La Xunta de Galicia ha decidido cerrar las siete principales ciudades gallegas y prohibir en todas ellas las reuniones para personas que no vivan bajo el mismo techo. La decisión se ha adoptado ante la preocupación provocada por el avance del coronavirus y por la previsión de grandes movimientos a los cementerios durante la celebración del día de Difuntos. La medida anunciada por el Gobierno gallego se extenderá hasta el martes, final de un puente que en Galicia no se celebra, al no ser festivo el próximo lunes. Los habitantes de Santiago, Ferrol, A Coruña, Pontevedra, Lugo, Vigo, además de Ourense, no podrán abandonar sus términos municipales ni reunirse con personas con las que no compartan domicilio hasta el próximo martes. Un autoconfinamiento que afectará directamente a 1,2 millones de gallegos, lo que supone el 45% de la población de la comunidad autónoma.

Las nuevas limitaciones no suponen el cierre de la comunidad autónoma que se mantiene, junto a Extremadura, como la única autonomía peninsular que mantiene sus fronteras abiertas. Todos los territorios que limitan con Galicia han apostado por el cierre, por lo que los gallegos que no vivan en una de las localidades cerradas podrán abandonar la comunidad autónoma pero solo si su destino es alguna ciudad extremeña. El Gobierno que preside Alberto Núñez Feijóo quiere que la entrada en vigor de las nuevas restricciones sea casi inmediata, a partir de las 15 horas de este viernes, pero depende de la “celeridad de la administración” para preparar las diferentes órdenes y publicarla a tiempo en el Diario Oficial de Galicia. La precipatación del Gobierno gallego para tomar estas medidas, que habitualmente entran en vigor a la jornada siguiente, responde a la intención de frenar a aquellas personas que pudiesen decidir adelantar sus desplazamientos, según explicó el conselleiro de Sanidade. Las excepciones para los desplazamientos serán las mismas que contempla el estado de alarma.

Además de las siete principales ciudades gallegas, el Gobierno de la Xunta mantendrá cerradas las siguientes localidades: Boborás, Barbadás, O Carballiño, Verín, O Irixo, Vilardevós y Oímbra en la provincia de Ourense; Ames, Teo, Narón, Fene, Neda, Vimianzo y Arteixo en la de A Coruña; Poio y Marín en la provincia de Pontevedra. Los cierres son perimetrales por agrupaciones de ayuntamientos, así que estará permitida la circulación dentro de los municipios vecinos que estén confinados. Así, por ejemplo, la movilidad se mantiene dentro del límite que conforman los ayuntamientos de Santiago, Ames y Teo y se podrán entrar y salir sin restricciones de uno a otro.

La Xunta opta por un plazo de menos de cuatro días de vigencia para las restricciones, el más corto que ha decretado hasta el momento. En el caso del cierre de A Mariña, a las puertas de las elecciones autonómicas de julio, las medidas se establecieron por cinco días. En las últimas órdenes de la Consellería de Sanidade, sin embargo, las limitaciones se prolongaron por una semana o 14 días. “Tomamos estas medidas para este fin de semana porque reducir las interacciones de estes días nos ha parecido prioritario. Si otra comunidad lo hace no lo podemos criticar y pensamos que puede tener sentido”, aseguró el conselleiro. Madrid es la comunidad autónoma que, junto con Galicia, ha limitados los movimientos durante las celebraciones de Difuntos que en la comunidad regida por Isabel Díaz Ayuso coindice además con un lunes festivo.

La incidencia del coronavirus en Galicia se está caracterizando por un crecimiento constante de los casos y el aumento de la preocupación por la presión asistencial en Atención Primaria y hospitalaria que según el responsable del Servicio Galego de Saúde (Sergas), José Flores, ya es “importante” en áreas sanitarias como la de Ourense, en donde desde hace una semana se ha cancelado todas la actividad quirúrgica que no sea considerada como urgente, y Ferrol, donde la ocupación de camas de hospital “es alta”.

Feijóo presumió este jueves de anunciar “la primera ley de pandemia que existe en una comunidad” para que la Xunta pueda limitar derechos fundamentales en su territorio de competencia. Unas frases después, le dio la vuelta al argumento y pidió un Ejecutivo central “que gobierne” al estilo de Macron y Merkel y atacó que existan “19 estados de alarma” en el Estado español. La dureza de las medidas tomadas en Francia y Alemania contrasta con la situación estatal en la que los presidentes de las comunidades tienen autonomía para decidir las medidas de restricción que se adapten a la situación de su territorio. También contrasta que el Gobierno gallego pida centralidad en las decisiones mientras presenta una normativa que situará a Galicia como la única zona de España en la que el Ejecutivo se faculta, previa autorización judicial, para obligar a un persona a vacunarse, a un paciente a seguir un tratamiento o para limitar la movilidad en un territorio.

“Llevamos mucho tiempo solicitando al Gobierno que gobierne, como lo hace el presidente de la República francesa o la canciller Angela Merkel. Aquí no, aquí el Gobierno deja que las 17 comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla hagan lo que consideren oportuno de acuerdo a un texto que habilita para mantener esta situación durante los próximos seis meses”, criticó Feijóo siguiendo la línea argumental de Pablo Casado, líder de su partido, que se abstuvo en la votación para la prórroga de la medida durante medio año. El presidente gallego se caracterizó durante el primer período de estado de alarma por reclamar al Gobierno central que dejase gestionar a las comunidades. “Los ciudadanos tienen que ir recuperando los derechos y las administraciones nuestras competencias”, repetía en el mes de mayo. Ahora, sin embargo, el barón popular considera caótico que cada comunidad tenga diferentes restricciones.

“Es necesario en España para un español, ya no para alguien que nos visite, hacer un cursillo rápido de aprendizaje de qué cosa se puede hacer en cada comunidad, en cada provincia y en muchos de los 8.000 ayuntamientos en los que se divide España”, afirmó Feijóo, “y así es muy difícil que los ciudadanos entiendan lo que hacen los políticos”. Al mismo tiempo, el presidente gallego defiende que las medidas de restricción se tomen con precisión y que no se apliquen de manera general en todo el territorio. En Galicia, toda la comunidad se encuentra en nivel 2 de alerta y tiene limitaciones de reunión y aforos. Otros nueve ayuntamientos y una localidad de un décimo municipio se encuentran en nivel 3, con medidas más duras, y ocho de ellos tienen restringidas las entradas y salidas del término municipal. El afán de aplicar diferentes medidas según el ámbito territorial ha llevado a la Xunta a publicar restricciones por barrios en ciudades como Ourense, Lugo o A Coruña.

Sin embargo, para Feijóo “no hay un caso” en la Unión Europea de un país que active un estado de alarma “durante seis meses, y que cada comunidad autónoma haga lo que considere oportuno más las ciudades de Ceuta y Melilla”. Una opción que permite que la Xunta mantenga a Galicia como una de las cinco comunidades del Estado sin cierre perimetral en estos momentos.

El ataque de Feijóo contra los “19 estados de alarma” se produce al tiempo que su Gobierno presenta una reforma de la ley sanitaria de Galicia que pretende legislar para que el Ejecutivo gallego pueda limitar derechos fundamentales a cualquier ciudadano que se encuentre en la comunidad. El barón gallego avanzó tras la reunión semanal de su Gobierno algunas ideas que se introducirán en la norma pero sin presentar el articulado legal, que llegará al Parlamento de manos de su grupo, el PP, que tiene la mayoría absoluta en la Cámara. De las explicaciones de Feijóo se entresaca que el Gobierno gallego tendrá que seguir acudiendo al poder judicial para restringir un derecho o una libertad constitucional, pero plasmará supuestos que se escapan a las competencias actuales de Galicia como hacer cumplir los aislamientos de enfermos y las cuarentenas -que se hace hasta el momento con ratificación de un juzgado- o poder obligar a que los pacientes se somentan a tratamientos o reciban las vacunas que se consideran obligatorias, así como limitar la movilidad de la ciudadanía y confinar zonas de la comunidad.

La tesis del Alberto Núñez Feijóo y del PP de que una pandemia no puede gestionarse bajo un estado de alarma, sino que precisa de legislación sanitaria propia se basa, según los últimos argumentos del presidente gallego, en el “enorme impacto reputacional” que tiene para el Estado español esta herramienta. Esta reforma de la normativa autonómica sigue el camino de restringir derechos fundamentales sin utilizar el estado de alarma, una idea que cuestionan catedráticos de Derecho Constitucional como Javier Pérez Royo. “Lo que está diciendo el presidente de la Xunta de Galicia de que con una reforma de la Ley de Salud Pública se podría dar cobertura a la presunción de legitimidad de los actos limitativos de derechos fundamentales, simplemente no es verdad. Es radicalmente incompatible con la Constitución”, argumenta el profesor de la Universidad de Sevilla.

El presidente de la Xunta comenzó a inicios de mayo a reclamar una modificación legislativa de la normativa sanitaria estatal para limitar derechos básicos de la ciudadanía y unos meses después, en agosto, anunció que presentaría “una nueva ley orgánica de salud”. No fue hasta la primera semana de octubre cuando Feijóo remitió a Pedro Sánchez su propuesta, obviando el texto para la modificación de la ley orgánica de salud que su formación, el Partido Popular, ya había registrado en el Congreso. Ahora, la Xunta continúa su oposición al estado de alarma con cambios en su ley autonómica de salud.

