Salvo un “milagro poco probable”, el próximo curso escolar en Galicia arrancará con huelga. En esos términos se pronunciaron este lunes los sindicatos de educación, que anunciaron dos jornadas de protesta contra el protocolo sanitario que la Xunta de Galicia aplicará en los centros de enseñanza no universitaria. La primera convocatoria es para el 10 de septiembre, que coincide con el retorno para alumnos de Infantil y Primaria. La segunda, para el 16, con la vuelta de los estudiantes de Secundaria y Bachillerato. La mayoría de la comunidad educativa, que ya se había movilizado en julio tras el anuncio del documento, pide de nuevo su reforma íntegra y que se incluya, entre otras modificaciones, la reducción de la ratio de alumnos por aula y la contratación de más personal en los colegios. El Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo publicará el lunes 7 de septiembre la versión final del protocolo, según avanzó el presidente, tan solo tres días antes del inicio de las clases.

Los sindicatos CIG, CCOO, STEG y CSIF pretenden “ejercer presión” con la huelga para que las Consellerías de Educación y de Sanidade rectifiquen con su plan de vuelta al colegio. El Gobierno central acordó el pasado jueves con todas las autonomías un protocolo de mínimos que obligaba a la Xunta a modificar algunos de los puntos de su anterior documento, unas diferencias “mínimas” según el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña. Sin embargo, el nuevo plan no estará listo hasta la misma semana en la que se reinicia el curso. “Solo pedimos que se nos consulte”, aseguró este lunes Luz López, representante de CCOO-Ensino. Según las organizaciones sindicales, la Xunta no ha contado con ellos en ningún momento para lograr un documento “consensuado”. “Decían que no queríamos negociar, pero son ellos los que nos dejan al margen”, criticó.

A raíz del acuerdo entre autonomías y Gobierno central, la Xunta tendrá que incrementar la distancia mínima de seguridad entre alumnos. Antes estaba estipulada una separación de un metro entre el centro de cada silla, que ahora será de un metro y medio, aunque no se conoce con exactitud si se tomará de nuevo como punto de referencia la silla o será entre los propios alumnos. Ni el departamento de Educación ni el de Sanidade dieron pistas sobre si esta modificación afectaría a la ratio de estudiantes por aula, que si nada cambia permanecería en 25, como en cursos anteriores. Según la conselleira Carmen Pomar, la cuestión de las ratios no aparecía en el documento firmado el pasado jueves entre las comunidades y el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Las organizaciones sindicales consideran que “ya es demasiado tarde” para introducir cambios sin que se paralice el inicio del curso. Piden que se tomen “medidas extraordinarias en un año extraordinario” y reiteran en que el Gobierno gallego debe abandonar “la política de coste cero” en Educación. “Somos conscientes de que siempre va a haber riesgo ante el virus, pero queremos que se nos ofrezcan unos mínimos de seguridad”, explicó por su parte el secretario nacional de CIG-Ensino, Suso Bermello. No ven como “medidas reales” iniciativas como las pruebas serológicas que la Xunta está realizando entre el personal de los colegios. “Son test de fiabilidad reducida que además se están haciendo a falta de más de una semana para que se inicien las clases”, indicó.

De producirse el “milagro” de que la Xunta atienda sus demandas, los sindicatos no tendrían problema en retirar la convocatoria de huelga. No obstante, lo consideran “poco probable”, por lo que no continuarán ejerciendo “todas las medidas de presión posibles”. “Es su obligación proporcionar a alumnos y profesores un espacio seguro y saludable”, afirmó Lois Pérez, representante de STEG. Una legislatura más, insistió, el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo pretende dejar fuera de sus prioridades incrementar los recursos destinados a Educación en Galicia.

Alberto Núñez Feijóo iniciará en la primera semana de septiembre su cuarto mandato al frente de la Xunta de Galicia. El principal reto que tendrá que afrontar su Gobierno será la gestión de la crisis económica y social derivada de la pandemia del coronavirus, una enfermedad que por el momento sigue extendiéndose por Galicia y el resto del país. Feijóo, que todavía no ha anunciado cuál será la composición de su próximo Gobierno, insiste en no poner nombre y apellidos a ningún despacho en San Caetano. Su anterior Ejecutivo, en el que contó con “gente muy capaz y experimentada”, dice que “también” podría renovarse con otros diputados del partido. Desde que asumió la presidencia en 2009, al lado de Feijóo estuvieron un total de 22 conselleiros y los departamentos de la Xunta sufrieron múltiples transformaciones. Con la pandemia como asunto más urgente, está por ver cómo se traduce su discurso de “no improvisar” contra la pandemia respecto a su nuevo equipo de gobierno.

Cuando Núñez Feijóo presentó su primer equipo de gobierno, hace ahora 11 años, tampoco se enfrentaba a una situación fácil. De las 13 consellerías de Emilio Pérez Touriño y Anxo Quitana, el líder popular pasó a un “Gobierno diez”. Con ese eslogan y con la “austeridad” por bandera para paliar la crisis económica, Feijóo situó a su lado a una decena de conselleiros de los que ya solo quedan dos en el cargo: Alfonso Rueda y Rosa Quintana. El baile de nombres y de competencias tampoco fue ajeno a esos primeros departamentos. Solo tres, los de Sanidade, Facenda y la Consellería de Presidencia, Administración Pública e Xustiza permanecieron inmutables a lo largo de los años.

Estos primeros cambios tuvieron lugar entre las últimas semanas de 2011 y el arranque de 2012. Como consecuencia de la victoria de Mariano Rajoy en las elecciones generales, Marta Fernández Currás y Pilar Farjas, titulares de Facenda y Sanidade respectivamente, dejaron su puesto para establecerse en Madrid. Pocos días después, Núñez Feijóo anunció una reestructuración de su Gobierno, que pasaría de diez a ocho consellerías, con otras dos salidas, las de Samuel Juárez y Roberto Varela. Por una parte, fusionó Educación y Cultura, cargo que pasó a ocupar Jesús Vázquez, hasta ese momento conselleiro en materia docente. Por otra, aunó Medio Rural y Mar, ampliando las competencias de Rosa Quintana. Esa nueva composición no varió tras los comicios autonómicos de octubre de ese mismo año. Sin embargo, con la segunda victoria electoral de Feijóo, Francisco Conde pasó de ser asesor a conselleiro de Economía, cargo en el que continúa a día de hoy, en detrimento de Javier Guerra.

Con el liderazgo de la Xunta ya consolidado, entre 2014 y 2015 el presidente buscó extender al ámbito local el dominio del Partido Popular. Primero, con la salida de Agustín Hernández, conselleiro de Infraestruturas, para ocupar la alcaldía de Santiago de Compostela. Duraría un año en el cargo. Más tarde, de cara a las elecciones municipales de 2015, Elena Muñoz y Jesús Vázquez abandonaron las carteras de Facenda y Educación para presentarse como candidatos en Vigo y Ourense. Solo este último logró el triunfo. Ethel Vázquez, Valeriano Martínez y Román Rodríguez pasaron a dirigir los tres departamentos y hoy permanecen en el Gobierno.

No fue, ni mucho menos, el último cambio en la estructura de la Xunta, que hasta ese momento solo había reducido sus secciones. Ese mismo 2015, Feijóo deshizo la unión entre Medio Rural y Mar, separó también Medio Ambiente e Infraestruturas y creó la Consellería de Política Social. Ángeles Vázquez entró en el Ejecutivo a cargo de Medio Rural y José Manuel Rey Varela quedó al frente de la recién creada consellería. De ocho departamentos se volvió a los diez, pero con competencias distintas a 2009. Antes de terminar el año, el líder del PP cesó a Rocío Mosquera por su gestión en la apertura del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Jesús Vázquez Almuiña asumió la dirección de Sanidade desde aquel momento.

El “máster” de ser conselleiro de Feijóo

La modificación definitiva en la composición de su equipo de gobierno en la Xunta no tuvo nada que ver con las elecciones autonómicas de 2016, en las que Núñez Feijóo consiguió su tercera mayoría absoluta. Fueron otros comicios los que, de nuevo, motivaron su último cambio. En septiembre de 2018, Beatriz Mato y José Manuel Rey Varela abandonaron las consellerías de Medio Ambiente y de Política Social para presentarse como candidatos a la alcaldía en A Coruña y en Ferrol. De la “austeridad” de 2009, con diez departamentos, y de los ocho de 2012, Feijóo aprovechó para aumentar a 11 las consellerías dividiendo Cultura y Educación. Carmen Pomar, Fabiola García y José González fueron los últimos conselleiros en incorporarse a su Ejecutivo.

