Los informes técnicos elaborados por el Consell de Mallorca han concluido que el vicepresidente segundo de la institución, Pedro Bestard (Vox), ha hecho uso exclusivo de tres vehículos oficiales sin tener permiso para ello, dado que no se ha acreditado que estuvieran asignados en régimen de exclusividad.

Aunque los análisis internos reconocen que este proceder “no es una conducta apropiada”, sostienen que no se puede “determinar de forma categórica el uso indebido”.

Uno de los informes ha sido elaborado por la Secretaría Técnica de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, el departamento que dirige Bestard, y contiene una exposición de los hechos que se han podido acreditar.

El segundo, llevado a cabo por la Secretaría General y la Intervención General, incorpora una evaluación de las incidencias detectadas y realiza algunas consideraciones relevantes, que, sin embargo, deberán resolverse en la Comisión de Transparencia.

La elaboración de los dos documentos fue ordenada por el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, a raíz de las informaciones publicadas por el periódico 'Última Hora' que apuntaba al uso irregular de los vehículos oficiales por parte de Bestard.

El análisis elaborado por la Secretaría Técnica confirma que el conseller insular dispone para su uso exclusivo de tres vehículos -un Dacia Sandero, un Ford Ranger y un Subaru Crosstrek- que son propiedad del Consell de Mallorca.

No obstante, “no consta formalmente documentado ni regulado” el régimen de exclusividad que ampare el uso de los vehículos únicamente por parte del vicepresidente segundo. Tampoco se ha localizado ningún instrumento jurídico, instrucción interna o acto administrativo que así lo determine.

La renovación del parque móvil

El informe detalla que el departamento de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes cuenta con un total de 72 vehículos inventariados, de los cuales una parte significativa tienen una antigüedad media de 13 años. Debido al desgaste, 13 se encuentran fuera de servicio y seis están averiados.

Es por ello que se consideró necesario impulsar “de manera progresiva, pero prioritaria” la renovación del parque móvil mediante la adquisición de nuevos vehículos que permitieran sustituir a los más antiguos.

Fue en ese contexto en el que, en 2023, 2024 y 2026, respectivamente, se compraron los tres coches que quedaron “bajo la plena disponibilidad” de Bestard. A los técnicos les consta que antes de que los vehículos se incorporaran a la flota el personal fue informado de que estos estarían “reservados” para el conseller.

La Intervención General considera que el hecho de que el vicepresidente segundo hiciera un uso exclusivo de tres vehículos oficiales “no es una conducta apropiada”. Es “en cierta manera desproporcionado” que el conseller tenga tres coches mientras su personal “tiene unas carencias de vehículos para ejecutar su actividad”.

No obstante, y aunque la Intervención insiste en que no consta “ningún tipo de motivación o razones que justifiquen el uso exclusivo de los tres vehículos”, se considera que los hechos conocidos “no pueden determinar de forma categórica el uso indebido”.

Ordenó retirar la rotulación

El análisis de la Secretaría Técnica, por otro lado, contradice algunas afirmaciones realizadas por el vicepresidente insular durante su comparecencia a principios del pasado mes de mayo para dar explicaciones acerca de la polémica suscitada.

Bestard admitió que “no vigila” si los coches llevan o no la rotulación corporativa del Consell de Mallorca y aseguró que esta era imantada, es decir, que se podía quitar y poner con facilidad.

Los técnicos se han puesto en contacto con la empresa adjudicataria para verificar qué tipo de rotulación se instaló y esta ha confirmado que, al menos en el caso del Subaru, se hizo mediante un vinilo adhesivo situado en las puertas delanteras.

Fue el propio Bestard quien, según la información recopilada por los técnicos, ordenó la retirada de la rotulación institucional. Su posterior incorporación se impulsó “durante la misma semana” en que la polémica trascendió a los medios de comunicación. Los técnicos, como prueba, adjuntan una factura emitida el 11 de mayo.

Es otra de las cuestiones que el informe de la Secretaría y la Intervención General consideran que “tampoco, en principio, se considera correcta”.

Desplazamientos que no constan en la agenda

El informe dedica un apartado a los desplazamientos que el conseller Bestard hizo con los tres vehículos oficiales de los que hacía un uso exclusivo de forma indebida, algunos de los cuales corresponden a actividades que no publicaba en su agenda institucional que debe estar publicada en el portal de transparencia del Consell.

Sumando los trayectos de los tres coches, se detalla en el documento, el conseller realizó 26.917 kilómetros entre el 11 de noviembre de 2023 y el 4 de mayo de 2026. Son 905 días naturales, lo que equivale de una media de casi 30 kilómetros al día.

Constan un total de 34 repostajes de combustible en los que se gastaron alrededor de 2.660 euros. Buena parte de ellos se realizaron en los días en los que no consta que tuviera ningún acto institucional, algo “especialmente relevante” para los técnicos.

También destacan diversos repostajes efectuados en domingos y en horas muy tempranas de la mañana -entre las 06.30 y las 07.15 horas, aproximadamente- sin que exista una “correlación clara” con actos oficiales publicados en su agenda.

Los autores del informe ponen varios ejemplos de ello, como un día que paró en una gasolinera de Andratx pese a que tenía un acto en Deià o la asistencia a la Feria Internacional de Cinegética 2026 de Madrid, en el que pese a contar con billetes de avión finalmente se desplazó por vía marítima y acompañado de uno de los vehículos oficiales.

También detalla un viaje en ferri y en coche oficial a Menorca en el que, pese a que declaró que fue para asistir a un acto en Maó, “no consta invitación, convocatoria oficial ni otra documentación justificativa vinculada al desplazamiento”. Los gastos ascendieron a 600 euros.

Otro desplazamiento sobre el que el informe pone el foco, y del que se adjuntan fotografías, tuvo lugar el pasado 25 de abril. Bestard acudió a un acto de su partido, Vox Marratxí, a bordo del Subaru, que no llevaba la rotulación oficial.

En manos de la comisión de transparencia

Todas las circunstancias descritas en el informe, subraya la Secretaría Técnica, responden únicamente a la información y documentación a la que han podido tener acceso.

No obstante, recuerda que no le corresponde efectuar ningún tipo de calificación, determinar eventuales responsabilidades derivadas de los hechos expuestos o valorar su adecuación jurídica, ética o moral.

Cualquier valoración de las incidencias expuestas y la eventual apertura de un procedimiento sancionador corresponde a la Comisión de Transparencia del Consell de Mallorca, convocada para la tarde de este mismo miércoles.

Balti Picornell, expresidente del Parlament, ha comparecido este martes en los juzgados de Palma para declarar en el marco de la querella interpuesta por el diputado de Vox en el Congreso, Jorge Campos, por un presunto delito de injurias. La causa se inició a raíz de una publicación en la red social X –antes Twitter– en la que Picornell difundió una imagen en la que aparecía junto a una pintada en la que se leía “J. Campos puto nazi”.

La defensa del ex presidente de la Cámara autonómica ha presentado un recurso de apelación contra el auto dictado el 13 de marzo de 2026, por el que el juzgado acordó incoar diligencias previas y abrir una investigación por estos hechos. Este recurso se ha presentado ante la Audiencia Provincial de Balears después de que el juzgado admitiera la querella “por un presunto delito de injurias graves a la autoridad”. El abogado de Picornell, Josep Rosell Fossas, sostiene a elDiario.es que la querella carece de “la mínima consistencia jurídico-penal exigible”, al no describir hechos concretos con relevancia penal, sino expresiones valorativas enmarcadas en un contexto de crítica política y confrontación ideológica.

En su recurso, la defensa subraya que ni siquiera se desprende de la querella que Picornell sea el autor de la pintada, sino únicamente que se habría fotografiado junto a un muro en el que aparecía la frase indicada. Rosell recuerda que el derecho penal “debe intervenir de forma excepcional en materia de honor, especialmente cuando las expresiones se producen en el ámbito del debate político”, la ironía o la provocación propias del espacio público. En este sentido, invoca el artículo 20 de la Constitución Española y advierte de que admitir a trámite una querella de este tipo sin una ponderación adecuada entre el derecho al honor y la libertad de expresión “puede generar un efecto disuasorio incompatible con una sociedad democrática”.

El recurso también critica la falta de motivación del auto impugnado, que considera insuficiente y generador de indefensión, al “no justificar por qué los hechos descritos superarían el umbral de gravedad exigible para apreciar un delito de injurias”. El letrado insiste en que solo cabría investigación penal “si existieran indicios razonables” de criminalidad, algo que, a su juicio, no concurre en este caso. En su opinión, se está produciendo una utilización expansiva del derecho penal “para perseguir expresiones emitidas en el espacio público y dirigidas a representantes políticos en un contexto de debate ideológico”.

Libertad de expresión

La defensa de Picornell también sostiene que el procedimiento ejemplifica la necesidad de extremar el control judicial en este tipo de casos, precisamente para evitar que la vía penal se utilice como mecanismo de restricción de la libertad de expresión en el debate político. Rosell enmarca además su argumentación en la doctrina constitucional sobre libertad de expresión, según la cual las manifestaciones realizadas en contextos de confrontación política gozan de un nivel reforzado de protección.

De hecho, el letrado enmarca esta libertad de expresión en un sentido amplio. Recuerda que Jorge Campos ha participado en actos de campaña, con Vox, en lugares que son símbolos de la exaltación franquista, como aquellos celebrados en Sa Feixina. El monolito de Sa Feixina fue erigido por el franquismo en 1947 para glorificar a los “héroes” del Crucero Baleares, hundido en marzo de 1938 y responsable del bombardeo llevado a cabo un año antes contra la población civil que huía de Málaga a Almería en plena ofensiva fascista –episodio históricamente conocido como 'la Desbandá'–. Convertido en uno de los símbolos más controvertidos de Palma, este vestigio de la arquitectura fascista ha sido, durante décadas, foco de varios intentos de resignificación, campañas en pro de su demolición y distintas batallas judiciales.

“Creo que estamos dentro de la libertad de expresión”, valora Rosell y añade que debe de haber libertad de expresión “incluso en aquellos casos en que una persona va a actos en el Valle de los Caídos” y se burla, según su opinión, de los represaliados y fusilados por el régimen de Franco. “Fue un aliado de los nazis hasta que los alemanes perdieron la guerra, entonces, se buscó a otros”, analiza. Esta argumentación refuerza a su juicio la petición de inadmisión del procedimiento.

En la misma línea, Picornell valoró que el procedimiento es un intento de la extrema derecha de restringir la crítica política. “Lo que no podemos permitir es que personajes como este intenten recortar nuestra libertad de expresión, intenten mantenernos callados y que no podamos expresar lo que una persona reaccionaria dice en redes sociales”. “Tenemos que tener un derecho fundamental a la libertad de expresión y hay que hacerles frente”, ha incidido.