De defender las competencias al “se nos traslada la responsabilidad”

Si durante el primer período de estado de alarma Feijóo reclamó semana tras semana que los presidentes autonómicos recuperasen sus competencias ahora el presidente gallego considera que el Gobierno central les está “trasladando la responsabilidad” a las comunidades. “Fíjese si [los presidentes y presidentas] somos responsables que aceptamos la competencia delegada en este estado de alarma. ¿Qué pasa si no se acepta?¿Actuaría el Ministerio de Sanidad? Si Ceuta y Melilla están colapsadas, menos mal que no es el que gestiona todas las comunidades”, se preguntó esta mañana el presidente de la Xunta justo después de pedir un Gobierno como en la República francesa, en donde vuelve el confinamiento domiciliario a partir de este viernes 30 y está vigente el estado de emergencia sanitaria.

En los primeros compases de la pandemia, Feijóo reclamó al Gobierno central que clarificase qué competencias seguían en sus manos y que se tuviese en cuenta a los ejecutivos de las comunidades para la toma de decisiones. Una defensa que practicaron más comunidades hasta que el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos apostó por una cogobernanza del estado de alarma que no convenció al barón gallego.

A la desescalada, Galicia llegó apretando para superar fases alegando que la situación de la comunidad era mejor que en el resto de España y se acogió a un levantamiento de las restricciones asimétrica, por territorios, como proponía el Gobierno central. Feijóo llegó a pedir una “cláusula de salvaguarda territorial” para que las comunidades pudiesen tomar decisiones y tuviesen libertad para interpretar la norma.

“En cierto modo, Galicia está en cierre perimetral”, con este argumento inició Alberto Núñez Feijóo su respuesta a si los gallegos pueden esperar una limitación de movimientos para entrar y salir de la comunidad. Con las comunidades de Asturias y Castilla y León cerradas, y la prohibición de cambiar de ayuntamiento en Portugal hasta el próximo martes, Galicia es una de los cinco territorios del Estado que permite a sus ciudadanos salir de la comunidad hacia otras zonas sin restricciones, como Valencia o Extremadura, y se beneficia del cierre impuesto en otros territorios. Por el momento, la Xunta de Galicia descarta un cierre perimetral e insiste en que las limitaciones se harán por áreas más pequeñas. La vista está puesta en la situación de las ciudades gallegas.

Al Gobierno de la Xunta le preocupan las cifras de urbes como Vigo, Ferrol, Pontevedra y Lugo y algunas zonas metropolitanas alrededor en las que “hay riesgo evidente”. Las nuevas restricciones podrían llegar mañana viernes, tras la reunión del comité clínico del Gobierno gallego que hace dos días descartó endurecer las limitaciones en la comunidad. “Prácticamente todas las ciudades, con menor intensidad A Coruña, están en situación de riesgo”, apuntó Feijóo, que aseguró que la Xunta será coherente en sus próximos pasos con las decisiones para frenar la expansión del coronavirus que se han aplicado en Ourense -que lleva más de tres semanas cerrada- y Santiago -donde solo se pueden reunir personas que vivan juntas y donde las cafeterías y bares están cerrados-.

El conselleiro de Sanidade, que se reunió en esta jornada con varios alcaldes de ciudades gallegas, avanzó la posibilidad de que mañana viernes se imponga “algún tipo de restricción adicional” en los ayuntamientos de Pontevedra y Lugo. “Lo cierto es que, a pesar de esas medidas [toque de queda y reuniones limitadas a cinco personas], vemos que la tendencia sigue en crecimiento”, afirmó Julio García Comesaña. Alberto Núñez Feijóo insistió en que, con los datos registrados esta semana, la Xunta “no contempla el cierre completo” de la comunidad ni el “confinamiento obligatorio” de los ayuntamientos.

La Xunta de Galicia acaba de anunciar una reforma de su legislación sanitaria que permitirá restringir libertades y derechos fundamentales de la ciudadanía. El jefe del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, aseguró esta mañana que pretende tener cuanto antes una legislación para “regular con mayor seguridad jurídica y claridad” la pandemia. La norma, sin embargo, seguirá dejando en manos del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia el respaldo de las medidas que quiera tomar la Xunta y que afecten a derechos fundamentales, como ocurre actualmente.

La tesis de Alberto Núñez Feijóo y de su partido es que una pandemia debe regularse a través de la legislación y no de un estado de alarma que, a su parecer, tiene un “enorme impacto reputacional” para España. El presidente de la Xunta comenzó a inicios de mayo a reclamar una modificación legislativa de la normativa sanitaria estatal para limitar derechos básicos de la ciudadanía, que expertos en derecho constitucional consideran no viable, y unos meses después, en agosto, anunció que presentaría “una nueva ley orgánica de salud”. No fue hasta la primera semana de octubre cuando Feijóo remitió a Pedro Sánchez su propuesta, obviando el texto para la modificación de la ley orgánica de salud que su formación, el Partido Popular, ya había registrado en el Congreso. Ahora, la Xunta continúa su oposición al estado de alarma -que Feijóo insiste en llamar “de excepción”- con cambios en su ley autonómica de salud.

“Entendemos que si el Gobierno de España regulaba non era imprescindible una ley gallega específica. Entendido que el Gobierno no va a regular una ley orgánica, nosotros sí que vamos a hacerlo para tener mayor seguridad jurídica y claridad”, afirmó Feijóo esta mañana tras la reunión semanal de su Ejecutivo. Mediante esta reforma, que presentará el PP y que se tramitará con la mayor agilidad posible dada su mayoría absoluta en el Parlamento gallego, el Gobierno gallego pretende concretar qué medidas puede tomar en caso de pandemia, incluidas las que limitan derechos fundamentales.

Con esa nueva legislación en vigo, el Gobierno autonómico podrá prohibir el botellón, obligar al uso de mascarilla y hacer cumplir los aislamientos de enfermos y las cuarentenas, como hace hasta el momento a través del poder judicial. Esta reforma busca también poder obligar a que los pacientes se somentan a tratamientos o reciban las vacunas que se consideran obligatorias, así como limitar la movilidad de la ciudadanía y confinar zonas de la comunidad. Sin embargo, para ello, seguirá necesitando el respaldo judicial del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). La capacidad de covertir la vacunación en un acto obligatorio es una idea que ya incluia el PP en su propuesta de reforma de la ley orgánica de salud.

“Consideramos que la ley es constitucional”, afirmó Feijóo. El presidente gallego se respalda en los autos del TSXG dando amparo a sus medidas durante los últimos meses y en la existencia de un comité clínico “que acredita que no se toman medidas desproporcionadas” para afirmar que su norma cumple con los límites de la Constitución pero debe incluir la solicitud del respaldo judicial igualmente. “Es la primera ley de pandemia que existe en una comunidad. Es constitucional y respetuosa con la salvaguarda jurisdiccional de los derechos fundamentales y coherente con los autos del TSXG”, defendió.

La Xunta oculta los proyectos que ha seleccionado para competir por los fondos europeos que llegarán a España para reactivar la economía tras la pandemia. El Gobierno gallego afirma que tiene 108 planes escogidos pero que no los hará públicos hasta que se conozcan los criterios de la Comisión Europea y del Gobierno español para decidir en base a qué se seleccionan los proyectos que deberán tirar de la economía en los próximos años. Una pauta que aún no se ha fijado por parte de ninguna de las dos instituciones y que, según Feijóo no se espera que estén listos hasta finales de este año.

Se trata de proyectos impulsados por un número indefinido de empresas que tampoco se han dado a conocer y que han sido seleccionadas por la Xunta en una comisión interdepartamental interna, según explicó esta mañana el presidente de la Xunta tras la reunión de la Conferencia de Presidentes. Durante esa reunión, presidida por Pedro Sánchez, se han comenzado a tratar los criterios de reparto. Preguntado por cuándo dará a conocer los nombres de las empresas y los proyectos beneficiarios de estos millones -que la Xunta estima en más de 9.400, entre fondos de la UE y aportados por las compañías-, el presidente gallego ha ofrecido pocos detalles: “Espero que en las próximas semanas podamos concretar a qué proyectos nos referimos”, ha asegurado el jefe del Gobierno gallego.

Pese a la falta de información sobre quién y dónde gestionará buena parte de los millones que Galicia reciba para su reactivación económica a través de la fórmula de colaboración público-privada, el jefe del Ejecutivo gallego apuntó algunos ejemplos de proyectos, como la producción de fibras para el sector textil con madera o una planta de energía que utilice los residuos procedentes del sector primario. Nada se sabe de qué empresas las llevarán a cabo, pero Feijóo asegura que se podrán modificar para que encajen en los criterios de los fondos. A estos planes se les podrán sumar otros que están siendo evaluados por la Xunta.

En el Gobierno gallego preocupa el sistema de reparto que se seguirá para transferir a las comunidades el dinero que llegue de Europa. “Necesitamos conocerlo”, apremió Feijóo, que rechazó un sistema de reparto por cuotas, por población o “por criterios partidarios”. El presidente gallego quiere que las ayudas tengan en cuenta la “situación objetiva de cada territorio y su necesidad de reformas estructurales”. Es decir, que se realice una discriminación positiva que tenga en cuenta factores como dispersión de la población, la demografía, la transición industrial, el porcentaje de población rural y tener un nivel de renta per cápita por debajo de la media europea.

