares.

Al mismo tiempo, la inmensa mayoría de las interrupciones del embarazo que se hacen en estos lugares, son mediante fármacos, como se puede ver en el siguiente gráfico:

El riesgo de desplazar el quirúrgico

La realidad es que estas medidas profundizan en el objetivo de llevar la prestación a los centros de titularidad pública, como exige la ley, pero deja abierta otra dimensión del problema, según las expertas: y es que de acuerdo con la misma legislación, las mujeres deben poder elegir el método con el que quieren abortar y estos deben ofrecerse en las mismas condiciones. Además, el quirúrgico sigue siendo el que se utiliza para gestaciones de más de diez semanas.

Silvia Aldavert, coordinadora de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos, considera que la propuesta de Sanidad es “positiva” porque “amplía los puntos de acceso para las mujeres de todo el territorio”, pero considera que “debe acompañarse de otras medidas”. Si no, el riesgo, será comprometer la libertad de las mujeres para decidir de qué forma quieren abortar, cree la experta. “Es un paso adelante, pero si nos quedamos ahí y no profundizamos, puede ocurrir lo que ya pasa en muchos sitios, que es que la elección del método está condicionada y se generan inequidades territoriales porque no son igual de accesibles las dos técnicas”.

Es lo que ocurre en algunas de las comunidades que han apostado únicamente por el farmacológico en la pública. En La Rioja, por ejemplo, las mujeres que quieran abortar de forma instrumental, deben salir de su comunidad porque los hospitales no lo asumen ni existen clínicas concertadas que ofrezcan la prestación. En Catalunya, quienes viven cerca de Barcelona “tienen más posibilidades de elegir el método” que quienes viven en el Pirineo porque estas “tendrán que desplazarse muchos kilómetros” para hacer un quirúrgico, ejemplifica Aldavert. Según la Asociación de Clínicas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), Cantabria las deriva a Madrid o Valladolid.

El problema sigue siendo que los hospitales públicos, que es donde deben hacerse las intervenciones instrumentales, apenas las asumen. Por eso Aldavert cree que la medida debe ir acompañada de “formación” para los profesionales en ambas técnicas y una apuesta decidida por “normalizar” el aborto. “Debemos colocarlo dentro de la práctica sanitaria habitual y que el sistema introduzca el doble método en los centros de referencia de las mujeres. Si tú puedes ir a un hospital a parir, debes poder acceder al aborto. El sistema ya tiene a su disposición los centros en los que debe hacerse”, añade la experta.

El aborto farmacológico suele ser más 'digerible' por el sistema porque distancia al personal sanitario del proceso y requiere menos práctica, incluso el registro de objetores da la posibilidad a los profesionales de objetar solo a la técnica instrumental y no a esta. “Se ha hecho una objeción a la carta y se ha sobreprotegido”, opina Francisca García, médica directora de dos clínicas andaluzas y presidenta de ACAI. Ante la medida anunciada por Sanidad este lunes, García cree que aún “no se han hecho los deberes” y que la prioridad debe ser “formar a los profesionales y que las mismas unidades puedan garantizar ambos métodos”. Si no, dice, seguirá siendo “una prestación sanitaria de segunda”.

Gráficos elaborados por Yuly Jara.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este lunes que va a impulsar los “cambios necesarios” para incorporar el aborto farmacológico a la cartera de servicios de Atención Primaria. Así lo ha anunciado en la inauguración del acto Abortar sin barreras, organizado por su Ministerio y el de Igualdad en el Día Internacional del Aborto. “Queremos que las mujeres elijan el método y puedan acceder a él en sus centros de salud, con información precisa y acompañamiento”, ha afirmado García.

