La plataforma Senadoras y Senadores por la Democracia, un movimiento surgido de la sociedad civil para impulsar una candidatura única al Senado de toda la izquierda, también mueve ficha desde Andalucía para conseguir este objetivo. La propuesta es de ámbito nacional, pero este martes se ha presentado en Sevilla para transmitir que esta alianza dejaría en manos de la izquierda 24 de los 32 senadores que están en juego el 29N (el PP tiene ahora 21), fruto de que “no se desaprovecharía ni un voto” con una fórmula además en la que “ningún partido sacrifica nada” porque no hay que hacer renuncias al programa electoral al tratarse sólo de un listado de nombres.

El problema es que no sólo hay que poner de acuerdo al PSOE y a las formaciones a su izquierda, sino que además hay que hacerlo en un tiempo récord porque este viernes 16 de octubre expira el plazo para presentar coaliciones ante la Junta Electoral. Los nombres de los candidatos que concurrirían en las listas sí pueden esperar un poco más, pero no mucho, ya que el 26 de octubre se baja definitivamente el telón para ello.

El músico Kiko Veneno, los cineastas Benito Zambrano y Pilar Távora, el líder ecologista y jornalero Francisco Casero, el expresidente del Parlamento andaluz Diego Valderas, el sindicalista Antonio Rodrigo Torrijos o el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo han sido algunos de los encargados de poner cara a esta presentación andaluza en Sevilla, a la que seguirán algunas provinciales, como en Córdoba, Granada y Málaga este miércoles. Y la propuesta es sencilla: como en cada provincia se reparten cuatro senadores, tres de los cuales suelen ir para el partido vencedor y uno para el segundo, el PP se está beneficiando de la fragmentación de la izquierda. De esta manera, copó el máximo posible en seis provincias, excepto en Sevilla (donde venció el PSOE y sólo cosechó uno) y en Huelva, donde se produjo un poco frecuente empate a dos.

Los partidos, en teoría por la labor

Con esta “propuesta ganadora”, como se ha definido, la izquierda multiplicaría sus opciones de hacerse con el control del Senado, que en sí no tiene un gran impacto práctico en la política nacional. Lo verdaderamente importante, se ha subrayado, es que la Cámara Alta es la llave para nombrar a cuatro miembros del Tribunal Constitucional –se hará en 2027 al dilatar el PP los plazos a la espera de unos resultados que le convengan más– y a diez vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que toca en 2029.

¿Y cómo debería formalizarse esta alianza de la izquierda? La plataforma señala que esto es cosa de la negociación entre partidos, pero que lo lógico es que dos fueran del PSOE y el tercero a repartir entre los diferentes partidos –incluido Adelante Andalucía– que están a su babor. “Todos ganarían”, porque los socialistas tendrían más senadores que ahora y el resto de formaciones los lograrían por primera vez, lo que les abriría la puerta a “una financiación pública importante”.

Por lo que les consta y han hablado con sus dirigentes, en Andalucía estarían por la labor tanto desde el PSOE como desde el Frente Amplio, otra cosa lo que resulte al final de una negociación que, de haber voluntad, se tiene que estar produciendo. “Hay que hacerlo ya”, se ha reiterado una y otra vez ante la premura de tiempo.

El Senado, “un aborto”

La voz cantante en el acto la ha llevado Javier Pérez Royo, que ha definido el Senado como “un aborto” que “no juega papel alguno” en el día a día del país como consecuencia de un sistema que deposita todo el peso en los hombros del Congreso. La Cámara Alta es así “una monstruosidad” que encima es notoriamente “anticonstitucional por la desviación brutal del principio de igualdad”, ya que por ejemplo las provincias de Madrid (con siete millones de habitantes) y Soria (con 90.000) tienen el mismo número de senadores.

“El Senado no sirve para nada, sólo para meter ruido”, y en este sentido ha apuntado al “uso fraudulento” que –con su mayoría absoluta– ha hecho el PP del mismo, “con más comisiones de investigación que en el resto de legislaturas juntas”. Al margen de funcionar como caja de resonancia, el verdadero peso político de la Cámara Alta radica en su papel clave en las renovaciones del Constitucional y el CGPJ, con un control muy férreo de los populares sobre los candidatos que propone y son elegidos.

“Hay cantidad de cosas esenciales que se pueden perder”, ha apuntado la cineasta Pilar Távora, que ha incidido en que esta iniciativa parte de la sociedad civil en un ejercicio de “responsabilidad política y ciudadana”, mientras que el músico Kiko Veneno ha apuntado que esta vuelta “a los tiempos de Hitler y Mussolini nos tiene que poner los pelos de punta”. El sindicalista Antonio Rodrigo Torrijos lo que ha hecho es advertir ante el “liberticidio” en el que puede traducirse la actual marea conservadora.

El cineasta Benito Zambrano, por su parte, ha recordado que, frente a la ola racista y xenófoba, los españoles fueron los “negros de Europa” en los años 50 y 60, y lo mismo los andaluces en Cataluña en los 70 y 80. “Aquí no se puede echar a nadie, todos somos necesarios”, alertando de que “podemos dar pasos atrás enormes”.

Antonio Muñoz (La Rinconada, Sevilla, 1959) acaba de ser nombrado candidato del PSOE a la Alcaldía de Sevilla por segunda vez. La primera, en 2023, concurrió como alcalde y perdió el cargo. Ahora ha afrontado un proceso de primarias sin oponente –“aunque sinceramente no me hubiera importado”– y prepara una carrera hasta las municipales del próximo 23 de mayo en la que antepondrá su marca personal a la de un partido que, admite, “no está en buen momento”.

Como otros compañeros candidatos a las municipales, ¿usted es de los que quería que se adelantase las elecciones generales para que fuesen antes de las municipales?

Sí, yo quería que fuesen antes, creo que es mejor que cada elección tenga su momento y su debate. Eso va a permitir que, cuando lleguen las municipales, podamos hablar de Sevilla y de los problemas concretos de los sevillanos. Y el alcalde, José Luis Sanz, ya no podrá esconderse más detrás de Pedro Sánchez para evitar dar explicaciones sobre lo que está ocurriendo realmente en Sevilla.

El alcalde asegura que a usted le alegra el adelanto electoral porque se quita de encima una losa con este Gobierno, ¿tan contento está usted con el adelanto?

Más bien creo que quien no está contento es precisamente el alcalde, porque el adelanto desbarata totalmente su relato recurrente, ya no podrá culpar de todo a Pedro Sánchez para tapar su mala gestión en Sevilla escudándose tras temas nacionales. Ahora ya no podrá hablarme en la campaña de las municipales de Bildu como hizo en 2023. Esa estrategia ya no le va a servir, aunque lo intente, que seguro que seguirá haciéndolo, porque no tiene otros argumentos sólidos para defender su gobierno en Sevilla.

¿Qué le dice a los que creen que es candidato por incomparecencia de rivales, que el propio PSOE le ve como el mal menor?

Pues que no es cierto. Digamos que es una fortaleza que en este momento haya unanimidad, por así decirlo, ¿qué estaríamos diciendo si hubiera habido, como en otras capitales de provincia, dos o tres compañeros que optaran a la Alcaldía? Pues que no hay acuerdo, que hay fisuras, que hay dudas. Bueno, en este caso hagamos la reflexión contraria: si nadie ha querido dar el paso, es que entiendo que despertaré un mínimo de consenso entre la militancia socialista. Me quedo con la foto final de los 11 secretarios y secretarias de la capital apoyando mi candidatura.

Hay una desigualdad extrema en cuanto a calidad de vida y en cuanto a equipamiento, no es que haya barrios de primera y de segunda, es que hay barrios de tercera y de cuarta

¿Tiene la sensación de que va al desolladero? Se da por hecho que el PSOE no tiene opciones de recuperar la Alcaldía de Sevilla y que por esto no ha habido otros candidatos en las primarias.

Ganaré y seré el próximo alcalde. Ahora bien, es verdad que en el actual contexto de polarización y crispación política la marca del PSOE no está en buen momento. Pero el adelanto de las generales hace que en las municipales Sanz no va a poder esconderse detrás de la problemática de Cataluña o de Ceuta, tendrá que hablar de Sevilla. Y hay otro hecho diferencial con respecto a 2023: ya no es el alcalde de Tomares que viene con una etiqueta de supuesta buena gestión, porque su gestión en Sevilla es de desencanto total y de abandono de los barrios.

Como candidato socialista, ¿no choca que admita que el PSOE no está bien?

Lo que digo es algo bastante evidente: hay momentos en los que las marcas políticas tienen más fuerza y otros en las que atraviesan situaciones más complejas.

Entonces, ¿va a anteponer su marca personal a la del partido porque ahora mismo le quita más que le da?

Es evidente que el PSOE atraviesa un momento difícil, pero unas elecciones municipales también tienen mucho que ver con la ciudad, con el candidato y con el proyecto que se ofrece. Yo tengo que recuperar el buen recuerdo que la gente me dice tener de los 18 meses que estuve de alcalde, cuando se vio que era posible gestionar la ciudad de otra manera. Eso me lleva en automático a hacer una campaña más personal que partidista.

¿Y cuáles van a ser las claves de ese proyecto?

Resumo el programa electoral en tres palabras: barrios, barrios y barrios. Porque parto del convencimiento de la desigualdad tan extrema en cuanto a calidad de vida y en cuanto a equipamiento que existe, no es que haya barrios de primera y de segunda, es que hay barrios de tercera y de cuarta. Hay una sensación de dejadez en cuanto a los servicios que presta el Ayuntamiento que es tremendamente preocupante porque eso provoca el desencanto en la política, que la gente deje de creer en la democracia y que se agarre a fórmulas extremas, como está ocurriendo con la extrema derecha. Si soy alcalde, que lo voy a ser, daré un giro de 180 grados a la hora de las inversiones para mejorar la calidad de vida de esos barrios. Basta de poner el foco y la prioridad presupuestaria sólo en la ciudad del escaparate, en la ciudad turística, en la ciudad patrimonial, que indudablemente requiere de cuidado y mimo, pero más allá de un kilómetro a la redonda de Plaza Nueva viven muchísimos sevillanos, la mayoría, y están dejados de la mano de Dios por el Ayuntamiento.

Ya que menciona a la ultraderecha, ¿en su campaña va a agitar el miedo a Vox?

Bueno, digamos que no es el miedo a Vox, que ya tiene un recorrido indudable porque en el Ayuntamiento de Sevilla hay una clara influencia de las políticas de extrema derecha. Y eso es así porque Sanz ha elegido como compañera de baile en estos años a la extrema derecha, con unas prioridades que se han traducido en servicios o programas que distan bastante de ser la prioridad de la ciudad. Nos hemos encontrado con un partido que su prioridad nacional, en el caso de Sevilla, son dos chiringuitos, la oficina antiaborto y la oficina antidesahucios. Y después hay otro elemento fundamental que se puede observar en el ambiente de crispación del pleno municipal con el binomio Sanz-extrema derecha, un ambiente desconocido hasta ahora. Eso es por Sanz, que tiene una actitud soberbia, prepotente, de poco diálogo y de entrega a las tesis de Vox.

¿Votar al PP va a ser también votar a Vox?

Sí, porque difícilmente se va a poder alcanzar una mayoría absoluta por parte de ninguna fuerza política. Y digamos que el escenario político se ha reducido bastante desde el momento que ha desaparecido un partido de centro como era Ciudadanos. La mayoría de ese voto de centro lo recogió Sanz en 2023, pero es un electorado desencantado porque eligió como compañero político a la extrema derecha. Estoy seguro de que ahora me van a votar a mí porque en este momento represento una opción que ocupa más la centralidad política que este PP tan a la derecha con Vox.

Hay que pedirle disculpas en nombre del PSOE a muchos barrios de Sevilla donde no cumplimos las expectativas, pero a continuación me toca reconstruir esa confianza

En 2023 llegó a afirmar que muchos votantes que habían votado a Moreno en las autonómicas le iban a apoyar a usted, pero después la cosa salió regular…

Sí, efectivamente no ocurrió porque hubo un trasvase automático de votos de Ciudadanos al PP. No tengo datos estadísticos, pero sí tengo el termómetro de la calle y de muchos votantes que me dicen que confiaron en el PP y ahora ven que es un desastre de gestión y que se ha entregado a las tesis de la extrema derecha, hay desencanto en una ciudad que va marcha atrás. Estoy seguro de que voy a recuperar buena parte de ese electorado que en su momento votó a Ciudadanos.

El PP ha ganado todas las últimas elecciones celebradas, ¿Sevilla ha dado un giro conservador?

Los datos de las últimas elecciones muestran que la marca PSOE no está en un buen momento, decir lo contrario sería ponernos una venda en los ojos, pero las circunstancias no son las mismas: indudablemente Moreno Bonilla no está tan fuerte en Andalucía y Sanz ya no es el alcalde modelo que viene de Tomares después de hacer una gestión impecable. Sanz está demostrando de manera inequívoca que no tiene un modelo, no sabe qué hacer con Sevilla. Y desde luego se equivoca con su obsesión con tanta obra, porque transformar una ciudad no es tenerla patas arriba como la tiene en este momento, es un error que estoy seguro de que le va a pasar factura.

Al margen de eso, ¿sus opciones para ser alcalde dependen mucho de lo que ocurra a su izquierda?

Indudablemente. Yo espero que la izquierda del PSOE aprenda de lo que ocurrió en 2023, cuando hubo 13.000 votos de una fuerza política [Adelante Andalucía] que fueron sencillamente a la papelera. Si la izquierda del PSOE hubiera mantenido los cuatro concejales que tenía antes de las elecciones, seguramente en este momento yo sería el alcalde. Por eso, con el respeto más absoluto, a las fuerzas de izquierda les pido un poquito de reflexión y que aprendan del pasado más inmediato. Si en 2023 las ofertas programáticas eran muy semejantes, ¿por qué confundir al electorado, por qué dividirlo para provocar que haya votos que vayan a la papelera? Evitemos esa situación.

¿El PSOE ha desilusionado a sus votantes y uno de sus retos ahora es recuperar esa ilusión?

