La prioridad nacional de Vox no se va a aplicar en el Ayuntamiento de Sevilla, al menos de manera formal y conforme a la propuesta punto por punto que ha llevado al pleno municipal. La formación de ultraderecha se ha quedado sola al no recibir el apoyo del PP, hacia quien en realidad iba dirigida la medida en el marco del preámbulo de los contactos que ambas formaciones van a mantener para la investidura de Juan Manuel Moreno como presidente andaluz.

Los populares han intentado enmendar la moción para suavizarla, aunque Vox no ha aceptado ninguna al entender que suponía poco menos que una enmienda a la totalidad. Pese a ello, la sangre no ha llegado ni mucho menos al río, lo que se ha traducido en que no se han atacado entre sí y ambas formaciones han acabado cargando contra los partidos de izquierda.

Sevilla ha sido la primera de las capitales andaluzas en las que ha aterrizado el que se ha convertido en principal caballo de batalla de los de Santiago Abascal, que ha pedido a sus grupos que presenten propuestas en este sentido en ayuntamientos y parlamentos autonómicos. El morbo añadido es que coincide en los tiempos con la negociación por la Junta de Andalucía, después de que se haya aceptado en Extremadura y Aragón para que el PP gobierne en estos territorios.

Mientras esto se debatía en el salón de plenos, el candidato de Vox a la Junta, Manuel Gavira, le recordaba a Moreno que “o pacta o acuerda con Vox o con la izquierda”, y que sus compañeros del PP están aprobando en otras comunidades autónomas medidas de “puro sentido común” que tienen como mascarón de proa esta prioridad nacional. La medida, con una fuerte carga xenófoba y que incumple leyes fundamentales, aboga por discriminar a los extranjeros en el acceso a cualquier tipo de servicio o ayuda público para anteponer el criterio de la nacionalidad española.

El PP dice 'no' sin hacer sangre

La decisión del PP municipal, obviamente, no es un paso en solitario que dé el alcalde, José Luis Sanz (PP), sino que había sido debatida en el marco andaluz del partido ante las consecuencias que pueda tener. Aunque el 'no' de los populares en la capital de Andalucía le enseña un camino a Moreno (que en campaña minimizó esta prioridad nacional y la redujo a un eslogan), en principio no parece que esto vaya a provocar terremoto alguno en el ámbito autonómico, aunque sí ha habido un seísmo en el plano local: el gobierno municipal se ha visto forzado horas antes a retirar su plan de ajuste económico –obligatorio al gastar más de lo que ingresa– al saber que Vox no se lo iba a respaldar precisamente tras fracasar la negociación para darle viabilidad a la prioridad nacional.

La moción ha concitado así el rechazo de Podemos-IU, PSOE y PP, en una votación en la que en ese momento –el voto no era por concejal, sino por grupo– no estaba presente el alcalde, que a renglón seguido ha vuelto a entrar en el salón plenario. El portavoz popular, Juan Bueno, no ha hecho sangre de la cuestión en su turno (al fin y al cabo Vox es su aliado presupuestario y no le interesa tensar la relación), limitándose a señalar que algunas de las cuestiones incluidas en la moción “también nos preocupan, pero nuestro enfoque es diferente al de ustedes”.

“Tenemos prioridad nacional, no somos sospechosos de no defender a la nación española, pero nuestra prioridad nacional es la Constitución”, dando a entender aunque sin verbalizarlo que la propuesta de Vox es ilegal. Una Constitución que, “no como otros grupos de izquierda, vamos a seguir defendiendo porque nos representa a todos los españoles”.

Tras esta escueta primera intervención, en la segunda sí se ha prodigado más pero para responder a la concejal socialista que ha intervenido, Encarnación Aguilar, que ha defendido que su partido tiene “una estrategia” ante la falta de algo parecido en el PP. Bueno se ha limitado a preguntarse de forma retórica si la estrategia socialista es la de Rodríguez Zapatero y sus hijas, la de la esposa y el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “la de José Luis Ábalos, la de Cerdán, la de Gaspar Zarrías o la del fiscal general del Estado”. “Y no se pongan nerviosos, que no soy de la UCO”, ha rematado un turno en el que no ha hecho mención alguna a Vox y su moción.

Vox, más contra la izquierda

A la sensación de que cada uno ha llegado con los papeles muy repartidos, y sin ánimos de romper la buena sintonía actual PP-Vox, ha ayudado también que en su réplica la portavoz del partido de extrema derecha, Cristina Peláez, ha pasado de puntillas sobre el 'no' de los populares para concentrar sus ataques en PSOE y Podemos-IU. Peláez, por cierto, ha logrado asiento en el próximo Parlamento andaluz al ir como número 2 por Sevilla.

La moción exigía esta prioridad nacional poniendo a los migrantes como epicentro de todos los problemas de la sociedad española, ya que la “inmigración masiva y descontrolada” ha provocado el “colapso” de los servicios públicos. Adobado de bulos y datos carentes de fuentes, llega a afirmar que las medidas de apoyo a los migrantes “tienen a medio plazo un innegable propósito electoral”: busca “conseguir nacionalizaciones masivas que proporcionen millones de votos a los partidos de izquierda”.

El texto responsabiliza a los nacidos fuera de España del hundimiento del sistema sanitario, del aumento de la inseguridad y de las dificultades para encontrar trabajo o acceder a una vivienda e incluso de que haya pensiones bajas. Y llega a solicitar que se inste a la Junta a impedir que los inmigrantes ilegales “puedan hacer uso de nuestro sistema sanitario”, y al Gobierno central, para que anule la atención sanitaria gratuita y frene el “proceso de regularización masiva”.

“Ni odio, ni exclusión, ni radicalidad”

Peláez, consciente de que muchas de las propuestas incluidas en la moción escapan a las competencias municipales, sí ha defendido que dos pueden articularse desde el gobierno local: “implantar” la prioridad nacional en el acceso a “todas” las ayudas sociales, servicios públicos y programas de vivienda de la administración local y “compartir” información del padrón con la Subdelegación del Gobierno para expulsar a todo el que esté en situación irregular. El PP ya le concedió en enero la satisfacción de un mayor control del proceso de empadronamiento, que defendió con el eufemismo de que se hacía para evitar que los migrantes sean estafados. 

La portavoz ultra ha esgrimido que su propuesta no es “ni odio, ni exclusión, ni radicalidad”, sino acabar con algo “injusto” como que “una familia sevillana tenga que competir en igualdad de condiciones con personas que ni siquiera tienen residencia legal en España”. Ha insistido también en que es una iniciativa “legítima”, que “desde el punto de vista jurídico no supone exclusión” e incluso ha esgrimido que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional abre la puerta a implantar estas medidas.

Ha llegado a asegurar que, en la actualidad, “primero están los que acaban de llegar, los que le han dado una patada a la frontera”, criticando un “buenismo ideológico” que “favorece la ilegalidad”. De esto último ha culpado a los partidos de izquierda, contra los que ha lanzado diatribas más gruesas que contra el PP pese a que esta formación era la que tenía la llave para que prosperase su propuesta.

“Al final tragaréis en Andalucía”

Desde el PSOE, la concejal Encarnación Aguilar ha cargado contra las “barbaridades” y el “discurso xenófobo” que se recogen en el texto de Vox. “Han venido a traer discordia y persecución, a las mujeres primero y ahora van a por los migrantes”, un “odio al diferente” incluido en una moción que a su juicio no debería haberse aceptado para su debate en el pleno.

Además de recordar que, según la Ley de Extranjería que aprobó el Gobierno de José María Aznar (PP), varias de las propuestas son directamente un delito, ha lamentado que lo que se busca es “enfrentar a pobres contra pobres”. Eso sí, ha dado por hecho que en el ámbito autonómico los populares “están condenados” porque están “en manos de la extrema derecha” para gobernar en la Junta, “al final tragaréis en Andalucía porque no tenéis otra opción”.

Por Podemos-IU ha intervenido Susana Hornillo (Podemos), a la que el presidente del pleno, Manuel Alés (PP), ha llamado al orden por repetir que la propuesta de Vox es xenófoba, lo que ha llevado a la concejal a reprocharle que con su actitud “está defendiendo una moción racista y xenófoba que no debería haber sido aceptada por anticonstitucional y porque va en contra de los derechos humanos”. Una propuesta que se resume en que “las personas migrantes tienen la culpa de todo”, hasta de los problemas de vivienda (“y no los fondos buitre”) o del colapso del sistema sanitario (“y no los recortes y la privatización”).

“Sacarlos de la esclavitud”

Una vez conocido el 'no' del PP, se ha alegrado de que “este gobierno haya tenido esta reacción sensata”, porque lo contrario sería “blanquear” el discurso de Vox y que del Ayuntamiento “salgan discursos xenófobos y presentados con datos falsos”. Después de recordar que hasta la Conferencia Episcopal ha asegurado que la regularización extraordinaria ahora en marcha es una medida “ética y social”, ha incidido en que hablamos de personas que ya viven aquí, “es sacarlos de la esclavitud y el abuso en el que están”.

“Ustedes los necesitan pero quieren que sean invisibles, poder aprovecharse de su situación de vulnerabilidad”, ha apostillado. Y en este sentido, ha recordado que el 72% de los trabajadores del sector servicios son extranjeros, con lo que con propuestas de este calibre “se cargan el modelo productivo de Sevilla entera”.

Era uno de los puntos más importantes del pleno del Ayuntamiento de Sevilla de este jueves, pero el propio gobierno local del PP ha decidido retirarlo sobre la marcha ante la perspectiva de que no iba a salir adelante, básicamente porque Vox (su aliado presupuestario) iba a votar en contra y ya contaba de antemano con el 'no' de PSOE y Podemos-IU. Hablamos del plan de ajuste económico que, por ley, debe acometer para los próximos dos años al incumplir la regla de gasto y de sostenibilidad presupuestaria por una razón sencilla: está gastando más de lo que ingresa.

El equipo del alcalde José Luis Sanz (PP) ha elaborado un documento que cifra en 25,1 millones de euros el incumplimiento del principio de estabilidad, lo que obliga a una financiación extraordinaria, mientras que el exceso de gasto (incumplimiento de la regla de gasto) se cifra en 85,6 millones de euros. Estas desviaciones, a juicio del PP, no son de naturaleza estructural, sino coyuntural, aunque se ha encontrado con un muro más allá de la previsible falta de apoyo político de otros grupos: la propia Intervención municipal lo considera inviable.

El delegado de Hacienda y portavoz municipal, Juan Bueno (PP), ha anunciado que retiraba del pleno el plan de ajuste en el momento en que tocaba abordarlo, y el argumento ha sido que se va a buscar “un mayor consenso político”. Pero a la falta de acuerdo hay que unir también el demoledor y preceptivo informe de la Intervención municipal, que llega a afirmar que el plan económico-financiero diseñado “presenta un perfil de riesgo significativo” al plantear ajustes que no ve viables.

Falta de “firmeza jurídica”

De hecho, apunta que el retorno a la senda de la regla del gasto está condicionado “a la obtención de ingresos futuros que carecen de firmeza jurídica, que están judicializados o que sufren deficiencias de gestión interna”. El informe (que rubrica el viceinterventor, Guillermo González) concluye que “la observancia del principio de prudencia financiera” aconseja “confiar el reequilibrio” a medidas complementarias de limitación del gasto corriente no obligatorio y de optimización del gasto a medio plazo. En definitiva, que presente “un escenario alternativo basado en la minoración de los costes de los servicios públicos”.

El plan insiste en que el problema no es estructural, y lo achaca básicamente a “la no aprobación de medidas normativas que ampliaban el límite de gasto” del Ayuntamiento. Uno de los pilares de la falta de ingresos es que no se ha aprobado una nueva ordenanza de basuras a la que obliga la ley, con la que esperaba recaudar 19,6 millones de euros. Desde el punto de vista político, esto no es ninguna sorpresa porque todos los grupos de la oposición (incluido Vox) ya le han tumbado al gobierno local varias veces la propuesta, lo que le obliga a sacar de sus cuentas un dinero que es obligatorio recaudar. Y la perspectiva es que las cosas no van a cambiar a corto plazo.

Otro bocado a las cuentas municipales –de casi 11 millones de euros– se lo ha dado el que tampoco se está cobrando la tasa por ocupación del dominio público por empresas de telefonía móvil, un tributo que se inicia después de un primer trámite que tienen que hacer las compañías afectadas. Y no sólo no lo han hecho, sino que se han ido a los tribunales para batallar contra esta nueva tasa.

A esto se une que el propio Ayuntamiento no ha tramitado a tiempo la justificación del servicio de ayuda a domicilio, para que la Junta le haga llegar los fondos correspondientes, y que no se cumplieron las previsiones (40 millones) de ingresos por enajenación de suelo municipal debido a “dificultades técnicas y administrativas”. El cuadro se completa con una inversión adicional de ocho millones para maquinaria de Lipasam, además de más gastos de los previstos de Urbanismo y del propio Ayuntamiento.

Da por hecho que se acabarán los problemas

En definitiva, que el gobierno local concluye que no está en peligro la situación económica-financiera del Consistorio, ya que atribuye esta desviación a problemas coyunturales. En este sentido, apunta de manera eufemística a “cuestiones con un condicionante político” (la no aprobación de la tasa de basuras) y a “dificultades puntuales en materia de ingresos”, como con lo que deben pagar las empresas de telefonía móvil.

Ninguno de estos dos problemas tiene visos de solucionarse a corto plazo, pese a lo cual en su plan de ajuste da por hecho que para 2026 se recaudarán 26 millones por la tasa de telefonía móvil, algo irreal porque la cuestión está judicializada. Cuenta también con actualizar las liquidaciones de ayuda a domicilio (un problema que viene arrastrando desde 2024), con recaudar 12 millones más por el IBI –ya que en 2025 “se produjo un excepcional volumen de devolución de ingresos”– y con enajenar suelo municipal por importe de 60 millones.

En cuanto a la nueva tasa de basuras, el gobierno municipal cambia de estrategia y opta por una modificación de la actual, una fórmula “más coherente” y que evita el principal reproche a la norma, que es una doble tributación por un mismo hecho. De hecho, se atreve a calcular que la nueva ordenanza entrará en vigor el próximo 1 de octubre, por lo que prevé recaudar 10 millones este año y 30 ya en 2027.

En definitiva, que el PP considera que su plan es “prudente” y “realista”, por lo que “no se estima necesario implementar medidas de reducción de gastos”. “No sólo eso”, subraya, sino que “se estima incluso posible abordar una reducción de carga fiscal”, en concreto un 1% menos en el IBI para 2027, año de elecciones municipales.

Los interventores no se lo creen

Con estos mimbres, la Intervención municipal ve problemas por todos lados. Con la tasa de basura, recuerda que todavía no está aprobada “y ello reduce la robustez” del plan de ajuste, porque además de que la solución está “sujeta a la coyuntura política del momento”, su implantación “está presentando no pocas dificultades en su aspecto jurídico”. Con la tasa de telefonía móvil, tres cuartos de lo mismo: está recurrida por las empresas, por lo que contar con su cobro “es meramente nominal”.

Y aunque el plan no ha llegado a debatirse, los grupos de la oposición han aprovechado otros momentos del pleno para lanzar algún que otro pildorazo. El portavoz de Podemos-IU, Ismael Sánchez (IU), ha ironizado con que lo siguiente será que la búsqueda de soluciones financieras pase por “ponerle dos velitas a la Virgen”. Desde el PSOE, su portavoz adjunta, Sonia Gaya, ha reclamado “un plan más serio y riguroso”, porque con el que ahora se frena “se encomiendan al milagro de los panes y los peces”, así que “medidas más rigurosas y no con la bolita de cristal”.

Los tres partidos de izquierda con representación en el Parlamento andaluz (PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía) han denunciado la precariedad de medios con la que, por momentos, se ha combatido el fuego declarado el domingo –y todavía activo– en el Parque Nacional de Doñana, en el paraje Rincón del Membrillo ubicado en término de Almonte (Huelva). Por ello, han solicitado la comparecencia del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, en la Diputación Permanente del Parlamento andaluz para dar explicaciones.

En paralelo, sigue la lucha contra un incendio activo pese a que se dio por estabilizado en la noche del martes. Un centenar de bomberos forestales se mantienen sobre el terreno, a los que se han unido dos aviones de carga en tierra y un helicóptero semipesado a lo largo del miércoles pese a que inicialmente se descartó la incorporación de nuevos medios aéreos. Y mientras el propio Antonio Sanz insiste en que hay “islas muy importantes sin quemar” en la zona afectada, la Estación Biológica de Doñana-CSIC (el organismo responsable de la supervisión científica del parque) ha reiterado el “alto valor ecológico” del paraje, aunque su director, Eloy Revilla, se ha mostrado “optimista” ante una “recuperación relativamente rápida”.

El Gobierno andaluz, ha apuntado desde el primer momento a la posible “intencionalidad” del incendio, que coincidió con todas las hermandades ya en El Rocío para asistir a la salida de la patrona almonteña y ha obligado a alterar el camino de vuelta de varias de ellas, sobre todo las que hacen el camino por la provincia de Cádiz. En base a imágenes por satélite, el cálculo inicial de la Estación Biológica apunta a que el fuego habría afectado a unas 400 hectáreas.

Comparecencia en el Parlamento

En el plano político, la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, no sólo ha pedido la comparecencia en el Parlamento de Sanz, sino que ha reclamado al propio presidente de la Junta en funciones, Juan Manuel Moreno, que dé “explicaciones inmediatas” porque es “evidente que algo están escondiendo”. Ha denunciado un “apagón informativo” en el Gobierno del PP y la necesidad de aclarar de manera “urgente” lo ocurrido, “qué ha pasado” y “cómo se produce” un incendio en el corazón del enclave natural más importante de Andalucía.

Por su parte, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha reclamado la comparecencia Sanz en la Diputación Permanente porque “queremos saber qué está pasando, qué se está quemando, qué se ha perdido. Queremos saber qué medios se están poniendo y cuál es el impacto ecológico y medioambiental”, ya que se han producido situaciones que son una auténtica barbaridad“ fruto de la ”falta“ de equipamientos y personal de la plantilla del Plan Infoca, cifrando en 400 las vacantes ”sin cubrir“ así como ”cientos de interinidades sin cubrir“.

“Se están teniendo que unir equipos porque no pueden intervenir. En la primera noche tenían sólo dos autobombas. Tienen vehículos que no son apropiados para andar por el monte y que se quedan atascados en la arena, tienen EPI [equipos de protección individual] incompletos, les están obligando a hacer unas jornadas extenuantes que los sindicatos están diciendo que están poniendo en peligro a los trabajadores. Y hay gente en la bolsa esperando que le llamen”, ha explicado García.

“Negligencia” y “falta de medios”

En la misma línea de falta de medios ha incidido el coordinador general de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, para quien lo ocurrido “es producto de la negligencia y la falta de cuidado que tiene la Junta con un espacio que se le ha dado para cuidarlo como es Doñana”. “Estamos ante la joya de Andalucía y estamos ante la enésima ocasión pérdida de un Gobierno que no atiende a las alertas que les dieron los propios trabajadores del Infoca”, ha lamentado.

Además de pedir también la comparecencia parlamentaria de Antonio Sanz, Maíllo ha puesto el acento en las condiciones laborales y el equipamiento con el que cuenta el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca). “No hay vehículos adecuados, y así se dijo en otras diputaciones permanentes al respecto, no hay EPI adecuados, los trabajadores de Infoca están teniendo unas jornadas hasta la extenuación por falta de relevos y hay que dar explicaciones”, ha insistido.