El aborto farmacológico es el que se lleva a cabo únicamente mediante medicamentos y hasta la semana novena de gestación. Es uno de los dos métodos con los que las mujeres pueden interrumpir su embarazo: el otro es el instrumental o quirúrgico, que siempre se lleva a cabo en hospitales. La idea de Sanidad es modificar el Real Decreto que regula las bases generales sobre autorización de centros sanitarios y también la ficha técnica de la mifepristona, el fármaco utilizado en el procedimiento, para “permitir su uso fuera del ámbito exclusivamente hospitalario”. Además, Sanidad quiere actualizar la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud para incluir expresamente el aborto en Atención Primaria.

El objetivo es que las mujeres que elijan este método —la ley obliga a ofrecer los dos— y siempre que “sea adecuado para su situación”, puedan acceder a él “desde sus centros de salud, con información, profesionales preparados y acompañamiento antes, durante y después”, ha justificado García, que ha resumido su intención en que “cueste menos decidir con libertad”.

La medida busca fortalecer la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública, algo que establece la Ley del Aborto pero que no se cumple en la mayoría de ocasiones: según los últimos datos, casi el 80% de las intervenciones se llevaron a cabo en clínicas privadas concertadas. En algunas comunidades como Madrid, Andalucía o Castilla-La Mancha, los abortos en la pública no alcanzan ni el 1%. La situación de desigualdad territorial lleva a que miles de mujeres deban desplazarse cada año de sus provincias para poder abortar.

“Queremos que las mujeres sepan dónde tienen que acudir, reciban información y siempre tengan un equipo al que acceder. Que se ahorren desplazamiento y sientan que hay un equipo que les acompaña y conoce”, ha afirmado García. Esta semana, el Ministerio ha puesto en marcha la campaña sobre el aborto con la que pretende combatir “el estigma y la culpa” en las mujeres y que ha sido rechazada por Metro de Madrid para ser instalada en la Puerta del Sol bajo el argumento de la cercanía de esta estación con la sede de la presidencia de Isabel Díaz Ayuso.

En el acto también ha participado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha avanzado que su departamento está “estudiando” el impulso de un “reglamento o decreto” con el objetivo de “incidir” en la información que reciben las mujeres que van a interrumpir voluntariamente su embarazo. “Es imprescindible que las mujeres tengan la información necesaria y suficiente para que tomen la decisión sin tutelas y sin paternalismo”, ha afirmado Redondo, que ha recordado que el Gobierno ha impulsado el blindaje del derecho “en su dimensión prestacional” en la Constitución.

Han pasado más de 30 años, pero aún se acuerda con absoluta claridad de la escena. Antonio Figueras y sus compañeros estaban comiendo en el colegio mayor de Santiago de Compostela en el que vivían cuando escuchó que alguien se caía con la bandeja de garbanzos en la mano. Era una de las mujeres que cada día servían y recogían la comida a los hombres, las únicas encargadas de todas las tareas domésticas del centro. El ademán instantáneo de Antonio fue el de levantarse a ayudar, pero la mirada negativa de su director espiritual le disuadió. Ninguno de los hombres acudió a socorrerla.

La anécdota la cuenta el propio Antonio como parte de lo que vivió durante los 20 años que estuvo dentro del Opus Dei como numerario, que son los miembros célibes de la organización, que dedican su vida a la prelatura aunque pueden trabajar fuera. Los numerarios viven juntos y de forma totalmente segregada de las mujeres, con las que tienen prohibido relacionarse. “No las podíamos ni mirar. Cuando venían a servirnos al comedor, mirábamos el plato o desenfocábamos la mirada. Haces lo que sea, pero las evitas como al demonio”, explica Antonio.

Él es uno de los 14 exmiembros que participa en el documental El buen espíritu, que se estrena este viernes en HBO Max. Después de dirigir El minuto heroico, en el que puso el foco en la situación de las mujeres, la periodista Mònica Terribas reconstruye ahora la vida de los hombres dentro de la institución, fundada en 1928 por José María Escrivá de Balaguer y convertida por el papa Juan Pablo II en la única Prelatura personal de la Iglesia Católica. A través de testimonios de distintas generaciones y países, el documental desvela una estructura perfectamente engrasada que acaba imponiendo a sus miembros una obediencia ciega y una hipervigilancia constante.

