El PSOE de Palma quiere cambiar el orden de acceso a los autobuses de la EMT. La formación propone que los residentes que dispongan de la tarjeta TIB o Única puedan subir antes que los turistas, una medida con la que pretende garantizar el desplazamiento cotidiano de quienes utilizan el transporte público para acudir al trabajo, al médico o realizar otras actividades habituales.

El secretario general de la Agrupación Socialista de Palma y candidato a la alcaldía, Iago Negueruela, ha presentado la iniciativa este miércoles, en el marco de la Semana Europea de la Movilidad. La propuesta contempla la creación de dos colas diferenciadas en las paradas: una para los residentes con tarjeta y otra para el resto de usuarios. El objetivo es que los vecinos puedan acceder primero a los autobuses cuando la demanda supere la capacidad del vehículo.

“Este verano ha sido masificado, supermasificado, y el alcalde no ha hecho nada”, ha afirmado Negueruela, que ha acusado al equipo de gobierno de haber reforzado los servicios destinados a los turistas sin atender suficientemente las necesidades de los trabajadores. “La movilidad pública no está dando la respuesta que pide la ciudadanía”, ha señalado.

El socialista ha defendido que la medida podría implantarse utilizando las tarjetas que ya existen. “Los turistas tienen que poder acceder al servicio público, pero creemos que tienen que subir primero los residentes”, ha manifestado. Como ejemplo, ha citado a las personas que se desplazan a trabajar al aeropuerto y que, según ha explicado, se encuentran con paradas llenas de turistas.

“Si un trabajador llega tarde al trabajo, tiene un problema. Si un turista llega más tarde a pasear por Palma, no tiene ningún problema”, ha argumentado.

Un precedente en el transporte de Venecia

Negueruela ha asegurado que la iniciativa cuenta con precedentes en ciudades como Venecia. En esta ciudad italiana, la empresa de transporte ACTV dispone de accesos de embarque prioritario, en su caso en los servicios de navegación, para titulares de la tarjeta Venezia Unica que residen en el municipio. También pueden acogerse a esta prioridad algunos trabajadores y estudiantes que se desplazan habitualmente al centro histórico o a las islas de la laguna.

En Balears, el Govern puso en marcha en julio un proyecto piloto de reserva anticipada de plazas para residentes en la línea 203 del TIB, que conecta Palma con Deià, Valldemossa y Port de Sóller. Los usuarios con tarjeta intermodal o Única pueden reservar asiento en determinadas expediciones, con el objetivo de garantizar el acceso al transporte en una ruta sometida a una elevada demanda estacional.

La iniciativa del PSOE de Palma se plantea para la EMT y no contempla, según la propuesta presentada, una reserva previa de asientos. Su fórmula consiste en dar prioridad en el embarque a los residentes acreditados mediante sus tarjetas.

Más autobuses y una red nocturna

La preferencia de acceso forma parte de un paquete de medidas con el que los socialistas pretenden modificar la movilidad de Palma a corto y medio plazo. Negueruela ha reclamado más autobuses y nuevos mecanismos de movilidad para responder a la presión que soporta la red durante los meses de mayor afluencia turística.

El candidato también ha defendido la necesidad de estudiar una red de transporte nocturno que permita mejorar las conexiones fuera del horario habitual y facilite los desplazamientos de los trabajadores. “La EMT no es un servicio turístico, la EMT tiene que ser un servicio pensado para la ciudadanía”, ha concluido Negueruela.

La posibilidad de limitar la compra de segundas residencias en zonas tensionadas por parte de la Comisión Europea (CE) ha abierto un nuevo frente en el debate sobre la vivienda en Balears. El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, advirtió este lunes de que una eventual regulación podría terminar afectando también a los residentes: “Me pone los pelos de punta que un mallorquín no pueda comprar una segunda residencia en otro municipio de Mallorca”, aseveraba. Sin embargo, Bruselas no ha aprobado una prohibición de comprar segundas residencias ni ha dado carta blanca a los gobiernos para impedir estas operaciones.

La Affordable Housing Act, presentada como una propuesta de reglamento, pretende establecer un marco común para evaluar la legalidad de las medidas que adopten los Estados, las comunidades autónomas o los ayuntamientos para proteger el acceso a la vivienda en zonas sometidas a una presión habitacional acreditada. El texto señala que las viviendas utilizadas como segundas residencias, los pisos turísticos y los inmuebles vacíos pueden agravar el desequilibrio entre oferta y demanda, pero deja en manos de las autoridades competentes decidir si intervienen y de qué manera.

En este sentido, la iniciativa no está proponiendo limitar exclusivamente las compras de extranjeros o de no residentes. Su propuesta contempla las medidas que regulen la adquisición o el uso de inmuebles residenciales cuando puedan afectar a las libertades del mercado interior, incluida la libre circulación de capitales reconocida en el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Por ello, una eventual restricción de las segundas residencias podría alcanzar también a un ciudadano español o a un residente en Balears si la norma se formula atendiendo al destino del inmueble y no únicamente a la residencia del comprador.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha asegurado este martes en el pleno de la Cámara autonómica que su Ejecutivo aplicará “todas las medidas jurídicamente viables y efectivas” en materia de vivienda y ha afirmado que se alegra del camino abierto por la Comisión Europea. La líder del PP, sin embargo, ha evitado comprometerse con la aplicación de restricciones concretas a los compradores no residentes. “El camino se acaba de abrir”, ha advertido antes de señalar que las posibles medidas todavía no tienen cobertura jurídica suficiente.

“No tienen intención ni de estudiar ni de aplicar”

El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha cuestionado directamente la voluntad de Prohens de aprovechar el nuevo escenario europeo. “No mientan, no tienen intención ni de estudiar ni de aplicar”, ha recriminado el menorquinista, quien ha reclamado a la presidenta que se pronuncie con claridad y que no “venda una moto” a la ciudadanía. Prohens ha respondido acusando a la izquierda de haber defendido durante los últimos años medidas que, a su juicio, no podían aplicarse. La presidenta ha insistido en que el marco normativo europeo “se ha abierto ahora” y ha reprochado a sus adversarios que pretendan presentar como viables propuestas que no lo eran hasta este momento.

La posición del Ejecutivo autonómico se resume en una promesa condicionada: si Bruselas permite una medida que pueda aplicarse en Balears, que sea efectiva y que priorice “sí o sí” a la gente de aquí, el Govern la estudiará y la aplicará. “Seguiremos muy atentos este proceso”, ha señalado Prohens. La presidenta, por tanto, no ha cerrado la puerta a las restricciones, pero tampoco ha asumido un calendario ni un compromiso concreto para impulsarlas.

La fórmula ha provocado la reacción inmediata no solo de Més per Menorca, sino también de Més per Mallorca y del PSIB-PSOE, que han interpretado la cautela del Govern como una manera de aplazar decisiones que consideran urgentes. El debate ha evidenciado, además, una diferencia de fondo: mientras el Ejecutivo insiste en que cualquier intervención debe superar el filtro jurídico europeo, la oposición reclama que la crisis habitacional justifica avanzar desde ahora en las medidas que ya están al alcance de las instituciones autonómicas.

El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha tratado de desplazar el debate desde la viabilidad jurídica hacia la urgencia social. “El tiempo de estudiar ya ha pasado”, ha afirmado. El ecosoberanista ha censurado las declaraciones de Sagreras sobre el derecho de los mallorquines a adquirir una segunda residencia en un momento en el que, según ha señalado, muchas personas no pueden siquiera asumir el coste de su vivienda habitual.

El ecosoberanista ha recordado, además, que una de cada tres viviendas es adquirida por alguien que no reside en las islas, y ha advertido de que la presión inmobiliaria no procede únicamente de compradores particulares, sino también de empresas, fondos de inversión y fondos buitre. El diputado ha reclamado a Prohens que se sitúe “al lado de la ciudadanía y no de los especuladores”.

Por su parte, el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha defendido la actuación del Ejecutivo autonómico frente a las críticas del PSIB. El conseller ha asegurado que el Govern es consciente del “drama” de la vivienda y que no mira hacia otro lado. Como contraposición, ha acusado a los anteriores gobiernos socialistas de haber dejado sin construir la vivienda que, a su juicio, necesitaban las islas.

El Govern: “Sánchez trata a los baleares como ciudadanos de segunda”

Mateo ha centrado parte de su intervención en la falta de apoyo del Gobierno central. Ha criticado que el nuevo portal público de alquiler asequible anunciado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez contemple 800 viviendas en el conjunto de España y ninguna en Balears. “Pedro Sánchez trata a los baleares como ciudadanos de segunda”, ha sostenido.

El conseller también ha citado los resultados del programa 'Lloguer Segur', que, según ha detallado, ha alcanzado los 103 beneficiarios. Asimismo, ha recurrido a datos de portales inmobiliarios y de los registradores de la propiedad para defender que se están produciendo descensos en los precios de la vivienda en determinados segmentos del mercado.

Ante esto, la diputada socialista Mercedes Garrido ha rechazado esta interpretación. Tras tres años de legislatura del actual Govern, ha afirmado, los ciudadanos de Balears viven “peor que nunca” y muchos ya no pueden permitirse residir en las islas. Garrido ha leído durante su intervención varios testimonios de personas con dificultades para pagar su vivienda y ha descrito una situación en la que algunos residentes se ven obligados a marcharse o a vivir en caravanas.

La socialista ha reprochado al PP que su preocupación se centre en que los mallorquines no puedan comprar una segunda residencia. “No es que los baleares no se puedan comprar una segunda residencia, es que no pueden adquirir la primera”, ha señalado. Garrido ha reclamado al Govern que declare Balears zona tensionada y adopte medidas para contener los precios del alquiler.