El presidente de la Xunta acusa al Gobierno central de impulsar una nueva situación de alarma por “negarse a dar” ningún otro instrumento legal para que las comunidades puedan ordenar cierres y otros límites a la movilidad. Alberto Núñez Feijóo afirma que el problema fundamental del estado de alarma es la repercusión que puede tener en el ámbito internacional para España, a pesar de que otros países del entorno como Francia, Italia y Portugal tienen en marcha medidas similares. La oposición del barón gallego, por tanto, no tiene que ver tanto con las medidas impuestas -ya dijo ser favorable al toque de queda si no se le llama por ese nombre- si no con la publicidad que generan. “No puede ser más demoledor, se puede hacer lo mismo sin estos términos y proyecciones desgarradoras, hemos puesto en cuestión la Navidad y la Semana Santa, dándole un enorme palo al sector turístico y hostelero”, afirmó esta tarde tras la reunión de la Conferencia de Presidentes con Pedro Sánchez. El barón gallego hizo público su malestar minutos después de que el líder de su partido, Pablo Casado, se mostrase favorable a los planes de Pedro Sánchez simpre y cuando la prórroga de la alarma se limitase a un máximo de ocho semanas.

La importancia que Feijóo da a la nomenclatura se pudo advertir en su comparencia. Para censurar que el Gobierno central “está generando alarma”, el presidente gallego decidió referirse al estado de alarma como estado de excepción -previsto para situaciones de alteración grave de derechos fundamentales- y calificar la decisión del Ejecutivo de Sánchez como “demoledora”. El presidente de la Xunta consideró que el Gobierno central “ni está acertando en la dimensión, ni en las herramientas ni en el mensaje” y censura tanto la duración propuesta del estado de alarma como el camino elegido. Sin embargo, al tiempo, Feijóo admite que, a día de hoy, “no se puede gestionar la pandemia sin estado de alarma” debido a que “el Gobierno se niega a dar ningún otro instrumento”.

Feijóo insiste desde el mes de mayo en que el Gobierno lleve a cabo una reforma de la ley orgánica de salud para que los presidentes autonómicos puedan limitar derechos constitucionales. Por ello, anunció a finales de agosto que enviaría a Sánchez una propuesta de cambio en el articulado que no materializó hasta los inicios de octubre. Un trámite que, de apurar al máximo todos los tiempos legales previstos, no estaría lista y aprobada antes de cuatro meses. Mientras, el Partido Popular ha relajado su oposición al estado de alarma y Pablo Casado se ha mostrado favorable a apoyalo por un tiempo máximo de ocho semanas.

Mientras tanto, Galicia desconoce si la Xunta tomará algunas de las decisiones que deja en sus manos el decreto del Gobierno central. Por el momento, Feijóo descarta, con los datos del día de ayer domingo, el cierre perimetral de la comunidad. Será el comité de expertos del Gobierno gallego el que proponga si tomar o no la medida, así como si se aceptan las horas de toque de queda impuestas por el Ejecutivo central o se modifican dentro del margen que permite el decreto.

A Coruña ya tiene listo el informe que añadirá más presión sobre la familia Franco y las propiedades que llegaron a sus manos de manera irregular durante la dictadura. Tras el golpe iniciado por la sentencia del Pazo de Meirás, que obliga a los herederos del dictador a devolver el histórico edificio al bien público, ahora el camino continúa con los ojos puestos en una construcción singular que corona una de las plazas con más encanto de la ciudad vieja de A Coruña, la Casa Cornide.

El Ayuntamiento de la ciudad tiene dos frentes abiertos: uno que anunció este verano, en pleno juicio por la propiedad de Meirás, para recuperar en los juzgados la propiedad de la Casa Cornide y otro, por la vía artística con la declaración del edificio como Bien de Interés Cultural (BIC), que obligaría a los herederos del dictador a abrir la vivienda a visitas, entre otras exigencias de cuidado del inmueble. El Gobierno local acaba de recibir el informe externo con el que iniciará el procedimiento administrativo para solicitar ante la Xunta de Galicia que certifique la catalogación de la Casa Cornide como BIC. En él, nueve profesionales de los ámbitos de la historia del arte, la arquitectura, historia, topografía y la conservación de bienes culturales definen las características del edificio que lo convierten en una obra singular que precisa una figura de protección.

Como “un unicum arquitectónico” la califica el catedrático de Historia del Arte de la Universidade de Santiago de Compostela Alfredo Vigo Trasancos, que se ocupó del análisis histórico artístico del edificio. El profesor considera que el aire galo con el que fue construida la Casa Cornide, “del mejor estilo tardobarroco, cosmopolita y francés”, “no tenía en Galicia apenas ningún precedente” y destaca la curvatura que eligió el desconocido autor del edificio como solución en los extremos de la fachadas. Se trata de unos cierres curvos que tampoco se encontraban entonces en la arquitectura de la comunidad y que estaban inspirados en las casas urbanas burguesas de Francia.

El informe considera que el estado de conservación del edificio es bueno, aunque solamente se ha podido examinar el exterior ya que la familia Franco no ha autorizado que entren los expertos, que centran su interés en la escalinata de la planta baja. Su interior fue reformado completamente en los años sesenta para convertir el edificio, deteriorado por un período de abandono, en la residencia que ocasionalmente Franco y su mujer, Carmen Polo, utilizaban cuando se encontraban en A Coruña.

Una conversión, realizada en dos fases, pagada con dinero público del Ayuntamiento de A Coruña, según la documentación encontrada, y de la que poco se conocía hasta que este verano los Franco, coincidiendo con el juicio sobre Meirás, decidieron poner el inmueble a la venta. A través de las imágenes del portal inmobiliario, Vigo Trasancos identifica molduras de puertas en piedra que pueden proceder de restos de obras de la conversión en Hostal dos Reis Católicos del hasta entonces hospital real de Santiago de Compostela y, por diversa documentación, se sabe que en esta residencia también se depositaron las figuras del Pórtico de la Gloria de la Catedral que están en posesión de los Franco -y reclamadas por el Ayuntamiento de Santiago- después de que se incendiaria el Pazo de Meirás.

Este informe histórico artístico, al que ha tenido acceso elDiario.es, es la pata que faltaba para que el ayuntamiento inicie las “acciones judiciales pertinentes” para recuperar la propiedad de la Casa Cornide después de que este verano el Instituto de Estudos Coruñeses José Cornide -que precisamente lleva el nombre del polígrafo coruñés cuya familia construyó el edificio en cuestión- hiciese público el informe, esta vez histórico, que relata las piruetas que dieron el consistorio y el empresario, conde de Fenosa y promotor de la comisión que entregó el Pazo de Meirás a los Franco, Pedro Barrié de la Maza, para satisfacer el deseo de Carmen Polo de tener una residencia en A Coruña que no le diese tanto trabajo poner a punto como Meirás. En la presentación de este análisis coordinado por el historiador Emilio Grandío, la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, aseguraba que sería “cuestión de meses” el inicio de la reclamación de la propiedad en los juzgados.

La documentación que respaldará esta demanda cuenta la historia de cómo un bien público acaba en las manos de Carmen Polo después de perder 13 veces su valor en pocos días. Tras ser residencia de la familia Cornide, este singular edificio fue desde sede del ayuntamiento hasta cine de una sociedad católica a finales de la Guerra Civil, en la que inició una etapa de desuso hasta que en los años cuarenta lo compró el Ministerio de Educación. Entonces, el ayuntamiento de la ciudad renueva su interés por la Casa Cornide y convence al Gobierno central para permutar propiedades: el edificio señorial del centro por una parcela en lo que, entonces, eran las afueras de la ciudad.

Esto coincide con los deseos del alcalde franquista Alfonso Molina, regidor desde 1947 a 1958, para que los Franco pasen más tiempo en la ciudad y menos en Meirás, en el cercano municipio de Sada. “Venían al Pazo de Meirás si venía Franco. Pero el dictador solo lo hacía en vacaciones. Su mujer, Carmen Polo, asturiana, tiraba también para Galicia. Pero si venía sola, se alojaba en el Hotel Embajador, en el centro de A Coruña, hoy desaparecido”, explica Grandío. El sistema para cambiar esto fue simple: el ayuntamiento sacó la Casa Cornide a subasta, por debajo de su valor de 344.000 pesetas, la compró Barrié de la Maza casi sin oposición por 305.000 y se la cedió a Carmen Polo por 25.000 pesetas, con un paso previo en el que el consistorio eliminó todas las cláusulas sobre la puja que impedían cambiar la titularidad del recién adquirido edificio.

Una maniobra fraudulenta y pactada por la familia del dictador y el Gobierno del régimen, tal y como reconoce en una carta fechada en agosto de 1962 el secretario personal de Franco, Ricardo Catoira, al entonces subsecretario de Hacienda, Juan Sánchez-Cortés y Dávila: “Tengo el gusto de comunicarte que hoy por fin ha terminado el plazo para la subasta de la célebre casa que tanto deseaba Su Excelencia. Hoy también se reúne el pleno para adjudicarla a un particular y este venderla a la Señora. Así se lo hemos explicado a Su Excelencia por ser la mejor fórmula ya que de esta forma no se hace una adjudicación de bienes que fueron del Estado al propio Caudillo”.

La aportación pública para el beneficio de los Franco no terminó ahí. Los libros municipales recogen dos desembolsos más, de casi 180.000 y de un millón de pesetas en los años 1963 y 1964 destinados a la reforma de la Casa Cornide, que ya pertencía a Carmen Polo. La familia del dictador dividió la vivienda en varios apartamentos, con espacio para el servicio, y anexionó una pequeña parcela que daba continuidad a uno de los laterales del edificio para agrandarlo.