“Te animan a ser santo en medio del mundo, pero no es verdad. Lo que estás es totalmente controlado. Y al final te lleva a que no puedas pensar nada más”, afirma Antonio, que entró en 1971 y salió en 1991. El control alcanzaba todos los ámbitos de su vida, desde las relaciones personales hasta el dinero, ya que los numerarios deben entregar su sueldo íntegramente y después pedir lo que necesiten para sobrevivir. A ello se sumaba una extensa rutina de prácticas religiosas diarias y una supervisión constante de los libros, películas o música permitidos, cómo se comportaba o a quién veía. Antonio, biólogo del CSIC, recuerda: “Yo ya tenía proyectos de investigación y tenía que pedir dinero para comprar pasta de dientes. Recuerdo que me llegaron a custodiar el disco Sticky Fingers, de los Rolling Stones”.

Una experiencia prácticamente calcada relatan todos los exmiembros, que describen un sistema que, a pesar de presentarse como un camino de supuesta entrega y obediencia a Dios —el “buen espíritu”—, acaba convirtiéndose en obediencia a los directores de los centros en los que viven o a los que acuden. “Todo era concebido como una posible traición a tu vocación y todo se consideraba de 'mal espíritu'. Así no puedes ser libre”, explica Antonio.

La puerta de entrada al Opus Dei (obra de Dios, en latín) varía, pero suele producirse a través de los colegios o clubes juveniles, que son una especie de asociaciones culturales segregadas por sexo en las que se combinan actividades de ocio con lo que llaman “dirección espiritual”. En la práctica y según cuentan los exmiembros, esto es un numerario que detecta a aquellos jóvenes susceptibles de tener vocación. En la jerga del Opus Dei, a estos menores de edad se les llama “pitables” y con ellos comienza entonces un proceso de formación religiosa que Antonio define como un auténtico “acoso y derribo”.

Huérfano de madre desde los cinco años, él fue enviado por su padre a un colegio de “la obra” —como suelen llamarla sus miembros— de Vigo pensando que “iba a estar cuidado y protegido”, pero “ahí comenzó el proceso de captación”. Tenía “12 o 13 años” cuando empezaron a decirle que tenía vocación. “Eres un chaval y lo compras. Porque, además, tus profesores numerarios del colegio son los monitores del club y hay mucha jerarquía y autoridad. El mensaje constante es que si no sigues adelante y dices que sí a Dios, te vas a condenar”. Antonio, finalmente, dijo que “sí” a los 14 años.

Los elegidos

La experiencia de hombres y mujeres dentro difiere en muchas cosas, pero sobre todo en la forma en que a ellos les va dirigiendo para ocupar posiciones de responsabilidad dentro de la misma. Desde muy jóvenes les hacen sentir “los elegidos”, casi unos “embajadores de Cristo”, como les dicen. En el futuro, serán quienes dirigirán los llamados consejos locales, que son los órganos de gobierno de los centros del Opus Dei a los que se adscriben los fieles y en los que suelen vivir los numerarios. “Los hombres son los que gobiernan, mandan y se ocupan del funcionamiento. Saben lo que ocurre y cuánto dinero entra o sale. Es una maquinaria perfecta e inteligente”, cuenta Terribas.

En la práctica, los consejos locales dirigen y marcan la vida de los miembros. Ángel Valdez, que salió de la organización en 2005, no residió en uno de estos centros porque era agregado, que es otra de las formas célibes de adscribirse, pero pasaba horas y horas en uno de ellos. Durante un tiempo, llegó a ser secretario del consejo local y se encargaba de la recaudación. Los numerarios y agregados deben dar su sueldo íntegro a la institución mientras que los supernumerarios —miembros que pueden tener pareja— hacen aportaciones mensuales.