En otro momento del pleno, el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ha acusado al Govern de actuar por ideología y ha advertido de que la eurodiputada del PP Rosa Estaràs ya ha avanzado que su formación vetará la propuesta europea. A su juicio, el Ejecutivo autonómico conoce las dificultades que encontrará la iniciativa y, aun así, utiliza el anuncio de Bruselas para aparentar que está dispuesto a actuar. Prohens ha respondido recordando que el PSIB votó en contra de la declaración de emergencia habitacional impulsada por el Govern y ha rechazado recibir lecciones de un partido que, según ha reprochado, “ha vendido su sede a un sueco”.

Més per Menorca reclama que Europa tenga en cuenta la insularidad

Més per Menorca, por su parte, ha reclamado a las instituciones europeas más ambición y el reconocimiento explícito de las particularidades de los territorios insulares. Los menorquinistas consideran que la crisis de la vivienda adquiere una dimensión especialmente grave en las islas por la presión turística, la escasez de suelo disponible y la demanda externa. El coordinador general de la formación, Esteve Barceló, ha valorado que Bruselas sitúe la vivienda asequible entre sus prioridades, pero ha advertido de que no basta con reconocer las herramientas si las condiciones para aplicarlas son “prácticamente imposibles de cumplir”.

El partido defiende que no se pueden exigir los mismos requisitos a un territorio insular que a uno continental y que las futuras normas europeas deben permitir a las administraciones proteger el mercado residencial. Més per Menorca trabaja con la Alianza Libre Europea para analizar la propuesta de la Comisión y explorar vías de incidencia durante su tramitación en el Parlamento Europeo.

La formación menorquinista reclama que las islas dispongan de instrumentos para priorizar el acceso a la vivienda de quienes viven y trabajan en ellas, así como para regular el alquiler turístico cuando este contribuya a reducir la oferta residencial.

La consellera balear de Salud, Manuela García, ha expresado este martes en el Parlament su apoyo a la gerente del Hospital Universitario Son Espases, Cristina Granados, en plena polémica por la sucesión de salidas en la cúpula del centro y la denuncia pública de una extrabajadora, quien asegura haber sufrido situaciones de acoso y humillación durante su etapa en el hospital.

García se ha remitido a las declaraciones realizadas el pasado viernes por el vicepresidente primero y portavoz del Govern, Antoni Costa, en defensa de la responsable del hospital de referencia de Balears. “Lo apoyo y lo suscribo palabra por palabra. Le avala su gestión”, ha aseverado García,

La consellera ha respondido a la diputada socialista Amanda Fernández, quien ha reclamado el cese de Granados y ha advertido de que el clima laboral en Son Espases es “insostenible e irresponsable”. Según la parlamentaria del PSIB, esta situación afecta tanto a los profesionales como a los pacientes y responde a un servicio “desmantelado”.

Fernández ha aludido a la salida continuada de altos cargos del hospital durante la etapa de Granados, que ha cifrado en una docena en medio año. “Hemos sabido que ha habido humillaciones y maltrato”, ha señalado, en referencia también a la reciente marcha de la directora de Enfermería.

García ha atribuido esta última salida a “estrictos motivos personales” y ha defendido la gestión de la gerente. Como ejemplos, ha citado la puesta en marcha de un servicio de Alergología, la mejora de la atención a los pacientes con ictus, la creación de un servicio de cuidados paliativos pediátricos disponible las 24 horas durante todo el año y la inversión de más de 20 millones de euros en el área quirúrgica.

“Estaban bloqueando las UCI y las reanimaciones. Los pacientes de ictus están mucho mejor cuidados. Cuidados paliativos pediátricos 365 días y 24 horas tampoco había. Se han invertido más de 20 millones en el área quirúrgica. Todo eso se ha hecho bajo esta gestión. Por lo tanto, la avala la gestión y se lo vuelvo a repetir”, ha concluido la consellera.

A principios de septiembre, el director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), Javier Ureña, rechazó el cese de Granados, asegurando que “en ningún momento” se ha planteado la posibilidad de apartarla del cargo. Preguntado por los medios, defendió la trayectoria de la gerente así como su experiencia al frente de distintos hospitales. “Tenemos una gerente con mucho conocimiento y experiencia, ha trabajado en muchos hospitales”, incidió.

El Govern balear del PP ha elegido a un exdirectivo del grupo Quirón, Alberto Anguera Puigserver, como gerente de la Agencia de Salud Pública de las Illes Balears, un organismo con competencias en promoción, prevención, protección y vigilancia de la salud. La Agencia fue creada legalmente en 2021 y sus estatutos se aprobaron en 2023, pero su puesta en marcha se ha reactivado este año con la constitución de su Consejo Rector el pasado mes de marzo.

Anguera, quien fue gerente de Área de Quirónsalud entre 2018 y 2024 y anteriormente director territorial de Sanitas, ocupaba hasta ahora la jefatura del Departamento de Prevención de la Enfermedad y Promoción de la Salud del propio Ejecutivo autonómico. El Consell de Govern ha aprobado ahora su nombramiento como director de la Agencia de Salud Pública.

Su relación con Quirónsalud también tiene una vertiente societaria. Según la información registral consultada por elDiario.es, en agosto de 2021 Anguera fue inscrito como apoderado solidario de Integración Sanitaria Balear SL, vinculada a Quirónsalud y titular de varios de sus centros sanitarios en Balears. El poder fue revocado en febrero de 2022, cuando la sociedad fue absorbida por IDCQ Hospitales y Sanidad.

Anguera también pasó por Transportes Sanitarios Clinic Balear, una de las sociedades de Quirónsalud dedicada al transporte sanitario. En julio de 2022, el exdirectivo, quien que entonces ejercía como gerente de la compañía, entregó una ambulancia de su flota destinada a Ucrania.

El Govern de Marga Prohens destaca, en la nota de prensa difundida tras el nombramiento, que Anguera cuenta con más de 30 años de experiencia y que ha desarrollado su trayectoria tanto en el sector público como en el privado. Entre sus cargos cita dos etapas como director gerente de Atención Primaria de Mallorca, entre 2004 y 2007 y entre 2014 y 2015, su paso por Sanitas entre 2009 y 2013 y su etapa como gerente de Área de Quirónsalud entre 2018 y 2024.

Un hombre del aparato sanitario del PP

Anguera tiene además una trayectoria política previa en el PP. En 2003 se incorporó como concejal al equipo de gobierno popular de Estellencs y en 2007 concurrió como número tres de la candidatura del partido en el municipio.

Su primera etapa al frente de Atención Primaria coincidió con los años del Govern de Jaume Matas. En 2014 regresó a la gerencia de Atención Primaria, durante el Govern de José Ramón Bauzá, después de su etapa en Sanitas. La prensa sanitaria de entonces destacaba precisamente su experiencia tanto en la Administración como en la sanidad privada.

Anguera llega a la dirección de la Agencia después de haber ocupado hasta ahora la jefatura del Departamento de Prevención de la Enfermedad y Promoción de la Salud de la Dirección General de Salud Pública. De hecho, este mismo año ha participado en la elaboración del diagnóstico que servirá de base al Plan Estratégico de Salud de Balears 2026-2030.

La Agencia no es un organismo recién creado: la Ley balear de Salud Pública establece su existencia como organismo autónomo y le atribuye la ejecución de las políticas y servicios de salud pública. Sus órganos superiores incluyen el Consejo Rector y el director ejecutivo. Su puesta en marcha efectiva se ha producido durante esta legislatura. El pasado marzo se constituyó formalmente el Consejo Rector, presidido por la consellera de Salud, Manuela García, en una sesión con la que el Govern aseguró que se “reactivaba” la puesta en marcha del organismo.

El Parlament balear ha dado este miércoles el primer paso para regular la entrada de vehículos en Mallorca. La Cámara autonómica ha tomado en consideración la proposición de ley con la que el Consell Insular busca reducir la saturación de las carreteras mediante la fijación de límites a los coches procedentes del exterior, un techo para los turismos de alquiler y la creación de una tasa con carácter disuasorio.

La decisión adoptada abre formalmente su tramitación parlamentaria y permite avanzar hacia un sistema que establecerá un techo al número de coches que podrán acceder a la isla. La iniciativa ha recibido el respaldo de todos los grupos parlamentarios, con la única excepción de Vox, que se ha abstenido. El Govern de Marga Prohens, por su parte, ha expresado su criterio favorable a que la propuesta continúe su recorrido parlamentario.

Durante el pleno, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha defendido una norma que la institución insular aprobó el pasado mes de junio y que pretende tener aprobada definitivamente antes de que termine 2026, de manera que pueda entrar en vigor durante la próxima temporada turística. El dirigente popular ha presentado la regulación de la entrada de vehículos como la principal medida de contención de la legislatura y como respuesta a lo que ha definido como un “clamor unánime” de la sociedad mallorquina ante la saturación de las carreteras.

No en vano, un estudio de capacidad de carga encargado por la institución concluyó que en 2023 llegaron a la mayor de las Balears unos 400.000 vehículos a través de los puertos, el doble que en 2017. El informe definía dos posibles cantidades de techo vehicular. El primero de ellos, más restrictivo, asciende a 834.263 vehículos. Atendiendo a este tope y teniendo en cuenta las cifras de la semana con mayor movilidad de aquel año, sobrarían en la isla unos 122.000 coches. La segunda propuesta se establece en 863.061 vehículos, de modo que se deberían restar unos 93.600 turismos para no superar este límite.

