El propio alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), admitía este jueves que el proyecto de la gran mezquita de Sevilla que se construirá en el Polígono Sur es perfectamente legal, pero ya entonces dejó abierta la puerta a aparcar su tramitación. Dicho y hecho, ante la presión de Vox en todos los ámbitos (el ya vicepresidente de la Junta, Manuel Gavira, se explayó sobre ello en el Parlamento) el Ayuntamiento hispalense ha decidido aparcar la licencia de obras que se le iba a dar este viernes, con el argumento de que se van a pedir informes técnicos y jurídicos.

La decisión la ha tomado la comisión ejecutiva de Urbanismo, en la que el PP tiene tres votos, Vox uno y la oposición de izquierdas (PSOE y Podemos-IU) no tiene representación. De hecho, el gobierno local ha optado por retirar el punto relativo a la concesión del permiso de construcción, “para pedir informes técnicos y jurídicos en relación con las observaciones que hace Vox en su escrito y, en base a ello, tomarlo o no en consideración”, apuntan fuentes municipales.

Todo ello, pese a que el propio alcalde aseguraba el jueves que el proyecto ha ido siguiendo el trámite normal en lo que al proceso de obtención de licencia se refiere, “solicitado no hace todavía un año”. En paralelo, defendió que “las ideologías no están por encima de las leyes”, aunque ahora lo que se esgrime es un argumento técnico para este frenazo.

“No hay que extrañarse” por retirar el punto

El argumento oficial lo ha ofrecido el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa (PP): “Hoy se retira para pedir informes técnicos y jurídicos. No hay que extrañarse por este hecho”. En un audio remitido a los medios de comunicación, ha insistido en que “retirar un punto del orden del día para estudiarlo con más detalle no es nada nuevo: se ha hecho antes con otros expedientes y responde, sencillamente, a hacer las cosas con todas las garantías legales, es normal que se tomen estas cautelas”, ha añadido el concejal.

En cambio, desde la Fundación Mezquita de Sevilla (impulsora de la iniciativa) se mostraban estos días convencidos de que muy pronto tendrían la licencia de obras para llevar a cabo su centro cultural islámico. “En derecho y ley debe concederse; no hacerlo sería una anomalía administrativa”, apuntaba el vicepresidente del patronato de esta fundación, Jalid Nieto.

Nada más tener conocimiento del proyecto esta misma semana, la formación de ultraderecha puso el grito en el cielo y anunció una ofensiva en todos los frentes para frenar una obra que a su juicio abunda en “la islamización de nuestros barrios”. El primer paso fue presentar un escrito con alegaciones técnicas al proyecto en sí, que es lo que ha servido de argumento al PP para aparcar la licencia que estaba previsto concederle ya.

Vox busca un resquicio legal

Vox sostiene que, según la documentación presentada por los promotores en Urbanismo, apunta que el edificio será un centro cultural y social en el que el culto será “coadyuvante”. Para el partido de ultraderecha, en cambio, en el propio expediente hay muchos indicios “que evidencian una implantación de lugar de culto de entidad principal”, lo que exige una consideración urbanística diferenciada.

A su juicio, “la calificación como uso principal cultural/dotacional no quedaría justificada y la aplicación del régimen de compatibilidad del PGOU invocado por el promotor podría ser improcedente, con efecto directo sobre la conformidad urbanística de la licencia solicitada”. En concreto, invoca un artículo del Plan General de Ordenación Urbana según el cual, si hablamos de un centro de culto, “las actividades complementarias y de alojamiento de los miembros de las comunidades religiosas no podrán superar el 40% de la superficie destinada a los citados usos”.

El proyecto, en cambio, plantea destinar a estas funciones hasta el 80% del espacio, un resquicio legal por el que Vox ve una opción para detenerlo. De paso, y apelando a otro artículo del PGOU, defiende que es necesario abrir un periodo de participación ciudadana para conocer la opinión “tanto de la población de la zona como de especialistas de reconocido prestigio”, antes de iniciar las obras contempladas en el expediente correspondiente.

En Vox no han escondido su “satisfacción” ante el hecho de que, gracias a su presión, se ha frenado la licencia de la mezquita, “un proyecto que Sevilla no necesita”. “Nunca vamos a permitir la islamización de nuestros barrios y aquellos que lo pretendan nos encontrarán enfrente”, anunciando su intención de movilizar a los vecinos de los barrios próximos para que esta paralización sea definitiva.

“Jamás se han medido peces con tanto cobre y manganeso en todo el mundo”. La afirmación la hace el catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla Jesús Castillo, investigador principal del nuevo estudio que reafirma la presencia de elevadas cantidades de metales tóxicos en la zona del Guadalquivir en la que vierte la mina Cobre Las Cruces. Los niveles detectados son en algunos casos “récord a nivel mundial”, y en otros igualan los máximos conocidos.

En concreto, los autores apuntan a que –al margen del cobre y el manganeso– hay presencia de cromo, níquel, plomo, selenio y zinc que igualan a las mayores concentraciones de las que se tienen registros en todo el mundo. En cuanto al arsénico y al cadmio, las cifras son incluso superiores a las que se midieron en el estuario del Guadalquivir en 1998 tras la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar.

El estudio es una actualización del que ya se presentó el año pasado, tomando como especie de análisis el albur, un pez que se consume de manera habitual en los municipios ribereños. Los datos que se manejan son los que una entidad independiente acreditada le aporta a la mina para conocer sus parámetros, que a su vez le son remitidos a la Junta de Andalucía, encargada de los permisos mineros y del control medioambiental. Es decir, no los han extraído directamente los investigadores sino que son cifras oficiales.

El calor favorece la bioacumulación

Desde la empresa minera alegan que, al desconocer el informe, “no podemos pronunciarnos sobre él”. Eso sí, apuntan a que anteriores estudios de Jesús Castillo “estaban basados en importantes errores científicos y no demostraban ninguna relación científica de sus afirmaciones con Cobre Las Cruces”. Y añade que cumple “escrupulosamente” la normativa ambiental y que hay una “presencia permanente” en sus instalaciones de técnicos del Gobierno y de la Junta, además de defender que las aguas tratadas que se vierten “son sometidas previamente a un tratamiento intensivo de depuración, con varios ciclos de control y análisis”.

El nuevo informe está firmado, además de por Castillo, por otros dos catedráticos de Ecología, dos investigadoras antropólogas y una estudiante predoctoral de la Universidad de la Sorbona de París. Si el anterior estudio se alimentó de los datos recopilados entre 2017 y 2023, esta actualización añade los de 2024 y los de 2025, y es en este último año donde los indicadores se disparan de manera sustancial con respecto a ejercicios anteriores.

¿Qué es lo que ha pasado para ello, teniendo en cuenta que la mina no está en producción desde 2023? Pues por un lado, que se siguen registrando vertidos que Castillo vincula a episodios de lluvia que inundan la corta minera, y por otro –y de manera muy significativa– que los datos del año pasado se recopilaron en el mes de junio, cuando lo habitual era hacerlo en fechas menos calurosas.

Albures... y otras especies

Es decir, que los albures capturados próximos a la zona de vertido (entre el municipio de La Algaba y el estadio de la Cartuja, ubicado a caballo entre Santiponce y la capital) concentran “altas cantidades de metales y metaloides en sus tejidos” porque “en junio se alcanzan altas temperaturas que favorecen la bioacumulación”. El alto nivel detectado “estaría causando daños ecotoxicológicos a los peces y podría estar afectando a otros muchos animales en el Guadalquivir”.

En esta línea, el informe apunta que si el calor es un factor que empeora la situación, la perspectiva no es nada halagüeña teniendo en cuenta “el escenario actual de calentamiento global, que podría estar aumentando el impacto de la contaminación metálica en el estuario del Guadalquivir”. Esto pondría en riesgo actividades tradicionales como la pesca artesanal, el marisqueo y la acuicultura, ya que esta contaminación “podría significar el inicio del sacrificio del Guadalquivir a la minería” y la consiguiente exclusión de otras prácticas

Esto está provocando la movilización de colectivos y ayuntamientos ribereños de Sevilla y Cádiz, preocupados por la posible afección a su ecosistema y a sus sectores productivos. Algunos de estos consistorios, de hecho, han puesto esta situación en manos de la Fiscalía de Medio Ambiente.

Otro de sus hallazgos es que “el riesgo cancerígeno fue mayor que el riesgo no cancerígeno debido al consumo de albures” procedentes de esta zona. En este aspecto, el cadmio “fue el contaminante que conllevó un mayor riesgo para la salud”, aunque los niveles de plomo que fija la Unión Europea para consumo de carne de pescado “se superaron en todas las muestras”.

Choque de cifras

Castillo señala también que, en pocos años, Cobre Las Cruces volverá a producir y se le sumará la reapertura de la mina de Aznalcóllar (Minera Los Frailes), una acción conjunta que elevará hasta diez veces más los vertidos que se han producido hasta la fecha “y con el mismo sistema de depuración”. Aquí, Cobre Las Cruces contraataca con otro estudio de la Universidad de Sevilla, en este caso del Área de Ingeniería Química Ambiental, según el cual la compañía “no ha generado impactos adversos en la calidad del agua ni en los sedimentos del estuario” y que “no se detectan efectos acumulativos a lo largo del tiempo, ni cambios atribuibles a la actividad” de esta empresa.

Adicionalmente, la Universidad de Sevilla, a través del Área de Ingeniería Química Ambiental, ha emitido un dictamen técnico que concluye que la actividad industrial de CLC “no ha generado impactos adversos en la calidad del agua ni en los sedimentos del Estuario” y que los niveles de metales en el estuario “se han mantenido muy por debajo de los valores de referencia ambiental”. Añade el estudio que “no se detectan efectos acumulativos a lo largo del tiempo, ni cambios atribuibles a la actividad de CLC”.

Con todos estos datos sobre la mesa, el estudio señala que las autoridades sanitarias andaluzas “deberían haber abierto un expediente para valorar si publicar una alerta alimentaria”, ya que el albur se consume tradicionalmente en la zona de estudio. Asimismo, concluye con una reivindicación que ya se ha convertido en recurrente: en aplicación del principio de precaución, debería establecerse una moratoria a nuevos vertidos mineros al Guadalquivir y crear un comité de expertos independientes que analice la situación en profundidad.

José León Trejo, el primer identificado en la fosa común de Pico Reja en Sevilla de la que se extrajeron los cuerpos de 1.786 represaliados del franquismo, ha recibido el homenaje institucional que hasta ahora se le había negado. El pasado 24 de junio el Ayuntamiento hispalense le hizo entrega de sus restos a la familia en un acto minimalista sin ningún boato oficial, que si al final tuvo más impacto fue por la insistencia de las asociaciones memorialistas a las que los descendientes de los León Trejo están vinculadas.

El hecho de que esta víctima de los golpistas, liderados por Gonzalo Queipo de Llano, fuese concejal del Consistorio sevillano durante cinco años –renunció días antes del golpe de Estado por una crisis en su partido, la Unión Republicana de Martínez Barrios– no fue argumento suficiente para que el gobierno municipal (en manos del PP de José Luis Sanz) se animase a hacer un reconocimiento público. En plena sintonía, la Junta de Andalucía de Juan Manuel Moreno tampoco se planteó nada al respecto.

Así las cosas, las otras dos administraciones que financiaron la exhumación de Pico Reja –Gobierno central y Diputación de Sevilla, ambas en manos del PSOE– anunciaron sobre la marcha un acto institucional para honrar la figura de José León Trejo, profesor de Francés en el instituto San Isidoro fusilado el 17 de octubre de 1936. Dicho y hecho, este viernes se le ha entregado a sus descendientes la declaración de reconocimiento y reparación de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

Nietos, bisnietos y tataranietos

La suya y la de sus otros dos hermanos ejecutados, Joaquín y Manuel, ambos maestros, mientras que el cuarto, Francisco, acabó en el exilio en EEUU, donde falleció en 1973. Este último, militar de carrera, estaba al mando de la base aérea de Cuatro Vientos en Madrid e impidió que se uniera a los golpistas, una acción por la que siempre pesó en su conciencia que el negro destino de sus hermanos fue una venganza.

El acto de homenaje y reconocimiento ha tenido lugar este viernes en la Delegación del Gobierno en Andalucía, que tiene su sede en la Plaza de España hispalense. Allí se han unido nietos, bisnietos y hasta tataranietos, una de las cuales –Luz Hernández León, de 16 años y descendiente de Manuel León– ha leído el poema Visión de Sevilla de Miguel Hernández (“luto en las azoteas, muerte en los sevillanos...”) para luego agarrar la bandera republicana junto a otros tataranietos como Lua, Teo y Nico, todos llegados desde Madrid.

Los familiares de José, Joaquín y Manuel han recibido un documento de reparación expedido por el Gobierno “por la persecución y violencia padecidas por razones políticas, ideológicas y de conciencia con resultado de muerte por fusilamiento” por aplicación del bando de guerra. Además de reconocer su “condición de víctima”, se hace lo propio y se “declara la ilegalidad y la ilegitimidad” de los tribunales y jurados golpistas.