La Junta de Andalucía, en cambio, incide en que ha llegado a movilizar una treintena de medios aéreos, más de 400 profesionales (de los que 130 son bomberos forestales), 19 autobombas y cuatro tractores provistos de grada. El consejero Antonio Sanz ha insistido hoy en que hay “islas muy importantes” que no se han quemado y con “una alta capacidad de regeneración por sus propios medios, con agilidad y rapidez”.

En una entrevista en Canal Sur Radio, ha vuelto a apuntar a las “muchas sospechas” que tienen los investigadores de que este incendio haya sido provocado, ya que en la zona “se produjeron varios incendios” en el mismo día“, un hecho que ”ni es lógico ni es habitual“. Igualmente, ha aclarado que por los caminos del paraje del Membrillo ”hacía dos días que no pasaba“ ningún romero. ”El recorrido de las hermandades se produjo dos días antes y se certifica siempre la limpieza. La zona queda expedita y más limpia que cuando llegaron las hermandades“.

“Mucha capacidad de recuperación”

Desde la la Estación Biológica de Doñana, su director, Eloy Revilla, ha incidido en el “alto valor ecológico” de la zona afectada por el incendio, aunque se ha mostrado “optimista” ante una “recuperación relativamente rápida”. En declaraciones a Europa Press, ha explicado que la zona está compuesta por vegetación mediterránea que “tiene mucha capacidad de recuperarse después de un incendio”, pero ha insistido en que es “pronto”, ya que “primero hay que apagar el fuego y luego analizar el impacto”.

El director de la Estación Biológica de Doñana ha señalado que el incendio se ha producido en el interior del Parque Nacional, “en una zona de alto valor ambiental” y en unos días “de mucha temperatura, mucho calor para estas fechas”. A esto se ha unido que ha hecho “mucho viento también del este y del sureste”, lo cual ha dificultado “mucho”, junto con “las condiciones topográficas del sitio”, el control del incendio a los operativos que estaban trabajando en la zona para intentar controlarlo.

Además, ha detallado que la zona afectada es “compleja orográficamente”, ya que “aunque Doñana sea un lugar plano, se trata de la barrera de dunas, que son varios frentes de dunas paralelos a la costa, en los cuales es muy difícil moverse, porque conducir por arena es muy complicado y más con vehículos pesados para la extinción de incendios, que es difícil moverse sin conocer los caminos también”.

La consigna la dio a finales de abril la dirección nacional de Vox, que ordenó a sus grupos municipales llevar su “prioridad nacional” a los plenos de los ayuntamientos para presionar al PP, una medida que también se ha clonado en parlamentos autonómicos. A Andalucía ya había llegado la cuestión, pero esta semana aterriza en el Consistorio de la capital andaluza, Sevilla, justo cuando en el ámbito regional se está en puertas de iniciar la negociación entre ambas formaciones en busca de un pacto que permita nombrar por tercera vez presidente a Juan Manuel Moreno.

La propuesta de acuerdo ya se ha registrado, y recoge un cúmulo de los mensajes que no deja de lanzar la formación de ultraderecha contra la población migrante cargados de bulos y huérfanos de datos oficiales. La iniciativa supone un desafío para el alcalde, José Luis Sanz (PP), que debe surfear una ola en la que se combinan sus propios intereses (Vox es su aliado presupuestario) y los de Moreno, que en campaña minimizó esta prioridad nacional y la redujo a un eslogan.

Sea como sea, el PP ha comprado la idea en los gobiernos autonómicos de Extremadura y Aragón para mantener a sus presidentes, por mucho que suponga discriminar a los inmigrantes en el acceso a prestaciones públicas y choque con varios preceptos legales. Y se da por hecho que la ultraderecha la incluirá entre sus exigencias para respaldar al actual presidente andaluz en funciones, de hecho la habría marcado como su línea roja por encima incluso de entrar en el Ejecutivo andaluz. Moreno, por su parte, insiste en que no tragará con cualquier cosa y que el hipotético pacto no puede generar “ni divisiones ni bronca”.

El inmigrante como epicentro de todos los males

El documento que Vox llevará al pleno es similar al que ya ha pasado por otros ayuntamientos, con el que denuncia que a “inmigración masiva y descontrolada” ha provocado el “colapso” de los servicios públicos. Este problema es “aún mayor” que la certeza de que el sistema sufre una “profunda crisis como consecuencia directa de la gestión de los sucesivos gobiernos” pese a la “asfixiante carga fiscal” a la que someten a la ciudadanía. Por ello vuelve a lo que pidió en su primer pacto con Moreno en 2019 para hacerlo presidente: la localización (vía padrón) de extranjeros en situación irregular para que el Gobierno inicie procedimientos de devolución.

La moción es un órdago más en el Ayuntamiento de Sevilla, que se ha convertido en todo un laboratorio de ensayo de la convivencia entre PP y Vox. Tras año y medio de tirantez extrema, sobre todo por la insistencia de la formación de ultraderecha en entrar en el gobierno local (hubo hasta un amago abortado), ambos partidos han llegado a sendos acuerdos para sacar adelante los presupuestos de 2025 y 2026.

Esto introdujo en el corazón de Ayuntamiento de Sevilla la batalla cultural e ideológica de Vox. Desde entonces, han conseguido recortes en igualdad mientras se subvenciona a una asociación en contra del aborto, eliminación de líneas de cooperación y atención a la población inmigrante local, fondos para potenciar las fiestas de la Inmaculada y San Fernando (patrón de la ciudad) y hasta una cláusula anti Palestina para que no llegue a este territorio ninguna ayuda municipal.

El PP, además, ha confiado la gestión directa de la Oficina Antidesahucios y de la Oficina de Maternidad, un centro antiabortista en toda regla que es los de Santiago Abascal consideran su mayor victoria hasta la fecha. También han caído las ayudas para consumidores (con epicentro en Facua) y la eliminación de la zona de bajas emisiones en la Cartuja, además de imponer un mayor control del padrón que se ha vendido con el eufemismo de que lo que se pretende es evitar que los migrantes sean estafados. Los populares también han comprado la prohibición del burka en espacios municipales pese a admitir que no puede aplicar legalmente esta medida, mientras se ha liquidado todo lo relacionado con memoria histórica y hasta se renunció a la ayuda estatal para exhumar Monumento, la mayor fosa del franquismo en la ciudad.

“Innegable propósito electoral” y “reemplazo”

La moción que ahora va a pleno llega a apuntar que las medidas de apoyo a los migrantes “tienen a medio plazo un innegable propósito electoral”. La idea consiste en “conseguir nacionalizaciones masivas que proporcionen millones de votos a los partidos de izquierda” que impulsan estas políticas. En este sentido, recuerda las palabras de Irene Montero (Podemos), ya que la prevista “regularización masiva” se pactó con su partido, y encima en un acto electoral respaldó otra de las grandes obsesiones de Vox, la teoría del reemplazo: “Ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante”.

Y es que esta teoría del reemplazo es uno de los grandes mantras de Vox, que a su juicio se traduce en “una sustitución progresiva de la población de España”. Esto a su vez conlleva “la desaparición de la identidad de nuestros barrios, en la alteración de sus formas de vida y en la ruptura de los vínculos sociales”.

Y mientras que los españoles “han sido injustamente igualados, cuando no postergados” en el acceso a los servicios públicos, dos normas aprobadas por el Gobierno central vienen a complicar esta situación. Por un lado, el derecho a atención sanitaria de personas sin residencia legal en España, y por otro la regularización de medio millón de inmigrantes, “premiando de esta manera a quienes vulneran las leyes españolas para acceder a nuestro territorio”.

Discriminación de los españoles

Esto les permitirá optar “de forma inmediata” a ayudas y prestaciones “que resultan inaccesibles para los propios españoles que las sufragan con su esfuerzo”. Por eso defiende que su prioridad nacional “no se trata de arbitrariedad ni exclusión caprichosa”: “la preferencia de los nacionales en el acceso a las ayudas públicas no sólo es legítima, sino que responde a un principio elemental de responsabilidad política”.

La lógica del argumento de la ultraderecha es primaria: los españoles sostienen con sus impuestos el Estado de Bienestar para luego ser discriminados y que se beneficien de él los extranjeros. Los nacidos fuera de España serían así el epicentro del hundimiento del sistema sanitario, del aumento de la inseguridad y de las dificultades para encontrar trabajo o acceder a una vivienda.

La propuesta que se somete a votación les acusa de propiciar el “estancamiento persistente de los salarios reales”, de “evidentes problemas de integración” e incluso lo conecta con que miles de personas fallecen cada año sin atención de dependencia y con que un cuarto de la población “se encuentra en riesgo de pobreza”. “Todo lo cual evidencia el colapso de los servicios públicos”, tensionados por un incremento constante de la demanda propiciado por las políticas migratorias.

Todo esto se sustancia en seis propuestas de acuerdo que se someterán a votación, probablemente con más de una enmienda del PP para intentar suavizar el texto. Además de usar el padrón para facilitar la expulsión de inmigrantes, se insta al gobierno municipal a “establecer la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos y programas de vivienda” locales, poniendo especial énfasis en la cuestión habitacional. A esto se unen tres requerimientos: a la Junta de Andalucía para “impedir que los inmigrantes ilegales puedan hacer uso de nuestro sistema sanitario”, y al Gobierno central, para que anule la atención sanitaria gratuita y frene el “proceso de regularización masiva”.

Humorista, presentador y empresario, a Manu Sánchez lo pillamos minutos antes de salir a escena con su obra Entregamos en el teatro Cartuja Center. Con nuevo programa en TVE a las puertas, El perro andaluz, hace balance del panorama político tras las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo, y no esconde su ilusión por los buenos resultados de Adelante Andalucía, formación a la que considera que ahora empezarán a atacar por todos lados. Por cierto, para la representación que está a punto de empezar “voy con mi propia mortaja”. ¿Y eso esconde alguna referencia al 17M? “Espero que no, el 17M han pasado muchas cosas, pero creo que todas son susceptibles de ser mejoradas y empeoradas”.

Para un andalucista declarado como usted, ¿el 17M se dio un mal o un buen resultado?

Creo que ha sido un resultado sintomático de algo que venimos viviendo desde hace muchos, muchos años, que es que el andalucismo ha sido tratado como un disfraz por casi todas las partes. Y ahora que aparece una parte que no se disfraza con la piel del oso, sino que se autodenomina el oso, alguien que no es la piel del león, sino que dice ser el león, pues empieza a estorbar y a molestar, y como consecuencia empieza a ser atacado.

¿Este ataque a Adelante Andalucía va a venir desde la propia Andalucía o desde el centralismo histórico que ha denunciado tantas veces?

Va a empezar a venir, de hecho ya está viniendo, por todas las partes. Creo que va a haber ataques desde Andalucía al propio andalucismo, hay gente que lo quiere reducir a una nostalgia folclórica que solamente se circunscriba a tazas y camisetas con mensajes y con imágenes de postal. Y creo que va a venir sobre todo por parte del centralismo, que nunca se ha tomado en serio Andalucía como un ente político propio, sino que siempre ha sido mirada como el gran caladero de votos de los partidos centralistas. Hemos llegado a un 17M donde una sociedad tan polarizada tenía probablemente motivos para el descontento con los gobiernos, con el autonómico y con el central. Y en esos descontentos hay quien ha entendido que la solución estaba en la ultraderecha de la prioridad nacional, del racismo y del trumpismo malentendido, y hay quien ha entendido que estaba más por la izquierda de los derechos sociales y de la justicia social. 

¿Eso explicaría que solo Vox y Adelante Andalucía hayan mejorado?

Obviamente, quienes han recibido la subida son los dos partidos que no forman parte ni del gobierno autonómico hasta la fecha ni del central. Por eso ha subido Vox y por eso ha subido principalmente Adelante Andalucía, que a todos les parecía algo simpático pero ahora dejará de serlo porque es el comienzo de algo con mucho potencial. Pero más allá de otros análisis, no ha habido ni un solo partido que no se haya probado el disfraz del andalucismo: a unos les queda mejor, a otros les queda peor; a uno se le nota que es prestado, a otro le viene grande, pero en casi todos cantaba que no era su traje. Y ha aparecido un espacio que ha sabido ajustarse a la medida del traje del andalucismo y que suena más a piel que a disfraz.

Lo de la prioridad nacional será para Juanma Moreno un sapo bastante grande de tragar, y todavía no sé si lo veremos tragárselo

El éxito de Adelante Andalucía, ¿es un voto de alegría o de cabreo?

Es el voto de las dos cosas. Yo siempre he abogado por una Andalucía seria y alegre, no triste ni de cabreo, pero sí seria. Y creo que ante la seriedad de según qué cuestiones, Adelante Andalucía ha sabido mostrar soluciones. No es, como la han intentado tildar algunos, solamente una opción contestataria, protestona y carne de pancarta, sino que ha puesto soluciones y propuestas encima de la mesa muy concretas. Incluso creo que fue de los pocos que las puso en los dos debates ante el silencio casi generalizado del resto de opciones. Pero eso hay que mostrarlo, y ahí ha sabido José Ignacio [García, candidato de Adelante] jugarlo bien desde la alegría también. Aunque la solución que se proponía Adelante Andalucía esté todavía muy lejos, porque parece que PP y Vox están cerca de ir de la mano para hacer gobierno en esta legislatura, creo que ahora mismo la situación de Adelante Andalucía es de ilusión, de crecimiento, de empoderamiento, y eso creo que se ha conseguido por el camino de ilusionar al votante. 

¿Eso cómo se ha conseguido?

Creo que se ha movilizado un votante nuevo, que no solamente ha habido un voto prestado de otros partidos, que ha habido gente que se ha planteado por primera vez votar: en edades, en barrios, en forma y en fondo, creo que es una opción alegre pero seria. No podemos dejar que algunos ya hayan empezado a hablar de andalucismo flamenquito y de intentar ridiculizarlo, infantilizarlo. Bueno, pues los ataques ya están aquí. Dice mi madre que cuando algo escuece es que está sanando, así que si empieza a molestar es que se están haciendo algunas cosas bien.

En un contexto en el que al menos en la calle se palpaba un malestar por la situación de la sanidad, la educación o la dependencia, ¿cómo se explica que Andalucía esté muy asentada a la derecha?

Bueno, creo que no es ningún secreto que Juanma Moreno viene apostando muy fuerte por su marca personal y por una marca de moderación, de centrismo. No es que lo diga yo, es que ha sacado un libro y lo ha contado él. Yo entiendo que Juanma Moreno es del PP, que es de derechas, pero parte de su éxito es que con su marca personal consigue quedarse con parte del voto que hasta hace tres, cuatro o seis años estaba en el PSOE. Moreno sabe hacer guiños al socialismo, a los derechos sociales, a los servicios públicos... Después habrá que valorar la gestión, si es la correcta o no, pero desde luego en su discurso no dice esto hay que quitar algo o que está a favor de la privatización, él dice que está a favor de defender los servicios públicos, de la justicia social, de no perder derechos... Yo creo que no está nada cómodo con las prioridades nacionales y todas estas soluciones de brocha gorda y torpe de Vox, quien piense que Juanma Moreno va a tragar con la prioridad nacional es que probablemente no lo conozca, estoy seguro de que hará todo lo posible por gobernar en solitario. Y si al final tiene que tragar, supongo que será por presiones del partido, porque le mueve la foto a nivel nacional y le estropea otra cosa. Pero desde luego será para Juanma Moreno un sapo bastante grande de tragar, y todavía no sé si lo veremos tragárselo.

Lo antisistema era ser muy de izquierda, pero la ultraderecha ha conseguido a nivel mundial erigirse en antisistema, se han quedado con el punk

¿Y entiende que un obrero vote a la ultraderecha?

La ultraderecha ha hecho una cosa y es que se ha quedado con el punk, se ha sabido contar como antisistema. Antes los antisistema eran las opciones más a la izquierda, la derecha era quien conservaba las viejas instituciones, los grandes estamentos y las relaciones sociales vamos a decir más feudales o más estamentales. Y entonces lo antisistema era ser muy de izquierda, pero la ultraderecha ha conseguido a nivel mundial erigirse en antisistema, se han quedado con el punk. Por eso ahora la izquierda también hace bien con intentar quedarse con las cosas que habían sido naturalmente de la derecha, como el amor por las tradiciones, por nuestra historia, por nuestros símbolos, por la bandera, por el escudo, por el himno, por los padres y madres de la patria… Ahora la izquierda tiene que saber quedarse con todas esas herramientas que supo tener la derecha como propia durante mucho tiempo.

¿Y cómo ha sabido hacerse antisistema la ultraderecha?

Lo cierto es que después, a efectos prácticos, vemos que no hay antisistema, que se vota sistemáticamente en contra de las soluciones, de la subida de las pensiones, de los ingresos mínimos vitales y de todo lo que le propone soluciones a esos trabajadores pobres o a esas personas que están en riesgo de exclusión social. Hay una gran apuesta también por todo lo digital, donde consumimos comida rápida como quien come palomitas o un poquito de información basura, y ahí aparecen perfiles de dudosa credibilidad dando soluciones gordas, facilonas y jugando la gran trampa sincronizada que ha jugado la ultraderecha a nivel mundial: el problema de los pobres es que hay otros pobres. Se parte de premisas muy tramposas como con la sanidad, como no puede atender a todo el mundo, pues que no atienda a los de fuera. Pues espérese, porque hay otras muchas opciones políticas que lo que están intentando es buscar soluciones para que la sanidad pueda atender a todo el mundo. Entonces, si partimos de grandes mentiras, llegaremos a falsas soluciones.

Ha hecho mención a la prioridad nacional, ¿cuál es la prioridad nacional de Manu Sánchez?

Bueno, yo ahí haría el juego de palabras: lo que está planteando en realidad la ultraderecha es prioridad 'nazi o ná'. Por como se queda la foto de gobernanza parece que o se pasa por ese aro de la prioridad nazi o está la nada al otro lado. Es un eslogan publicitariamente sonoro, pero que hay que empezar a desmontarlo y a desnudarlo: no es prioridad nacional, es prioridad nazi. Y para mí la prioridad nacional es dejar de dar por normales y por parte del paisaje cosas que eran barbaridades absolutas hasta hace cuatro tardes, precisamente por el sentido común ese que también algunos se han querido quedar como claim: piden sentido común cuando son los que menos sentido común tienen.

Alguna vez ha comentado que todo cambiará cuando en Madrid se entienda el andalucismo, pero va a llegar sin libro de instrucciones…

Bueno, pues tendrá que aprender. Ya hay antecedentes de andalucismo en Madrid y en el Parlament de Cataluña, y hay un andalucismo que cambió la forma en la que se ha configurado el Estado español desde la Transición, que se proponía una España de dos velocidades, y fue precisamente el andalucismo transversal y mayoritario el que cambió eso e hizo que España a día de hoy sea como es. El andalucismo no es una cosa simpática y nueva que acaba de llegar. Probablemente acabe de resurgir con una generación nueva, con una voz nueva y con unos objetivos nuevos, pero el andalucismo viene de muy atrás. Somos no pocos los que sabemos de lo que va la Asamblea de Ronda, el andalucismo en su primera hornada, en la segunda y ahora en esta tercera, que creo que tiene mucho que decir. Lo que está claro es que hay que intentar seguir peleando por ser una opción alegre y seria, y que no nos confundan eso con nada, que intenten ridiculizarlo como van a pretender sin lugar a dudas. Pero aquí estaremos para demostrar la alegría y la seriedad.