A juicio de las formaciones que han votado a favor de la toma en consideración, el incremento registrado en los últimos años resulta incompatible con las limitaciones territoriales y de infraestructuras de una isla como Mallorca.

“Nos encontramos en un momento crucial, con cierto malestar en la calle y Mallorca no puede esperar más”, ha aseverado el presidente insular, que ha reclamado a los grupos que aparquen sus diferencias políticas para facilitar una aprobación rápida y con una amplia mayoría. “Es hora de poner en primer lugar a los residentes”, ha añadido.

El Consell trabaja ya en los instrumentos necesarios para aplicar la futura regulación. Entre ellos se encuentra la elaboración de la ordenanza fiscal que deberá concretar el sistema de tasas y un nuevo estudio de carga de la isla, cuyos resultados está previsto presentar en octubre. Según Galmés, disponer de estos elementos permitirá aplicar la ley “con la máxima celeridad y eficiencia” una vez sea aprobada por el Parlament.

El PP reivindica la ley y la izquierda reprocha el retraso

Durante el debate, el PP ha defendido que la regulación “no llega tarde”. La diputada Margalida Pocoví ha aprovechado su intervención para reprochar a los partidos de izquierdas que no impulsaran una medida similar durante las anteriores legislaturas. Los grupos de la izquierda, pese a votar a favor de iniciar la tramitación, han coincidido en cuestionar el calendario elegido por el Consell, recoge Europa Press.

La socialista Amanda Fernández ha acusado a Galmés de haber tenido la ley “secuestrada durante gran parte de la legislatura” y ha sostenido que ahora llega “tarde y mal”. A su juicio, los plazos responden a “un cálculo electoral”. También ha reprochado al PP que durante la legislatura no haya aprobado otras medidas relacionadas con la contención turística.

En términos similares se ha expresado el diputado de Més per Mallorca Ferran Rosa, quien ha acusado al presidente del Consell de actuar “cuando le conviene electoralmente”. Rosa ha sostenido que el PP nunca ha querido limitar la entrada de vehículos y ha advertido de que la aprobación se produce en un momento próximo a las elecciones, pero demasiado tarde para que la medida tenga efectos inmediatos.

Més per Menorca también ha votado a favor, aunque su portavoz, Josep Castells, ha advertido de que algunos aspectos del texto están “poco concretados” o presentan una regulación que considera deficiente. Unidas Podemos ha respaldado igualmente la iniciativa y ha reclamado que la regulación vaya acompañada de una mejora del transporte público.

Por su parte, el diputado de Formentera Llorenç Córdoba ha apoyado la proposición al compartir su objetivo de reducir la presión de los vehículos y proteger un territorio con capacidad limitada.

Vox ha optado por la abstención. Su diputada Manuela Cañadas ha reconocido que la saturación de las carreteras es “real y muy grave”, pero ha rechazado que limitar la entrada de vehículos sea la solución. Cañadas ha acusado al PP y al PSOE de ser “los creadores de este problema” y ha cuestionado que la medida responda a una estrategia de mejora de las infraestructuras, al considerar que busca principalmente “recaudar”.

Un techo de vehículos y una tasa de entrada

La futura ley permitirá establecer un techo anual o bianual de vehículos que podrán acceder a Mallorca y una tasa asociada a su entrada. Las navieras serán las encargadas de gestionar las autorizaciones y cobrar las tasas. El sistema prevé también limitar el número de vehículos de alquiler que podrán entrar en la isla y establece un régimen sancionador con multas de entre 300 y 30.000 euros.

La autorización y el pago se tramitarán de forma telemática mediante el procedimiento que concrete la ordenanza fiscal. Además, está prevista la instalación de cámaras en los puertos mallorquines para detectar las matrículas y controlar los accesos.

La regulación contempla excepciones. Los no residentes que dispongan de una vivienda en Mallorca podrán acceder con un vehículo, mientras que los residentes de otras islas podrán quedar fuera de la limitación cuando necesiten desplazarse por motivos médicos. También se contemplan desplazamientos por razones médicas o familiares de residentes en Mallorca que se encuentren fuera de la isla.

No estarán sujetos a la tasa los vehículos de personas con movilidad reducida acreditada, los vehículos oficiales y de servicio público, ni los destinados al transporte de bienes, mercancías y distribución comercial.

Con la toma en consideración aprobada, la proposición inicia ahora su recorrido parlamentario. El objetivo que ha marcado el Consell es que el proceso concluya antes de 2027 y que la limitación pueda aplicarse ya en la próxima temporada turística.

El Govern balear ha negado que el reciente cese de la exdirectora general de Costas y Litoral Maria Joaquina Ferrer Matas estuviera motivado por “presiones externas” o por un expediente concreto en plena polémica por la gestión de las hamacas y sombrillas de las playas de Formentera. Ferrer cobró relevancia pública el pasado mes de abril tras denunciar un intento de soborno de 20.000 euros por parte de un empresario, una actuación por la que recibió entonces el respaldo y los elogios del Ejecutivo autonómico.

Así lo ha puesto de manifiesto este martes el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha defendido en el Parlament que nunca se ha inmiscuido en resoluciones concretas y que su única exigencia ha sido tratar de “cumplir el tiempo” en la tramitación de los expedientes.

El conseller ha respondido así a una pregunta formulada por la diputada de Més per Mallorca Maria Ramon, que ha cuestionado el relevo de Ferrer y ha sostenido que la exdirectora “cumplía con la normativa”. La ecosoberanista ha acusado a Lafuente de tener “un problema con los criterios técnicos que no dicen lo que le gustaría que dijeran” y ha considerado que quien debería dimitir es él. “Maria Joaquina Ferrer no tendría que haber sido cesada”, ha remarcado.

El cese de Ferrer, funcionaria de carrera y licenciada en Derecho por la Universitat de les Illes Balears (UIB), se produjo a principios de agosto después de varias semanas de controversia por las autorizaciones de instalaciones temporales en las playas de Formentera. El Govern justificó entonces la salida por la “pérdida de calidad en la prestación del servicio”, especialmente por la reducción de hamacas y sombrillas autorizadas durante la temporada alta, además de aludir a retrasos en la tramitación de expedientes. El Ejecutivo también reconoció la existencia de “divergencias” entre Ferrer y Lafuente y situó entre los objetivos del relevo mejorar la gestión de una Dirección General considerada especialmente compleja y sensible.

La salida de Ferrer adquirió una dimensión política mayor después de que 21 funcionarios de la Conselleria hicieran pública una carta en su defensa y respaldaran los criterios técnicos y jurídicos aplicados durante su etapa al frente de Costas, tal como ha recordado el portavoz adjunto del PSIB-PSOE Marc Pons. Més per Menorca llegó a reclamar la comparecencia urgente de Lafuente ante el Parlament para que explicara tanto el cese como las acusaciones posteriores de la exdirectora sobre supuestas injerencias políticas en la tramitación de informes y expedientes.

Las hamacas de Formentera, en el centro de la polémica

Durante el pleno, Pons ha situado precisamente el conflicto de las hamacas en el origen de la destitución. Según su relato, Ferrer fue cesada tras negarse a firmar autorizaciones que, a juicio de los socialistas, eran contrarias a la normativa de Costas. “Ni sus presiones, ni sus amenazas hicieron cambiar de opinión a la directora general”, ha afirmado Pons, que ha recordado además el escrito firmado por los 21 funcionarios cuestionando las formas de actuación del conseller.

El socialista también ha cuestionado el perfil del sustituto de Ferrer, Joan Jaume Mulet, exalcalde de Llucmajor, al que ha atribuido un perfil “claramente político” y ha reprochado que careciera, a su juicio, de conocimientos específicos en materia de Costas y Litoral. El socialista ha asegurado que Mulet autorizó posteriormente las instalaciones de las playas de Formentera “exactamente en las condiciones que le marcaron los empresarios” y sin informes técnicos que justificaran esas autorizaciones.

El Govern, sin embargo, ha defendido que las nuevas resoluciones respetaron la normativa. Lafuente ha explicado que no se aceptó íntegramente lo solicitado por el Consell de Formentera y que se redujo el número de hamacas y sombrillas inicialmente planteado. “Se cumplió a rajatabla la normativa y se dictaron las resoluciones conforme a los informes jurídicos de la Conselleria”, ha asegurado.

El conflicto tuvo un nuevo capítulo el 18 de agosto, cuando el Govern autorizó nuevas concesiones de instalaciones temporales en varias playas de Formentera hasta 2029 después de revisar y modificar las propuestas iniciales. La decisión permitió recuperar parte de las instalaciones que habían sido denegadas durante la polémica, aunque no todas las solicitudes fueron aceptadas. Entre las modificaciones figuraron cambios de ubicación, reducción de superficies ocupadas y condiciones vinculadas a la protección de los sistemas dunares y la línea de pleamar.

El caso de la fiesta del eclipse

Pons ha incorporado además a su intervención la polémica autorización de una fiesta celebrada en s'Arenal de Sant Antoni coincidiendo con el eclipse solar. El diputado ha denunciado que el permiso de Costas no llegó al Ayuntamiento hasta 15 días después de la celebración y que el documento estaba “firmado a mano y sin fecha” por el nuevo director general.

Lafuente ha rechazado las acusaciones y ha acusado al socialista de “montar el escándalo y decir cosas absurdas”. En relación con el conjunto de la polémica sobre el cese de Ferrer, el conseller ha llegado a hablar de “tráfico de influencias”.