“Todo lo supervisábamos a través de un excel en el que apuntábamos si cada persona había dado lo que tenía que dar o debía algo. Había un control financiero tremendo”, explica Ángel, que durante su experiencia en el Opus Dei vivió en Guatemala y España. El documental dibuja una estructura económica opaca, a la que es difícil seguir el rastro debido a que, en buena parte de las fundaciones e iniciativas controladas por la prelatura, no aparece su nombre oficialmente. “Su arquitectura financiera y patrimonial fue así creada, lo que a veces hace más difícil encontrar vínculos”, asegura Terribas.

Además del control económico, los consejos locales se erigen como una especie de panóptico que hipervigila también la conducta de los miembros. Cada consejo está formado por un director, un subdirector y un secretario, además de un sacerdote que, en teoría, no tiene voto pero sí voz. “En las reuniones lo que hacíamos era crucificar gente. Se evaluaba absolutamente todo y teníamos mucha información de cada uno. Se hablaba de si cumplía sus compromisos económicos, sus normas y plan de vida, si se confesaba, si asistía al círculo o incluso cómo se mostraba. Si empezaba a manifestar pereza o lo veías irritado, eufórico, demasiado hablador... Todo eso era problemático”, recuerda Ángel.

El exmiembro habla también de la “presión” por hacer las llamadas “correcciones fraternas”, que son advertencias que los numerarios deben hacerse entre ellos sobre cuestiones de todo tipo, desde el comportamiento y la actitud hasta detalles de la vida cotidiana. Por ejemplo, enterarse de que alguien se duchaba con agua caliente en vez de con agua fría motivaba una corrección fraterna. También reírse demasiado, hablar en voz muy alta o “pillar” a alguien haciendo algo que no debía. La vigilancia se extendía así entre los propios compañeros.

Hacer apostolado era otra de las exigencias: la idea de que los numerarios deben atraer a nuevas incorporaciones era “sistemática”, según varios exmiembros. Este es precisamente el motivo que acabó por empujar a Antonio a dar el paso definitivo: “Fue fundamentalmente por coherencia. No estaba consiguiendo las metas de atraer gente que me estaban diciendo y pensaba que el problema era yo. Mi salida fue dolorosa porque te han vendido que la obra es perfecta y las normas también, así que sientes que el que fracasas eres tú”.

Ningún representante del Opus Dei ha participado en El buen espíritu ni ha respondido a las preguntas de este medio sobre los cada vez más frecuentes testimonios de exmiembros que describen experiencias de control y abuso. Sobre la serie, una portavoz afirma que “cuando podamos acceder al contenido y a las reclamaciones que hacen sus protagonistas podremos valorar qué respuesta dar a las cuestiones que plantea”.

Víctimas y victimarios

Ángel Valdez recuerda que, una vez dentro, los mensajes que recibía se iban reforzando hasta convertir la obediencia en una cuestión de conciencia. “Luego dices: bueno, Dios quiere esto para mí. Te convencen de que esto es para ti, Dios lo quiere así. Piensas que si te vas, te va a ir mal y estás cometiendo una traición”. El control, dice, termina interiorizándose: “Llegan a meterse tanto en tu conciencia que tú lo haces y crees que estás haciendo lo correcto, obedeces a todo. Sin embargo, por mucha entrega que haya, la sensación es que nunca es suficiente y eso te devora por dentro”.

En El buen espíritu participan psicólogas y expertos que contextualizan la experiencia de los exmiembros y explican cómo la dinámica les acabó atrapando. Tras entrevistar en profundidad a más de una decena, Mònica Terribas cree que la “captación” en la adolescencia es clave: “Qué pasa cuando eres un crío de 14 años y te dicen que eres especial y que vas a ser santo en medio del mundo? La fe hace que se lo crea y entre en un sistema en el que al principio no le cuentan todo. Cada vez le piden más y más y entra en dinámicas de autoexigencia que no tienen final”.