Por su parte, el abogado de Campos refuta los argumentos de Rosell y afirma que “la querella es bastante clara”. “La libertad de expresión no ampara las lesiones a la dignidad ni al honor”, asegura. Añade que las publicaciones –de Balti Picornell– “se hacen fuera de todo contexto de discusión” política y que son “gratuitas y sin debate ni crítica previa”. A su juicio, Picornell “sabía perfectamente el contenido de la querella porque lo publicó en X antes de declarar”.

Picornell fue presidente del Parlament balear entre 2017 y 2019, durante la primera legislatura del Govern de la socialista Francina Armengol, quien llegó a la presidencia tras alcanzar un acuerdo con todo el espectro progresista –Unidas Podemos, Més per Mallorca y Més per Menorca–.

La trayectoria de Campos está marcada por un discurso agresivo contra la inmigración, las identidades LGTBI+, las políticas en favor de la lengua catalana y la memoria democrática. Recientemente comparó la gran manifestación celebrada en favor del catalán con la Alemania nazi, utilizando para ello la imagen de un desfile de antorchas celebrado apenas unos meses después de que Adolf Hitler ascendiera al poder. Campos también señaló en otro mensaje en redes sociales a catalanistas e independentistas en el contexto de la Diada de Mallorca. “Este día sabemos que, en Palma de Mallorca, los separatistas pancatalanistas están todos en el mismo sitio. Estas oportunidades habría que aprovecharlas”, escribió en su cuenta de X. “Contra su enfermedad, nuestra inmensa ilusión de hacer un país mejor que el que ellos representan”, añadió.

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia del Govern balear, Sandra Fernández (PP), se ha mostrado abierta a estudiar acciones como la impulsada por Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid para que el concebido no nacido cuente como miembro de la unidad familiar desde que se acredite el embarazo.

“Estamos abiertos a estudiar otras posibles acciones, como ha podido impulsar la Comunidad de Madrid, pero siempre encaminadas a la protección de la familia, al apoyo a la maternidad y teniendo muy en cuenta la realidad y las necesidades concretas y específicas de las familias de Baleares”, ha dicho.

Así se ha expresado Fenández en el pleno de este martes al ser preguntada por la diputada Idoia Ribas, disidente de Vox, quien ha exigido al Govern que apruebe la misma medida que la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La situación en Madrid

En Madrid, el Ejecutivo autonómico ha aprobado recientemente un Proyecto de Ley, que deberá pasar por la Asamblea, por la que el embrión será “un miembro más de la unidad familiar” y contará para acceder a beneficios y ayudas. Según el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, la norma busca “proteger la vida y ayudar a las familias que decidan tener un hijo” a través del reconocimiento del “concebido no nacido”.

Según indica el texto del anteproyecto, “al concebido se le tendrá por nacido, siempre que la unidad familiar o alguno de sus miembros, mediante la aplicación de esta asimilación, obtengan un mayor beneficio”. Además, a no ser que se aplique lo contrario en algunas regulaciones de procedimientos concretos, para esta asimilación como parte de la unidad no se pedirá “una semana mínima de gestación”.

La medida fue anunciada hace ya años, cuando Ayuso entró al Gobierno de la Comunidad e imitaba un modelo que se había puesto en marcha en Galicia o en la Comunitat Valenciana. En ese momento ya contó con parte de la oposición en contra: desde Ciudadanos, que reconocían “dudas jurídicas”, hasta Podemos, que lo veían como un “intento de disfrazar de ayuda administrativa sus posiciones contra el aborto”.

Aunque hay diferencias: la ley vigente en Galicia recoge solo beneficios en el caso de las familias numerosas, mientras que en Madrid cualquier familia, sea numerosa o no, podría acceder a determinadas ayudas que tengan en cuenta los miembros de la unidad familiar “acreditando el estado de gestación de la madre”, indican. Para acceder al título de familia numerosa, se podrá hacer a partir del primer día después de que finalice la semana 14 de gestación.

El nuevo fiscal superior de Balears, Adrián Salazar, ha tomado posesión de su cargo este lunes, con el que se marca los objetivos de fomentar la transparencia, reforzar la colaboración con los investigadores y sitúa como una prioridad la atención a las víctimas.

Así se ha expresado Salazar tras tomar posesión del cargo en un acto en el Tribunal de Justicia de Balears en Palma, en el que ha agradecido la confianza depositada en él para asumir esta responsabilidad.

El nuevo fiscal superior ha hecho hincapié en el papel de atención a las víctimas que tiene la Fiscalía, especialmente a las personas más vulnerables. A su entender, aunque existe un marco legislativo en cuanto a la protección de la víctima, “muchas veces se produce una revictimización”.

También ha señalado como reto el aumento de la litigiosidad, especialmente el “auge importante” de la delincuencia organizada, la ciberdelincuencia y el narcotráfico. “Ahí se exige que haya una colaboración todavía más estrecha con los investigadores”, ha considerado.

Salazar ha hecho referencia también a la importancia de la “transparencia” de la institución con los medios de comunicación. Precisamente, en declaraciones después del acto, ha reclamado la creación de la figura de jefe de prensa de la Fiscalía de Balears.

“Hay que fomentar el contacto y las relaciones con los medios, que cumplen un rol importante en la sociedad democrática, dejando siempre a salvo el ámbito afectado por el deber de secreto”, ha dicho.

Igualmente, ha puesto en valor la “excelente” calidad de la plantilla, formada por 73 fiscales, que aumentará en cinco más tras la ampliación aprobada recientemente, lo que representa un 6,8 por ciento más.

En este sentido, entre los objetivos que se ha marcado, se encuentra “conseguir que existan medios materiales y personales suficientes” para que los fiscales “trabajen en las mejores condiciones”.

Según Salazar, este aumento hasta los 78 fiscales es “insuficiente” ante el aumento “importantísimo” de la conflictividad y del crimen organizado, que implica juicios con decenas de acusados y larga duración.

“Eso al final está repercutiendo en la situación de la Audiencia Provincial que tiene un atasco considerable”, ha indicado, para después plantear la necesidad de que hubiera una nueva sala de la Audiencia para revertir este atasco.

A su entender, la situación exige un pacto de Estado, puesto que la justicia “tiene que ser necesariamente ágil”. Así, ha apelado al consenso y compromiso de todos los grupos parlamentarios para alcanzar este pacto.

Sustituye a Julio Cano

Salazar ha ocupado hasta ahora el puesto de teniente fiscal de Balears y ha sustituido a Julio Cano de manera interina desde que el pasado enero tomara posesión como nuevo jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.

El fiscal superior ingresó en 1988 en la carrera fiscal y fue destinado a la Fiscalía Provincial de Balears. En 1996 pasó a ser fiscal coordinador de delitos contra el medio ambiente y urbanismo, puesto que ocupó hasta que en 2004 asumió la Delegación de la Fiscalía Especial Antidroga y la coordinación de dicha sección en la Fiscalía Provincial, cargo que ejerció durante dos décadas años. Desde 2024 ha sido teniente fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma.

El Govern aprobará este mes la orden para iniciar la elaboración de los presupuestos autonómicos de 2027. Lo hará, según ha asegurado este viernes el vicepresidente primero y portavoz, Antoni Costa, con “absoluta normalidad y tranquilidad” y sin intención de vincular la negociación de las cuentas públicas a acuerdos políticos más amplios con Vox.

En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, el también conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha aseverado que las negociaciones con la formación de extrema derecha se limitarán exclusivamente a los presupuestos, rechazando de antemano la posibilidad de cerrar acuerdos globales que incluyan otras iniciativas legislativas. “Ley a ley”, ha remarcado Costa.

El vicepresidente ha afirmado, además, que hasta la fecha no se ha producido ningún contacto con los de Santiago Abascal para negociar los presupuestos de 2027. Las declaraciones se producen después de que la aprobación de las cuentas de 2025 quedara condicionada por un acuerdo entre PP y Vox que permitió al Govern sacar adelante los presupuestos tras meses de bloqueo político.

Entre las exigencias que el Ejecutivo de Marga Prohens tuvo que asumir se incluyeron la derogación de la ley de memoria democrática, el compromiso de reforzar la presencia del español en la escuela y la aplicación de medidas restrictivas en materia migratoria.

La Audiencia Provincial de Balears ha citado al presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), para que comparezca el próximo 28 de octubre en una vista por los hechos que tuvieron lugar el 18 de junio de 2024, cuando el dirigente de extrema derecha rompió una fotografía de tres víctimas del franquismo, expuesta en la tapa del ordenador de la vicepresidenta segunda de la Mesa, mientras se debatía la derogación de la Ley de memoria democrática. La vista servirá para resolver cuestiones previas y determinar si las partes alcanzan algún tipo de acuerdo. De no ser así, Le Senne será juzgado por un delito de odio.

En concreto, los querellantes y las acusaciones populares personados en la causa -los descendientes de las republicanas asesinadas, Memòria de Mallorca, el colectivo Estimada Aurora (que engloba a unos 50 ciudadanos), el Partido Comunista (PCE) y el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE)- reclaman para él desde un año y cuatro meses hasta cuatro años de cárcel, así como hasta 11 años de inhabilitación. La Fiscalía y el propio acusado, por su parte, solicitan su absolución al alegar que actuó en el ejercicio de sus funciones para preservar la neutralidad institucional y el pluralismo político.

Los hechos provocaron una oleada de indignación dentro y fuera del archipiélago, con peticiones de dimisión que Le Senne nunca ha atendido. El Govern de Marga Prohens (PP) tampoco le ha forzado a abandonar el cargo. 

En el auto que puso fin a las pesquisas y dejó al dirigente de extrema derecha a las puertas del juicio, el juez instructor consideró que su gesto lesionó “la dignidad de esas personas y sus familiares y de los partidos políticos de que eran militantes, y acredita la clara intención de humillarlos”. La resolución se apoyaba en las diligencias practicadas hasta entonces, entre ellas las imágenes aportadas al procedimiento, en las que “se puede apreciar cómo el señor Le Senne, después de arrebatar la fotografía, no la tira inmediatamente al suelo sino que la mantiene en la mano izquierda, la deja un momento en la zona situada sobre de sus piernas, donde podría parecer que la esté manipulando de alguna manera, y después la tira con la mano derecha”.

Por su parte, la Sala de la Audiencia que envió a Le Senne definitivamente a juicio coincidían con el juez instructor en que, a la hora de valorar las imágenes, éstas aportan un contexto indiciario “compatible con la posible concurrencia de dolo”, un extremo que tanto el propio acusado y la Fiscalía rechazan. “En este sentido, la forma aparentemente contundente y enfadada con la que el señor Le Senne arrancó la fotografía de las 'Rojas del Molinar' [como se conoce popularmente a las tres mujeres asesinadas] del ordenador de la señora [Mercedes] Garrido, podría resultar objetivamente compatible con una conducta intencionada de roturar la foto”. No obstante, señalan que debe ser durante el juicio cuando se practique la prueba pertinente que permita esclarecer si la ruptura fue accidental o intencionada.