“Que sigan buscando a los desaparecidos”

Junto al documento acreditativo, una rosa roja. El primero en recibirlo ha sido Fernando Sarmiento, nieto de José León Trejo, que agradecía a las instituciones el homenaje, a la vez que las instaba a “no cejar en el empeño que tenemos todos: quedan muchas víctimas por identificar”. Concha León, nieta de Manuel, ha expresado por su parte el deseo de que les puedan entregar los restos de su abuelo, que se prevé que también puede estar en la fosa de Pico Reja o en la cercana de Monumento, en la que no terminan de arrancar los trabajos de exhumación.

Ana María León, nieta de Joaquín, no ha escondido su emoción al acordarse “de la gente que falta y que lucharon por un día parecido a éste”. Y por eso ha reclamado a las autoridades “que sigan buscando a los desaparecidos”, porque recibir sus restos como ha ocurrido en el caso de José “da una paz a la familia que nadie se puede imaginar”.

“Los León Trejo representan a miles de hombres y mujeres perseguidos que defendieron la legalidad democrática”, ha apuntado el delegado del Gobierno, Pedro Fernández, que ha señaldo su “derecho a ser recordados” además de resaltar el “sufrimiento en silencio” de sus familias, empezando por las tres viudas que quedaron con 16 hijos. Lo hicieron, además, privadas de cualquier tipo de pensión o asistencia pública tras el asesinato también civil de sus maridos, que a posteriori fueron expedientados y perdieron sus empleos para que tuvieran derecho a ayuda alguna.

“Son lo mejor de España”

Pero por mucho que lo intentaran, los tres hermanos “nunca perdieron la dignidad”, ya subrayado el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, que ha incidido en que “no fueron unos criminales, sino unos amantes de la libertad y defensores de la democracia”. “Defendieron unas instituciones laicas y democráticas, la igualdad y la fraternidad, esos fueron los delitos por los que fueron ejecutados”.

Martínez no ha desaprovechado la ocasión para cargar contra el pacto suscrito este jueves entre PP y Vox para hacer presidente a Juan Manuel Moreno, que incluye entre sus puntos la derogación de la Ley de Memoria andaluza. Y si sin este documento ya está habiendo problemas para que Junta y Ayuntamiento se comprometan a exhumar Monumento, donde puede haber hasta 2.600 represaliados, las perspectivas ahora no son nada halagüeñas, por lo que les ha instado a “aclararse ya” y, si no dan un paso al frente, dejar que asuman los trabajos Gobierno y Diputación en solitario.

El secretario de Estado ha recordado por último el escrito que Max Aub dirigió a su hijo con la vista en los miles de republicanos que se agolpaban en el puerto de Alicante para intentar coger los últimos barcos que partían rumbo al exilio. Pese a su pésimo estado, dejó dicho, “nunca lo olvides, son lo mejor de España”, como también lo fueron los hermanos León Trejo.

El nuevo Gobierno andaluz PP-Vox no ha echado formalmente todavía a andar y ya ha recibido el primer aviso que cuestiona la legalidad de una de las propuestas acordadas en el pacto entre ambas formaciones: la derogación de la Ley de Memoria autonómica para sustituirla por una Ley de Concordia, en línea con lo acordado en todos los territorios en los que aterriza la formación de ultraderecha. La norma andaluza se aprobó en el Parlamento en 2017 sin ni un solo voto en contra, ya que contó con 67 a favor (PSOE, Podemos e IU) y 42 abstenciones (PP y Ciudadanos).

La advertencia la ha lanzado el Ejecutivo central por medio de su secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, que en conversación con elDiario.es ha garantizado este viernes que “se recurrirá al Tribunal Constitucional si se deroga” esta norma. De hecho, ya se anunció hace un par de años que ésta sería la vía a seguir en todas las comunidades en las que se cambien leyes de memoria por otras bautizadas como de concordia, como ya ha ocurrido en Balears, Comunitat Valenciana, Aragón y Cantabria, mientras en Extremadura sigue la negociación previa antes de dar este paso.

En un acto de reconocimiento a los León Trejo, tres hermanos fusilados por los golpistas en Sevilla por orden de Gonzalo Queipo de Llano, Martínez ha señalado además que, en cuestión de memoria, “el Gobierno de España va a ejercer sus competencias hasta el último rincón de Andalucía”. A su juicio, las leyes de concordia que auspician PP y Vox “conciben las exhumaciones de fosas como restos arqueológicos e invisibilizan a las víctimas al no celebrar actos de reconocimiento o reparación”.

“Dignidad de las víctimas”, pero del terrorismo

El punto 148 de los 150 de los que consta el pacto PP-Vox en Andalucía, y dentro del apartado Leyes ideológicas, recoge el compromiso de “aprobar una Ley de Concordia que sustituya la normativa vigente en materia de memoria histórica”, marcándose de plazo antes de que finalice 2026 para registrar en el Parlamento esta norma. Como contraste, el punto 71 recoge –en el apartado educativo– que se incluirá la historia del terrorismo en España en los planes de estudio “con el objetivo de concienciar a nuestros estudiantes sobre el terrorismo, desarrollar valores democráticos y honrar la memoria y dignidad de las víctimas”.

En su intervención pública en el homenaje a los León Trejo, el secretario de Estado ha hecho mención expresa a que el acuerdo PP-Vox recoge derogar la Ley de Memoria andaluza, que ha definido como “la más importante de todas las que se han aprobado” en España, ya que “casi la copiaron” el grueso del resto de autonomías. Y si las normas de memoria “ponen la atención en las víctimas”, las “mal llamadas leyes de concordia” que están viendo la luz “equiparan” la democracia con la dictadura franquista.

“Están blanqueando la dictadura, no se dice que existió”, ha apostillado. De esta manera, “nos están interpelando a que sigamos defendiendo la memoria y los derechos humanos”, ya que “sin memoria no hay democracia”. De hecho, “ante el avance del populismo y del neofascismo, la memoria es el mejor antídoto”.

Vulneración de los derechos de las víctimas

Como suele ocurrir cada vez que hay discrepancias en materia legislativa, el primer paso incluye la apertura de un proceso negociador entre el Estado y el Ejecutivo autonómico de turno. Si las diferencias se mantienen, el Gobierno central está sistemáticamente llevando al Constitucional las derogaciones y su sustitución por leyes de concordia.

El último caso ha sido Baleares el pasado mes de junio, ya que se considera que la norma autonómica supone una vulneración de los derechos de las víctimas del franquismo y dificulta el cumplimiento de la legislación estatal en materia de memoria. En estos casos, el objetivo además es que la suspensión de la derogación pueda aplicarse de forma cautelar mientras se resuelve el procedimiento, algo que por ejemplo ya ha ocurrido en Cantabria.

La eliminación de la norma de memoria andaluza y su sustitución por una Ley de Concordia ya la acordaron PP, Ciudadanos y Vox en 2019 en el pacto a tres bandas que suscribieron para que Juan Manuel Moreno (PP) fuese investido por primera vez presidente andaluz. A la hora de la verdad, este compromiso nunca llegó a desarrollarse, pero los colectivos memorialistas denuncian el nulo interés del PP en esta materia en los dos mandatos que lleva, con un escaso cumplimiento de la normativa de 2017 todavía en vigor.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), se ha sacado este martes de la chistera un conejo para llevarse el foco en el debate sobre el estado de la ciudad, y lo ha conseguido: ha anunciado un plan municipal para construir más viviendas en el casco antiguo y que así el centro recupere el pulso vecinal, ahora ahogado por la avalancha turística. Todo ello, tras hacer un balance triunfal sobre la situación de la capital hispalense, en el que le ha secundado Vox y que ha chocado con la visión mucho menos optimista de PSOE y Podemos-IU, que le han acusado de apuntalar una “Sevilla de escaparate”.

Sobre el ya bautizado como Plan Sevilla Centro Vivo, el regidor no ha aportado grandes detalles durante el pleno, más allá de que se aplicarán medidas –todavía por concretar– para “fomentar el uso residencial permanente en el casco antiguo”. El objetivo, en palabras de Sanz, es impulsar la construcción de nueva vivienda en aquellos lugares del centro histórico “donde exista capacidad”, fomentar la rehabilitación de edificios vacíos o destinar inmuebles del patrimonio inmobiliario municipal para incrementar la oferta residencial.

Desde el gobierno local se han añadido a continuación más detalles, como que la producción se hará mediante promoción pública de Emvisesa, la empresa municipal de vivienda. A ello se unirán fórmulas de colaboración público-privada, concursos de derecho de superficie, permutas “y cualquier otra fórmula de gestión que permita agilizar la ejecución de las actuaciones”. Sobre el papel, lo que se incrementará sobre todo será la oferta de alquiler “destinada a residencia habitual y permanente”.

Un Mapa de Oportunidades

¿Y cómo se hará? El grueso quedará en manos de un futuro Mapa Municipal de Oportunidades Residenciales, “que identificará las posibilidades reales de generación de vivienda en el centro”. En cuanto a los mecanismos, se fomentará la rehabilitación de edificios vacíos, parcialmente ocupados, promociones inacabadas o viviendas vacías que se ubiquen en edificios completos para incorporarlos al mercado residencial permanente.

A esta función se dedicarán también inmuebles del patrimonio municipal, como edificios administrativos sin uso, locales, casas patio o antiguos equipamientos. Y para ajustar todavía más la oferta, se apostará por fórmulas “adaptadas a la evolución demográfica y nuevos modelos familiares”: cohousing, vivienda colaborativa, vivienda intergeneracional, alojamientos dotacionales o comunidades residenciales vinculadas a universidades, centros sanitarios o instituciones culturales.

El plan se completará con incentivos urbanísticos, fiscales y económicos para fomentar la vivienda permanente, lo que incluye bonificaciones, ayudas a la rehabilitación, reducción de tasas urbanísticas o la tramitación preferente de licencias. Y se incorpora como compromiso adicional proteger el comercio tradicional y dotar al centro de más equipamientos.

No hay caída de residentes

Sanz, de todos modos, ha apuntado que “no es cierto que haya menos hogares en el casco antiguo, al revés, se han incrementado un poquito”, lo que contrasta con la impresión de vaciamiento vecinal y transformación de inmuebles en oferta turística. Pese a ello, ha reconocido que “tenemos que trabajar para que se sigan incrementando los hogares” en el centro, y aquí ha presumido también de haber evitado la apertura de 400 nuevos pisos turísticos, lo que ha ayudado a que el total en la capital pase de los 10.800 que había en 2023 cuando llegó a la Alcaldía a los 9.562 actuales.

Este Plan Sevilla Centro Vivo ha sido el caramelo que ha lanzado el alcalde para monopolizar el debate, y ha venido a ser el colofón a un retrato edulcorado de la ciudad en el que la autocrítica se ha limitado a reconocer una y otra vez que “queda mucho por hacer”. En ello ha incluido el guante que de nuevo le ha lanzado a Vox, su socio presupuestario, para rebajar el 10% actual puesto como tope al porcentaje de pisos turísticos admitidos en un barrio: “Tenemos que seguir colaborando en muchas cosas”.

Por lo demás, y en línea con el reciente balance que hizo de sus tres años de mandato, ha reiterado que gracias al PP se ha pasado “de la Sevilla de los problemas eternos a la Sevilla de las soluciones y hechos”. Todo ello, tras corregir los tres problemas que a su juicio le dejó en herencia el PSOE: una estructura administrativa “insuficiente”, una gestión “paralizada” y una “falta de impulso político y presupuestario”. Como balance: “Sevilla está mejor que hace tres años, pero garantizo que dentro de un año estará mucho mejor”.

La izquierda, nada optimista

El entusiasmo del regidor sólo ha sido parcialmente compartido por Vox, aunque en un tono mucho más mesurado. No ha compartido esta línea el portavoz de Podemos-IU, Ismael Sánchez (IU), que ha arrancado su intervención con un “vaya película” y luego ha subrayado que, por mucho que diga Sanz, “los barrios obreros no están mejor”. “Sevilla está más tensionada y hay más desigualdad”, ha lamentado, fruto de que “la ciudad se organiza para quien viene de paso y no para los que se quedan”, por lo que le ha instado a dejarse de “triunfalismos” y abandonar su “estrategia de debilitamiento de los servicios públicos” y de “favorecer los pelotazos urbanísticos”.

El líder de la oposición, el socialista Antonio Muñoz, ha ironizado con que a Sanz habrá que ponerlo en la lista de gobernantes “tras Trajano, Adriano y el rey San Fernando” si se atiende a su visión “autocomplaciente y de autobombo”. Tras acusarle de “improvisación y falta de gestión”, además de “idealizar el pasado más rancio de Sevilla”, le ha afeado que en estos tres años ha acometido 174 modificaciones presupuestarias y que se comparta como un “alcalde con complejos” con discursos como si estuviera en la oposición.

¿Y Vox? Pues este miércoles ha estrenado portavoz en la figura de Gonzalo García de Polavieja, que toma el relevo de la ahora parlamentaria andaluza Cristina Peláez y que le ha recordado a José Luis Sanz que las cosas le han empezado a ir bien en cuanto ha empezado a contar con ellos, algo que parece que “se le ha olvidado”. Su visión no ha sido ni tan apoteósica como la del alcalde ni tan catastrofista como la de la izquierda, limitándose a reclamar más seguridad y “apostar por la desregularización” al máximo, para así agilizar licencias, quitar burocracia y “favorecer al sector privado”.