La controversia sobre la fiesta no se ha cerrado. El PSOE ha pedido recientemente al Govern que investigue las celebraciones privadas organizadas en agosto en Sant Antoni, entre ellas el Festival Eclipse Solar de s'Arenal, y que determine si el montaje y la ocupación del dominio público marítimo-terrestre contaron con todas las autorizaciones necesarias.

El cese de Ferrer ha cobrado especial relevancia por su perfil y por el giro producido en pocos meses. La exdirectora general había sido públicamente respaldada por el Govern en abril después de denunciar un presunto intento de soborno de 20.000 euros por parte de un empresario. Cuatro meses después, fue relevada en plena crisis por la gestión de las playas de Formentera.

El Govern ha defendido desde el primer momento que su salida no estaba relacionada con aquel episodio, sino con la necesidad de mejorar el funcionamiento de la Dirección General de Costas y Litoral. El relevo recayó en Joan Jaume Mulet, cuyo nombramiento fue aprobado por el Consell de Govern el mismo día en que se hizo efectivo el cese de Ferrer.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha convertido este viernes el Consolat de Mar en el escenario de un nuevo choque con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La líder autonómica ha comparecido de forma extraordinaria para solicitar “por todos los canales formales” información acerca de un informe policial que, según señaló Sánchez este jueves en el Congreso, aludía, días antes de la crisis de Ceuta, a la llegada de personas migrantes por vía marítima a la Península y a Balears. La dirigente del PP ha acusado al Gobierno central de “ocultar” una información que, a su juicio, comprometía la seguridad de las islas, y ha reclamado saber qué hizo el Estado desde que tuvo conocimiento de ella y por qué no fue comunicada a las autoridades baleares.

“Creemos que es muy grave la ocultación de esta información tan sensible al Govern de las Illes Balears”, ha incidido Prohens, quien, interpelada acerca de una posible ofensiva conjunta con otros presidentes autonómicos del PP, ha asegurado que todavía no ha hablado con sus homólogos de Murcia y la Comunitat Valenciana, aunque ha admitido que se trata de un problema que afecta a todo el arco mediterráneo.

En concreto, durante su comparecencia en la Cámara Baja para dar explicaciones sobre la situación de Ceuta, Sánchez negó que la Policía Nacional hubiera advertido de un “riesgo alto” en la ciudad autónoma, si bien confirmó la existencia del informe y precisó que éste se refería a la Península y a Balears: “Se ha dicho también que la Policía Nacional había advertido una semana antes de un riesgo alto en Ceuta. Y no es correcto. Ese informe existió, pero hablaba exclusivamente de las llegadas marítimas a la península y a las Islas Baleares y no, por tanto, a la frontera ceutí”, fueron sus palabras.

El documento citado por el presidente se enmarca en la información elaborada por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), dependiente de la Policía Nacional, en los días previos a la crisis de Ceuta. Sánchez explicó que el organismo redactó notas los días 28 y 29 de julio y defendió que ninguna permitía anticipar lo que finalmente ocurrió.

Prohens, sin embargo, ha llevado más allá las palabras de Sánchez, interpretándolas como una confirmación de que Balears se encontraba bajo una alerta de “alto riesgo” ante una posible “entrada masiva” de inmigración irregular que, a juicio de la líder autonómica, “compromete la seguridad de nuestras islas”.

La presidenta balear ha explicado que las manifestaciones de Sánchez acerca del informe provocaron en el Govern “primero sorpresa y después honda preocupación” por la posibilidad de que se les estuviera ocultando información. No obstante, ha reivindicado la singularidad de Balears por su condición insular, su proximidad a la costa africana y la limitación de sus recursos, y ha puesto como ejemplo la situación de Formentera, que, según ha denunciado, ha obligado al Govern a aportar más de 10 millones de euros para garantizar unos servicios que no son competencia autonómica. Sin esa ayuda, ha sostenido, el Consell de Formentera estaría “prácticamente en quiebra”.

Prohens ha avanzado que solicitará “por todos los canales de información, por todos los canales formales” información sobre las comunicaciones de la Policía Nacional, y también “directamente al presidente del Gobierno de España”. “También pediremos explicaciones sobre por qué no se nos ha informado debidamente, con transparencia y desde la responsabilidad y lealtad institucional que se debería requerir cuando hablamos de la protección y del control de nuestras fronteras y de la seguridad de los ciudadanos de Balears”, ha incidido.

La cuestión adquiere aún más relevancia, ha subrayado, teniendo en cuenta que Sánchez se reunió con ella en el Consolat de Mar el pasado 29 de julio, apenas un día antes de la entrada masiva de personas migrantes en Ceuta. “No solo no se nos informó, sino que dijo que las cifras de llegadas de inmigración irregular a nuestras costas mejorarían”, ha insistido la líder conservadora.

En esta línea, Prohens ha subrayado que la cuestión fundamental ahora no es únicamente quién recibió esos documentos, sino qué respuesta dio el Gobierno central una vez que tuvo conocimiento de ellos. “¿Qué se hizo después de esta alerta? ¿Qué servicios extraordinarios, desde antes del 30 de julio, ahora a principios de septiembre se han puesto en marcha?”, se ha preguntado la presidenta balear, quien ha insistido en que quiere conocer si se activaron planes específicos, qué medios policiales fueron reforzados, qué recursos extraordinarios se pusieron a disposición de Balears y si se realizaron gestiones con los países de origen o tránsito para evitar nuevas llegadas. También ha planteado que se aclare si se activó Frontex en Balears y ha reclamado que la agencia europea tenga una presencia permanente en las fronteras marítimas de las islas.

Prohens: “Yo no acuso de nada”

Asimismo, preguntada sobre si el Govern estudia emprender algún tipo de acción legal contra el Ejecutivo central, Prohens ha rebajado el tono y ha centrado su respuesta en exigir información. “Yo no acuso de nada”, ha respondido, para insistir después en que lo que considera imprescindible es recibir los informes y conocer qué medidas se adoptaron después de la alerta. La presidenta ha definido el asunto como una cuestión que trasciende el enfrentamiento entre partidos y ha situado la seguridad de Balears en el centro de su reivindicación.

La dirigente popular ha reivindicado un plan específico para Balears, más medios humanos y materiales para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la activación de Frontex para el control de las fronteras marítimas, cerrando su comparecencia con una advertencia dirigida al Gobierno central: si se trata de proteger las fronteras y garantizar la seguridad de las islas, ha dicho, el Govern mantendrá “la mano tendida” para colaborar; pero “si se nos oculta información, si no se actúa, si se mira hacia otro lado mientras se arriesga la seguridad de nuestros ciudadanos, nos encontrarán enfrente”.

El director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), Javier Ureña, ha descartado este miércoles cesar a la gerente del Hospital Universitario Son Espases, Cristina Granados, pese a la acumulación de salidas en el equipo directivo del principal centro hospitalario público del archipiélago y a la reciente denuncia pública de una extrabajadora, quien asegura haber sufrido situaciones de acoso y humillación durante su etapa en el hospital.

Tras la presentación de un nuevo convenio con la Universitat de les Illes Balears (UIB), y preguntado por un eventual relevo de Granados, Ureña ha cerrado filas en torno a la gerente, asegurando que “en ningún momento” se ha planteado la posibilidad de apartarla del cargo. El máximo responsable del IB-Salut ha defendido la trayectoria de Granados así como su experiencia al frente de distintos hospitales. “Tenemos una gerente con mucho conocimiento y experiencia, ha trabajado en muchos hospitales”, ha incidido.

En esta línea, ha puesto en valor que, cuando viajan a otras comunidades autónomas, antiguos compañeros o subordinados de Granados se acercan a hablar de ella “con un ánimo muy constructivo, con muy buenos recuerdos y con la sensación de que han aprendido mucho a su lado”.

La defensa pública de Granados llega en un momento de creciente controversia en torno a la gestión del hospital. La semana pasada, el director de Gestión y Servicios Generales, José Antonio Visedo, comunicó su voluntad de dimitir tras aproximadamente un año y medio en el cargo. Su marcha se suma a una cadena de bajas en la estructura de Son Espases -tanto equipo en el equipo directivo de Granados como en la gerencia- desde la llegada de la actual gerente en septiembre de 2023, coincidiendo con el arranque de la actual legislatura del PP.

Al respecto, Ureña ha reconocido que en Son Espases “ha habido algunas salidas”, aunque ha tratado de relativizar su alcance al señalar que se trata del centro con “el equipo directivo más grande” y que algunas de las personas cuya marcha se ha publicado “formalmente no son directivos”.

“Ha habido salidas, algunas propuestas por la dirección y otras atribuibles completamente a circunstancias personales que evidentemente respetamos”, ha señalado. Ureña ha añadido que, al tratarse de un centro de trabajo con más de 6.000 profesionales, un elevado presupuesto y numerosos servicios, “puede haber situaciones de tensión”.

La denuncia de “una superviviente de la gerencia de Son Espases”

Ureña se ha pronunciado, asimismo, sobre la denuncia pública efectuada este martes por Sabrina Vidal, periodista que desde noviembre de 2024 dirigía el gabinete de comunicación de Son Espases, un escrito en el que llega a definirse como “una superviviente de la gerencia de Son Espases”. Ni siquiera sé cómo he llegado hasta aquí, aunque reconozco que con esta estrategia sí logró callarme, apagarme“, confiesa en alusión a la gerencia.

La extrabajadora relata una serie de episodios que, según su testimonio, se produjeron durante el año y medio que trabajó en el hospital, como el hecho de que, en varias reuniones semanales de la dirección y delante de unas 15 personas, recibiese en distintas ocasiones la frase “tú cállate que no tienes ni idea”. También señala que durante la Navidad fue apartada de la fotografía de familia de la dirección con la expresión “tú no, tú vete”.