La tarea de ser conselleiro en su Gobierno, según el propio Alberto Núñez Feijóo, es incluso más difícil que sacarse un máster. “Aquí la asistencia es obligatoria y no hay fines de semana ni festivos”, decía allá por 2018. En su carrera al frente de la Xunta y entre visita y visita a la capital de España, Feijóo llegó a vacilar con trasladar su expediente a Madrid. No lo hizo. Después de un par de años y una pandemia mundial, revalidó por cuarta vez consecutiva, como ya hiciera Manuel Fraga, su mayoría absoluta. El martes 1 de septiembre dará su cuarto discurso de investidura en el Parlamento gallego. El día 3 será investido presidente y el 5 tomará posesión de su cargo.

Tras esa semana se despejará la duda de si renueva, de nuevo, su equipo. Todos sus conselleiros se mantuvieron en las listas electorales y los antecedentes indican que Feijóo no realiza demasiados cambios tras los comicios. Sin embargo, ante una situación “incierta”, como la calificó reiteradamente el líder popular en sus comparecencias, podrían caber nuevos departamentos. Los retos que afronta ahora la Xunta de Galicia no son los mismos desde su último cambio.

La Xunta de Galicia ha decidido incrementar las restricciones en el barrio de A Milagrosa de Lugo y en el municipio de Arteixo (A Coruña) ante la subida de casos de coronavirus. El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, anunció este viernes que se limitarán las reuniones de personas no convivientes a cinco personas, se prohibirá el consumo en el interior de bares y cafeterías y las mesas de las terrazas solo podrán tener cinco ocupantes como máximo. Los restaurantes podrán atender en el interior pero también estarán limitados los comensales a cinco personas por mesa. Estas indicaciones regirán en todo el municipio de Arteixo y en el barrio de A Milagrosa de Lugo. En este último ayuntamiento también se comenzarán a aplicar, para todos sus barrios, las mismas restricciones que afectan a la comarca de A Coruña desde hace unas semanas, como el límite de 10 personas por reunión, la cancelación de fiestas y verbenas o la limitación de aforos a la mitad de su capacidad. Las medidas entran en vigor a las 00.00 horas del sábado 29 y se revisarán dentro de cinco días.

En Lugo, además, realizará un cribado con pruebas PCR entre los trabajadores municipales, como ya hizo en el municipio de A Coruña y sus localidades próximas. La incidencia del virus en estas dos áreas preocupa a la Consellería de Sanidade, que ha optado por tomar esta decisión para “cortar las cadenas de transmisión de la enfermedad lo antes posible”, en palabras de Vázquez Almuiña. En Lugo se alcanzan a día de hoy los 181 casos y en Arteixo 121, según la Consellería de Sanidade. A diferencia de las medidas aplicadas durante el estado de alarma, aseguró Almuiña, la intención del Gobierno gallego es ir actuando de “manera más selectiva”.

Según los datos ofrecidos en la comparecencia del conselleiro, Galicia ha registrado 103 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, por debajo de la media española, situada en 183. En la última semana, esa cifra ha descendido hasta los 62 casos en la comunidad, mientras que en España se sitúa en 90. El ocio nocturno, prohibido en todo el país desde el 17 de agosto por orden del Gobierno central, ha sido una de las principales causas de la expansión del virus según Vázquez Almuiña.

La Xunta de Galicia acuerda ampliar a un metro y medio la distancia de seguridad entre alumnos que estipulaba en su protocolo para el próximo escolar, de un metro. Así lo ha firmado este jueves el Gobierno gallego con el central y las comunidades en una reunión en la que se alcanzó un “protocolo de mínimos” para aplicar en todos los colegios del Estado. A mayores de las medidas recogidas en el documento, la Xunta extenderá en Galicia el uso obligatorio de mascarilla para los niños mayores de tres años.

El acuerdo fue anunciado por la conselleira de Educación, Carmen Pomar, y el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, en una comparecencia en la sede del Ejecutivo gallego en San Caetano (Santiago de Compostela). Siguiendo la línea del presidente Alberto Núñez Feijóo, ambos criticaron “la tardanza” del Gobierno central en realizar una propuesta a nivel estatal, aunque se mostraron “satisfechos” con las medidas alcanzadas. “Tendremos que realizar pocos cambios en el protocolo que ya habíamos aprobado para la comunidad”, indicó Vázquez Almuiña. Sin embargo, la Xunta tendrá que introducir variaciones en algunos de los aspectos más criticados de su plan de regreso a las aulas, como la distancia mínima de un metro entre alumnos.

De esta manera, el próximo curso se establecerá una separación de metro y medio entre cada estudiante, aunque Carmen Pomar no especificó si sería una distancia medida desde el centro de las sillas, como en el anterior protocolo de la Xunta, o si se tomaría como referencia al propio alumno. Otra de las consideraciones que no se esclarecen para el regreso a los colegios es la de si se reducirá la ratio de estudiantes por aula, establecida en 25. Ante esta pregunta, la conselleira aseguró que en el documento presentado conjuntamente por los Ministerios de Educación y de Sanidad no se hacía referencia a esta cuestión.

Según Carmen Pomar y Vázquez Almuiña, 16 de las 17 autonomías -todas salvo País Vasco, que se abstuvo- apoyaron el protocolo presentado por el Gobierno de España, que tuvo que reconsiderar algunos puntos del documento tras la reunión con los departamentos autonómicos. Entre ellas, se pretendía hacer obligatorio la toma de temperatura antes de las jornadas escolares. Esa propuesta no salió adelante, según explicó el conselleiro de Sanidade, puesto que se temía que se acabaran formando aglomeraciones y se incrementara el riesgo de infección. Para detectar síntomas y evitar que los niños acudan a clase, serán los padres los encargados de cubrir una encuesta que recoja si sus hijos muestran alguna afección compatible con la enfermedad, en cuyo caso deberán permanecer en casa.

En cuanto al uso de mascarilla en las aulas, el protocolo en Galicia será ligeramente diferente a lo que se recoge en el acuerdo general. En este último se hace obligatoria la mascarilla para los mayores de seis años, algo que incluyó recientemente la Xunta en su plan. Jesús Vázquez Almuíña anunció que los niños de tres a seis años también deberán utilizarla “siempre que sea posible” en las aulas.

Tras de una nueva reunión del comité clínico de la Xunta de Galicia para analizar la situación epidemiológica de la comunidad, Alberto Núñez Feijóo indicó que no se debe “dramatizar” ante el repunte de contagios, puesto que las cifras de ocupación hospitalaria se mantienen en niveles bajos. Además, cargó de nuevo contra el Gobierno central por el regreso a las aulas y volvió a pedirle “un protocolo único” al respecto y “no improvisar” a poco más de dos semanas del inicio del curso. No dio detalles de por qué es tan necesario ese plan estatal. Lo que sí hizo fue asegurar que seguiría “actualizando” el plan sanitario de la Xunta hasta mediados de septiembre, a pesar de que la comunidad educativa ha anunciado su intención de ir a la huelga si sus reclamaciones de mayor seguridad sanitaria y jurídica no son atendidas.

El presidente en funciones del Gobierno gallego hizo un repaso de los últimos datos sobre la epidemia. Según sus cifras, el porcentaje de camas ocupadas en Galicia por pacientes con coronavirus es del 1,3%, mientras que en España esa cifra supera el 5%. Considera, por lo tanto, que la situación “es menos mala” que en el resto del país y pide a la población “no dramatizar” por el aumento de casos, ya que los números de personas hospitalizadas y de fallecimientos se mantienen por debajo de los registros de finales de marzo, abril y principios de mayo. “Cuantas más pruebas PCR realicemos, más personas contagiadas descubriremos”, adujo.

Sin embargo, reconoció que la situación del área sanitaria de A Coruña y especialmente de esa ciudad y su contorna “sigue siendo preocupante”. La incidencia del virus por cada 100.000 habitantes, según las cifras ofrecidas por el propio Núñez Feijóo, muestra un descenso gradual. En los últimos 14 días, en esa zona se alcanzaron los 241 casos por 100.000 habitantes, los 114 en los últimos siete y los 37 casos si se tomaban como referencia los datos de los tres días anteriores. Estos datos, afirmó, abren “una ventana de esperanza”. El resto de los numerosos brotes que registra la comunidad, como el de las zonas de Melide, Monforte o el que se declaró en la residencia de mayores de O Incio, en Lugo, “están mayormente controlados y estamos actuando en ellos”.

El incierto regreso a las aulas

A pesar de que la comunidad se encuentra “en una situación compleja”, la evolución sanitaria no fue el principal tema a debatir por el comité clínico de la Xunta. El presidente en funciones del Ejecutivo gallego aseguró que gran parte de la reunión giró alrededor del plan de regreso a las aulas, una cita programada para el próximo 10 de septiembre. A poco más de dos semanas para ese día, Alberto Núñez Feijóo cargó de nuevo contra el Gobierno central por “no atender las peticiones de las autonomías” y no plantear un protocolo “homogéneo” para toda España.