Hace ahora 16 años, en junio de 2010, se presentaba el corto Contra la impunidad, en el que 15 artistas de primera fila daban vida a víctimas del franquismo relatando de manera muy escueta –sin mayor recurso que mirar a cámara– cómo fueron asesinados. Uno de los que aparecía era el actor sevillano Paco León, que no tuvo que rebuscar mucho para ver a qué represaliado encarnaba: eligió a su propio bisabuelo, Joaquín León Trejo, fusilado a los 43 años el 22 de agosto de 1936, un mes después de que Sevilla cayese en manos del general golpista Gonzalo Queipo de Llano tras una breve resistencia en algunos barrios.

Joaquín era hermano de José, la primera víctima identificada de las 1.786 que se exhumaron en la gran fosa común de Pico Reja, en el cementerio de San Fernando de la capital, y cuyos restos fueron entregados este miércoles a sus nietos. A Joaquín se lo llevaron a Castilblanco de los Arroyos, a unos 35 kilómetros de la ciudad, para ejecutarlo y –se supone– arrojarlo a una fosa cerca del camposanto.

Su cuerpo no ha sido encontrado hasta la fecha, como tampoco el de otro de los hermanos León Trejo, Manuel, que fue fusilado el 9 de julio de 1938 y del que se sospecha que puede estar en Pico Reja o en la vecina Monumento, en la que todavía no han empezado los trabajos de exhumación. Todos ellos tienen una historia singular y terrible detrás, incluido el cuarto hermano varón de la familia, Francisco, militar y pionero de la aviación española que acabó en el exilio en EEUU, donde murió en 1973.

En bicicleta a defender la República

Francisco siempre cargó con el remordimiento de que el destino de José, Manuel y Joaquín fue una venganza por su actuación el 18 de julio de 1936: ese día, como oficial al mando, impidió que la base aérea de Cuatro Vientos en Madrid se uniese a los golpistas. Los cuatro fueron personas hechas a sí mismas tras la delicada situación económica en la que dejó a la familia la prematura muerte de su padre, de nombre también Francisco, un maestro mecánico que diseñaba sus propios prototipos y que se especializó en ingenios agrícolas.

Joaquín fue el primero de los hermanos ejecutado. Nacido en 1893, fue maestro en Sevilla, Pruna –municipio sevillano del que llegó a ser alcalde– y finalmente en Castilleja de Guzmán, una pequeña localidad de Aljarafe (menos de 700 habitantes entonces) a escasos diez kilómetros de la capital. Tan pequeña es la distancia, que tras la asonada militar cogió su bicicleta y se plantó en Sevilla para defender al Gobierno de la II República, ocultándose –se dice que en una juguetería del centro– cuando Queipo de Llano se hace con el control total cuatro días después del golpe.

En esas confusas primeras jornadas, el hecho de estar escondido no le impide hacer salidas para tomarse un café. En una de estas escapadas, es reconocido por un antiguo alumno, un joven falangista armado de no más de 17 años al que en su momento habría suspendido. En función de quién cuente la historia –el propio Paco León lo ha hecho varias veces–, al identificarlo le dice a su compañero (también menor de edad) “éste es muy republicano” o “éste es muy rojo”. Sea lo que sea, se lo llevan.

Engañado tras dos años escondido

Al saber lo ocurrido la familia, su hijo mayor (Antonio, de 16 años, abuelo de Paco y María León) se encarga todos los días de llevarle una cesta con comida a prisión, hasta que un día un carcelero le dice que ya no hace falta que vaya más. Joaquín, que de joven llegó a ser banderillero y hasta fabricó aguardiente en Marruecos, no llegó a cumplir los 44 años –fue el más joven de los hermanos en morir–, dejando viuda y tres hijos. En su expediente figura que se le aplicó el bando de guerra por “extremista peligroso”.

Manuel León Trejo, por su parte, nació en 1891 y tenía 46 años cuando fue ejecutado, el 9 de julio de 1938. Que transcurrieran dos años desde el golpe de Estado tiene su explicación en que se pasó todo ese tiempo escondido: su familia actuó como si hubiera muerto y hasta se vistió de luto, cuando en realidad estaba oculto primero en la vivienda de un compañero y luego en un agujero hecho en su propia casa tras un armario. Convertirse en un topo no le sirvió, porque acabó enfermando y le dijeron que lo iban a sacar de Sevilla. Era una trampa. Su estado de salud era tan penoso que fue fusilado en una camilla.

Manuel también era docente, en su caso profesor gratuito ayudante de Francés en la Escuela de Magisterio, pero su trabajo principal era el de funcionario del Ayuntamiento de Sevilla. Le quitaron su plaza municipal a los pocos días del golpe de Estado, cuando ya estaba escondido. Masón bautizado con el nombre de Rousseau, los golpistas le pusieron rápido la etiqueta de “indeseable” y en su expediente docente se presenta como agravante que era “hermano de don José”, al que se definía como “izquierdista muy crecido”.

Tres viudas solas, sin ayuda y con 16 hijos

Don José es José León Trejo, el hermano mayor nacido en 1880, al que la actualidad ha hecho que sea el más conocido por haberse identificado sus restos en Pico Reja. Catedrático de instituto de Francés y concejal del Ayuntamiento de Sevilla desde 1931, tenía 56 años cuando se lo llevaron en pijama de su casa cuando dormía la siesta. Fue durante unos meses gobernador civil de Guadalajara, cargo en el que se vio en el trance de arrestar el 14 de junio de 1931 al cardenal Segura –arzobispo de Toledo y primado de España– para mandarlo al exilio.

José pasó del Partido Radical de Lerroux a la Unión Republicana de Martínez Barrios, partido por el que fue reelegido edil en la victoria del Frente Popular en 1936 en febrero. A mediados de junio, junto a varios compañeros, presentó su renuncia como concejal. Fue fusilado el 17 de octubre de 1936 en la tapia del cementerio de Sevilla para arrojarlo después a la fosa común de Pico Reja.

Las esposas de José, Joaquín y Manuel no sólo quedaron viudas, sino sin paga o pensión alguna ya que las autoridades franquistas se encargaron de abrirles expediente para expulsarlos ya después de fusilados para cortar de raíz este derecho. Se encontraron solas, sin recursos, sin nadie que les diera trabajo y al cargo nada menos que de 16 hijos. El propio Paco León ha contado alguna vez que su bisabuela, a la que llamaban la Abuela Chica, le cotaba que usaban como gran cuna una cómoda, en la que abrían los cajones y colocaban a un pequeño en cada uno de ellos.

“En Cuatro Vientos no se sublevó nadie”

Entre los hermanos León Trejo (seis en total) había dos hermanas, Encarnación y María de los Ángeles (Angelita), de la que se dice que se hizo falangista. El protagonista que falta en esta historia es Francisco, el cuarto hermano varón, nacido en 1889 y con una vida que da para un libro. Optó por la carrera militar, pionero de la aviación española e ingeniero aeronáutico, había sido nombrado esa misma semana jefe de la base aérea de Cuatro Vientos en Madrid cuando llegó el 18 de julio.

La pasión por la ingeniería fue lo que condujo a Francisco a la carrera militar, ya que ante la falta de recursos familiares ingresó en la Academia de Ingenieros Militares, en la que entró nada más terminar el Bachillerato y sin preparación previa alguna, tal y como relata el comandante Antonio Montero en un artículo en la revista Aeroplano, editada por el Ministerio de Defensa. Participó en el desembarco en Larache –ciudad en la que conoció a la que sería su esposa, María de los Ángeles Trejo–, como piloto hizo misiones de bombardeo durante la guerra de Marruecos, estudió en París y en 1927 tuvo en un curso de mandos un sonado encontronazo con el jefe del mismo, a la sazón el infante Alfonso de Orleans, primo hermano del rey Alfonso XIII. ¿La razón? Se negó a hacer las prácticas de “cultura física”.

Tras pasar por varios cargos, lo encontramos el 18 de julio como jefe de Cuatro Vientos, puesto al que había llegado cuatro días antes. Con su familia en Larache (donde estuvo retenida un buen tiempo), hizo un listado con los oficiales que consideraba que podían simpatizar con el golpe de Estado o sobre los que tenía dudas y acabó mandándolos a sus domicilios a esperar órdenes. Eso le hizo pasar por una situación de apuro, cuando el 15 de agosto recibió un oficio del general Miaja –en ese momento, gobernador militar de Madrid– reclamándole una relación de los mandos implicados en el alzamiento, a lo que no contestó consciente de que cualquier nombre que diera sería fusilado.

“En Cuatro Vientos no se sublevó nadie”, sostuvo siempre, aunque fuese por la decisión que tomó para evitar males mayores. Al reiterarle Miaja la solicitud en septiembre, fue oportunamente enviado por el Gobierno a EEUU al frente de una comisión para obtener material aeronáutico. La delegación no obtuvo fruto alguno pese a pasar allí varios meses antes de que se decretara un embargo de guerra, y tras varias peripecias regresó a España en 1937 para ser nombrado director de Material, lo que suponía tener bajo sus órdenes las industrias militarizadas.

Rehabilitado por el Tribunal Supremo

Tras el verano de 1938 volvió a EEUU, ahora como delegado aeronáutico en la embajada española. Ya no regresó nunca a España. Fue con su mujer y sus dos hijos pequeños, mientras que los tres mayores se quedaron luchando en la Guerra Civil. Uno de ellos, internado después en un campo de prisioneros en Francia, contrajo la tuberculosis y moriría en 1945 ya en EEUU. Aquellos años fueron complicados al carecer de recursos económicos, ya que se le vetó el trabajo en el sector aeronáutico al ponerle el FBI el cartelito de “antifascista prematuro”, lo que era poco menos que tacharle de comunista justo cuando se desataba la paranoia antisoviética.

Al final el destino le llevó a tener el mismo oficio que sus hermanos, el de profesor, dando clases de español, matemáticas e ingeniería, además de sacar un mal pagado sobresueldo como traductor de volúmenes técnicos. En 1968 fue nombrado presidente de la Asociación de Aviadores Republicanos Españoles (AARE), para fallecer en enero de 1973 en Michigan. Fue enterrado en Yonkers, en el Estado de Nueva York, donde había vivido casi toda su estancia norteamericana. Su mayor decepción en este tiempo fue cuando EEUU suscribió en 1953 el convenio hispano-norteamericano, lo que le llevó a considerar al presidente Eisenhower como un traidor.

El epílogo lo escribieron en España sus hijos en 1985, cuando solicitaron al Ministerio de Defensa que se anulase la orden del alto comisario en Marruecos que declaró a sus padres como “traidores a la patria”. Tras un largo periplo administrativo y judicial, finalmente en 1997 el Tribunal Supremo resolvió a favor de la familia.

La penúltima página de los León Trejo se escribió el pasado miércoles, con la entrega a sus nietos de los restos de José, para el que Gobierno y Diputación han anunciado un “homenaje específico” para que “se reconozca públicamente que esta persona fue asesinada por defender la legalidad democrática”. Este acto llegará y pasará, pero todavía quedan dos capítulos por cerrar, las de Joaquín y Manuel, y todo apunta por desgracia a que van para muy largo si es que alguna vez puede ponérseles el punto final.

En el cementerio de San Fernando de Sevilla hacía más de medio siglo que había una tumba familiar en la que aparecía en primer lugar el nombre de una persona que no estaba enterrada allí. Hasta este miércoles, en el que por fin han llegado los restos del excelentísimo e ilustrísimo señor don –como recoge la lápida– José León Trejo. Lo de los cargos es porque además de profesor de Francés fue concejal del Ayuntamiento hispalense entre 1931 y 1936, pero lo especial del acto en el camposanto es que ha supuesto la entrega a su familia de los restos de la que es la primera víctima identificada de las 1.786 sepultadas en la fosa común franquista de Pico Reja.

“Es el primero de 1.800 fusilados, fíjate lo que queda, queda todo por hacer”, ha apuntado Fernando Sarmiento, nieto de José León, detenido poco después del golpe de Estado y ejecutado el 17 de octubre de 1936. “Han sido muchos años de resignación y silencio”, que han tenido su epílogo casi 90 años después y –entre vivas a la República de los allí presentes– ha querido lanzar un mensaje optimista: “Es un día importantísimo para mi familia, de alivio porque damos por terminada una historia muy triste, pero lo es también para el resto de familias porque hay esperanza”.

En la misma línea ha ido las breves palabras que le ha dedicado la responsable municipal que ha hecho entrega de los restos: “Aquí tenéis a vuestro abuelo José, para que podáis honrarlo como se merece. Que su memoria sea el mejor ejemplo para construir una sociedad basada en la libertad, en la paz, en la dignidad y en el respeto de los derechos humanos. Descanse en paz”.

La lentitud de las pruebas de ADN

La confirmación de este primer positivo la trajo el ADN seis años después de que se empezara a exhumar Pico Reja, que se llenó pronto de víctimas por la violenta labor represora que desplegó el general golpista Gonzalo Queipo de Llano. Los restos que se sacaron (un millón y medio de huesos, porque había también miles de personas no represaliadas) se depositaron en el que es el mayor osario de España con víctimas del franquismo. 0601 - 0605, tenía como número de referencia el nicho en el que estaba José León.