Es verdad que hay que mirar hacia adentro y ver que en 2023 no fuimos capaces de cumplir las expectativas que esperaban de nosotros muchos ciudadanos en muchos barrios. Hay múltiples causas, así que he dedicado buena parte de estos años de oposición a reconstruir la confianza en el PSOE en esos barrios en los que nos votaban mayoritariamente y donde la abstención ha ido creciendo. Hay gente que votaba PSOE y que ha ido dándonos la espalda, y seguramente con razón. Por eso lo primero que tenemos que hacer, y yo lo hago cada vez que me encuentro con vecinos en un barrio y me ponen encima de la mesa una demanda vecinal que no fuimos capaces de cumplir, es pedir disculpas. Hay que pedirle disculpas en nombre del PSOE a muchos barrios de Sevilla donde no cumplimos las expectativas, pero a continuación me toca reconstruir esa confianza.

¿Hay algo que personalmente se achaque usted, falló en algo que ayudó a esta cadena de múltiples causas a las que apunta?

Claro que sí, yo no soy un político perfecto, dentro de esas múltiples causas yo también tengo que asignarme una parte de culpa de no haber llegado, de no haber conectado con el electorado, de no haber cubierto algunas de las demandas de esos vecinos y vecinas de barrios periféricos que llevaban tiempo esperando. Pero también tengo que decir en mi descargo que estuve sólo 18 meses de alcalde, y que fue una etapa muy productiva para Sevilla.

¿Habrá muchos cambios en la lista electoral con la que se presente? ¿Pretende hacer un fichaje estrella para ello?

Si concurrimos a las elecciones del año que viene con el mismo programa y con la misma lista, pues seguramente obtendremos el mismo resultado y eso es insuficiente para recuperar la Alcaldía. La lista no va a tener ningún fichaje estrella, una expresión que no me gusta. Pero indudablemente tiene que tener nuevas caras, nuevas incorporaciones de militantes del PSOE, porque le puedo asegurar que en las 11 agrupaciones hay gente que supone savia nueva, que tiene ganas y que puede oxigenar la lista. No estamos ahora en esa fase, sino en plasmar en el programa electoral la oferta del PSOE porque no quiero ser como Sanz, el alcalde sólo de unos barrios: yo quiero ser alcalde de todos los barrios y eso conlleva reformular el programa electoral del PSOE, priorizando las inversiones en los barrios, y para eso indudablemente se necesita renovar parte del equipo.

Ni una licencia de piso turístico más y recuperemos esas licencias, porque piso que se dedica al turismo, piso que no se dedica a que viva una familia o un joven sevillano

Habla de los barrios, pero si nos atenemos al minuto de juego y resultado de la actualidad, las grandes preocupaciones son vivienda y turismo, en las que se critica su gestión.

No son ciertas ninguna de las dos cosas. Los promotores inmobiliarios, por ejemplo, saben perfectamente que desde que se desbloquea una situación de un suelo para poder construir vivienda hasta que se entrega una llave pueden pasar cinco o siete años. Por tanto, el 92% de las llaves de vivienda que está entregando Sanz provienen de proyectos desbloqueados durante los cuatro años anteriores, y esos son datos que se pueden demostrar. Esa es la falta de gallardía, de elegancia política de Sanz para llamar a las cosas por su nombre. ¿Y cuántas llaves se van a poder entregar en el próximo mandato fruto de proyectos que haya iniciado él? Le puedo asegurar que bastante pocas. En campaña habrá que hablar también de las VPO a 350.000 euros y de las dificultades de los jóvenes y de muchas familias para pagar una vivienda y no poder ejercer el derecho de vivir en su barrio. En cuanto al tema turístico, reconozco que me tocó una etapa para protagonizar un crecimiento turístico en Sevilla.

Y un crecimiento también de los pisos turísticos...

Es verdad que ese fenómeno nos pilló a todos con el pie cambiado, no solamente a Sevilla, hubo un crecimiento exponencial. Yo en este momento lo que digo es que ni una licencia de piso turístico más y recuperemos esas licencias, porque piso que se dedica al turismo, piso que no se dedica a que viva una familia o un joven sevillano. Sanz ha intentado limitar los pisos turísticos en el centro y eso ha provocado que se desplacen a los barrios más periféricos. Ya tenemos pisos turísticos incluso en Los Pajaritos, y el Polígono de San Pablo está lleno. Eso hay que atajarlo y hay que ser valientes, porque es un auténtico cáncer para las ciudades.

La sensación es que el turismo se está yendo de las manos, ¿los sevillanos están perdiendo Sevilla?

Pues en buena parte sí. E igual que en un momento determinado hubo que pisar el acelerador para provocar un crecimiento turístico, desde el momento que el turismo empieza a provocar molestias al ciudadano de a pie se puede convertir en un problema. Sevilla ahora mismo tiene un número de turistas aceptable y considerable, esto no es una carrera de atletismo donde todos los años hay que batir el récord. Y si seguimos con la obsesión, como tiene el señor Sanz, de más turistas, corremos el riesgo de ponernos a los sevillanos en contra y que aparezca la turismofobia, que ya empieza a haber algunos conatos en algunos barrios de Sevilla.

La cena VIP celebrada en la plaza Virgen de los Reyes de Sevilla, al pie mismo de la Giralda, se autorizó en un enclave rodeado de monumentos patrimonio de la humanidad por el “alcance mediático extraordinario” que iba a tener el evento, lo que le allanó el camino para recibir permisos especiales y fondos públicos. La gala, con motivo de la concesión de los XX Premios Escaparate –que entrega la revista del mismo nombre–, generó 324 millones de impactos, equivalentes a una campaña publicitaria de gran coste.

Éste ha sido el argumento principal esgrimido por el gobierno del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, que considera que esta cifra de 324 millones de impactos “justifica bastante bien el retorno” de la ayuda municipal de 18.000 euros (IVA incluido). Así lo ha esgrimido la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno (PP), que ha defendido además que no se ha utilizado “ningún atajo administrativo” para autorizar el uso de un espacio tan emblemático y especialmente protegido por las ordenanzas.

La famosa cena ha vuelto a escena en la comisión de control del Consistorio hispalense, en la que el grupo de Podemos-IU ha planteado una pregunta basada en la “muchísima indignación” que generó en la ciudadanía, que hasta se movilizó con una sentada para denunciar la “privatización” de este enclave. La concejal Susana Hornillo (Podemos) ha recordado además que un juzgado investiga el evento, al que asistieron el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno (PP), y el alcalde, José Luis Sanz (PP), y al que ambas administraciones aportaron 36.000 euros brutos de dinero público.

“Ingeniería administrativa”

Hornillo ha lamentado que el gobierno municipal “tiene dos caras, una para los barrios y otra para la gente VIP”, y si en los primeros faltan inversiones los segundos “tienen carta blanca, lo que haga falta y si hay que saltar una ordenanza, se hace”. Y ha llegado a definir como “ingeniería administrativa” la concesión del permiso a la gala, haciendo una excepción a la ordenanza que prohíbe expresamente –con excepciones– actos en esta plaza.

La delegada de Turismo, por su parte, ha argumentado que se siguieron los cauces administrativos normales para grandes eventos, para lo que fue una empresa municipal (Contursa) la que tramitó los permisos. De paso, ha recordado que la revista Escaparate lleva 20 años concediendo estos premios en espacios singulares de la ciudad, y que ha obtenido para ello las correspondientes autorizaciones de ayuntamientos “gobernados por el PSOE, el PP e IU”, en alusión a la coalición de gobierno PSOE-IU en la etapa de Alfredo Sánchez Monteseirín como regidor.

“La gente conoce Sevilla por la revista Escaparate” y no tanto por su patrimonio, ha ironizado Hornillo, que de manera retórica ha preguntado en qué se van a beneficiar los sevillanos de los 324 millones de impactos que se usan ahora como argumento. Si es una cuestión de imagen para la ciudad, ha subrayado, la que va a quedar es la de “una investigación por malversación” y la de “un Ayuntamiento que usa los espacios públicos como un cortijo privado”.

La Casa de Alba admite que tenía varios pozos sin licencia (hasta nueve) en su finca de Aljóbar, a las puertas de Doñana, pero insiste en que no extrajeron más agua de la que tiene autorizada la propiedad y que nadie ha podido demostrar lo contrario, básicamente porque carecían de los obligatorios contadores. Esto, unido a que considera que ningún informe técnico ha acreditado “peligro grave” para el medio ambiente, le lleva a concluir que en ningún caso se ha cometido un delito ambiental y que, como mucho, hablamos de una “infracción administrativa” por no tener regularizados los bombeos.

Éstas son las tesis con las que la defensa de Eurotécnica Agraria, la empresa familiar de la Casa de Alba que gestiona estas tierras en Aznalcázar (Sevilla), reitera que no hay nada más que investigar en este caso. De esta manera, se opone a los recursos que han presentado la Fiscalía y Ecologistas en Acción contra el archivo de la causa decretado hace un mes por el juez.

El escrito de Eurotécnica Agraria afea la petición de la Fiscalía de que sea en un juicio donde se analice si ha habido perjuicio o no al medio ambiente, y le reprocha al Ministerio Público que “desconoce que el juicio oral no puede convertirse en una investigación prospectiva” para determinar si hubo riesgo grave al entorno. “La instrucción ya ha demostrado la ausencia de base técnico-científica suficiente” sobre esta cuestión, apostilla.

En cambio, en su recurso la Fiscalía repite que se cometió un delito ambiental porque se produjo una “extracción sistemática y de carácter industrial” de agua sin licencia “mantenida durante muchos años con grave perjuicio para el medio natural” y en plena prealerta por sequía. En sus informes, la Guardia Civil cifra que la propiedad extrajo de manera ilegal entre 3.800 y 6.640 millones de litros durante una década larga, lo que le reportó un “beneficio ilegal” de 5,1 millones de euros y provocó daños al entorno de entre 732.000 euros y 1,1 millones.

Informes sin “fiabilidad”

En cambio, la defensa argumenta en su nuevo escrito que “no basta la mera infracción administrativa” para imputar un delito, y que el Código Penal establece que para ello es necesario que las captaciones “causen o puedan causar daños sustanciales”. Por ello, abunda en que para entrar en el terreno de lo delictivo se “exige algo más que la mera infracción de la normativa de aguas” que habría cometido Eurotécnica Agraria con sus extracciones.

“La mera existencia de pozos no autorizados y la infracción” de la Ley de Aguas no presuponen la existencia de un delito ambiental, sostiene el escrito. Para ello, habría que demostrar que se han dado las circunstancias “idóneas” para “originar un riesgo grave” para el acuífero (Aljarafe Sur) o para causar “daños sustanciales” a la calidad de las aguas, especies o hábitats.

La única forma de demostrar esto es con informes técnicos de una “mínima solidez pericial, inexistente en el presente caso”. De hecho, recuerda que la Guardia Civil hizo correcciones en sus análisis, lo que “merman su credibilidad y afectan a su robustez metodológica”, lo que le lleva a afirmar que “no alcanzan el umbral mínimo de fiabilidad”.

Legalización de las extracciones

La Casa de Alba insiste en que no se ha regado más superficie de la permitida, “sin que se haya podido determinar si se ha extraído más agua de la autorizada”. A esto suma que la administración hidráulica (la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) reconoce como bueno el estado del acuífero, además de que no ha podido determinar que el progresivo descenso de su nivel sea responsabilidad “exclusiva” de Aljóbar porque hay otras fincas cercanas.

Por último, vuelve a agarrarse al otro gran argumento junto al de la falta de contadores, y es el cambio del régimen de regadío en la hacienda (transformación de derechos de aguas privadas a públicas) “por la que se legalizan la totalidad de las extracciones existentes”. Esta opción es un derecho que la normativa de aguas concede a la propiedad y que no evita posibles sanciones administrativas por irregularidades anteriores, pero se esgrime que “de apreciarse un impacto negativo” no se habría autorizado.

Eurotécnica Agraria, por cierto, presentó este proyecto a las pocas semanas de que empezara la investigación judicial en 2023, cuando ya había sido sorprendida con los pozos ilegales en uso por primera vez, ya que un año después volvió a usarlos. Con todo, la defensa lo que hace es repetir buena parte de los argumentos y razonamientos que han llevado al juez a dar carpetazo a la causa, de ahí que solicite que se reafirme el archivo del caso.

“Existen indicios suficientes de haberse perpetrado delito contra el medio ambiente”. Ésta es la conclusión en la que insiste la Fiscalía de Medio Ambiente sobre los nueve pozos sin licencia de la Casa de Alba en su finca de Aljóbar, en el término del municipio sevillano de Aznalcázar, y en ello basa el recurso de reforma que ha presentado para “revocar” el archivo de la causa decretado por el juez instructor. El escrito ha sido admitido a trámite, al igual que la petición en el mismo sentido de Ecologistas en Acción.

El Ministerio Público incide en la tesis, basada en los informes de la Guardia Civil, de que se produjo una “extracción sistemática y de carácter industrial” de agua sin licencia, además “mantenida durante muchos años con grave perjuicio para el medio natural” y cuando el acuífero del que extraía (Aljarafe Sur) estaba en prealerta por sequía. Y basa su argumento en la cuestión principal de que la legalización de estos pozos el pasado mes de mayo “no elimina el delito contra el medio ambiente que ya se hubiera consumado”, ya que según el instituto armado las extracciones venían produciéndose desde hacía más de una década cuando fueron descubiertas en 2023.

Apunta así la fiscal contra una de las principales conclusiones del magistrado, el permiso que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG, el organismo estatal encargado de conceder los derechos de riego) dio a la propiedad para lo que técnicamente se conoce como transmutación de derechos de aguas privadas a concesión de aguas públicas. Eurotécnica Agraria, la empresa familiar que gestiona la finca y que controlan los Martínez de Irujo, hermanos del duque de Alba, inició esta maniobra para cambiar el sistema de riego –un derecho recogido en la Ley de Aguas– al poco tiempo de que empezara la investigación judicial.

“Aptitud potencial para un perjuicio grave”

La causa se inició en octubre de 2023, tras las denuncias por riego sin permiso, lo que llevó a la clausura de los pozos, un precinto que el juez decidió levantar y que provocó que meses después fueran sorprendidos una segunda vez bombeando sin licencia. La autorización dada por la CHG fue esgrimida por el juez en su auto de archivo como un elemento exculpatorio: si se ha permitido la “legalización”, “no parece que esas extracciones hayan venido causando un impacto negativo en el caudal y/o en la calidad de las aguas del acuífero”.