“Todavía está sin fecha la reunión de presidentes que nos prometieran en La Rioja”, criticó el líder del PP de Galicia. Las Consellerías de Sanidade y Educación mantendrán el jueves una conferencia sectorial con el Gobierno central para abordar cómo se iniciará el próximo curso, aunque Feijóo explicó que por el momento no contaban con ninguna propuesta. De esta manera, a pesar de pedir “no improvisar” en materia educativa, anunció que la Xunta seguiría adelante con su polémico protocolo y que se seguiría “actualizando” hasta principios de la segunda semana de septiembre, momento para el que está programado el primer día de clase. Las competencias en educación, como las de sanidad, son de la Xunta de Galicia.

El objetivo que persigue el Ejecutivo de Núñez Feijóo con su plan sanitario es “enviar un mensaje de tranquilidad a las familias”. El presidente llegó incluso a afirmar que habría más riesgo de contagio fuera de las aulas que dentro de ellas. Poco antes de pronunciarse en esos términos, recordó alguna de las “exhaustivas” medidas que contempla el protocolo, como el uso obligatorio de mascarillas para alumnos y profesores o la realización de pruebas serológicas a los docentes. No mencionó, sin embargo, la distancia de seguridad estipulada entre alumnos o el número de estudiantes por aula que mantiene a pesar de las recomendaciones de la OMS y el propio Ministerio de Sanidad de rebajarlas, y que la han valido duras críticas por parte de la comunidad educativa.

Feijóo declaró que para modificar el protocolo tenía puesto el ojo en los países del norte y del centro de Europa, que abogan por el regreso al colegio mayoritariamente presencial. No obstante, continúa obviando a colectivos docentes, estudiantiles, sindicatos y familias, que a lo largo de mes y medio se han movilizado reclamando más personal, medios y unas medidas que se alejen “de la política del coste cero”. La Xunta espera, a todos los efectos, llenar las aulas en septiembre. Una huelga de profesores y alumnos, que no descartan los sindicatos, amenaza con vaciarlas si no se atienden sus demandas.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se mostró “decepcionado” con las medidas anunciadas ayer por el Gobierno de España, que permitirá a las autonomías proclamar el estado de alarma sanitario para gestionar así el aumento de casos por coronavirus. Según Feijóo, “el estado de alarma no es útil para gestionar una situación que ya es cotidiana” y aseguró que su Ejecutivo presentará al Gobierno central una propuesta de Ley Orgánica de Salud Pública que diera más libertad a las comunidades autónomas sin tener que recurrir a una “excepción continuada”.

“Han sido cinco meses perdidos que nos han devuelto a la casilla de salida”, aseguró el líder en funciones de la Xunta tras la reunión semanal de su comité clínico. Considera que la gestión de la pandemia no debe depender de la “disyuntiva” de acudir al estado de alarma y volvió a reclamar a Pedro Sánchez que modificara la legislación en materia sanitaria para eliminar “trabas jurídicas” a las autonomías.

Los médicos de Atención Primaria de Galicia han visto como su número de consultas se ha duplicado en los últimos meses, mientras que la cifra de efectivos en el Servizo Galego de Saúde (Sergas) apenas ha variado. Y ello a pesar de que expertos y profesionales consideran que una buena medicina de familia es la primera barrera contra la pandemia de coronavirus. Un facultativo del área sanitaria de A Coruña, la más afectada por el virus en Galicia en la actualidad, puede llegar a sobrepasar los 50 pacientes por jornada. La cifra ideal para poder prestar un servicio “mucho más eficiente”, aseguran sanitarios y sindicatos médicos, debería estar entre los 20 y los 30. La contratación de más profesionales en el sector sanitario continúa siendo la principal reclamación del colectivo, aunque la Xunta insiste en mantener una política de personal diferente y en los últimos meses apenas ha emitido anuncios de nuevas plazas.

Lo cierto es que, paradójicamente, las salas de espera de los centros de salud gallegos están mucho más vacías que antes. Es el caso, por ejemplo, en Culleredo, municipio limítrofe al de A Coruña y uno de los que más incidencia del virus ha registrado en las últimas semanas. Allí ejerce como médico de familia Jesús Combarro Mato, que acusa de primera mano el incremento de las consultas telefónicas como consecuencia del coronavirus. “Aquí atendemos entre 40 y 50 personas al día, con la particularidad de que la plantilla habitual está mermada por las vacaciones”, explica. Una situación que los obliga a realizar jornadas extraordinarias para cubrir de alguna manera la falta de personal a pesar de las sucesivas manifestaciones del sector sanitario antes y después de la pandemia.

El método de la atención telefónica, asegura Jesús Combarro, no debe sustituir a las consultas presenciales en el caso de pacientes con enfermedades crónicas y agudas. En este sentido, el colectivo médico demanda que el Sergas garantice las condiciones de acceso a los centros de salud para estas personas y que habilite otros sistemas como las videollamadas para dar un servicio “más eficaz”. “Los trabajadores del sistema sanitario no hemos pedido un aumento de las retribuciones, sino mayor autonomía y la puesta en marcha de todos los recursos posibles para mejorar la atención sanitaria”, concluye Combarro.

El sector sanitario teme que se repita una situación semejante a la de meses como marzo y abril, cuando la falta de material de protección y la saturación de las unidades hospitalarias terminó con los propios profesionales como uno de los colectivos más afectados por la enfermedad. “Hizo mucho daño, sobre todo psicológicamente”, asegura el secretario general del sindicato médico Omega, Manuel Rodríguez. Aunque no existe consenso en el sector sobre si la comunidad afronta ahora mismo una segunda oleada, intuyen que esta “llegará en algún momento próximo” y consideran que no cuentan con todos los medios para poder afrontarla.

La solución, en este caso, implicaría varios factores. “Todos tenemos que concienciarnos de que la situación ha cambiado. La Administración debe poner a disposición de médicos y pacientes muchos más medios para afrontar no solo la COVID, sino las necesidades del día a día”, explica Manuel Rodríguez, unos argumentos que comparte el médico Jesús Combarro. Según las estimaciones de CIG-Saúde, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) cuenta con 6.000 profesionales menos que en el 2009. “Y es una cifra aproximada, porque llevamos mucho tiempo reclamando un sistema de identificación a la Consellería de Sanidade que nos permita conocer con exactitud el número de facultativos en la comunidad”, indica en este caso María Xosé Abuín, secretaria nacional del sindicato.

Los nuevos rastreadores, los pacientes

Con Galicia como “destino seguro”, como lo califica el propio presidente Alberto Núñez Feijóo, la carga en Atención Primaria de personas desplazadas también se ha incrementado. La declaración obligatoria de las personas que lleguen a la comunidad de territorios “con alta incidencia de la COVID-19” supone un esfuerzo todavía mayor para los médicos, encargados del seguimiento del paciente en muchos casos. Es una de las nuevas tareas que la Xunta ha asignado, al menos teóricamente, a los facultativos. De esta manera, en mes y medio el Sergas pasó de contar oficialmente con 20 rastreadores a tener más de 6.000.

Sin embargo, eso parece quedar solo en el papel. Varias asociaciones del colectivo médico defendieron en las primeras semanas de agosto que no estaban realizando esta función, puesto que de hacerlo, “tendríamos que cerrar la consulta al no tener tiempo para otra cosa”. Jesús Combarro confirma que desde los centros de salud se realiza un seguimiento de pacientes enfermos y de algunos contactos, pero que no tienen capacidad para ejercer con todas las funciones de un rastreador. Sindicatos como Omega denuncian que “ni los pacientes ni los médicos” saben cómo actuar ante las directrices de Sanidade. “Se incita a los propios infectados a que ellos sean rastreadores, a que confeccionen listas de contactos y los avisen”, explica Manuel Rodríguez. Al final, asegura, “todo se descontrola” porque muchos contactos actúan por libre y “nadie hace un seguimiento de todos los posibles contagiados”. “Tiene que haber una recomendación unitaria, un protocolo que se aplique”, reclaman las organizaciones sindicales. Se han ido demasiadas vidas, dicen, como para que el Gobierno gallego “no se tome en serio la situación”.

El comité deontológico del Colegio de Médicos de Lugo y su equivalente en el de Pontevedra están valorando si tomar medidas contra el urólogo Alejandro Sousa, que ejerce actualmente en el hospital de Monforte, y contra la médica de familia Natalia Prego por su actividad dentro de la organización negacionista Médicos por la Verdad. En el marco de las numerosas actividades del colectivo, Sousa y Prego participaron la semana pasada en una conferencia ante más de medio centenar de personas en Lugo y tildaron de “propaganda” las medidas de seguridad ante el coronavirus y los datos ofrecidos por las autoridades sanitarias. Instaron a la población, entre otras “recomendaciones”, a no utilizar mascarilla, a no vacunarse ni contra la gripe ni contra la COVID y a no confinarse en el caso de los asintomáticos “porque no contagian el virus”. Esta información la destapó el periódico lucense El Progreso.