El ADN ha traído la certificación, y es también uno de los principales motivos de queja del movimiento memorialista por la lentitud con la que se van conociendo los resultados para unos familiares cada vez más envejecidos. “Hay muchos primos que no han podido venir porque ya viven fuera y están bastante mayores”, de hecho los descendientes más directos son todos nietos, ya no vive ninguno de los nueve hijos del que fuera edil hispalense.

Por cierto, que en este caso hubo que hacer pruebas complementarias, porque lo que se comunicó a la familia es que “se había identificado un León Trejo”, pero no se sabía con certeza cuál de ellos. Además de José fueron fusilados sus hermanos Manuel –se cree que estaba también en Pico Reja– y Joaquín, bisabuelo de los actores Paco y María León y del que se sospecha que está en otra fosa común en el municipio sevillano de Castilblanco de los Arroyos.

Un “homenaje específico” para más adelante

Tras casi un siglo de espera, el acto de entrega de los restos ha sido muy sencillo, muy alejado de la más mínima pompa. Tras extraerlos en la caja en la que estaban depositados en el osario, han sido traspasados a otra de madera que ha sido cubierta con una bandera republicana. El propio Fernando Sarmiento, acompañado por momentos de otro familiar, ha sido el encargado de llevarla hasta la tumba familiar, en la que ya descansaban su esposa Rosario y algunos de sus hijos.

En el acto han estado presentes el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno (PP), y el subdelegado del Gobierno y el diputado provincial de Cultura, Francisco Toscano y Casimiro Fernández, ambos del PSOE, que han acudido pese a no ser formalmente invitados. El gobierno local se ha escudado en que era una ceremonia íntima, dedicada a la familia, algo que no ha convencido a Ejecutivo central y Diputación, que han anunciado –tras consultarlo con la familia– un futuro “homenaje específico” con el fin de que “se reconozca públicamente que esta persona fue asesinada por defender la legalidad democrática”.

Fernando Sarmiento no ha querido entrar en polémicas al considerar que “no es un momento de pronunciamientos políticos y no me voy a pronunciar respecto a las instituciones”, aunque sí ha dejado caer que “cada palo aguante su vela”. “Si el Ayuntamiento no ha considerado prudente hacer otra cosa, nosotros nos sentimos satisfechos con un acto que ha sido familiar”, así que ya es cuestión de que “cada uno pregunte a su conciencia y haga lo que considere oportuno”.

“Un intelectual y progresista moderado”

José León Trejo es definido como “un intelectual y progresista moderado de la burguesía sevillana” por Ricardo Fernández, que este miércoles estaba en el acto y junto a José Montaño estudia la represión sufrida por el profesorado en la provincia de Sevilla. “Persona con muchas inquietudes, fue también un apreciable filólogo y dio alguna que otra conferencia en la que fue presentado por la prensa de los años 20 del pasado siglo como ”fervoroso andalucista“.

En esta “República de los maestros”, a León Trejo le tocó un trago complicado, ya que fue nombrado gobernador civil de Guadalajara, y como tal le tocó arrestar el 14 de junio al cardenal Segura –arzobispo de Toledo y primado de España– para mandarlo al exilio. “Es un ejemplo de compromiso y de intelectual volcado con la República”, apostilla Fernández.

“Honor y gloria a las víctimas del franquismo”, clama una voz entre alguna que otra bandera republicana cuando se deja atrás Pico Reja y se pasa cerca de Monumento, una fosa común en teoría todavía más grande (puede acoger hasta a 2.600 represaliados) pero cuya exhumación sigue sin despegar entre reproches de Gobierno y Diputación a Ayuntamiento y Junta por su “falta de voluntad política”. Pero el ruido de la pugna institucional ha quedado atrás este miércoles mientras se levantaba la lápida en la que el tío Paco “tuvo la visión de poner en los años sesenta el nombre de su padre con carácter reivindicativo”. No se oyen las antiguas y queridas voces, se lee esculpido en el mármol, pero sí los vivas a la República en honor a José León Trejo, que de 1.786 ha sido el primero.

La Casa de Alba admite que sí, que tenía hasta nueve pozos sin licencia en su finca sevillana de Aljóbar, en término de Aznalcázar junto a Doñana, e incluso reconoce que estas instalaciones carecían del obligatorio contador de agua que permite saber qué volumen se ha extraído. Y lo hace porque a ello precisamente se agarra para poner el foco en que no hay manera de demostrar que haya sacado más recursos de los que tiene autorizados: sin aparatos de control volumétrico –algo que por sí mismo es una infracción– insiste en que ni la Fiscalía ni la Guardia Civil pueden demostrar nada.

Es decir, que se aprovecha de esta ilegalidad para argumentar que no se le puede acusar de un delito contra el medio ambiente. En paralelo, mantiene la piedra angular de su defensa, que es que nunca ha sacado más de los 605.000 metros cúbicos anuales que tiene autorizados. Aquí se vuelve a esta pescadilla que se muerde la cola: como no hay contadores, nadie ha podido certificar que haya bombeado más agua de la permitida, por mucho que los pozos no estuvieran legalizados.

La investigación judicial por delito ambiental se centra en la empresa Eurotécnica Agraria, cuyo consejo de administración copan los hermanos del duque de Alba y que se creó para gestionar varias haciendas de la familia. En 2023, cuando la Guardia Civil descubrió estas extracciones sin permiso, la presidenta de la compañía era Eugenia Martínez de Irujo, aunque pocos meses después (desde diciembre de ese mismo año) el máximo responsable es su hermano Cayetano.

“No tiene relevancia penal”

El juez, además de a la empresa en sí, ha imputado al administrador (y también consejero) de Eurotécnica Agraria, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, duque de Aliaga y primer nieto de Cayetana de Alba. Él fue precisamente el primero en admitir, en su declaración como investigado ante el juez en febrero de 2025, que los pozos ilegales de Aljóbar no tenían contador de agua.

¿Y por qué se reconoce sin problemas este extremo? Pues porque la defensa intenta diluir la posibilidad de una responsabilidad penal y reducir el caso a una cuestión meramente administrativa, siempre sobre la base de que considera que nadie ha demostrado que extrajese más agua de la permitida. Así lo apuntaba de hecho en el último oficio que remitió al juzgado, hace un mes, en el que se postula que lo único certificado es la existencia de pozos no autorizados.

Esto, como mucho, “podría dar lugar a la oportuna sanción administrativa por infracción, en cualquier caso, calificada como leve en la legislación de aguas: alumbramiento de pozos sin autorización”. Pero lo más importante para sus intereses es que interpreta que, de esta manera, sería una situación que “no tiene relevancia penal”.

“Se desconoce el régimen de explotación”

Ya en su primer informe crítico, elaborado para desautorizar la investigación de la Guardia Civil –que apunta a un daño ambiental que puede ser “irreversible”–, Eurotécnica Agraria subrayaba que todas las conclusiones de los agentes se hacían “a falta de datos procedentes de aparatos de control volumétrico”. Además, en un procedimiento administrativo paralelo amparado por la normativa de aguas, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha dado permiso para regularizar estos pozos, lo que la empresa interpreta ante el juez como que así se “convalida el sistema de riego existente” y se “acredita que el mismo no genera daño grave alguno al dominio público hidráulico” porque “en caso contrario no se autorizaría”.

La defensa esgrime también otro informe de la propia CHG, en el que el jefe del servicio de Control y Vigilancia admite la imposibilidad de “poder determinarse si se ha derivado un volumen superior al informado” ante la falta de contadores, unido a que “no se ha detectado riego en una superficie mayor a la autorizada ni de cultivos con una mayor demanda de agua”. De hecho, reconoce que “se desconoce el régimen de explotación”.

Eso sí, estas consideraciones las hacía tras resaltar que las captaciones sin autorización fueron descubiertas “sin control volumétrico alguno, con una explotación abusiva y con pérdidas de agua”, todo ello además en un momento en el que acuciaba la sequía. Junto a ello, llamaba la atención sobre la “reincidencia de los hechos”, ya que la propiedad fue sorprendida usándolos de nuevo después de que el magistrado levantara un primer precinto judicial.

Los pozos han 'beneficiado' al acuífero

La Casa de Alba reitera una y otra vez que “no ha sido acreditado” en los informes de la Guardia Civil que estas captaciones ilegales “hayan supuesto una extracción por encima del volumen autorizado”. Y no sólo eso, sino que considera que la existencia de estos pozos sin autorización “sin que se haya superado el caudal máximo concedido” es positiva, ya que “lo único que supone es que se reparte el caudal de extracción entre todos los pozos, mejorando así la hidrodinámica del acuífero”.

Entre las otras bazas que juegan a favor de los intereses de Eurotécnica Agraria están otros dos estudios de la Confederación del Guadalquivir que, realizados a petición del juez, certifican la cada vez peor situación del acuífero del que bombea Aljóbar. Eso sí, admite que no puede atribuir a los pozos ilegales de los Alba la “exclusividad” de los daños en una masa subterránea de agua (Aljarafe Sur) que oficialmente no ha sido declarado en mal estado. La defensa, además, abunda en que no hay impacto sobre Doñana, algo que ponen en duda tanto la Guardia Civil como el juez.

Los agentes del instituto armado, por su parte, han recogido en sus informes y han reiterado en su declaración ante el juez que en Aljóbar se ha sacado más agua de la permitida, con la base de que con la autorización que tienen “no riegan tantas hectáreas”. En todo caso, parece que en breve se conocerá qué rumbo toma el caso, ya que el propio magistrado ya ha señalado que “la investigación de los hechos se encuentra prácticamente agotada”.

Miles de personas –unas 4.000, según la organización– han salido a las calles de Sevilla un viernes por la tarde y a una hora (las siete de la tarde) en la que el sol estaba pegando todavía con toda su crudeza, y lo han hecho para cargar contra la situación del mercado inmobiliario y denunciar la imposibilidad de acceder a un hogar. “La vivienda nos cuesta la vida”, se ha coreado, en sintonía con el lema de una marcha convocada por el Sindicato de Inquilinas a la que se han sumado otros colectivos como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, la Asamblea por la Vivienda de Sevilla y otras entidades proderecho a la vivienda.

El punto de partida ha sido el Parlamento andaluz, para evidenciar que es allí donde radican las principales políticas que pueden aplicarse en una cuestión socialmente clave que se ha convertido en la principal preocupación ciudadana. “Protesto porque la vivienda se vuelve cada vez más inaccesible: los contratos empeoran y los precios superan los salarios”, ha denunciado Ibán Díaz, portavoz del Sindicato de Inquilinas.

“Los agentes públicos no actúan con la suficiente fuerza, así que nos organizamos y manifestamos”, ha apostillado. Y ha llamado la atención sobre la cuestión meteorológica, no precisamente menor con la que caía en Sevilla en ese momento: “A pesar del calor y la mala época, hemos reunido a miles de personas para denunciar la grave crisis habitacional en Andalucía y en toda España”.

Las siguientes estaciones andaluzas de esta reivindicación nacional se vivirán el próximo 27 de junio en Cádiz, Córdoba, Málaga y el municipio gaditano de La Línea de la Concepción. En Sevilla se ha tenido que adelantar porque esta fecha coincide con la celebración del Orgullo del Sur.

Colectivos vecinales afectados

Alquileres asfixiando, vecinas luchando, rezaba una de las pancartas que han podido verse en la protesta, en la que se ha cargado contra bancos y fondos buitres –por su influencia en un mercado inmobiliario “disfuncional”– pero también contra entidades como Airbnb o la mismísima Ana Rosa Quintana, propietaria de numerosos inmuebles en Madrid y Sevilla. A la manifestación se han unido también colectivos vecinales afectados por circunstancias muy particulares, como los casos de la avenida Jiménez Becerril, Pinillos, los corralones de Castellar o los del número 7 de la calle Bordador Rodríguez Ojeda, en cuyos bajos está previsto abrir apartamentos turísticos con capacidad para 44 personas.

Ante este tipo de situaciones, desde el Sindicato de Inquilinas se reclaman medidas como “la abolición de las viviendas turísticas y la defensa del uso residencial”, con la consiguiente “prohibición del cambio de uso”. El acento se ha puesto en el turismo –“es un competidor directo de la función residencial”– y en la transformación de la vivienda en un “bien de inversión”, lo que se traduce en una “escalada de precios” que abona la “especulación” con una cuestión de primera necesidad.

“El mercado de la vivienda y del alquiler es disfuncional, eso hace imposible el acceso”, ha criticado Ibán Díaz, para quien este sistema “genera una terrible diferencia entre los que pueden acumular propiedades y los que no pueden ni acceder a un piso”. “Es que ni se conceden hipotecas”, ha lamentado, además de “transformar los usos sociales y comerciales de los barrios” y “distorsionar los espacios simbólicos de la ciudad”.

Sobreesfuerzo para pagar el alquiler

Como refrendo de lo que se está viviendo, horas antes el Banco de España publicaba su Informe Anual 2025, en el que se subraya que los problemas del mercado de la vivienda constituyen uno de los principales retos de la economía española y pueden tener efectos adversos sobre el crecimiento económico a largo plazo y la desigualdad. En concreto, Sevilla concentra una de las mayores proporciones de hogares en sobreesfuerzo por el pago del alquiler.