La Fiscalía insiste en los indicios de delito “sin perjuicio de que con posterioridad puede haberse autorizado” esta transmutación de derechos. En este sentido, insiste en que esta “legalización posterior” no implica que se cometiera un delito contra el medio ambiente durante más de una década. A su juicio, estamos antes un “delito de peligro hipotético”, y que, por lo tanto, “basta con acreditar que la extracción clandestina e incontrolada tuvo aptitud potencial para causar un perjuicio grave al recurso hídrico legalmente protegido”.

Por eso, reitera que las licencias ahora concedidas que regularizan las extracciones “no tienen efectos retroactivos que anulen a previa conducta delictiva”. “En todo caso”, apostilla, “se mantendría la obligación de indemnizar los daños causados al dominio público” por la actividad de estos pozos.

Que se dirima en un juicio oral

Un “uso ilícito del agua” que, mantiene, permitió un “beneficio indirecto” de 5,1 millones de euros a Eurotécnica Agraria, a lo que suma que la cuantificación económica del daño ambiental ocasionado oscilaría entre 732.000 euros y 1,1 millones. Y aunque admite que hay dos informes de la CHG que alertan de daños al acuífero pero que no pueden concluir que sea por la acción “exclusiva” de los pozos de la Casa de Alba, sí da por certificadas numerosas irregularidades en Aljóbar: más captaciones de las autorizadas, sin contadores de agua –circunstancia que ha jugado a su favor–, sin régimen de explotación, sin saber si se han sacado más recursos de los permitidos...

Con todos estos elementos, la fiscal de Medio Ambiente de Sevilla considera que, con la base de los informes periciales ya emitidos, es en un juicio donde hay que dirimir “si ha existido o no un objetivo y grave peligro para el bien jurídico protegido”. Por ello, solicita revocar el auto de archivo y que se empiecen a dar los pasos procesales para que se celebre un juicio oral.

El Gobierno andaluz aspira a que madure y se consolide el ecosistema de capital riesgo de la comunidad, para que así más empresas tengan acceso a una financiación que no encuentran en el sector bancario convencional. Para avanzar en este objetivo, se han presentado tres nuevos fondos que estarán operativos antes del 31 de diciembre y que aspiran a permitir avanzar a unas 60 empresas con proyectos innovadores, lo que se traducirá a su vez en la creación de unos 2.000 nuevos empleos.

Éstas son las cifras que ha puesto sobre la mesa el consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, que ha presidido el lanzamiento de estos tres nuevos productos diseñados con la colaboración público-privada como telón de fondo. Esto se concreta en que la Junta aporta 58,8 millones de euros, mientras que las tres gestoras de capital privado que moverán estos fondos pondrán casi 18 millones de euros. La suma asciende a 76,72 millones, con la que se ha hecho la previsión “conservadora” de que movilizarán 150 millones de inversión empresarial.

Estos fondos de capital riesgo, diseñados sobre todo para pequeñas y medianas empresas (pymes), permitirán darle alas a “proyectos de vanguardia y punteros” aportando fondos –vía por ejemplo ampliaciones de capital o préstamos participativos– a los que las compañías no pueden acceder en el sector bancario por la singularidad no exenta de riesgo de sus apuestas empresariales. Esto además camina en la dirección del objetivo que se marca Paradela, que Andalucía “sea a gran región industrial y tecnológica del sur de Europa”.

Mecanismo competitivo

La encargada de diseñar estos productos financieros ha sido Andalucía Trade, la agencia para la Transformación y el Desarrollo Económico de la Junta, que abrió un proceso de licitación tras el cual se seleccionó para la gestión de los fondos a Mar Océana Venture Capital Investments, Alter Capital Desarrollo y Quadriga Asset Managers. Esto permitirá aportar financiación a proyectos innovadores que, de otra manera, lo tendrían imposible para desarrollarse o crecer.

Entre estos tres fondos, uno para startups y dos de expansión, la Junta aportará 63,72 millones de euros, y los 13 restantes hasta alcanzar los 76,72 anunciados se distribuirán de acuerdo a un mecanismo competitivo. Esta cantidad se centrará en los fondos de expansión y se repartirán en proporción al nivel de ejecución alcanzado a los 18 meses desde el lanzamiento, favoreciendo así al fondo que haya demostrado una mayor capacidad de inversión y movilización de recursos.

El periodo de inversión de los tres fondos llega hasta el 31 de diciembre de 2030, mientras que el periodo de desinversión se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2034. Esta nueva oferta para la financiación de pymes especializadas llega tras una convocatoria anterior en la que, según la Junta, se ha conseguido casi duplicar las inversiones en capital riesgo en la región pasando de 18,4 millones de euros en 2024 a 34,7 millones el año pasado.

“Cubrir un fallo en el mercado”

La aportación público-privada en capital riesgo se tradujo en la legislatura anterior (2022-2026) en 520 millones de euros de financiación adicional. La experiencia hasta la fecha se considera muy positiva si se tiene en cuenta que el 92% de las empresas que han accedido a estos fondos siguen vivas cinco años después.

El director general de Andalucía Trade, Antonio Castro, ha apostillado que estos productos no nacen para competir con el sector privado, sino para “cubrir un fallo en el mercado” ya que se calcula que hay una carencia de financiación de al menos 100 millones de euros. De ahí también la apuesta por dejar la gestión de los fondos “en manos de profesionales acreditados”, gestoras de capital privado que hacen de intermediarias y que se llevan “el impacto mayor” si una empresa no cuaja.

El Gobierno central transfirió desde 2022 más de un centenar de millones de euros para que la Junta de Andalucía pusiese en marcha el Bono de Alquiler Joven, un programa del que se beneficiaron miles de menores de 35 años –la cifra no está formalmente cerrada todavía– pero que se convirtió en todo un quebradero de cabeza para el Ejecutivo andaluz: se acumularon enormes retrasos en los pagos, lo que llevó incluso a que la Cámara de Cuentas fiscalizara lo ocurrido. Ahora, en pleno temporal social y político por la vivienda y pese a las críticas lanzadas en su momento a este programa, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno (PP), ha anunciado la puesta en marcha de unos incentivos que son un calco.

Lo ha hecho en su intervención en la sesión de control en el Parlamento en respuesta a la portavoz socialista, María Jesús Montero, subrayando que los beneficiarios podrán recibir hasta 6.000 euros (250 euros al mes durante un máximo de dos años), para lo que se destinarán 24 millones de euros que incluyen fondos estatales y autonómicos. Los aspirantes podrán destinar esta ayuda para el alquiler de una vivienda o habitación, y se tramitarán en régimen de concurrencia no competitiva, es decir, por orden de llegada.

Teniendo en cuenta la partida presupuestaria anunciada, los incentivos llegarán a un mínimo de 4.000 jóvenes en el caso de que éstos consigan el máximo de 24 meses consecutivos. La última convocatoria del Bono de Alquiler Joven se abrió en enero de este mismo 2026, al transferir el Estado 34,2 millones de euros adicionales que se sumaron a los 68,4 millones anteriores para ayudas repartidas en dos tandas desde 2022. El Gobierno andaluz cerró el plazo en junio al alcanzar las 15.000 solicitudes, cuya tramitación todavía no ha concluido.

Límites de renta

Los requisitos para aspirar a la convocatoria que se lanzará en 2027 son los vigentes hasta ahora: tener entre 18 y 35 años (ambos inclusive) al presentar la solicitud y contar con unos ingresos anuales marcados por el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Así, si se trata de una persona sola, no deberá ganar más de tres veces el Iprem –21.600 euros anuales en 12 pagas, un sueldo de 1.800 euros–, tope que se eleva a cuatro veces el Iprem en el caso de una unidad familiar, es decir, unos ingresos de 2.400 euros mensuales.

Otras condiciones que también se mantienen es que la vivienda o habitación debe constituir la residencia habitual y permanente del solicitante, además de que debe existir contrato de arrendamiento o compromiso de formalizarlo. Los principales cambios vienen en cuanto a los límites de renta del alquiler, que para una vivienda completa serán entre 600 y 1.000 euros al mes en función de la localidad (hasta ahora el tope estaba en 900) y para una habitación oscilarán entre 300 y 600 euros mensuales, cuando en las anteriores convocatorias estaba en 380 como máximo.

El Bono de Alquiler Joven fue un programa lanzado por el Gobierno central en 2022, que ponía para ello los fondos mientras que las comunidades autónomas se encargaban de la tramitación. La Junta de Andalucía fue especialmente crítica con el sistema, al que puso todo tipo de pegas: exceso de burocracia, falta de una herramienta informática estatal, poco margen autonómico para modificaciones, tiempos de entrega de la financiación...

“Se ha hecho mal y tarde”

En su primera convocatoria, el Ejecutivo andaluz acumuló tal retraso en la concesión de las ayudas –muchos jóvenes recibieron el dinero hasta año y medio tarde– que hasta se constituyó una plataforma de perjudicados, algunos de los cuales acabaron llevando su caso ante los tribunales. “En eso nos hemos equivocado”, acabó admitiendo el presidente andaluz ante la dimensión que adquirió una cuestión que “se ha hecho mal y tarde”.

En la sesión parlamentaria de este jueves, la líder socialista, María Jesús Montero, ha apuntado con respecto al anuncio de Moreno que “cuando copia al Gobierno de España, acierta”. Eso sí, le ha recordado que “las ayudas al alquiler no sólo hay que presupuestarlas”, sino que “hay que ejecutarlas”, sentido en el que Andalucía fue “la última comunidad autónoma que ejecutó las ayudas al alquiler para jóvenes del Gobierno” central.

El problema generado por la gestión de la Junta de estas ayudas llevó incluso a que la Cámara de Cuentas analizara lo ocurrido en un informe. Esta fiscalización afeó la falta de eficacia de la consejería e incluso problemas estructurales de planificación, denunciando aspectos como la baja ejecución de los fondos y, sobre todo, retrasos muy elevados en la resolución. Esta situación originó la presentación de 24 quejas ante el Defensor, 386 recursos de reposición y 94 sugerencias y reclamaciones.

Nuevas ayudas y herencias entre hermanos

Con vistas a esta nueva convocatoria, desde la Consejería de Vivienda se resalta que es una iniciativa que se une a los tres nuevos programas de ayudas ya anunciados para facilitar el acceso a una vivienda asequible a jóvenes y familias numerosas. En concreto, están dirigidos a jóvenes de hasta 40 años, a familias numerosas y al alquiler con opción a compra para jóvenes, que permitirá descontar del precio final de adquisición el 100% de las rentas abonadas previamente. Cada una de estas convocatorias estará dotada con 25 millones de euros procedentes del nuevo Plan de Vivienda de Andalucía.

Asimismo, el presidente andaluz ha anunciado este jueves que la Junta bonificará el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para heredar la vivienda familiar entre hermanos. Así, cuando una persona herede la vivienda familiar de su hermano y sea su hogar habitual, tendrá una bonificación del 99%.

Hartos de hacer públicos estudios científicos que alertan de los riesgos, de acudir a la Fiscalía y también de llamar a las puertas del Gobierno andaluz sin éxito alguno, los colectivos sociales, ecologistas y ayuntamientos ribereños que llevan un tiempo avisando del peligro que supone para el Guadalquivir la actividad minera han decidido dar un paso más. La fórmula elegida es una manifestación convocada en Sevilla a las puertas de San Telmo con el lema No a los vertidos mineros para el sábado 17 de octubre, con la que se quiere insistir en que hay una “amenaza inminente” y real de convertir el río en “una cloaca de residuos tóxicos al servicio del extractivismo minero”.

Así se ha denunciado este lunes, cuando portavoces de las entidades que hacen el llamamiento se han plantado de nuevo en San Telmo, sede de la Presidencia del Gobierno andaluz, para insistir en que el riesgo sigue ahí por mucho que las autoridades miren hacia otro lado y el mensaje de alerta “no tenga la repercusión que debería tener”, en palabras de Carmen Pozo, delegada de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Este consistorio es uno de los que está detrás de la convocatoria, junto a los de Chipiona y Trebujena en Cádiz y Lebrija, Las Cabezas de San Juan, Los Palacios y Coria del Río en la provincia de Sevilla.

Los impulsores de la protesta reclaman “una respuesta masiva y unánime de la sociedad civil” ante lo que se considera un problema no sólo ambiental, sino también de salud pública ya que la última investigación publicada alerta de niveles de “récord mundial” de metales tóxicos en peces del Guadalquivir. Estos datos apuntan a que se superan en un 100% los límites máximos de plomo fijados por la Unión Europea para el consumo humano.

Riesgo ecotóxico y sanitario

También se han identificado niveles de arsénico y cadmio superiores a los registrados tras la catástrofe del vertido de Aznalcóllar en 1998. A todo esto las empresas mineras, por su parte, vienen reiterando el mensaje de que cuentan con todos los parabienes ambientales oficiales y que nunca han sido ni advertidas ni sancionadas por el Gobierno andaluz, la administración competente.

Esto “supone un riesgo ecotóxico y sanitario alarmante que las administraciones no pueden seguir ignorando”, se ha insistido. “El río se enfrenta a una crisis ambiental sin precedentes”, ya que a un estado que no es precisamente el mejor se une que la Junta “ha autorizado un vertido de aguas contaminadas con metales pesados de unos 130.000 millones de litros”, fruto de la acción conjunta de la nueva fase de Cobre Las Cruces y la inminente reapertura de la mina de Aznalcóllar, gestionada por Los Frailes.

La convocatoria del 17 de octubre arrancará a las 12 horas de San Telmo, discurrirá paralela al río durante un tramo y acabará en las Setas de la Encarnación. “Es hora de que la sociedad hable alto y claro”, ha reivindicado Luis Berraquero, responsable de Greenpeace en Andalucía, que ha reiterado las dos peticiones básicas que se vienen haciendo desde hace ya unos años: que una comisión científica independiente analice el estado del río y el impacto de los nuevos vertidos previstos, además de que se aplique una moratoria a estos proyectos hasta que se conozcan sus conclusiones.

“Esto es sumar más riesgos”

A lo anterior, las Mareas Blancas sanitarias añaden que se declare una “alerta sanitaria” en base a los estudios que reflejan el mal estado del Guadalquivir. Su portavoz, Sebastián Martín Recio, ha reiterado la “preocupación” de su colectivo por el “impacto en la salud de los metales pesados”, una petición que por ahora no ha sido atendida.