Una de las acusaciones, Colectivo Aurora, sostiene que el gesto de Le Senne “fue un acto objetivamente injurioso y objetivamente expresivo de un ataque a la dignidad de las mujeres asesinadas en la madrugada del 5 de enero de 1937 en tanto que demostrativo de un desprecio y ánimo de humillar”. “Causó dolor y, en cuanto que injuriadas, lesionó la dignidad de los parientes de las víctimas reproducidas en la fotografía, de las víctimas del franquismo y de los ciudadanos concernidos por los reconocimientos públicos que ha recibido Aurora Picornell” [una de las tres víctimas].

En su escrito de conclusiones provisionales, Colectivo Aurora recuerda que la fotografía rasgada por el acusado reproducía los rostros de Picornell, más conocida como 'la Pasionaria' de Mallorca, y de las hermanas Antònia y Maria Pascual Flaquer. Todas ellas, junto a Catalina Flaquer Pascual -madre de las hermanas Pascual- y Belarmina González Rodríguez, “fueron torturadas, probablemente violadas y asesinadas de forma atroz por un pelotón falangista y enterradas en el cementerio de Son Coletes, en Manacor”, recuerda el abogado del colectivo.

Le Senne defiende que no cometió delito

Hasta el momento, el dirigente de Vox ha defendido su inocencia y ha manifestado su “voluntad de colaborar con la Justicia en el acto del juicio para despejar toda duda” de que “no cometió ningún delito”. “Aquel 18 de junio actuó únicamente en aplicación del reglamento y sin ninguna intención de humillar a nadie”, aseveraba en febrero en un comunicado oficial remitido vía Presidencia, a pesar de que los propios letrados de la Cámara censuraron su comportamiento.

Durante la declaración que prestó como investigado durante la instrucción del caso, Le Senne se aferró a los mismos alegatos que hasta ese momento había esgrimido públicamente: que el episodio fue “accidental” y que éste tuvo lugar después de que Garrido se negara a retirar el retrato, lo que, en opinión del presidente, contradice la neutralidad requerida en la Mesa del Parlament. Al ser preguntado por la Fiscalía sobre si con una fotografía de Franco habría hecho lo mismo, el máximo representante de la Cámara autonómica respondió que sí. El parlamentario se negó a responder a las acusaciones particulares, pero sí lo hizo a preguntas del Ministerio Público, de su abogado y del juez.

Por su parte, la Fiscalía, que se ha pronunciado en varias ocasiones para apoyar el archivo de la causa, sostiene que, teniendo en cuenta el contexto, las imágenes del pleno y las declaraciones de los testigos, no queda acreditado, con las exigencias propias del derecho penal, el dolo que llevaría a hablar de un delito de odio, concretado, en este caso, en la voluntad de lesionar la dignidad y la memoria de las mujeres víctimas de la represión franquista. Tampoco aprecia en los hechos motivación discriminatoria.

El fiscal sí apunta a la existencia de un “acto colérico” de mala praxis y “formas sin duda incorrectas” por parte del investigado, que tendrían más que ver con una reacción fuera de lugar que expresaba “su fuerte enojo” ante la negativa, por parte de las diputadas socialistas Mercedes Garrido y Pilar Costa de retirar la imagen.

El presidente del Parlament balear y líder de Vox en las islas, Gabriel Le Senne, ha vuelto a recurrir a los tribunales para intentar impedir que la bandera LGTBI cuelgue de la fachada de la Cámara autonómica con motivo del Día del Orgullo. El dirigente de extrema derecha ha interpuesto un recurso de reposición contra el reciente auto del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) que inadmió su demanda con la que impugnó el despliegue de la enseña arcoíris.

La controversia se remonta a 2024, cuando el presidente de la Cámara trató de frenar la ejecución de una proposición no de ley aprobada un año antes por el Parlament que instaba a exhibir la bandera LGTBI durante la celebración del Orgullo. Ahora, Le Senne solicita a la máxima instancia judicial de las islas que revoque su decisión y analice el fondo del asunto para determinar si la colocación de la bandera vulnera o no la legalidad.

En su recurso, el dirigente ultra sostiene que el tribunal ha realizado una interpretación “jurídicamente errónea” al considerar que el acuerdo de la Mesa del Parlament constituye un acto parlamentario ajeno al control de la jurisdicción contencioso-administrativa. Alega además que tanto la jurisprudencia constitucional como la del Tribunal Supremo rechazan la existencia de actuaciones públicas exentas de control judicial.

Le Senne insiste también en que existe una diferencia entre la proposición no de ley que dio origen al conflicto y el acuerdo posterior de la Mesa que ordenó materialmente la colocación de la bandera. Asimismo, vuelve a invocar la Ley de Banderas, que limita las enseñas que pueden exhibirse en edificios públicos a las oficiales del Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y, en determinados casos, las de otros Estados u organismos internacionales.

El recurso llega a escasas semanas de una nueva celebración del Día del Orgullo y después de que los grupos de izquierda del Parlament hayan solicitado formalmente a la Mesa que vuelva a colocar la bandera arcoíris en la fachada de la institución.

La decisión de Le Senne ha provocado la reacción de la asociación LGTBI Ben Amics, que le acusa de mantener una “cruzada personal” contra el colectivo. En un comunicado, la entidad expresa su “profunda preocupación” por la ofensiva judicial impulsada por el presidente del Parlament y considera que este nuevo recurso evidencia una estrategia dirigida contra “los símbolos de igualdad y contra décadas de avances en derechos civiles”.

“La bandera LGTBI no es un ornamento ni un gesto partidista”, sostiene la asociación, que la define como un símbolo del compromiso institucional con la dignidad, la libertad y la seguridad de las personas LGTBI. Ben Amics recuerda además que la ley autonómica de igualdad y derechos LGTBI fue aprobada en su día con un amplísimo consenso parlamentario y reclama a las formaciones políticas que mantengan el compromiso adquirido con los derechos del colectivo frente a lo que interpreta como “un nuevo intento de censura simbólica”.

PP y Vox han sellado este martes en el Parlament balear su acuerdo para impulsar la prohibición del burka y el niqab en los espacios públicos mediante una proposición de ley orgánica promovida por la extrema derecha y respaldada por los populares. Pese a presentarse como una defensa de la “dignidad” de las mujeres, la iniciativa, que ahora continuará su tramitación parlamentaria, denuncia la “llegada masiva de inmigrantes” y su supuesta “amenaza” contra la “civilización occidental”, alerta sobre la “importación de hábitos y comportamientos ajenos” y abre las puertas a sanciones administrativas que, en caso de reincidencia, podrían alcanzar los 30.000 euros, situando el foco de la iniciativa en la inmigración y en la identidad cultural más allá de la igualdad de género.

Durante su interevención, la portavoz de la formación de extrema derecha, Manuela Cañadas -encargada de defender la iniciativa-, ha articulado un discurso con referencias explícitas a la seguridad junto a estereotipos culturales y apelaciones al miedo: “Las noticias de la geopolítica internacional nos muestran de forma sangrienta el destino que nos aguarda. Si cedemos terreno y no estamos preparados, lloraremos sangre, pero algún día quienes lo permitieron tendrán que ser juzgados”, ha llegado a espetar.

“Vox no habla de mujeres, sino de musulmanas. Habla de violencias en los barrios por mor de los musulmanes. Habla del cierre de negocios y comercios y de que los vecinos se van por miedo a los musulmanes, y no por culpa del turismo masificado”, ha recriminado, por su parte, la diputada de Més per Menorca Joana Gomila, quien ha acusado a Cañadas de “estigmatizar los musulmanes y sembrar odio y miedo”, lejos de cualquier intención real de “dignificar o querer dignificar a las mujeres”. La parlamentaria también ha dirigido sus críticas al PP por asumir el marco ideológico de la extrema derecha y ha advertido de que la prohibición del velo integral puede acabar teniendo el efecto contrario al que proclama combatir al empujar a algunas mujeres a un mayor aislamiento social.

“Prohibir el velo no libera: expulsa y castiga doblemente a las mujeres sometidas”, ha insistido. “Dicen defender la libertad de las mujeres, pero quieren decidir cómo deben vestir; dicen defender la dignidad, pero criminalizan a mujeres que ya viven bajo control”, ha manifestado.

La proposición tomada en consideración este martes sigue la misma línea que la ley impulsada por Vox en el Congreso de los Diputados y respaldada por el PP el pasado febrero. Aquella iniciativa, que finalmente rechazada por la Cámara Baja, no solo planteaba prohibir el burka y el niqab en los espacios públicos, sino también sancionar su uso con multas que podían alcanzar los 20.200 euros y modificar la Ley de Extranjería para facilitar la expulsión de extranjeros reincidentes.

En Balears, el impulso de una norma de espíritu similar consolida un acercamiento político que el PP ya había anticipado meses atrás con una proposición propia sobre el velo integral. Este martes, la diputada popular Cristina Gil ha justificado el apoyo de su grupo defendiendo que el velo integral constituye una práctica incompatible con la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y aseverando que el Estado debe reaccionar frente a símbolos que considera contrarios a los valores constitucionales.

Sin embargo, el texto promovido por Vox va mucho más allá de la cuestión de la igualdad. Su exposición de motivos arranca alertando de que Europa está “amenazada” por la “llegada masiva de inmigrantes procedentes de otros continentes”, denuncia la importación de comportamientos “ajenos” a Occidente y plantea la necesidad de actuar frente a personas que pretenden imponer “costumbres islamistas” en el espacio público. La iniciativa sostiene que la sociedad española no puede aceptar una ideología “ajena y hostil a Occidente” y vincula el uso del burka y el niqab con supuestos riesgos para la seguridad ciudadana.

Multas de hasta 30.000 euros y condenas de prisión

El texto contempla sanciones administrativas, en caso de que el afectado reincida, podrían alcanzar los 30.000 euros al remitirse al régimen de infracciones graves de la Ley de Seguridad Ciudadana, reformas en el Código Penal para castigar con penas de hasta cuatro años de cárcel a quien obligue, intimide o coaccione a una mujer para que porte estas prendas y modificaciones de la legislación de extranjería para que determinadas infracciones relacionadas con esta materia puedan derivar en la expulsión del territorio nacional de personas extranjeras reincidentes.

La portavoz de Més per Mallorca, Marta Carrió, acusó a Vox de utilizar los derechos de las mujeres como “excusa” para construir un relato sobre inmigración e islam. “Esta iniciativa no empieza hablando de violencias machistas. Empieza hablando de civilización occidental, de inmigración masiva y de una supuesta amenaza a nuestros valores”, ha denunciado. Según ha defendido, las mujeres aparecen en el texto “como una coartada” para justificar “un discurso profundamente islamófobo”.

Una de las principales críticas de la izquierda se ha centrado precisamente en la contradicción entre el discurso de protección de las mujeres y el contenido sancionador de la ley. Carrió ha recordado que la propuesta permitiría multar a las propias mujeres que portan estas prendas y ha advertido de que, en determinados supuestos, podría acabar facilitando procedimientos de expulsión para extranjeras. “Castigan a la misma mujer que dicen querer proteger”, ha reprochado.