El elevado esfuerzo para acceder a la vivienda, apunta la institución, puede retrasar la emancipación y afectar a decisiones como la natalidad, la movilidad laboral o la inversión en formación. Al respecto, ha señalado que el acceso a la vivienda está condicionado por un aumento sostenido de los precios reales, tanto de compra como de alquiler, debido, principalmente, a que la demanda crece más rápido que la oferta.

En este contexto, el área urbana de Sevilla presenta un aumento significativo de los precios reales de la vivienda. Así, los hogares de la capital que viven de alquiler destinan el 31,3% de su renta neta media al pago del arrendamiento, un porcentaje superior a la media de España (26,7%) y que se sitúa por encima de los umbrales donde este esfuerzo se considera excesivo (30% de la renta neta).

Todo esto se resume, según Ibán Díaz, en que “hay una oferta de alquiler insuficiente y unos precios disparatados”, un problema transversal porque afecta mucho a los jóvenes, pero también a “familias, migrantes o personas de avanzada edad en situación de precariedad”. Razones más que suficientes para que este viernes miles de personas se animaran a denunciar esta situación a pesar del calor que caía a plomo sobre Sevilla.

“Es una pesadilla para el barrio, si sigue adelante esto va a ser un infierno y no va a haber quien viva aquí”. La predicción la hace Emma, una de las vecinas que está intentando frenar junto a una veintena de familias la avalancha de apartamentos turísticos que se le viene encima a su bloque de pisos, piscina y solárium incluidos. La situación, que tiene como escenario el número 7 de la calle Bordador Rodríguez Ojeda en Sevilla, vale como ejemplo de los muchos y variados factores que han convertido la vivienda en un problema mayúsculo. De paso, explica marchas de protesta como la de este viernes 19, para denunciar un contexto que cada vez complica más vivir en la capital hispalense.

La manifestación, que parte a las 19 horas del Parlamento con el lema de La vivienda nos cuesta la vida, la impulsa el Sindicato de Inquilinas, pero a la misma se han ido sumando otros colectivos y también los vecinos de puntos de la ciudad con conflictos abiertos.

Es el caso de Bordador Rodríguez Ojeda, que se ubica en San Julián, barrio que sufre una doble maldición: es céntrico pero no se incluyó entre los 11 ya saturados en los que desde 2024 se prohíbe la apertura de nuevos pisos turísticos, a lo que se une que sufre la presión de la ola de apartamentos turísticos (sin limitación expresa) que azota la ciudad.

La práctica común es que los apartamentos turísticos se ubiquen en un mismo edificio consagrado a este fin, pero estos vecinos se han encontrado con que un fondo de inversión ha adquirido la práctica totalidad de los bajos comerciales y está ejecutando un proyecto con nueve estancias con capacidad para hasta 44 personas. La iniciativa alcanza al patio interior, con lo que los residentes se van a encontrar la piscina o el solárium ante sus ventanas como quien dice.

El lío con los estatutos

Viéndoselas venir, la comunidad de propietarios incluyó en 2023 en sus normas la prohibición del uso turístico en viviendas y oficinas, pero algo falló y el administrador no hizo lo propio con los locales comerciales. Cuando se dieron cuenta en noviembre 2025, ya con la sombra del proyecto encima “pero antes de que tuvieran ni licencia de explotación ni calificación ambiental”, se introdujo una modificación que ya abarcaba a todos los espacios.

La empresa, por su parte, considera que la actual normativa le ampara al tratarse de locales comerciales, estar en la planta baja y tener un acceso independiente al de los vecinos. Eso sí, no se da por aludida por el último cambio en los estatutos y ya habría empezado a moverse por vía judicial: ha presentado una demanda por el intento vecinal de impedir su actividad comercial, apuntando que les pasará la factura de los 200.000 euros anuales que confía en ganar con este negocio. Los propietarios –amparados por la asociación vecinal La Revuelta– ya se han tenido que buscar abogado ante el nuevo horizonte que se dibuja.

“Esto asusta”, admite Emma ante la doble perspectiva, la de un carrusel de turistas en una calle especialmente tranquila o la posibilidad de enfrentarse a un litigio en el que están sobre la mesa cantidades tan considerables. Las alegaciones presentadas hasta la fecha en Urbanismo no han tenido impacto más allá de la visita de un inspector. Desde el Ayuntamiento, por cierto, se recuerda que la competencia municipal es la licencia de obras y la calificación ambiental, pero que el permiso de apertura lo concede el Gobierno andaluz.

La caducidad de la licencia

Uno de los hilos de esperanza de los residentes es su alegación sobre que la obra no tiene actividad desde hace casi un año, y que la autorización decae si hay un parón de tres meses. El Consistorio hispalense admite que se está analizando esta cuestión y que hay actuaciones en este sentido, centradas en la posible caducidad de la licencia. A la empresa se le ha mandado audiencia previa requiriendo documentación y no ha presentado nada, por lo que se anuncia la próxima visita de un inspector.

Todo esto ocurre en San Julián, una zona “altamente saturada” de pisos turísticos (de hecho, ya reuniría los requisitos para que no se permitan más) que “están echando a los vecinos porque se disparan los precios y no se renuevan los alquileres”, lamenta Emma. Una situación que es común en buena parte de la ciudad, coincide Ibán Díaz, del Sindicato de Inquilinas, que lamenta que “los apartamentos turísticos no tienen limitación”. “Esto es un descaro porque desde 2024 se han duplicado, el Ayuntamiento lo que ha hecho es cambiarle el collar al perro”.

“En el casco antiguo están construyendo apartamentos turísticos por todos lados, sin limitación, está siendo horroroso”, señala por su parte Puri Huertas, de la asociación vecinal La Revuelta. Con este telón de fondo, carga contra un gobierno local que “ha abandonado a los vecinos a su suerte ante la especulación, nos dejan en manos de fondos empresariales que vienen a avasallar”.

Una ciudad “invivible”

Los de Bordador Rodríguez Ojeda son ejemplo de vecinos con problemas, como ocurre también en los casos de Jiménez Becerril, Pinillos o los corralones de Castellar, que van a estar presentes en la manifestación de este viernes, antesala de las que se celebrarán el 27 de junio en Cádiz y Málaga. El manifiesto de la protesta, a la que se han sumado una decena de entidades, carga contra “un mercado de la vivienda que sólo funciona para los especuladores y que hace invivible la ciudad” mientras el Ayuntamiento “opera en convivencia”.

“Sevilla es una ciudad saturada, con un mercado de la vivienda disfuncional y progresivamente invivible”, sostiene el documento, que apunta que el problema no es sólo cuestión “de la generación más joven y de las clases sociales más desfavorecidas”. “Se ha convertido, por la incapacidad política, en un problema transversal”, apostilla.

Tercer anuncio en Sevilla de que se van a instalar cámaras para restringir el acceso de vehículos privados al centro. Las dos primeras veces proyectó el sistema el PSOE (con los alcaldes Alfredo Sánchez Monteseirín y Juan Espadas) y fueron tumbadas por regidores del PP, Juan Ignacio Zoido y el actual, José Luis Sanz. Esta tercera parece que será la definitiva, ya que la limitación será en un único punto –desde la Puerta Osario– y para despejarle el camino al tranvibús, que llegará a la plaza del Duque a partir del 28 de septiembre.

Sanz así lo ha confirmado en el pleno municipal de este jueves a preguntas de su predecesor, Antonio Muñoz. A partir de la puesta en servicio completa de la línea 1 BTR (Bus de Tránsito Rápido), bautizada como TB1, “empezará la activación de cámaras de control de acceso” desde la calle Puñonrostro –entrando por María Auxiliadora– hasta el Duque. Tendrá luz verde el BTR, las líneas de Tussam que vuelven a tener su terminal en la plaza Ponce de León (10, 12, 24 y 32), taxis, los VTC, los vehículos de carga y descarga y los coches de residentes con garajes acreditados.

El tranvibús no sólo activa este sistema que identificará los vehículos no autorizados para su posterior sanción, sino que también disfrutará de prioridad semafórica desde la glorieta Julián Besteiro (a la altura de la estación de Santa Justa), en los cruces de José Laguillo con las calles Lope de Vega y Amador de los Ríos, así como de esta última con Gonzalo Bilbao. También tendrá prioridad de paso en los lugares en los que pueda instalarse una plataforma segregada.

Escaso entusiasmo del PP

El TB1 conecta hoy día Torreblanca con Nervión, y será a finales de septiembre cuando se complete el recorrido para entrar hasta el Duque, un trayecto integral que se calcula que hará en 33 minutos frente a los 55 que se pueden tardar ahora. Desde su estreno en septiembre del año pasado, el servicio ha transportado a 1.368.495 viajeros y registra una media de 11.000 usuarios diarios.

Durante la sesión plenaria, el alcalde no se ha mostrado especialmente entusiasmado con este proyecto, ya que ha lamentado la “ineficacia” de sus predecesores socialistas por “renunciar” a la línea 2 de Metro, que atenderá a los 100.000 vecinos que viven en la zona de Sevilla Este, Alcosa y Torreblanca. A su juicio, “lo que hubiese dado solución a este distrito” es un metropolitano que es competencia de la Junta de Andalucía, pero le ha afeado a los anteriores regidores que no presionaran para su construcción, especialmente en la etapa de la Susana Díaz (PSOE).

“Renunciaron y se conformaron con el tranvibús, bueno, pues aquí está el tranvibús”, le ha espetado a Muñoz, además de reprocharle que el proyecto original no incluía la llegada al centro de líneas de autobús. Ahora lo harán las número 10, 12, 24 y 32 hasta Ponce de León y la 13 hasta La Campana, mientras que 11, 15, 16 y 20 tendrán su terminal en la Puerta Osario.

“Esquizofrenia política”

Sanz también le ha sacado a relucir al portavoz socialista que su partido “enterró la red entera de Metro en 1986” y también en 2011, después de inaugurarse en 2009 la línea 1, única todavía en servicio. “No se acordaron de las líneas 2 y 3 de Metro hasta que llegó Moreno a la Presidencia de la Junta”, ha apostillado.

Antonio Muñoz, por su parte, ha puesto el acento en la “esquizofrenia política” que sufre el gobierno local del PP, al que “no le gusta el Plan de Movilidad” que se aprobó en la etapa de Juan Espadas y en la que el tranvibús (con una inversión inicial de 19 millones de euros) “es una pieza más de un todo”. “No han tenido las agallas políticas de devolverlo”, ha apuntado en relación con este montante económico proveniente de fondos europeos, “pero tampoco de sustituir un plan que no apoyaron en el pleno”.

“Ojalá este proyecto se lleve a cabo y no tengamos que devolver ni un solo euro”, ha insistido en relación con los plazos impuestos por la Unión Europea, ya que considera que Sanz carece de “credibilidad” cuando habla de tiempos de obras. “Su eficacia está en entredicho”, ha insistido, lo que se traduce en que “Sevilla está sin rumbo, no sabe qué hacer y va de improvisación en improvisación”. Y en relación con la línea 2, el exalcalde ha asegurado que “para este grupo es irrenunciable, los problemas de movilidad se resuelven con la línea 2 y usted está impasible, cruzado de brazos”, por lo que le ha instado a “apretar” a sus compañeros de partido en el Gobierno andaluz.

Sevilla ya ha oficializado cuáles van a ser sus festivos locales para 2027, que como en los últimos años recaerán en el miércoles de la Feria de Abril y el jueves del Corpus. Como anécdota, el día no laborable que coincide con la semana de farolillos será el 14 de abril, aniversario de la proclamación de la II República, curiosidad que no ha dejado pasar IU para subrayarla. El Corpus, por su parte, cae el 27 de mayo.

Así lo ha formalizado este jueves el pleno del Ayuntamiento de Sevilla para sofocón de Vox, que nuevamente ha visto cómo se queda fuera su reiterada propuesta de recuperar como festivo el 30 de mayo, festividad de San Fernando, patrón de la capital. Este año, no obstante, la insistencia ha sido menor, ya que esta fecha cae en domingo, pero desde la formación de ultraderecha ya se ha anunciado que se volverá a la carga con esta cuestión.

La propuesta ha salido adelante con el apoyo del gobierno local del PP y el respaldo del PSOE, mientras que Vox se ha abstenido como señal de protesta por repetir con el miércoles de Feria. También se ha abstenido el grupo de Podemos-IU, postura habitual ante la designación de una fecha religiosa (el Corpus Christi) como festividad local.

Entre el “padre de Andalucía” y la II República

En un punto sin mayor debate, ha tomado la palabra el concejal de Vox Fernando Rodríguez Galisteo, que ha avanzado que “no vamos a cejar en nuestra reivindicación de que el 30 de mayo sea festivo”. “Ya hemos conseguido que la festividad de San Fernando sea fiesta mayor de Sevilla”, una concesión que le hizo el año pasado el PP en el marco de su alianza para aprobar el presupuesto. Esto se traduce incluso en actividades formativas para los escolares sobre la figura de Fernando III, que arrebató la ciudad a los musulmanes en 1248.