Entre los convocantes también están Salvemos el Guadalquivir y Ecologistas en Acción, además de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda, Facua y COAG Andalucía. Por esta organización agraria ha hablado Noelia Márquez, que ha apuntado que “agricultores y pescadores están preocupados” por estos vertidos, “como si ya no fuesen pocos los problemas del Guadalquivir”. “Esto es sumar más riesgos”, ha apostillado, ya que –a la vertiente ambiental y en la salud pública– se añade el posible impacto económico en unas actividades tradicionales que “mantienen la población rural aguas abajo y generan empleo”.

De la buena salud del Guadalquivir depende también la de Doñana, se ha recordado, y ya en la actualidad el río “presenta signos de contaminación por metales pesados” que estos colectivos achacan a la actividad minera desde 2009. Así se denunció en una carta entregada al Gobierno andaluz hace año y medio, y desde entonces la principal novedad –nuevos estudios científicos al margen– es que se anunció la reapertura de la mina de Aznalcóllar para dentro de un par de años.

Hay acciones que implican traspasar una línea roja, una frontera invisible que es como la última gota que llena el vaso de la paciencia. Por su impacto, eso ha ocurrido con el desahucio de Maricarmen en Madrid para ponerle el foco al desgarro de la vivienda en España, y salvando las muchas distancias es lo que –a escala local– se ha vivido en Sevilla para resucitar el debate sobre el uso (y el abuso) del espacio público. El detonante ha sido la famosa cena de gala celebrada a los pies de la Giralda, en la que concurren varias polémicas y que muchas voces han puesto como el símbolo más extremo, “el colmo” del rumbo de una ciudad a la que están obligando a normalizar la ocupación por lo privado de sus calles y plazas.

La imagen de un reservado exclusivo en un espacio público y privilegiado en un entorno declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco ha reavivado el malestar vecinal que se lleva cociendo desde hace años, en un contexto social muy tensionado por la presión de las viviendas turísticas y la invasión de veladores. Un evento VIP para el que el Ayuntamiento cedió –en contra de su propia ordenanza– un enclave tan privilegiado como la plaza Virgen de los Reyes y al que asistieron como invitados el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el alcalde, José Luis Sanz, máximos representantes de dos administraciones gobernadas por el PP que pusieron 36.000 euros brutos (IVA incluido) para financiar los XX Premios Escaparate.

La respuesta ciudadana, al margen de la indignación, ha sido una sentada en la misma plaza en protesta contra la “privatización” de la ciudad y con el objetivo de “recuperar” este enclave. Como telón de fondo, la impotencia ante la evidencia de que el espacio público se ha convertido en un recurso para eventos, negocios y actividades privadas, lo que lleva a preguntarse qué está pasando y qué puede hacerse para ponerle freno.

Todo esto es fruto de la mercantilización del espacio público, la banalización del patrimonio y la falta tanto de cultura como de sentido común

Amparo Graciani — Catedrática de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación de la Universidad de Sevilla y doctora en Historia del Arte

La primera en dar la voz de alarma en redes sociales sobre lo que venía fue Amparo Graciani, catedrática de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación de la Universidad de Sevilla y doctora en Historia del Arte. Y aunque lamenta que en relación con el patrimonio ha habido “ejemplos muy flagrantes que no han llegado a explotar”, como Icónica en la Plaza de España o Naturaleza Encendida en el Alcázar, cree que en este caso se ha dado un cóctel que puede marcar “un antes y un después”: malestar ciudadano previo por anuncios como los veladores en la Plaza Nueva, época preelectoral, el simbolismo del enclave, dinero público, un evento elitista…

“La gente está muy cansada”

Y todo, fruto de “la mercantilización del espacio público, la banalización del patrimonio y la falta tanto de cultura como de sentido común”. “Ha faltado sensibilidad”, resume, “han pensado que les valía con un papelito para dar permiso y no se han dado ni cuenta de lo que han hecho”. Y para más inri, a los pocos días el Ayuntamiento acogía un acto sobre turismo de lujo en el que se ponía sobre la mesa que por qué no cerrar la Torre del Oro si un señor quiere cenar allí. “Todo esto demuestra poca inteligencia, no es ya sólo el dinero público, sino la falta de respeto al ciudadano. Y la gente está muy cansada”, advierte.

“Una utilización abusiva de lo que es el patrimonio identitario” define por su parte lo ocurrido Víctor Fernández Salinas, catedrático de Geografía Humana en la Universidad de Sevilla y miembro de Icomos, organización asociada a la Unesco y que le asesora en cuestiones de patrimonio. Es además el símbolo de que Sevilla se está convirtiendo en una “ciudad para el monocultivo turístico, una ciudad escaparate y nunca mejor dicho, una ciudad en la que todo se puede alquilar, todo se puede vender, incluso los elementos más simbólicos, más representativos, el corazón de la ciudad”.

“Nunca se habían atrevido a tanto”

La imagen que se ha ofrecido ha sido “muy triste”. La plaza Virgen de los Reyes es objeto de una “dinámica privatizadora” en Semana Santa con sillas y vallas, “pero ya convertirlo en un restaurante es una vuelta de tuerca insoportable”, una imagen que refuerza la idea de que “en Sevilla todo es posible pagando”. Aunque sea apropiándose de un paisaje público que “no es un espacio de nadie, sino que es fundamentalmente de la gente de la ciudad que ya lo compartimos habitualmente, con mucha generosidad, con una gran cantidad de turistas, con una cantidad de usos ligados al turismo”.

La ordenanza que regula la ocupación de los espacios públicos del conjunto histórico, de 2008, recoge en su artículo 11 que “queda prohibida la ocupación de las plazas Virgen de los Reyes y del Triunfo para el desarrollo de eventos y actividades, aunque incluye el matiz de que se admiten actos que por su ”corta duración, carecer de instalaciones o precisar instalaciones de escasa entidad“ no ocupen el espacio demasiado tiempo. En este supuesto podría encajar la cena de Escaparate, una gala que para la delegada municipal de Turismo y Cultura, Angie Moreno (PP), se ajustó a un procedimiento legal y de hecho partió del propio Ayuntamiento la petición para utilizar la plaza. Vox también ha tratado de quitar importancia a que tres de sus cargos estuvieran en el evento.

"Han ocupado para intereses que no son colectivos el lugar más 'sagrado' de la ciudad, hay que poner pie en pared

Javier Escalera — Catedrático de Antropología de la UPO

Pero no le quita trascendencia a lo ocurrido Javier Escalera, catedrático de Antropología de la Universidad Pablo de Olavide, para quien lo ocurrido al pie de la Giralda es “un paso más en una trayectoria que se inició hace tiempo, no sólo con este gobierno municipal: la puesta a disposición de la ciudad y su patrimonio a los intereses privados y particulares”. Eso sí, en este caso considera que “se han traspasado todos los límites de la prudencia” derivando en un caso “extremo” porque se ha celebrado “en el lugar más simbólico de la ciudad”.

Por eso, ve positivo el revuelo social que se ha formado, porque “uno de los grandes problemas de Sevilla es que al personal parece que le resbala todo”. Pero esta vez “ha sido el colmo, nunca se habían atrevido a tanto”, porque “han ocupado para intereses que no son colectivos el lugar más sagrado de la ciudad”. En este sentido, considera que hay que “poner pie en pared” ante este rumbo.

“Obsesionados con la promoción turística”

Jaime Jover, geógrafo e investigador en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC), se adentra en la variable política para apuntar que “es la enésima prueba de que el Ayuntamiento de Sevilla no gestiona pensando en los residentes, sino que está obsesionado con la promoción turística de la ciudad, con atraer a más y más visitantes, como si no existiera un problema de saturación turística”. Y a eso hay que añadirle que, desde un punto de vista técnico-urbanístico, “estamos hablando de una ilegalidad: la ordenanza del propio Ayuntamiento prohíbe este tipo de eventos en la plaza Virgen de los Reyes, donde se realizó esta cena exclusiva”.

Es decir, que “el Ayuntamiento crea la norma pero no se la aplica”. Por ello, apunta a que “si hubiera alguna asociación o partido con ganas de batallar, llevaría este asunto a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo. O si la propia Fiscalía quisiera hacer su trabajo bien, entiendo que podría abrir diligencias de oficio”. De momento, el evento de la revista Escaparate ha acabado en el juzgado de guardia, donde ha presentado una denuncia el partido Iustitia Europa.

“Es ilegal según la normativa municipal precisamente por su simbolismo, porque se entiende que es un espacio libre especialmente sensible” como otros del casco antiguo, apostilla. Esta misma consideración se plasma en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), lo que a su juicio “tiene sentido si pensamos que, al ser espacios patrimoniales, satisfacen una necesidad pública de índole cultural, en el entorno de monumentos clave de la ciudad, y por eso el Ayuntamiento se dota de un proceso específico para autorizar eventos en estos lugares”. Es el caso de esta plaza, que es el “epicentro de los bienes Patrimonio Mundial de la Unesco que tiene Sevilla”: Catedral, Alcázar y Archivo de Indias“.

“Tendencia de privatización” al alza

Y a propósito del PGOU, Manuel Ángel González Fustegueras, arquitecto, urbanista y padre de este plan de ordenación que se aprobó en 2006, considera que –en teoría y ante un caso de estas características– él “no debería opinar más allá de lo que dice la ordenanza municipal, pero lo cierto es que esto no está bien, ha sido privatizar un espacio público de una manera nada razonable y más para un evento de esta naturaleza”. “Ha sido lamentable, más que excesivo”, apostilla, y lo enmarca en “una tendencia cada vez mayor de privatización del espacio público”.

Han encontrado la forma de burlar la ordenanza, pero esto no es la primera vez que pasa, el riesgo es que la excepción se convierta en norma. Esto es un timo y una estafa a los ciudadanos

Manuel Ángel González Fustegueras — Urbanista y arquitecto

Con la famosa cena de gala, la ordenanza admite excepciones que en este caso poco menos que se han retorcido para ajustarlas a lo que interesaba puntualmente, “un timo y una estafa a los ciudadanos” que representa el riesgo añadido de que “esa excepción se convierta en norma”. “Han encontrado la forma de burlar la ordenanza, pero esto no es la primera vez que pasa”.

Víctor Fernández Salinas tercia para coincidir en que “se trata del espacio más complejo desde el punto de vista patrimonial, es el sancta sanctorum del patrimonio sevillano”. Así que “no es un espacio cualquiera”, y precisamente por eso “el espacio público que está entre ellos tiene que participar de ese carácter especial, hay que tener mucho cuidado cuando se mercantilizan los elementos identitarios más importantes de una ciudad”.

“A más no se puede ir ya”

Jaime Jover retoma el hilo para recordar que “Sevilla siempre ha tenido una oferta turística centrada sobre todo en el entorno de Santa Cruz, pero ahora es una ciudad turistificada y ya no sólo Santa Cruz, sino en casi todo su centro histórico”. Es decir, que hablamos “precisamente de los barrios que concentran una mayor identidad urbana” y que ahora están orientados al visitante, “se ve hasta en el idioma que utilizan, ¿quién hace un brunch en esta ciudad?”.

“Podríamos contar con los dedos de una mano las pescaderías que quedan en el centro histórico; para las ferreterías quizás nos harían falta dos, pero dudo que haya más de una decena”. Evidencias, en definitiva, que son “indicadores” claros de que “cada vez viven menos personas en el centro porque las viviendas que ocupaban hoy son hoteles o pisos turísticos”.

Javier Escalera añade por su parte que “lo de los veladores por todos lados es escandaloso, ahora van a estar hasta en la Plaza Nueva, y luego está lo que se quiere hacer en la Plaza de España”, donde el alcalde insiste en su idea de vallarla para cobrarle a los turistas. “¿Qué será lo siguiente, una terraza en la Giralda?”, se pregunta, y es que “lo de la cena no es ni casual ni excepcional, forma parte de una manera de entender la ciudad como negocio y producto al mejor postor” que se traduce en “una utilización absolutamente sin control de lo común”. “Se le está quitando espacio al ciudadano en beneficio de los intereses particulares, hay una gran insensibilidad política a nivel colectivo”, lo que ha llevado a cruzar una línea “que hasta los turistas que pasaran por allí el día de la gala verían cateto”.

El símbolo de la ciudad es la Giralda, esto es atreverse a vender lo mejor, al final las propias instituciones terminan banalizando los elementos más identitarios

Víctor Fernández Salinas — Catedrático de Geografía Humana en la Universidad de Sevilla y miembro de Icomos

“¿Qué necesidad hay de que haya veladores en la Plaza Nueva, en qué beneficia eso a Sevilla?”, cuestiona Manuel Ángel González Fustegueras, al tiempo que pone el acento en que “la hostelería ocupa toda la ciudad”. “El espacio público es lo más democrático que existe”, de ahí que considere “muy grave” su privatización porque es “subvertir” su fin. Y el caso de esta gala lo considera especialmente “raro” porque no sólo se le ha permitido, sino que también se le ha pagado con dinero público: “Es como si a un bar le pagamos por poner veladores, a más no se puede ir ya”.

“Una forma frívola de usar los recursos de la ciudad”

Víctor Fernández Salinas subraya que el acto al pie de la Giralda es “muy grave” y se enmarca dentro del “modelo de desarrollo de nuestra ciudad”, que despoja a los barrios de sus habitantes y que tiene que ver con la expansión de los veladores por todos lados, incluso en enclaves donde no había como en la Plaza Nueva. “Es peligrosísimo, es una forma frívola de usar los recursos más importantes de la ciudad porque desde las instituciones públicas, que deberían ser ejemplares, se nos demuestra a la población que eso no es nuestro”.

“El símbolo de la ciudad es la Giralda, esto es atreverse a vender lo mejor”, continúa. Al final, las propias administraciones “terminan banalizando los elementos más identitarios”, de ahí que entienda perfectamente el revuelo social que se ha formado, “por lo simbólico, por lo que trasciende y por lo que atenta contra los elementos identitarios más importantes de Sevilla”. “Es la sobreexplotación y el abuso del patrimonio”, remacha.

Cumplir las ordenanzas ya existentes

Jaime Jover apunta a otro símbolo, la Plaza de España, un enclave patrimonial que durante un par de meses en verano cierra varias de sus zonas “para el lucro de una empresa privada, no tiene ningún sentido”. Esto lo enmarca en poco menos que una tradición, y es que “no es algo nuevo que el Ayuntamiento no proteja los espacios públicos de la ciudad”, y aquí asoma el recuerdo de 1992, cuando el Cabildo de la Catedral “privatizó el patio de los Naranjos, que había sido siempre un espacio público, y nadie dijo nada”. “En cualquier otro lugar con unas instituciones decentes que defendieran el interés general no se habría permitido o, como mínimo, ya se habría revertido”.