La abanderada de la organización en España es la propia Natalia Prego, colegiada en Pontevedra y que lleve varios meses difundiendo mensajes “desmintiendo” la lucha contra el coronavirus. Según ha podido saber este medio, la comisión deontológica del Colegio de Pontevedra tiene abierto un expediente, sin conclusión por el momento, por las actuaciones de la profesional del Servizo Galego de Saúde (Sergas). Su canal en la plataforma Youtube cuenta con más de 50.000 suscriptores y ha llegado a sobrepasar las 150.000 visualizaciones en alguno de sus vídeos. Uno de ellos es el de la ponencia de más de tres horas realizada el pasado 12 de agosto en el céntrico hotel Méndez Núñez de Lugo, en la que participó junto a Alejandro Sousa.

Desde el Colegio de Médicos de Lugo afirman desconocer si más profesionales de la provincia están relacionados con la organización y advierten que este tipo de conductas “son un sinsentido”. Su presidente, Manuel Boquete, emitió un comunicado el pasado martes en el que cuestiona las conjeturas del colectivo y del especialista del hospital de Monforte. “¿Puede alguien asegurar que sin las medidas de prevención no tendremos otras 40.000 muertes el próximo año?”, concluye en el escrito. ElDiario.es se puso en contacto con el Colegio de Médicos de Lugo para conocer si hubo un contacto directo entre la institución y Alejandro Sousa, algo que se confirmó aunque no trascendió en qué términos. Su comité deontológico está valorando si abrir, como en el caso de Natalia Prego, un expediente, y no descarta “ninguna medida” si se mantiene su actitud.

Por el momento, la Xunta de Galicia no se ha pronunciado sobre la actividad de la organización ni sobre la participación de varios profesionales de su sistema sanitario en este tipo de manifestaciones públicas, que chocan frontalmente con las medidas sanitarias anunciadas por Alberto Núñez Feijóo durante los últimos meses. Ante la pregunta de si se plantean sanciones por parte de la Consellería de Sanidade, esta redacción no ha recibido ninguna respuesta.

El entramado negacionista

El colectivo Médicos por la Verdad utiliza a diversos profesionales del sector sanitario para “desmentir la propaganda” que, según su teoría, se transmite desde las instituciones gubernamentales y los medios de comunicación. Se apoyan en polémicos estudios científicos para defender sus ideas, entre las que destacan su oposición a la validez de los test PCR o a las medidas de prevención. La conferencia en Lugo fue un punto de apoyo y promoción de actuaciones a mayor escala. De hecho, en esa charla se pedía la asistencia a la manifestación negacionista en la Plaza de Colón de Madrid el pasado día 16.

Además de utilizar el canal de la médica Natalia Prego Cancelo como lanzadera de sus mensajes, la organización creó una página en Facebook el pasado 27 de julio. En menos de un mes ha conseguido reunir más de 10.500 seguidores en la red social, en la cual publican vídeos en los que critican “la censura” de los medios de comunicación a su causa. En sus redes sociales llevan también a cabo una campaña de captación de fondos destinada al “pago de querellas, demandas, investigación en España y el extranjero y la cooperación con la comisión extraparlamentaria”.

A pesar de registrar tres de cada cuatro nuevos contagios por coronavirus en toda la comunidad según los propios datos de la Xunta de Galicia, la comarca de A Coruña no tendrá más limitaciones que las que ya permanecían vigentes. Alberto Núñez Feijóo comunicó este miércoles tras una nueva reunión del comité clínico de su Ejecutivo que no se había detectado transmisión de la enfermedad a municipios limítrofes de esa área, por lo que por el momento no se tomarían nuevas medidas ni se restringirá la movilidad. Además anunció que propondría al Gobierno central que se implante el uso de mascarilla obligatorio en los colegios para los niños de más de seis años.

El presidente en funciones de la Xunta explicó que, en los últimos tres días, la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes en la ciudad de A Coruña y los municipios limítrofes se había reducido a los 44 casos. La mayor incidencia se da en barrios de población trabajadora como Os Mallos, Sagrda Familia, Agra do Orzán y O Ventorrillo. Ese dato contrasta con la tasa de 127 registrados en la última semana, aunque en palabras de Feijóo “todavía falta confirmar si se mantiene la tendencia o se trata de una meseta para después volver subir”. De los 1.623 casos activos que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) confirmó este miércoles en toda Galicia, 960 personas, un 59%, están en el área sanitaria de A Coruña.

El comité clínico de la Xunta volverá a reunirse el próximo viernes para analizar la situación epidemiológica de la zona. Por el momento, se mantiene el cierre del ocio nocturno en los municipios de A Coruña, Arteixo, Culleredo, Cambre, Oleiros, Bergondo, Abegondo, Sada y Carral, los más afectados del área sanitaria, así como la reducción de aforo al 50% para todas las actividades y el cierre a la una de la mañana de los bares. Las residencias de mayores seguirán sin permitir las visitas y los centros de día, cerrados.

En cuanto al ámbito educativo, Alberto Núñez Feijóo aseguró que el inicio del próximo curso es, junto al control de los rebrotes en la comunidad, la principal preocupación de la Xunta, aunque toda la comunidad educativa lleva más de un mes criticando el protocolo sanitario para el curso que viene. En ese sentido, Feijóo anunció que se haría obligatorio el uso de mascarilla en los colegios para los alumnos de más de seis años, algo que no estaba contemplado por el momento salvo cuando no se pudiera mantener la distancia de seguridad. Informó, además, de que trasladaría esta recomendación al Gobierno de España en la próxima reunión de presidentes, que aún no tiene fecha.

El presidente en funciones de la Xunta de Galicia ha evitado valorar la destitución de la hasta hace dos días portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo. Alberto Núñez Feijóo, a quienes muchos sitúan en una supuesta ala moderada del partido opuesta a lo que representaba Álvarez de Toledo, se limitó a recordar que se trataba de una “competencia” de Pablo Casado.

“El presidente del Grupo Parlamentario es el que toma la decisión. De la misma forma que consideró que Cayetana podría ser la portavoz adecuada, ahora entiende que ha sido oportuno hacer un cambio”, manifestó Feijóo durante una rueda de prensa posterior a la reunión con el comité clínico del coronavirus del Gobierno gallego. Y lo remacho: “Se pueden hacer muchas lecturas, pero es una cuestión competencial del presidente del Grupo Parlamentario”.

Feijóo había criticado en público la labor de Álvarez de Toledo en el Congreso. Una de las últimas veces en que lo hizo, y quizás la más sonora, fue después de que la ex portavoz llamase “hijo de terrorista” al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, cuyo padre fue detenido por sus actividades antifranquistas en los 70. A estas declaraciones, el barón popular gallego respondió avisando de que “sería un error contestar a un Gobierno que ha perdido los papeles” y pidió el final de “estos espectáculos parlamentarios”. Álvarez de Toledo replicó que a ella tampoco le gustaban algunas manifestaciones de Feijóo.

Diez petroglifos amanecieron dañados esta semana en Baiona (Pontevedra). Los grabados en piedra, de más de 4.000 años de antiguedad, sufrieron el ataque de algún desaprehensivo armado con un canto afilado. No se trata de un hecho aislado. El patrimonio natural y cultural es fundamental para Galicia. Su conservación y protección, sin embargo, no está a la altura de las circunstancias. Así lo denuncian desde varias asociaciones y colectivos de la comunidad, que continúan detectando, incluso después de una pandemia mundial que ha paralizado gran parte de la actividad económica, agresiones a bienes con un valor histórico “incalculable”. El alto número de yacimientos y “la falta de concienciación entre la sociedad” complican las tareas de preservación, de las cuales se encargan los ayuntamientos y la Xunta de Galicia. Su “pasividad” ante los ataques, critican diversas asociaciones, pone “un precio muy barato” a cualquier agresión.

“Parece que cuando descubres algo patrimonialmente importante, como una mámoa o un petroglifo, solo supone un problema para poder trabajar en ese espacio”, explica el historiador y miembro del colectivo Patrimonio dos Ancares Xabier Moure. Llevan varios años implicados en la detección y conservación del entorno histórico y cultural de la provincia de Lugo y del resto de la comunidad. Lamentablemente, indica, gran parte de sus actuaciones consisten en la denuncia de ataques a yacimientos, muchas veces catalogados y reconocibles, que acaban por quedar destruidos. “Y ni siquiera sabemos si los autores salen impunes o no”, asegura. El “entramado burocrático” que se inicia después de informar sobre las agresiones a Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia, órgano encargado de la investigación y protección de estos bienes, complica todavía más las tareas de preservación.