El edil de la formación de ultraderecha ha definido al monarca castellano como “el verdadero padre de Andalucía, el reconquistador, el santo rey”, de ahí su fijación en que “sea homenajeado como antes se hacía declarando festivo el día”. Por su parte, el portavoz de Podemos-IU, Ismael Sánchez, se ha limitado a resaltar que “nos alegramos de que, aunque sea por casualidad, el 14 de abril, día de la República, sea festivo” en Sevilla el año que viene.

El PSOE de Andalucía ha forzado, a través de su dirección provincial en Almería, la suspensión temporal de militancia de sus cinco concejales en el municipio de Carboneras, después de que este miércoles unieran sus votos a dos ediles no adscritos para forzar la suspensión del pleno municipal que debía dar un paso clave en la demolición del proyecto hotelero de El Algarrobico. En concreto, en la sesión tenía que aprobarse la anulación de la licencia que permitió levantar una mole que lleva dos décadas resistiéndose a la piqueta.

Fuentes socialistas han señalado que, al mantener sus concejales en el Ayuntamiento carbonero una posición “contraria al acuerdo de la dirección del PSOE-A”, optando por el aplazamiento del pleno sin una fecha definida, aunque desde el PSOE se da por hecho que será el próximo lunes. Esta suspensión, que llega horas después de que se les abriese expediente, afecta así a todos los miembros del grupo municipal socialista en el Consistorio, medida que será ejecutada este jueves por los órganos federales del partido.

Asimismo, el partido que lidera María Jesús Montero en Andalucía “ratifica su firme voluntad” de ejecutar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declara la nulidad de la licencia de obras de El Algarrobico, que era lo que tenía que validar el pleno de este miércoles. “El hotel El Algarrobico se va a tirar sí o sí”, señalan en este sentido las mismas fuentes, que insisten en que “un atentado contra el medio ambiente de semejante envergadura trasciende el nivel de decisión político local y es una prioridad del PSOE andaluz y nacional”. 

Llamamiento a votar a favor

De paso, se “insta” a todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Carboneras, incluidos sus hasta ahora concejales, a que en la próxima sesión plenaria voten a favor del acuerdo necesario para dar cumplimiento y ejecutar la sentencia. “Apoyamos y compartimos el llamamiento al acuerdo realizado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico”, que ha pedido también a todos los ediles que den el necesario paso de validar el fallo del TSJA.

El Ministerio, eso sí, ha anunciado que si el pleno no procede a la anulación de la licencia de obras, el Ministerio, solicitará a través de la Abogacía del Estado la anulación de dicha licencia con carácter subsidiario. Una petición similar ha hecho la Junta de Andalucía, que hace un año descartó de plano esta opción.

Lo que la ley protege, la ley también lo condena. Ésta es la “paradoja de conservación” que se está llevando por delante al piruétano, un árbol de pequeño porte más conocido como peral silvestre, que está en peligro de extinción en la mismísima Doñana pese a que la ordenación protege el suelo sobre el que se asienta. El problema es que, en paralelo, también blinda a los herbívoros que son su principal depredador, lo que unido al mal estado del acuífero y a los años de sequía lo aboca a la desaparición.

Así lo pone de manifiesto una investigación liderada por la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) y publicada en Biological Conservation, que alerta del “declive generalizado” de esta especie en la zona “a pesar de la estricta protección que brinda el Parque Nacional”. De hecho, el estudio tiene un título más que significativo: Peras silvestres en peligro: ¿garantiza la protección de los parques nacionales la conservación de los árboles?

La respuesta es que no del todo, porque si bien la ley evita el cambio de uso de suelo, lo que blinda al árbol, “también ejerce una sobreprotección de los herbívoros que se alimentan” del mismo. De ahí que el piruétano ( endémico de la Península Ibérica y el norte de África) esté en una especie de bucle, una “paradoja de conservación” a resultas de la cual ahora mismo no es que le vayan muy bien las cosas.

“Escenario demográfico preocupante”

Los investigadores tomaron como referencia cinco poblaciones de peral silvestre en la zona, dos en el propio Parque Nacional y tres fuera (Rocina, Hato Ratón e Hinojos). En estas últimas, los ejemplares más jóvenes no sobreviven mucho por la desecación y el laboreo agrícola, mientras que en el interior de Doñana son los herbívoros los que dan buena cuenta de ellos. En general, las tasas de supervivencia son muy bajas.

El análisis plantea un panorama nada halagüeño para esta especie, “un escenario demográfico preocupante” en Doñana según la Estación Biológica. Por lo pronto, los ungulados (básicamente, ciervos y jabalíes) no sólo devoran al piruétano en sus inicios –cuando es una plántula o un plantón–, sino que encima destruyen buena parte de los frutos que producen, lo que a su vez reduce “de manera drástica” el número de semillas disponibles para su dispersión.

Esta última tarea la complica el declive de zorros y tejones en la zona, ya que son los principales dispersores de semillas. Por si todo lo anterior no fuese poco, resulta que la población de ciervos no deja de crecer, cuestión en la que tiene mucho que ver la “extinción local” de depredadores naturales como el lobo.

Al factor animal se unen otros elementos externos, como la “sobreexplotación” de las aguas subterráneas (que tiene en muy malas condiciones el acuífero que bombea vida al parque) y la “severidad” de las sequías estivales en los últimos años, algo que no tiene pinta de revertir a cuenta de los efectos de un cambio climático que cada vez se sienten más. Todo ello unido “agrava severamente el fracaso regenerativo” del peral silvestre en este espacio natural.

Reevaluar su estado en la Lista Roja

Así que ni la protección que ofrece un parque nacional puede ser suficiente para garantizar la supervivencia de una especie, por mucho que su función principal sea precisamente preservar la biodiversidad. “Sus prácticas de gestión pueden generar, inadvertidamente, efectos contrastados en diferentes componentes del ecosistema”, apunta al respecto José María Fedriani, investigador de la Estación Biológica y uno de los firmantes del estudio.

¿Y cómo se le puede dar la vuelta a esta situación para preservar el piruétano? Pues con cuestiones muy primarias: es “crucial” garantizar un “uso sostenible” del agua subterránea, controlar las altas densidades de ungulados (o restaurar el equilibrio depredador-presa) y mantener poblaciones sanas de dispersores de semillas. De hecho, la situación actual es tan negativa que los investigadores abogan por una “reevaluación” del estado de conservación de la especie en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), etiquetado como “preocupación menor”.

Los hallazgos en Doñana, apuntan, llevan a la conclusión de que esta calificación “puede subestimar la vulnerabilidad de la especie”. Por ello, la conclusión es que este árbol “se enfrenta a multitud de factores perturbadores”, por lo que confiarlo todo al amparo que le ofrece el parque nacional no es suficiente: “Una estrategia de conservación basada únicamente en la protección legal es improbable que asegure su viabilidad a largo plazo”.

Gobierno central y Diputación de Sevilla dan por hecho que Junta de Andalucía y Ayuntamiento hispalense se comportan como el perro del hortelano con la fosa franquista Monumento, la mayor de la capital: ni comen ni dejan comer. Así que las dos primeras administraciones (gestionadas por el PSOE) han planteado este lunes, para “salvar las contradicciones ideológicas” del PP –que gobierna las dos segundas–, hacerse cargo en solitario de los trabajos de exhumación y asumir la totalidad del coste.

La propuesta la ha verbalizado el presidente de la institución provincial, Javier Fernández, que ha aprovechado la inauguración de unas jornadas sobre memoria histórica en la Casa de la Provincia (Del olvido a la luz) para cargar contra Junta y Ayuntamiento por “retrasar premeditadamente” los trabajos en Monumento, donde se calcula que al menos hay 2.613 represaliados frente a los 1.786 localizados en la cercana Pico Reja. La propuesta, cargada de reproche político, llega casi dos años y medio después de un primer acuerdo entre las cuatro administraciones y cuando se va a cumplir un año de la firma del protocolo de actuación.

Desde entonces, nada de nada, de hecho el Consistorio hispalense hasta rechazó en 2025 una ayuda de 200.000 euros de la Secretaría de Estado para la Memoria Democrática, cuyo máximo responsable, Fernando Martínez, ha aprovechado el mismo acto para recordar que sigue sin aceptar esta transferencia que supone un primer pago para arrancar una exhumación cuyo coste se reparten las cuatro administraciones a partes iguales. “Nosotros dimos el paso que teníamos que dar”, y en este sentido ha recordado que “es necesario que acepte ese dinero” y que es “supernecesario” firmar el protocolario convenio para echar a andar. “No tiene ningún sentido que le sigan dando largas porque hay muchísimas familias que lo están esperando”.

“Un problema de voluntad”

Javier Fernández, por su parte, ha sido mucho más directo al anunciar la intención de Estado y Diputación de asumir “el 100%” del proyecto, para lo que ha solicitado la cesión al Consistorio durante temporal de la parcela del cementerio de San Fernando en la que se encuentra la fosa. El gobierno local es el que debe liderar el proyecto –hasta la fecha con escaso entusiasmo– al ser el propietario del terreno.

De paso, ha instado a Ayuntamiento y a Junta a que “si tienen algún motivo, sea ideológico, económico de compromiso” para “no desarrollar” el proyecto, “que lo digan claramente”. A su juicio, “no tiene sentido” este continuo retraso, que ha achacado directamente a “un problema de voluntad” para exhumar a casi 2.700 personas “que son de los nuestros, de la sociedad”. Y ha insistido en que es una cuestión “de justicia”, “esto no abre ninguna herida, se trata de cerrarlas”.

Fernández ha enmarcado la falta de iniciativa del PP en un contexto en el que “determinadas formaciones están llegando a gobiernos”, en alusión a Vox, para poner sobre la mesa cuestiones como “prioridad nacional o sentido común”. Los acuerdos que se están suscribiendo para ello tienen “una letra pequeña” que hace que “se queden atrás, en el olvido”, asuntos como la memoria democrática o el cambio climático, “la sociedad debe saber que eso está ahí”.

“Un error sistémico de nuestra democracia”

El apremio llega poco después de conocerse que en la fosa de Pico Reja, cerrada en 2023 en el camposanto sevillano, se ha producido una primera identificación positiva en una de las 1.786 víctimas exhumadas. Se trata de José León Trejo, que fue profesor de instituto de Francés y concejal del Ayuntamiento de Sevilla, fusilado por los golpistas el 17 de octubre de 1936. Otros dos de sus hermanos también fueron ejecutados.

Pero volviendo a Monumento, y además de lamentar que se han perdido los cuatro años del actual mandato municipal, el siguiente paso es plantear la intención de Gobierno central y Diputación de quedarse el proyecto en una reunión de la comisión de seguimiento del protocolo firmado hace un año. De hecho, Fernández asegura que hace dos meses que se ha solicitado esta convocatoria (que compete a la Junta), sin que haya llegado respuesta alguna mientras el gobierno local sigue sin aceptar la subvención estatal.

El presidente provincial ha considerado “un error sistémico de nuestra democracia” que siga habiendo personas en fosas y cunetas, sin que sus familiares “les puedan dar paz y dignidad suficientes”. “Hasta que esto no lo consigamos nuestra democracia no será perfecta, porque esto es una cuestión de justicia democrática”, ha apostillado, al tiempo que ha anunciado una modificación presupuestaria en la Diputación para reforzar los proyectos memorialistas en la provincia: se añadirá otro millón de euros al que ya está permitiendo desarrollar 60 iniciativas en 50 municipios.

El 21 de febrero de 2023, y tras tres años de trabajo, se cerró en el cementerio de San Fernando de Sevilla la fosa común franquista de Pico Reja, la mayor abierta en España en ese momento y la más importante en Europa occidental desde la de Srebrenica en Bosnia Herzegovina tras la guerra de los Balcanes. Ahora, más de seis años después de que se empezara a excavar, el ADN ha conseguido por fin ponerle nombre y apellidos a la primera de las 1.786 víctimas de la represión que comandó el general golpista Gonzalo Queipo de Llano: se llama José León Trejo, un sevillano que tenía 56 años cuando lo arrancaron de su casa en pijama para no volver nunca. Era catedrático de instituto de Francés y fue concejal en el Ayuntamiento hispalense durante el periodo republicano.

La confirmación le llegó a uno de sus nietos, Fernando Sarmiento, hará un par de meses, después de otra llamada que abrió un periodo de incertidumbre porque sí, había coincidencia genética, pero había que hacer pruebas complementarias. ¿La razón? Además de a José, fusilaron a otros dos hermanos León Trejo, también docentes, uno de los cuales (Manuel) también se cree que está en Pico Reja. La tumba del tercero se ubica en el municipio sevillano de Castilblanco de los Arroyos: se llamaba Joaquín y es el bisabuelo de los actores Paco y María León.

“Dimos muestras varios de los primos”, rememora Fernando Sarmiento, que a sus 70 años es de los nietos más jóvenes de José León Trejo, que dejó viuda y nueve hijos. Su detención y, al cabo de varias semanas, su fusilamiento el 17 de octubre de 1936 en la tapia del propio cementerio de San Fernando es algo que “ha flotado siempre en nuestras vidas” y que en la familia se llevó con “resignación, silencio y mucha indignación”. En aquellos durísimos tiempos, las viudas de los tres hermanos quedaron al cargo de nada menos que 16 pequeños.