El actual modelo de ciudad es que no hay modelo, aquí se hace lo que manda el mercado, es decir, el que tiene más dinero, y el sevillano que se vaya a vivir a la periferia

Jaime Jover — Geógrafo e investigador en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA)

“Sevilla es cada vez más insoportable para vivir en ella, es un proceso triste y muy denunciable”, insiste Víctor Fernández Salinas, que lamenta el modelo de ciudad que se está imponiendo, “si a las plazas más importantes se las trata así, al resto se le puede hacer cualquier cosa”. “Diría más bien –añade Jaime Jover– que el modelo es que no hay modelo, aquí se hace lo que manda el mercado, es decir, el que tiene más dinero, y el sevillano que se vaya a vivir a la periferia”.

“El alcalde llegó al poder hace más de tres años diciendo que contendría los pisos turísticos y no ha hecho absolutamente nada”, continúa, y resalta que “ahora dice que va a hacer un plan para repoblar el centro y, por lo que se ha publicado en prensa, es solamente humo”. Ante ello, explica que más que nuevas ordenanzas que regulen estas situaciones, lo que hay que hacer es cumplir con las que ya existen.

¿Y qué futuro aguarda a las ciudades que siguen esta tendencia? “Los urbanistas no hacemos milagros”, apunta Manuel Ángel González Fustegueras, porque en última instancia “el urbanismo depende de un ayuntamiento, de su pleno, de los partidos políticos…”. Eso sí, postula que “el ciudadano es el protagonista de la ciudad”, y que tiene en sus manos la herramienta más poderosa para cambiar las cosas: su voto.

A la tercera ha ido la vencida: el Ayuntamiento de Sevilla ha logrado todos los permisos para cerrar el expediente que permitirá levantar un nuevo barrio de 700 viviendas en la zona norte de la ciudad, pegado al cementerio de San Fernando. De hecho, tan cerca del mismo que la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía ha expresado hasta en dos ocasiones dudas con respecto al proyecto, que el gobierno local del PP ha solventado con una documentación con la que finalmente ha logrado convencer a las autoridades sanitarias de que los hornos crematorios del camposanto no tendrán un impacto negativo en la salud de los futuros residentes.

Los dos informes desfavorables previos se apuntaba que los análisis aportados por la promotora no recogían ciertos contaminantes asociados a la cremación, como dioxinas y furanos. Estas lagunas hacían que “no se puedan descartar a priori efectos crónicos en la salud en la futura población residente así como riesgos derivados del posible incremento de la incidencia por cáncer como consecuencia de la exposición” a estos tóxicos, dudas que Sanidad sí considera ahora que han quedado despejadas.

La promoción en concreto ocupa los suelos de lo que en su día fue la fábrica de Cross San Jerónimo, a caballo entre el polígono industrial de este barrio y Pino Montano, a tiro de piedra del asentamiento chabolista de El Vacie. Ahora, una vez obtenidas todas las bendiciones administrativas, la propuesta se remitirá a la Consejería de Vivienda para que apruebe una operación urbanística que obligará a un cambio del PGOU, para recalificar como urbanizables unos terrenos que ahora tienen la consideración de industriales.

La VPO, a precio casi de vivienda libre

El paso previo ha sido su enésima votación en el pleno municipal, imprescindible para su remisión al Gobierno andaluz. La propuesta salió adelante con el respaldo de PP y Vox, mientras que PSOE y Podemos-IU votaron en contra expresando no sólo dudas ambientales, sino también cargando contra la decisión de reducir a 280, un 60% menos, las VPO de la promoción, que en principio iba a ser íntegramente de pisos protegidos en alquiler.

Para justificar que de repente más de 400 viviendas hayan pasado a ser de renta libre, se esgrimió en el informe de turno que la nueva propuesta “aumenta la ratio de dotaciones de espacios libres y reduce la edificabilidad total”, de 720 a 686 unidades que incluyen las referidas 280 VPO. “Un nuevo pelotazo urbanístico” y “una barbaridad”, apuntó en el pleno la concejal Susana Hornillo (Podemos).

La cosa no ha quedado ahí, ya que el propio expediente urbanístico justifica este volantazo con el argumento de que en la actualidad el encarecimiento del precio medio por metro cuadrado de la VPO hace que las tarifas de los pisos libres se muevan en horquillas que “se enmarcan en el rango de los precios actuales para vivienda protegida”. La venta de estos hogares a precio de mercado, además, son los que permiten afrontar las cargas del correspondiente desarrollo urbanístico.

“Evita la negativa segregación”

De hecho, se llega a apuntar que al proyecto le interesa este cambio radical, ya que “posibilitar la vivienda libre en el ámbito no menoscaba en absoluto la capacidad de acceso a una vivienda, sino que más bien la facilita dadas las menores exigencias para el acceso a una vivienda libre que protegida”. Incluso se ensalza que “la incorporación de vivienda libre a la modificación evita la negativa segregación que puede producir una alta concentración de vivienda protegida”, con la idea de que “son las soluciones mixtas las que resultan más favorables para la convivencia”.

Pero al margen del brusco giro que se le ha dado a este proyecto de urbanización, la madre del cordero ha estado en si la cercanía de los hornos crematorios implica un riesgo para los que serán nuevos vecinos. En la propuesta de los promotores, se recoge que algunas de las viviendas estarán a sólo 120 metros de estas instalaciones.

El gobierno local subraya que, más que poner reparos, las autoridades sanitarias lo que han hecho es reclamar “aclaraciones” y más documentación. Tras informes desfavorables sobre el impacto en la salud que se emitieron en enero y septiembre de 2025, finalmente en enero de 2026 se daba el visto bueno.

La ampliación de los crematorios

“Se valoran positivamente el conjunto de medidas de protección y corrección propuestas”, señala el documento, que considera que las acciones propuestas “garantizarán una adecuada integración ambiental de la actuación”. Así se validó con la publicación en julio en el BOJA de la declaración ambiental estratégica, lo que ha dado pie a su aprobación en el pleno municipal antes de que la Consejería de Vivienda culmine el proceso.

Esto no ha convencido a la oposición de izquierdas, especialmente a Podemos-IU, que por medio de Susana Hornillo denunciaba en el último pleno que el informe aportado por la promotora “no habla de la futura reforma de los crematorios”, que se ampliarán y aumentarán así la emisión de contaminantes. En última instancia, la concejal admitía que no se fía de una autoridad autonómica que ha autorizado nuevos vertidos mineros al Guadalquivir que llevarán al río “85.500 millones de litros de aguas contaminantes”.

El proyecto original para dar uso a una parcela de 101.000 metros cuadrados que llevaba 20 años sin uso fue anunciado por el entonces alcalde socialista, Juan Espadas, en septiembre de 2021, aunque no recibió el visto bueno en sesión plenaria hasta marzo de 2023. Nada más aterrizar el PP, con José Luis Sanz como regidor, negoció con los propietarios del suelo (constituidos en una junta de compensación) una reforma radical de la propuesta que se anunció en diciembre de 2024 como un desbloqueo de la iniciativa.

Lo que se ha demostrado sobre los pozos ilegales de la Casa de Alba “hace racionalmente posible la hipótesis de una captación prolongada, incontrolada y para contribuir a un daño sustancial”. Ésta es una de las afirmaciones que hace Ecologistas en Acción, que ejerce la acusación particular, en el recurso por el que solicita revocar el archivo del caso decretado por el juez instructor, al que reprocha que ha dejado de lado la investigación de la Guardia Civil para quedarse con la versión de la propiedad, que al final hasta se beneficia de una ilegalidad tan básica como la ausencia de contadores de agua en estos puntos de extracción.

La organización ecologista considera que es necesaria (y posible) una reconstrucción hidrogeológica que determine si se cometió un delito contra el medio ambiente con estas captaciones sin licencia. En este sentido, apunta en su escrito que “la falta de contadores fue una circunstancia de la explotación, no una razón jurídica para declarar imposible” esta prueba, con la que “puede reconstruirse” cuántos recursos se extrajeron y qué efecto tuvo esto en el entorno.

“Lo que no resulta admisible es que la ausencia del medio de control exigible [los contadores] beneficie probatoriamente a quien debía instalarlo”, continúa, y es que el juez esgrime la ausencia de este elemento obligatorio para argumentar que no se puede saber el volumen de agua extraído y, por tanto, no puede concluirse que haya delito ambiental. En este sentido, también lamenta que el instructor “opta por una de las lecturas técnicas enfrentadas y descarta la restante”, eligiendo así el informe que presentó la Casa de Alba por delante de los firmados por los expertos de la Guardia Civil.

“Hipótesis delictiva fundada”

En su recurso, Ecologistas en Acción considera que en el auto de archivo “atribuye alcance exculpatorio a informes administrativos que no lo tienen”, en relación con las actuaciones desarrolladas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el organismo estatal responsable de los derechos de agua. Y aunque admite que la investigación de la Guardia Civil puede tener “límites metodológicos”, insiste en que “permanece una hipótesis delictiva objetivamente fundada”.

El instituto armado cifra el daño ambiental en hasta 1,1 millones de euros, además de que la empresa Eurotécnica Agraria (integrada por los hermanos del duque de Alba y que se encarga de gestionar varias de las fincas familiares) habría obtenido un beneficio económico de 5,1 millones de euros por el “uso ilícito del agua”. En la finca Aljóbar, en el término del municipio sevillano de Aznalcázar y pegada a Doñana, fueron localizados nueve pozos sin licencia, sorprendidos en dos ocasiones en plena actividad.

Tras casi tres años de instrucción, el magistrado ha concluido que nada demuestra que se haya cometido un delito ambiental como el que imputaba la Fiscalía. Para la acusación particular, se pueden discutir aspectos de la investigación de la Guardia Civil, pero “lo que no cabe es negar la existencia de una conclusión técnica incriminatoria”, ya que se plantea una “hipótesis de riesgo relevante” que el juez no tiene en cuenta.

“Explotación abusiva”

Los ecologistas apuntan que la investigación ha puesto de manifiesto no pocas evidencias: había nueve pozos ilegales, funcionaban sin contadores, “existían pérdidas visibles de agua en las conducciones” –la Confederación llegó a definir la situación como de “despilfarro”– y se desconoce si se había superado el volumen autorizado, algo de lo que la Guardia Civil está convencida. El recurso también alude a que se hace referencia “a una explotación abusiva” y que hubo reincidencia en el uso de los pozos, datos que “no prueban por sí solos el delito” pero son “incompatibles” con que el juez los haya esgrimido como “acreditación positiva de ausencia de riesgo”.

A todo lo anterior hay que unir que se ha constatado un descenso en el nivel del acuífero del que bombean agua los pozos, el Aljarafe Sur, oficialmente declarado en buen estado aunque en los últimos años se ha constatado un creciente deterioro del que –según la Confederación– no se puede atribuir la “exclusividad” de la responsabilidad a Aljóbar porque hay otras fincas que también extraen de aquí. Para la acusación particular, la valoración conjunta de todos estos elementos “hace racionalmente posible la hipótesis de una captación prolongada, incontrolada y apta para contribuir a un daño sustancial”.

El magistrado que ha instruido la causa también basa el archivo en que la propia Confederación ha dado permiso a la Casa de Alba para cambiar el régimen de riego, lo que conlleva la legalización de sus pozos. Esto le lleva a deducir que, si se ha permitido esta regularización (que se puso en marcha al poco tiempo de ser descubiertos e iniciarse la investigación judicial), “no parece que esas extracciones hayan venido causando un impacto negativo”.

Una reconstrucción hidrogeológica neutral

Para los ecologistas, el visto bueno que ha recibido este proyecto “valora la compatibilidad futura” en base a los permisos de riego que tiene Eurotécnica Agraria. En cambio, “no acredita el caudal efectivamente detraído en años anteriores, no convalida retroactivamente el uso de pozos no incluidos en el título y no equivale a una declaración de inocuidad de la forma en que se explotaron” durante once años, según los cálculos de la Guardia Civil, y además en plena época de sequía.

Por ello, el recurso insiste en la necesidad de que peritos neutrales lleven a cabo una reconstrucción hidrogeológica de lo que ha ocurrido en Aljóbar para saber el volumen de agua que se extrajo “con el margen de incertidumbre que corresponda”. Esta operación la considera técnicamente viable, una petición que “no pretende prolongar indiscriminadamente la causa, sino cerrar de manera neutral la única controversia que el auto considera decisiva”. Para ello, concluye, habría que analizar datos como la superficie y evolución de los cultivos, las dotaciones hídricas, las características y potencia de las bombas y los consumos eléctricos.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), se ha encontrado metido en un berenjenal de considerable calibre con una obra que lleva más de un año en marcha, la de la reurbanización de la Plaza Nueva. El detonante ha sido trascender que uno de los espacios más nobles de la capital, a la que se asoma la fachada principal de la casa consistorial, tendrá veladores, lo que ha generado una tormenta ciudaana que este miércoles ha intentado capear argumentando que estas terrazas no ocuparán el espacio central y se ubicarán en los laterales bajo una pérgola.

La Plaza Nueva es de los pocos espacios simbólicos de Sevilla que por ahora se han librado de los veladores, omnipresentes en el paisaje urbano. La revelación de que van a conquistar este enclave ya ha provocado que surja un movimiento que recoge firmas para intentar frenarlo, además de la crítica de la oposición política, lo que ha llevado al regidor a salir el paso para defender que se está acometiendo “la transformación del casco histórico más importante” desde la llegada del tranvía en 2006.

Sanz ha cantado las bonanzas del proyecto, que con una inversión de 4,5 millones de euros hará más grande el espacio central de la plaza (pasará de 88 x 44 metros a 105,7 x 59,4, 10.000 metros cuadrados en total), además de mejorar el arbolado, la solería, el mobiliario y el alumbrado monumental. La Plaza Nueva recupera su esencia, es el mensaje que se lanza machaconamente. En esta zona central, ha insistido, “los niños podrán seguir jugando a la pelota” porque “no habrá ni un solo velador”.