La periodista pone el foco en otra cuestión que aborda la serie. Al ser quienes tienen el poder pero a la vez sufrir las consecuencias de estar en la institución, los hombres “son a la vez víctimas y victimarios”. “Han tenido responsabilidades y han controlado a sus compañeros. Esa situación creo que les lleva a ser más resistentes que las mujeres a admitir que están rotos. Ellas piden ayuda con más antelación mientras que a ellos, al ser los predestinados y escogidos, les cuesta más salir cuando entran en crisis”.

Es algo sobre lo que Ángel ha reflexionado mucho. “Al final tú te constituías en vigilante de los demás. Uno de los compromisos a los que llegas es extremar la corrección fraterna y te preguntaban todas las semanas cuántas habías hecho. Cuando, además, ocupas un cargo de responsabilidad, te pones más severo con todos los demás sobre todo si hay un grado de fanatización total, como fue mi caso”. Cuando Antonio hace balance de su paso por el Opus Dei, uno de los asuntos que aborda es precisamente este: “Conscientemente, no intenté hacer daño. Si lo hice, pido disculpas, no estaba en mi ánimo”.

Han pasado muchos años desde que se fueron, pero todavía ambos se enfrentan a las consecuencias que tuvo su paso por la organización. Al haber entregado todo su sueldo, salieron sin dinero y casi sin saber moverse “en el mundo real”. Habían roto lazos con sus familias de origen y sus amistades. Por eso marcharse fue también empezar a reconstruir la vida. “Había pasado a ser el desaparecido. Rompí con todo con 14 años, así que llevo años recuperando esos vínculos”, dice Antonio, que tiene claro por qué ahora, 30 años después de salir del Opus Dei, está dispuesto a hablar: “No busco venganza ni tengo rencor. Lo hago porque tal vez pueda servir de ayuda a alguien. Que sepa que puedes dejarlo y no pasa nada”.

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El Tribunal de Cuentas ha detectado “graves deficiencias” en el funcionamiento del las llamadas pulseras de control de maltratadores (Cometa) durante la ejecución del anterior contrato. El organismo ha puesto el foco en el sistema de protección de mujeres víctimas de violencia machista tras la “alarma social” generada por los fallos que se hicieron públicos a finales del año pasado y ha analizado los contratos de 2018, 2021 y 2023. Su conclusión es que los problemas, “si bien fueron finalmente resueltos, han comprometido la seguridad” de las mujeres y que la actuación del Ministerio de Igualdad para solucionarlos no fue suficiente.

En un informe aprobado este miércoles, el Tribunal de Cuentas hace un diagnóstico general del sistema y destaca que estas deficiencias “interrupciones del servicio” se produjeron debido a las “debilidades” en la preparación de los contratos, en las fases de transición entre ellos y en el seguimiento institucional de cómo estaban funcionando. Por eso, recomienda al Ministerio de Igualdad que persiga la calidad del servicio “por encima del ahorro de costes” del servicio. El organismo recuerda que del “adecuado funcionamiento” de Cometa depende la protección y la “estabilidad emocional y mental” de miles de mujeres.

El informe aborda profusamente el problema que puso en el centro de la actualidad el sistema a finales del año pasado. Y que tuvo que ver con la pérdida de información ocurrida a raíz del cambio de empresa adjudicataria, que pasó de Telefónica a Vodafone. Este fallo impidió “dar respuesta a 123 requerimientos” de datos que hicieron los juzgados y que “no fueron atendidos” por la nueva compañía debido a “problemas de descarga”. Según el Tribunal de Cuentas, los burofaxes intercambiados entre las dos empresas durante 2024 “evidencian discrepancias” sobre cuál de las dos tuvo la responsabilidad.