En términos similares se ha expresado la socialista Maria Teresa Suárez, quien ha cuestionado que Vox haya descubierto de repente una preocupación feminista cuando históricamente ha combatido buena parte de las reivindicaciones del movimiento de mujeres. “Cuando las mujeres reclamamos igualdad salarial, Vox no está; cuando denunciamos la violencia machista, cuestiona las estadísticas”, ha criticado. A su juicio, la formación utiliza a las mujeres musulmanas como “coartada argumental” para desarrollar un discurso centrado en la inmigración y el islam.

La diputada del PSIB-PSOE ha denunciado además que la propuesta construye una imagen homogénea de la población musulmana y migrante para convertirla en una amenaza colectiva. “Las mujeres aparecen aquí sobre todo como una excusa moral para justificar una agenda política que tiene poco que ver con la defensa de sus derechos”, ha recriminado.

Por su parte, el diputado de Unidas Podemos, José María García, ha considerado que el texto de la ley de Vox está “repleto de racismo y clasismo”. “Lo que pretenden es disfrazar ese odio en protección para las mujeres de la religión musulmana”, ha criticado.

El Parlament asume el discurso neonazi de la “remigración”

El pasado mes de febrero, PP y Vox dieron luz verde a una proposición no de ley (PNL) de los de Santiago Abascal que insta al Gobierno central a deportar a las personas migrantes que, aunque se encuentren en situación legal, cometan algún delito grave o hagan del delito leve “su forma de vida”, así como a aquellos que “decidan no integrarse en la cultura de la nación que la acoge o intente imponer la suya”. La propuesta apela a la llamada “remigración”, un término que la extrema derecha europea ha popularizado en los últimos años como consigna política, bajo la cual agrupan propuestas como la devolución masiva de migrantes -e incluso de ciudadanos nacionalizados- por motivos culturales o identitarios.

El postulado, que no forma parte del marco jurídico español ni de la legislación de otros países europeos, ha sido abanderado especialmente por sectores de la ultraderecha alemana vinculados a Alternativa para Alemania (AfD) así como por formaciones ultras en Austria y Francia. En España, Vox lo ha incorporado a su discurso como eje de su ofensiva migratoria.

La “remigración” va, de este modo, más allá de la expulsión de una persona extranjera conforme a lo previsto en la Ley de Extranjería, es decir, con garantías procedimentales, motivación individualizada y posibilidad de recurso judicial. El término se apoya en valoraciones subjetivas sobre el grado de integración o adaptación cultural, conceptos que no figuran como causa legal de devolución o expulsión.

Apenas unas semanas después, el presidente del Parlament, Gabril Le Senne, utilizó el acto institucional del Día de Balears para alertar de una supuesta “extinción” de los españoles y agitar la teoría conspiranoica del 'gran reemplazo', una tesis sin base científica que sostiene que la población europea estaría siendo sustituida demográficamente por personas migrantes, especialmente de origen no europeo. Se trata de un discurso ideológico ampliamente difundido por la formación de extrema derecha en España, partidos afines en Francia, Italia o Alemania y numerosos grupos neonazis europeos que ha llevado a endurecer la política migratoria en las Comunidades Autónomas en las que el PP gobierna de la mano de Vox.

El Govern de Marga Prohens (PP) ha reivindicado la derogación de la ley balear de memoria y reconocimiento democráticos, aunque asegura acatará la decisión que adopte el Tribunal Constitucional (TC) tras el anuncio del Gobierno central de recurrir la supresión de la norma, culminada el pasado mes de marzo por conservadores y Vox.

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha manifestado este martes en el pleno del Parlament que el Ejecutivo autonómico defenderá la autonomía de la Cámara balear, aunque respetará el eventual pronunciamiento del alto tribunal. “Acataremos lo que diga la Justicia porque creemos en el poder judicial”, ha afirmado.

La portavoz del Gobierno español, Elma Saiz, anunció la semana pasada la interposición del recurso de inconstitucionalidad después de que fracasaran las negociaciones abiertas con el Ejecutivo balear para intentar revertir la derogación del texto, que contemplaba medidas como la elaboración de un censo de símbolos franquistas para facilitar su retirada, la prohibición de actos de exaltación de la dictadura, la conservación de archivos vinculados a la memoria democrática y la garantía de acceso a la documentación relacionada con la represión franquista.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, dirigido por Ángel Víctor Torres, ofreció al Govern abrir una vía de negociación para restituir la ley. Sin embargo, las conversaciones no fructificaron y el Ejecutivo central ha optado finalmente por acudir al Constitucional con la intención además de que la suspensión de la derogación pueda aplicarse de forma cautelar mientras se resuelve el procedimiento.

El Gobierno sostiene que la decisión cuenta con el aval del Consejo de Estado, que considera que la supresión de la norma balear vulnera el deber de colaboración de las comunidades autónomas en el desarrollo de la Ley estatal de Memoria Democrática. El órgano consultivo entiende además que la derogación afecta a derechos fundamentales relacionados con la dignidad de las personas y la integridad moral de las víctimas.

Durante el debate parlamentario de este martes, Estarellas ha reivindicado la actuación del Govern en materia memorialista a través de la ley de fosas, una normativa que permanece vigente y que ha permitido continuar con las tareas de localización e identificación de represaliados. Según ha detallado, durante esta legislatura se han abierto ocho fosas comunes y actualmente se trabaja en otras dos, con un balance de 24 cuerpos recuperados.

La consellera ha insistido en que el Govern todavía espera conocer el informe de la Abogacía del Estado sobre el recurso anunciado por Moncloa y ha defendido que la derogación de la ley de memoria fue una decisión adoptada de forma plenamente legítima por la mayoría parlamentaria. “Fue un acto democrático, no un asalto”, ha espetado.

Desde la oposición, la diputada socialista Pilar Costa ha dado por hecho que el Constitucional acabará suspendiendo cautelarmente la derogación, como ya ha ocurrido con otras iniciativas similares impulsadas por gobiernos autonómicos de PP y Vox. En ese escenario, ha preguntado al Govern cómo piensa actuar cuando la norma vuelva temporalmente a estar vigente.

Costa también ha acusado al Ejecutivo balear de haber incumplido la ley de memoria cuando todavía estaba en vigor. A su juicio, el hecho de que Estarellas se remita exclusivamente a la ley de fosas evidencia que el Govern dejó de aplicar buena parte de las políticas públicas contempladas en la normativa derogada.

La ley balear de memoria, aprobada en 2016, articuló un marco institucional para investigar los crímenes del franquismo y el reconocimiento público de quienes fueron represaliados tras el golpe militar de 1936. 

Su derogación ha seguido la senda de autonomías como Comunitat Valenciana, Aragón y Cantabria, cuyas normativas de memoria democrática han sido sustituidas por 'leyes de la concordia' que, so pretexto de “reconciliar” a los españoles en lugar de “reabrir heridas”, equiparan el franquismo con la democracia. El Gobierno ha recurrido la supresión de todas ellas mientras mantiene negociaciones sobre iniciativas impulsadas en otros territorios como Extremadura.

El Ejecutivo central considera que las normas de 'concordia' “blanquean la dictadura franquista, niegan la existencia del golpe de Estado como causante de la Guerra de España de 1936 a 1939, pretenden que no se conozca la verdad de lo que ocurrió y, lo que es peor, condenan a las víctimas de nuevo al olvido”. Asimismo, sostiene que estas reformas mantienen aspectos vinculados a las exhumaciones pero eliminan elementos esenciales relacionados con el derecho a la verdad, la reparación y las garantías de no repetición.

Hasta cuatro de los 12 miembros del Govern de Marga Prohens (PP) no cumplen con la normativa de transparencia aprobada por su propio Ejecutivo –tras haber recortado la anterior– en el momento en que se publica esta noticia. La norma obliga a los cargos públicos del archipiélago balear a registrar las declaraciones de renta cada año, como se puede comprobar en el registro. Al menos así figura en la información que consta en el Registro de Transparencia y Control del Patrimonio y de las Actividades de los Cargos Públicos.

Después de dos legislaturas con diferentes coaliciones progresistas encabezadas por Francina Armengol, el PP ganó las elecciones autonómicas de 2023. Prohens alcanzó el Consolat de Mar gracias a un acuerdo de gobernabilidad con Vox, que se mantiene fuera del Gobierno autonómico.  Este acuerdo trajo consigo la eliminación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción. Así, las Balears se convirtieron en la primera autonomía en eliminar un organismo anticorrupción –pese a todo, Catalunya, Comunitat Valenciana, Andalucía y Navarra cuentan con órganos de este tipo–. El fin de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción trajo consigo otro cambio en la nueva ley promulgada por Prohens: las declaraciones de bienes de los cargos públicos quedan depositadas en el Registro de Transparencia y Control del Patrimonio y de las Actividades de los Cargos Públicos. El principal cambio respecto a la normativa anterior es que ahora tienen “carácter reservado”, es decir, que la información deja de ser pública.

Este cambio permite que solo se puedan consultar las declaraciones de la renta de 2023 y 2024 de un único miembro del Govern, el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz, como se puede comprobar en el registro. Bajo la normativa anterior, los cargos públicos tenían la obligación de declarar todo su patrimonio. Es decir, debían informar de manera completa sobre todos sus bienes (propiedades o dinero), derechos (por ejemplo, participaciones o créditos), deudas y también sus actividades económicas o profesionales.

Esta información, además, era accesible para la ciudadanía a través de la web de la Oficina. La nueva ley, en cambio, es discrecional: cada administración, de acuerdo a su régimen normativo, “deberá comunicar motivadamente al Registro qué campos de información contenidos en la declaración de los cargos públicos deben hacerse públicos”, según aparece en el artículo 10.5.

La mitad de los consellers del Govern Prohens han registrado sus declaraciones de la renta de 2023 y 2024, aunque en general no están disponibles. Por ejemplo, en el caso de la presidenta se puede consultar la de 2023, pero no la de 2024. La han registrado en ambos ejercicios, sin estar disponibles, los consellers Antònia Maria Estarellas (Presidencia, Coordinación de Acción de Gobierno y Cooperación Local), Jaume Bauzá (Turismo, Cultura y Deportes), José Luis Mateo (Vivienda, Territorio y Movilidad), Catalina Cabrer (Trabajo, Función Pública y Diálogo Social) y Juan Manuel Lafuente (Mar y Ciclo del Agua).

Qué consellers no cumplen

Antoni Costa (Economía, Hacienda e Innovación), Manuela García (Salud), Sandra Fernández (Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia) y Joan Simonet (Agricultura, Pesca y Medio Natural), no cumplen con la normativa aprobada por el Ejecutivo que los nombró consellers. El primero y el último solo registraron una de las declaraciones de la renta de los años 2023 y 2024. En el caso de Costa, la registró en 2024, pero no en 2023; en el de Simonet, en 2023, pero no en 2024. El resto no la depositó en ninguno de los dos años. Antoni Vera (Educación y Universidades) tampoco cumplía, pero ha subido sus declaraciones de la renta de 2023 y 2024 después de haber sido consultado por este diario. “Ha sido un despiste personal. Ya están colgadas”, responden fuentes de su Conselleria.