Apuesto por un andalucismo que se presente en España, a ver qué pasa, y pondría en la calle esa opción: andalucismo o barbarie

¿Qué es más importante, que el andalucismo siga creciendo en el Parlamento andaluz o que llegue al Congreso de los Diputados?

Esa es una falsa diatriba, porque no es incompatible, seguramente si crece en un lado crecerá en otro y viceversa porque las opciones políticas van calando en el votante y en el pueblo. Ahora se ha dado un paso importante, de la militancia convencida a gente que vota andalucismo pero que no tiene por qué ser militante 365 días al año. El siguiente reto es estar en el Congreso de los Diputados, sin lugar a dudas. Por eso ahora mismo, en este momento de su vida, yo no escucharía cantos de sirena y a mí me gustaría ver qué ocurre con el andalucismo en las siguientes generales, sin incorporarse a ninguna otra sigla ni a ningunas otras opciones. Las rachas no son casualidad, son fruto del trabajo, y yo apuesto por un andalucismo que se presente en España, a ver qué pasa, y pondría en la calle esa opción: andalucismo o barbarie.

¿Cree entonces que no debe formar parte de esta gran coalición que está propugnando Gabriel Rufián?

Yo así lo creo, las dos opciones, si es que son dos, llegan en puntos diferentes de su recorrido y sin lugar a dudas la de Adelante Andalucía está en plena forma, está en subida. Ahora mismo ese andalucismo en el que yo creo, el que se autogestiona, no tiene que responder a ninguna obediencia nacional que venga desde Madrid, habla desde Andalucía por Andalucía y para Andalucía. Y después seguimos con el himno: para los pueblos, España y la humanidad. Pero de momento, yo lo pondría a prueba en las siguientes generales, yo sí.

¿Y cómo le explicaría el andalucismo a alguien de Despeñaperros para arriba?

A mí principalmente es que desde hace mucho tiempo no me preocupa lo que piensa del andalucismo nadie de Despeñaperros para arriba, porque creo que tenemos mucha tarea en explicar el andalucismo de Despeñaperros para abajo, que es desde donde se va a intentar buscar el voto y convencer a la gente. 

El andalucismo lo que no puede caer es en que nos intenten caricaturizar como que ahora Andalucía pasa de no tener representación a que queramos pedir la independencia pasado mañana

¿Pero el centralismo se combate con más andalucismo?

El centralismo, sin lugar a dudas, está en las antípodas del andalucismo, así que probablemente los dos a la vez no pueden llevar razón. Y el centralismo toma decisiones en base a su propia existencia, que va en contra de los intereses de Andalucía. Así que, claro, el andalucismo no tiene que definirse con respecto a otros nacionalismos. Podríamos echar un rato diciendo que el andalucismo es nacionalista, universalista, internacionalista o regionalista. El andalucismo lo que no puede caer es en que nos intenten caricaturizar como que ahora Andalucía pasa de no tener representación a que queramos pedir la independencia pasado mañana. 

Entonces, ¿esto de qué va?

Esto va de que tenemos un sistema político de representación en el que a la concentración del voto le toca premio con la ley D'Hont. Y si la concentración del voto es la correcta y se gestiona bien, al final se tocan tus temas a nivel nacional porque se necesiten tus apoyos en el Congreso de los Diputados. Todo lo que intentemos filosofar y teorizar por encima de eso para intentar buscarle los huecos, las cosquillas y los fallos al andalucismo, creo que vienen de la intención de otros de intentar que en ese exceso de definición se vaya quedando gente fuera. Y creo que ahora estamos en un proceso de que quepa dentro del andalucismo un montón de gente. El exceso de epítetos, de apellidos y de nombres nos van a obligar a ponerlos desde fuera para que haya gente que no se vea representada. Y ahora lo que hay es que hablar de andalucismo de brazos abiertos, de puertas de par en par, de para dentro todo el mundo que aquí cabe todo el que quiera. Esto va de tratar los temas de Andalucía donde se toman las decisiones, que por desgracia es en Madrid.

Con todo lo dicho, ¿usted que es más, andalucista o de izquierdas?

Yo soy andalucista de izquierdas, las dos cosas. Esto es como cuando me preguntan que qué me gusta más, el Carnaval o la Semana Santa. Si no coinciden ningún año, coño, ¿por qué me tengo que comer el coco con eso, por qué tengo que querer más a papá o a mamá? No me quiero poner en esa diatriba, las dos cosas son muy compatibles. Ya le he dado muchas vueltas para saberme andalucista y para saberme de izquierdas, no le estoy echando ningún esfuerzo en saber si soy más una cosa o la otra…

Andalucía ha aceptado los criterios de reparto de los fondos incluidos en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que prevé una inversión de 1.197 millones de euros, pero a la vez ha anunciado que está revisando “jurídicamente” este acuerdo y deja la puerta abierta a la presentación de un recurso. “No estamos de acuerdo con cómo se ha hecho la financiación”, sentido en el que el Gobierno andaluz en funciones señala que la inversión de Andalucía se “multiplica por seis” mientras que la aportación del Estado lo hace por dos.

Esto es así porque el plan contempla que el Ejecutivo central asuma el 60% de la inversión prevista, mientras que las comunidades autónomas aportarán el 40% restante. Pero esto supone que las autonomías tengan que hacer un esfuerzo mayor que en los anteriores planes, en los que aportaban el 25% del presupuesto y el resto lo ponía el Estado. Con la nueva distribución, el Gobierno aportará 718 millones de euros y eso obliga a la Junta a poner sobre la mesa 479 millones de euros.

La decisión se ha tomado en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, en la que por lo pronto la Junta ha aceptado los criterios de reparto de fondos, que supone un 17,10% para Andalucía, el mismo porcentaje que figuraba en planes anteriores. Así lo ha anunciado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en funciones, Rocío Díaz (PP), que –eso sí– ha expresado su “disconformidad” por la “obsesión del Gobierno de España por imponer su modelo de vivienda sin negociación ni consenso con las comunidades autónomas”.

Críticas al modelo de financiación

Todas las comunidades del PP han acabado aceptando el nuevo plan, aunque varias de ellas no descartan recurrirlo ante el Tribunal Supremo. Una de ellas es Andalucía, sentido en el que Díaz ha anunciado que los servicios jurídicos de la consejería están revisando el contenido del plan estatal porque “no estamos de acuerdo con cómo se ha hecho la financiación”, dejando abierta la puerta a la asunción de medidas en este sentido.

La consejera en funciones, asimismo, ha cargado contra el calendario, ya que el nuevo plan “debía estar en marcha desde el 1 de enero” y, sin embargo, “llega con casi cinco meses de retraso”, lo que ha condicionado el desarrollo de las convocatorias y ayudas previstas para 2026. De paso, ha reclamado al Ministerio de Vivienda que aumente su participación económica.

Andalucía recibirá hasta 2030 una inversión total de 1.197, de los que 136,8 millones corresponden a la anualidad del presente ejercicio. El objetivo es desarrollar políticas públicas de vivienda en la región. El compromiso que se adquiere es que al menos un 40% de esos fondos se dedicarán a la construcción y adquisición de viviendas, un 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente y el 30% restante a garantizar la protección de los colectivos y territorios que más lo necesiten.

“Consenso histórico”

Y si Rocío Díaz ha denunciado la falta de negociación, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez (PSOE), ha celebrado que el plan supone “una clara muestra” de la “voluntad de diálogo y consenso” del Gobierno central. “Prueba de ese modelo de consenso, diálogo y acuerdo” son las 28 reuniones mantenidas con las comunidades autónomas en torno al contenido del documento, así como los encuentros con entidades, agentes sociales y expertos. Fruto de esos encuentros, se han recibido 365 aportaciones que se han estudiado e incorporado a la redacción final, y hasta el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), ha celebrado el “consenso histórico” entre las comunidades autónomas y el Ejecutivo central.

No lo ve así la consejera en funciones, que ha criticado que “ni siquiera conocemos la valoración del Ministerio de Vivienda sobre las 22 alegaciones que Andalucía presentó en el mes de octubre”. Por eso, ha insistido en que, mientras se aceptan los criterios de reparto de los fondos, se está revisando y estudiando el plan por parte de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía.

De paso, ha cargado contra un plan estatal que considera que está “más preocupado por la foto de una primera piedra o de una entrega de llaves que por ofrecer soluciones reales para el acceso a la vivienda”, en alusión a la advertencia de retirar fondos estatales si no se da visibilidad a la aportación del Ministerio. En ese sentido, ha defendido que “Andalucía siempre ha sido leal, informando en todo momento de las ayudas y promociones”.

La Casa de Alba ha hecho un movimiento fulminante nada más saber que ya puede regularizar sus pozos ilegales, tras la resolución favorable recibida por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG, el organismo estatal que concede los derechos de riego) y ha pedido al juez que directamente “acuerde el archivo y sobreseimiento” de la causa judicial abierta en un juzgado de Sanlúcar la Mayor (Sevilla). La defensa entiende que esta autorización es un espaldarazo al sistema de riego en su finca de Aljóbar y que no se han provocado daños que justifiquen esta investigación por el juez.

En un oficio remitido al juzgado al que ha tenido acceso este periódico, los abogados de Eurotécnica Agraria –la empresa creada por los Martínez de Irujo para gestionar ésta y otras haciendas familiares– solicitan el fin de la instrucción ya que los pozos ilegales con el permiso de la CHG “quedan así legalizados”. A su juicio, la decisión de la autoridad del agua en el Guadalquivir “convalida el sistema de riesgo existente en la finca”: un caudal permitido de 605.000 metros cúbicos anuales que se acumula en la balsa de una finca en el término del municipio sevillano de Aznalcázar, a tiro de piedra de Doñana.

Considera así que se avala el sistema que se ha estado empleando hasta la fecha, aunque en Aljóbar sólo tenía licencia para dos captaciones (una para consumo humano y otra para riego) y la Guardia Civil descubrió hasta otras nueve sin licencia, ocho de las cuales se legalizan ahora. Por ello insiste en que la luz verde recibida por la CHG “acredita” que el sistema de riego “no genera daño grave alguno al dominio público hidráulico”.

La propiedad lo que ha hecho es una transformación de derechos sobre aguas privadas a concesión de aguas públicas, una opción que contempla la Ley de Aguas pero a la que sólo se acogió cuando fue descubierta regando con estas captaciones sin licencia no una sino dos veces. Pese a este permiso para sacar de la ilegalidad los pozos, tanto los expedientes sancionadores abiertos por la propia CHG por vía administrativa como la investigación judicial por pirateo de agua y daño ambiental siguen adelante.

“No tiene relevancia penal”

Eso sí, reconoce que el agua “se extraía de 10 pozos existentes en la finca”, con lo que admite este uso irregular, pero insistiendo en el que es uno de los pilares de la defensa: “En ningún caso se superaba el caudal máximo autorizado”. De hecho, llega a subrayar que “los propios denunciantes –antiguos trabajadores de la finca– indican en su denuncia que el riego se hacía de la manera indicada”, algo que “se comprueba con un mero cálculo aritmético”.

Esta versión choca frontalmente con la que defiende la Guardia Civil, que en dos informes periciales entregados al juez sostiene que se sacó más agua de la autorizada durante 11 años, en los que se habrían extraído ilegalmente hasta 6.600 millones de litros. Esto permitió a Eurotécnica Agraria obtener hasta cinco millones de euros de “beneficio ilegal”, además de provocar un daño ambiental que, en total, podría ascender a 1,1 millones de euros. 

La propiedad, en contra, señala que, como no bombeó más de lo permitido, nos encontramos con “la imposibilidad de haber producido daños al acuífero Aljarafe Sur”, y que además no se sacaron recursos subterráneos de otra ubicación, por tanto “no se ha podido generar daño alguno al dominio público hidráulico”. A ello une que la existencia de los pozos ilegales como mucho “podría dar lugar a la oportuna sanción administrativa” por una infracción “en cualquier caso calificada como leve en la legislación de aguas”.

En concreto, se estaría hablando de un “alumbramiento de pozos sin autorización”, cuestión que considera menor ya que la apertura de estas captaciones sin permiso “no tiene relevancia penal”. A ello une que estas extracciones y todo el sistema de riego “queda legalizado con la resolución” de la Confederación del Guadalquivir, a lo que suma que todo el caso se basa en la “presunción errónea e infundada” de que se sacaba más agua de la autorizada, un cúmulo de “meras inferencias o suposiciones” que en todo caso “resulta insuficiente para desvirtuar la presunción de inocencia”. Por ello, concluye pidiendo al juez el archivo y sobreseimiento de las diligencias previas.

“¿Para qué necesitan abogados defensores?”

Ecologistas en Acción, por su parte, ha recibido este miércoles de la CHG la resolución que valida estos pozos sin licencia, que no le había llegado todavía pese a estar personada la organización en este proceso administrativo, una decisión que a su juicio va a contribuir a que “los supuestos delitos queden en nada”. La legalización, además, se ha aprobado en plena investigación judicial –en la que Ecologistas ejerce la acusación–, “dándole argumentos a la empresa para pedir el archivo y sobreseimiento de la causa”, como así ha ocurrido a renglón seguido.

Así lo denuncia Antonio Amarillo, responsable del Área de Agua de la organización, que se pregunta de manera retórica que “¿para qué necesitan abogados defensores?” si es la propia Confederación la que está “permitiendo” estos supuestos bombeos “muy por encima de lo permitido”, tal y como insiste la Guardia Civil. Unas extracciones que “contribuyen al ya asumido empeoramiento de las masas de aguas subterráneas durante los últimos años y al incumplimiento de los objetivos ambientales fijados por la Directiva Marco de Agua”.

“Es imposible regar 200 hectáreas de naranjos con el agua concedida y obtener año tras año cosechas normales”, además en un contexto de sequía. Y a pesar de que se ha constatado el “deterioro” de esta masa subterránea (Aljarafe Sur) en los últimos años y del incremento del índice de explotación, “la CHG sigue sin ver la relación causa-efecto provocada por las extracciones en la finca Aljóbar”, tal y como ha recogido en hasta dos informes sobre esta cuestión.

En cuanto a la instrucción judicial, en su último auto (de principios de marzo) el magistrado denegó una nueva prórroga de seis meses como pedía la Fiscalía al considerar que “la investigación de los hechos se encuentra prácticamente agotada”. Las últimas diligencias han sido la declaración de las agentes de la Guardia Civil que hicieron el informe de daños y de un perito de la defensa que ha firmado un contrainforme para intentar desmontar la investigación de la Guardia Civil.

La Casa de Alba ya tiene la autorización definitiva para regularizar sus pozos ilegales en su finca de Aljóbar en Aznalcázar (Sevilla), justo a las puertas de Doñana. Tras casi tres años de tramitación, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha dado el último paso para cerrar este procedimiento administrativo, una opción a la que puede acogerse la propiedad pero que sólo dio el paso cuando fue descubierta por primera vez –luego hubo una segunda– usando esas captaciones sin licencia. Esto no implica ni la paralización de los expedientes sancionadores abiertos por la propia CHG ni de la investigación judicial por pirateo de agua y daño ambiental, aunque en este último caso refuerza la defensa de Eurotécnica Agraria, la empresa familiar de los Martínez de Irujo que gestiona estas tierras.

La resolución definitiva (a la que ha tenido acceso este periódico) está firmada por la presidenta de la CHG, Gloria Martín, y por el comisario de Aguas, Alejandro Rodríguez, y supone el final esperado a un trámite que previamente ya había recibido el visto bueno de la Oficina de Planificación Hidrológica y de la propia Comisaría de Aguas. El documento impone diez condiciones específicas y 43 generales, ya aceptadas por la propiedad, para lo que técnicamente se conoce como transformación de derechos sobre aguas privadas a concesión de aguas públicas.

La Guardia Civil considera que con estos pozos se extrajo más agua de la que tiene autorizada Eurotécnica, lo que le habría permitido multiplicar sus regadíos y obtener así hasta cinco millones de euros de “beneficio ilegal” tras bombear sin licencia hasta 6.600 millones de litros durante once años. A esto hay que añadir un daño ambiental que, en total, podría ascender a 1,1 millones de euros. Ni la Confederación del Guadalquivir ni el Ministerio para la Transición Ecológica –al que pertenece este organismo estatal encargado de dar los derechos de agua– han querido hacer valoraciones sobre esta resolución, que por su parte considera “un escándalo que nadie entiende” Ecologistas en Acción, al que no ha llegado de manera oficial comunicación alguna pese a estar personado en el expediente administrativo.

Aljóbar tiene licencia para una balsa de almacenamiento de agua y para dos puntos de captación (uno de uso doméstico y otro para riego), aunque la Guardia Civil descubrió otros nueve sin licencia tras una denuncia de antiguos trabajadores de la finca. La CHG da ahora permiso para legalizar ocho de estas extracciones después de que durante la tramitación del expediente no pusieran reparos dos consejerías de la Junta de Andalucía, la de Agricultura y la de Medio Ambiente, que sólo apuntaron que uno de los pozos se asienta en una Zona de Especial Conservación (ZEC), concretamente un enclave de la Red Natura 2000, pero con la conclusión de que no tiene una especial afección.

Las claves para dar luz verde

La menor de las captaciones autorizada tiene una profundidad de 27 metros y un diámetro de metro y medio, aunque la mayoría ahondan hasta los 32 metros y la circunferencia de la más grande es de 4,5 metros. En todos los casos, la potencia máxima de las bombas no puede exceder de los 17 caballos de vapor (CV). El objetivo es regar 161,41 hectáreas en total, 94,11 de naranjos y 67,30 de olivar.

Esta reordenación del régimen de regadío es una opción que recoge la Ley de Aguas y a la que todo propietario tiene derecho. Junto a ello, la Confederación ha dado su visto bueno en base a los argumentos que ya esgrimió en su primer informe en 2023: por un lado, no se va a consumir más agua de la que tiene autorizada ahora la propiedad, y por otro repartir los puntos de extracción entre diez pozos mejorará la hidrodinámica del acuífero. Esto es así porque evitar la formación de un cono de depresión si se horada a más profundidad para extraer desde un único punto.

Aljóbar tiene licencia para extraer 605.150 metros cúbicos anuales, un volumen que se queda igual pese al incremento de unas captaciones que se hacen del acuífero Aljarafe Sur, que pese a su cercanía no es el principal que alimenta a Doñana. No obstante, en su investigación la Guardia Civil considera que estas masas de agua están interconectadas y que el exceso de bombeo que se habría producido habría dañado al parque nacional.

“Una noticia que no sorprende”

Con todos estos factores de por medio, Ecologistas en Acción, que está personada tanto en este expediente administrativo como en la causa penal, ha lamentado la resolución que regulariza los pozos. “Si bien es una noticia que no sorprende”, ya que los informes hasta ahora habían sido favorables, “no deja de ser llamativo que la Administración que debe velar por el interés general en la gestión del agua en la demarcación del Guadalquivir sea la que más ha contribuido a que los supuestos delitos queden en nada”, denuncia Antonio Amarillo, coordinador del Área de Agua de la organización.