Sin embargo, y a pesar de los fallos detectados, el organismo destaca que la intervención del Ministerio de Igualdad para solucionarlos fue insuficiente. “No consta que se llevara a cabo ninguna actuación para coordinar o arbitrar su solución durante la fase de transición”, afirma la evaluación, que detalla que esta solución se produjo en diciembre de 2024, nueve meses después de haber finalizado la transición y en una fecha que coincidió con un requerimiento que le hizo la Fiscalía al departamento dirigido por Ana Redondo. El Ministerio Público fue el que precisamente advirtió en su memoria sobre 2024 —publicada un año después— de lo que había ocurrido.

En este sentido, el informe destaca limitaciones en el llamado Plan de Transición, que debe acompañar a cada contrato con el objetivo de garantizar que el servicio continúa al término de cada uno. Sin embargo, no se previó en los pliegos de 2018 y 2021 y su inclusión en el de 2023 dependió de una “modificación contractual” posterior. Algo que, para el organismo evaluador, “evidencia deficiencias en la planificación de la contratación y falta de previsión, teniendo en cuenta que el siguiente contrato podía adjudicarse a una nueva empresa, como de hecho sucedió”.

Problemas “no puntuales”

Más allá de la pérdida de información ocurrida en el trasvase entre compañías, el Tribunal de Cuentas informa de “graves deficiencias” en el servicio “prácticamente durante toda la vigencia del contrato”. Los fallos, que habían sido advertidos por las trabajadoras de Cometa en varios momentos, afectaron a la “fiabilidad” de los dispositivos y tenían que ver con errores de geolocalización que “permitieron el acercamiento de los agresores a las víctimas”, con baterías “deficientes” o retrasos en reparaciones.

Según las especificaciones técnicas incluidas en la oferta de Vodafone, las baterías debían durar seis meses, pero “las pruebas reales” solo duraban “semana y media en el mejor de los casos”. El Tribunal de Cuentas ha repasado los informes, notas y actas de reuniones de la Comisión de Seguimiento del contrato y revela que en octubre de 2024 se alertó de un riesgo real de “rotura de stock” de dispositivos, con aparatos que apenas cinco o seis meses después de estrenarlos “presentaban ya un deterioro significativo”.

En cuanto a los fallos de geolocalización, el informe desvela que en enero de 2025 la empresa adjudicataria indicó que analizaría el origen de estos errores, algo que a juicio del Tribunal de Cuentas “ya debería haberse realizado en esa fecha”. Un mes después, en febrero, la empresa “reconoció por primera vez que los saltos de GPS no constituían un problema puntual, sino un fallo sistemático” que “menoscababa la credibilidad del servicio” ante la Policía y que “ponía en riesgo la protección efectiva de las víctimas”.

Los errores de geolocalización continuaron sin resolverse durante los meses siguientes y a partir de mediados de junio ya sí comenzó una “reducción significativa” de los problemas, cuando el contrato “ya se encontraba en su fase final de ejecución”.

El seguimiento de Igualdad

El informe afea a Igualdad que “no hizo un seguimiento adecuado del contrato” y su plan “no fue suficiente” a pesar de que se estaban detectando incumplimientos contractuales. Señala el organismo que a pesar de que en el pliego se previó la celebración de, al menos, una reunión de seguimiento cada cuatro meses, en los primeros siete u ocho meses de contrato “el servicio careció de un mecanismo de seguimiento documentado y periódico”.

En sus alegaciones, el Ministerio de Igualdad y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género defienden que el seguimiento del contrato fue adecuado, sosteniendo que sí se celebraron las reuniones “con regularidad” contempladas en el pliego. La primera en el mes de abril. Para el Tribunal de Cuentas, esta reunión es simplemente “una presentación técnica realizada por parte de la empresa adjudicataria”. Además, el departamento dirigido por Ana Redondo asegura que hubo una “comunicación constante” con la compañía “desde el inicio del contrato” a través de llamadas de teléfono y correos electrónicos.