Vidal, quien no identifica expresamente a Cristina Granados pero sí alude a la “gerencia”, asegura que la persona a la que atribuye estos comportamientos acudía “a menudo” a sus superiores para decir que ella “no le servía”, quería que le pidiera perdón para mejorar la relación y pretendía controlar “cada movimiento” que hacía. La veterana periodista asegura asimismo que fue apartada de reuniones, reprendida públicamente en cadenas de correos y desautorizada profesionalmente. “Me puenteó, me regañó en hilos de mails frente a nuevo público, me dijo que hacía mal mi trabajo sin leer mis informes…”, recuerda.

“Aprendí a sobrevivir”, escribe, antes de explicar que llegó a presentar proyectos a través de compañeros para evitar enfrentamientos. La exresponsable de Comunicación afirma que recopiló pruebas durante meses con la intención de denunciar la situación y asegura que se le indicó que el procedimiento adecuado pasaba por crear un grupo de investigación. Según su versión, la persona que debía dirigirlo o designarlo era la propia gerente. También afirma que solicitó un cambio de centro que finalmente le fue concedido.

La situación terminó afectando a su salud: relata que acudió a tres psicólogas, sufrió ataques de ansiedad, permaneció dos meses de baja y solicitó un traslado de puesto. Finalmente abandonó el IB-Salut. La conexión con Granados deriva de que el gabinete de Comunicación dependía directamente de la gerencia del hospital.

El IB-Salut asegura que no conocía el caso

Al respecto, el director general ha afirmado que no recibieron ninguna comunicación sobre el supuesto acoso ni a través del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales ni mediante el canal interno de denuncias de la organización. Ureña ha destacado que ese canal ha recibido este año unas 2.800 denuncias, avisos o reclamaciones.

El alto cargo ha rebajado el alcance del conflicto, señalando que lo que sí había detectado el IB-Salut eran “desavenencias técnicas a nivel profesional”, una lectura que contrasta con lo relatado por la comunicadora. Según la versión de Ureña, se ofreció a Vidal la posibilidad de cambiar de centro de trabajo. “Esta persona cambió de hospital y estaba ahí ejerciendo cuando dejó el IB-Salut”, ha señalado. El máximo responsable del IB-Salut ha agradecido sus servicios y le ha deseado una pronta recuperación, al tiempo que ha situado “el bienestar de los profesionales” entre sus “máximas preocupaciones”.

Por su parte, el sindicato de enfermería SATSE ha reclamado la apertura extraordinaria del Comité de Seguridad y Salud y de una Junta de Personal para abordar la situación denunciada por Vidal y determinar, si procede, la apertura de un expediente por acoso laboral. Asimismo, ha solicitado la presencia de Cristina Granados para que dé explicaciones no solo sobre la denuncia de la antigua responsable de Comunicación, sino también sobre la sucesión de dimisiones y ceses que se han producido en la estructura directiva del hospital.

La Junta de Personal está llamada a abordar la situación mientras el IB-Salut mantiene su respaldo a Granados y descarta por ahora cualquier relevo.

Cristina Granados llegó a Son Espases en septiembre de 2023 con un amplio currículum en gestión hospitalaria. Médica especialista en Admisión y Documentación Clínica, ha desarrollado buena parte de su carrera en puestos de responsabilidad en hospitales públicos y privados de distintas comunidades autónomas, entre ellos los de Móstoles, Guadalajara, Toledo y Salamanca, además del Hospital Universitario de Torrejón. Antes de incorporarse al IB-Salut también ocupó responsabilidades directivas en Quirónsalud. El Govern de Marga Prohens destacó precisamente su experiencia al nombrarla gerente del principal hospital de Balears en sustitución de Josep Pomar.

Los otros conflictos de Son Espases

La polémica se suma a otros conflictos recientes en Son Espases, entre ellos las denuncias sindicales sobre la situación recurrente de colapso en el servicio de Urgencias. En este sentido, USAE denunciaba el pasado mes de abril “la insostenible situación que se vive diariamente en este servicio”, aseverando que habían llegado a concentrarse hasta 70 pacientes pendientes de ingreso que acumulaban hasta 118 horas de espera. USAE criticó que la gerencia del Hospital “continuase sin adoptar un protocolo de actuación” ante sus sistemáticas denuncias y la “nefasta gestión que se está haciendo de este servicio de urgencias”.

Asimismo, SATSE acusó en agosto al IB-Salut de “poner en riesgo” la seguridad de enfermeras y recién nacidos en Neonatología de Son Espases por la falta de profesionales. El sindicato alertó de que la unidad, con 12 plazas, había llegado a atender a 16 pacientes sin aumentar la plantilla, lo que había obligado en múltiples ocasiones a una enfermera a atender a tres pacientes de UCI neonatal, frente a la ratio habitual de dos.

SATSE denunció además turnos sin cubrir, acumulación de horas extraordinarias y un “agotamiento” de las profesionales, así como nueve plazas de matrona sin cubrir en el área materno-infantil. La entidad aseguró haber comunicado el riesgo al Comité de Seguridad y Salud y amenazó con trasladar el asunto a otros órganos, incluidos los judiciales.

Dos días antes, el Govern había puesto el foco en el incremento de recursos humanos de Son Espases. En un comunicado, la Conselleria de Salud aseguró que el hospital había aumentado su plantilla un 8% desde 2023, con 441 profesionales más, entre ellos 320 incorporaciones de enfermeras y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) y 78 médicos especialistas. Según los datos facilitados por el Ejecutivo, la plantilla del hospital de referencia de Balears asciende actualmente a 5.822 trabajadores.

El propio Ejecutivo había difundido el 29 de julio una información específica sobre la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) de Neonatología, centrada en la incorporación de 27 sillones ergonómicos destinados a mejorar el bienestar de los pacientes y sus familias. La comunicación, sin embargo, no hacía referencia a las ratios de enfermería ni a la cobertura de los turnos en Neonatología, que son precisamente algunos de los aspectos sobre los que SATSE alertó posteriormente al denunciar la falta de profesionales en la unidad.

En octubre de 2025, la presidenta del Ejecutivo balear, Marga Prohens, clausuró en Son Espases el acto por el 15º aniversario del hospital y destacó ante sus trabajadores su “implicación, trabajo y esfuerzo”. La gerente participó también en la jornada y puso en valor los avances del centro, atribuyendo los hitos sanitarios alcanzados al trabajo de sus profesionales y asegurando que “cada uno de vosotros es necesario”. La consellera de Salud, Manuela García, definió por su parte Son Espases como un “hospital más humano” gracias al compromiso de sus trabajadores y situó a los profesionales como “el valor más importante” del centro.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado la concesión de una medalla simbólica “a la dignidad profesional” de los policías locales y funcionarios municipales que fueron investigados, acusados y finalmente exonerados en varias de las piezas del conocido como caso Cursach, impulsado hace más de diez años para indagar las supuestas prácticas corruptas desplegadas en el seno de la Policía Local con el objetivo de proteger los intereses del magnate Bartolomé Cursach.

El reconocimiento se materializará este mes en un acto público de “desagravio” en el que Cort pretende expresar su reconocimiento a los afectados -unos 80 en total- y contribuir a “devolverles su honor”. Así lo ha anunciado en rueda de prensa el teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, Llorenç Bauzá, quien se ha referido a los homenajeados como “víctimas” que “sufrieron las consecuencias” de las pesquisas de la causa Sancus (como se denominó la operación policial que dio inicio al caso Cursach), al tiempo que ha defendido que el acto, que tendrá lugar en el cuartel de San Fernando, debería haberse celebrado antes como una forma de restablecer su honor.

La iniciativa llega después de años de reclamaciones de los agentes y funcionarios afectados para que el Ayuntamiento asumiera institucionalmente el perjuicio que, sostienen, sufrieron durante la investigación. En julio de 2023, el pleno de Cort ya aprobó la celebración de un acto público de desagravio y reconocimiento, además de reclamar la restitución de los derechos de los empleados municipales afectados.

La demora en su ejecución llegó incluso a los tribunales: en 2025, un juzgado de lo Contencioso-Administrativo condenó al Ayuntamiento a indemnizar con 300 euros a uno de los funcionarios afectados por vulnerar su derecho de petición al no responder a su solicitud para concretar el homenaje.

Casi un millón de euros en compensaciones

Por otro lado, la Junta de Gobierno también ha aprobado la concesión de unos 140.000 euros para uno de los afectados, una cantidad que, según ha señalado Bauzá, se suma al casi millón de euros abonados en indemnizaciones y pagos a los policías y funcionarios. Tras la absolución de los investigados, el Ayuntamiento debía afrontar tanto los salarios dejados de percibir por funcionarios suspendidos de empleo y sueldo como sus gastos de defensa.

El reconocimiento municipal se produce tras el vuelco judicial sin precedentes que sufrió el caso Cursach. Las investigaciones, iniciadas a partir de un supuesto amaño de oposiciones de la Policía Local y posteriormente ampliadas a numerosas líneas de investigación sobre una presunta trama de corrupción vinculada al empresario del ocio nocturno Bartolomé Cursach, llegaron a afectar a cerca de 70 policías locales, además de empresarios y funcionarios.

Una de las piezas más relevantes fue la relativa al supuesto amaño del concurso de la ORA de Palma. En octubre de 2016 fueron detenidos varios empresarios y los nueve funcionarios que integraban la mesa de contratación, además de familiares del entonces concejal del PP Álvaro Gijón. Las investigaciones contra ellos acabaron archivadas por falta de indicios delictivos.