La multinacional Alcoa confirma el despido colectivo de 524 empleados de su planta de producción de aluminio en San Cibrao, Lugo, y anuncia que parará el corazón de la fábrica, las cubas de electrolisis en las que se consigue el metal. La decisión llega tras cuatro meses de negociaciones -desde el anuncio del expediente de regulación de empleo- con el comité de empresa, el Ministerio de Industria y la Xunta de Galicia y a pesar de que existe una oferta de compra por parte de Liberty House que no fue aceptada por la multinacional.

Ante este escenario, el Gobierno central está dando los primeros pasos para tomar el control de la planta y ha encargado un informe a la Abogacía del Estado para que explore las posibilidades de una intervención o que sea la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) la que asuma la propiedad para luego vender a un tercero. Esta opción fue una de las que el Ministerio de Industria ofreció durante el período de negociación entre Alcoa y Liberty pero que fue rechazada. Tanto el Gobierno central, como la Xunta y el comité de empresa acusaron a Alcoa de negociar “con mala fe”.

Dos semanas después del fin de esas conversaciones, Alcoa ha tomado la decisión de presentar el ERE y también de hibernar las cubas de producción de manera ordenada hasta el primer trimestre de 2021. El paro de las cubas fue uno de los principales escollos durante todo el período de negociación y una línea roja para los trabajadores que consideran que pararlas sería condenar el futuro de la fábrica y una posible venta debido al coste de su reactivación.

La empresa indica que mantendrá a 99 personas trabajando en una parte de la fundición de la planta y también la refinería de alúmina de San Cibrao mientras que para los 524 trabajadores que despide ofrece indemnizaciones de 30 días por año trabajado hasta un máximo de 12, así como la contratación de planes de recolocación, según asegura en un comunicado.

Alcoa sigue manteniendo que la planta “no es viable debido a factores productivos estructurales” entre los que cita la ausencia de un marco energético competitivo en España, la sobreproducción de aluminio y la caída de su precio. Cifra las pérdidas 2020 hasta el mes de septiembre en 45 millones de dólares además de los 126 que arrastra desde 2018.

La evolución del coronavirus en Ourense lleva más de cinco semanas burlando las medidas de restricción de la Xunta de Galicia, que comenzó el mes de septiembre a aplicar diferentes limitaciones en el área sanitaria ante el aumento de positivos hasta llegar al cierre de la ciudad que da nombre a la provincia. El virus no solo no ha perdido fuerza sino que en las últimas dos semanas ha prácticamente duplicado el número de infectados en la provincia. El Gobierno gallego pasó de imponer, entre otras medidas, reducciones de los aforos a la mitad en la capital y Verín hasta el cierre perimetral de las 116.000 personas que habitan los ayuntamientos de Ourense y Barbadás y que se ha iniciado este jueves: ninguna de ellas ha conseguido invertir la tendencia en cinco semanas.

El área sanitaria de Ourense no ha frenado el crecimiento de pacientes desde el 20 de septiembre, con lo que suma casi tres semanas en las que el número de contagios diarios sobrepasa a la suma de recuperaciones de la enfermedad y de fallecimientos. En este período, la cifra de casos activos se ha duplicado. Desde los 527 que la situaban como la tercera área sanitaria de Galicia con menos pacientes a los 1.148 que marcaba el jueves la provincia, con tres epicentros claros: la ciudad de Ourense, O Barco de Valdeorras y Verín y los ayuntamientos de su entorno. La tendencia en el resto de Galicia en estas semanas, sin embargo, ha ido a la baja gracias al gran número de recuperaciones de la enfermedad que se han producido.

La situación más preocupante es la de la capital, que uno de los miembros del comité clínico que aconseja a la Xunta con las medidas de control definió como “una bomba vírica” que extendía casos de contagios hacia los ayuntamientos limítrofes. “No se estaba controlando la expansión”, reconoció esta semana el doctor del Servico Galego de Saúde (Sergas), Sergio Vázquez. Las medidas de restricción, aplicadas con diferentes niveles, desde el municipal hasta el de barrio, como hizo la Xunta en la zona ourensana de O Couto, llevaban activas desde el 2 de septiembre y, pese a que es difícil evaluar con los datos que ofrece la Xunta si provocaron una ralentización en los contagios, la curva ascendente de los principales indicadores refleja que no han invertido la tendencia.

Las medidas tomadas en el tercer ayuntamiento de Galicia pasaron por cuatro fases: la limitación de reuniones a diez personas y la reducción de los aforos a la mitad; el endurecimiento de las restricciones en el barrio de O Couto con grupos máximos de cinco personas; la novedosa prohibición de las reuniones entre no convivientes que el Gobierno gallego nunca había utilizado y, finalmente, el cierre perimetral de Ourense y el municipio contiguo Barbadás. Entre las dos últimas las decisiones se aceleraron y apenas transcurrieron cuatro días. Pese a que el conselleiro ya avanzaba que el siguiente paso sería el confinamiento si los datos no mejoraban, la Xunta actuó sin comunicar siquiera la decisión al alcalde, que se enteró por la prensa del cierre perimetral de su ciudad.

La Xunta de Galicia sitúa la dificultad para atajar los diferentes brotes de la provincia en el tipo de contagio, que según el presidente Alberto Núñez Feijóo se produce en el ámbito familiar y de amistad. “Son brotes más complejos que cuando afectan a una empresa que rápidamente se puede parametrizar”, explicó el jefe del Ejecutivo gallego, “son más difíciles porque pocas personas tiene la capacidad de afectar a muchas personas”.

El análisis es similar al ofrecido por el presidente de la Xunta en las dos ocasiones en que grandes áreas estaban afectadas por un brote de coronavirus, como acontenció en A Mariña y en el área sanitaria de A Coruña. Las medidas tomadas, sin embargo, fueron diferentes en cada ocasión y, debido a la ocultación de datos desagregados que sostiene desde hace siete meses el Gobierno gallego, es imposible comparar como era la situación de los indicadores de la evolución del virus en cada momento y territorio.

Con los datos sueltos que ha ido ofreciendo la Xunta en los últimos días, la situación de Ourense ciudad se define por el alto número de positivos cada 100.000 habitantes, el elevado porcentaje de positivos que se alcanza en cada 100 pruebas PCR que se realizan y la edad de los pacientes. A comienzos de septiembre, con la imposición de las primeras restricciones en Ourense, la Xunta ya indicaba que la media de edad de las personas más afectadas era superior a la del resto de Galicia. Llegado el final de mes, el Sergas ponía cifra a esa característica: en el 30% de los casos los pacientes tenían más de 65 años. A día 30, diez de cada cien PCR resultaban positivas y la incidencia acumulada en las dos semanas anteriores era de 311 casos por 100.000 habitantes mientras que una semana después continuaba subiendo hasta los 417. La positividad se elevó también hasta el 18%.

La incidencia del virus en la provincia ya era más acusada durante la primera ola de COVID-19 que en el resto de la comunidad, con ratios que superaban las de la región de Madrid. En esta segunda fase, el área sanitaria se sitúa de nuevo en tasas más similares al centro del Estado que a las del resto de Galicia, que en este otoño mantiene los indicadores más bajos del Estado junto a Canarias.

La Xunta planea reducir el número de camas en las enfermerías de las residencias de mayores. La normativa actual fija que los centros deben disponer de un 5% del total de sus plazas en camas en la enfermería. En breve, los centros que, por su número de residentes, están obligados a tener este servicio en sus instalaciones podrán disminuir la capacidad hasta el 3% de plazas totales de la residencia.

Las camas que sobren con esta nueva ordenación podrán reconvertirse en nuevas plazas para personas usuarias y las propietarias de las residencias tendrán un año para solicitar el cambio. Las zonas destinadas a enfermerías mantendrán el máximo de cuatro camas por habitación y la reserva de un cuarto para las situaciones que requieran aislamiento. La Consellería de Política explica que esta modificación se realiza para adaptarse “a la tendencia del sector”, en la que se tiende a atender a los mayores en sus propias habitaciones para evitar situaciones de desorientación, entre otras. El departamento de la Xunta asegura que prácticamente todas las comunidades se rigen por ese criterio del 3% o bien no especifican un mínimo que deben cumplir las empresas.

Política Social planea otras reformas en las condiciones de los centros de mayores. Una de ellas es el número de camas autorizadas por habitación. La norma actual que regula las condiciones en las que viven los usuarios de estos centros, y que fue aprobada hace 24 años, sitúa en cuatro el máximo de personas que pueden convivir en una habitación, aunque de forma excepcional y cuando se trate de usuarias “afectadas de graves discapacidades”. A partir de la aprobación del documento, serán dos el número máximo de personas que pueden compartir dormitorio en las residentes de mayores. Además, se reduce el número de personas usuarias por cada baño, de seis en la actualidad a cuatro.

Estas modificaciones se producen cuando la Xunta está repensando el modelo de residencias de mayores, en un contexto en el que casi la mitad de las personas fallecidas por COVID-19 durante la pandemia en Galicia vivían en estos centros. Política Social no ha avanzado cuales serán los cambios en el sistema más allá de que se realizará con la colaboración de la Consellería de Sanidade y se “dialogará” con el sector.

La consellería introduce estos cambios en la modificación de la orden que regula las reclamaciones en el sector de los servicios sociales y que se aprobará en breve, en cuando cumpla con su período de exposición pública y dos trámites internos. La normativa permitirá la presentación de quejas a través de medios electrónicos, tanto para las personas que reciben los servicios como para las empresas, que tienen la obligación de remitir a la Xunta una copia de las reclamaciones que reciban, así como de los antecedentes y las actuaciones que hayan realizado para gestionar la queja.