El organismo lamenta también que el Ministerio “no adoptara medidas de exigencia contractual efectivas” y asegura que los requerimientos de la Delegación del Gobierno “fueron tardíos”. La única sanción impuesta fue la multa de 25.000 euros a Vodafone del pasado mes de marzo por la caída del sistema ocurrida durante varias horas el 11 de noviembre y ya “cuando estos problemas habían tenido repercusión pública y el contrato estaba próximo a su finalización”.

A este respecto, el Ministerio sostiene que las incidencias fueron “puntuales” y que “en ningún caso supusieron incumplimiento del contrato” a excepción de la sanción acordada. Defiende Igualdad que a partir de octubre de 2024 se implementó un “exhaustivo” Plan de Seguimiento con reuniones mensuales que “han permitido requerir en tiempo y forma cada una de las mejoras o correcciones que se han ido detectando de forma inmediata”, apunta el Ministerio, que destaca “los tiempos y la complejidad de las soluciones a implementar” como elemento “a tener en cuenta”.

El pasado mes de mayo, el Gobierno propuso la adjudicación del nuevo contrato a la empresa adjudicataria actual —la UTE formada por Vodafone y Securitas Seguridad España— tras haber anunciado un incremento del presupuesto del 42% y un cambio de pulseras por tobilleras. La propuesta no es aún definitiva.

La primera campaña del Ministerio de Sanidad sobre el aborto en democracia no estará en el Metro de Madrid. La empresa pública de transportes ha rechazado la propuesta de colocar un anuncio que recuerda que el aborto es un derecho que se puede ejercer en la sanidad pública, tal y como reconoce la ley. Según ha podido saber elDiario.es, el departamento dirigido por Mónica García propuso que la campaña se colocara en la estación de la Puerta del Sol, pero Metro no lo aprobó y pidió expresamente un cambio de mensaje por otro que “no genere controversia” al estar esta estación al lado de la sede del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Esta es la razón que se desprende de la comunicación a la que ha accedido este medio, en la que la empresa adjudicataria contratada por Sanidad para gestionar la campaña y buscar espacios en la que desplegarla informa de que Metro rechaza el contenido tal cual está ideado: “Realizada la consulta con el exclusivista, Metro no nos aprueba el mensaje”. En el documento al que ha tenido acceso elDiario.es, la agencia publicitaria copia y pega lo que le ha dicho la empresa que ha gestionado la publicidad de Metro en este caso –a quienes se refieren como “el exclusivista”–: “Ya está consultado y nada con este mensaje imposible, nos piden que además, ya que el pórtico está al lado de la sede de la CAM, que el mensaje no genere controversia”.

La campaña, presentada este miércoles por la ministra de Sanidad, pretende “combatir el estigma y la culpa” en torno al aborto. Aunque el vídeo es la pieza clave de la estrategia, la idea del Ministerio era desplegar paneles estáticos en el acceso al Metro con una adaptación del siguiente mensaje: “Quizás te cuestionen y decidas seguir. Y estará bien. Quizás no quieras explicar el motivo y estará bien. Quizás tengas 16 años, decidas hacerlo y estará bien. Decidas lo que decidas todo estará bien. Porque tienes derecho a abortar y a hacerlo en la pública”. Según fuentes de Sanidad, la campaña sí estará presente en otros espacios de Madrid como las pantallas de Callao.

elDiario.es se ha puesto en contacto con Metro de Madrid, que ha remitido a la Consejería de Transportes del Gobierno madrileño, de quien depende la empresa pública. Una portavoz negó inicialmente conocer la campaña y luego rechazó que Metro haya podido vetar la campaña porque “no la conoce ni gestiona la contratación de esa publicidad”. La Consejería apunta a JCDecaux, la empresa que tiene la concesión publicitaria de Metro. “La explotación publicitaria corresponde a JCDecaux, que es quien mantiene la relación con los anunciantes y gestiona este tipo de campañas”, afirma. Este medio se ha puesto en contacto con esta compañía sin obtener respuesta.