Detención del cardenal Segura

José León nació en Sevilla en 1880 y, entre otros cargos, fue profesor de Francés en el Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de la capital hispalense. El centro ya se llamaba San Isidoro de Sevilla (muy conocido en la ciudad) cuando, por la conjunción republicano-socialista (luego pasaría por el Partido Radical de Lerroux), consiguió acta de concejal en el Consistorio sevillano en las elecciones de 12 de abril de 1931 que precipitaron el advenimiento de la II República.

Poco después sería nombrado gobernador civil de Guadalajara, y como tal le tocó arrestar el 14 de junio al cardenal Segura –arzobispo de Toledo y primado de España– para mandarlo al exilio. El historiador Juan Ortiz Villalba relata en Del golpe militar a la guerra civil, Sevilla 1936 que Segura (arzobispo de la Diócesis hispalense desde 1937) nunca se lo perdonó y llegó al extremo de que cada 17 de octubre, la fecha de su fusilamiento, oficiaba una homilía en la que cargaba contra él.

“Mi abuelo fue políticamente muy activo”, resalta Fernando Sarmiento, que estará presente junto a otros de sus primos cuando, el próximo 24 de junio, el Ayuntamiento de Sevilla le haga entrega de sus restos. Descansarán en el mismo cementerio de San Fernando, donde la familia tiene una tumba en la que reposan su esposa y algunos de sus hijos.

El atasco de las pruebas de ADN

Para Juan Manuel Guijo, el arqueólogo y antropólogo forense que dirigió la excavación de Pico Reja, la identificación de José León le produce un choque de sentimientos enfrentados, ya que la satisfacción por este hecho contrasta con que se han necesitado más de seis años para llegar a este momento. Esto, lamenta, habla bien a las claras del atasco que hay en las pruebas de ADN.

Eso sí, esto de paso refrenda la cronología propuesta, porque inicialmente se decía que Pico Reja se colmató entre julio y agosto de 1936, algo que desmontó las “pruebas arqueológicas”. “Esto debería ser el empujón definitivo para invitarnos a releer y reinterpretar la historia de las fosas en Sevilla”, ya que a su juicio en estos momentos no se sabe ni cuál existió antes, si ésta o la de Monumento, la más grande de Sevilla y cuya excavación no termina de arrancar.

Pero volviendo a José León, fue detenido en 1932 durante la Sanjurjada, el golpe de Estado que el general Sanjurjo impulsó con nulo éxito desde Sevilla gracias a la decidida actitud del por entonces alcalde, José González de la Bandera. Ya en la Unión Republicana de González Barrios, con la victoria del Frente Popular fue reelegido concejal en 1936 y, según Ortiz Villalba, hasta se le ofreció ser alcalde, cargo que declinó y que finalmente asumió Horacio Hermoso. González de la Bandera fue fusilado en agosto de ese año, y Hermoso en septiembre.

A la hora de la siesta

Cuando se produce el golpe de Estado no era concejal, ya que el 9 de junio los ediles de Unión Republicana –15 en un Consistorio con un total de 50– pusieron sus cargos a disposición del partido, formalizando siete de ellos (incluido León Trejo) su renuncia tres días después. Algunos de sus sustitutos no llegaron a tomar posesión de sus actas.

Los golpistas no tardaron mucho en arrestarlo, “un día a la hora de la siesta se lo llevaron en pijama”, señala su nieto, Fernando Sarmiento, que apunta que su abuelo no huyó “porque pensó que no había hecho nada” que le pusiese en peligro. Preso en la cárcel de La Ranilla, en aplicación del bando de guerra se vio inmerso en un proceso judicial antes incluso de que se constituyeran los tribunales montados por Queipo de Llano. Fue fusilado junto al abogado Francisco García y García de Leániz.

La cosa no quedó ahí, porque un mes después de su asesinato fue suspendido de empleo y sueldo en el marco de la depuración del profesorado que se desarrolló en todos los niveles educativos. Ahora, casi 90 años después, sus restos son los únicos que tienen nombre y apellidos de los 1.786 que se le arrancaron a la tierra en Pico Reja, y así figurará en su tumba a partir del próximo 24 de junio.

“Se han adoptado las medidas correspondientes”. Sin entrar en mucha profundidad, la portavoz en funciones del Gobierno andaluz, Carolina España, considera que se ha actuado correctamente ante la imputación de Gustavo Fuentes, CEO de ADM, la principal productora de Canal Sur, por agresión y acoso sexual a una reportera, pero no ha aclarado ni cuándo ni cómo se tuvo constancia de los hechos. Eso sí, ha apuntado que la cuestión afecta a las competencias de dos consejeros, a los que ha señalado explícitamente: Antonio Sanz, titular de Presidencia, y Jorge Paradela, máximo responsable de Industria.

Ante la pregunta de cómo se enteró la Junta de Andalucía de esta situación y si considera que la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) ha actuado con la suficiente determinación, España ha señalado que no sabe “exactamente” cómo ha sido el proceso. Pero a renglón seguido ha recordado que las dos empresas públicas afectadas por este caso (la Agencia Digital de Andalucía (ADA) y la RTVA) son competencia “de dos consejeros diferentes, están el consejero Paradela y el consejero Sanz, no sé exactamente cómo se han enterado, no he hablado con ellos directamente”.

Tras publicar, el martes por la mañana, que un juez de Violencia de Género investiga desde hace dos meses al CEO de la principal productora de Canal Sur por delitos sexuales contra una reportera, este periódico pidió explicaciones tanto a Presidencia como a Industria, que eludieron valorar la denuncia y la imputación de Fuentes.

ADM (Andalucía Digital Multimedia SA) es una empresa público-privada cuyo accionista mayoritario es la propia Junta de Andalucía, ya que controla un 47,81% del accionariado a través de la empresa pública de telecomunicaciones Sandetel, adscrita a la Consejería de Industria, Energía y Minas que dirige Jorge Paradela, máximo responsable también de ADA. ADM es la principal productora de Canal Sur –es por ejemplo responsable de uno de sus programas más destacados, Andalucía Directo–, de ahí que la imputación de Fuentes salpique también a la RTVA, que depende de Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

No pertenecen a la Junta

Carolina España ha subrayado que ADM “no es una entidad de la Junta de Andalucía”, aunque considera que “se han adoptado las medidas correspondientes” en su consejo de administración, que ha acordado la “suspensión temporal de funciones” de Fuentes, asimismo presidente del Clúster Audiovisual y de Contenidos Digitales de Andalucía (LAND). Este puesto también ha dejado de ejercerlo de manera “temporal”, mientras que la dirección de Canal Sur ha descartado tomar cartas en el asunto con el argumento de que ya está abierta una vía judicial.

LAND es un grupo de empresas con participación y financiación de la Junta que nació en el marco de la estrategia digital impulsada en su momento por Antonio Sanz, aunque estas competencias corresponden ahora a Paradela, a cuya consejería está adscrita la Agencia Digital de Andalucía.

Este periódico requirió el martes explicaciones a estas dos consejerías así como a la RTVA, que se pasaron la pelota el uno al otro, aunque desde Canal Sur se incidió en que es Sandetel la máxima responsable de ADM. La dirección de RTVA tardó casi 15 horas en lanzar un comunicado, para anunciar que no podía “actuar” contra Fuentes, porque ya existía un procedimiento judicial abierto. El Consejo de Administración de ADM, presidido por el director general de Sandetel, se reunió en secreto y tardó 18 horas en comunicar, próximo a la medianoche, que “suspendía temporalmente” al CEO de la productora.

La respuesta de la portavoz de la Junta en funciones, señalando directamente por sus nombres a Sanz y a Paradela, ha sorprendido dentro del propio Ejecutivo andaluz, donde es “un secreto a voces” la mala relación de la malagueña con el titular de Presidencia. Ambos son las personas más próximas al presidente Juanma Moreno que, en los próximos días, debe renovar su confianza (o no) en ellos para formar nuevo Gobierno, previo acuerdo político con Vox.

Tras las decisiones adoptadas por ADM y el Clúster, España ha zanjado este asunto con esta frase: “esperemos que la Justicia haga su trabajo también y que llegue hasta el final”. “Respeto absoluto a la Justicia y que se llegue al final”, además de trasladar el “total rechazo” del Gobierno andaluz “a cualquier abuso o cualquier acto que atente contra la dignidad de las personas”. Y ha insistido en más de una ocasión en que ADM “es de mayoría privada” y que, como el Clúster, son entidades “independientes” que cuelgan del organigrama de la Junta.

Una situación conocida

Por su parte, Gustavo Fuentes ha insistido este miércoles a Europa Press en su inocencia, con el argumento de que en sus más de 30 años de carrera profesional “nunca he tenido una conducta inapropiada de ningún tipo, especialmente de la tipología de la denunciada”. Asimismo, ha afirmado tener “plena confianza en la justicia, con la tranquilidad de quien no ha hecho nada, confiando en el esclarecimiento de los hechos a la mayor brevedad”.

También este miércoles han continuado las reacciones políticas. En este sentido, la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha lamentado que por parte de ADM y de Canal Sur “no se haya querido actuar anticipadamente” ante esta denuncia por acoso sexual a una reportera.

“Parece que esta situación se conocía por parte de la empresa de la productora y de Canal Sur, no sé si también por parte del Gobierno de Andalucía, desde hace tiempo y no se había hecho absolutamente nada”, ha señalado Montero, que ha calificado de insuficiente la “suspensión temporal de funciones” de Fuentes acordada por ADM. “Aquí parece que habido un tapar, una dejación de funciones y ponerse de perfil”, ha subrayado.

Por su parte, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha asegurado que llevará a la primera comisión de la RTVA en el Parlamento una petición de explicaciones acerca del conocimiento que pudiese haber tenido la entidad acerca de este caso. “Queremos que se llegue hasta el final y queremos que se repare a esta mujer, a esta compañera”, además de lamentar que el se haya producido en una empresa que “tiene de mayoría en el accionariado la Junta de Andalucía”. “Es vergüenza”, ha subrayado García quien ha mostrado su apoyo tanto a la víctima como a la plantilla de la empresa.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), considera que su acuerdo presupuestario con Vox (para las cuentas de 2025 y 2026) ha funcionado “razonablemente bien”, y no sólo eso, sino que “a Sevilla le ha ido bien” con esta alianza. Por eso ha agradecido la “colaboración” de la formación de ultraderecha, porque con ambos de la mano “la ciudad ha ido a mejor” básicamente porque así “se rompió la parálisis que pretendía el PSOE”.

Éste es uno de los análisis que ha dejado el regidor este lunes, cuando ha hecho balance de sus tres años como regidor, que tuvieron su punto de partida el 17 de junio de 2023. El desatasco presupuestario gracias a Vox y a una cuestión de confianza en 2024 (que perdió, pero le posibilitó aprobar las cuentas) le ha permitido, según sus cuentas, cumplir ya con el 80% de su programa electoral a menos de un año de las próximas elecciones municipales.

Y si no ha podido hacer más, asegura, ha sido básicamente por los socialistas. “Han faltado muchas cosas por hacer”, ha admitido, lo que no habría ocurrido “si no hubiéramos perdido el primer año por la irresponsabilidad de la oposición”, un bloque en el que la mayor culpa se la atribuye al PSOE pero en el que también están Podemos-IU y Vox durante los primeros meses de mandato. Nada nuevo bajo el sol: ya en el balance de su primer año el alcalde dijo que había podido hacer más por culpa de la “oposición irresponsable”.

Aparcado cobrar en la Plaza de España

Así que sí, Sanz está orgulloso de su alianza con Vox, que atribuye a que los de Santiago Abascal “pusieron los intereses de la ciudad por delante” de prioridades personales y políticas. Pese a ello, todavía hay cuestiones atascadas porque no cuenta con “mayoría suficiente”, sentido en el que se ha referido por ejemplo a cobrar la entrada a los turistas por visitar la Plaza de España, confirmando que su idea sigue siendo la misma pero que este año tampoco se abordará.

Lo mismo ocurre también con la nueva tasa de basura, que en principio se incluyó en el plan de ajuste que había que acometer por gastar más de lo que se ingresa, aunque hace pocos días se aprobó un real decreto que podría eximir al Ayuntamiento hispalense de tener que apretarse el cinturón. En este caso, Vox dijo 'no' en el pleno a este plan, a sabiendas además de que el PP no iba a aprobarle su moción sobre la implantación de su ansiada prioridad nacional en Sevilla.

Y de cara a 2027, año electoral, sabe que tiene complicado que Vox le vuelva a sacar las castañas del fuego con el presupuesto, a no ser que le dé lo más grande. Como la ley no permite volver a jugar la carta de la cuestión de confianza el último año de mandato, en el PP ya van haciéndose el cuerpo a que tendrán que prorrogar las cuentas de 2026.

Una Sevilla en “estado de dejadez”

Por lo que respecta al balance en sí de estos tres años, ha sido triunfal y sin mayor atisbo de autocrítica que ese “ha faltado mucho por hacer” o que la limpieza en las calles “todavía no ha alcanzado el nivel de perfección que me gustaría”. Eso sí, ha garantizado que en este 2026 “se va a notar un cambio muy sustancial”, con más presupuesto, maquinaria y personal, aunque de lo que más orgulloso está es de haber convertido a Sevilla en “capital de la vivienda protegida”, con 6.134 activados de los que 2.200 los impulsa el propio Ayuntamiento a través de Emvisesa.