Amarillo critica también que a la CHG “tampoco le ha importado que no hayan acabado las diligencias de investigación que se están llevando a cabo en el juzgado de Sanlúcar la Mayor” por un delito contra el medio ambiente. “Es un escándalo que nadie entiende”, lamenta, y es que a su juicio el que sea “algo lógico” lo que pide Eurotécnica (repartir las extracciones de más puntos dentro de la finca para no crear un cono de depresión, no usar más agua de la concedida y ajustar los cultivos al agua disponible), “no le exime de los hechos que denuncia y atestigua el Seprona”, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil.

En cuanto a la instrucción judicial, en su último auto el magistrado denegó una nueva prórroga de seis meses como pedía la Fiscalía al considerar que “la investigación de los hechos se encuentra prácticamente agotada”. Las últimas diligencias han sido la declaración de las agentes del Seprona que hicieron el informe de daños y de un perito de la defensa que ha firmado un contrainforme para intentar desmontar la investigación de la Guardia Civil.

Durante esta fase de instrucción, por cierto, no han sido llamados a declarar ante el juez ni los antiguos trabajadores que denunciaron los pozos ilegales ni los Martínez de Irujo, hermanos del duque de Alba, que integran el consejo de administración de Eurotécnica Agraria, pese a que la Fiscalía pidió su imputación. El único investigado hasta la fecha es un sobrino, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, duque de Aliaga y primer nieto de Cayetana de Alba, al que la defensa presenta como el máximo responsable de Aljóbar.

José Ignacio García lo ha conseguido con su subidón electoral y sus ocho escaños en el Parlamento andaluz: el personal va a dejar de tener líos con qué es Adelante Andalucía, hasta ahora siempre etiquetado como “el partido de Teresa Rodríguez”. Superando por la izquierda a Por Andalucía (que ha salvado los muebles con sus cinco diputados), la formación de base anticapitalista fue refundada en 2021 para trascender la coalición de partidos que se presentó con el mismo nombre en 2018 –y que acabó como el rosario de la aurora–, convirtiéndose ahora en una de las triunfadoras de este 17M.

García, El Gafa, aterrizó en la Cámara andaluza a principios de 2023 tras el adiós de Rodríguez para volver a su plaza de profesora y ha sabido consolidar un proyecto de un andalucismo de izquierdas, soberanista (uno de sus mantras es que no dependen de una dirección en Madrid) y con desparpajo. Ha logrado contraponer la reivindicación de la alegría frente a la sonrisa de Juan Manuel Moreno, reivindicando un progresismo y un orgullo andaluz que ya estaban en la protohistoria de la formación, cuando Teresa Rodríguez se desgajó de Podemos.

La gaditana, una de las caras más reconocibles del partido liderado por Pablo Iglesias, pasó de europarlamentaria a encabezar la primera candidatura de Podemos al Parlamento andaluz en 2015, donde irrumpió con 15 parlamentarios que supieron a poco en una formación que llegó a fantasear con superar incluso al PSOE. Con sus 592.371 votos, superó de largo los 274.518 y cinco actas de la IU de Antonio Maíllo, que sufrió entonces el primero de sus dos sorpasos en la izquierda.

Peleas y refundación

En las siguientes autonómicas, las de 2018 (en las que Moreno alcanzó la presidencia tras pactar con Ciudadanos y Vox), Podemos e IU eran las cabezas visibles de una coalición de partidos de izquierda que se bautizó como Adelante Andalucía, con Rodríguez –de la rama de Anticapitalistas– como cabeza de cartel. Pero todo estalló en varios frentes: abandonó Podemos (“no hay un adiós, es un hasta luego”) en su exigencia de mayor poder de decisión autonómico y Adelante se fragmentó, hasta el punto de que IU y Podemos forzaron la expulsión de Adelante de la corriente liderada por Rodríguez, que pasó al grupo mixto.

De hecho, se orilló el nombre de la coalición y se apostó por el de Unidas Podemos por Andalucía, quedándose la exdirigente morada la marca, que en junio de 2021 relanzó con una refundación en toda regla para caminar ya en solitario. “Por fin no hay que pedir permiso a nadie”, clamó Rodríguez, insistiendo en que nacía una formación “sin tutelas de nadie” para trabajar por “un horizonte de soberanía” en Andalucía en favor de las mayorías sociales, ante quienes “hablan de izquierda pero luego hacen políticas de derechas”.

En 2022, los comicios de la mayoría absoluta de Moreno, la nueva Adelante Andalucía hacía su debut y cosechaba dos escaños, uno para Rodríguez por Cádiz y otro para Maribel Mora por Sevilla. Ninguna de las dos acabó la legislatura, para abrir la puerta a Begoña Iza y un José Ignacio García –ya con un nombre por sus choques con Moreno– designado como candidato. La formación se ha hecho notar estos cuatro años con sus propias siglas pese a que, al no alcanzar el mínimo de cinco diputados, no podía tener grupo propio y debía estar adscrito al mixto, pero el PP pasó la mano con el convencimiento de que le ayudaba a fragmentar la izquierda.

“Ninguna directriz de Madrid”

Lo de caminar en solitario lo tuvo claro Adelante desde el minuto uno, pese a las dudas que generó el movimiento para su supervivencia política, sobre todo tras el adiós de Teresa Rodríguez. “Somos un partido andalucista que no recibe ninguna directriz de Madrid: a mí el andalucismo lo que me da sobre todo es libertad”, insistía García en una entrevista con este periódico, que durante toda la campaña ha tenido que defender una y otra vez su decisión de ir en solitario y no integrarse en Por Andalucía.

Y así van a seguir, insisten, conscientes de que esa ha sido una de sus fortalezas. Ni por acción ni por omisión, repiten, ayudarán a que Moreno siga como presidente de Andalucía, e insisten en que “subimos por ser independientes de la izquierda que está en el Gobierno”. Por ello, ya anuncian que a las generales irán por supuesto en solitario, para intentar poner una pica andalucista en el Congreso de los Diputados.

El PSOE toca fondo en Andalucía. La candidatura de María Jesús Montero obtiene el peor resultado de la historia en unas autonómicas andaluzas. Con más del 99% del voto escrutado, los socialistas consiguen 28 parlamentarios, dos menos de los que obtuvo Juan Espadas hace cuatro años, cuando ya marcó el suelo de un partido que fue hegemónico durante cuatro décadas y que llegó obtener cotas de poder de hasta 66 escaños. Montero, que sí ha superado en número de papeletas los resultados de Espadas, cosecha sin embargo dos puntos y dos parlamentarios menos como efecto del aumento de la participación. De esta forma, ahonda aún más en ese suelo histórico del PSOE-A, que nunca en los 46 años de autonomía había sufrido una derrota tan dura.

La sensación de naufragio es total: derrota en todas las provincias –incluidos bastiones de antaño como Sevilla o Jaén–, una distancia sideral en votos (casi 790.000) y escaños (25) con Juanma Moreno y la evidencia de que el bloque de derechas continúa inexpugnable en Andalucía a pesar de la mejoría a la izquierda del PSOE gracias a la candidatura andalucista de Adelante. Al final, la cosecha de Montero ha sido peor que la de Susana Díaz en 2018 y que la de Juan Espadas en 2022.

Y a pesar de la debacle, en Ferraz y en Moncloa trasladan una sensación de cierto alivio. Primero, porque los últimos sondeos internos dibujaban un escenario aún más catastrófico para los socialistas, con vaticinios de caída hasta los 24 o 25 parlamentarios. Y sobre todo porque Juanma Moreno y el PP han visto frustrada su expectativa de revalidar la mayoría absoluta.

Vox desgastará ahora al PP

Que los de Feijóo se vean abocados ahora a una nueva negociación de investidura con la extrema derecha de Vox ya supone, a ojos del PSOE, algo mínimamente parecido a una victoria, aunque más estratégica que política. Los socialistas ponen el foco en que, a partir de mañana, el máximo exponente de la llamada “vía moderada” del PP, Juanma Moreno, tendrá que arremangarse para dialogar con la ultraderecha de políticas xenófobas como la prioridad nacional sanitaria. Y que eso, indefectiblemente, implicará un desgaste claro tanto para el propio presidente de la Junta de Andalucía como para el líder del PP.

Descartada de plano ningún tipo de consecuencia política de los resultados de este domingo en la legislatura de Pedro Sánchez, el gran incendio del PSOE se circunscribirá, fundamentalmente, al revuelo orgánico que ya se espera en Andalucía. La digestión de esta catástrofe política para una formación que durante 37 años solo ha conocido la victoria y el poder se prevé larga y, nuevamente, azarosa. Y ni siquiera nadie en las primeras horas era capaz de asegurar entre las filas socialistas qué pasará de ahora en adelante con el liderazgo de María Jesús Montero.

Desde el PSOE andaluz se hace un análisis muy similar al que llega desde Ferraz: el “primer objetivo”, que era quitarle la mayoría absoluta a Moreno, se ha conseguido, pero no así el segundo, que evidentemente era mejorar los resultados de 2022. Es la cuarta vez desde la restauración de la democracia que se queda por debajo del millón de sufragios (no llega a los 950.000) desde la restauración de la democracia, tras las autonómicas de 2022 y las europeas de 2014 y 2024.

Montero “toma nota” de unos resultados que “no son buenos”

A ello se une que se consideran puestas las bases para una verdadera unidad del partido, rota desde los tiempos de los enfrentamientos entre Pedro Sánchez y Susana Díaz. Y se da por hecho que el Gobierno andaluz será ahora más inestable, y que si consigue asentarse será haciendo concesiones que erosionarán el perfil moderado de Moreno, lo que se considera una oportunidad para plantar batalla en el Parlamento y aglutinar más al electorado de izquierdas.

Pero mientras se hacen todas estas cábalas, la contundencia de lo ocurrido este 17M es inevitable, y así lo ha confesado la propia Montero, que ha garantizado que “toma nota” de que “no son buenos” porque “el PSOE siempre sale a ganar porque representa la mayoría social y quiero tener su confianza”. “Analizaremos con detalle los resultados, somos un partido que aprende, que está permanentemente en el ámbito de la mejora”. La candidata socialista ha apuntado también que ha llamado a Moreno pera felicitarlo personalmente por su victoria.

“Los ciudadanos nos colocan en la oposición, y desde ahí vamos a ejercer con toda nuestra iniciativa y capacidad para mantener el mayor patrimonio público de Andalucía”, que son sus servicios públicos. “El PSOE hace oposición con rigor”, ha apostillado, pero ha garantizado “nuestro compromiso firme de seguir luchando por Andalucía” en cuestiones clave como sanidad, educación, dependencia o vivienda. “A seguir aprendiendo y a trasladar a los ciudadanos que somos la única alternativa real a la derecha”, ha apostillado

Montero inicia así una nueva etapa tras un periplo como candidata en el que tuvo una alfombra roja orgánica. Consciente de su falta de apoyos internos, Espadas renunció en enero de 2025 cuando no llevaba ni tres años como secretario general de los socialistas andaluces, que pusieron todas las velas en el altar de Montero. El que fuese alcalde de Sevilla se fue consciente de que no había conseguido sus objetivos de movilizar al electorado –que en 2023 sí despertó para darle 580.000 votos más a Pedro Sánchez para mantenerlo en La Moncloa– y unir al partido, pero creía que sí se había logrado “recuperar la calle”. Lo ocurrido este 17M evidencia que eso también queda todavía lejos.

El PSOE-A intentará ahora su enésimo reseteo de los últimos años. El problema está sobreanalizado y se conocen los puntos débiles, pero el partido es hoy como un enfermo al que el médico le ha diagnosticado la enfermedad, pero que no acierta con el tratamiento. Ni el evidente malestar con los servicios públicos (especialmente sanidad, educación y dependencia) ha servido para galvanizar y movilizar un voto de castigo contra Moreno, cuyo desgaste ha supuesto la pérdida de la mayoría absoluta y el descenso de cinco escaños que, sin embargo, no han puesto ni siquiera en riesgo su amplísima victoria.

“Una esperanza de izquierda”, “alegría”, “acabar con la resignación”, “optimismo”... El vocabulario de campaña del candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha estado marcado por un optimismo que contrasta con lo que dicen machaconamente las encuestas, que coinciden en que este 17M lo único que está por decidir no es ya la victoria del PP de Juan Manuel Moreno, sino si lo hace por mayoría absoluta o no. Y el desafío a estos augurios es lo que ha vuelto a combatir en el cierre de campaña, repitiendo que “el futuro no está escrito”, que esta tierra es especialista en “cambiar el guión” y que se aprecia una “reactivación” en la izquierda.

El escenario elegido para este último empujón tras dos semanas sin pausa ha sido en un barrio obrero, el sevillano de El Tiro de Línea, y en una plaza con un nombre cargado de simbolismo: Alcalde Horacio Hermoso, el último regidor republicano de la capital, fusilado por los franquistas en 1936 dos meses después del golpe de Estado. “Un orgullo de decencia democrática al que el fascismo le segó la vida, es importante el poder simbólico de esta plaza”, ha apuntado Maíllo, un enclave rodeado de barrios que son “un ejemplo de resistencia” ante los apagones de luz continuados, “que no es casualidad que pase aquí”.

Con un preludio de chiquillos tirándose por el tobogán y jugando con las banderas de Por Andalucía que esperaban en las sillas dispuestas para el público, desde este enclave minimalista y ante un millar de personas se ha insistido en que hay partido, que la única batalla que se pierde de antemano es la que uno renuncia a pelear. Y que éste no es el caso. “Esas banderas arriba, que haya alegría”, ha apelado el candidato, que ha pedido “convertir los votos de resignación en votos de esperanza” para así expulsar del gobierno a un PP “antisocial”.

“Qué larga se ha hecho la mayoría absoluta del PP”

Porque, se ha insistido una y otra vez, está en juego el propio modelo de sociedad actual, de ahí que Por Andalucía se presente como una alternativa centrada en la defensa de unos servicios públicos que son básicos para los que menos tienen. Y sostener esta clave de bóveda es una tarea que tiene entre ceja y ceja la izquierda, porque la derecha se ha dedicado a desmantelar este escudo protector por mucho que Moreno presente a su PP como “el partido de las clases medias y trabajadoras”. “No vamos a caer en las trampas de la colaboración público-privada, defendemos lo público, el orgullo de lo común”, ha garantizado el también líder federal de IU.

Tras sonar una ecléctica playlist que viajó de Raimundo Amador a Bud Bunny, el acto ha dado inicio tras la estela de la Verde, blanca y verde de Carlos Cano (“amo mi tierra / lucho por ella / mi esperanza es su bandera”). “Qué larga se ha hecho la mayoría absoluta del PP y qué poquito queda para quitársela”, ha abierto fuego la hasta ahora portavoz parlamentaria, Inma Nieto, porque a gente “necesita un gobierno de izquierda” para “defender” a la ciudadanía de Moreno “y sus amiguetes”. “¡Qué pesado!”, ha dicho sobre ese personaje amable que se ha construido de Moreno “con el dinero de los andaluces”, el que escribe libros, sale de rey mago y “ahora hasta canta”.

Otro de los que ha intervenido ha sido el coordinador regional de IU y diputado en el Congreso, Toni Valero, que ha denunciado “el maltrato a la clase trabajadora y el sadismo social” del Gobierno andaluz. Por eso ha apelado a la historia de Goliat y un David que no sólo tuvo puntería sino que dio el paso adelante de atreverse, y eso es lo que hay que hacer ahora para acumular votos “para que la gente normal entre a gobernar”. Esto hará posible “acabar con el expolio”, y de paso ha sacado pecho con la alianza de siete partidos que integran Por Andalucía, con recadito incluido a Adelante: “No es cómodo, pero no nos hemos quedado en nuestro espacio de confort como otros. El pueblo andaluz ha pedido unidad y aquí tiene unidad, y queremos gobernar”.

Otro de los preludios ha corrido a cargo de la número 2 por Sevilla, Alejandra Durán (Podemos), que ha recordado que “hoy hace 15 años del 15M, el día que el pueblo dijo basta”, además de condenar que los fondos de inversión estén devorando el campo andaluz o que hasta se les haya puesto una “alfombra roja” para contaminar el Guadalquivir. “No hay una sola casa andaluza en la que las políticas dolorosas de Moreno Bonilla no hayan entrado”, ha concluido, antes de dar paso “con orgullo” a un Antonio Maíllo que “conoce los dolores de Andalucía”.

Votar según “lo que nuestros ojos ven”

Maíllo cree en el milagro, como milagro ha sido que la propia Por Andalucía articule la mayor alianza de la izquierda desde el año 2023, con siete partidos que tienen como mascarón de proa a IU, Podemos y Sumar. Aquello se consiguió muy a “última hora pero se logró, y por eso la coalición se presenta como el verdadero voto útil para frenar a la derecha, porque además salta a la arena con una clara vocación de gobernar que no tienen otros, en una indisimulada indirecta a Adelante Andalucía, a la que las encuestas dan mejores perspectivas en la pugna por la misma franja del electorado.

El candidato ha pedido “reflexionar sobre la utilidad del voto”, porque dárselo al PP “es para que siga la privatización de la sanidad, que no sepamos las listas de espera de pruebas diagnósticas o qué ha pasado con los cribados de cáncer de mama”. Tras reiterar el “escándalo” de que los andaluces vayan a votar el domingo sin saber esto, ha anunciado que si manda en la Junta “vamos a indemnizar” a las mujeres afectadas, “hay que reventar esta hipocresía que nos cuesta la vida”. 

Para que se repita ese milagro de que David tumbe a Goliat lo primario es movilizar a un electorado de izquierdas que en las últimas citas con las urnas en Andalucía se ha quedado en casa, lo que se ha traducido en una creciente derechización del electorado. Así, se insiste en voz baja, es muy complicado que se dé la carambola que hizo a Moreno presidente gracias a la suma de PP, Ciudadanos y Vox.

Para torcer ese destino que parece escrito, Por Andalucía pregona que mejorará sus resultados de 2022, cuando los 284.000 votos cosechados le dieron los cinco diputados justos para formar grupo propio, que se resquebrajó a las primeras de cambio por los roces entre el bloque de IU y el de Podemos. Lejos, muy lejos, quedan aquellos 20 escaños que llegó a cosechar en 1994 gracias a casi 690.000 apoyos, que luego fueron menguando para vivir su canto de cisne en 2012 con 12 parlamentarios.

Pero eso es pasado, el hoy ha sido un Maíllo que, tras reprocharle a Moreno que “no hacer nada es también hacer política”, ha interpelado a los asistentes para hacerles ver que se está “ante el dilema de creernos lo que nos cuentan o lo que nuestros ojos ven”: o un Moreno que dice que ha invertido más que nunca en la sanidad o la evidencia de “centros de salud que se les caen los techos o las listas de espera”. Ese voto servirá para “reventar la hipocresía” del PP, que “nos está costando la vida”. Y tras recordar “a la gente que sufre”, sobre todo por las guerras, ha terminado con un mensaje claro y sencillo: “El domingo, a echar del gobierno al PP”. Todo ello, antes de que bajaran el telón con el himno de Andalucía (en la versión de “los pueblos”, no la de España)... y el compás de Camarón.