“Tienen derecho” a poner veladores

Pero eso no significa que no los vaya a haber de manera tajante, porque los negocios de la zona (básicamente, los hoteles que se están construyendo) “por ordenanza tienen derecho a pedir licencia de veladores”. El gobierno local del PP, intentando adelantarse a lo que vendrá, regulará lo que se haga con una ordenación singular –una opción que recoge la norma municipal para zonas singulares– y ya avanza que propondrá que las terrazas se ubiquen en una especie de 'L' que abarque el frontal del hotel Inglaterra y una zona junto a la calle Méndez Núñez.

¿Significa esto que el futuro hotel de lujo Four Seasons, que se levantará haciendo esquina con la calle Tetuán, no podrá tener veladores ante su fachada? Pues no, porque le asiste el derecho a ello, otra cosa es que le compense con el espacio que tendrá disponible y los requisitos que se impondrán, básicamente la construcción de una pérgola cuyo coste tendrá que asumir el negocio de turno. Pero con todos estos condicionantes, no se puede descartar que acabe colocando sus mesas y sus sillas (con una estética unificada que impondrá el Ayuntamiento) y por mucho que el regidor reitere que “nadie ha solicitado veladores” hasta la fecha, algo en lo que puede tener mucho que ver que la zona estará levantada hasta antes de Semana Santa.

Sanz considera que la existencia de estos veladores no es ni mucho menos un drama, apelando a que es moneda de uso común en las principales capitales europeas. “No me parece mal, porque no interfiere el espacio central”, ha resumido. Y ha insistido en que no le quitarán espacio al peatón, porque donde se ubicarán “había un bicicletero y un parking de patinetes”, aunque sobre la ubicación exacta de estos elementos se ha producido una cierta confusión.

Una ilegalidad que permite escaparse de un posible delito. Esta rocambolesca situación es una de las claves que ha permitido a la Casa de Alba esquivar el banquillo, después de que el juez haya archivado la causa por sus pozos sin licencia en su finca sevillana de Aljóbar, en Aznalcázar, pese a admitir que existen. Hablamos de la ausencia del obligatorio contador de agua (una de las irregularidades asociadas a las nueve captaciones sin permiso localizadas por la Guardia Civil), que ha llevado al magistrado a concluir que al no existir es imposible saber cuántos recursos se han sacado sin permiso. Y como no se sabe esta cuantía, no puede acreditarse que haya delito contra el medio ambiente.

El de los contadores es uno, pero no el único elemento que esgrime el instructor en el auto en el que motiva su decisión de archivar el procedimiento por unas captaciones sin licencia a las puertas de Doñana. Hay otros dos factores importantes: el instructor se ha basado en informes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (la CHG, el organismo estatal que ejerce de autoridad del agua) que no eran concluyentes, mientras que en paralelo ha dejado de lado estudios de la Guardia Civil demoledores para la Casa de Alba.

Lo de los contadores de los pozos es una pintoresca pescadilla que se muerde la cola, un argumento que ya esgrimió la propia defensa durante la instrucción: si no hay medidores de volumen, no se puede demostrar si se ha sacado más agua de la permitida o no. Lo chocante es que, entre otras cuestiones, es ilegal precisamente por la falta de estos contadores. La empresa Eurotécnica Agraria, que gestionan los Martínez de Irujo para llevar esta hacienda y otras de la familia, ha insistido en todo el proceso en que nunca ha extraído más recursos de los que tiene concedidos, y que no había nadie que pudiese demostrar lo contrario.

“No puede concluirse” un delito

El juez es de la misma opinión, y como no hay contador, pues es imposible determinar la existencia o no de un delito ambiental. “Ni los pozos autorizados ni los no autorizados cuentan con contadores volumétricos”, esgrime, lo que lleva a tener que hacer “cálculos de estimación” de las posibles extracciones de agua no autorizadas. Esto, unido a informes de la CHG no concluyentes sobre el daño al acuífero, le lleva a afirmar que “no puede concluirse, ni de manera indiciaria”, la existencia de hecho penal.

¿Y cuáles son estos informes y decisiones de la CHG que han jugado a favor de la Casa de Alba? Porque aquí hay otra paradoja, y es que fue la propia Confederación la que más ha batallado en este caso junto a la Fiscalía, pero los pasos que ha ido dando en paralelo le han venido bien a la defensa. En concreto, a petición del propio juez hizo dos análisis sobre la situación del acuífero Aljarafe Sur, del que bombean los pozos, y ambos llegaron a la misma conclusión: estas aguas subterráneas presentan cada vez peor estado, pero no se puede atribuir la “exclusividad” de la responsabilidad a Aljóbar porque hay otras fincas que también extraen en esta zona.

La otra decisión sí ha sido más controvertida, y es que en pleno proceso judicial ha permitido que la Casa de Alba iniciara el proceso de regularización de estos pozos para un cambio de régimen de riego. El paso –un derecho recogido en la Ley de Aguas– lo dio Eurotécnica Agraria al poco tiempo de que empezara la investigación judicial y cristalizó el pasado mayo en el correspondiente permiso oficial, lo que reforzó a la defensa para a renglón seguido reclamar el archivo de la causa.

“No parece” que hayan causado daño

Finalmente, este proceso ha sido esgrimido por el juez como un elemento exculpatorio. Si la Comisaría de Aguas ha procedido a la “legalización” de estos pozos, “no parece que esas extracciones hayan venido causando un impacto negativo en el caudal y/o en la calidad de las aguas del acuífero”, que en el actual Plan Hidrológico está catalogado como en buen estado. “No se cuenta con informe técnico que pueda determinar que esas extracciones, por sí mismas, hayan alterado o puedan alterar el balance hídrico del acuífero generando un riesgo de daño grave para el mismo”, concluye.

Pero el caso es que sí había informes que apuntaban en esta dirección, y han sido los elaborados por el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que han sido muy contundentes en este sentido. Así lo apuntaron dos estudios elaborados por el instituto armado a petición de la Fiscalía de Medio Ambiente, y así lo ratificaron después las agentes en su declaración como testigos ante el magistrado.

La Guardia Civil considera que con estos pozos se extrajo más agua de la que tiene autorizada Eurotécnica, lo que le habría permitido multiplicar sus regadíos y obtener así hasta cinco millones de euros de “beneficio ilegal” tras bombear sin licencia hasta 6.600 millones de litros durante once años. A esto hay que añadir un daño ambiental que, en total, ascendería a 1,1 millones de euros. 

Sorprendidos dos veces funcionando

Al final, y en la práctica, el juez ha considerado estos análisis un informe de parte que viene a equipararse con el contrainforme que hizo la Casa de Alba para apuntalar su versión, anulándose el uno al otro. La defensa, de hecho, llegó a esgrimir que sus pozos ilegales han ayudado a mejorar el acuífero, ya que al aumentar los puntos de extracción se evita tener que ahondar a más profundidad que si el agua se obtiene de una sola captación.

El magistrado no ha llegado ni a entrar por lo tanto en el que era el principal argumento de la propiedad, que no había sacado más agua de la autorizada. Tampoco ha considerado agravante que los pozos fueran clausurados, se desprecintaran por orden judicial y fueran sorprendidos una segunda vez en pleno uso, con la investigación del Juzgado ya en marcha. Y asimismo no ha tenido en cuenta que durante varios de los años en los que habrían sucedido los hechos se sufrieron graves episodios de sequía, lo que agrava la cuestión, antes al contrario: esgrime que las últimas lluvias, tiempo después de lo ocurrido, han mejorado la situación de estas aguas subterráneas.

En última instancia, el magistrado concluye que nadie ha podido acreditar ni siquiera la posibilidad de que estos pozos hayan supuesto un riesgo para el medio ambiente. De hecho, considera que en realidad estamos ante una cuestión administrativa (la falta de licencia de unas captaciones) que acabó en la vía penal por la mala reacción inicial que tuvo la Casa de Alba, que cuando fueron a precintar los pozos impidió el acceso a la Guardia Civil y a la Comisaría de Aguas. Ahora, archivada la vía judicial, se reactiva la causa administrativa que ya inició la CHG y que puede derivar en una sanción que, llegado el caso, será infinitamente menor a la que habría llegado de la mano del Código Penal.

Carpetazo judicial al caso de los nueve pozos ilegales descubiertos en una finca de la Casa de Alba, con los que según la Guardia Civil se extrajeron hasta 6.600 millones de litros de manera ilegal que generaron un “beneficio ilegal” de cinco millones de euros. El magistrado encargado de una investigación que se ha prolongado durante casi tres años señala que estas extracciones carecen de licencia, pero que en todo caso esa es una cuestión administrativa y la acusación no ha podido demostrar que se haya producido un delito contra el medio ambiente.

En un auto de siete páginas al que ha tenido acceso este periódico, el instructor subraya que las diligencias que se han practicado “generan importantes dudas” y, por lo tanto, “no permiten acreditar” que estas captaciones hayan podido dañar el acuífero Aljarafe Sur, del que la propia autoridad del agua (la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, un organismo estatal) admite que su estado es bueno. Así las cosas, acuerda el sobreseimiento y el archivo de la causa, impulsada por la Fiscalía de Medio Ambiente en base a informes de la Guardia Civil.

La sentencia no es definitiva todavía, ya que las partes tienen ahora la posibilidad de interponer un recurso de reforma en tres días. A continuación, se abre también la puerta del recurso de apelación en un caso en el que se ha investigado el impacto ambiental de unas captaciones sin registrar que fueron clausuradas y sorprendidas una segunda vez de nuevo en uso en pleno proceso judicial.

Lo administrativo se convirtió en penal

La finca en la que fueron localizados estos pozos, Aljóbar, se ubica en el municipio sevillano de Aznalcázar, lindando con Doñana, y la existencia de estas extracciones sin permiso se conoció gracias a la denuncia de extrabajadores, ya que estaban ocultos con mallas que hasta dificultaban su teledetección. La bautizada como operación Irrigatio llevó a la Fiscalía a solicitar la imputación de varios de los hermanos Martínez de Irujo que son miembros del consejo de administración de la empresa Eurotécnica Agraria, que gestiona esta hacienda y varias más de la familia.

En su auto, adelantado por Diario de Sevilla, el magistrado expone que en Aljóbar se detectaron estos pozos sin autorización y sin contadores volumétricos, lo que llevó a la Comisaría de Aguas (dependiente de la Confederación) a decretar su precinto. “A partir de aquí, es fácil constatar que la negativa de la propiedad de esa finca a dejar entrar a la autoridad” para ejecutar esta medida lleva a la propia Confederación a trasladar el expediente a la Fiscalía, “judicializando lo que en principio parecía ser una infracción administrativa y a llevar a seguir una causa penal” por daños al medio ambiente “aún sin informes de impacto medioambiental”.

El juez recuerda que el Código Penal refleja penas de entre seis meses y dos años de prisión en los casos ambientales, un tipo de delito del que resalta su “complejidad”. Así lo considera ante las dificultades para determinar “qué se entiende por daños sustanciales o perjuicios graves” a elementos naturales o al ecosistema.

Falta de base “científica o técnica”

En el caso de Aljóbar, apunta que la supuesta gravedad de lo ocurrido “carece de una base verdaderamente científica o técnica sobre la que fundamentar la continuación del procedimiento y su enjuiciamiento”. En este sentido, da por hecho que el delito que imputaba la Fiscalía “no puede ser presumido ni automáticamente deducido” de la extracción de agua con pozos sin licencia, que en sí misma es sólo una infracción administrativa.

En la misma línea, apostilla que “no basta la transgresión” de una disposición administrativa general protectora del medio ambiente para imputar un delito penal, que sólo es aplicable en base a la gravedad de la amenaza para el entorno. “Ese riesgo no puede presumirse”, concluye, a la luz de los informes técnicos emitidos a petición de la acusación pública o del propio instructor.

“Con los informes técnicos recabados en estas actuaciones, no puede concluirse, ni de manera indiciaria, que las extracciones realizadas en esa finca (...) hayan supuesto un peligro para el acuífero o su hábitat”. En definitiva, que estamos ante unas extracciones de agua sin licencia “sin que pueda considerarse que hayan podido causar un riesgo grave para el medio ambiente”.

Francisco García Rodríguez, Curro, ha renunciado a ser alcalde del municipio de Villanueva del Ariscal (6.800 habitantes) poco más de tres años después de llegar de manera inesperada al cargo. El regidor socialista, que ya ha formalizado su adiós, lo ha hecho público con un vídeo en sus redes sociales en el que esgrime motivos personales mezclados con cuestiones políticas, pero con una afirmación rotunda: “He preferido dejar de ser alcalde antes que convertirme en una mala persona”.

“Quiero denunciar determinadas prácticas partidistas que en ocasiones superan los límites críticos”, ha lamentado. Y aunque considera que la crítica política “es necesaria”, defiende que “la descalificación y la manipulación son dañinas: no todo vale”. “Nuestra sociedad, nuestro pueblo, debe recuperar el respeto, la honestidad y la humanidad, y ninguna estrategia política puede ponerse al ataque directo a las personas”.

García señala que la decisión que ha adoptado le ha resultado “muy difícil” pero que ha estado “muy meditada” con los que describe como “los incondicionales de mi vida, mi mujer y mis hijos”. “La he tomado porque considero que lo primero debe ser el cuidado de mi salud personal”, enlazándolo con que, cuando las cosas no salen como uno espera, “sufro mucho por la exigencia que me impongo a mí mismo y por querer alcanzar la perfección en todo”.

“No quiero dejar de ser Curro”

Tras recordar que no nació en el municipio, pero que “el Ariscal corre ya por mis venas”, subraya que durante sus tres años de mandato ha conocido a personas “buenas y leales”, pero también “a otras que me hubiera gustado nunca haberlas conocido”. “Nunca he dejado de ser Curro y no quiero dejar de serlo, por eso seguiré transitando por la vida con el ánimo de ofrecer mi mano al que lo necesite”.

El hasta ahora regidor anuncia que regresa a su puesto de trabajo, a su “querida labor como enfermero” en el hospital de San Juan de Dios de Bormujos. “Vuelvo a mi apasionante día a día, intentando ayudar siempre a las personas desde la sanidad pública, vuelvo en definitiva a mi vocación como sanitario”.

Francisco García se impuso en las elecciones municipales de 2023 contra pronóstico, desbancando al por entonces alcalde del PP, Martín Torres, que gobernaba desde 2015. Aquello ocurrió en plena tendencia al alza de los populares en toda Andalucía, empujados por la ola de la mayoría absoluta que Juan Manuel Moreno había obtenido en las autonómicas de un año antes. García consiguió la mayoría absoluta por sólo 48 votos de diferencia.