“Unos hablaban mucho de viviendas y ponían pocos ladrillos”, ha asegurado con el PSOE de nuevo en el punto de mira, subrayando que su política en esta cuestión no sólo resuelve el problema a muchas familias, sino que también permite salir de la anterior “parálisis urbanística” y ha reactivado un “motor económico” como es la construcción. Con estos mimbres, su percepción de este trienio es “optimista”, básicamente porque asegura que recibió una ciudad en “estado de dejadez” y que, pese al “bloqueo de la oposición”, la capital “está en marcha y ha cogido velocidad de crucero”.

Eso contrasta con la Sevilla del PSOE, “permanentemente bloqueada y atascada”, una época en la que asegura que “se vendía mucho humo”. El PP, por su parte, asegura que ha adoptado el lema de “dicho y hecho”, gracias a que en tres años se ha manejado un presupuesto por encima de los 3.500 millones de euros que, según Sanz, convierten a su equipo en el gobierno municipal democrático que más ha invertido.

Cascada de números

En la avalancha de cifras que ha ofrecido, se incluye que se ha superado otra vez la barrera de los 700.000 habitantes, que se han creado o estabilizado 3.300 puestos de trabajo y que se han disparado los presupuestos de Lipasam y Tussam para reflotar la limpieza y la movilidad. A ello ha sumado 18 kilómetros más de carril bici, más de 15.000 árboles plantados, la recuperación de edificios históricos abandonados o el freno a la proliferación de pisos turísticos, que no es mayor porque defiende que la norma autonómica no permite ir más allá.

También se ha mostrado orgulloso de que el 21% del presupuesto municipal se destina a políticas sociales, que marcha viento en popa el desmantelamiento del asentamiento chabolista de El Vacie o que Sevilla “ha dejado de ser una capital cultural secundaria”. Todo un contraste con una ciudad que “no funcionaba” y que, ha reiterado, ahora lo hace porque “vinimos a romper inercias”.

Han tenido que pasar casi siete años y medio desde que cristalizó la pérdida del Gobierno andaluz por el PSOE para que el partido asuma de una vez por todas que no está en el poder y que, por tanto, tiene que hacer una verdadera oposición. Y para ello se anuncia una política con más colmillo, dispuesta a golpear en las contradicciones que se dan por seguro que aflorarán –sobre todo en la gestión de los servicios públicos– por la dependencia que el PP andaluz tiene de Vox para poder gobernar Andalucía los próximos cuatro años. El objetivo: desgarrar el traje moderado de Juan Manuel Moreno.

Así lo apuntan fuentes de la dirección socialista, que inciden en que ahora se trabaja en una estructura de partido más correosa, preparada para hacer oposición de verdad. Para ello se ha desmontado una formación que seguía construida para gobernar -es lo que hizo durante 37 años ininterrumpidos-, a la espera de unas órdenes desde San Telmo que ya hace tiempo que dejaron de llegar. Es decir, el cerebro del partido estaba en la Junta y por lo que se ve seguía allí, de ahí que lo primero en esta nueva etapa sea aterrizar la organización a la crudeza de la oposición. Para enterarse han sido necesarias tres derrotas autonómicas consecutivas -2018; 2022 y 2026- y cavar el suelo electoral del PSOE andaluz hasta los 28 diputados (llegaron a tener 61 de 109).

De momento, la capitana de la nave va a ser la secretaria general, María Jesús Montero, que este martes ha reaparecido en la escena pública andaluza 16 días después de las elecciones del pasado 17 de mayo, cuando los socialistas cosecharon el peor resultado de su historia. “Aquí estoy”, ha repetido ante la prensa en el Parlamento cuando se le ha preguntado por esta ausencia de dos semanas largas, que ha dedicado a un “trabajo interno” para analizar “qué nos han dicho los ciudadanos en las urnas”. Lo que se busca así es acometer “mejoras” en los órganos del partido y afinar “cuáles son los elementos prioritarios sobre los que tiene que pivotar” su labor de oposición.

Moreno “es el que tiene que mover ficha”

“Yo voy a ser la que ejerza la oposición al señor Moreno Bonilla”, ha subrayado Montero, es decir, que “no hay ninguna novedad respecto a la hora de ruta que teníamos trazada desde el primer día”. Por ello, y ante el cuestionamiento por estos 16 días fuera del primer plano, la líder socialista le ha dado la vuelta a la situación y ha puesto el foco en que el mismo tiempo lleva desaparecido en combate Juan Manuel Moreno, “que es el que tiene que mover ficha” para formar Gobierno y “poner en marcha Andalucía”.

“No sé si es que no ha digerido los resultados electorales o no los acepta”, lo cierto es que hasta Vox le reprocha que no dé el primer paso de contactar con ellos para negociar una investidura para la que no hay fecha. Sí la tiene la constitución de la Cámara, el próximo 11 de junio, dominada con holgura por el bloque conservador gracias a la suma de los parlamentarios de PP (53) y Vox (15), y teniendo en cuenta que la mayoría absoluta está en los 55.

En la dirección socialista están convencidos de que en cuanto se inicien las conversaciones entre ambos partidos empezarán a estallarle a Moreno las costuras de su traje de moderación, un deshilachado que –ya quedó dicho– se quiere agrandar con una oposición más recia, más de combate. Para ello, se considera que se cuenta con un grupo parlamentario más preparado para esta tarea, empezando por una María Jesús Montero curtida en ocho años de tensos pulsos en el Congreso.

¿Los problemas? “Hay muchos motivos”

Las mismas fuentes dan por hecho que, salvo sorpresa, Pedro Sánchez agotará la legislatura, lo que situaría las elecciones generales en el verano de 2027 y, por lo tanto, después de unas municipales que se celebrarán el próximo 23 de mayo. En este sentido, no se considera generalizado el runrún entre los alcaldes para que el orden sea justo al revés, y es que esta lógica –que da por hecho un descalabro en las generales– tampoco sería la mejor tarjeta de presentación para las municipales. De hecho, se recuerda que en 2023 las cosas le fueron mejor a Sánchez que a muchos aspirantes a regidor.

En cuanto a qué es lo que falla en el partido para encadenar ya tres legislaturas en la oposición, se apunta que no es cuestión de apretar un único tornillo, sino que son muchos los que fallan. La propia Montero ha verbalizado una idea parecida al señalar que la explicación de la derrota del 17M “es multicasual, no hay una única causa”. “Hay muchos motivos”, ha incidido, poniendo el acento en que se van a “incorporar ámbitos de mejora que están bajo nuestro control” para “seguir trasladando confianza en los ciudadanos hacia el PSOE”.

La secretaria general, que ha puesto el acento en la preparación de las municipales para volver a gobernar en ciudades como Sevilla, sí ha apuntado que entre estos elementos de mejora están una “coordinación efectiva” en todos los ámbitos del partido –desde el federal al local– y una mayor “presencia en el territorio”. En este punto, desde la dirección se subraya que a ello va a ayudar que, al contrario que en etapas anteriores, los secretarios generales provinciales no van a tener escaño, excepción hecha de un Josele Aguilar por Málaga que no obstante parece apuntar a presentarse como alcalde.

Mejor situación para ejercer la oposición

Fuentes socialistas consideran que, pese al descalabro, el 17M se produjeron tres buenas noticias: por un lado, Moreno perdió la mayoría absoluta, hubo mayor participación y se frenó la “hemorragia de votos”. El PSOE, en efecto, superó los 947.000 apoyos frente a los 888.000 de 2022, casi 60.000 más achacables precisamente a esa mayor participación ya que cayó en porcentaje (del 24,09 al 22,71%) y en escaños, de 30 a 28.

En este contexto, Montero ya ha marcado las prioridades: hacer hincapié en el “deterioro paulatino” de la sanidad y la educación pública, de la la dependencia y la “nula política de vivienda” del Gobierno andaluz. Mientras, toca tomar decisiones que se irán anunciando, como qué socialista estará en la Mesa del Parlamento (para lo que el PP no ha llamado ni al PSOE ni a ningún otro partido de izquierda) o si Susana Díaz y Juan Espadas repiten como senadores.

En estas aguas se mueve la nave socialista, cuando el calendario dice que en mes y medio, el 17 de julio, se estrena La Odisea de Christopher Nolan, que relata las desventuras del héroe homérico para volver a su reino de Ítaca tras la guerra de Troya. Aquel periplo le llevó sus diez años, y una sensación parecida tienen en el PSOE tras el naufragio el 17M que les condena a purgar de nuevo en la oposición, en la que van a encadenar 12 años. Superarán así el tiempo de desventuras de Odiseo, el Ulises de los romanos, que además estuvo lejos de Ítaca otra década de guerra en Troya hasta que se sacó el caballo de la manga. Y todavía hay quien se tienta la ropa para que no cambiar de libro y abrir al relato bíblico de ese Moisés invirtiendo 40 años en atravesar el desierto...

Doble negativa a la Casa de Alba por parte del juez que investiga un posible delito ambiental, por el daño que habrían causado los nueve pozos ilegales encontrados en su finca sevillana de Aljóbar, lindando con Doñana. Por un lado, ha rechazado su petición del archivo exprés de la causa tras conseguir el permiso oficial para regularizarlos, proceso que puso en marcha cuando fueron descubiertos por primera vez –luego hubo una segunda– a pleno rendimiento sin autorización. Y por otro, ha vuelto a denegar que se tome declaración judicial a un perito de parte que la defensa considera clave, hasta el punto de que en su recurso llegó a asegurar que esto deja a los acusados en una situación de “indefensión” porque su testimonio les ahorraría la “pena de banquillo”.

En un breve auto, al que ha tenido acceso este periódico, el instructor vuelve a dar señales de lo que ya afirmó en el anterior, que la investigación “está prácticamente agotada”. En este caso no es tan explícito, pero sobre la petición de archivo sí le transmite a la defensa de Eurotécnica Agraria (la empresa familiar de los Martínez de Irujo, hermanos del duque de Alba, que gestiona estas tierras) que, “en el momento procesal en que se resuelva el destino de esta instrucción, se dará respuesta”. Es decir, que por ahora no pero que se vislumbra que habrá resolución en breve.

Además de reseñar que la Fiscalía presentó un informe de impugnación oponiéndose a las peticiones de la defensa, el juez reitera que considera innecesario que comparezca el perito que realizó un estudio sobre el sistema de riego de la finca y las cosechas obtenidas. Sí testificó otro de los expertos a propuesta de Eurotécnica Agraria, que hizo un contrainforme ambiental para desmontar el análisis de la Guardia Civil, que cifra en cinco millones el “beneficio ilegal” e insiste en que se extrajo más agua de la autorizada.

El testimonio “no es de utilidad”

El magistrado recuerda que el informe pericial está incorporado a la causa, y que por tanto “su mayor o menor virtualidad probatoria, en esta fase de instrucción, no se va a ver afectado porque el perito ponga de manifiesto sus conclusiones ante ese instructor”. De hecho, en las ratificaciones precedentes (tanto de la Guardia Civil como de la defensa) “apenas se aporta nada relevante o de nuevo conocimiento” a lo que ya se incluía en la documentación previa, por lo que insiste en “no considerar de utilidad la ratificación de esa pericial”. En la misma línea, ya rechazó también la comparecencia de los extrabajadores cuya denuncia dio origen al caso.

Los abogados de Eurotécnica Agraria solicitaron el archivo y sobreseimiento de la investigación nada más conocer que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG, el organismo estatal que concede los derechos de agua) autorizaba cambios en el sistema de riego que implican la regularización de ocho de los nueve pozos sin licencia. El permiso impone diez condiciones específicas y 43 generales, ya aceptadas por la propiedad.

Este procedimiento administrativo es una opción que contempla la Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, lo que en la práctica es una transmutación de derechos sobre aguas privadas a concesión de aguas públicas. La tramitación, eso sí, la puso en marcha la propiedad nada más iniciarse la investigación judicial.

Como mucho, sanción administrativa

La empresa considera que esta autorización de la Confederación “convalida el sistema de riesgo existente en la finca” y “acredita” que “no genera daño grave alguno al dominio público hidráulico”, ya que en caso contrario no habría recibido la preceptiva luz verde. La defensa reitera que nunca ha sobrepasado la extracción de 605.000 metros cúbicos anuales que tiene autorizados en Aljóbar, en el municipio sevillano de Aznalcázar.

Eso sí, admite la existencia de los pozos sin regularizar, pero que este extremo “no tiene relevancia penal”. A su juicio, y como mucho, todo esto puede acabar en una sanción administrativa por una infracción “en cualquier caso calificada como leve en la legislación de aguas”, como es “alumbramiento de pozos sin autorización”. Y reitera “la imposibilidad de haber producido daños al acuífero Aljarafe Sur” con sus instalaciones.

La Fiscalía, en cambio, considera que hay “base suficiente” para una acusación por un delito de medio ambiente, ya que considera que durante 11 años se extrajeran unos 6.600 millones de litros de manera ilegal. Esto, según los informes de la Guardia Civil, habría provocado un daño ambiental que puede ser irreversible, de hecho hasta el propio juez instructor ha llegado a apuntar que estas extracciones sin licencia pueden haber tenido un “impacto colateral en Doñana” y en su avifauna.