La victoria del PP en las elecciones andaluzas de 2022 fue brutal, apabullante, cosechando 58 parlamentarios –la mayoría absoluta está en 55– que supuso el quinto mejor registro en la historia de los 12 comicios celebrados hasta la fecha, tras los obtenidos por el PSOE en 1982 (66), 1990 (62), 2004 (61) y 1986 (60). Superó, de hecho, los 56 escaños de la quinta y última mayoría absoluta socialista, la de 2008. Pero pese a la contundencia de las cifras, todavía hay municipios en los que los populares nunca han logrado imponerse en unas autonómicas en estos 40 años de historia. Y no son pocos, concretamente 202.

Esta cifra supone el 25,73% de las 785 localidades repartidas por la geografía andaluza, lo que implica a su vez que en 583 sí ha sido la lista más votada al menos en unas elecciones. Y aunque la cifra de 202 municipios es más que respetable, otra cosa es su peso demográfico, ya que de manera conjunta (y con datos referidos a 2025) supera ligeramente el medio millón de habitantes (514.364), apenas un 5,9% de los más de 8,6 millones que integran la población andaluza.

De hecho, sólo cinco de estos municipios superan los 10.000 habitantes, cuatro de ellos en Sevilla, donde el más grande es La Rinconada (40.724 residentes), que es la localidad de la que es alcalde el secretario general del PSOE y presidente de la Diputación provincial, Javier Fernández. Los otros sevillanos son Arahal (19.546), Guillena (14.260) y Brenes (12.975), completando el quinteto el municipio jiennense de Jódar (11.285).

Granada gana en número de localidades

Por provincias, la que más municipios (47) aglutina que nunca se han teñido de azul es Granada, lo que es lógico teniendo en cuenta que concentra 174 localidades, la que más de toda Andalucía. Le siguen Sevilla con 36 (de 106 municipios), Jaén (33 de 97), Huelva (32 de 80), Málaga (20 de 103), Almería (17 de 103), Córdoba (12 de 77) y Cádiz, en la que sólo en cinco nunca ha ganado el PP, aunque la provincia concentra únicamente 45 localidades.

La mayoría de estas poblaciones son de pequeño tamaño, como evidencia que 73 tienen menos de 1.000 habitantes, con Castro de Filabres (Almería) como la más pequeña: sólo 101 residentes. Por encima de los 1.000 hay otros 108 municipios que no alcanzan los 5.000 habitantes, barrera que sólo superan 21 localidades. Es decir, que hablamos sobre todo de entornos rurales que tienen su enclave más compacto en la Sierra de Aracena en Huelva y en la Sierra Sur de Sevilla, además de los municipios malagueños más cercanos a esta última.

Los datos arrojan otra singularidad: no hay un solo municipio en Andalucía en el que el PP haya ganado siempre, ni siquiera con la marca Alianza Popular, que fue con la que se presentó en las dos primeras elecciones. Provincias como Almería y Málaga, hoy día muy identificadas con el PP, votaron abrumadoramente al PSOE de manera inicial, y no empezaron a aparecer poco a poco motas azules en el mapa hasta la década de los 90, y aun así hubo luego un retorno al voto socialista.

El PSOE ha ganado siempre en 155 municipios

En cambio, los socialistas sí pueden presumir de que, hasta la fecha, han ganado en todos los comicios autonómicos en 155 poblaciones: 12 en Almería, una en Cádiz, seis en Córdoba, 33 en Granada, 29 en Huelva, 30 en Jaén, 17 en Málaga y 27 en Sevilla. Por cierto, el peculiar caso gaditano es Algodonales.

En la mayoría de los 47 restantes hasta completar los 202 que nunca han apoyado al PP, casi siempre se han impuesto formaciones de izquierda con sus diferentes denominaciones (IU, Podemos, Por Andalucía...), pero también hay victorias de UCD en las elecciones de 1982. Y hay dos sonados casos de victorias de la ultraderecha, ambos en Almería, Fuerza Nueva en Castro de Filabres en 1982 y Vox en El Ejido en 2018.

Por haber hay hasta dos municipios que en pleno efecto Moreno, en 2022, confiaron en Ciudadanos, concretamente Aldeaquemada y Porcuna, ambos en Jaén. Pero hace cuatro años lo del PP fue una auténtica explosión, ya que venció en 569 localidades, casi el 73% del total, mientras que el PSOE obtuvo la victoria en 203 y Por Andalucía se impuso en 11 (cinco de ellas en la Sierra Sur sevillana).

El PP ganó por primera vez en 320 localidades en 2022

Pero si hay un dato demoledor para el PSOE, es que hace cuatro años el PP se estrenó con un triunfo en unas elecciones andaluzas en nada menos que 320 localidades que históricamente se le habían resistido. De ellas, siete en Almería, 27 en Cádiz, 52 en Córdoba, 55 en Granada, 36 en Huelva, 51 en Jaén, 37 en Málaga y 55 en Sevilla, incluido su gran buque insignia, Dos Hermanas.

Todo ello se tradujo en que el PP controló inicialmente todas las capitales andaluzas (luego perdió Jaén tras una moción de censura) y sólo dejó en manos socialistas dos de las ocho diputaciones provinciales, Jaén y Sevilla. Un caso anecdótico pero paradigmático del dibujo actual es que hubo cinco municipios en los que, porcentualmente hablando, se produjo un empate técnico, por lo que la victoria se resolvió por un pírrico puñado de votos. En todos los casos, ganó el PP: Bédar (Almería), La Nava (Huelva) y Beas de Segura, Montizón y Torres de Albánchez en la provincia de Jaén.

Para Juan Manuel Moreno, el presidente andaluz y candidato a la reelección por el PP, la cosa tiene que ser algo parecido a lo de Pedro Sánchez, cuando soltó aquello de que “no dormiría tranquilo por las noches” con ministros de Podemos y pocos meses después tenía a Pablo Iglesias de vicepresidente. Ahora, Moreno alerta de que hasta se podrían bloquear las oposiciones si quedase en manos de Vox, que no desea en absoluto verse abocado a un pacto que en última instancia no descarta porque, insiste, eso lo decidirán los andaluces el 17M.

Pero la realidad es que ya se vio en este trance y lo asumió gustoso en 2019: fue el primer dirigente en España en aliarse con la ultraderecha para así llegar a San Telmo. Pero como ha llovido mucho desde entonces, en estos últimos años es el Ayuntamiento de Sevilla el que se ha convertido en el auténtico laboratorio para ensayar cómo sería la convivencia entre ambas formaciones llegado el caso.

La cuestión tiene sus matices, empezando porque Vox puede bloquear el nombramiento de Moreno y eso no es posible con un alcalde, en este caso José Luis Sanz (PP), porque en un consistorio gobierna el aspirante que recibe más votos en el pleno de investidura por mucho que no tenga mayoría absoluta. Los de Santiago Abascal además aprendieron de su experiencia de 2019 –no dejan de denunciar que fueron engañados por el PP andaluz– y ahora tienen entre ceja y ceja entrar en los gobiernos, como ya han conseguido en Extremadura, Aragón y acabará pasando en Castilla y León.

Y así precisamente empezaron las cosas para Sanz, con un Vox enfurruñado porque no le hizo hueco con mando en plaza, lo que le llevó a augurar que estábamos ante un “gobierno inestable”. Aquello fue en junio de 2023 y dicho y hecho, porque durante casi año y medio la formación de ultraderecha votó en contra de todo lo que llevó el PP al pleno, dándose la pintoresca circunstancia de que la izquierda (PSOE y, en menor medida, Podemos e IU) le fue sacando las castañas del fuego a los populares.

Del amago de pacto a la cuestión de confianza

La cosa llegó a tal punto que el alcalde renunció incluso a presentar el presupuesto, hasta que en mayo de 2024 se precipitaron los acontecimientos. Primero hubo un amago de pacto para meter a Vox en el gobierno local que el propio Moreno abortó en el último minuto, y a renglón seguido el regidor pareció descubrir el as que le guarda la Ley de Régimen Electoral General (Loreg): una cuestión de confianza vinculada a la aprobación de las cuentas.

Como era imposible que izquierda y ultraderecha se pusieran de acuerdo para presentarle una moción de censura, Sanz perdió el trance pero ganó un presupuesto, y a la vuelta del verano se encontró a Vox más suave que un guante cuando precisamente en el ámbito nacional las cosas estaban especialmente tensas con el PP. Una vez desarmada la opción de bloquear el presupuesto, que era la mayor herramienta de presión que tenían, de repente los de Abascal se pusieron a aprobarle propuestas a los populares, empezando por la limitación de pisos turísticos.

Aquella amistad acabó en noviazgo en enero de 2025, cuando rubricaron su nueva etapa de entendimiento con un pacto –bendecido por el propio Juan Manuel Moreno– para aprobar el presupuesto, lo que incluía meter de lleno por primera vez las políticas de la extrema derecha en el Ayuntamiento hispalense. Y eso que Sanz decía que no quería abrir debates ideológicos... Eso sí, cada uno en su casa, porque Vox se quedó en la oposición y ahí sigue, aunque aprobando casi todo lo que haya que aprobar e incluso defendiendo al gobierno local, al que a veces en la práctica parece pertenecer.

Igualdad, inmigración, oficina antiaborto...

¿Y en qué se ha traducido esta alianza presupuestaria, que se renovó para las cuentas de 2026? Pues en que el PP le ha comprado medidas que no son económicamente muy costosas, pero que suponen victorias para Vox porque ha logrado introducir algunas de sus obsesiones programáticas. Ya lo avanzó su portavoz, Cristina Peláez, en aquel pleno de investidura en 2023: “erradicar las políticas de izquierda”, combatir “la falsa memoria histórica que desentierra muertos por unos votos”, acabar con la “propaganda de género”, liquidar el “fanatismo climático” y una lucha decidida “en defensa de la vida”.

Todo esto se ha traducido en recortes en igualdad mientras se subvenciona a una asociación en contra del aborto, eliminación de líneas de cooperación y atención a la población inmigrante local, fondos para potenciar las fiestas de la Inmaculada y San Fernando (patrón de la ciudad y auténtico superhéroe de la extrema derecha local) y hasta una cláusula anti Palestina para que no llegue a este territorio ninguna ayuda municipal. Pero las dos grandes joyas de la corona, que gestionan directamente responsables puestos por Vox, son la Oficina Antidesahucios y, sobre todo, la Oficina de Maternidad, un centro antiabortista en toda regla que es el mayor orgullo de los de Santiago Abascal.

En la reedición del pacto presupuestario para 2026, han caído las ayudas para consumidores (con epicentro en Facua) y la eliminación de la zona de bajas emisiones en la Cartuja. Pero la medida estrella, en sintonía con lo que ocurre en el ámbito nacional, está en la inmigración, en este caso en un mayor control del padrón, que se ha vendido con el eufemismo de que lo que se pretende es evitar que los migrantes sean estafados.

Como guinda, la prohibición del burka en espacios municipales exigida por Vox, pese a que el gobierno local admite que a día de hoy no puede aplicar legalmente esta medida. Y luego, sin necesidad de firmarlo con la ultraderecha, el PP le ha dado satisfacciones como la liquidación de todo lo relacionado con memoria histórica, hasta el punto de renunciar a la ayuda estatal para exhumar Monumento, la mayor fosa del franquismo en la ciudad.

Más logros municipales que autonómicos

En definitiva, que Vox ha logrado filtrar toda su retórica y buena parte de su agenda en la gestión política de la capital de Andalucía, y eso que no ha llegado a entrar en el gobierno. El PP, por su parte, minimiza el impacto, se limita a decir que no hay recortes en cuestiones como igualdad o le vale con correr un telón de ambigüedad: la oficina antiaborto lo que impulsa es la maternidad, y nadie puede estar en contra de ayudar sobre todo a madres con pocos recursos. Sanz lo dejó claro al aprobar el presupuesto de 2025: “Aquí no veo ningún partido de ultraderecha”.

En la práctica, Vox ha conseguido así más que en el ámbito andaluz pese al acuerdo que rubricó con el PP en 2019, en el que introdujo buena parte de su palabrería (inmigración “respetuosa con nuestra cultura occidental”, “prevenir la amenaza del fundamentalismo islámico”...) pese a que la comunidad autónoma no tiene competencias. En la negociación posterior para el primer presupuesto de Juan Manuel Moreno como presidente andaluz, ese mismo año, sí logró su ansiado teléfono de “violencia intrafamiliar”, que sigue activo pero con magros resultados: el 66% de las llamadas se atienden en realidad desde otros servicios de asistencia gratuita del Gobierno andaluz.

Moreno insiste en su mensaje de la “mayoría de estabilidad”, que todo lo demás “es un lío”, pero no cierra la puerta a pactar con Vox si las cuentas no le salen. El peaje a pagar será mucho más alto que en 2019, porque Vox quiere sillones y se empezarían a aplicar políticas que arañarían el perfil moderado que con tanto esmero ha construido el presidente andaluz. Eso sí, de la foto de aquel primer pacto con Vox, con cuatro protagonistas, el único superviviente político es él...

Un debate frente a un aluvión de encuestas. El segundo choque entre los candidatos de los cinco partidos con representación en el Parlamento andaluz ha venido precedido por la publicación de hasta seis sondeos que coinciden en tres cuestiones: el PP está rozando de nuevo la mayoría absoluta, el PSOE puede horadar su suelo –que son sus actuales 30 parlamentarios– y tanto Vox como las dos formaciones más a la izquierda (Por Andalucía y Adelante Andalucía) mejoran sus actuales cifras. Con estos datos bajo el brazo, los mismos que se barajan desde la precampaña, los aspirantes han encarado un encuentro en Canal Sur Televisión que siempre se publicita como “el decisivo” por aquello de ser el último.

Esta segunda confrontación a cinco previa al 17M ha estado adobado, además, por un coro de protestas que esperaba a los candidatos a las puertas de la sede de la RTVA, en la que se sumaban Mareas Blancas, representantes de Amama (la asociación que destapó la crisis con los cribados del cáncer de mama) y, sobre todo, trabajadores del propio Canal Sur, que este lunes han protagonizado la primera de las tres jornadas de huelga que ha convocado el Comité Intercentros. Los candidatos de izquierda –Antonio Maíllo, José Ignacio García y María Jesús Montero, por orden de llegada– han cruzado la calle para saludar a estos colectivos, mientras que Manuel Gavira (Vox) y el propio Moreno han pasado de largo cuando no hacía mucho que la televisión pública se fuera a negro durante el programa de Juan y Medio por esta protesta.

Y si Amama y las Mareas Blancas estaban en la puerta, en la cuestión sanitaria es donde las izquierdas se han hecho especialmente fuertes ante un Moreno visiblemente incómodo y que ha dejado muchos interrogantes sin responder con el argumento de que era “interpelado por todos”. “Todos contra mí”, ha lamentado, mientras las izquierdas (PSOE, Por Andalucía y Adelante) han acosado a preguntas a un líder del PP andaluz que se ha escudado en que la Junta “asumió su responsabilidad” con la salida de “toda la cúpula del SAS” e insistiendo en que “ninguna mujer ha fallecido”.

Agrio cara a cara Moreno-Montero

Pese a ello, no ha dado los detalles que se le han reclamado, limitándose a asegurar que “hubo un problema de información con 2.317 mujeres y se pidió perdón”, además de cesar a toda la cúpula del Servicio Andaluz de Salud (SAS). “¿No ha habido muertes? Debe ser que las familias se lo inventan”, ha replicado Montero, a la que se han unido Maíllo y García en su crítica a una gestión sanitaria que “provoca muertes” evitables. El choque Moreno-Montero también se ha reproducido cuando el presidente ha sacado a relucir tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba), lamentando la falta de dimisiones y de explicaciones –lo que ha provocado la indignada reacción del alcalde del municipio–, a lo que le ha replicado que todo se sabrá, como también “qué pasó con el 112” y la actuación de los servicios de emergencia que dependen de la Junta.

Maíllo ha presentado una “enmienda a la totalidad” a su política sanitaria, que ha calificado de “desastre premeditado para convencer a la sociedad andaluza de que la mejor sanidad es la que se paga”. “Es un desastre”, ha apostillado, antes de que Moreno y Montero se enzarzaran en un agrio cara a cara de nuevo con los cribados de cáncer de mama como protagonistas.

El aspirante del PP ha acusado a la candidata socialista de “no decir ni una verdad”, recordando la promesa incumplida del PSOE en 2010 sobre el cribado de cáncer de colon y agarrándose a su propia experiencia personal. “Durante esos nueve años muchas personas fallecieron porque no hubo cribado de cáncer de colon, entre ellas mi padre, que tuvo un diagnóstico tardío y por tanto metastásico”. “A mí me habéis llamado asesino desde las cuentas oficiales del PSOE”, ha denunciado, antes de preguntarse de manera retórica “¿qué podría llamarle a usted?”. “¿Pero sabe la diferencia entre usted y yo? Que yo no soy como usted”, le ha espetado el candidato del PP. “Ni yo como usted”, ha replicado Montero.

Gavira, a hablar de su libro

Durante el debate, el cara a cara más común ha sido entre estos dos protagonistas, fajándose menos Moreno a la hora de replicar a Maíllo y García, que por su parte le ha dejado alguna que otra puya a la candidata socialista sobre todo en cuestión de financiación autonómica. Como en el primer debate, las izquierdas han llegado a hacerle un tres contra uno al presidente, que ha respondido con silencios, sonrisas irónicas o comentarios sueltos diciendo que los reproches que le hacían eran una barbaridad o directamente una mentira.

El que ha vuelto a parecer un verso suelto ha sido Manuel Gavira, al que de hecho en varios momentos le sobraba tiempo que consumía por puro protocolo. Sus ideas fuerza han sido las mismas: la “prioridad nacional” duramente replicada por las izquierdas (aquí Moreno no ha bajado a la arena), la bandera de una política de “sentido común” y centralizar en los migrantes prácticamente todos los problemas de la sociedad española, “colapsando” los servicios públicos y disparando la inseguridad, apuntándoles incluso de estar detrás de las violaciones y las agresiones a ancianos.

Moreno, como también hizo en el primer debate, casi no se ha dirigido al candidato de Vox, al que le reprochó que no suspendiera la campaña el día de luto oficial por la muerte de dos guardias civiles en la persecución de unas narcolanchas. Ante sucesos tan graves, ha vuelto a esgrimir el “sentido común”, que en este caso consistiría en que “ante el narco, el alto o el plomo, o que las narcolanchas se paren o acaben en el fondo del mar”.

El “lío” y el “chantaje”

En política es moneda de uso común decir que unas elecciones no se ganan en los debates, pero que sí se pueden perder. El presidente andaluz y aspirante a la reelección por el PP, Juan Manuel Moreno, evidenció en el celebrado hace una semana en RTVE que no estaba dispuesto a arriesgar lo más mínimo, lo que al final jugó en su contra y le llevó a ofrecer una imagen acartonada que rozó el bloqueo. Este lunes, encima, entraba en el plató con un mensaje cristalino que horas antes había llegado vía Madrid: Vox descarta la abstención si Moreno roza la mayoría absoluta pero no la logra, en ese escenario –ha avisado su portavoz nacional– lo que tocaría es negociar para que la ultraderecha entre en el Gobierno andaluz.

Esto, en el lenguaje de campaña de Moreno es el “lío” a evitar, al que confronta la “estabilidad” que reportaría renovar su mayoría absoluta, la misma táctica que tan bien le salió hace cuatro años al atraer un voto de centro progresista que vio en él una alternativa más viable para parar a la ultraderecha que la propia izquierda. Por encima de todo está el aval de su marca personal, muy por encima de las siglas del partido, presentándose como un tipo fiable, predecible y con sus dosis de progresista y andalucista. Como él mismo dijo hace cuatro años, “es mucho más fácil votar a Juanma Moreno que votar al PP”.