Uno de los últimos ataques registrados fue el mencionado en el yacimiento de Outeiro dos Lameiros, en Baiona (Pontevedra). Al menos 10 petroglifos, figuras talladas en piedra y en este caso con más de 4.000 años de antigüedad, aparecieron rayadas y deformadas. Desde la Asociación para a Defensa do Patrimonio Galego (Apatrigal) aseguran que no solo se trata de “gamberrismo”, como parece en este caso, sino que existen actuaciones “premeditadas” y que suponen un problema mucho mayor para el conjunto cultural. “Se hacen plantaciones o desbroces en zonas en las que se sabe perfectamente que existen elementos patrimoniales”, afirma Carlos Henrique Fernández Coto, presidente de Apatrigal.

El problema, inciden desde ambos colectivos, no es que no se vigilen los yacimientos, sino que “salga tan barato atacarlos”. “No podemos poner una cámara o una persona que vele por cada elemento del patrimonio”, dice Fernández Coto, pero en muchos casos estos están catalogados “y a nadie parece importarle”. Desde que finalizó el confinamiento, hace poco más de dos meses, Patrimonio dos Ancares ha detectado doce agresiones graves a mámoas solo en la provincia de Lugo. Estos túmulos funerarios de piedras o tierra, con varios milenios de antigüedad, son muy habituales en Galicia y se siguen descubriendo casi a diario por la comunidad. El ritmo de destrozos no difiere demasiado.

“Cuando detectamos daños en cualquier yacimiento lo ponemos en conocimiento de las autoridades responsables, en este caso la Dirección Xeral de Patrimonio”, explica Xabier Moure. Una vez recibida la notificación, los técnicos de la Xunta se desplazan hasta el lugar y valoran si llevar a cabo un expediente sancionador. “A partir de ahí ya no sabemos nada más”, añade, puesto que “desde Patrimonio se amparan en la Ley de Protección de Datos y no sabemos si se aplican o a quién se le aplican las sanciones correspondientes”.

Un patrimonio único

Hubo un caso entre los ataques al patrimonio gallego de los últimos años que cobró especial relevancia. Este agosto se cumplen dos años de la pintada en una de las fachadas de la Catedral de Santiago de Compostela, que crispó a gran parte de la ciudadanía y puso a rodar instantáneamente los mecanismos sancionadores de la Xunta. Para Patrimonio dos Ancares, “una agresión grave de estas características tuvo la suerte de poder ser subsanada”. Sin embargo, lamentan que la Administración no actúe con la misma “eficacia y celeridad” en los cientos de ataques que se registran anualmente en toda Galicia.

“Tenemos un patrimonio único que nos diferencia de otros territorios y nuestro deber es protegerlo”, afirma el presidente de Apatrigal, Fernández Coto. Según Xabier Moure, es muy difícil concretar el número de elementos y yacimientos rupestres en la comunidad. “Hay cerca de 4.000 castros, más de 15.000 mámoas y los petroglifos se cuentan también por miles”, estima, “aunque todavía siguen apareciendo”. Eso, apunta Fernández Coto, sin contar “los cruceiros, las iglesias y las fuentes que hay en cada aldea de Galicia”.

Ante toda esa diversidad, los colectivos de defensa del patrimonio buscan divulgar la importancia histórica y cultural entre toda la población. Entienden que es el primer paso para revertir una situación que amenaza “la identidad de un pueblo” y que se ha constatado que “no entiende de pandemias”. Eso sí, consideran que la colaboración de las instituciones es esencial. En palabras de Xabier Moure, “hay mucha diferencia entre no proteger algo por no poder y no hacerlo por no querer”.

La Xunta de Galicia empezará a hacer desde este lunes pruebas PCR a los trabajadores de residencias y de personas con discapacidad que se reincorporen tras sus vacaciones. Los sindicatos denunciaron la semana pasada que cerca de un millar de empleados que cubrieron bajas y vacaciones en centros de la comunidad no se habían sometido a ningún test. Después del acuerdo alcanzado el pasado viernes entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas, en el que se incluyen medidas para luchar contra el incremento de casos por coronavirus, el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo cambia su política y comienza ahora a realizar pruebas diagnósticas entre todo el personal de residencias, contratos temporales incluidos.

El secretario de Maiores e Persoas con Discapacidade, Ildefonso de la Campa, explicó este lunes las nuevas normas del plan de reactivación en los centros sociosanitarios. Ante las críticas de los sindicatos de trabajadores, que durante la semana anterior habían denunciado que no se estaban haciendo pruebas PCR entre el personal que cubría bajas y vacaciones en residencias, De la Campa aseguró que esos test se harían “a partir de ahora”. El protocolo sanitario anterior estipulaba que estos trabajadores se podía incorporar cubriendo solamente una encuesta sobre el entorno en el que habían estado y su actividad laboral previa, pero no recogía la realización de una prueba a menos que se presentaran síntomas de la enfermedad.

Además de realizar test a todos los trabajadores y a los nuevos ingresados, el plan en los centros residenciales de mayores y de personas con discapacidad también escalona las visitas a lo largo del día y las limita a una persona por residente durante una hora al día. Caben excepciones en el caso de pacientes que se encuentren en el momento final de su vida. Por otra parte, Ildefonso de la Campa concretó que se limitarían “al máximo” las salidas de los usuarios para evitar nuevos contagios.

Todas estas medidas, que no introducen ninguna singularidad con respecto a las tomadas en el resto del país, no afectan a los centros de día de la comunidad, según indicó el secretario xeral de Maiores, aunque el comité clínico de la Xunta “está estudiando” si extender las pruebas al personal y usuarios de estas instalaciones.

En las últimas horas, el Servizo Galego de Saúde ha detectado un brote en la residencia de mayores de Orpea Coruña, situada en el municipio de Culleredo. Según informó el propio De la Campa, el módulo afectado permanece aislado y tanto usuarios como trabajadores han sido sometidos a pruebas PCR.

En plena batalla de la comunidad educativa, los padres y los sindicatos contra la Consellería de Educación por el protocolo sanitario en las aulas para el próximo curso escolar en Galicia, la Xunta acaba de anunciar la contratación de 240 profesores y el incremento del número de clases como refuerzo “en el contexto de la COVID”. Es la última de las insuficientes y criticadas medidas del Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo en la materia, que han convertido el inicio del curso en un convulso escenario. Las centrales sindicales denuncian que el Gobierno gallego está “vendiendo” una medida que es un trámite habitual de cada verano y “nada tiene que ver con la lucha contra el coronavirus”. Indican que el aumento de la cifra de aulas y de docentes “son producto de la necesidad de cumplir la ley”. La Consellería pretende, pese a todo, mantener en 25 la ratio de alumnos por clase, cinco más de los recomendados por el Ministerio de Sanidad.

El curso 2020/21 arrancará así con 158 unidades escolares más en Galicia. Se sumarán a las 6.951 que ya existían en la comunidad, un incremento de poco más del 2%. En relación con este aumento del número de aulas, la Xunta comunicó que se contratarían 240 docentes para “garantizar la calidad de la enseñanza y cumplir con las medidas establecidas en el protocolo”. El secretario nacional de CIG-Ensino, Suso Bermello, defiende que la variación de las unidades escolares es un proceso que ocurre todos los veranos y que la Consellería de Educación “aprovecha” ahora para enmarcarlo en el contexto de prevención del virus.

Ese incremento de aulas contrasta con la situación de los comedores escolares en provincias como la de Pontevedra. Las asociaciones de madres y de padres (Anpas) se ven incapaces de asumir las condiciones del protocolo para el próximo curso escolar y dejarán de prestar el servicio en más de 50 comedores de Marín, Pontevedra y Vigo. Tampoco gestionarán, como en el caso de Vigo venían haciendo desde hace más de 20 años, las actividades extraescolares o las aulas matinales. Las Anpas reclaman que la Xunta ofrezca una solución, que ha negado por el momento, para los alumnos afectados. Cuando se anunciaron los primeros ceses de actividad en Pontevedra y Marín, el presidente autonómico acusó a las asociaciones de padres de “amenazar” a su Ejecutivo y les reprochó que no hiciesen “un esfuerzo como las Anpas de otras provincias”. Lejos de calmar los ánimos, de ser esa la intención de Feijóo, la cifra de estudiantes que no dispondrán de comedor escolar se ha doblado desde aquel momento con el parón en Vigo anunciado esta semana.