Esta realidad incumple el artículo 4.4 de la Ley 2/2024, de creación del Registro de Transparencia y Control del Patrimonio y de las Actividades de los Cargos Públicos de las Illes Balears. Esta falta de transparencia contrasta con la situación que había en los años de las legislaturas anteriores (la ley que regulaba la Oficina Anticorrupción entró en vigor en 2016), cuando las declaraciones estaban disponibles.

La restricción que la ley permite en cuanto al acceso a las declaraciones de bienes patrimoniales puede dificultar también la capacidad de fiscalización de los cargos públicos en casos como el de Rafael Triguero (PP), alcalde de Eivissa, quien está bajo el foco mediático debido a una operación urbanística que perseguía, presuntamente y según denuncia la oposición, obtener irregularmente una vivienda de precio limitado (VPL).

Una restricción “desproporcionada e injustificada”

Joaquín Meseguer, experto del Foro de Gobierno Abierto de España, explica a elDiario.es, sobre el “carácter reservado” de las declaraciones de bienes patrimoniales, que la normativa “establece una restricción desproporcionada e injustificada”. Lo razonable, en su opinión, sería “la publicación de estas declaraciones anonimizando aquellos datos que puedan afectar a categorías especiales de datos o pueda generar un riesgo para la seguridad personal o la integridad de su patrimonio”.

El experto explica que este es el procedimiento habitual en otras comunidades autónomas y que “no se conoce ningún caso en el que el acceso o la divulgación haya generado ningún perjuicio que debiera haberse evitado”. “Está claro que sobre quienes ejercen estas responsabilidades públicas debe existir un escrutinio social mayor que en cualquier otro caso”, detalla Meseguer.

Después de que PP y Vox aprobaran la nueva ley que sustituye la que regulaba la Oficina Anticorrupción, Tòfol Milán, exdirector, explicó a este diario que veía con preocupación la deriva a la que se encamina Balears en materia de transparencia. Así, argumentaba que el organismo no solo se ocupaba de dar trámite a denuncias e investigaciones de todo tipo, sino también de la prevención de prácticas corruptas, de controlar y hacer públicas a la ciudadanía las declaraciones de bienes de los cargos públicos, de la formación de éstos y de impulsar programas educativos en las escuelas.

“Todo esto se pierde”, lamentó Milán. Con la anterior norma, el registro de los bienes de los altos cargos era público y accesible a todo aquel que deseara consultarlo, al igual que la Ley municipal y de régimen local de las Illes Balears permite que el registro en el caso de los ayuntamientos también sea público. El portal de la Oficina contaba con 4.400 declaraciones de bienes de 1.200 cargos y con 9.300 declaraciones de IRPF que dejaron de estar disponibles con la nueva normativa. Milán argumentó que se trataba de un instrumento que permitía evitar incompatibilidades y conflictos de intereses. También que altos cargos pudieran contratar desde las administraciones públicas a una empresa en la que tuvieran acciones.

En una línea similar, Meseguer considera necesario poder acceder a las declaraciones de bienes patrimoniales de los cargos públicos, a través de los portales correspondientes, “preservando también esa esfera de intimidad y seguridad que la Constitución y las normas imponen”. El experto puntualiza que ambos derechos “tienen que ir de la mano y ese esfuerzo de conciliación, de engarce entre ambos, aunque complejo, es posible”. “El papel de los medios de comunicación como watchdog de la gestión pública es esencial para preservar nuestra democracia y solo es posible con un acceso razonable a la información pública”, añade.

Consultado sobre si la eliminación de la ley que regulaba la Oficina Anticorrupción en Balears supuso un retroceso respecto al modelo anterior, o si se trataba de un órgano duplicado –cuyas funciones ya ejerce la Fiscalía Anticorrupción–, Meseguer responde que “claro que fue un retroceso y un verdadero varapalo para el control de las instituciones públicas”. “Ese mismo argumento se utilizó en México para la supresión del INAI, uno de los más importantes órganos garantes a nivel mundial de la transparencia y protección de datos, y ahora hay un bloqueo extraordinario del derecho de acceso a la información pública”, lamenta.

El experto matiza que es importante definir bien las competencias de estas instituciones, así como dotarlas de “medios adecuados” y establecer “canales de coordinación entre instituciones que coinciden parcialmente en su labor de control”. “Todas las instituciones tienen un coste de funcionamiento, no seamos ingenuos, pero lo que realmente nos sale caro es la corrupción”, afirma y añade que agencias autonómicas antifraude como la catalana o la andaluza “han demostrado sobradamente su eficiencia y razón de ser”.

El pleno del Consell de Mallorca ha aprobado la proposición de ley de regulación de afluencia de vehículos, que ahora será enviada al Parlament para su correspondiente tramitación. El Govern balear, sin embargo, ha rechazado la propuesta del PSIB-PSOE de dar luz verde a la medida mediante decreto ley, una fórmula que permitiría acelerar la puesta en marcha de las restricciones ante la saturación de las carreteras de la isla. El portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, ha descartado esta posibilidad al considerar que supondría “un ataque” a la autonomía del Consell de Mallorca.

Durante el pleno extraordinario celebrado este viernes, el PP ha logrado sacar adelante su propuesta con el apoyo del PSIB, Més per Mallorca y El PI. Aunque estaba previsto que Vox fuera el único grupo que votara en contra de la norma, finalmente ha optado por la abstención al “reconocer el problema” del colapso circulatorio “pero no la receta del bipartidismo”.

Por su parte, Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, ha mostrado su rechazo al ofrecimiento de votos de los socialistas para sacar adelante la limitación por la vía del decreto ley. La diputada del PSIB, Amanda Fernández, defendió el pasado miércoles que este mecanismo facilitaría que la medida entrara en vigor esta temporada turística, aunque después tendría que ser convalidada por el Parlament. La formación sostiene que las carreteras están “colapsadas cada día” y que la medida “no puede esperar más”.

“Si quisieran, la limitación podría ponerse en marcha en las próximas semanas”, ha señalado, por su parte, la portavoz socialista en el Consell, Catalina Cladera, durante el pleno extraordinario que se está celebrando este viernes para aprobar la proposición de ley de regulación de afluencia de vehículos en la isla, que posteriormente será enviada a la Cámara autonómica para que continúe su tramitación ordinaria.

La iniciativa busca reducir la saturación de las carreteras mediante la fijación de límites a los coches procedentes del exterior, un techo para los vehículos de alquiler y la creación de una tasa con carácter disuasorio. Un estudio de capacidad de carga encargado por la institución concluyó que en 2023 llegaron a Mallorca unos 400.000 vehículos a través de los puertos, el doble que en 2017.

Mientras los socialistas defienden que el decreto ley evitaría una tramitación que podría prolongarse hasta la próxima legislatura, el PP alega que la limitación de vehículos debe aprobarse mediante una ley elaborada con el máximo consenso posible entre navieras, empresas de alquiler y sectores afectados, con el objetivo de blindarla jurídicamente y garantizar su continuidad.

En su intervención ante los medios, Costa ha esgrimido que la regulación corresponde al ámbito competencial de la institución insular y debe seguir el procedimiento impulsado por el Consell presidido por Llorenç Galmés (PP). Asimismo, ha acusado además al PSIB de actuar por intereses partidistas y ha calificado la propuesta como una “maniobra desesperada” por ser un gobierno del PP el que está impulsando esta regulación. Los grupos de izquierdas, por su parte, acusan a los conservadores de haber bloqueado iniciativas similares y de retrasar durante años una medida que ahora presenta como propia.

Los socialistas sostienen que la vía ordinaria elegida por el Consell retrasará durante meses la entrada en vigor de las restricciones. A su juicio, la futura ley deberá superar todavía varios trámites administrativos y parlamentarios antes de poder aplicarse, por lo que dudan de que llegue a estar operativa antes de que finalice la legislatura. Por ello, defienden que el Govern recurra a un decreto ley para acelerar la regulación y responder de forma inmediata a la creciente presión del tráfico en Mallorca.

El Parlament balear ha instado este martes al Govern de Marga Prohens (PP) a impedir que futuras reformas normativas permitan nuevas plazas turísticas en edificios plurifamiliares, si bien PP y Vox han rechazado extender esta prohibición a adosados, pareados y viviendas unifamiliares aisladas que comparten parcela con otras edificaciones.

La negativa de conservadores y extrema derecha ha impedido sacar adelante el punto más ambicioso de una iniciativa con la que el PSIB-PSOE pretendía blindar cualquier posibilidad de crecimiento de la oferta turística en tipologías residenciales que, según los socialistas, continúan funcionando en la práctica como conjuntos plurifamiliares.

Entidades como Terraferida llevan años alertando, además, de la expansión masiva de chalés y macrourbanizaciones en suelo rústico -muchos de ellos con piscina-, un proceso que, según los ecologistas, está transformando progresivamente la isla. Según el último inventario elaborado por la entidad, entre 2021 y 2024 se construyeron o ampliaron 846 viviendas de este tipo -cinco cada semana- sobre 546 hectáreas de suelo agrario y forestal. Terraferida alerta de que el fenómeno ya no responde al modelo tradicional de vivienda aislada, sino a grandes chalés de lujo con piscinas y jardines, muchos de ellos vinculados al alquiler turístico.

La propuesta partía de una crítica directa a las sucesivas excepciones introducidas por el Ejecutivo de Prohens a su compromiso de no permitir “ni una plaza turística más” en viviendas residenciales. Mientras la prohibición afecta a los edificios plurifamiliares -los tradicionales bloques de pisos-, PP y Vox han mantenido fuera del veto a los adosados, pareados y determinadas viviendas unifamiliares situadas en parcelas con otras edificaciones.

La izquierda sostiene que estas tipologías, aunque jurídicamente no sean consideradas plurifamiliares, cumplen en muchos casos una función residencial similar y podrían seguir incorporándose al mercado turístico, manteniendo abierta una vía para la creación de nuevas plazas en plena crisis de acceso a la vivienda.

En concreto, el Govern del PP dejó fuera de la prohibición de nuevas plazas turísticas a adosados y pareados a través del decreto turístico aprobado en abril de 2025. No solo eso. Con el apoyo de Vox, los populares ampliaron de forma encubierta esa vía al incluir, a través de su ley ómnibus, a las viviendas unifamiliares aisladas que comparten parcela con otras edificaciones. Una excepción que, para los socialistas, no es menor, dado que podría afectar a alrededor de 12.000 inmuebles en Balears.

Las novedades introducidas recientemente por los dos socios de investidura reservan además un 25% de las plazas de la bolsa temporal turística para alojamientos que se implanten en edificios declarados Bien de Interés Cultural (BIC) o catalogados, tanto en suelo urbano como rústico. El porcentaje incluso podrá ampliarse o reducirse mediante una simple resolución del conseller insular de Turismo.