Frente al “lío” o el “desgobierno” de Moreno, como también lo ha definido en su último minuto, las izquierdas (sobre todo José Ignacio García y Antonio Maíllo) han contrapuesto el “chantaje” de asegurar que si el PP no logra mayoría absoluta está en riesgo hasta la convocatoria de oposiciones. “No sé si sabe lo duro que es estudiar unas oposiciones, yo sí. Es durísimo chantajear a los andaluces y andaluzas diciendo «o me votan o no se van a celebrar las oposiciones», ha lamentado García, profesor de Secundaria, que ha insistido en que es falso que no se puedan convocar oposiciones si no se conforma Gobierno de inmediato: ”Se nota que nunca ha hecho unas oposiciones“.

“Fraude” fiscal y “fritos” a impuestos

La otra cuestión en la que han cargado las tintas las formaciones de izquierdas ha sido en la política fiscal del Gobierno de Moreno, contra el que Maíllo (Por Andalucía) ha cargado llegándole a acusar de cometer “fraude fiscal en términos políticos” porque “cuando le dice a la gente que le baja impuestos, se los baja a los superricos”. Por su parte, García (Adelante) ha lamentado que en Andalucía alguien que gana 80.000 euros al año puede desgravarse las clases de inglés privadas de su hijo, “pero si ganas 25.000 euros al año no puedes desgravarte el alquiler de tu vivienda”.

En paralelo, María Jesús Montero ha sacado a escena la “asfixia” de las universidades andaluzas, “mientras autorizan universidades privadas sin criterios de calidad”, “con menos papeles que un conejo de campo”, como ha llegado a afirmar José Ignacio García. Montero ha ido más allá y ha extendido el problema a todas las etapas educativas: “¿Qué le parece que las familias andaluzas tengan que endeudarse para matricular a sus hijos en formación profesional o en el máster obligatorio? No ofertan plazas públicas para la formación. ¿Por qué obliga a las familias andaluzas a endeudarse?”.

Donde más cómodo se ha mostrado Juan Manuel Moreno, y ha dado una imagen más suelta, ha sido con el modelo de financiación autonómica, no sin antes acusar a Montero de “freírnos a impuestos” como ministra de Hacienda durante los últimos años en el Gobierno de España, convirtiendo a Andalucía y al país en general “en un infierno fiscal”. Y ante el argumento de la socialista de que la Junta ha recibido 54.000 millones de euros más que los que transfería el Ejecutivo central bajo la presidencia del PP, Moreno ha respondido con que “ese es nuestro dinero, no lo regala el Gobierno de España”.

“Usted sería una magnífica candidata en Cataluña”, ha esgrimido Moreno por un lado, mientras por el otro Montero volvía una y otra vez a pedir explicaciones por la no aceptación de un modelo con el que Andalucía es la que más gana. Un rechazo que a Andalucía le cuesta 5.700 millones de euros que deja de ingresar si se incluye el fondo de compensación.

Y un último toque más frívolo, centrado en los looks lucidos en el debate, en el que han vuelto a repetir dos candidatos con corbata, aunque esta vez han aparcado el color verde para apostar por el azul (Moreno) y el rojo (Gavira). Las izquierdas han vuelto a prescindir de este complemento, con Maíllo con camisa blanca y García en vaqueros y camiseta, esta vez con una imagen de Federico García Lorca en defensa de “la memoria histórica, la cultura andaluza y Granada”. Montero, por su parte, ha apostado por el rojo frente al vestido verde del primer debate.

Todos los partidos consideran que lo de los carteles electorales no deja de ser una antigualla, que ahora son otras las principales vías para llegar a los votantes, pero lo cierto es que al final todos sacan el suyo. Y de cara a las elecciones del 17M en Andalucía –y para sorpresa de nadie– el color dominante en todos ellos es el verde, en una línea en la que no hay ni grandes innovaciones ni se toman riesgos. De hecho, hasta se aparcan las tonalidades corporativas como pueden ser el 'azul del PP' y el 'rojo del PSOE', aunque es verdad que la marca andaluza de los socialistas siempre ha jugado en el terreno cromático verdoso.

Y si el verde es clave, para conectar mejor con ese orgullo andaluz que muestra siempre la ciudadanía en las encuestas, el complemento lo pone un blanco que tampoco puede faltar. Tan es así, que hasta los logos de PP y PSOE aparecen en este color y no en sus tonos habituales, hasta el extremo de que los socialistas no lucen ningún elemento rojo y en los populares la nota azul la pone la chaqueta del candidato, pero nada más allá.

Lo curioso es que nadie consigue un efecto bandera andaluza tan completo como Vox, la menos autonomista –y todavía menos andalucista– de las formaciones que ahora tienen representación parlamentaria, hasta llegar al punto de oscurecer su verde claro corporativo para potenciar esa sensación. No es el mismo tono que el de la bandera, pero está mucho más cerca que el de su logo, que también se presenta en blanco.

Como no puede ser menos, los candidatos son los protagonistas absolutos de los carteles, aunque aquí Vox sigue el modelo que ya ha repetido en los comicios que han precedido a los andaluces, como los de Extremadura, Aragón y Castilla y León: el aspirante regional de turno comparte espacio con el presidente del partido, Santiago Abascal, que parece así darle sus bendiciones además de despejar la más mínima duda de a quién se vota. La formación de ultraderecha no se olvida de la bandera de España, pero le deja un espacio testimonial cerrando la composición por abajo.

Juanma contra MJM

El que se presenta de una forma más directa es el actual inquilino de San Telmo y candidato del PP, que aboga por un Juanma presidente que obvia el apellido de Moreno, justo lo contrario que el aspirante de Por Andalucía, que se muestra con el apellido (Maíllo) y se olvida del nombre (Antonio). PSOE y Adelante Andalucía sí ponen la filiación completa, María Jesús Montero y José Ignacio García, aunque en el caso de la socialista ha aparcado incluir sus iniciales (MJM, que recuerda al ZP de José Luis Rodríguez Zapatero) como sí está haciendo en otros soportes. En el caso de Vox, Manuel Gavira se muestra sin nombre ni apellido, sólo la imagen, al igual que su jefe Abascal. Con eso basta.

Con los símbolos de los partidos colocados de manera bastante discreta salvo en los casos de Por Andalucía y Adelante Andalucía, tres de los candidatos (Moreno, Montero y García) apuestan por un fondo urbano, aunque difuminado e irreconocible. Gavira y Abascal se enmarcan en el blanco de ese trasunto de bandera andaluza que forma el cartel, mientras que Maíllo tiene como telón de fondo su propio apellido repetido una y otra vez, con letras verdes sobre fondo blanco.

La fuerza, lo público, el sentimiento...

Moreno cuela dos banderas en su cartelería, una colgando de un edificio en el difuminado fondo y otra subrayando su Juanma presidente, que complementa el mensaje principal de Con la fuerza de Andalucía. Montero, por su parte, elige la idea sobre la que pivota su programa (Vota sanidad pública), aunque también se muestra en otros carteles con la base de la que emana este eslogan, que es Defiende lo público.

Por cierto, que Moreno y Montero son también protagonistas involuntarios de un cartel B que está moviendo Vox, en el que se les ve posando juntos en una imagen generada con inteligencia artificial que adoban con un ¡Que no te estafen!, una fórmula también utilizada en las elecciones de otras comunidades autónomas. La formación de ultraderecha no se ha quebrado mucho la cabeza con su mensaje principal, que es el Sentido común que vienen paseando por toda la geografía nacional desde que empezó el ciclo electoral.

Por Andalucía esgrime un La izquierda andaluza que no deja de tener su miga en un contexto de tres formaciones en ese espectro, mientras que Adelante se va por una vena más poética con su Vota lo que sientes. Su candidato, José Ignacio García, es el único con una pose más bucólica y que no mira de frente directamente al espectador, mientras que Montero cruza los brazos en una actitud que tradicionalmente se desaconseja para este tipo de cuestiones.

La socialista, en cambio, apuesta por un vestido verde, que contrasta con las chaquetas oscuras de sus rivales masculinos excepto Antonio Maíllo, que se muestra sólo con una camisa blanca. El aspirante de Adelante sí va enchaquetado y con una camiseta, como es ya marca de la casa, aunque lisa y sin mensaje alguno.

Así que lo dicho, verde y blanco dominan una cartelería para así evocar la bandera y buscar ese orgullo andaluz del que tanto hace gala el personal. La última encuesta de Identidad de Andalucía, publicada por el Centro de Estudios Andaluces (Centra) el pasado febrero a escasas fechas del Día de Andalucía, constataba que el 90,7% de los encuestados se declaraba “muy” o “bastante orgulloso” de ser andaluz, nada menos que 5,6 puntos más que en 2025. De hecho, cuatro de cada diez afirmaban que este sentimiento de orgullo ha aumentado en los últimos años, así que para enlazar con esa amalgama de sentimientos ya se sabe: no hay mejor receta que apelar al blanco y, sobre todo, al verde, mucho verde.

Profesor de Secundaria, José Ignacio García (Jerez de la Frontera, Cádiz, 1987) pidió la excedencia en su instituto para entrar en el Parlamento en febrero de 2023 tras el adiós a la política institucional de Teresa Rodríguez. Ahora afronta el reto de ser el candidato a las elecciones andaluzas de Adelante Andalucía el 17 de mayo, con el valor diferencial de que “somos un partido que tiene la libertad que te da el andalucismo para criticar las cosas que ataquen al pueblo andaluz, vengan de donde vengan”. Y aunque el objetivo prioritario es echar al PP de la Junta, “somos un partido independiente del PSOE que no se contenta con coger dos consejerías: queremos transformar la sociedad”.

¿De qué van estas elecciones para Adelante Andalucía?

Estas elecciones, no sólo para Adelante Andalucía sino para el pueblo andaluz, son imprescindibles. No son el ensayo ni el entrenamiento de unas generales, ese es un error que cometen algunos partidos. Estas elecciones van de si ponemos un freno de emergencia a las políticas que se están cargando la sanidad pública, el derecho a la vivienda o la educación o si dejamos que hagan negocio con absolutamente todo.

Uno de sus objetivos es movilizar a la izquierda, ¿dónde están los 864.000 andaluces a la izquierda del PSOE que en 2015 votaron a Podemos y a Izquierda Unida?

Bueno, a mí me interesa toda esa gente que ha votado a la izquierda en otras elecciones pero no tiene planteado hacerlo ahora. Gente que está desesperanzada, desafectada de la política, pero a la vez siente que la sanidad va mal, quiere que haya una educación pública que la proteja, quiere que el derecho a la vivienda sea fundamental. A lo mejor ni siquiera se sienten interpelados por las claves culturales típicas de la izquierda, pero tienen esas necesidades.

Usted que habla con tanta gente en la calle, ¿no se ha encontrado a alguien que le haya confesado que les votó a ustedes y después votó a Vox? Porque las estadísticas hablan de trasvase de votos.

Seguramente entre la gente que votaba a la izquierda en 2015 los hay que han votado a Vox. A mí me llegan muchos mensajes sobre todo de gente muy joven que me dice que está dudando entre votar a Adelante Andalucía o a Vox, o gente que te dice que votó a Vox en 2023 y va a votar Adelante Andalucía ahora. Y yo creo que es que hay un cabreo legítimo, porque muchas veces en la izquierda nos dedicamos a juzgar a la gente más que a escucharla y entenderla. Hay un cabreo legítimo por el precio de la vivienda, por las condiciones laborales, porque todo está más caro... Y Vox ha dado una explicación, que es canalizar este cabreo a través del odio, y decir que la culpa de que no tengamos cita en el centro de salud es de tu vecino colombiano o que del precio de la vivienda la culpa la tiene tu vecina marroquí. Nosotros queremos que esa gente que está legítimamente cabreada y que se siente mal vea otra forma de canalizar ese cabreo, a través de más derechos y no por odiar y señalar a tu vecino, sino a los fondos de inversión, a los bancos, a Asisa o a esos gobiernos que están dándole dinero a la sanidad privada.

¿Cree que puede arrebatar votos a Vox?

Sí, vamos a arrebatar votos de gente que en otros momentos votó a Vox y que ahora va a votar a Adelante Andalucía.

En este contexto de cabreo con cuestiones críticas como la sanidad o la vivienda, ¿cómo explica que el PP parece que va a ganar de calle?

Pues porque creo que hay un cabreo y una decepción con la izquierda en el Gobierno de España y eso es un problema para todos. Hay mucha gente que de alguna forma se ilusionó con que iba a haber unas reformas que mejoraran la vida de la gente, y en materia de vivienda, por ejemplo, no ha pasado. Eso ha provocado una desafección y una crisis de credibilidad. Y al igual que Vox se nutre de eso, el PP en Andalucía también se nutre de eso y lo utiliza para tapar sus políticas enormemente dañinas en cuestiones que son exclusivamente competencia suya como la sanidad.

Entonces, ¿Pedro Sánchez es, en parte, responsable de la mayoría absoluta de Moreno?

No sé si diría Pedro Sánchez como tal, creo que es la incapacidad de la izquierda para hacer reformas que mejoren la vida de la gente. Eso está generando una crisis de credibilidad en la izquierda y la gente no vota, se queda en su casa, y ahí es donde se nutre la derecha.

Pero a Pedro Sánchez le votó mucha gente en las últimas generales en Andalucía…

Porque hubo una enorme movilización social de gente que quería al menos parar a la derecha. Yo tengo dudas de que simplemente el leitmotiv de parar a la derecha te dure para siempre, eso hay que acompañarlo con que solucionemos problemas. Si al final sólo es parar a la derecha, pero no hay una mejora de la vida de la gente, eso genera muchos problemas, sobre todo porque hay una enorme diferencia entre lo que dice la izquierda y lo que hace después en el Gobierno. En Adelante Andalucía se nos puede acusar de muchas cosas, pero por lo menos vamos con la verdad por delante. Vamos a intentar transformar las cosas, pero después de cuatro o cinco años de ministros comunistas en el Gobierno de España la situación sigue casi igual. Ha habido mejoras, no lo niego, pero la situación sigue casi igual y eso hace que mucha gente diga que pasa de la política.

Después de cuatro o cinco años de ministros comunistas en el Gobierno de España la situación sigue casi igual

Usted ya ha dicho que en el hipotético caso de que el PSOE necesitara su apoyo, se lo darían para desalojar al PP de la Junta, pero no entrarían en ese gobierno...

Exactamente, es una posición que hemos defendido siempre. Si dan los números, y esto lo quiero subrayar mucho para que no haya ninguna confusión, nosotros vamos a colaborar en echar al PP. Ni por acción ni por omisión, el PP va a gobernar Andalucía con el apoyo de Adelante Andalucía. Ahora, si el PSOE es más votado que nosotros, como parece lo más probable, ¿qué es lo que haríamos? Pues una dinámica de negociación: propuesta-presión, propuesta-presión. No entraríamos, porque coger dos consejerías en un gobierno hegemonizado por el PSOE genera más frustración que capacidad de transformar las cosas. Y creo que es más útil la otra estrategia, como tienen otros partidos en el Congreso, y les está saliendo bastante bien.

¿Por qué cree que será menos influyente si se sienta en el Consejo de Gobierno?

Es que eso no depende de lo listo o lista que sea uno en el gobierno, porque la política en realidad es una cuestión de fuerza. La política es una cuestión más estructural porque gobernar es muy difícil, el Estado encorseta mucho a cualquier gobierno que quiera hacer política para la mayoría de la población. Si encima tú entras en minoría en un gobierno con el PSOE, que no es un partido que quiera hacer una política de transformación real de Andalucía, eso genera más frustración que transformación. Es más útil la estrategia que siguen fuerzas como el BNG, Bildu o ERC en el Congreso. En una situación de minoría eso es más útil.

¿No lo hacen por sortear las contradicciones que implica gobernar? Porque gobernar significa también renunciar. La diferencia que Por Andalucía remarca con ustedes es el concepto de “la izquierda útil”.

No tenemos ningún problema en asumir contradicciones. Pero mire qué pasó ayer en el Congreso [que tumbó el decreto de prórroga de los alquileres]. Allí estaban solo los ministros de Sumar, y los ministros del PSOE se lavaron las manos y dejaron tirados con todas las contradicciones y todo el marrón a los de Sumar, que es a quien la gente le va a pedir explicaciones por no arreglar el problema de la vivienda. Cuando uno entra [en un Gobierno] en una situación de minoría, no depende de lo astuto o listo que sea cada uno. Es una cuestión de fuerza. Y el PSOE cuenta actualmente con una fuerza mediática, económica y social más grande. Nosotros no tenemos que darle ni un espacio a las derechas, ni uno, pero a la vez intentar mejorar la vida de la gente. A efectos prácticos, ¿quién ha conseguido más cosas? Yo creo que han conseguido más cosas los partidos que están desde fuera, a la izquierda, presionando al Gobierno, que los partidos que están dentro, asumiendo la contradicción de ayer de verse derrotados en el Congreso.

Es más útil la estrategia que sigue ERC, Bildu y BNG en el Congreso, que entrar en un Gobierno con el PSOE

¿Piensa que ERC ha conseguido más logros para la izquierda que Sumar dentro del Gobierno?

ERC y todos los partidos a la izquierda que están fuera. Y después hay otra diferencia importante con IU y Podemos, y es que somos un partido andalucista que no recibe ninguna directriz de Madrid. A mí el andalucismo lo que me da sobre todo es libertad para decir que, si el sistema de financiación autonómico o la ordinalidad no me gustan porque perjudican a Andalucía, yo voy a estar en contra, lo diga Ayuso, María Jesús Montero u Oriol Junqueras. Es que me da igual, a mí el andalucismo me da libertad para poder reivindicar esas cosas sin ningún pelo en la lengua. 

Dice usted que su formación es andalucista, pero el que se vende como más andalucista ahora es Juan Manuel Moreno.

Bueno, esto es muy evidente, tú no puedes ser andalucista si lo que estás pidiendo es dinero para dárselo a la sanidad privada. O para bajarle los impuestos a los más ricos y dejarnos sin centros de salud abiertos por las tardes, tú no puedes pedir dinero para Andalucía si lo que estás creando son universidades privadas. No, eso no es andalucismo. Eso es lo que han hecho todos los presidentes de la Junta de Andalucía en la historia, que intentan enrollarse la bandera verde y blanca para meterle el dedo en el ojo al de enfrente. En el momento en que haya un presidente del Gobierno del PP, Moreno Bonilla guarda su andalucismo en un cajón y ya no lo volvemos a ver.

Su madre es médica y su padre es inspector educativo, ¿qué le dicen de la situación de la sanidad y la educación?

Bueno, mi padre está jubilado ya, y mi madre ha sido siempre médica de urgencia infantil en Jerez, lleva 35 años. Mi madre era supercrítica con el gobierno del PSOE en su momento, no se podía imaginar que se podía hacer peor... y lo han hecho mucho peor, muchísimo peor. Era difícil hacerlo peor que el PSOE en materia de sanidad y lo están haciendo mucho peor porque están desmantelándola, estamos perdiendo el derecho a la sanidad paulatinamente.

¿Cree que el grado de conflictividad social que hay en Andalucía por la sanidad, la vivienda o la educación es compatible con una derrota o un retroceso de Moreno en las elecciones?