El Ayuntamiento de Ourense mantiene las cifras de coronavirus más preocupantes de Galicia. Es la consideración que le otorgó el pasado viernes el conselleiro de Sanidade, cuando anunció que quedaban prohibidas en la ciudad las reuniones entre personas que no vivan juntas. Esta medida, con sus excepciones para los ámbitos laboral y educativo, es el paso anterior a otras limitaciones que podrían llegar y ser “muy dolorosas para la economía de Ourense y muy restrictivas, basadas en el confinamiento”, como indicaron hace tres días desde el comité clínico que propone las órdenes a la Xunta. El propio alcalde de la ciudad advertía el domingo que Ourense estaba “al borde” del confinamiento y revelaba que el municipio tenía 459 casos activos para algo más de 105.000 habitantes. Sin embargo, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, afirmaba ayer en una entrevista que la ciudad estaba “lejos” de los parámetros que marca el Gobierno central para cerrar el perímetro de un ayuntamiento, como sucede en Madrid.

La Xunta de Galicia se niega a hacer públicos muchos de los parámetros que maneja para el seguimiento de la evolución del virus en la comunidad, entre ellos la desagregación de las cifras por municipios, ya que lo considera “peligrosísimo”, en palabras del presidente Alberto Núñez Feijóo, por lo que no es posible saber la distancia que separa a Ourense de cumplir con los requisitos que fija el Ministerio de Sanidad para confinar una población.

La orden del Gobierno central indica que esta medida se aplicará en las ciudades de más de 100.000 habitantes –en Galicia solo superan esa cifra Vigo, A Coruña y Ourense– que mantengan una incidencia acumulada de 500 casos en los últimos 14 días y, además, superen el 10% de positivos en PCR y una ocupación del 35% de las plazas en las unidades de cuidados intensivos. Los únicos datos que se conocen de Ourense y que datan del 2 de octubre son los de la incidencia por cada 100.000 habitantes. La ciudad ronda los 300 casos por cada 100.000 habitantes, 167 si se evalúan los últimos siete días y 72 a tres, pero al Servizo Galego de Saúde también le preocupan los otros dos parámetros y algunos más que maneja la Xunta. Sin dar las cifras, Sanidade indica que es delicado el aumento en la hospitalización, la tasa de positividad de las pruebas PCR y la alta edad media de los contagiados, ya que el 30% de los casos afecta a mayores de 65 años.

A pesar de las palabras del alcalde y de la propia afirmación de Comesaña hace tres días, el conselleiro de Sanidade aseguró el domingo en una entrevista en Radio Galega que Ourense está “lejos” de llegar a los límites del Ministerio. “A día de hoy”, dijo, ninguna de las tres ciudades gallegas que superan los 100.000 habitantes cumple los parámetros que marca Sanidad. “La que podría estar más cerca es Ourense”, aseguró, pero se encuentra “lejos” en la incidencia acumulada, el dato más alto que tiene.

Que la ciudad no cumpla los parámetros del Gobierno central no significa, sin embargo, que se aleje la posibilidad de nuevas medidas restrictivas o de un confinamiento en Ourense, ya que el presidente de la Xunta dejó claro el pasado jueves que Galicia se regirá por los criterios que marque el Gobierno gallego mientras no se llegue a esa tasa de incidencia de 500 cada 100.000 personas. La Xunta –como otros gobiernos en los que se encuentra el PP– votó en el Consejo Interterritorial de Salud en contra de la orden aprobada por el Ejecutivo central por considerarla “incompleta”. Según explicó Feijóo, Sanidade evalúa una decena de criterios para tomar las medidas de restricción y, aunque mencionó algunos, se desconoce cuáles son y cuáles son los límites máximos que harían saltar las alarmas.

La escasa información que proporciona el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo –Galicia es la comunidad, junto a Extremadura, más opaca con los datos sobre la COVID-19– mantiene la incertidumbre sobre la situación actual de Ourense, pero también lo que sucederá en los próximos días, cuando el comité de expertos de la Xunta se reúna para ver la evolución del virus en la ciudad, ya que de desconocen cuáles son los criterios del Gobierno gallego para dar un paso más en el endurecimiento de las restricciones.

Los presidentes populares Galicia y Andalucía y el socialista de Castilla La Mancha han defendido esta mañana que el funcionamiento de las comunidades autónomas durante la pandemia ha sido más efectiva, al lograr más acuerdos, que el papel que los partidos han desempeñado en el Congreso. El anfitrión en la charla El reto de gobernar la pandemia que se celebra en la última jornada del foro que se celebra en la pontevedresa isla termal de A Toxa, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, fue más allá y centró su ataque en la composición del Gobierno central: “Hay parte del Gobierno que está en contra del propio modelo del Estado y, por tanto, intenta desestabilizar el modelo desde el propio Gobierno”. En este sentido, Feijóo afirmó que la gestión de las comunidades autónomas fue “más sólida, mucho más leal, mucho más constitucional, en carácter general, que la propia gobernanza del Gobierno central”.

Los miembros de la última mesa del II Foro La Toja, que clausura hoy el presidente Pedro Sánchez, dedicaron buena parte de su discurso a apuntalar el estado de las autonomías, en el que admitieron algún margen de mejora, y el bipartidismo, con ataques constantes a quien cuestiona el modelo territorial o de jefatura del Estado. Especialmente duros estuvieron Alberto Núñez Feijóo y Emiliano García-Page, que cruzó desde Castilla La Mancha hasta Galicia en coche para acudir a la cita, mientras que Moreno, que gobierna con Ciudadanos en Andalucía, se mostró más templado y más pragmático.

“En la crisis de 2007 emergieron muchos que se querían cargar el sistema. Todavía están, incluso están mandando algunos. Hoy se están cebando con la fórmula del Estado”, afirmó García-Page en referencia a las crítica de Unidas Podemos al papel del rey en las últimas semanas y también en la línea de lo expresado por Feijóo. El presidente gallego defendió que el modelo de España “es razonable” pese a quien piensa que el problema “son las comunidades o la jefatura del Estado”. “El problema es que desde hace un par de años en España el Gobierno central tiene problemas para gobernar y todo se resiente”, afirmó.

Ejemplificando el bipartidismo que ha marcado el foro, el mandatario gallego llegó a asegurar que está “de acuerdo con Page, con Junma [Moreno]” y que “estaría de acuerdo con lo que habría dicho Lambán”, el presidente socialista de Aragón que no pudo acudir a la cita por estar ingresado a causa de una infección. “España tiene todavía partidos que creen en el país, en el modelo, en las libertades, en la Constitución, en la independencia judicial, en el estado de derecho”, aseveró Feijóo.

De acuerdo “incluso con Torra”

Los tres presidentes autonómicos coincidieron en señalar que las Comunidades Autónomas han funcionado “mejor que el Estado” durante la pandemia, como ha verbalizado Núñez Feijóo. García-Page defendió que los responsables de las autonomías han alcanzado más acuerdos que los debates en un Congreso que calificó de “atomizado”. “Incluso con Torra”, resaltó. Un punto en el que volvió a coincidir con Feijóo cuando este aseguró que en el país hay dirigentes que está de acuerdo “en el 90% de las cosas”. “Y eso, lamentablemente, no tiene reflejo en Cortes”.  

Pese a citar a Quim Torra para justificar el buen funcionamiento de las comunidades durante la pandemia que defienden, los presidentes atacaron, ya sin nombrarlo, las “deslealtades” de algunas autonomías como la excepción de un modelo que consideran válido. “El problema del Estado autonómico han sido algunos gobiernos que han sido desleales y otros en que probablemente su gestión podía ser más eficaz. Pero la deslealtad constante de un presidente autonómico no puede deslegitimar el Estado de las autonomías o ser aprovechado para pedir recentralización y sacar 3 millones de votos”, afirmó Feijóo.

García-Page fue más allá y se declaró partidario de calificar un delito “claro y severo” para quien atente al “quebranto constitucional”. “Manda más un diputado de 5.000 habitantes que un partido con una base sólida como el PP o el PSOE. No digan que eso no es una perversión democrática”, dijo. Por su parte, Moreno consideró “no es el momento de discutir el modelo de Estado ni de añadir intertidumbres” y que la “bronca política por excelencia” solo puede llevar a un “bloqueo” y al auge de los “populismos”.

El paso del expresidente Felipe González por la isla termal de A Toxa (Pontevedra) le sirvió para recetar consenso y amplios acuerdos a las fuerzas políticas ante un momento en que, dijo, los líderes, ya sean económicos, sociales o de partidos, no pueden proveer de certidumbres a la población. Pero también le sirvió para cargar contra el papel de las comunidades durante la pandemia. González consideró que el sistema de gobernanza descentralizada del Estado “tiene que estar habitualmente coordinada, no solo en épocas de crisis” para, a continuación considerar que se ha confundido “la descentralización con centrifugación del poder”. “Y esto parece un puñetero gobierno de taifas. No, esto es mi competencia hasta que me veo desbordado y entonces es tu competencia. Pónganse de acuerdo por favor que no tenemos mucho tiempo que perder”, criticó.