“No se pueden dar pasos atrás”

Pese a marcharse visiblemente quemado por la política, lo hace también con la “satisfacción de haber puesto un grano de arena en la construcción de un pueblo mejor” tras cambiar el rumbo de un ayuntamiento que “iba a la deriva”. “Nos encontramos con una plantilla sin estabilizar, con una enorme deuda con la empresa de ayuda a domicilio”, un consistorio en definitiva “con mucho trabajo pendiente, con proyectos descabellados y con un funcionamiento atrasado”.

Por ello, apunta que el municipio “debe seguir avanzando” y seguir apostando por “el progreso y la convivencia, el interés general y poniendo a las personas en el centro de las decisiones”. “Me gustaría decirle a mi pueblo que ahora no se pueden dar pasos atrás, y que cuando llegue el momento sería un tremendo error volver al oscuro pasado que Villanueva ya decidió olvidar”.

El Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el PP, ha diseñado toda una catarata de rebajas fiscales para 2027, que no hay que perder de vista que es año electoral. Así, se prevé una nueva reducción general del 1% del IBI, descuentos en el impuesto de plusvalías o bonificaciones para las empresas que creen empleo, pero para que todo esto cristalice es básico el entendimiento con Vox, que en estos momentos no está por la labor de llevarse bien con los populares a cuenta de la mezquita del Polígono Sur.

Por lo pronto, el equipo del alcalde José Luis Sanz ha hecho sus deberes, lo que –en palabras del delegado de Hacienda, Juan Bueno– se traduce en elaborar unas ordenanzas fiscales “sin meter la mano en el bolsillo a nuestra gente”. Sevilla ahorra, Sevilla crece es el lema que arropa su propuesta, en la que va por delante una rebaja del 1% del IBI que dejará 1,7 millones de euros “en los bolsillos de los sevillanos”, ampliándose también hasta los 13 años (ahora el límite está en nueve) la reducción al 50% de este mismo impuesto para las familias con una vivienda de protección oficial (VPO).

Al margen de otras rebajas y bonificaciones, el documento inicia su proceso reglamentario, que al margen del preceptivo paso por el Consejo Económico y Social (CESS) conlleva entenderse con algún partido de la oposición (PSOE, Vox o Podemos-IU) porque los 14 concejales del PP se quedan a dos de la necesaria mayoría absoluta. Y ahí es donde se va a encontrar con el verdadero problema, porque su aliado natural –Vox leva dos años aprobándole los presupuestos y las ordenanzas fiscales– no está ahora por la labor.

Sin “asfixiar” al ciudadano

Aquí Juan Bueno, que es el que ha presentado este martes el proyecto fiscal del PP, ha tirado de manual: “mano tendida” y, en última instancia, el que no apruebe su propuesta es que va en contra de la ciudadanía. “Estamos bajando impuestos a los sevillanos, si alguien no quiere que lo diga”, y aquí ha aprovechado para abrir el foco al recordar que la única opción no tiene que llegar de la ultraderecha, de hecho las primeras ordenanzas de Sanz se aprobaron en 2023 gracias al PSOE. “El que no apoye esto, lo tendrá que explicar”, ha incidido.

Bueno ha cantado las bondades de su documento, al que ahora la oposición le pondrá la lupa para incidir en que no es oro todo lo que reluce. El responsable de Hacienda ha cifrado en 12 millones el ahorro fiscal de los últimos tres años y ha subrayado que ha crecido la recaudación, “Sevilla baja impuestos y avanza más”. “Un ayuntamiento no necesita asfixiar económicamente a sus vecinos para avanzar”, ha resumido.

Pero la cuestión es que a priori el PP lo va a tener complicado para sacar adelante su proyecto, en un terreno de juego muy condicionado por las elecciones municipales del próximo 23 de mayo. La izquierda no le va a abrir esta puerta a José Luis Sanz, mientras que Vox ha empezado a marcar distancias este verano con la vista puesta en las urnas, un escenario en el que le ha venido muy bien la polémica de la mezquita. Juan Bueno ha destacado este martes que no hay excusas, porque “el acuerdo presupuestario con Vox se ha cumplido al dedillo”.

Apuesta por la aerotermia y el deporte

Por lo que respecta a las ordenanzas fiscales, y al margen de la reducción general del 1% del IBI, se incluyen cuestiones novedosas, como la reducción de este impuesto y del de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) a todos los hogares que instalen equipos de aerotermia o a comunidades o negocios que apuesten por instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos. También se aplicarán “precios hiperreducidos” en el Instituto Municipal de Deportes (IMD) a todo el que su médico le prescriba ejercicio físico.

La rebaja fiscal busca “blindar a las familias de rentas medias”, según Juan Bueno, e incluyen también ayudas para comercios de barrio y autónomos. También obtendrán reducciones en varios impuestos (IBI, ICIO e IAE) las empresas de nueva creación en función del número de trabajadores, o las ya existentes que amplíen su plantilla.

Fue hace poco más de un siglo, en septiembre de 1924. Blas Infante, notario residente en ese momento en Isla Cristina (Huelva) y fervoroso andalucista, se embarca en un pintoresco viaje a Marruecos (en plena guerra con España) vía Lisboa y Casablanca con un único fin: encontrar la tumba de Al Mutamid, el rey poeta y último monarca de la taifa de Sevilla, en el que a su juicio cristaliza el mejor momento de la historia de Andalucía. Aquella “peregrinación”, una especie de homenaje espiritual que hizo impecablemente trajeado por el desierto, es la gasolina que alimenta el motor de un bulo, el de que Infante se convirtió allí al islam, teoría avivada en los últimos años por la ultraderecha para desprestigiar, según su visión, a uno de los pilares del andalucismo y con él a la propia autonomía.

“A Blas Infante se le puede criticar, pero no sacar una frase de contexto”, advierte el historiador Manuel Ruiz, estudioso del reconocido como padre de la patria andaluza por el Parlamento en 1983. Que fuese musulmán “no está documentado”, por mucho que se diga que ante la tumba de Al Mutamid en Agmat cambió su nombre ante un par de testigos, “una conversión que Infante no refiere en sus escritos”.

“Eso es un bulo”, apostilla Manuel Hijano del Río, historiador de la Universidad de Málaga (UMA), que alude a que nuestro protagonista define como una “peregrinación” este viaje, pero “por la especial emoción que le genera la figura de Al Mutamid, no por un aspecto religioso”. En su estudio de la historia para encontrar las claves de la “opresión a los jornaleros”, Infante fija en tres los periodos de máximo esplendor de Andalucía: Tartessos –o Tartesia, como también se dice ahora–, la Bética romana y Al Ándalus, sobre todo durante el liderazgo (1069-1091) del tercer y último rey de la taifa de Sevilla, expulsado por el integrismo de unos almorávides a los que pidió ayuda.

Para Ruiz, que hace unos años se integró en una excursión que viajó a Agmat emulando esta “epopeya”, con este bulo que se lanza desde la ultraderecha y muy especialmente desde Vox lo que se busca es el “desprestigio político” de Infante porque él es “símbolo de la autonomía y precursor del Estatuto”. “Lo que quieren los de una España única, grande y libre es negar el hecho diferencial de Andalucía y su mestizaje cultural” porque “rechazan esta historia global y la quieren convertir en monocolor, de ahí que les pida ”coherencia“ y que se presenten solo a las elecciones generales. ”No hay ningún problema en que fuese musulmán, pero es que no es cierto: es faltar a la verdad y al rigor histórico“, apostilla Hijano del Río.

Las monjas intercedieron por él

El historiador de la UMA firma la transcripción y el estudio introductorio de la recién publicada obra Peregrinaciones. La narración de Blas Infante de su viaje a la tumba de Al Motamid –“unos dicen Motamid y otros Mutamid, da igual”–, editada por el Centro de Estudios Andaluces en base a unos apuntes del notario de Casares a su vuelta de Agmat. “Tenía la costumbre cuando viajaba de no tomar notas ni fotografías para así observar, emocionarse y aprender”, y ni aquí ni en sus otros escritos hay ni rastro de una supuesta conversión al islam ni la más mínima profesión de fe.

“Mi abuelo era profundamente respetuoso con cualquier opción religiosa, pero eso no quiere decir que fuera musulmán ni muchísimo menos”, tercia Javier Delmás, presidente de la Fundación Blas Infante. Y enumera: se casó por la Iglesia, bautizó a sus hijos, “su mesa estaba presidida por un crucifijo” y hasta fue protector del convento de Santa María de los Reyes de Sevilla, cuya madre superiora intercedió por él ante el general golpista Gonzalo Queipo de Llano para intentar sin éxito salvarle la vida.

La respuesta del líder en Andalucía de los militares sublevados el 18 de julio de 1936 fue rotunda: “Díganle a esa monjita que deje este asunto, que es muy espinoso y solamente le puede traer problemas”. Una veintena de días después, la noche del 10 al 11 de agosto de hace ahora 90 años, fue fusilado en el enclave de Sevilla conocido como la Gota de Leche, por delitos como “propagandista para la constitución de un partido andalucista o regionalista andaluz” y por su “actitud de grave oposición y desobediencia al mando legítimo”. Así rezaba la sentencia que se dictó cuatro años después, que condenó a la familia a una multa de 2.000 pesetas y que incluía el eufemismo de que “falleció a consecuencia de la aplicación del bando de guerra”.

El lío con el homenaje a Al Mutamid

Volviendo al viaje a Agmat, otros arabistas que repitieron este periplo, durante la II República y el franquismo, también le pusieron la etiqueta de peregrinaje, pero en todos los casos fue una iniciativa “por puro interés intelectual”. El caso es que ya en su época fue tachado de islamista por su defensa de Al Ándalus, que aspiraba a emular en su gloria cultural, filosófica, humanista, social y política, y a quitarse esa etiqueta no le ayudó que de vuelta de Marruecos intentó organizar un homenaje a Al Mutamid –“regresa fascinado por el personaje”, acota Hijano del Río– en Silves, donde fue educado por el que los cristianos llamarán Abenamar.

El acto, del que no hay evidencias que llegara a celebrarse, generó una fuerte oposición y levantó una enorme polvareda en Portugal. Irónicamente, Silves reivindica hoy la figura de Al Mutamid, el último rey de la dinastía abadí, de la que hace un generoso uso como recurso turístico.

En el caso de Infante, la conexión le viene de largo, porque ya en 1920 escribió una pequeña obra de teatro, Motamid, último rey de Sevilla, la única pieza dramática que firmó como reflejo de su deslumbramiento con lo andalusí. “Encuentra vínculos con lo andaluz en la forma de hablar, cantar, vestirse, la gastronomía y los nombres, pero eso no significa que soñase con que la gente fuese aquí con chilaba”, apunta Manuel Ruiz.

El libro de la Universidad de Islamabad

A Agmat llega un Infante muy influenciado por los estudios del arabista Reinhart Dozy y la historia de que el poeta Ibn Abd al-Ṣamad, presente en la corte de Al Mutamid, localizó su tumba, dio siete vueltas alrededor de la misma. Después se arrodilló, besó la tierra de la sepultura y recitó una elegía en su honor.

Infante procedió igual, aunque Hijano del Río no descarta que en el caso de las vueltas hablemos de algo espiritual, no físico. El caso es que el gesto está muy conectado con lo que hacen los musulmanes en la Kaaba en su peregrinación a La Meca, lo que refuerza a los que sostienen la teoría que se convirtió al islam en presencia de dos testigos y con cambio de nombre incluido.

El paso de que se le acuse de proislamista a ya directamente musulmán tiene su siguiente hito ya a finales del siglo XX muy lejos de estos lares, en Pakistán, cuando en los 90 Muhammed Ali Cherif Kettani, profesor de la Universidad de Islamabad, publica una rocambolesca obra –que podría traducirse como El resurgimiento del islam en Al Andalus– en el que da por hecha la conversión de Blas Infante. “El libro está lleno de disparates”, como que los Centros Andaluces que funda el propio Infante “nacen para impulsar el islam”.

Aquel texto llegó a España, fue traducido al español de manera artesanal y desde entonces ha alimentado a todo el que postula que sí, que se convirtió al islam. A esta ceremonia de la confusión, lamentan los historiadores, también ayuda que un nieto de Infante esté escribiendo artículos y dando charlas sobre un Corán anotado de su abuelo extraído de su biblioteca personal, en la que también habría libros sagrados de otras religiones por su interés en el tema.

Libertad por encima de doctrinas y religiones

Entonces, ¿qué fe profesaba Blas Infante? Indudablemente, es de cultura y tradición cristiana, pero no consta por ejemplo que asistiera a misa. Javier Delmás defiende que no fue masón, pero Manuel Ruiz apunta que “tiene una base masónica y esotérica, como ecléctico heterodoxo coge de todas las religiones lo que cree bueno”. “No está sujeto a un dogma, y mucho menos religioso, en la búsqueda de lo que entiende como ideal andaluz”.

“Ni era practicante ni estaba vinculado a ninguna religión”, sostiene Manuel Hijano del Río, que subraya su “mundo espiritual profundo y complejo”. Y aporta otra evidencia más de su nunca ocurrida conversión al islam: cuando años después de este viaje a Agmat da forma al que será himno de Andalucía, toma como base el Santo Dios, “¿qué musulmán va a utilizar un canto religioso cristiano?”.

Pero lo que aleja a Infante de los dogmas es que defiende a ultranza “la libertad personal por encima de cualquier doctrina política o religiosa”, de ahí su insistencia en que él “no quiere oportunistas, sino convencidos: la motivación nace de dentro de la persona”, resume Ruiz. “Una cosa es que creyera en un dios como ser espiritual”, añade Hijano del Río, pero a la hora de la verdad es “un acérrimo defensor de una libertad individual no sometida a ningún tipo de regla”. De hecho, funda los Centros Andaluces y las Juntas Liberalistas, en los que no hay “ni carné de militante ni registro de socios”.

Crítico con la conquista cristiana

Ese librepensamiento es, además, el que le hace conectar con un Al Mutamid monarca de un idealizado reino de libertad y cultura que es fulminado por “los intolerantes del sur, los almorávides, y los del norte”, unas tropas castellanas al mando de Alfonso VI. En este contexto, también abona el bulo de la conversión al islam el que deje por escrito “frases que critican la conquista cristiana” por considerar que liquidó un foco cultural. “Son frases muy viscerales, como que vinieron a imponer su cruz a sangre y fuego, las lees y parece que quisiera quemar iglesias”.