En este caso, la comunicación comercial sobre la colocación de la campaña en la Puerta del Sol se hizo a través de la agencia de publicidad H2Ó Digital & DOOH, según informan fuentes conocedoras del proceso. H2Ó se encarga de la publicidad de los pórticos de las estaciones, es decir, la instalada en el exterior de las bocas de metro, y esta era la propuesta del Ministerio de Sanidad: colocar paneles estáticos con el mensaje de la campaña en la estación de Sol-Carretas por ser “uno de los accesos con mayor notoriedad” del Metro. Además, la idea era desplegar imágenes también en la canaleta interior situada en las escaleras mecánicas.

Cuando la empresa adjudicataria del Ministerio de Sanidad hizo la propuesta, la respuesta de H2Ó fue negativa, asegurando que tras consultarlo, era “imposible” colocar el mensaje, haciendo referencia a la cercanía de esta estación con la Real Casa de Correos, el edificio en el que se ubica la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid. “Metro no nos aprueba el mensaje”, le dijo entonces la adjudicataria al departamento dirigido por Mónica García, que se negó a modificar el contenido. H2Ó no ha respondido a las preguntas de elDiario.es al respecto.

Fuentes del Ministerio de Sanidad tachan de “incomprensible” que Metro “se niegue a reproducir una campaña institucional destinada a informar sobre el derecho a una prestación ofrecida por el Sistema Nacional de Salud y reconocida por ley” y advierten de que estudiarán “todas las acciones” frente a una medida que califican de “arbitraria”.

Las campañas que sí acogió Metro

No es la primera vez que la publicidad en Metro de Madrid es objeto de polémica y, de hecho, las dos únicas campañas sobre interrupción voluntaria del embarazo que ha acogido en los últimos años han sido antiabortistas: en 2022, Jóvenes por España lanzó una con imágenes de un feto bajo el epígrafe “mi vida vale tanto como la tuya. ¡Déjame nacer!”. Ese mismo año, varias estaciones instalaron paneles de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) contra la prohibición del acoso ultra a las puertas de las clínicas de aborto.

También ha generado controversia la publicidad de la Asociación de Familias Numerosas, que ha lanzado hasta tres campañas en los dos últimos años. “¿Te parece divertido ir de flor en flor? Ahora todo son risas, pero en unos años comerás tu solo el día de Navidad”, colocó en la estación de Chueca en 2025 para “cuestionar los estilos de vida actuales basados en relaciones sin compromiso, promovidos desde las redes sociales y aplicaciones de citas y que esconden un futuro marcado por la soledad”. Antes, había desplegado otras dos en la misma línea y que tenían como lema “Ten más hijos, salva el planeta” y “¿Se te está pasando el arroz?”.

La presentación de la campaña sobre el derecho al aborto del Ministerio de Sanidad ha sido aprovechada por la ministra Mónica García para informar de que ha pedido a la Abogacía del Estado que “lleve a cabo todas las medidas adecuadas para exigir” a la Comunidad de Madrid la puesta en marcha del registro de objetores al aborto tras “constatar” que “no ha avanzado más allá de los trámites iniciales”.

La pugna abierta entre Sanidad y el Gobierno de Ayuso a cuenta de la interrupción voluntaria del embarazo se recrudeció en el último trimestre del año pasado, ante la negativa de Madrid de poner en marcha la medida a la que obliga la ley de 2022. Su objetivo es poder organizar los servicios sanitarios para asumir los abortos en la sanidad pública, un mandato que algunas comunidades como la madrileña llevan años incumpliendo al no registrar ni el 1% de las intervenciones en este tipo de centros.

“Que se vayan a abortar a otro lado”, llegó a decir la presidenta madrileña en respuesta a los partidos de la oposición que le urgían a crear el registro. Ante su resistencia reiterada a crear el registro de objetores, Sanidad llevó al Ejecutivo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que le obligó el pasado a marzo a ponerlo en marcha.