En una conversación diseñada para analizar los retos económicos que esperan a Iberoamérica en la travesía de la pandemia mundial del coronavirus, González se centró en asentar su tesis a aplicar en España: no se puede hacer un diagnóstico de la crisis, ni por tanto de los caminos de salida, debido a la falta de certezas sobre como va a evolucionar la convivencia con el virus por lo que es preciso generar “una dinámica de pactos que permita adaptarse a esta polícia de la incertidumbre”. “Imagínense que nuestros responsables políticos, aquí y en América Latina, buscan la verdad compartida. ¿Variará completamente el panorama? ¿Esperamos ese ataque extemporáneo de lucidez?”, cuestionó ante la audiencia del hotel de cinco estrellas en el que se celebra el evento.

Curiosamente, la receta de González coincidía, en el fondo, con la realizada por el otro expresidente del Gobierno presente en el II Foro La Toja, Mariano Rajoy, que unas horas antes mencionaba la necesidad de “ponerse de acuerdo” en sus recomendaciones básicas para abordar una pandemia. Si bien el del Partido Popular ponía la culpa de la falta de acuerdos en el lado del Gobierno de Pedro Sánchez, “por tener la responsabilidad más alta”. Por su parte, González dejaba fuera de ese pacto ideal a los “populismos”. “La única solución es crear una dinámica de compromisos entre las fuerzas que creen de verdad en el estado de derecho y en los derechos humanos. Los únicos que están siempre seguros de lo que hay que hacer son los más fanáticos”, afirmó el expresidente, que se mostró en desacuerdo con el primer paso de gestión de catástrofe mencionada por Rajoy, la creación de una diagnosis. “En 78 años que tengo, nunca, nunca, nunca, he visto una incertidumbre de la magnitud que estamos viviendo en este momento. ¿Cómo se hace un diagnóstico de la incertidumbre?”, cuestionó.

En este punto el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que compartía la mesa Retos económicos de Iberoamérica con González y con el economista José Juan Ruiz, apuntó que son “las acciones a corto plazo las que van a depender de la evolución de la crisis” y aseguró que en España “ya había déficits claros y diagnosticados” como una economía “con baja productividad” o un mercado de trabajo que calificó de “disfuncional” que “si antes había que resolverlos, ahora es urgente”.

La Xunta prohíbe en la ciudad de Ourense las reuniones entre personas que no convivan, tanto en espacios de interior como en el exterior, debido a la situación “muy preocupante” de la expansión del virus en el municipio. En la localidad ya estaba limitados desde el pasado miércoles los encuentros a un máximo de cinco personas debido a la alta incidencia de la enfermedad. “Los datos sugieren que el problema está ahí”, en las reuniones entre familiares que no comparten vivienda, por lo que la acción de la Consellería de Sanidade trata de “atacar” este aspecto en las próximas jornadas y evaluar los resultados en cinco días. Los detalles de la medida, que utiliza por primera vez la Xunta y que tendrá algunas excepciones, se publicarán a lo largo del día de hoy en el Diario Oficial de Galicia.

“El siguiente paso ya sería muy doloroso para la economía de Ourense y muy restrictivas, basadas en el confinamiento. Tenemos semanas muy críticas para disminuir la tasa de contagio”, indicó el responsable de Sanidade, Julio García Comesaña, que reclamó la colaboración de la ciudadanía. El conselleiro explicó algunos de los aspectos que preocupan sobre la situación de Ourense como son un aumento importante de la hospitalización, con 82 personas ingresadas y diez en la UCI, que se traducirá en una “mucha mayor presión hospitalaria” en dos semanas; la edad media de los contagiados, más elevada que en otras áreas y que en el 30% de los casos afecta a mayores de 65 años; la tasa de pruebas PCR positivas, que está por encima de la media gallega y las tasas de incidencia de los últimos tres y siete días.

El área sanitaria de Ourense, que se corresponde con toda la provincia, presenta 850 pacientes de coronavirus en esta jornada, de los que más de la mitad están en la capital, y la incidencia de la COVID-19 en la ciudad ronda los 300 casos por cada 100.000 habitantes, muy por encima de la media gallega.

15 municipios con restricciones

Además, se incorporan restricciones de limitación de aforos al 50%, de reuniones hasta diez personas y prohibición de consumo en barras de locales hosteleros los ayuntamientos de Cambados (Pontevedra) y Ortigueira (A Coruña), el primero en la comarca de Ferrolterra en el que se establecen medidas de este tipo. En total, son 15 los municipios en Galicia que cuentan con estas restricciones: Lugo, Santiago de Compostela, la localidad de O Milladoiro en el ayuntamiento coruñés de Ames, Ortiguera, los municipos pontevedreses de Vilagarcía, Vilanova, Meis, Poio, Marín, Cambados, Sanxenxo y la capital de la provincia, Pontevedra, y, en Ourense, O Barco de Valdeorras, Verín y la capital.

Dos fallecimientos y 206 positivos en la pasada jornada

Los datos de incidencia de coronavirus en la comunidad reflejan una bajada del número de pacientes hasta los 4.203, pese a que los nuevos positivos han vuelto a superar los 200, con 206 en concreto, en las pasadas 24 horas. En esta jornada se han registrado dos fallecimientos, los dos de personas usuarias de las residencias de mayores de El Pinar, en Culleredo, y en Nosa Señora do Viso de Lobeira. En total son 749 las muertes de pacientes de coronavirus que se han producido en Galicia desde el mes de marzo.

Aumentan los casos que han precisado hospitalización en las últimas horas, con siete más. Son 36 las personas que se encuentran en unidades de cuidados intensivos y 207 en planta de diferentes centros hospitalarios de la comunidad. Por áreas sanitarias, A Coruña tiene 904 pacientes, Ourense 850, Pontevedra con 765, Santiago con 539, Lugo con 526, Vigo con 491 y Ferrol con 128.

Alberto Núñez Feijóo desconoce por sistema lo que pasa en otras comunidades. Esa es su respuesta habitual cuando la prensa le pregunta por alguna polémica que sucede más allá de Galicia. El presidente gallego procura en apariencia no pisar charcos, especialmente si estos afectan a algún gobernante con carné del PP. La excepción que confirma la regla es la defensa que mantiene sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, desde el inicio de la pandemia y que le brinda, de paso, la oportunidad de censurar al Gobierno central y sus decisiones. En el último encontronazo, derivado de la presión del Ministerio de Sanidad sobre Madrid para que tome medidas más contundentes contra la expansión del virus, el presidente de la Xunta aseguró que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos ha escogido los “tres criterios que solo afectan a Madrid” para elaborar su orden. “Parece que es un diseño para una comunidad autónoma. Es muy sospechoso”, añadió.

No es la primera vez que Núñez Feijóo utiliza el argumento de la antipatía de Moncloa por el Gobierno de Díaz Ayuso, que suele combinar con el que dice que la pandemia la están gestionando las comunidades y no el Ejecutivo central. “Sánchez siempre ha dicho que no entraría a descalificar lo que estamos haciendo en los servicios de salud. Somos los presidentes autonómicos los que estamos haciendo frente a la pandemia”, decía a mediados de mayo Alberto Núñez Feijóo cuando Díaz Ayuso hacía frente a la polémica sobre su alojamiento en un apartamento de lujo de la capital. Entonces, considera el presidente gallego que su homóloga madrileña estaba viviendo una situación de “acoso político”.

Unas semanas después, Feijóo recriminaba a las dos patas del Gobierno central, PSOE y Unidas Podemos, lo que consideraba “ataques” contra Díaz Ayuso a raíz de unas declaraciones de Pablo Iglesias en las que calificaba de “escándalo, sino un crimen” lo ocurrido en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid y Castilla y León. “Es absolutamente impropio que un Gobierno central esté contra una presidenta de una comunidad autónoma”, dijo entonces Feijóo, al tiempo que asegura que el PP estaba manteniéndose “a la altura” de las circunstancias y actuando con lealdad hacia el Gobierno.

Mientras durante los primeros meses de la pandemia Feijóo se repartió entre el entendimiento y los ataques al Gobierno central con el consiguiente acercamiento y distanciamiento de las posiciones que transmitía el Partido Popular a través de su presidente Pablo Casado, el barón gallego del PP mantuvo la comprensión con Díaz Ayuso, de la que dijo que es “una presidenta que ha intentado gestionar sus servicios sanitarios en los peores momentos, a pesar de estar contagiada con el virus”. Una comprensión que se tornó en colaboración cuando Madrid precisó más respiradores y Galicia envió once a la comunidad a las puertas del pico de contagios previsto en Galicia, lo que le valió al barón popular las críticas de la oposición. Fuentes próximas al Gobierno gallego afirman que de las palabras del jefe del Ejecutivo gallego se desprende más una censura a Pedro Sánchez que un apoyo explícito a la presidenta de Madrid.

La afinidad que Feijóo muestra con Díaz Ayuso, aunque habitualmente se les coloque en líneas ideológicas diferentes dentro del Partido Popular, ha sido difícil de encontrar en las palabras que el presidente gallego ha dedicado a la que fue portavoz de su partido en el Congreso. De Cayetana Álvarez de Toledo, que no fue invitada a hacer campaña electoral en Galicia en las pasadas elecciones de julio, censuró Feijóo su acusación de “terrorista” al padre de Pablo Iglesias y evitó comentar su destitución al frente del grupo popular en la Cámara baja.

Con la segunda ola de la pandemia sumergiendo Madrid, Díaz Ayuso vuelve a encontrar el apoyo de uno de los líderes más significados dentro su partido y que acaba de estrenar su cuarta mayoría absoluta en Galicia. Hace algo más de una semana, con las cifras de la evolución de la pandemia en Madrid en escalada, el presidente gallego afirmó que Díaz Ayuso gestiona “la comunidad más difícil”, que la “responsabilidad” de lo que sucede en la región supera la que corresponde “a un presidente autonómico” y que Madrid “no tiene medios ni capacidad para controlar esa pandemia con sus propias competencias”.