El macrojuicio contra Cursach y otros acusados terminó finalmente con la absolución del empresario y del resto de procesado. El giro se acentuó cuando el Tribunal Superior de Justicia de Balears condenó en noviembre de 2023 al exjuez Manuel Penalva y al exfiscal Miguel Ángel Subirán a nueve años de prisión por delitos de obstrucción a la Justicia, coacciones y omisión del deber de perseguir filtraciones durante la instrucción en relación con la pieza relativa al exconcejal Gijón. El tribunal consideró probado que ambos habían desplegado prácticas ilegales para apuntalar sus investigaciones y presionar a varios investigados.

La sentencia también condenó a tres policías del Grupo de Blanqueo que trabajaron con ellos, mientras que otro agente fue absuelto. Las penas contra Penalva y Subirán, no obstante, no son firmes, ya que fueron recurridas en casación ante el Tribunal Supremo.

El propio contenido del denominado chat Sancus, en el que participaban Penalva, Subirán y varios policías nacionales, fue una de las piezas centrales de la causa posterior contra los investigadores. En las conversaciones aparecieron mensajes que, según la acusación, evidenciaban una actitud de presión hacia algunos de los investigados y testigos. Con el homenaje, Cort pretende cerrar institucionalmente una de las etapas más conflictivas de la historia reciente de la Policía Local de Palma y reconocer a los funcionarios que fueron investigados y, en distintos casos, detenidos, encarcelados o apartados temporalmente de sus puestos y que finalmente quedaron fuera de las acusaciones.

El Govern está trabajando en la elaboración del techo de gasto y del anteproyecto de los presupuestos para 2027 con “total normalidad” y con la voluntad de sacarlos adelante.

En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, el portavoz y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha subrayado que “intentará” que las cuentas autonómicas se puedan aprobar.

“Espero que lo podamos conseguir pero no dependerá exclusivamente de nosotros”, ha señalado, a la vez que ha defendido que tener presupuestos aprobados en tiempo y en forma es positivo para los ciudadanos de Balears.

De cara al próximo y último curso político antes de las elecciones de 2027, Costa ha reivindicado que el Ejecutivo continuará con su hoja de ruta establecida en el programa de gobierno del PP.

El Govern ha defendido este viernes sus políticas en materia turística en lo que va de legislatura y ha destacado ser “consciente del malestar”, ante la convocatoria de la cadena humana de este sábado contra la masificación turística.

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha explicado en rueda de prensa posterior al Consell de Govern que el Ejecutivo ha limitado el número de plazas turísticas, se ha establecido un techo de plazas, se han eliminado pisos turísticos -con las sanciones más altas de la historia en oferta turística- y han limitado el número de cruceros y la entrada de vehículos en Eivissa y Formentera, algo que llegará también a Menorca y Mallorca durante este curso.

Respecto de las protestas contra la masificación turística, el Govern ha expresado su “respeto a la libertad de expresión siempre que las manifestaciones se produzcan de forma pacífica”.

Este sábado habrá una cadena humana para denunciar la masificación en la que los manifestantes podrán trasladar en papel, a través de voluntarios de la organización, sus reclamaciones al Govern. Costa ha destacado en este sentido el Ejecutivo “siempre atiende las demandas” y “lee los planteamientos” que les llega.

Por otro lado, Costa ha evitado valorar la acusación de siete manifestantes del 26J. En concreto, ha subrayado que las valoraciones que se pueden hacer son “mínimas” y ha derivado la responsabilidad a la Delegación del Gobierno dado que “la investigación policial se lleva desde ahí”.

El GOB ha denunciado públicamente la situación “inadmisible” del aparcamiento ilegal de Cala Llombards y ha reclamado a Costas y al Ayuntamiento de Santanyí que hagan efectivo su cierre “inmediatamente”.

La organización denunció ante las administraciones la ocupación de este espacio del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) hace cuatro años y un proceso administrativo y judicial confirmó sus evidencias, según ha señalado el GOB en un comunicado.

No obstante, ha lamentado que el Ayuntamiento de Santanyí no ha retirado la señalización del aparcamiento, tal y como ordenó la Demarcación de Costas, ni Costas ha adoptado las medidas necesarias para impedir que los coches continúen aparcando sobre la playa.

Los ecologistas llevan años advirtiendo de la degradación de la zona dunar de Cala Llombards, comenzando en 2018 cuando denunciaron la destrucción con maquinaria de una formación dunar de unos 300 metros cuadrados situada en la costa norte de la playa.

Posteriormente, la delimitación de una zona de protección permitió una recuperación para parcial de la vegetación. Sin embargo, han criticado, el mantenimiento del aparcamiento “ha continuado impidiendo la recuperación completa” del sistema dunar.

En mayo de 2022 el GOB volvió a denunciar ante Costas, el Ayuntamiento, la Conselleria de Medio Ambiente y la Agencia de Defensa del Territorio la existencia del aparcamiento y reclamó que, en caso de confirmarse la ilegalidad, fuera clausurado.

A raíz de esta denuncia, han explicado, el Servicio de Vigilancia de Costas inspeccionó el espacio. El expediente administrativo, reproducido ahora en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, subraya que el aparcamiento está en una superficie catalogada como playa.

“Por tanto, el estacionamiento y la circulación de vehículos están prohibidos de acuerdo con el artículo 72.2 del Reglamento General de Costas”, han remarcado los ecologistas, agregando que Costas constató que no había ninguna autorización para ocupar el dominio DPMT como aparcamiento.

La Demarcación de Costas pidió al Ayuntamiento que cerrarael aparcamiento y señaló que instalaría cartelería sobre la prohibición de estacionar.

El Ayuntamiento, siempre según ha relatado el GOB, interpuso un recurso defendiendo que disponía de una autorización concedida en 2018 para delimitar las vías de acceso y salida de la playa. Un argumento rechazado por el TSJIB el pasado mayo en una sentencia.

Para la organización, es “absolutamente injustificable” que tras cuatro años de requerimientos, expedientes y recursos judiciales, “la ilegalidad continúe materialmente sobre el terreno como si nada hubiera pasado”.

Con todo, ha reclamado al Ayuntamiento y a Costas que asuman sus responsabilidad y actúen “de forma inmediata”. “La protección del dominio público y de la zona dunar de Cala Llombards no necesita más expedientes ni más años de espera: necesita que las administraciones hagan cumplir de una vez la legalidad”, han concluido.

El Govern activará este sábado el plan Inunbal ante el inicio de la época de danas y tormentas “más virulentas, violentas y frecuentes” por el calentamiento del mar y el riesgo de inundaciones como las que se produjeron el año pasado en Eivissa.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha explicado este viernes en una rueda de prensa que se han preparado distintos protocolos para que la ciudadanía sepa cómo actuar en diferentes ámbitos como comercios, centros escolares o campos de fútbol.

El plan se activará en fase de prealerta, lo que implica compartir información, analizar previsiones meteorológicas y revisar mecanismos de comunicación, de manera que, “si llega una situación adversa”, la respuesta sea “rápida y coordinada”.

Prohens ha destacado la importancia de “inculcar la cultura de la autoprotección” y de “ser conscientes del riesgo que tiene” vivir en Balears. En este sentido, ha señalado que el mayor peligro del archipiélago son las inundaciones.

Según ha explicado, esto se debe a que el mar está “muy caliente”, con una temperatura superior a los 30 grados, algo que “anticipa fenómenos más violentos”.

Con la prealerta del plan de Inunbal, el Govern ha solicitado información a los principales investigadores e instituciones científicas de Balears, como la Universitat de les Illes Balears (UIB), la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) o el Consejo Asesor del Cambio Climático.

Prohens ha indicado que los expertos avisan que el calentamiento no solo afecta a la superficie, sino que se está produciendo cada vez a mayor profundidad, relacionado con olas de calor más intensas y prolongadas y con una aceleración de los efectos del cambio climático en el Mediterráneo.

Ante la llegada de la época de danas, tormentas y posibles inundaciones, Prohens ha añadido que “el riesgo cero no existe” y que el sistema ES-Alert está “perfectamente” implantado.

Limpieza de torrentes

Una de las actuaciones del Govern para evitar posibles inundaciones es el mantenimiento y la limpieza de torrentes. En concreto, el Govern ha actuado sobre 486 kilómetros de torrentes en las Islas.

Asimismo el Ejecutivo balear ha destinado una línea de 300.000 euros en ayudas a propietarios de fincas colindantes con torrentes para que puedan realizar la limpieza de sus tramos.

El ritmo de actuación también se ha incrementado este año. En concreto, mientras el año pasado a estas alturas se había actuado sobre 50 kilómetros, a finales del pasado mes de julio ya se había intervenido sobre 67 kilómetros.

Protocolos

Prohens ha indicado que se han desarrollado varios protocolos para la autoprotección de los ciudadanos. Uno de ellos, en centros educativos, que se comenzará a aplicar a partir del curso 2026-2027 y que define las actuaciones antes, durante y después de la emergencia.

También se pondrá en marcha 'Educación X Emergencias', que convertirá a Balears en la primera comunidad autónoma en desarrollar este modelo formativo de manera coordinada entre el sistema educativo y Protección Civil.

En el ámbito comercial, se ha elaborado una guía práctica ante lluvias intensas, tormentas e inundaciones, con indicaciones en un “cartel práctico” sobre cómo actuar antes, durante y después de un episodio adverso para proteger a las personas, los establecimientos y las instalaciones.