La crispación entre profesores, padres y organizaciones sindicales ya viene de largo. Los sindicatos abandonaron en el mes de julio la mesa sectorial en la que se debatía el protocolo sanitario en los centros no universitarios. El documento, presentado dos días después de las elecciones autonómicas del 12J, fue tildado de “inviable” por toda la comunidad educativa. Las negociaciones, de “paripé”. La conselleira de Educación, Carmen Pomar, mantuvo un perfil bajo durante los primeros días de la polémica y no realizó declaraciones al respecto. Fue el propio Núñez Feijóo quien tuvo que salir en defensa del protocolo en sus ruedas de prensa. “Cuenta con el aval de las autoridades sanitarias”, dijo en hasta tres ocasiones. No gozó, sin embargo, del visto bueno del sector educativo. Incluso durante los períodos más duros de la pandemia, con la población confinada y la enseñanza pública desviada al espacio virtual, las tensiones de Pomar con el sector no cesaron. La acusaban de “dejadez” e “improvisación”. Ocurrió algo semejante con las oposiciónes, que la Xunta se empeñó en mantener cuando todas las demás comunidades autónomas las habían aplazado a causa del coronavirus.

Un protocolo inadaptado

El documento antiCOVID del Gobierno gallego estipula una distancia de un metro entre el centro de las sillas de los alumnos y también impone el uso de mascarilla para todo el profesorado y para los alumnos mayores de seis años cuando estos estén fuera de sus aulas. Se recoge la creación de las denominadas “aulas burbuja”, unos grupos de hasta 25 estudiantes de infantil y primaria que podrán relacionarse libremente entre sí pero no con el resto de niños del colegio. Entre todas estas medidas, criticadas en distintos grados por la comunidad educativa y las familias, destaca la de mantener el número máximo de alumnos por aula en 25, una decisión que choca con las indicaciones del Ministerio de Sanidad, que recomienda rebajarlo a 15 o, como mucho, a 20.

Un mes después de la publicación del protocolo, que ha permanecido invariable y bajo el paraguas de la Xunta de Galicia, desde la consellería suavizan ahora el tono. El incremento exponencial de los casos de coronavirus en la comunidad pone en peligro el inicio del curso escolar, o por lo menos de la enseñanza presencial. El departamento de Carmen Pomar mantuvo esta última semana un discurso de “prudencia” ante la situación sanitaria. La conselleira pidió el pasado jueves “ir viendo día a día” la evolución de la enfermedad por si hubiera que readaptar las medidas, unas declaraciones “muy desafortunadas” para el secretario de la CIG-Ensino, Suso Bermello. “Si para algo tenemos instituciones es para que tengan un plan ante lo que pueda suceder, no para improvisar”, reprocha.

Los profesores también han alzado la voz contra el plan de regreso a las aulas. Su peor temor es que se repita un escenario semejante al de los meses de confinamiento, en el que se impuso inevitablemente una docencia a distancia para la que “no se estaba preparado” según el sindicato docente Anpe-Galicia. La poca cobertura de la conexión a Internet en parte de la geografía gallega, así como la falta de dispositivos electrónicos en algunas familias dejó desconectado a gran parte del alumnado. En las movilizaciones contra el protocolo de finales de julio, los profesores reclamaron “mucha más formación” por si hubiera que afrontar otro periodo de enseñanza telemática. También la contratación de más docentes para que todos los estudiantes “se puedan formar en igualdad de condiciones”. La solución, tanto para las familias como para los sindicatos y los profesores, pasa por reformar totalmente el protocolo. La Xunta, a menos que el “día a día” dicte lo contrario, no se plantea una marcha atrás.

Desde la madrugada de este jueves, las calles de Galicia permanecerán prácticamente libres de humo. La prohibición de fumar en los espacios públicos anunciada el pasado miércoles por Alberto Núñez Feijóo mantiene todavía confusos tanto a viandantes como a hosteleros y sus clientes. La normativa dicta que no se puede fumar en la calle cuando no se guarde una distancia mínima de dos metros con otra persona. Los bares de Santiago de Compostela, ciudad que intenta recuperar poco a poco la afluencia de peregrinos y de turistas, consideran que la medida va a suponer “otro golpe más, entre muchos otros, para el sector”.

Las terrazas en la capital de Galicia amanecieron con muy poca afluencia, algo que los hosteleros esperan que no esté asociado a la nueva normativa de la Xunta. Los fumadores, antes en el exterior, toman ahora las barras de los bares. Son caras conocidas de los camareros, que comentan con sus clientes una medida que todavía no tienen clara. “Si te pones en aquella mesa de la esquina de la plaza, lejos de la acera, vienes tú solo y no hay nadie en la mesa de al lado, puedes fumar”, explica el dueño de uno de los varios locales que ocupan la Praza de Mazarelos. Aunque algunos consumidores lo consideran “un sudoku”, otros muestran su conformidad con la norma, que “está para cumplirse”.

Lo cierto es que en la mañana del jueves, primer día de vigencia de la norma, hubo un descenso notable de clientes. Entre el sector hostelero reina la incertidumbre por ver cuál es la reacción de la gente tras los primeros días. “La mayoría lo cumplirá porque es una medida para el bien común, pero creo que va a ser complicado controlarlo en ambientes festivos”, opina el gerente del bar Caña Hueca. El presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, afirmó tras la reunión del miércoles de su comité clínico que era responsabilidad de los municipios y de sus cuerpos policiales velar por el cumplimiento de la normativa. Las medidas, aseguró, no se estaban siguiendo, lo que podría derivar en un nuevo confinamiento si la tendencia a los contagios no se corregía.

La prohibición llega tras el análisis de la situación epidemiológica de Galicia y del área sanitaria de A Coruña, que concentra más de la mitad de los casos activos por coronavirus en toda la comunidad. Los más escépticos todavía tratan de entender qué beneficio tendrá prohibir fumar en la calle. “No puedo bajarme la mascarilla para fumar en un parque porque pasa gente al lado, pero si voy corriendo puedo ir sin ella tranquilamente”, replica un viandante por el parque de la Alameda. No se entiende, dice, que estuviera permitido desde el inicio de la pandemia y que se prohíba ahora, “cuando tenemos algo más de libertad”. “Si tenemos que volver a confinarnos va a estar más relacionado con que las discotecas sigan abiertas y no con que fumemos en la calle”, concluye.

Los niños de los municipios del Val Miñor (Pontevedra) están aprovechando durante el verano para aprender lo que no han podido durante la cuarentena. A inicios de junio nació en Nigrán, Baiona y Gondomar la Plataforma Solidaria Didáctica, una iniciativa que busca completar la formación de aquellos niños de la zona rural que no pudieron seguir correctamente las clases virtuales en el final del curso pasado. El proyecto, que lleva funcionando desde el inicio de julio, cuenta con más de 30 profesores voluntarios y 54 alumnos de Primaria y Educación Secundaria.

El objetivo principal es que “ningún niño se quede sin las clases que no pudieron tener”, como asegura Amparo Francos, docente voluntaria en el proyecto. El recibimiento de la iniciativa tanto por parte de los padres como de los alumnos, indica, ha sido muy bueno. Las 35 niñas y niños de Primaria y los 19 estudiantes de la ESO se reparten en varios grupos de cinco alumnos como máximo y reciben clases de matemáticas, lengua, inglés y francés, entre otras materias. La Plataforma Solidaria Didáctica cuenta, además, con la colaboración de cinco centros culturales de los tres municipios de la comarca, en cuyas instalaciones trabajan alumnos y profesores.

Aunque las clases comenzaron el 6 de julio, la iniciativa se puso en marcha el mes anterior. Desde la organización se encargaron de conseguir material sanitario y escolar, financiado en gran parte por los propios docentes y padres, así como de diseñar un plan de enseñanza adaptado a las circunstancias sanitarias para trabajar durante julio y agosto. “Distribuimos a los alumnos según su curso y su localidad de residencia para que todos tuvieran las mayores facilidades posibles”, explica Amparo Francos. Como profesora, entiende que “la educación en línea que se impartió en el confinamiento fue deficiente y supuso un perjuicio para una gran parte de los niños”.

Tanto las asociaciones de madres y de padres (Anpas) como los propios docentes criticaron durante el confinamiento la escasa eficacia de la educación a distancia. La peor calidad de la conexión a Internet de muchos alumnos del rural o la falta de dispositivos entre los estudiantes fueron las principales denuncias de colectivos como Anpas Galegas. Su vicepresidenta, Isabel Calvete, asegura además que el profesorado no disponía de la formación suficiente como para impartir el temario de manera correcta. “No estábamos preparados para un sistema digital y el curso que viene seguiremos igual si no se introducen cambios”, indica.

Formación igual de rigurosa

Con una situación sanitaria incierta en el presente y ante el riesgo de que parte del próximo curso se tenga que impartir de nuevo telemáticamente, proyectos como la Plataforma Solidaria Didáctica buscan aprovechar todo el tiempo del que disponen antes de septiembre. Con ellos colaboran organizaciones como Ciencia en Movemento, un museo científico itinerante que actualmente ofrece actividades a los niños del Val Miñor con las que complementar su formación académica. Su promotor, Jesús Fernández, ya trabajaba como profesor voluntario en la plataforma. Desde finales de julio, pasó de impartir clases teóricas a utilizar un método de enseñanza “más práctico, pero igual de riguroso”.