Los socialistas sostienen que estas modificaciones contradicen el discurso oficial de contención turística y pueden acabar trasladando más viviendas desde el mercado residencial hacia usos turísticos en un momento de máxima tensión habitacional. En la exposición de motivos de la iniciativa debatida este martes alertan de que cada vivienda que abandona el mercado residencial para convertirse en alojamiento turístico reduce las posibilidades de emancipación de los jóvenes, dificulta la contratación de trabajadores esenciales y agrava los problemas de acceso a la vivienda en un territorio sometido a una fuerte presión turística y urbanística.

La Cámara sí ha aprobado reclamar al Govern que garantice que ninguna modificación normativa permita nuevas plazas turísticas en edificios plurifamiliares, priorice el derecho a la vivienda frente al alquiler vacacional y refuerce la inspección y el control de la oferta turística ilegal.

Cultura sostenible

La comisión parlamentaria también ha dado luz verde a una amplia batería de medidas para impulsar una estrategia de cultura sostenible en Balears, una iniciativa defendida por la diputada socialista Malena Riudavets que ha contado con un amplio respaldo parlamentario. Vox, sin embargo, se ha quedado prácticamente solo en su oposición a buena parte de las propuestas, incluidas las dirigidas a reforzar la presencia del catalán y del patrimonio cultural de las islas en las políticas públicas.

La proposición no de ley insta al Govern a elaborar una estrategia balear de cultura sostenible con participación de consells, ayuntamientos, agentes culturales y profesionales del sector. La iniciativa también reclama incorporar criterios de sostenibilidad social, ambiental, territorial y de gobernanza en convocatorias públicas, programas y equipamientos culturales dependientes de la comunidad autónoma.

Entre las medidas aprobadas figuran además la elaboración de un mapa de equipamientos y proyectos culturales para mejorar la coordinación entre islas, la puesta en marcha de programas de apoyo a la movilidad interinsular de artistas y creadores, el impulso de redes estables de colaboración entre teatros, auditorios y centros culturales y la adopción de medidas para garantizar la accesibilidad universal y la inclusión cultural.

La Cámara autonómica también ha respaldado promover líneas de apoyo a la profesionalización y estabilización del sector cultural mediante el fomento de condiciones laborales dignas y la sostenibilidad de los proyectos culturales. Este punto ha salido adelante pese al voto en contra de Vox.

Uno de los aspectos que ha evidenciado mayores diferencias ha sido el relativo a la lengua catalana. El Parlament ha aprobado instar al Govern a reforzar la presencia del catalán y del patrimonio cultural material e inmaterial de Balears dentro de las políticas públicas culturales. La propuesta ha recibido doce votos favorables y el único rechazo de Vox, que ha vuelto a desmarcarse del consenso del resto de formaciones.

La extrema derecha también ha votado en contra de la elaboración de una estrategia cultural sostenible, de la incorporación de criterios de sostenibilidad en la acción cultural pública, del mapa cultural balear y de las medidas destinadas a la profesionalización del sector, mientras ha optado por la abstención en cuestiones como la movilidad interinsular de artistas, la creación de redes de colaboración entre equipamientos culturales o las políticas de accesibilidad e inclusión.

El único punto de la iniciativa que no ha prosperado ha sido el que planteaba crear mecanismos de evaluación e indicadores de impacto cultural, social y territorial para medir los resultados de las políticas impulsadas por el Govern. La propuesta ha sido rechazada por los votos del PP y del diputado no adscrito Llorenç Córdoba, mientras que PSIB y Més per Mallorca han votado a favor y Vox se ha abstenido.

La comisión ha aprobado finalmente impulsar acciones de formación y sensibilización en materia de cultura sostenible dirigidas tanto a las administraciones públicas como a los profesionales y agentes culturales de las islas, una medida que ha vuelto a contar con la oposición de los de Santiago Abascal.

El Gobierno central llevará ante el Tribunal Constitucional la derogación de la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de Balears, suprimida el pasado mes de marzo por PP y Vox. La norma, aprobada en 2016, articuló un marco institucional para investigar los crímenes del franquismo y el reconocimiento público de quienes fueron represaliados tras el golpe militar de 1936. Según ha defendido el Consejo de Ministros, la eliminación de la ley autonómica supone una vulneración de los derechos de las víctimas del franquismo y dificulta el cumplimiento de la legislación estatal en materia de memoria democrática.

La portavoz del Ejecutivo español, Elma Saiz, ha anunciado este martes la interposición del recurso después de que fracasaran las negociaciones abiertas con el Govern balear para intentar revertir la derogación del texto, que contemplaba medidas como la elaboración de un censo de símbolos franquistas para facilitar su retirada, la prohibición de actos de exaltación de la dictadura, la conservación de archivos vinculados a la memoria democrática y la garantía de acceso a la documentación relacionada con la represión franquista.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, dirigido por Ángel Víctor Torres, ofreció al Govern abrir una vía de negociación para restituir la ley. Sin embargo, las conversaciones no fructificaron y el Ejecutivo central ha optado finalmente por acudir al Constitucional con la intención además de que la suspensión de la derogación pueda aplicarse de forma cautelar mientras se resuelve el procedimiento.

El Gobierno sostiene que la decisión cuenta con el aval del Consejo de Estado, que considera que la supresión de la norma balear vulnera el deber de colaboración de las comunidades autónomas en el desarrollo de la Ley estatal de Memoria Democrática. El órgano consultivo entiende además que la derogación afecta a derechos fundamentales relacionados con la dignidad de las personas y la integridad moral de las víctimas.

La ofensiva judicial contra la decisión adoptada en Balears se enmarca en la senda ya iniciada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez con autonomías como Comunitat Valenciana, Aragón y Cantabria, cuyas normativas de memoria histórica han sido sustituidas por 'leyes de la concordia' que, so pretexto de “reconciliar” a los españoles en lugar de “reabrir heridas”, equiparan el franquismo con la democracia, mientras mantiene negociaciones sobre iniciativas impulsadas en otros territorios como Extremadura. El Gobierno considera que estos textos “blanquean la dictadura franquista, niegan la existencia del golpe de Estado como causante de la Guerra de España de 1936 a 1939, pretenden que no se conozca la verdad de lo que ocurrió y, lo que es peor, condenan a las víctimas de nuevo al olvido”. Asimismo, sostiene que estas reformas mantienen aspectos vinculados a las exhumaciones pero eliminan elementos esenciales relacionados con el derecho a la verdad, la reparación y las garantías de no repetición.

La izquierda celebra la impugnación

La decisión ha sido celebrada por los grupos de izquierda en Balears. El portavoz del PSIB-PSOE en el Parlament, Iago Negueruela, ha acusado a la presidenta autonómica, Marga Prohens (PP), de haber cedido ante Vox, defendiendo que el recurso supone un freno a la extrema derecha y aseverando que, si el Constitucional admite la impugnación y acuerda medidas cautelares, la derogación podría quedar suspendida y la ley autonómica volvería temporalmente a estar en vigor.

También Més per Mallorca ha acogido positivamente el anuncio. La diputada Maria Ramon ha señalado que recuperar la norma es especialmente relevante cuando se cumplen diez años de la aprobación de la ley de fosas de Baleares, y ha defendido que ambas legislaciones forman parte de una misma política pública destinada al reconocimiento y reparación de las víctimas.

Vox, por el contrario, ha cargado duramente contra la iniciativa del Ejecutivo estatal. Su portavoz parlamentaria, Manuela Cañadas, ha calificado el recurso de “pataleta” y ha cuestionado que el Gobierno pueda impedir que una mayoría parlamentaria autonómica derogue una ley aprobada por el Parlament. La diputada ha tildado además de “antidemocrática” la posibilidad de que la derogación quede suspendida cautelarmente y ha insistido en que la norma eliminada era, a su juicio, “injusta y sectaria”.

La derogación de la Ley de Memoria Democrática fue aprobada definitivamente por el Parlament el pasado marzo y entró en vigor tras su publicación en el BOE el 10 de abril. La medida formó parte de las exigencias planteadas por Vox al PP durante la legislatura y convirtió a Balears en una de las comunidades donde la agenda memorialista impulsada por el Gobierno central ha sufrido un mayor retroceso institucional.

El Govern de Marga Prohens (PP) ha salido en defensa de una de las medidas introducidas en su recién aprobada ley ómnibus: la que permitirá a empresas, sociedades y otras personas jurídicas adquirir viviendas de precio tasado para destinarlas al alquiler. Mientras la izquierda le acusa de poner la “alfombra roja” a los fondos buitre y a los grandes capitales, el Ejecutivo ha insistido en asegurar que la iniciativa ampliará la oferta residencial asequible y ha aprovechado para arremeter contra la 'okupación' a pesar de representar una mínima parte del problema de acceso a la vivienda: “No todos los que ocupan una vivienda están en situación de vulnerabilidad”, ha espetado el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo.

Durante el pleno de este martes, el diputado de Més per Mallorca Ferran Rosa ha acusado al Govern de agravar los problemas estructurales del mercado residencial balear: “En lugar de proteger a las familias, empeoran los problemas que ya tenemos de concentración de propiedades en pocas manos, especulación, fondos buitre y empresas que, con su reforma, podrán competir con las personas en el acceso a la vivienda”, ha reprochado durante una pregunta parlamentaria dirigida al conseller.

Rosa ha cuestionado especialmente que el Govern considere una mejora del acceso a la vivienda permitir que sociedades mercantiles puedan adquirir viviendas de precio tasado. En este sentido, ha recriminado al PP que haya asumido una lógica que ya ha provocado problemas en otros territorios. “Esperaría que diera la cara por las medidas que ha tomado, que dijera claramente que está de acuerdo con los fondos buitre y que le da igual que dentro de quince años empiecen los desahucios, que es lo que ha pasado en Madrid”, ha afirmado. “Son unos cínicos, se llenan la boca hablando de vivienda asequible para la 'gente de aquí' mientras ponen la alfombra roja a los fondos buitre”, ha aseverado.

A su juicio, las medidas impulsadas por el Ejecutivo autonómico no atacan las causas reales de la crisis habitacional y se limitan a rebajas fiscales como la supresión del impuesto de sucesiones. “Como si la solución para llegar a fin de mes fuera esperar a que se muera un familiar para poder pagar la luz o hacer la compra”, ha ironizado.

Mateo ha rechazado las acusaciones y ha defendido que la modificación responde a la propia configuración jurídica de la vivienda de precio tasado. Según ha explicado, esta figura ya contemplaba el alquiler y el alquiler con opción a compra desde que fue regulada por el anterior Pacte. La novedad incorporada mediante una enmienda permite que la gestión de promociones completas pueda ser asumida por promotores o personas jurídicas que posteriormente alquilen las viviendas a quienes cumplan los requisitos establecidos. “Lo que conseguimos es que los ciudadanos puedan acceder a precios por debajo del mercado”, ha argumentado el conseller.