Por otro lado, Emergencias y la Federación Balear de Fútbol han desarrollado un protocolo de actuación en estadios ante alertas de protección civil. Prohens ha informado que este protocolo se prevé ampliar a otras modalidades deportivas que se practiquen al aire libre.

Finalmente, el Govern ha iniciado una nueva campaña institucional de concienciación y autoprotección bajo el lema 'La mejor protección empieza antes de la tormenta', que utiliza ilustraciones e infografías con un lenguaje sencillo y accesible para recordar a la ciudadanía qué medidas puede adoptar antes de que llegue un episodio meteorológico adverso.

“No podemos evitar que se produzcan estos fenómenos, pero sí podemos hacer todo lo que está en nuestras manos para ofrecer la máxima protección y seguridad a los ciudadanos y minimizar sus efectos”, ha apuntado Prohens.

Ampliación de la red TetraIB

En cuanto a innovación y comunicaciones de emergencias, la Agencia Balear de Digitalización, Ciberseguridad y Telecomunicaciones (IB Digital) ha continuado ampliando la red pública de emergencias TetraIB, tras instalar 30 antenas.

Además, la Agencia cuenta con tres estaciones de comunicaciones transportables que pueden llevar cobertura a cualquier punto de las Islas en caso de emergencia.

Al inicio del proyecto, la cobertura en el archipiélago era del 83,7 por ciento y, con las actuaciones ejecutadas, la cobertura exterior alcanza el 91,2 por ciento del territorio y, en el caso de las zonas pobladas, el 98,6 por ciento.

El Partido Animalista Pacma ha celebrado este jueves los resultados de la campaña científica MobiMummy, que ha localizado 48 cachalotes al norte de la isla de Menorca, de los cuales cerca de un 20 por ciento eran crías.

“Esto confirma el extraordinario valor de estas aguas como zona de reproducción y crianza”, han subrayado desde la formación en un comunicado.

En este sentido, han subrayado que “la presencia de madres y crías exige reforzar la protección del área y garantizar la tranquilidad de los animales frente al tráfico marítimo y las actividades recreativas”.

“Una madre con su cría necesita tranquilidad, no embarcaciones persiguiéndola para conseguir una foto. Observar la fauna marina implica respetar su espacio y no alterar su comportamiento”, han señalado.

El partido ha recordado que el cachalote está catalogado en España como especie vulnerable y que la normativa establece un espacio de protección de 500 metros alrededor de los cetáceos.

También han indicado que está prohibido perseguir, tocar o alimentar a los animales, interceptar su trayectoria, atravesar un grupo, separar a una madre de su cría o bañarse y bucear en la zona de exclusión.

“Si los cetáceos se aproximan de manera inesperada, las embarcaciones deben reducir al mínimo su actividad y evitar cualquier maniobra que pueda molestarlos”, han explicado.

Pacma ha solicitado que “la relevancia científica del norte de Menorca se traduzca en medidas eficaces de conservación, mayor vigilancia e información para el sector náutico, turistas y usuarios de embarcaciones de recreo”.

“Menorca alberga un patrimonio marino excepcional. Disfrutarlo también significa asumir la responsabilidad de protegerlo”, han concluido.

La Fiscalía de Balears ha abierto diligencias contra el vicepresidente segundo del Consell de Mallorca y dirigente de Vox, Pedro Bestard, por el supuesto uso supuestamente fraudulento de vehículos oficiales de la institución insular.

La investigación parte de una denuncia presentada por el Grupo Socialista en el Consell centrada en la presunta comisión de un delito de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental, tal como ha adelantado este martes el diario local Última Hora y han confirmado a elDiario.es fuentes próximas al caso.

Los socialistas acusan al vicepresidente de haber utilizado de manera “sistemática y reiterada” varios vehículos del Consell para usos privados y, en determinados momentos, de haber dispuesto de ellos de manera exclusiva, generando gastos de combustible, mantenimiento y otros consumos con cargo a la institución y sin autorización.

No en vano, el conflicto estalló después de que trascendiera que varios de los coches oficiales utilizados por Bestard habían sido vistos estacionados en su domicilio particular. La presencia de los vehículos fuera de las dependencias del Consell abrió las primeras dudas sobre el uso que el vicepresidente hacía de los medios públicos. Bestard defendió entonces que no se trataba de un uso personal y justificó que, cuando su jornada terminaba tarde o tenía varios actos, se llevaba los vehículos a casa “por economía de recursos”. En su comparecencia posterior también reconoció que acudía con ellos a carreras hípicas y a reuniones que no figuraban en su agenda.

La denuncia reclama a la Fiscalía que investigue el uso que Bestard hizo de los vehículos adscritos a su departamento de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes y que determine si los desplazamientos y gastos derivados de su utilización se ajustaron a la normativa. Asimismo, solicita que tome declaración a varios responsables del Consell, entre ellos la Secretaría Técnica del departamento que dirige Bestard, la Secretaría Técnica de Presidencia, el secretario general y la interventora de la institución insular.

También reclama que se incorpore a la investigación toda la documentación relacionada con los vehículos oficiales utilizados por Bestard, incluidos los expedientes administrativos, los registros de desplazamientos, los consumos de combustible, las facturas de mantenimiento y los sistemas de geolocalización. Los socialistas han pedido expresamente a la Fiscalía que requiera al Consell el registro de todos los desplazamientos realizados por Bestard con vehículos oficiales.

Al menos 20 desplazamientos fuera de agenda

La investigación del Ministerio Público se produce después de que el propio Consell encargara un informe interno para esclarecer el uso de estos vehículos. Ese análisis detectó al menos 20 desplazamientos realizados entre mayo de 2025 y abril de 2026 que constaban en los registros de los coches pero no aparecían en la agenda pública del vicepresidente, además de constatar que Bestard utilizaba de manera exclusiva tres vehículos adscritos a su departamento.

El informe interno concluyó que esa conducta “no es apropiada”, aunque consideró que no podía determinarse de forma categórica que hubiera existido un uso indebido de los coches. El Consell decidió finalmente no adoptar medidas contra el vicepresidente y anunció que regularía mediante una nueva instrucción el uso de los vehículos oficiales.

Ahora será la Fiscalía la que determine si existen indicios suficientes de responsabilidad penal y si los hechos denunciados por el PSOE pueden encajar en los delitos que plantea su denuncia.

Bestard, por su parte, ha defendido en anteriores comparecencias que nunca utilizó los coches oficiales con fines personales y ha atribuido los desplazamientos cuestionados a su actividad institucional. También justificó que en determinadas ocasiones los vehículos permanecieran en su domicilio cuando terminaba tarde su jornada “por economía de recursos” y reconoció que algunos desplazamientos no quedaban registrados en su agenda.

El Govern balear seguirá recurriendo a la vía judicial si el Gobierno decide incluirle en el reparto de los menores extranjeros no acompañados que accedieron a Ceuta procedentes de Marruecos durante la entrada masiva de la semana pasada.

Lo ha confirmado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes, un día después del viaje a Palma del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas.

“El Govern no ha cambiado de opinión, no nos hemos movido ni un milímetro. Por descontado que cumplirá la ley, solo faltaría, pero la ley también nos da una serie de herramientas (...). El estado de derecho nos da las vías para recurrir y seguiremos haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, usando todas las vías para oponernos a una medida que creemos que es contraria a los intereses de Balears”, ha dicho el también vicepresidente primero.

El archipiélago, desde que la reforma de la ley de extranjería permitió este mecanismo, ha acogido a cuatro menores migrantes procedentes de Ceuta, Melilla y Canarias después de que no prosperaran sus recursos. En la actualidad está pendiente de un quinto caso, también recurrido, y de tres propuestas de reubicación de las últimas semanas que todavía no son firmes.

Costa ha confiado en que el Gobierno no tenga intención de derivar menores extranjeros no acompañados al archipiélago después de que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, constatara durante un viaje a Mallorca que los centros están sobreocupados.

“Damos por hecho de que no nos enviarán ni un menor más. Si lo vio la ministra con sus ojos, no creo que cambie de opinión”, ha subrayado. Las tres propuestas de reubicación mencionadas, no obstante, llegaron después de la visita de Rego.

El posicionamiento del Govern llega después de que el vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, asegurara que los gobierno autonómicos del partido “cumplirán con la ley” en relación a los menores migrantes.

También de que Vivas se reuniera en Palma tanto con la presidenta del Ejecutivo balear, Marga Prohens, como con el Rey Felipe VI. En su comparecencia posterior, dijo que la ciudad autónoma no renunciaría al reparto de menores migrantes y apeló a la solidaridad del resto de comunidades.

Sí que puntualizó, no obstante, que “no se le ocurriría” pedirle un esfuerzo a Balears dado que ya tiene sus servicios de atención de menores en una situación de saturación.

Preguntado por el contenido de la reunión entre Prohens y Vivas, el portavoz del Govern ha admitido que no se llegaron a elevados “niveles de concreción”, aunque sí sirvió para trasladarle apoyo al presidente ceutí.

“Balears y todo el Govern estamos a disposición de Ceuta en lo que podamos ayudar, que no es mucho, pero si podemos estamos dispuestos”, ha subrayado.

El Govern ha cesado este viernes a la directora general de Costas y Litoral, Maria Joaquina Ferrer Matas, cuando todavía no se cumple un año de su nombramiento al frente del departamento dependiente de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua. Ferrer cobró relevancia pública el pasado mes de abril tras denunciar un intento de soborno de 20.000 euros por parte de un empresario, una actuación por la que recibió entonces el respaldo y los elogios del Ejecutivo autonómico.