“Las actividades están adaptadas según la edad de los niños, aunque lo principal no es que aprendan la teoría, sino que experimenten”, asegura el gestor de Ciencia en Movemento, un proyecto que lleva funcionando desde 2014 en muchos colegios de Galicia. Su actividad está ligada inevitablemente a la enseñanza presencial, por lo que, al igual que los alumnos, también se vio obligado a parar durante la crisis del coronavirus. Jesús Fernández espera que con esta actuación en Val Miñor comience “una recuperación relativa de la normalidad en la enseñanza”. Sus alumnos en la Plataforma Solidaria Didáctica tienen todavía el resto de agosto con clases por delante. A partir de septiembre, dice, “llegará otra lucha”.

Alberto Núñez Feijóo considera “muy preocupante” la situación epidemiológica del área sanitaria de A Coruña, que concentra más de la mitad de los casos activos por coronavirus de la comunidad, y advierte de que a su Ejecutivo no le temblará la mano si la gente joven “sigue sin cumplir las normas”. El presidente de la Xunta de Galicia anunció este miércoles nuevas medidas tras la reunión de su comité clínico. Entre las más llamativas, la de prohibir a partir del jueves en toda Galicia fumar en lugares públicos, incluidas las terrazas, cuando no se pueda mantener una distancia de seguridad de dos metros. Además, se restringirán las visitas a los hospitales en el área sanitaria de A Coruña. El Gobierno gallego no limitará por el momento la movilidad, aunque se plantea hacerlo si la tendencia de contagios no cambia.

Además de mantener las restricciones anunciadas la semana pasada para el área sanitaria de A Coruña, que incluían principalmente el cierre de los centros de días o el cese del ocio nocturno en nueve municipios de la comarca, ahora se restringirán las visitas a los centros hospitalarios. También se incrementarán el número de pruebas PCR y se realizará un cribado aleatorio entre la población para prevenir nuevos contagios. El comité clínico de la Xunta se reunirá de nuevo el miércoles 19 para analizar la evolución de la situación sanitaria.

De esta manera, la Xunta no tomará por el momento medidas de restricción que afecten a la movilidad, aunque Feijóo aseguró que era posible hacerlo en “las próximas semanas” si la situación no mejoraba. El líder del PP derivó la responsabilidad del incremento de casos en la gente joven, “que no está cumpliendo las medidas que hemos tomado” y que está “poniendo en riesgo” a otros grupos de población. También instó a los municipios, una vez más, a que incrementen el control policial para evitar la propagación del virus por el incumplimiento de las normas sanitarias. Según los últimos datos de la Consellería de Sanidade que ha ofrecido el presidente, la franja de edad de entre los 20 y los 40 años es la más afectada.

“Estamos en un cambio de tendencia de la edad en la que se producen los contagios y también de las personas a las que se está ingresando”, explicó Feijóo, que considera que existe “un riesgo demasiado alto para no cumplir las medidas que estamos tomando”. “Si todo sigue así, el problema no será que no podamos ir a la playa, sino que vamos a estar confinados de nuevo y las consecuencias que esto tendrá para la economía”, indicó. A pesar de ello, el líder de la Xunta insistió en que Galicia continúa como una de las comunidades autónomas con menor incidencia del virus junto a Canarias y Asturias.

La Xunta de Galicia insiste por el momento en mantener su protocolo sanitario para el próximo curso escolar en los centros no universitarios, que está previsto que comience el próximo 10 de septiembre. A pesar de la situación epidemiológica de la comunidad, que actualmente se acerca a los 700 casos activos por coronavirus, la Consellería de Educación no contempla incrementar la distancia entre los alumnos ni reducir la ratio de estudiantes por aula, en contra de las recomendaciones del Ministerio de Sanidad. Tampoco se plantea variar el presupuesto de los centros ni se ha concretado la contratación de más profesores. Las Anpas piden que se adopten nuevas medidas y que no se “deje de lado” a los colegios.

Los sindicatos CIG, ANPE, CCOO y UGT, además de las asociaciones de madres y de padres, convocaron varias manifestaciones durante el mes de julio para mostrar su rechazo a un protocolo que consideran “inviable”. La última actuación en esta materia del Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo fue la publicación, el día 30 de ese mes, de un documento con las directrices para el profesorado de centros no universitarios. Tampoco fue bien recibido por los colectivos docentes.

Las medidas que llevará a cabo la Xunta de Galicia para el curso 2020/21 recogen, por ejemplo, la creación de las denominadas 'aulas burbuja', unos grupos de hasta 25 alumnos de infantil y primaria que podrán relacionarse libremente entre sí pero no con el resto de estudiantes del colegio. También se impone el uso de mascarilla para todo el profesorado y para los alumnos mayores de seis años cuando estos estén fuera de sus aulas. De la ESO en adelante deberán utilizarse cuando no se pueda respetar la distancia de seguridad recomendada por la Consellería de Educación, un metro. Mientras que la ratio de alumnos por aula en primaria e infantil se establece en 25, en ESO y bachillerato podrá haber hasta 30 estudiantes.

Entre las principales denuncias contra el protocolo está el polémico metro de distancia que los alumnos tendrán que guardar en las aulas. La plataforma Profesorado en pé explica que la Consellería de Educación no se refiere a un metro entre pupitres, sino a la separación entre el punto central de cada silla. Por lo tanto, el espacio entre los estudiantes sería mucho menor.

En cuanto a la ratio de alumnos por aula, el Ministerio de Sanidad recomendó reducir esta cifra a 15 estudiantes o, como mucho, a 20. La Xunta de Galicia, sin embargo, fija su máximo en 25 para el curso que viene en las clases de primaria e infantil. Desde el colectivo de Anpas Galegas aseguran que los centros escolares están camino de “convertirse en una trampa para los niños y para sus familias”. Para Núñez Feijóo, todas las directrices cuentan con el visto bueno de las autoridades sanitarias consultadas por la Xunta.

Ante el temor de un nuevo confinamiento y, por lo tanto, del regreso a la educación a distancia, la comunidad educativa también reclama a la Consellería garantías para que el curso transcurra con “garantía de igualdad”. Las Anpas inciden en que los docentes no han recibido formación para utilizar “de manera productiva” las herramientas virtuales y que tampoco se cuenta con el personal suficiente. Recuerdan que durante el último trimestre del curso pasado, muchos alumnos de zonas rurales recibieron una educación de peor calidad por la falta de conexión a Internet.

Sin comedores escolares en Pontevedra

Como consecuencia del protocolo, los comedores escolares de la ciudad de Pontevedra y en el municipio de Marín no contarán con servicio para el curso que arranca en septiembre, así como con el Plan Madruga. Hace poco más de una semana, el presidente de la Xunta calificó como una “amenaza” la decisión de las Anpas, que no podrán hacerse cargo de la gestión del servicio en 23 centros escolares por las dificultades para cumplir con el protocolo de la Consellería de Educación.

De momento, el Ejecutivo gallego no ha dado ninguna solución para las familias afectadas. El presidente de la Confederación Galega de Anpas (Confapa), Rogelio Carballo, manifestó a finales de julio que nadie de la Xunta se había puesto en contacto con ellos a la hora de presentar el protocolo ni después de aprobarlo. El colectivo ha iniciado la semana pasada una campaña de firmas para que sus propuestas sean escuchadas por parte de la Consellería de Educación, que no se ha pronunciado al respecto.

Casi 10.000 personas han solicitado por el momento el bono turístico de 250 euros que la Xunta de Galicia destina al personal sanitario que colaboró en la lucha contra el coronavirus. La medida que el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo anunció en el mes de junio había recibido fuertes críticas por parte de colegios de médicos y de los sindicatos. Sin embargo, se ha agotado ya cerca de la mitad de los 20.000 vales dispuestos por la Xunta e impulsados por el Clúster de Turismo de Galicia. Según el Instituto Galego de Estatística (IGE), en 2018, última fecha con datos actualizados, eran 38.635 las personas que trabajaban en el Servizo Galego de Saúde (Sergas).

A pesar de que la iniciativa no contaba con el apoyo del sector sanitario y el propio Núñez Feijóo tuvo que pedir disculpas públicamente por “una explicación inadecuada” de la medida, la Xunta siguió adelante con su plan. Desde el pasado 28 de julio y hasta el 30 de noviembre, aquellos profesionales sanitarios que colaboraron en el control de la primera oleada de la pandemia tendrán la posibilidad de solicitar un bono turístico dotado con una tarjeta prepago de Abanca con 250 euros. Según la Consellería de Cultura e Turismo, hasta el viernes 7 de agosto ya se habían solicitado 9.590 vales. Podrán hacer uso de ese dinero en los más de 250 establecimientos adheridos al plan hasta el 13 de diciembre de este año.