El debate se ha producido apenas unos días después de que PP y Vox aprobaran una ley ómnibus que, además de introducir cambios en materia de vivienda, endurece el acceso a determinadas ayudas sociales, flexibiliza el requisito de catalán en la función pública, reserva plazas de policía local para militares y crea una Oficina de Atención a las Personas Afectadas por la Ocupación Ilegal. Precisamente sobre esta cuestión, Mateo ha vuelto a alinearse con Vox al sostener que “no todas las personas que ocupan una vivienda de forma ilegal están en situación de vulnerabilidad”.

Durante una pregunta formulada por la diputada de Vox Patricia de las Heras, el conseller defendió que tanto la ocupación como la denominada “inquiokupación” constituyen “un problema real” que contribuye a las dificultades de acceso a la vivienda. Mateo reivindicó la creación de una oficina antiokupación y aseguró que la legislación estatal deja a los propietarios “en clara indefensión”. Tras ser presionado por Vox, respondió de forma explícita que no todos los ocupantes ilegales se encuentran en situación de vulnerabilidad y reclamó cambios legislativos para reforzar la protección de la propiedad privada.

Hace dos años, PP y Vox convirtieron las Balears en la primera autonomía en eliminar un organismo público anticorrupción –únicamente Catalunya, Comunitat Valenciana, Andalucía y Navarra cuentan con órganos de este tipo–. El fin de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción trajo consigo otro cambio en la ley promulgada por Marga Prohens: las declaraciones de bienes de los cargos públicos quedan depositadas en el Registro de Transparencia y Control del Patrimonio y de las Actividades de los Cargos Públicos. El principal cambio respecto a la normativa anterior es que ahora tienen “carácter reservado”, es decir, que la información deja de ser pública.

La restricción que la ley permite en cuanto al acceso a las declaraciones de bienes patrimoniales puede dificultar la capacidad de fiscalización de los cargos públicos en casos como el de Rafael Triguero (PP), alcalde de Eivissa, quien está bajo el foco mediático debido a una operación urbanística que perseguía, presuntamente y según denuncia la oposición, obtener irregularmente una vivienda de precio limitado (VPL).

Bajo la normativa anterior, los cargos públicos tenían la obligación de declarar todo su patrimonio. Es decir, debían informar de manera completa sobre todos sus bienes (propiedades o dinero), derechos (por ejemplo, participaciones o créditos), deudas y también sus actividades económicas o profesionales. Esta información, además, era accesible para la ciudadanía a través de la web de la Oficina. La nueva ley, en cambio, es discrecional: cada administración, de acuerdo a su régimen normativo, “deberá comunicar motivadamente al Registro qué campos de información contenidos en la declaración de los cargos públicos deben hacerse públicos”, como figura en el artículo 10.5.

En el caso de Triguero, presentó la declaración de bienes patrimoniales el 17 de junio de 2023, cuando tomó posesión como alcalde, como se puede comprobar en el registro. La última actualización sobre su patrimonio data del 12 de agosto de 2025, cuando publicó la declaración de la renta del ejercicio de 2024. En el portal de transparencia municipal, las declaraciones de la renta están mayoritariamente actualizadas al año 2022, según aparece en la web. Es decir, cuando el socialista Rafa Ruiz (2015-2023) era todavía alcalde de Eivissa. En el caso de las declaraciones patrimoniales, están actualizadas al momento en que los concejales tomaron posesión o cesaron de su cargo, como se puede comprobar.

Por otro lado, si se buscan las declaraciones de la renta de otros cargos públicos –algunos de ellos muy importantes–, se puede comprobar que se han presentado, pero ya no son accesibles a través del nuevo Registro de Transparencia. Y no lo son porque la nueva norma indica claramente que tienen “carácter reservado”, a diferencia de la anterior.

En cualquier caso, la declaración de bienes patrimoniales de Rafael Triguero no está actualizada, pues en ella no figuran sus últimas operaciones inmobiliarias. Tras las consultas de este diario, el Ajuntament d’Eivissa responde que las declaraciones de bienes patrimoniales no quedan depositadas únicamente en el registro del Parlament, sino que “cada institución puede acordar publicarlo también en sus propios portales de transparencia”. Por ello, señalan que las declaraciones patrimoniales del alcalde y de los concejales del Gobierno municipal están publicadas. En este sentido, el Ajuntament no considera que haya habido un retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas respecto al modelo anterior.

Operación inmobiliaria

El alcalde de Eivissa está en el punto de mira por haber realizado una operación urbanística que perseguía, presuntamente y según denuncia la oposición, obtener irregularmente una vivienda de precio limitado (VPL), como informó elDiario.es. La estrategia habría consistido en transformar una oficina en una vivienda de precio limitado en un barrio del eixample de la ciudad. Para presuntamente esquivar las limitaciones que introdujo el Ejecutivo autonómico para beneficiarse de una VPL, Triguero cedió el 50% del local-vivienda y de otra casa suya a sus hijos menores (25% a cada uno de ellos) mediante un pacto sucesorio antes de supuestamente mudarse al nuevo inmueble, según la documentación a la que accedió este diario. De este modo, además, su pareja podría alquilar o vender otro piso del cual es 100% titular en el mismo bloque.

Una VPL es una figura creada por la ley balear de vivienda que permite convertir locales y oficinas en viviendas con límites de precio y requisitos de acceso para ampliar la oferta residencial. A diferencia de una VPO o vivienda protegida tradicional, no forma parte de un régimen clásico de promoción pública. “En todo momento he cumplido la ley escrupulosamente. No he adquirido, ni tampoco se me ha adjudicado, ni una vivienda pública ni tampoco una vivienda protegida”, aseguró Triguero. Tanto el Ajuntament d’Eivissa como la Conselleria de Vivienda del Govern defienden que no aprecian irregularidades hasta el momento en el modo en que Triguero ha reconvertido un local comercial en vivienda de precio limitado.

Triguero y su pareja compraron, al 50% cada uno, una oficina en una urbanización de Can Misses, según consta en la escritura firmada el 4 de junio de 2025. El inmueble, de casi 100 metros cuadrados, dispone además de una terraza descubierta de 45 metros cuadrados y otra con jardín de 76. Para adquirirlo solicitaron una hipoteca de 208.000 euros con vencimiento el 4 de junio de 2045. En caso de ejecución hipotecaria, el valor fijado para una eventual subasta asciende a 366.814 euros.

El 22 de diciembre de 2025, el alcalde de Eivissa cedió el 50% del local a sus dos hijos menores mediante un pacto sucesorio, una fórmula que permite adelantar la herencia en vida en Balears. Cada uno recibió el 25% de la propiedad. Meses después, el 19 de marzo de 2026, Triguero y sus hijos solicitaron el cambio de uso de local a vivienda, según la documentación a la que accedió este diario. Pese a la cesión, Triguero mantiene el control sobre el inmueble. El pacto sucesorio le reserva “la facultad de disponer” y el derecho exclusivo de gestión hasta que sus hijos cumplan 35 años. Los menores no pueden vender, hipotecar, alquilar, donar ni dejar en herencia su parte de la propiedad.

El alcalde también es propietario de otro piso de 70 metros cuadrados en Eivissa, adquirido en 2012. El mismo día en que cedió parte del local-vivienda a sus hijos, realizó la misma operación con este inmueble, entregando el 25% a cada uno de ellos y reservándose las mismas facultades de control. Por su parte, la pareja de Triguero es propietaria al 100% de otra vivienda situada en el mismo bloque donde ambos compraron la oficina posteriormente convertida en vivienda. Se trata de un piso de 94 metros cuadrados con una terraza de 12.

El local-oficina obtuvo la licencia de primera ocupación, que otorga el Ajuntament d’Eivissa, el 6 de marzo de 2026, según denunció el PSOE ante el IBAVI, dependiente de la Conselleria de Vivienda del Govern. En la misma denuncia, a la que accedió este diario, se explica que en abril de este año Triguero y su pareja se fueron a vivir al nuevo piso, pese a no reunir presuntamente “los requisitos necesarios para ser beneficiarios”. Asimismo, la pareja del alcalde procedió a alquilar la vivienda de la que es titular al 100% y que está en el mismo edificio, según los socialistas.

Qué dice la ley

La ley autonómica 3/2024 indica que para poder acceder a una vivienda de precio limitado “en cualquiera de las modalidades de acceso” el beneficiario “no podrá ser titular del pleno dominio o de un derecho real de uso y disfrute sobre más de un 50% de alguna vivienda libre o sometida a algún régimen de protección”.

El local fue adquirido por Triguero y su pareja al 50%. Ambos poseían, el 4 de junio de 2025, el 100% de otra vivienda. El 22 de diciembre de 2025, Triguero utiliza la fórmula del pacto sucesorio (herencia en vida) para repartir el local y su otra vivienda, al 50%, a sus dos hijos menores (cada uno de ellos posee, desde entonces, el 25%). El cambio de uso de local a vivienda se solicitó el 19 de marzo de 2026. El objetivo era quedarse presuntamente con el 50% y así cumplir, sobre el papel, con este requisito legal. Sin embargo, el alcalde tiene el control total de ambos pisos.

Cuando se le pregunta al Ayuntamiento si, a raíz de las informaciones recientes sobre el alcalde, el nuevo marco normativo puede generar una percepción de menor control o sobre posibles conflictos de interés o situaciones patrimoniales de relevancia pública, responde que “el alcalde no es beneficiario de ninguna vivienda VPL”. “Es propietario, y de hecho aún no es ni una vivienda VPL porque aún está en proceso de registrarse y constituirse como tal, dentro de plazo”. “Beneficiario sería si viviera en ella” aseguran las fuentes y añaden que “no es el caso”.

Los argumentos que da el Ejecutivo local es que Triguero no es beneficiario de una VPL. “Él compró un local, y lo está transformando en vivienda”, afirman. Las fuentes consultadas añaden que el alcalde ya ha anunciado que, cuando se complete el procedimiento, la vivienda pasará al mercado de alquiler a precio limitado. “Es decir, técnicamente ha creado una vivienda nueva a partir de un local”, puntualizan. “Y esa vivienda estará en alquiler a un precio limitado por ley y para siempre”. “Lo que ha hecho realmente es aumentar la vivienda disponible a precio razonable en el municipio”, señalan. En conclusión, el Ayuntamiento cree que la actual legislación, con la que están cumpliendo, es suficiente para garantizar la transparencia y el control sobre el patrimonio de los cargos públicos.

Este diario también se ha puesto en contacto con fuentes del Govern, a quienes se ha consultado si el modelo actual supone un retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas, y qué mecanismos consideran actualmente suficientes para garantizar la transparencia y el control público sobre el patrimonio, una vez eliminada la Oficina Anticorrupción. Estas fuentes manifiestan que, desde el primer día, se han preguntado si la Oficina Anticorrupción “se dedicaba realmente a luchar contra la corrupción”.