La destitución ha sido aprobada en el Consell de Govern, tal como ha anunciado el portavoz del Ejecutivo autonómica, Antoni Costa, y llega en plena controversia por la gestión de varias concesiones del servicio de playas de Formentera. En su lugar, ha sido nombrado Joan Cristòfol Jaume, quien fue alcalde de Llucmajor entre 2011 y 2015 y ha desempeñado distintos cargos en el Consell de Mallorca.

Durante su comparecencia, Costa ha agradecido el trabajo desarrollado por Ferrer durante el último año y ha justificado la elección de Jaume en la apuesta del Ejecutivo por “reforzar” la Dirección General de Costas apostando por un perfil que “aporta una amplia experiencia en gestión pública e institucional” en una etapa que ha considerado “clave” para “consolidar las competencias autonómicas en materia de costas y litoral”.

Según informó este jueves Diario de Mallorca, el relevo respondería a la forma en que se tramitaron los expedientes de las concesiones del servicio de playas en la menor de las Pitiüses. El conflicto estalló después de que la Dirección General de Costas declarara la caducidad de varias concesiones de playas, una decisión que abrió un enfrentamiento con el Consell de Formentera y con los concesionarios afectados. La gestión de estos expedientes, que afectan a servicios como hamacas, sombrillas y otros equipamientos del dominio público marítimo-terrestre, ha generado un intenso debate político y administrativo sobre la tramitación de las autorizaciones y el futuro de la explotación de las playas de la isla.

Costa, sin embargo, ha evitado vincular expresamente el cese de Ferrer con un error de gestión o con las discrepancias mantenidas en los últimos meses con la Conselleria del Mar. Preguntado en varias ocasiones por los motivos de la destitución, se ha limitado a señalar que la Dirección General de Costas es “enormemente compleja” y que “cualquier cambio” que realiza el Ejecutivo persigue “garantizar un mejor servicio y una mejor atención a los ciudadanos y las empresas”. El también vicepresidente primero del Govern ha agradecido de nuevo “la enorme labor” realizada por la ya exdirectora general y ha vuelto a calificar de “ejemplar” su actuación cuando denunció el intento de soborno.

La Dirección General de Costas, “enormemente compleja”

El portavoz sí ha reconocido, no obstante, que la situación generada en Formentera ha pesado en la decisión. “Tenemos una situación en Formentera que no se había dado en ejercicios anteriores”, ha aseverado, señalando que ésta tiene “un impacto muy relevante” en referencia a la reducción del número de hamacas y sombrillas autorizadas en las playas de la isla. En este contexto, ha defendido el nombramiento de Joan Cristòfol Jaume dado que, a su juicio, su experiencia municipal y su perfil “dialogante” y “tranquilo” permitirán “reconducir esta situación”.

Interpelado, asimismo, sobre las informaciones que apuntan a discrepancias entre Ferrer y el conseller Juan Manuel Lafuente, Costa ha señalado que han podido existir “divergencias de criterio”, aunque ha rechado atribuirles un alcance mayor, negando que el Govern haya actuado por presiones relacionadas con el conflicto de Formentera. “No es una cuestión de presiones”, ha incidido, sino “una cuestión de preocupación” por una situación que está provocando “pérdidas de calidad en la prestación de servicios” en las playas de la isla. Asimismo, ha avanzado que el nuevo director general tendrá entre sus primeras prioridades resolver el conflicto de Formentera y el importante retraso acumulado en la tramitación de expedientes en el departamento de Costas.

La salida de Ferrer se produce apenas once meses después de asumir el cargo, al que fue designada el 22 de agosto de 2025. Licenciada en Derecho por la Universitat de les Illes Balears y funcionaria de la Administración autonómica desde 1996, acumulaba más de 25 años de experiencia en funciones jurídicas, administrativas y de gestión dentro del Govern.

La denuncia por el soborno

Su nombre saltó a la actualidad el pasado mes de abril tras denunciar que un empresario dejó en su despacho una caja de bombones con 20.000 euros en efectivo para tratar de obtener su ayuda en la tramitación de unos permisos relacionados con sus negocios. La denuncia presentada por la directora general permitió la detención del sospechoso por parte de la Policía Nacional.

Tras conocerse aquellos hechos, el portavoz del Govern defendió públicamente la actuación de Ferrer y aseguró sentir “orgullo y satisfacción” por su comportamiento, al considerar que había actuado “como debe actuar cualquier funcionario o cargo público”.

Ahora, apenas unos meses después de ese respaldo institucional, el Ejecutivo prescinde de la responsable de Costas en medio de la controversia generada por las concesiones de playas de Formentera, un conflicto que en los últimos meses ha enfrentado al Govern con el Consell insular y con los concesionarios afectados.

La oposición: “Fracaso de la política de litoral”

Desde la menor de las Pitiüses, Alejandra Ferrer, de Gent per Formentera, considera que el cese supone la “constatación del fracaso de la política de litoral del Govern de Marga Prohens”. Ferrer recuerda que el PP prometió que, con la creación de la Conselleria del Mar y la asunción de las competencias de Costas, mejoraría la gestión del litoral y ofrecería “un único interlocutor” a los concesionarios y al sector, pero sostiene que la realidad ha sido muy distinta.

En este sentido, recrimina que la gestión del Ejecutivo autonómico “ha provocado una grave crisis con las concesiones de hamacas y sombrillas, ha generado inseguridad y ha perjudicado a empresas, familias y trabajadores de Formentera”. Asimismo, asevera que “la responsabilidad no se puede limitar a una directora general”, sino que es una “responsabilidad política del Govern de Marga Prohens y del conseller Juan Manuel Lafuente”.

También ha acusado a Sa Unió de haber sido “incapaz de anticiparse, defender a Formentera ante el Govern del PP y evitar esta situación”, y ha reclamado a la presidenta balear que explique “por qué ha fracasado el modelo de gestión del litoral que prometió y qué solución dará ahora a Formentera”.

Por su parte, Ana Juan, consellera del PSOE en el Consell de Formentera, critica que el cese de la directora general de Costas“llega tarde, muy tarde” para la isla. A su juicio, la gestión del Govern en las concesiones de playas “ha causado un daño irreparable”, además de “perjudicar a los empresarios y trabajadores del sector”, ya que esta temporada no se ha podido disponer de todos los servicios previstos en las playas.

La dirigente socialista también ha atribuido la situación al equipo de gobierno de Sa Unió en el Consell de Formentera. Según señala, la falta de todos los servicios de playa “es una muestra más de la incapacidad de gestión del actual equipo de gobierno del Consell Insular de Formentera” y de su “incapacidad para dialogar y defender los intereses de nuestra isla ante el Govern de las Illes Balears”.

Asimismo, ha reclamado que la consellera de Medio Ambiente y responsable de Playas, Verónica Castelló, dé “muchísimas explicaciones”, al considerar que este cese “en pleno mes de agosto no soluciona nada” y que “esta temporada, en cuanto a la gestión y la concesión de servicios de playas, está perdida”.

El Consell de Govern aprobará este viernes un decreto ley para la equiparación salarial de las trabajadoras de les 'escoletes' integradas y no integradas.

Lo ha detallado el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, en una rueda de prensa tras reunirse con representantes de la Xarxa 0-3, que han considerado “un paso muy importante” la aprobación de esta normativa.

En concreto, el decreto establece un complemento de concierto para esta etapa educativa, de modo que el Govern podría igualar todas las remuneraciones del personal 0-3 de los centros integrados y de los no integrados.

Desde la Xarxa 0-3, su portavoz, Noelia Jiménez, ha celebrado la “buena predisposición” de la Conselleria en dar respuesta a sus reivindicaciones.

Además del decreto ley, también ha subrayado el compromiso de Vera de sentar en la misma mesa de negociación a todas las partes implicadas, así como la modificación del decreto de mínimos.

El Tribunal Constitucional ha pedido a las abogacías del Estado y la Comunidad Autónoma y al letrado mayor del Parlament que expongan lo que consideren conveniente en relación a la derogación de la ley de memoria democrática de Balears.

En una diligencia, el tribunal de garantías ha señalado que a pocas semanas de cumplirse cinco meses de la derogación de la norma en la Cámara autonómica el pasado 24 marzo, se tiene que oír a las partes personadas.

Cabe recordar que el pasado 7 de julio la derogación quedó suspendida después de que el pleno del TC admitiera a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno central.

La suspensión de la vigencia y aplicación se da desde el 9 de junio, que es la fecha de interposición del recurso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el BOE.

En su recurso, el Gobierno central planteaba que la derogación podría ser contraria a los artículos 15 y 10.1 de la Constitución por la derogación del estatuto jurídico de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos.

Asimismo, sostenía que la ley impugnada podría infringir el orden constitucional de distribución de competencias, en particular los artículos 149.1.1 y 149.1.30 CE, así como el principio de colaboración Estado-Comunidades Autónomas.

Finalmente, en el recurso se alegaba que la norma también vulneraría los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

La comisión del eclipse del próximo 12 de agosto ha puesto sobre la mesa la posibilidad de pedir refuerzos del Ejército para controlar los accesos y que se cumplan las medidas de seguridad.

Lo ha explicado el portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern de este viernes al ser preguntado por esta posibilidad.

Según ha indicado, todavía no se ha materializado y, en todo caso, es la Delegación del Gobierno la que tendrá que tomar esta decisión. Así, no se ha hecho una petición formal, pero sí que se abordó en la comisión del eclipse.

“El Govern quiere que se cumplan las medidas, si para ello se necesitan recursos adicionales, confiamos en que se pongan encima de la mesa”, ha subrayado Costa.