Detrás de la defensa, el presidente de la Xunta incluia un ataque el Gobierno de Sánchez. Según Feijóo, la cuestión diferencial de la capital se debe a las infraestructuras de comunicación como aeropuertos, carreteras y vías férreas que obligan a Sánchez a “no desentenderse” de la situación que tenía la comunidad hace diez días. Una vez concretada la injerencia del Gobierno central en las citadas y recitadas competencias de las comunidades, el presidente de la Xunta acusa ahora al Ejecutivo central de improvisar tres criterios y ajustarlos para ir en contra de Madrid. Feijóo considera que son “incompletos”, “poco trabajados”, “insuficientes”, “groseros”, “parciales” e “improvisados” y los compara con los diez que utiliza la Xunta de Galicia y que, por otra parte, no son públicos, ni comparables ni se pueden aplicar a las grandes ciudades de Galicia ni a ayuntamientos de otros tamaños, debido al oscurantismo que mantiene el Gobierno de Feijóo sobre los datos desagregados de la comunidad.

El presidente de la Xunta ha cargado este mediodía contra los criterios que sigue el Gobierno central para restringir la movilidad en grandes ciudades antes la expansión de la COVID. Los ha calificado de “incompletos”, “poco trabajados”, “insuficientes”, “groseros”, “parciales”, “improvisados”, y “diseñados para una comunidad autónoma”. “Eso es muy sospechoso”, afirmó Alberto Núñez Feijóo, al término de la reunión semanal de su Gobierno y en la línea de otros presidentes autonómicos del PP.

La Xunta, que durante meses ha reclamado unos criterios comunes de actuación en todo el Estado ante los rebrotes, cimenta su rechazo a la orden del Gobierno central en el número de criterios, tres, que se evalúan frente a los diez que se utilizan en Galicia. “Se cogen los tres criterios que solo afectan a Madrid. Parece que están diseñados para una comunidad autónoma. Eso es muy sospechoso”, aseguró Feijóo. Pese a ello, Galicia acatará, como otras comunidades gobernadas por el PP, la orden “que es de obligado cumplimiento” pero lo hará con la seguridad, dijo Feijóo, de que no va a tener la necesidad de aplicarlos. “Galicia no está en esos parámetros, no tiene ninguna ciudad de más o de menos de 100.000 habitantes” por encima del límite de 500 casos entre esa población que fija el Gobierno central. La comunidad gallega tiene la menor incidencia acumulada de positivos en el Estado, tanto a siete como a 14 días, pero no se conocen los datos de casos activos o de incidencia acumulada de las ciudades o los ayuntamientos de la comunidad, ya que la Xunta no los proporciona.

Feijóo, que defendió que su opinión “no está vinculada a una cuestión de partido”, considera que estos criterios se han fijado de manera apresurada, con solo 24 horas para que los analicen las comunidades, y como resultado “de una tensión” entre el Gobierno central y Madrid. En este sentido, el presidente de la Xunta criticó la actuación del Ministerio de Sanidad pero rehusó “opinar sobre lo que pasa en otra comunidad autónoma”. “Dar el visto y place a un criterio sanitario que queda consolidado para la gestión de una pandemia dando 24 horas escasas [a las comunidades] para pronunciarse es, desde el punto de vista sanitario, lo que no se puede hacer. Es más complejo el consentimiento informado para operar a un ciudadano de juanetes que para cerrar una ciudad. No parece que sea razonable”, aseguró.

El jefe del Ejecutivo gallego afirmó en varias ocasiones que Galicia no se acogerá a estos criterios debido a su situación sanitaria más favorable y que continuará rigiéndose por los definidos por el comité clínico creado al inicio de la pandemia y que no se conocen. “Los criterios del comité clínicos del Sergas [Servizo Galego de Saúde] son criterios del comité clínico del Sergas y nosotros cuando tomamos decisiones lo hacemos de acuerdo con eses criterios”, aclaró el presidente al respecto de si la Xunta hará públicos sus baremos para imponer restricciones sanitarias.

Seis meses después del inicio de la pandemia en Galicia, el PP comienza a recular en su cerrazón y abre la puerta a publicar algunos datos por municipios sobre la evolución de la pandemia en Galicia. El primero en abrir una pequeña grieta en la opacidad de la Xunta fue el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, que el pasado viernes avanzó que su departamento está trabajando en un sistema de información para los ayuntamientos que “no se descarta” que sea accesible también para la ciudadanía. Un paso minúsculo que ratificó ayer el encargado de defender la “transparencia” de la comunicación de la Xunta en el Parlamento gallego. El portavoz del grupo popular, Pedro Puy, se definió como “partidario” de publicar datos por ayuntamientos si los “técnicos avalan que es positivo”.

Este cambio sucede poco más de una semana después de que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, defendiese que es “peligrosísimo” dar cifras de contagios por municipios con el argumento de que “hay personas con nombre y apellidos detrás que conviene proteger ante estigmas en localidades pequeñas”. Esta afirmación se contradice con la praxis del resto de comunidades del Estado que, con la excepción de Extremadura, facilitan estos datos y otros muchos indicadores de la evolución del virus. Pero también lo hace con la misma práctica del Gobierno gallego que sí desvela algunas cifras, de manera discrecional, en comparecencias públicas de sus altos cargos o de su presidente en el que se facilitan datos no solo a nivel municipal sino incluso por barrios.

La difusión de los datos que la Xunta atesora en informes de la Dirección Xeral de Saúde Pública, pero que mantiene ocultos a la ciudadanía, se produce también a través de los autos de los jueces que deben ratificar las medidas que toma el Gobierno de Feijóo sobre los territorios más afectados por la COVID-19. O también a través de un medio de comunicación privado que ha publicado en el último mes más información desagregada -por municipios, por edad o de fallecimientos en residencias de mayores- que el Ejecutivo gallego desde el inicio de la pandemia, convirtiendo a la prensa en única vía de conocimiento de unos datos de interés general para la población. La Consellería de Sanidade indica que poco más de una treintena de personas acceden a esa información de la Xunta, desde datos por ayuntamientos, incidencias acumulada de casos, ocupación hospitalaria, casos por área sanitaria o edad, entre otros, que en 15 autonomías la ciudadanía puede consultar online de manera desagregada y descargable, así como consultar series históricas completas que permiten analizar el comportamiento de la COVID-19 según diferentes variables.

El Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia llamó la atención la pasada semanas sobre esta situación y recordó a la Xunta que “tiene el deber de divulgar todos los datos sobre la pandemia de manera accesible para toda la ciudadanía”. Aunque la concesión del PP a su cerrazón informativa se refiere a los datos por municipios, una información que también reclama la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), son numerosos los indicadores que la Xunta no facilita como recuerda el Colexio de Xornalistas: “Se reclama conocer los casos nuevos diarios, el tipo de test por el que fueron obtenidos o la incidencia acumulada en los diferentes municipios y disponer de esa información en formatos de datos abiertos y reutilizables, insertados en series históricas completas, que permitan un seguimiento de la incidencia de la COVID-19 como lo que se está haciendo en la mayoría de las comunidades”. Otros datos, como la ocupación hospitalaria, los nuevos ingresos o la tasa de positividad solo se pueden conocer en los partes que de lunes a viernes facilita el Ministerio de Sanidad. Y para saber cómo se realiza el rastreo de los contactos de las personas con COVID-19 en Galicia, la comunidad que menos relaciones entre positivos detecta, hay que acudir a los informes semanales del Instituto Carlos III.

Con todo, una de las máximas del Alberto Núñez Feijóo durante la pandemia ha sido reclamar cifras fiables al Gobierno central. “Necesitamos datos reales para tomar decisiones, para cruzar información homogénea de las comunidades. Porque lo merecen los fallecidos, sus familias, los trabajadores sanitarios y porque es imprescindible para planificar la respuesta de las próximas semanas”, aseguraba el 19 de abril el presidente de la Xunta. Su nuevo responsable de Sanidade, Julio García Comesaña, asegura, frente a las críticas de los alcaldes y alcaldesas, que el Gobierno gallego facilita información a los ayuntamientos cuando entra en unos niveles de COVID que aconsejan intensificar las restricciones. “Seguimos manteniendo la conveniencia de no dar los datos de positivos por municipios porque en los pequeños es una información muy sensible y que tenemos que manejar con cautela”, afirmó el pasado viernes. A pesar de ello, la consellería está preparando un “sistema de información que, sin dar datos de positivos por ayuntamiento, permita tener una fotografía de donde están”.

Esta es la única variable que la Xunta se ha abierto a trasladar, seis meses después de la pandemia, a la administración local a falta de que el Gobierno gallego decida si es una información que pueda tener la ciudadanía.

En Marea llega al fin de su camino tras casi cinco años de existencia. Un lustro en el que la formación nació impulsada por Podemos, Anova y mareas municipalistas, irrumpió como segunda fuerza en Galicia, lideró la oposición al PP y se consumió entre cismas internos antes de llegar a sus segundas elecciones autonómicas. En la asamblea convocada este sábado para decidir su futuro han participado 52 personas de las que el 79% ha decidido disolver el partido, aunque no de manera inmediata.