Por cierto, que en cuanto al viaje en sí fue toda una epopeya. En Lisboa conoció a un tratante que iba a comprar barricas de oporto, José Luis García Vidal, al que se acabó llegando rumbo a Marruecos cuando descubrió que se le daba bien hacer fotos. Allí, en plena guerra del Protectorado, se agenció un intérprete y un chófer que dijo que sabía dónde estaba ese pueblo perdido en medio de la nada. Toda una “locura”, como lo define entre otros Califato ¾ en su tema Camino de Aghmat.

Las peripecias no fueron pocas, incluida la rotura del radiador vehículo y alguna que otra tormenta de arena. La vuelta está marcada por otro episodio trascendental: escucha una nuba, una suerte de forma musical andalusí, “y entiende que parte de las raíces andaluzas están allí”, relata Manuel Ruiz. No sólo eso, sino que estamos ante lo que se ha dado en llamar la “intuición del mundo flamenco”, del que Infante siempre ha estado alejado y que no le encuentra el valor que sí le ven por ejemplo Federico García Lorca o Manuel de Falla. Y entonces se pone a estudiar el flamenco... pero esa es ya otra historia.

La decisión del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno (PP), de ceder a Vox el servicio para valorar a víctimas de violencia de género, el mismo que la formación ultraconservadora exigió en su momento “depurar” por su “sesgo ideológico” sigue levantando una enorme polvareda. Tras hacerlo público este periódico, las reacciones en contra se han ido sucediendo hasta llegar ahora al choque institucional: el Gobierno central reclama una “reunión urgente” a Moreno, a la vez que le insta a “rectificar” el paso dado y le recuerda que esto “puede comprometer” los fondos que recibe Andalucía. A todo esto, desde la Junta se ha reaccionado defendido su “firme y claro compromiso” contra la violencia de género y exigiendo “lealtad institucional”.

La postura del Ejecutivo centra la ha dado a conocer la ministra de Igualdad, Ana Redondo (PSOE), en una carta remitida este jueves al presidente andaluz en la que le expresa su “profunda preocupación” al considerar que la decisión “pone en cuestión el compromiso de Andalucía” con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Por eso le pide que “reconsidere” una decisión que “transmite falta de compromiso a las víctimas”.

Además, y a juicio de la ministra, trasladar estas competencias a quienes niegan la violencia de género “puede comprometer la adecuada gestión y destino de los fondos” vinculados al Pacto de Estado. Esa cuantía económica, recuerda, tiene como finalidad “garantizar la prevención, la atención integral y la protección efectiva de las mujeres y de sus hijos e hijas”.

“Víctimas de segunda”

“Las mujeres andaluzas no pueden convertirse en víctimas de segunda”, advierte Redondo, “ni ver debilitadas las políticas públicas” destinadas a garantizar su seguridad, libertad y “derecho a vivir una vida libre de violencia”. De paso, le recuerda que la cuestión es todavía más preocupante porque las cifras de violencia machista son muy “preocupantes” en Andalucía, por lo que insta a Moreno a que “retome la senda de la coherencia institucional”.

La ministra, que en sus redes sociales ya había cuestionado la lealtad del Gobierno andaluz al Pacto de Estado, ha remitido la misiva también a la responsable de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López (PP). Con esta consejera, Redondo también tiene una pugna abierta después de que criticase en redes sociales la designación de un hombre como coordinador del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Sevilla.

La Junta pide “lealtad institucional”

Por su parte, Loles López ha respondido vía comunicado, en el que ha reivindicado el “firme y claro compromiso” del Gobierno andaluz con la igualdad y la lucha contra la violencia de género. De paso, ha reclamado “lealtad institucional entre administraciones” y ha pedido actuar “con altura de miras alejada de egoístas intereses partidistas”, aunque en ningún momento ha respondido si la Junta está dispuesta a mantener la reunión solicitada o no.

A este respecto, ha defendido que “las mujeres víctimas de violencia de género en Andalucía cuentan actualmente con más derechos y recursos que nunca para su recuperación integral”, al tiempo que ha asegurado que la Junta “continuará creando derechos, implementando recursos y mejorando los servicios para las víctimas y sus familiares”. “Las víctimas siempre han sido y son nuestra prioridad”, ha remarcado.

Después de desgranar todas las medidas que la Junta ha puesto en marcha desde la llegada de Juan Manuel Moreno a la Presidencia en 2019, la consejera ha defendido “la unidad de toda la sociedad y la lealtad institucional entre Administraciones”. En este punto, ha incluido también “la altura de miras alejada de egoístas intereses partidistas” para así contar con los “elementos imprescindibles para desterrar esta lacra de la violencia machista que impide a las mujeres ser libres e iguales”.

PSOE: que Gavira vaya al Parlamento

En paralelo a la misiva que el Gobierno central le ha enviado a la Junta, el PSOE andaluz ha solicitado la comparecencia del vicepresidente segundo, Manuel Gavira (Vox), para que informe sobre la atención y los recursos para las víctimas de violencia de género que son de su competencia. Los socialistas, asimismo, reclaman medidas “para evitar cualquier retroceso, recorte o desmantelamiento en los recursos públicos” destinados a la protección de las mujeres.

En un comunicado, la líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha expresado su “preocupación” y la “indignación” de “las mujeres andaluzas y españolas” por el hecho de que “aquellos que niegan la violencia machista” tengan competencias en esta materia. “Esto es gravísimo”, ha apostillado, ya que está convencida de que esto “va a ser disuasorio en este tipo de denuncias” y de que “se van a minimizar los daños que se ocasionan por la violencia de género, puesto que la niegan en sí misma”.

“Vamos a ser muy exigentes”, garantiza Montero, que le va a pedir al Gobierno andaluz que ninguna actuación por violencia de género “esté en manos de la ultraderecha que la niega”. De paso, ha enmarcado la elección de un hombre para dirigir el IAM en Sevilla en una “declaración de intenciones del PP, que está descuidando de manera muy peligrosa la vigilancia y la seguridad de las mujeres víctimas de la violencia”.

Por si no fuera suficiente con la que hay políticamente formada por la decisión de Juan Manuel Moreno (PP), adelantada por este periódico, de que Vox gestione el servicio para valorar a víctimas de violencia de género, una nueva polémica con las políticas de mujer ha abierto otro frente de bronca entre Gobierno central y Junta de Andalucía. El detonante ha sido el nombramiento de un hombre, Emmanuel Toro Molina, como responsable del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Sevilla, lo que ha hecho que entre en escena hasta la ministra de Igualdad, Ana Redondo (PSOE).

La designación de Toro Molina la hacía pública el martes la consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López (PP), en el marco de una remodelación de equipos con motivo del arranque de la nueva legislatura que incluye cambios en cinco de las ocho coordinaciones provinciales del IAM. La sorpresa ha sido que un hombre ocupe uno de estos puestos, la primera vez que ocurre desde que se crearon estos puestos.

La cuestión ha desbordado si es idóneo o no para el cargo, algo ahora tangencial porque el pulso se centra exclusivamente en que un hombre está al frente de las políticas de mujer en la capital hispalense. “Vox en la atención de las víctimas de violencia de género y un hombre al frente del Instituto de la Mujer en Sevilla. Estas son las apuestas de Moreno Bonilla para reírse de las víctimas e insultar a las mujeres en Andalucía”, era el tuit que lanzaba Ana Redondo este miércoles.

El problema, que “no es miembro del PSOE”

Es, por cierto, la segunda irrupción de la ministra en redes para cargar contra el Ejecutivo andaluz. Horas antes lanzaba un mensaje en el que acusaba al PP de “dejar a las víctimas en manos de los negacionistas y defensores del machismo”, lo que interpretaba como que “el PP ha lanzado un órdago al pacto de Estado” sobre esta materia. “No lo vamos a permitir y ya estamos estudiando medidas”.

“El verdadero problema del Gobierno de España con este nombramiento es que el nuevo coordinador del Instituto Andaluz de la Mujer en Sevilla no es miembro del PSOE”, ha sido la respuesta de Loles López, que ha criticado la “hipocresía” de un Gobierno de España “que ha nombrado a hombres para cargos de responsabilidad en violencia de género”. “Reírse de las mujeres es la gestión que ha hecho el Ministerio de los fallos de las pulseras y del Sistema VioGén”, ha apostillado.

Al trapo ha entrado también la secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, que ha calificado de “intolerable falta de respeto a las mujeres” esta elección para un puesto “siempre liderado por mujeres”. Y de paso, le ha reprochado a presidente Juan Manuel Moreno que esta decisión es “un paso más en su camino y el del PP hacia la ultraderecha”.

Especializado en coordinación institucional

En cuanto al protagonista que se ha visto en medio de esta tormenta, Emmanuel Toro, es técnico superior en Sistemas Informáticos y de su trayectoria profesional destaca el Gobierno andaluz que está especializado en la coordinación institucional y la gestión en el ámbito de la Administración pública y del sector privado. “Cuenta, asimismo, con una amplia experiencia en relaciones institucionales, organización de eventos, protocolo y comunicación”.

Durante los últimos años ha trabajado “estrechamente” junto a la Dirección del Instituto Andaluz de la Mujer y participado de forma directa en la planificación, seguimiento y desarrollo de la acción institucional y estratégica. Esta experiencia, según la nota en la que se informaba de su nombramiento, “le ha permitido conocer de primera mano las necesidades y los retos de las mujeres andaluzas”.

Loles López, contra los “carnés de feministas”

En el comunicado con el que la consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad ha replicado a la ministra, ha aprovechado para reprochar que “el PSOE y los partidos de izquierda llevan toda la vida dando carnés de feministas a las mujeres, y ahora también lo quieren hacer con los hombres”. En este sentido, ha recordado que “ser hombre no fue un problema” para ocupar numerosos cargos de responsabilidad en este ámbito en numerosos gobiernos socialistas.

Loles López ha insistido en que “el hombre no es el enemigo, como quiere presentarlo el Gobierno de España y la izquierda”. “Lo he dicho muchas veces y lo mantengo: los hombres no son el problema, son parte de la solución”, resaltando la necesidad de contar con referentes masculinos “trabajando por la igualdad y contra la violencia de género”. “Para ser feminista no hay que ser de izquierdas, hay que ser libres”, ha apostillado.

La tensión alrededor de lo que queda en los corralones artesanos de la calle Castellar, en Sevilla, ha derivado este lunes en un nuevo episodio con un rifirrafe en el que ha vuelto a haber puñetazos y amenazas, una trifulca (capitaneada por una empresa de desocupación) en la que dos personas han resultado heridas. Tras acudir a urgencias del hospital Virgen Macarena para contar con un parte de lesiones, este martes interpondrán otra denuncia que se suma a las que empiezan a acumularse por la presión que sufre la única persona que continúa viviendo en un enclave en el que se quiere levantar un proyecto hotelero cuyos promotores ofrecen 12 millones de euros.

Fuentes de la Policía Nacional han confirmado el incidente, que ha obligado a enviar un patrullero a la zona, aunque no se ha producido ninguna detención. La inquilina que vive en estos corrales con su correspondiente contrato de alquiler, la artesana y gestora cultural Estefi Yeah, ha señalado que ya este domingo sufrieron otro ataque en el que “nos gasearon” y acabó también en el hospital, un incidente por el que todavía no había presentado denuncia cuando se ha producido un nuevo episodio.

Los protagonistas de los incidentes han sido en esta ocasión un trabajador de la compañía propietaria de los corralones y un empleado de una empresa desokupa. Estefi Yeah ha sufrido daños en el labio –“me lo han partido”– y otra persona ha acabado con heridas en la espalda. El desokupa ha acabado también enfrentado a las personas que han acudido al llamamiento de la asamblea Defiende los Corralones, que ha instado a hacer acto de presencia para acompañar a las personas atacadas y grabar lo que ocurría.

Detenciones y heridos

Al deterioro creciente que sufre este enclave, que según los artesanos obedece a una estrategia de la propiedad para desalojarlos ha pasado a una nueva escala desde hace un mes dado que la oferta inmobiliaria expira con el verano. Desde entonces se han producido varios asaltos, en uno de los cuales hubo tres detenidos de una empresa de desokupación tras una incursión en la que dejaron tres heridos, produciéndose un nuevo arresto el último fin de semana de julio tras otra agresión, en este caso el propietario de Desocupación García Seguridad Integral, según consta en la denuncia presentada.

Durante toda la jornada del lunes, los activistas que apoyan a los afectados han estado relevándose para que haya la mayor presencia posible de personas tanto dentro como fuera de la casa. Estefi Yeah es la única residente, pero hay todavía en activo otros cinco corralones que se usan como talleres o aulas de flamenco. Recientemente se han cerrado otros dos, cuyas responsables han denunciado judicialmente que clausuraron sus espacios de trabajo con todos sus enseres dentro y ahora no les permiten recuperarlos.

En los ataques sufridos los últimos días han sufrido daños tanto el cuadro eléctrico como la red de agua. De hecho, en los incidentes de este lunes se habría utilizado espuma expansiva en la toma de agua “para que no podamos volver a arreglarla” una vez que se recuperó el suministro. Lo que no ha vuelto es la luz, “porque cortaron la instalación con un serrucho”.

Carrera contra el reloj

La oferta de 12 millones de euros que acaba con el verano ha llevado a la propietaria de las fincas de los números 48, 50 y 52 de Castellar, Garaje Santa Inés, a contratar a la empresa Desocupación García Seguridad Integral para intentar forzar la salida de todos los inquilinos, un proceso que no le está resultando sencillo pese a las numerosas incursiones que ha llevado a cabo ya. El objetivo de la promotora hotelera, Arenas de la Bellida SL, es levantar un hotel de cuatro estrellas con capacidad para 90 habitaciones a lo que hay que sumar 29 viviendas libres, un proyecto todavía pendiente del visto bueno urbanístico.

El clima cada vez más irrespirable ha llevado a más de 80 organizaciones vecinales, sociales y sindicales a denunciar la “extrema violencia” que sufren los artesanos de los corralones de Sevilla, una situación ante la que reclaman el fin del “acoso inmobiliario”. Para ello, consideran que es fundamental la “paralización” de la operación inmobiliaria que ha agravado la situación con su millonaria oferta.