Ojalá hubiera más conflictividad social en materia de defensa de derechos. Ojalá. Nosotros lo intentamos. Posiblemente no ocurre por errores de la izquierda, porque los movimientos sociales van fluctuando. Posiblemente porque la pandemia generó otras prácticas culturales, unas dificultades de relación social, una ruptura de las comunidades que hacen que todos los movimientos y el asociacionismo esté más débil, que ya venía con todo este momento histórico del neoliberalismo que lo encapsula todo y las individualidades son más importantes que lo colectivo. Estamos viendo una crisis de la protesta social, pero aún así yo he visto en los últimos tiempos brotes verdes que generan esperanza, como las movilizaciones de sanidad o de vivienda, que han sido muy fuertes, la aparición de los sindicatos de Inquilinas o la colectivos como Málaga para Vivir...

Pese a todo, el gran debate de estas elecciones es si el PP tendrá mayoría absoluta o no, ¿cómo lo explica?

Muchas veces la movilización social no se traduce rápidamente en un resultado electoral. Ahora hace 15 años del movimiento 15M, que fue en mayo de 2011, y en noviembre de ese año ganó el PP las elecciones. La movilización social no se traduce automáticamente en cambios electorales, pero sí va generando un caldo de cultivo en las preocupaciones de la gente que con el tiempo, si tenemos habilidad, podemos traducirlo en cambios electorales. Y evidentemente el adversario juega, tenemos una máquina de lanzar mensajes que le convienen al PP con toda esa capacidad comunicativa que tiene el señor Moreno Bonilla, que hay que ver la precampaña que ha hecho: ha ido a Semana Santa, a romerías, un par de mítines, un vídeo con perritos y a darle abrazos a muchas personas por la calle. Ni un mensaje político. Eso va calando entre la gente, es la construcción de un personaje, de un tipo sensible, amable, buena gente, que no se mete en política. Tiene una capacidad comunicativa enorme que nosotros tenemos que desmontar, porque ese mismo señor que está dándole abrazos a niños y niñas con necesidades educativas especiales, y lo hace delante de las cámaras, está dejando a miles de niños con necesidades educativas especiales sin sus recursos en los centros educativos.

¿Y cómo se combate la sonrisa de Moreno?

No hay una fórmula mágica, pero desmontando su personaje, demostrando que es un impostor. Moreno Bonilla es capaz de llamar a Morante de la Puebla cuando lo coge el toro, y a las mujeres víctimas de los cribados les decía que no las avisaban para no generarles ansiedad.

Sus rivales políticos le reconocen como buen diputado y orador, pero también le han acusado de populismo. ¿Cree que a veces ha pecado de populista para sacar la cabeza por contar sólo con dos diputados en el Parlamento?

Hombre, no, la respuesta es no. Aunque el término populismo es tan polisémico que seguro que todos acaban encajando en alguna de las definiciones. Nosotros utilizamos todos los mecanismos comunicativos necesarios para abrir puertas atractivas a la gente, para que puedan entrar hacia un modelo de ideas, propuestas y proyectos de sociedad diferente. Si un día traigo un melón al Parlamento y consigo una foto, consigo que la gente escuche el gravísimo problema que tienen los agricultores y ganaderos de Andalucía por las importaciones. Porque viene un melón de Brasil, que es una absurdez, cuando tenemos aquí gente plantando melones en Montalbán. Estoy convencido de que nuestro modelo es mejor para el 99% de la sociedad, para que la gente viva bien en Andalucía. Sin embargo, el 91% de la sociedad no nos escucha y yo quiero abrirles puertas comunicativas para que escuchen este proyecto de sociedad y convencerlos.

La decisión de no sentarse a negociar con la otra izquierda, la coalición Por Andalucía, al menos para rentabilizar sus votos en las provincias de Andalucía oriental, donde son muchísimo menos fuertes separados que juntos, ¿no ha generado ninguna discrepancia interna en su organización?

No. Nosotros tenemos proyectos políticos diferentes. Lo bueno de las encuestas que están saliendo es que estamos subiendo y ellos no bajan. Eso quiere decir que estamos ampliando el espacio, conectando con otra gente que a lo mejor no se siente interpelada por la propuesta de IU y Podemos. Somos complementarios y no pasa absolutamente nada.

Usted reivindica el concepto de alegría en la izquierda, ¿cuál es entonces la izquierda triste?

Nosotros mismos, yo mismo he caído a veces en esa izquierda gris que echa la bronca, que sólo habla de que la gente tiene que vivir así y asá. Muchas veces estamos dictando catecismos más que ofreciendo un proyecto liberador. El de la izquierda tiene que ser un proyecto que a la gente le haga vivir mejor, trabajar menos y ganar más. Y pueda irse a una feria y a la Semana Santa, al Rocío o a una barbacoa con tus colegas, o hacer senderismo o lo que te dé la gana. Yo quiero un proyecto que sea liberador, no un proyecto que te dé normas morales de cómo tienes que vivir. Y creo que yo mismo, en el pasado, he caído en esa dinámica de izquierdas como una cosa gris, aburrida, triste y que echa broncas. Quiero que el proyecto de la diversión y de la alegría sea la izquierda, que no se lo quede Ayuso ni Moreno. Me niego a que la derecha se quede con lo bueno, esa libertad que te da el tener tiempo libre. Es que Ayuso, el PP, ha hecho campaña diciendo que ellos son los que abren los bares, los que se van a tomar algo, los de la diversión y nosotros los aburridos. Yo quiero disputarle ese espacio a la derecha y me parece una derrota cultural brutal que nosotros aparezcamos como la gente aburrida y triste frente a Ayuso y los niñatos flojos de las Nuevas Generaciones.

En eso tiene un punto en común con Moreno, que también dice que critica el politiqueo y defiende hablar de las cosas del comer, ¿no?

Pero serán las cosas de comer de los accionistas de Asisa, esas son las cosas del comer que a él le interesan, porque no hay ni una sola medida para que la cesta de la compra sea más barata. Él está muy empeñado en que la gente viva bien, lo que pasa es que esta gente son los grandes rentistas y los accionistas de Asisa y los directores de hospitales privados que después terminan de viceconsejeros.

No es una política de segunda categoría la que hace vídeos y conecta con los jóvenes. Preguntemos en Vox, cuando una parte de los alumnos de mi instituto está diciendo: ¡viva Franco!

¿Adelante Andalucía ha alcanzado un punto de madurez?

Yo he visto una evolución en cómo nos trata la derecha. Cuando llegué al Parlamento, Moreno me tocaba así el lomo y decía qué simpático este chavalito radical que está por aquí haciendo el tonto. Pero desde hace dos años todas las cuentas trolls del PP me atacan en las redes sociales, Moreno ya me ataca, determinados medios afines nos atacan… Ha cambiado porque hemos planteado una oposición seria y contundente. 

Hasta ahora se les veía con una cierta simpatía, casi como los niños chicos del Parlamento que llegan a chavales que ven vídeos en TikTok, ¿están preparados para dar el salto a un electorado más maduro?

Quiero las dos cosas, porque no es una política de segunda categoría la que hace vídeos y conecta con los jóvenes. Preguntemos en Vox si eso es una política de segunda categoría, cuando una parte de los alumnos de mi instituto están diciendo viva Franco. Yo quiero disputar ese espacio, estar en las redes sociales y generar otro sentido común a todos esos chavales. Me niego a resignarme con decirles que son unos fachas: no son unos fachas, están cabreados. Y si les damos otra solución y señalamos a los verdaderos enemigos y no a tu vecino colombiano, a lo mejor empezamos a cambiar la situación. Pero nosotros no sólo hacemos eso, no nos contentamos con ser un partido de los jóvenes. Yo quiero ser un partido del 99% de la población andaluza, hay que jugar todos los campos.

En caso de tener influencia en el gobierno, ¿prevé derogar todas las rebajas fiscales que ha aprobado el gobierno de Moreno?

Sí, queremos derogarlas, pero hay una cuestión sobre la fiscalidad de la que nadie está hablando y creo que es fundamental. Moreno Bonilla nos ha rebajado diez euritos al mes el gimnasio, pero a cambio no podemos tener cita en el centro de salud para que nos atienda un médico. Y dos millones de andaluces han tenido que hacer un seguro privado que les cuesta 50 euros al mes para poder tener un derecho que antes teníamos en el centro de salud y que estamos pagando con nuestros impuestos. Vaya negocio hemos hecho, eso sí es populismo. Y como esa, otras tantas rebajas fiscales. Nosotros proponemos un nuevo modelo fiscal para Andalucía y planteamos lo que llamamos el impuesto de retornos sanitarios, que es un impuesto al beneficio de las empresas sanitarias.

¿Aceptaría la quita de deuda autonómica?

Sí, aunque creo que no es la solución a los problemas. Pero creo que nos viene bien. 

El plan de vivienda estatal, ¿cree que es beneficioso para Andalucía?

Creo que es una ayuda, pero claramente insuficiente. Pero yo la aceptaría, si estuviera en el gobierno aceptaría todo lo que mejorara las condiciones y la vida de la clase trabajadora y de la gente normal y corriente en Andalucía, sin mirar de quién viene. Yo creo que ahí hay que ser muy heterodoxo. Pero creo que la Ley de Vivienda estatal es inútil y lo estamos viendo, es evidente.

No sólo los directivos, todos los profesionales sanitarios deben tener incompatibilidad entre la pública y la privada, pero eso tiene que venir acompañado de una mejora de sus condiciones laborales. Pero este rollo que tenemos ya de traspaso de recursos de un lado a otro se tiene que acabar

¿La subasta de medicamentos?

Por supuesto que la recuperaría.

¿La incompatibilidad de los directivos sanitarios entre pública y privada?

No sólo de los directivos, todos los profesionales sanitarios deben tener incompatibilidad entre la pública y la privada, pero eso tiene que venir acompañado de una mejora de sus condiciones laborales. Pero el que trabaje en la pública, 100% en la pública, y el que trabaje en la privada, 100% en la privada. Este rollo que tenemos ya de traspaso de recursos de un lado a otro, eso se tiene que acabar.

¿Puede decir una medida anticapitalista de su programa?

Ligar el precio del alquiler a los salarios, que además es una medida muy antigua, no es una novedad nuestra. Eso lo reivindica ya el movimiento obrero desde los años 20. 

Eso es intervenir el mercado...

Es que el mercado está intervenido cuando tienes fondos de inversión. Si tú tienes 1.500 viviendas en una ciudad, tú estás interviniendo el mercado. Yo lo que quiero es intervenirlo para mejorar la vida de la gente, porque ahora está intervenido para que se forren cuatro.

¿La banca pública?

También la llevamos en nuestro programa, pero no sólo vale con tener una banca pública: tiene que servir para que tú tengas un control público de las inversiones, para que tú garantices, por ejemplo, que se puedan hacer inversiones en industrialización sostenible desde los fondos públicos y no el modelo de ahora con empresas que en cuanto se acaban las subvenciones se van a la otra punta del mundo. Si tienes una banca pública, tienes un gran instrumento para intervenir en la economía en favor de la mayoría de la gente.

Vox es un escudo para que el señor Moreno Bonilla parezca más simpático, pero tienen la misma política económica. Por lo tanto, no hace falta que entre Vox para que hagan la política económica de Vox

¿Están dispuestos a explorar alianzas con otras izquierdas para las elecciones generales?

Ahora mismo estamos al 100% en las andaluzas y ya iremos viendo, pero que nosotros no vamos a dejar de ser lo que somos. En política creo que hay un valor que se ha perdido, que es el ser predecible. La izquierda los últimos años ha dado 20.000 bandazos para arriba y para abajo, pero a nosotros se nos ve venir y somos gente de confianza.

¿Qué le parece que el PP se esté presentando como el voto útil para parar a Vox?

Yo le haría una pregunta al señor Moreno Bonilla: ¿en qué se diferencia su política de vivienda de la de Vox? ¿Y su política sanitaria y su política educativa? Llevo tres años en el Parlamento escuchando al portavoz de Vox y jamás ha dicho algo de que se le estén dando 4.700 millones de euros de los impuestos de los andaluces a la sanidad privada. Ni pío, porque tiene la misma política económica. Vox es un escudo para que el señor Moreno Bonilla parezca más simpático, pero tienen la misma política económica. Por lo tanto, no hace falta que entre Vox para que hagan la política económica de Vox.

¿Pero teme que el PP sea capaz de capitalizar esa sensación de que la mejor manera de parar a Vox es que el PP tenga mayoría absoluta?

Es que es el mensaje con el que quiere engañarnos a todos los andaluces. El señor Moreno Bonilla saca un señuelo que se llama Vox y dice lo malo que es, por tanto, yo soy bueno. No amigo, no amigo. Ese señuelo forma parte de ti y tenéis el mismo tronco común, Vox es el PP con tres gintonics después de la comida. Es que no es muy diferente. 

Si tuviese que tomarse usted un gintonic, con quién lo haría, ¿con María Jesús Montero o con Antonio Maíllo?

Hombre, yo supongo que ideológicamente más con Antonio Maíllo, pero no me los he tomado con ninguno de los dos.

“Es casi una obligación del presidente del Gobierno de Andalucía defender una tradición, una cultura, una economía ancestral como es la tauromaquia”, aseguró el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno (PP), desde la Maestranza de Sevilla, a la que acudió a la corrida del Domingo de Resurrección. “Andalucía es taurina y su Gobierno, también”, le secundó su mano derecha, el consejero de Sanidad y Presidencia, Antonio Sanz. Aquello fue el 5 de abril, y diez días después el Ejecutivo iniciaba la tramitación de la que será la I Estrategia Andaluza de Tauromaquia, que se fija un horizonte hasta 2030. ¿El objetivo? Pues entre otros, “defender” los toros, “reforzar” su reconocimiento como “patrimonio cultural andaluz” y promover la “participación social”.

El paso se da en plena precampaña electoral, y con una cuestión en la que el PP pugna con Vox por ver qué partido es el más protaurino, ya que en la izquierda sólo el PSOE hace gala de apostar por los toros (sin las alharacas de la derecha, eso sí). Y el asunto no es menor en un contexto en el que la tauromaquia se mete con frecuencia en ese cajón de sastre en el que caben el mundo rural y las tradiciones, con cuestiones como la caza o las cofradías, y sobre todo cuando Moreno no hace más que marcar distancias con una ultraderecha a la que considera su principal obstáculo para repetir una mayoría absoluta a la que ahora eufemísticamente se refiere como “mayoría de estabilidad”.

El expediente que justifica la puesta en marcha de esta estrategia es una oda a los toros, con argumentos que el PP esgrime de forma recurrente y que se resumen en una frase del documento: “La tauromaquia forma parte del patrimonio histórico y cultural de Andalucía constituyendo una de las manifestaciones culturales más singulares, complejas y profundamente arraigadas en la identidad histórica, artística y social de nuestra tierra”. Y una vez más, se hace hincapié en su impacto económico.

“Proyectarla hacia el futuro”

El paso dado por el Ejecutivo andaluz “se considera necesario” para disponer de “un instrumento ambicioso, integral y transformador” que aspira “no sólo a proteger y conservar esta tradición”, sino a sentar unas bases sólidas para perpetuarla. De esta manera, se busca “proyectarla hacia el futuro con criterios de sostenibilidad, innovación, participación y excelencia”, para que así Andalucía esté “en la vanguardia del reconocimiento, la profesionalización y la modernización de la tauromaquia como patrimonio vivo”.

El propio documento establece cinco pilares como objetivos fundamentales, entre ellos “reforzar el reconocimiento institucional de la tauromaquia como patrimonio cultural andaluz” e “impulsar su sostenibilidad económica y profesional”. Junto a ello, fomentar la formación “y el relevo generacional”, una cuestión que preocupa especialmente en un sector que no deja de buscar fórmulas para impulsar una cantera de aficionados que garantice su futuro.

De hecho, hace ahora un año la Junta desestimaba una propuesta de Por Andalucía para prohibir el acceso de menores a los espectáculos taurinos. El Consejo de Gobierno tumbó la iniciativa, que consistía en una modificación de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, con argumentos como que los niños adquieren en los toros “conciencia ecológica y de empatía” con los animales.

A esto se une la intención de garantizar la seguridad y “calidad” de los espectáculos taurinos. Las prioridades incluyen “promover la igualdad”, la innovación y otra de las grandes obsesiones del mundo taurino, la “participación social”, en un intento de atraer a más público a las corridas. En definitiva, reforzar todo lo que sea “promoción y defensa” de la tauromaquia.

“Signo de identidad colectiva”

En el argumentario, se esgrime que los toros forman parte del patrimonio histórico y cultural de Andalucía, constituyendo “una de las manifestaciones culturales más singulares, complejas y profundamente arraigadas en la identidad histórica, artística y social de nuestra tierra”. Se llega a defender que “su dimensión trasciende el espectáculo público” para convertirse en un “fenómeno cultural integral” que engloba tradiciones populares, oficios artesanales, “expresiones estéticas”, prácticas ganaderas “y vínculos intergeneracionales que han configurado durante siglos el paisaje humano y natural de nuestra tierra”.

“Todo esto es signo de identidad colectiva, y ello justifica que su preservación corresponda y competa a todos los poderes públicos”, defiende el Gobierno de Juan Manuel Moreno, que insiste una y otra vez en la “importancia” de la tauromaquia y “su arraigo en la sociedad andaluza”. Por ello, desde que llegó a San Telmo en 2019, “se ha desplegado una estrategia sostenida y coherente” para proteger esta práctica.

Otra de las fortalezas que se esgrime es que “es un sector que genera riqueza y una gran cantidad de puestos de trabajo de forma directa e indirecta”. Según el último cálculo hecho por el propio Ejecutivo andaluz, aporta el 0,375% del PIB andaluz gracias a un impacto económico indirecto de más 45 millones de euros al año, con más de 3.100 personas que se vinculan de forma directa a los festejos taurinos.

La Junta presume de que, con Moreno al frente, ha impulsado una acción de apoyo claro a los toros. Esto se ha traducido en “iniciativas normativas, administrativas y de fomento que han generado impactos positivos en el sector taurino”, además de multiplicar las retransmisiones de novilladas y corridas de toros. Sin ir más lejos, en la reciente Feria de Abril ha emitido en directo seis festejos (el doble que el año pasado), además de la cita del Domingo de Resurrección por primera vez en su historia. “Canal Sur es la mejor ventana de difusión y promoción de la tauromaquia”, presumió el consejero de Sanidad y Presidencia, Antonio Sanz.

Una jueza de Sevilla ha procesado al agitador ultra Vito Quiles por injurias y calumnias a Rubén Sánchez, secretario general de Facua-Consumidores en Acción, que ya ha presentado el correspondiente escrito de acusación: en total, reclama nueve años de cárcel, 24.000 euros de multa y 60.000 euros de indemnización. En concreto, le acusa de tres delitos continuados de calumnias con agravantes de odio ideológico en concurso con dos de injurias graves con publicidad.

El escrito, al que ha tenido acceso este periódico, es el paso previo para la apertura de juicio solicitado por la magistrada, que en un auto señaló que Quiles publicó en redes sociales mensajes y vídeos contra Sánchez con “claros indicios” de que tenían “afán de vejar, ofender y vilipendiar”. En el documento, el abogado del responsable de Facua cifra en al menos 28 las ocasiones en las que acusó, “de forma gravísima y reiterada” a su cliente, presentándolo como pederasta, proxeneta, encubridor de violadores, extorsionador, estafador, corrupto y líder de una red mafiosa y criminal.