Según ha explicado el portavoz de En Marea y candidato en las pasadas elecciones autonómicas con la coalición Marea Galeguista, Pancho Casal, la formación mantendrá una cierta estructura de la organización para dar apoyo a las candidaturas municipalistas afines que tienen presencia en distintos ayuntamientos de Galicia. Tanto Casal como la otra portavoz de En Marea, María Chao, indicaron que la formación no quiere “ser un obstáculo” para que surja “un nuevo proyecto” en el espacio político que deja. Según Casal, en el momento en que exista ese “nuevo proyecto”, En Marea certificará su disolución, para la que ya ha iniciado los trámites.

Las discrepancias internas que En Marea fue arrastrando durante buena parte de la pasada legislatura estallaron en el verano de 2019, a menos de un año de las elecciones que estaban previstas para la primera mitad de 2020. El grupo parlamentario se rompió y su portavoz, Luís Villares y otros tres diputados se fueron al grupo mixto pero conservaron la denominación de En Marea mientras que el resto de parlamentarios -de la corriente de Podemos, Esquerda Unida, Anova y mareas- se constituyeron como grupo Común da Esquerda. La última discusión fue el nombramiento del senador por designación autonómica que le correspondía a la formación que lideraba la oposición en el Parlamento, aunque la ruptura era de facto desde hacía meses.

A las pasadas elecciones de julio, los actuales representantes de En Marea -ya sin Luís Villares que dejó la política el pasado mes de febrero- se presentaron en una coalición con Compromiso por Galicia, el Partido Galeguista y una treintena de mareas locales, mientras Común da Esquerda se transformó en Galicia en Común. Ambos se quedaron sin representación en el Parlamento gallego, donde la “izquierda rupturista”, bajo otras fórmulas, había tenido representación desde 2012.

La multinacional DomusVi inició a finales de mayo, una vez sobrepasado el pico de la pandemia, un proceso para auditar sus residencias de mayores y certificarlas como hogares con “cuidados seguros” ante el coronavirus para el que contrató a la empresa Bureau Veritas. Su análisis concluye que tres de las residencias que se convirtieron en los principales focos de coronavirus en centros de mayores en Galicia son ahora espacios seguros, incluido el geriátrico San Lázaro de la multinacional, en Santiago, en el que murieron uno de cada tres residentes.

La expansión del virus en los centros de mayores de la comunidad durante la primera ola de la pandemia afectó especialmente a las residencias de DomusVi en San Lázaro, Cangas y Barreiros. La primera de ellas es probablemente -y a falta de datos de muertes en cada centro de la Xunta de Galicia- la que registró mayor número de muertes: 53, según los datos aportados por las familias. La directora de ese centro llegó a culpar a finales de abril a la Xunta de tardar en resolver hospitalizaciones y pruebas en el comienzo del brote en la residencia. Los centros de Cangas y Barreiros fueron intervenidas por el Gobierno gallego debido al alto número de casos positivos mientras las familias de los usuarios se quejaban de falta de información sobre lo que pasaba en los centros, así como carencias de personal, material higiénico y limpieza.

DomusVi informa ahora a través de un comunicado de que ha implantado un protocolo de seguridad ante la COVID-19 que ha sido certificado por la auditoría contratada por la multinacional en seis de las residencias que tiene en Galicia. Además de las tres mencionadas, el proceso se ha seguido también en los centros de Vigo Salesas, Oleiros y Matogrande en A Coruña y se seguirá hasta completarse en todas las residencias de la firma. La empresa señala que creado guías de actuación para controlar la higiene de los centros, la seguridad en las instalaciones y para los residentes y trabajadores, la calidad del servicio, la comunicación con las familias y la formación de los profesionales. “El proyecto forma parte de la nueva estrategia asistencial de la compañía, encaminada, por un lado, a prevenir la entrada del virus en las residencias y, por otro, a controlar su propagación si se produce un nuevo rebrote de la epidemia”, indica DomusVi. A día de hoy hay en Galicia tres residencias de mayores intervenidas en la comunidad por el Gobierno gallego, entre la que se encuentra el centro de DomusVi en Outeiro de Rei, en Lugo, con 155 positivos entre usuarios y trabajadores.

En este mismo centro de San Lázaro, poco antes de la revelación de la llegada de la pandemia en Galicia las representantes sindicales de la plantilla informaban a la Xunta que DomusVi no tenía el número de trabajadoras necesarias para prestar los servicios. El documento de denuncia del personal, publicado por elDiario.es, señala que se incumplía ya no solo el número de trabajadores ofertado a la Xunta para hacerse cargo de las 91 plazas concertadas del centro -de 156 que tiene en total- sino los mínimos marcados por el Gobierno gallego en los pliegos del concurso. La Consellería de Política Social, responsable de las residencias, ni respondió al escrito ni envió la inspección que reclamaba la representación sindical.

Años antes, en 2017, el Consello de Contas, el ente que se encarga de fiscalizar las cuentas y la gestión económica de la Xunta, ya señalaba que los cuadros de personal establecidos no coincidían con el número de efectivos reales en varios centros residenciales de la comunidad, entre los que se encontraba el de San Lázaro.

La empresa, una de las principales del Estado en el sector, ha sido duramente criticada por las asociaciones de usuarios de residencias durante la pandemia, que llegaron a denunciar su gestión en varias ocasiones ante la Fiscalía, o incluso por la Universidad de Santiago de Compostela, que censuró los anuncios de la empresa para contratar estudiantes que trabajaran en sus centros cuando eran los que acumulaban más muertes relacionadas con la COVID-19.

Las comunicaciones de las últimas horas del personal de inspección de Educación ha alarmado a equipos directivos de numerosos centros y al sindicato mayoritario en el sector, CIG-Ensino. Algunos de ellos trasladan que tanto el uso de mamparas para separar al alumnado como la educación semipresencial pueden suponer el fin de la división de las clases en grupos más pequeños y, por tanto, de la contratación de más profesorado. Los mensajes que llegan desde Inspección Educativa aumentan la incertidumbre de los centros, que aún no han recibido una comunicación oficial del aplazamiento del curso hasta el día 23 anunciada esta mañana, según indica CIG-Ensino, ni han podido leer una orden escrita que resuma las intenciones de la Consellería de Educación. En los dos últimos días, tanto su responsable, Román Rodríguez, como el presidente de la Xunta han hecho numerosas declaraciones que enmiendan el segundo y hasta ahora último protocolo de adaptación de los centros educativos ante la COVID-19, pero los que deben aplicarlo aún no han visto los cambios escritos en un documento oficial.

“El nuevo criterio para la organización de las aulas en Secundaria incluye la posibilidad colocar [sic] mamparas entre las/los alumnas/os. De esta manera, no es preciso guardar la distancia de 1,5 m entre puestos, llega con un metro. Con este nuevo criterio es posible que no sea preciso hacer desdoblamientos”, escribe un inspector de la provincia de A Coruña en un correo electrónico dirigido en la tarde de ayer a varios institutos y al que elDiario.es ha tenido acceso. El funcionario de la Consellería de Educación señala que se acudirá a los centros para analizar “si es posible, con los nuevos criterios, no hacer los desdoblamientos”.

Además, traslada que serán los centros educativos los encargados de comprar las mamparas necesarias y que, a posteriori, la Xunta reingresará su coste. “Lamento profundamente la situación en la que os encontráis, el profesorado y especialmente los equipos directivos de los centros, con constantes cambios de criterios y de instrucciones para la organización del curso, de la que es ajena la Inspección Educativa”, se solidariza el funcionario en su correo a los centros. Otras comunicaciones similares han sido confirmadas por la dirección de distintos institutos gallegos.

La comunidad escolar ha conocido dos protocolos de Educación desde el pasado mes de julio. En el primero, la separación en las aulas era de un metro “entre cabeza y cabeza”, no era mandatorio usar mascarilla y no se reducía el número de alumnos de la ratio legal de 25, pese a que así se había acordado con el Ministerio de Educación. En el segundo, publicado en agosto a diez días del inicio del curso, la Xunta introduce el uso obligatorio de mascarilla desde los seis años, aumenta la distancia de separación hasta el metro y medio y asegura que autorizará la división de los grupos para cumplir con esta distancia. Con las adaptaciones en los centros realizadas y las demandas de profesorado necesario para cubrir los desdoblamientos de aulas hechas, la Consellería de Educación aún no ha informado a los centros si recibirán el personal docente que precisan para cumplir sus instrucciones.

“No hay ningún documento, los centros están actuando en base a declaraciones, correos electrónicos o mensajes de whatsapp”, indica el portavoz de CIG-Ensino, Suso Bermello. Fue precisamente la presión ejercida por institutos y centros de Formación Profesional (FP) de Santiago y Pontevedra, que decidieron retrasar una semana el inicio del curso previsto para el próximo miércoles 16, la que llevó a la Xunta a plantearse un adiamiento en la vuelta a las aulas de Secundaria, Bachillerato y FP.

En la reunión del Consello escolar celebrada el miércoles por la tarde, un día antes del inicio del curso en Primaria e Infantil, el nuevo conselleiro avanzó el uso de mamparas cuando no se pueda cumplir con las distancias e, incluso, la autorización de educación semipresencial en algunos centros y niveles que no tengan espacio. “Vamos a contratar a más profesores, desdoblar aulas, poner mamparas y cuando no se puedan cumplir con la seguridad con mamparas, iremos a semipresencial”, aseveró el pasado jueves Alberto Núñez Feijóo. Las instrucciones de Inspección Educativa, sin embargo, chocan con esta afirmación.