A finales de junio, el Consello Galego de Colexios Médicos -que representa a 13.000 facultativos de la comunidad- tildó de “tomadura de pelo” y de “propina” la medida, anunciada a pocas semanas de las elecciones autonómicas. Mes y medio después, con la iniciativa ya en marcha, en poco más de diez días se han repartido cerca de la mitad de los bonos. Cesáreo Pardal, el presidente del Clúster de Turismo de Galicia, institución que impulsó el proyecto, defiende que se trata de “una inyección económica muy importante para los negocios asociados” y que de momento su éxito está siendo “indiscutible”.

El sector turístico en Galicia tenía bastante miedo a afrontar el verano después de más de dos meses de confinamiento. Ahora, casi en el ecuador del periodo estival, el sector hace una primera valoración de cómo se está desarrollando el turismo después de la primera oleada de la pandemia y ante el temor por el aumento de los rebrotes, que incrementan día a día el número de casos activos por coronavirus en la comunidad. Destinos tranquilos, la sensación de seguridad y el cumplimiento de las medidas de distanciamiento e higiene son los principales requisitos para los clientes este año, que tienden a proceder de comunidades más próximas que antes.

Las cifras provisionales de julio que maneja el Clúster de Turismo de Galicia sitúan a los establecimientos de la comunidad en torno al 50% de ocupación, una cifra que varía ligeramente según la provincia. Al presidente del colectivo, Cesáreo Pardal, le gustaría que la facturación fuera mayor, aunque reconoce que la evolución “es positiva” teniendo en cuenta las circunstancias sanitarias de los meses precedentes. En la nueva normalidad, explica, sigue sin variar el destino preferido de los visitantes: la costa.

Con el inicio del verano y semanas después del fin a las limitaciones de movilidad en la comunidad, el turismo en provincias como la de Pontevedra se fue incrementando paulatinamente, casi “al ralentí”, según el presidente de Federación Provincial de Empresarios de Hostelería, César Ballesteros. Las cifras de ocupación en las Rías Baixas finalizaron el mes de julio en torno a la mitad de su aforo total, si bien, aclara Ballesteros, “el inicio fue muy suave y se superaba por poco el 10%”. El perfil del cliente, que en años pasados tendía a proceder de otros países, este verano se caracteriza por proceder del Estado, “sobre todo de Valladolid, Salamanca o Asturias, además de nuestra propia comunidad”, y con una afluencia bastante alta de turistas portugueses.

Los hosteleros reconocen que los datos están siendo “ligeramente mejores de lo que se podía esperar en la situación”, en palabras de César Ballesteros, que no oculta la preocupación del sector por los rebrotes que se extienden por Galicia y en el resto del país y que podrían provocar un retroceso en la actividad turística. “Casos como el del brote en el gimnasio de Meicende o el de los jugadores del Fuenlabrada perjudican gravemente al sector. La gente se alarma durante unos días y llega a cancelar sus reservas y planes de viaje”, indica.

Un destino seguro

Contra eso, explican tanto desde el Clúster de Turismo como desde las asociaciones de hosteleros, cobra especial importancia la consideración de Galicia “como un destino seguro al que viajar”. La Xunta de Galicia obliga a aquellos visitantes llegados de zonas de alta incidencia de COVID a que comuniquen sus datos al Servizo Galego de Saúde (Sergas). César Ballesteros explica que en un primero momento esta medida causó confusión entre los turistas que ya estaban en Galicia o que tenían planeado viajar próximamente. Sin embargo, el procedimiento “se fue sistematizando con el paso de los días” y los clientes “cumplen con mucha naturalidad con todas las normas”.

El auge de destinos como la Ribeira Sacra, que este verano está registrando cifras de ocupación que superan el 60%, se justifica precisamente por esa búsqueda de “zonas tranquilas, en las que puedes disfrutar con tu núcleo familiar sin tropezar con otros visitantes”, como asegura el presidente del Clúster. Pardal apunta que lo que antes eran debilidades, “como un mayor aislamiento geográfico respecto a otros lugares”, en tiempos post-COVID se convierten en fortalezas para los turistas. “Sigue habiendo hueco para reservar una casa rural en la Ribeira Sacra, pero ya cuesta más poder hacerlo durante varios días seguidos porque la demanda se ha incrementado bastante respecto a otros años”, afirma.

Mientras tanto, otro de los puntales del turismo en Galicia, el Camino de Santiago, sigue la tendencia ascendente de afluencia del resto de la comunidad. Después de que el 1 de julio se reabrieran oficialmente todas las rutas y parte de los albergues públicos, el flujo de peregrinos se incrementa con el paso de las semanas y no ha trascendido ningún rebrote relacionado con los trayectos. Con la vista puesta en el año Xacobeo 2021, los objetivos de las instituciones que vertebran el Camino se orientan a mantener el ritmo de crecimiento. La intención, dice Miguel Pérez Cabezas, de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago, es que a principios del año que viene se igualen los registros anteriores a la pandemia.

Según los datos de la institución, actualmente los albergues públicos mantienen en torno al 35% de ocupación y en ningún establecimiento se supera la mitad del aforo. Muchos alojamientos continúan cerrados, a la espera de que se incremente el tránsito por las rutas. La Oficina del Peregrino de Santiago reparte de media unas 500 compostelas al día, cuando el año pasado por estas fechas se rondaban las 2.000. Pérez Cabezas estima que en agosto, “si la situación sanitaria se puede mantener controlada”, los registros serán bastante mejores, aunque reconoce que lo principal es que el sector llegue al Xacobeo 2021 “en las mejores condiciones posibles”.

La economía de Galicia, y en especial la de su capital, Santiago de Compostela, depende en buena medida del turismo del Camino. Las rutas xacobeas suponen entre el 17 y el 20% del PIB de la ciudad. El teniente de alcalde del ayuntamiento de Santiago y responsable del área de Turismo, Gumersindo Guinarte, declaraba a elDiario.es a finales de mayo que la crisis derivada del coronavirus supuso “un golpe muy fuerte” para la capital gallega. Ponía sus esperanzas en recuperar parte del tránsito del Camino en la temporada de verano. De momento, al igual que el turismo costero y las casas rurales, los peregrinos tendrán todavía trayecto por delante para alcanzar unas cifras totalmente satisfactorias para el sector.

Los rebrotes por coronavirus en Galicia no se detienen. El Servizo Galego de Saúde (Sergas) informó este viernes de dos nuevos focos en la comunidad, uno en Vimianzo (A Coruña) y otro en Caldas de Reis (Pontevedra) que afectan a 19 personas en total. La Consellería de Sanidade ha tomado la decisión de cerrar, a partir del sábado, el ocio nocturno en nueve municipios de la provincia de A Coruña, además de limitar los aforos al 50% y prohibir las reuniones de más de 10 personas, entre otras medidas.

El rebrote de Caldas es uno de los más grandes registrados por la Xunta desde el fin del confinamiento, después del de A Mariña, Arteixo, el de la plantilla del CF Fuenlabrada y el de O Saviñao. Todos los afectados están aislados y en seguimiento por el Sergas, que también trabaja en el rastreo de los contactos que han tenido los positivos.

En el caso de Vimianzo, los servicios médicos detectaron siete infectados por coronavirus en vecinos de la localidad, cinco de ellos relacionados con una empresa cárnica. El Sergas atribuyó a un paciente de otra zona sanitaria el inicio del brote. El del gimnasio de Meicende, en Arteixo, es el segundo más grande de toda la comunidad tras el detectado en A Mariña en junio, que tiene a día de hoy 58 personas diagnosticadas. La de A Coruña es el área con más casos de la comunidad, con 177 positivos, y en ella permanecen varios rebrotes activos de diferentes dimensiones. El gerente del Sergas, Antonio Fernández-Campa, que participó junto al conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, en una rueda de prensa este viernes, informó de que en el área sanitaria de A Coruña se registraron por el momento cuatro brotes de carácter familiar y otros dos de origen importado que afectan a varios municipios. Por ello, la Xunta de Galicia ha decidido tomar una serie de medidas preventivas que se aplicarán en la provincia de A Coruña a partir del sábado.

Por otra parte, el número de casos activos relacionados con el brote de COVID que afecta a A Mariña ha descendido a 26 este viernes. En las últimas 24 horas el Sergas ha tramitado nueve altas en la comarca lucense, que llegó a estar aislada durante las primeras semanas de julio y que desde el pasado jueves ha dejado atrás las restricciones. El número de personas que están en seguimiento por Sanidade desciende hasta 342, una menos que el día anterior.