Todo ello, “movido por el odio que profesa” Quiles contra Sánchez porque “ideológicamente está en las antípodas”, además de ser secretario general de Facua. Asimismo, incide en que todo de lo que le acusa es “radical y completamente falso”, como demostraría que en su segunda declaración ante el juzgado de instrucción “dijo que iba a aportar pruebas de lo que le acusaba, y nada de ello se hizo”.

“Ejército de sicarios comunistas y de ultraizquierda”

El auto de transformación en procedimiento abreviado ya es firme. Al no presentar Quiles recurso hasta la fecha, el próximo paso será que el juzgado traslade el escrito de conclusiones provisionales de la acusación a su abogado, para que presente el de defensa en el plazo de 10 días.

En sus conclusiones, el abogado de Sánchez define a Vito Quiles como “un conocido agitador profesional de ultraderecha y creador de bulos que se propagan de forma reiterada en distintos medios de comunicación y redes sociales”. Durante varios meses de 2022, llevó a cabo tres campañas en base a bulos con los que acusó al líder de Facua “de forma dolosa, mendaz, tendenciosa y cargada de odio”, realizando afirmaciones “de extrema gravedad” que a su juicio son “constitutivas de calumnias e injurias”.

Entre otras acusaciones, lanzó que Rubén Sánchez tenía yates de su propiedad a nombre de otras personas y le acusó de encubrir “a violadores de izquierdas” al asegurar que existía una relación entre su “chiringuito Facua” con la trama de menores abusadas y tuteladas en la Comunidad Valenciana y en Baleares. Asimismo, le responsabilizó de tener “un ejército de sicarios comunistas y de ultraizquierda” al que ordenaba cerrar las cuentas de X de usuarios que no comulgasen con él, lo que conseguía “extorsionando” a trabajadores de esta compañía.

Al margen de liderar este supuesto grupo “mafioso” y “criminal”, Quiles deslizó en sus mensajes que Sánchez es un pederasta y un proxeneta, además de acusarle de inventarse una noticia falsa para perjudicar a su expareja y de recibir “miles de euros anuales de una constructora sevillana”. Y llegó a trasmitir a sus seguidores en redes sociales que responsabilizaba al secretario general de Facua de “cualquier cosa perjudicial que me pueda pasar”.

Ataques a la jueza por el caso

El abogado de la acusación recuerda, asimismo, que tras tener conocimiento del auto de transformación en procedimiento abreviado, Quiles cargó desde su canal de YouTube contra la jueza con “graves ataques” en los que llega a deslizar que la magistrada “ha cometido delito de prevaricación”. Asimismo, lanzó tuits en los que acusó a la instructora de cometer “una locura”, de no juzgar en función del Código Penal y de incurrir en una “persecución política” contra él, una actuación que a su juicio respondía a que “el Gobierno tenía que tapar hoy el juicio a Begoña Gómez”, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En total, Sánchez solicita nueve años de prisión, tres por cada uno de los tres delitos continuados de calumnias con agravantes de odio ideológico, a lo que une que estas calumnias fueron cometidas en concurso con dos delitos de injurias con publicidad. Por cada uno de éstos pide 12.000 euros de multa, a razón de 20 euros diarios durante 20 meses, además de instar a que sea inhabilitado para el ejercicio de cualquier actividad vinculada al “supuesto ejercicio del periodismo” durante el mismo periodo que la condena por las calumnias.

Igualmente, la defensa del secretario general de Facua reclama como responsabilidad civil una indemnización de 60.000 euros tanto a Quiles como “al pseudomedio de Javier Negre”, Estado de Alarma TV (Edatv), como responsable civil subsidiario. Y por último, solicita que se condene a Quiles a grabar un vídeo donde dé lectura al fallo de la sentencia para que sea publicado en su perfil de X, su canal de Telegram y el canal principal de Edatv en YouTube.

“La Feria se va a ampliar sí o sí en 2027”. Así de rotundo se expresa el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), sobre el previsto ensanche del recinto ferial para ganar más de 220 casetas, un objetivo perseguido desde hace décadas y que el regidor incluyó en su programa electoral. El problema es que todavía no tiene la preceptiva autorización del Gobierno central, que es el dueño de los suelos, paso en teoría indispensable para arrancar un proyecto que tiene la singularidad de que la gestión se hará con una concesión de obras, es decir, lo asumirá una empresa privada.

Esto implica, a su vez, que el Ayuntamiento hispalense le tendrá que pagar un canon durante 28 años con un beneficio para el concesionario que superará el 7%. En total, IVA incluido, el Ayuntamiento pagará durante estas casi tres décadas unos 120 millones de euros por la construcción (unos 30 millones de euros) y el mantenimiento (325.000 euros anuales de partida) de la zona de ampliación, que gestionará directamente una empresa privada. Esto implica que coexistirán dos modelos, ya que el resto del Real seguirá bajo competencia directa municipal, que cobrará a los nuevos titulares las correspondientes tasas para abonar el canon al gestor, 2,9 millones el primer año con un incremento interanual del 2% para pagar el último ejercicio 4,8 millones.

El gobierno local del PP ha decidido ir a una política de hechos consumados, “no vamos a esperar a que nos respondan porque nosotros tenemos nuestra hoja de ruta”, he incluso el regidor no sólo no descarta que la cuestión acabe en los tribunales sino que ha lanzado todo un desafío al Ejecutivo central: “Si se quiere negar a esta ampliación, que lo diga”. No hay que perder de vista que la pugna hay que enmarcarla en un doble contexto electoral, ya que junto a la inminente campaña andaluza (el PP está forzando la máquina convencido de que la situación perjudica al PSOE) hay que tener en cuenta que esta ampliación se concretaría a escasos meses de las elecciones municipales de 2027.

Las dudas jurídicas del proyecto

Así que con este pulso político de fondo, el Ayuntamiento del PP se presenta como rehén de la falta de respuesta del Gobierno del PSOE, con lo que justifica su decisión de tirar por la calle de en medio y seguir para adelante aunque no tenga la titularidad de los suelos. Además, se siente legitimado por el convenio que en su momento se firmó con el Estado para la cesión de los terrenos en los que ahora se levanta la Feria: como se mantiene este uso recreativo, lo que se firmó hace décadas es en teoría aplicable a las nuevas parcelas necesarias.

Pese a esta escenificación, desde el Ejecutivo central se apunta que los técnicos siguen analizando la última documentación remitida por el Consistorio, a la vez que se desliza que si el procedimiento se ha retrasado es porque hubo un error de partida en el planteamiento municipal al solicitar los terrenos para entregárselos a un privado vía concesión de obras. Ahí es donde surgieron las dudas jurídicas, ya que una cosa es una cesión de un bien entre administraciones y otra que sea directamente a un privado que además va a obtener un beneficio económico.

De hecho, desde el equipo de José Luis Sanz se llegó a apuntar a que inicialmente hubo una “buena predisposición” por parte del Gobierno para ceder unos suelos adscritos a Patrimonio del Estado, es decir, al Ministerio de Hacienda. Pero pronto surgieron las fricciones políticas, a las que no fueron ajenas que hasta ahora la titular de esta cartera era María Jesús Montero, líder del PSOE andaluz y candidata a la Junta. Esto llevó al propio alcalde a acusar a la propia Montero y al portavoz municipal socialista, Antonio Muñoz, de intentar que la ampliación “no pueda salir bajo ningún concepto”.

Actuar sin preguntar

“No contemplamos que no acceda”, se insiste machaconamente desde el Ayuntamiento, dejando la pelota de la responsabilidad política en el tejado estatal. Y en paralelo, Sanz lanza las consignas de que “la autorización no es preceptiva” y que “no vamos a esperar a que nos respondan” para cubrirse las espaldas en su decisión de seguir adelante sea como sea, y es que para que estas más de 220 casetas sean una realidad para 2027 hay que ponerse manos a la obra nada más terminar la Feria de Abril que ahora se está celebrando.

Los contactos entre las partes han sido hasta ahora meramente técnicos, sin una negociación política previa que allanase el camino. El regidor insiste en que realmente no hace falta, pero que hace unos días se le volvió a mandar una carta a Hacienda por “guardar las formas”, a lo que desde el Gobierno se responde que esta comunicación no es una deferencia sino el camino que corresponde para que dos administraciones formalicen un acuerdo sobre un suelo que –se recuerda– es patrimonio de todos los españoles.

Lo de iniciar un proyecto sin preguntar antes al propietario no es la primera vez que lo hace el alcalde hispalense, que en la campaña de las municipales anunció un Louvre sevillano en la sede principal de la Universidad de Sevilla o el cierre de la Plaza de España para cobrarle la visita a los turistas sin consulta previa alguna. Tanto la Hispalense como el Gobierno central, propietarios de los edificios, se enteraron por la prensa.

Casetas para el 5% de los que esperan una

En cuanto al proyecto en sí, fue registrado de manera conjunta por tres constructoras (Martín Casillas, Carmocón y Esasur) durante la propia celebración de la Feria de 2025, ajustándose como un guante al deseo expresado de ampliar el recinto por el gobierno local, que encomendó a la Gerencia de Urbanismo que analizase la viabilidad del proyecto. Posteriormente, el pasado mes de febrero, hizo la petición al Gobierno para la cesión “directa y gratuita” de la titularidad de tres parcelas que suman 278.233 metros cuadrados con una calificación urbanística como suelo urbano no consolidado.

El proyecto prevé la creación de tres nuevas calles, dos de las cuales ya tienen nombre avanzado por el propio alcalde: Juan Antonio Ruiz Espartaco y Morante de la Puebla, en sintonía con que los viales de la Feria están bautizados con nombres de toreros. La zona de atracciones –la Calle del Infierno– crecerá un 10%, se reubicarán 27 casetas y habrá 220 de nuevo cuño, aunque el Ayuntamiento calcula que al final se llegará a las 228. Esto supone un 5% sobre una lista de espera de 4.149 peticionarios, con la previsión de que muy pocas sean públicas.

Aunque la iniciativa la hayan presentado tres empresas sevillanas, a la hora de la verdad tendrá que salir a concurso público con libre concurrencia, no puede haber una adjudicación directa por parte del gobierno local del PP. Los impulsores defienden que se trata de “un proyecto anhelado por Sevilla”, que el contrato de concesión de obras propuesto es la fórmula “más eficaz y eficiente”, además de una “herramienta de alto interés” para el Consistorio, y que la gestión privada permitirá “repercutir positivamente en la calidad del servicio”. “Mejorará toda la ciudad, con más puestos de trabajo y más turistas”, apostilla.

“Puede haber sobrecostes”

Eso sí, el Ayuntamiento mantendrá la propiedad de las instalaciones, “reservándose las decisiones estratégicas, la tutela del servicio, la protección de los derechos de los usuarios y la supervisión efectiva del cumplimiento de las obligaciones del gestor privado”. En cuanto a las ventajas que supone para el gobierno local, “representa una considerable liberación de necesidades adicionales de aportación de medios humanos” y reduce la “estructura administrativa necesaria”, además de una “ventaja adicional”: no se computará la financiación vinculada al proyecto en la contabilidad pública a efectos de la normativa sobre estabilidad presupuestaria.

Eso sí, los proponentes y aspirantes a la adjudicación del contrato se guardan las espaldas en varios frentes, el primero de los cuales es con respecto a los terrenos necesarios, sentido en el que se recuerda que “no hace falta expropiar, pero la Administración es responsable de aportar los suelos”. Asimismo, los precios propuestos –30 millones la ampliación y un punto de partida de 325.000 euros anuales para el mantenimiento– toman como referencia el 1 de enero de 2025 y “puede haber sobrecostes”.

Tras cuatro meses de bloqueo, PP y Vox han reeditado el pacto de gobierno en Extremadura al que estaban abocados desde el principio, aunque ahora con una coalición con una capa más gruesa de ultraderecha con todos los parabienes de la dirección nacional de los populares en Génova. Se da por hecho que el acuerdo extremeño será la guía de referencia a clonar en Aragón y Castilla y León, donde se vive una situación casi calcada. La duda que sobrevuela ahora es qué pasará en Andalucía, que justo en un mes (el 17 de mayo) abrirá sus urnas: ¿esto beneficia o perjudica al actual presidente, Juan Manuel Moreno?

El propio Moreno se ha puesto de perfil este mismo viernes cuando se le ha preguntado por el documento rubricado por su compañera María Guardiola para repetir como presidenta, alegando que no ha tenido “tiempo para leerlo”. Y en cuanto a lo pactado sobre inmigración, ha llegado a asegurar desde El Puerto de Santa María que “no sé cuáles son los acuerdos”. Sí ha subrayado su satisfacción por el desatasco político, pero ha agitado el miedo al bloqueo institucional que provocaría en Andalucía una situación como la extremeña, de ahí su objetivo de “evitar” un gobierno de coalición que meta a la ultraderecha en San Telmo.

La afirmación la hace el primer político del PP que, tras las elecciones andaluzas de 2018, asumió parte del argumentario de Vox para ser investido presidente con sus votos y los de Ciudadanos. Además, hasta ahora nunca ha cerrado de manera contundente la puerta a meter a los de Santiago Abascal en su Ejecutivo, una decisión que no parece dispuesto a tomar él sino que descarga la responsabilidad en la ciudadanía. “Los andaluces van a tener la oportunidad el próximo 17 de mayo de decidir si quieren una vía como la que ha tenido que abrir Extremadura, o Castilla y León, o Aragón, o una vía única, que es la vía andaluza, que es un gobierno con estabilidad y, por tanto, una mayoría suficiente”, ha apuntado este viernes.

Nada que decir sobre la regularización de inmigrantes

Esta postura contrasta con los mensajes que salen de la dirección de Alberto Núñez Feijóo, que se ha declarado “muy satisfecha” por el acuerdo en Extremadura. Curiosamente, esta semana se sabía que el presidente nacional del PP hará campaña en Andalucía pero casi por su cuenta, coincidiendo lo mínimo con Moreno. El dirigente andaluz, por su parte, sabe que no puede alabar el pacto extremeño en su tierra porque aquí el discurso oficial es lo que machaconamente se vende como la “vía andaluza”, en teoría más centrada en el diálogo que en la confrontación.

Esto ha llevado al presidente andaluz no sólo a no replicar en ocasiones la línea nacional de su partido, sino que incluso ha seleccionado sus confrontaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez para aparcarlas, por ejemplo, con Doñana o cuando el accidente de Adamuz o las graves inundaciones de enero y febrero. Lo mismo ocurre ahora con la inmigración, al hilo de la regularización extraordinaria: el Gobierno andaluz se ha desmarcado del argumentario oficial del PP y ni ha querido entrar a valorar la cuestión o aclarar si la recurrirá, con la justificación de “no contribuir a la división” que ha generado el tema.

En el PP andaluz llevan tiempo centrados en que el verdadero peligro viene más por la derecha que por la izquierda, como auguran una y otra vez unas encuestas que reflejan un Parlamento con una rotunda mayoría conservadora. El propio Moreno repite que lo que más teme es el exceso de confianza que lleve a una cierta desmovilización en sus filas, porque a día de hoy la principal incógnita del 17M es si retendrá o no su actual mayoría absoluta.

El PP, el voto útil ante Vox

La estrategia del PP andaluz en estos cuatro años con Vox ha sido más de palo que de zanahoria, con un tono más crudo que el que mantienen las direcciones nacionales. El presidente andaluz ha cultivado en paralelo un perfil amable, cercano a la gente (no hay acto en el que su equipo de comunicación no incluya alguna foto haciéndose un selfi con alguien), moderado e institucional, lejos de la actitud de otros compañeros de partido como Isabel Díaz Ayuso.

Así que estamos en un escenario como el de 2022, y el objetivo de los populares es contraponer la sonrisa de Moreno al colmillo de Vox. En las últimas autonómicas, la izquierda basó su campaña en que el PP se aliaría con Vox y la por entonces candidata de extrema derecha, Macarena Olona, llegó a presentarse varias veces como la futura vicepresidenta de Andalucía. El contraargumento de Moreno fue sencillo: si no queréis a Vox, votadme a mí.

Y caló esa percepción de que el verdadero voto útil para frenar a Vox era el PP, más incluso que la izquierda. Así lo avaló el propio CIS tras las elecciones (el PP le arañó hasta un 16% de apoyos al PSOE), lo que evidenció que los populares ganaron las elecciones, pero fue un electorado de centroizquierda el que le dio la mayoría absoluta.

“O estabilidad o lío”

El pacto extremeño ha servido al PSOE para subrayar que PP y Vox son ya “indistinguibles” y a Por Andalucía para lamentar que los populares “compran el marco político de Vox” y harían lo mismo en Andalucía si es necesario. La izquierda, no obstante, va con pies de plomo para intentar encontrar el punto de cocción exacto que le permita movilizar a su gente pero sin pasarse de frenada, para no asustar demasiado y que no haya otra vez trasvases rumbo al PP.

La formación de ultraderecha, por su parte, está más que dispuesta exportar la vía extremeña, expresando su convicción de que este acuerdo de “sentido común” se trasladará también a Andalucía. Aunque las cosas no han empezado como para tender puentes, ya que el propio Santiago Abascal arrancó la precampaña con un primer mitin en Málaga en el que cargó contra “Juanma Moruno” y le acusó de ser “una estafa permanente”. “Nosotros venimos a defender la Andalucía verdadera, que es la de Fernando III el Santo, que recobró esta tierra de los moros”, afirmó de manera lapidaria.

Todo ello nos lleva a un momento político en el que el PP andaluz menciona más a Vox que la propia izquierda, son ahora los populares los que sacan más a pasear el fantasma de la ultraderecha en Andalucía para así movilizar a los suyos y retener a ese votante de centro que suele mirar más a la izquierda. De paso, la nueva coalición en Extremadura sirve a Moreno para reforzar el que se ha convertido en su lema oficioso en esta precampaña: “O estabilidad o lío”. Y esa estabilidad, a su juicio, sólo la da revalidar su mayoría absoluta. Mientras la izquierda quiere hacer de las elecciones un plebiscito sobre la sanidad, el presidente tiene en mente otro marco mental: o yo o el caos.

No es cuestión de “ideología”

Llegados a este punto, volvemos a la pregunta inicial: el pacto extremeño, ¿beneficia o perjudica al presidente andaluz? Pues dependerá de cómo juegue cada uno sus cartas. El propio Moreno reconocía hace poco que “no sabe cómo parar” la tendencia al alza de Vox, algo desinflada las últimas semanas, y que entre sus asesores los hay que le piden girar más al centro y otros que al contrario, que se acerque a los de Abascal. Hasta la fecha, le ha dedicado más broncas que halagos. Pero lo dicho, nunca ha descartado de manera rotunda una coalición, porque eso dependería de lo que le exigiesen a cambio.

El mantra de “estabilidad o lío” se repetía esta semana desde el Gobierno andaluz, al hilo de las encuestas que le dan muchas opciones de repetir una mayoría que nunca define como absoluta, sino con el eufemismo de “suficiente”. El apoyo del electorado, se resaltaba, ya no es una cuestión de “ideología”, sino que “hay una mayoría que quiere gestión, moderación y estabilidad”. Y eso es lo que vende la marca Juanma Moreno, que fue el primero en pactar con Vox pero ahora se presenta como el parapeto para frenarlo.