“No vio nada en el caso del exalcalde de Sant Josep, que fue detenido por causas urbanísticas, por ejemplo”, señalan. Señalan, además, que la Oficina archivó “todas las causas que tenían que ver con el anterior Govern (progresista) de forma sistemática” y que este organismo público se utilizó “para atacar exclusivamente a miembros de lo que entonces era el principal partido de la oposición”, es decir, del Partido Popular. Del mismo modo, recuerdan que 13 de las 17 comunidades autónomas no tienen oficinas anticorrupción y que existe toda una legislación en materia de transparencia que “evidentemente cumplimos, además de la existencia del propio portal de transparencia”.

“Este Govern confía en la Fiscalía, la Intervención General y la Sindicatura de Comptes como organismos independientes y mecanismos de control para los ciudadanos y para las administraciones de las Illes Balears”, señalan las mismas fuentes.

La tensión crece en los servicios informativos de IB3. El comité de empresa de la televisión pública balear ha expresado en un comunicado su “preocupación” por varias decisiones adoptadas recientemente por la Dirección de informativos que, según consideran, afectan “directamente a la calidad, el rigor y la credibilidad del ente público”. La plantilla denuncia, entre otras cuestiones, presiones para no cubrir este fin de semana una manifestación antifascista celebrada en Palma y a la que asistieron 200 manifestantes y una amplia cobertura informativa de las corridas de toros por decisión editorial. 

Los trabajadores reclaman la creación de un Consell de Informatius independiente que garantice el respeto al código deontológico profesional y un buen funcionamiento del servicio público. Lo han hecho a través de una carta que el comité ha hecho pública en redes sociales y después de crear una Comisión de informativos para dialogar con la empresa, que “no ha querido formar parte” de la comisión, asegura Mercè Valero, vicepresidenta del comité. elDiario.es todavía no ha recibido respuesta por parte de IB3.

En el documento, la plantilla denuncia la “estocada” que están sufriendo los criterios periodísticos bajo la actual dirección, que ejerce desde febrero de 2025 Josep Codony. “Nos preguntan -desde la dirección de televisión, cuyo máximo cargo ocupa Juan Mestre- por qué reclamamos ahora y no en los 21 años que lleva funcionando IB3 un Consell de Informatius. La respuesta es que era, hasta ahora, prácticamente un suicidio profesional: estábamos subcontratados y nos jugábamos el puesto”, explica Valero.

Codony, que no es periodista pero sí exafiliado del Partido Popular (PP), fue nombrado director general de IB3 tras la dimisión del independiente Albert Salas y gracias a un acuerdo entre PP y Vox en el Parlament. No era la primera vez que dirigía la radiotelevisión pública balear, sino que ya ocupó el cargo durante el Govern de José Ramón Bauzà (2011-2015), antes de ser sustituido por Andreu Manresa. La Dirección de Informativos, por su parte, recae desde mayo de 2024 en Silvia Pol, designada por Salas.

Fue durante la etapa de Salas cuando se cerró un acuerdo en diciembre de 2024 con el comité de empresa para integrar a más de 300 trabajadores, que no aceptaron luego ni Presupuestos ni Función Pública. Los trabajadores se quedaron así -con el cambio de dirección- sin la regularización necesaria para que sus condiciones se equiparen al resto de empresas del sector público instrumental, detalla por su parte la directora del comité, Laura Fernández. “Hemos tenido que reanudar las negociaciones como si no hubiéramos conseguido nada en estos últimos tres años”, lamenta.

El retorno de las crónicas taurinas

Una de las preocupaciones que el comité ha manifestado en el comunicado público es el rumbo que ha tomado el ente público en cuestión de contenidos. Lamenta, en ese sentido, que en las emisiones se haya vuelto a dar cabida a las crónicas taurinas. La cobertura se ha retomado después de que la primavera pasada, la tauromaquia resucitara en Balears. 

El primer Govern Armengol (PSIB, Més per Mallorca, Podem), en julio de 2017, aprobó la 'Ley de Toros a la balear': sin rejones, banderillas ni estocada final, pero el Gobierno de Mariano Rajoy llevó el asunto al Constitucional y, más tarde, PP y Vox terminaron de tumbar los cambios progresistas que había hecho Armengol. Lo hicieron permitiendo que los menores (acompañados de un tutor legal) pudieran entrar de nuevo a las plazas. 

Se trató de una de las múltiples medidas que la extrema derecha logró incluir en el acuerdo de gobierno alcanzado con el PP a principios de legislatura como canje para que los populares pudieran gobernar las islas en solitario. “Creemos que hay muchos argumentos para plantearse seriamente si es necesario ofrecer este tipo de información que, además, crea gran rechazo y controversia social”, sostienen desde el comité. 

La plantilla de IB3 ha considerado, además, “desafortunada” la decisión de reducir a la “mínima expresión” las protestas y movilizaciones frente a las plazas por parte de entidades antitaurinas. La última, hace apenas una semana frente a la plaza de toros de Inca, el primer municipio donde hace un año se volvió a celebrar la primera corrida de toros ‘a la antigua’ tras los cambios realizados por PP y Vox.

Por otro lado, el comité ha denunciado presiones, el pasado 24 de mayo, para que los servicios de informativos del fin de semana no diesen cobertura a una manifestación antifascista en Palma en la que participaron 200 personas y que finalmente sí se emitió porque el redactor que hizo cargo insistió en hacerse cargo. Sí se dio cobertura, por el contrario, a un acto organizado por el grupo ultraderechista Núcleo Nacional al que asistieron apenas 20 personas. 

La reivindicación de un Consell de Informatius

“Los trabajadores de informativos hace tiempo que reclamamos la creación de un Consell para poder aportar nuestro criterio profesional y hacernos oír”, recuerdan los informadores en el comunicado publicado en X. Representantes del comité han explicado a elDiario.es que, mientras en el Parlament no se acuerde la modificación de la Ley de IB3 para crear este órgano, han propuesto crear una comisión paritaria entre el comité de Empresa -ahora mismo, el único órgano representativo de los empleados de la radiotelevisión pública- y la Directiva de IB3. “Pero, una vez y otra, nos hemos encontrado con negativas”, lamentan. 

Los sindicalistas han recordado las dos décadas de experiencia que tienen la mayoría de informadores del ente a sus espaldas y han lamentado que no puedan, siquiera, disponer de un espacio de diálogo para abordar cuestiones que les “preocupan” desde su “opinión, criterio, experiencia y conocimiento”. 

Por otra parte, los trabajadores han valorado negativamente la creación de un nuevo cargo de subdirector de informativos, para el que no se requiere ni titulación periodística ni conocimientos de catalán (lengua en que se producen los contenidos de la cadena), y que ha supuesto la desaparición de una plaza de personal laboral. “Consideramos que hay muchos departamentos con carencias importantes para los que no hay tanta prisa por poner solución”, añaden desde la plantilla.

Mientras estos cambios se producen, los empleados continúan a la espera de que arranque la nueva negociación del convenio y de la Relación de Puestos Laborales (RTL, por sus siglas en catalán), donde se fijan las plazas de trabajo existentes y las retribuciones correspondientes. De momento, solo existe RTL de los periodistas que llevan en IB3 desde 2005 -cuando empezó a funcionar el ente público- y quedan por incorporar todos aquellos internalizados hace tres años.

El polémico nombramiento de Codony

El nombramiento de Codony, que se consideró una decisión “con tintes ideológicos” en un momento político clave, desencadenó varias dimisiones en IB3: la de la directora de Comunicación Corporativa, Marketing y Medios Digitales, Marisa Candia; la de la directora del área de Televisión, Mar Comín, y, por último, la de la gerente, Vanessa Cursach. 

La designación también provocó que la temporada pasada la cadena pública se convirtiera en un campo de batalla para el PP por los atrasos en mejoras laborales tras más de veinte años de protestas. El comité de empresa ya se plantó en mayo del año pasado para reclamar igualdad de condiciones -salariales y horarias- para los 320 de los 430 profesionales que sacaban en ese momento adelante el contenido producido por la radiotelevisión directamente (sin contratar a productoras externas). Ahora mismo, la plantilla cuenta con cinco empresas para alimentar la parrilla, cuatro de ellas subcontratadas y la quinta es la propia IB3. Entre las acciones para hacer presión al Ejecutivo autonómico se convocó una huelga y varias concentraciones frente a la sede del Govern, en el Consolat del Mar.

En junio, un mes después, las conversaciones entre los trabajadores y el Govern habían caído en saco roto y seguía sin haber una hoja de ruta clara para que la plantilla de la radiotelevisión pública balear avanzara hacia las garantías que exige para seguir trabajando. Entre los cinco puntos que exigían en la negociación estaban -y siguen estando- la integración en una sola plantilla y mejoras laborales como la armonización de los horarios y la retroactividad salarial. 

Ahora se ha vuelto a abrir la Mesa para dialogar de nuevo sobre estos puntos, aunque la dirección general, valoran desde el comité, no “está por la labor”. “Aún así, lucharemos y trabajaremos para que los informativos del ente público y la razón de ser de nuestra radiotelevisión pública no pierda el rigor y el prestigio que se merece la ciudadanía”, han aclamado.

Lo que comenzó hace apenas medio año como un decreto para acelerar proyectos estratégicos ha terminado convertido en una de las leyes más controvertidas de la actual legislatura en Balears. Con los votos de PP y Vox, el Parlament ha aprobado finalmente la norma impulsada por el Govern de Marga Prohens (PP) tras una tramitación exprés marcada por la incorporación de centenares de enmiendas que nada tienen que ver con el espíritu inicial del texto y que modifican de forma encubierta cerca de 70 leyes autonómicas.

No en vano, las negociaciones llevadas a cabo estos meses por conservadores y extrema derecha han multiplicado por cinco el texto original de la norma, convirtiéndolo en una macroley en la que han sido introducidas cuestiones tan alejadas de su esencia como la reserva de plazas de policía local a militares de tropa y marinería, la agilización de licencias urbanísticas y la externalización de sus controles, el endurecimiento de las condiciones para acceder a las ayudas sociales, la flexibilización de los requisitos de la lengua catalana en el ámbito público, la creación de una oficina antiokupación -una de las grandes banderas discursivas de los de Santiago Abascal- y la recuperación del tiro al pichón y a la codorniz, una práctica consistente en lanzar aves vivas para ser abatidas en competiciones.

El texto no modifica solo una o dos normas sectoriales, sino que acaba tocando numerosas disposiciones distintas de leyes, decretos, órdenes y reglamentos. La complejidad y el volumen alcanzado por la macroley, con la incorporación de transacciones acompañadas de latinismos como “sexies”, “quinquies” o “novoquadragies”, ha provocado incluso momentos de desconcierto durante la votación y ha obligado a suspender momentáneamente el pleno para aclarar cuál era exactamente el redactado que se estaba votando. Los diputados de PP y Vox han dado luz verde al texto definitivo cuando pasaban las 17.00 horas.

La polémica, sin embargo, no solo la suscita el contenido de las enmiendas, sino también la maniobra utilizada para incorporarlas. La oposición de izquierdas denuncia la utilización de leyes tipo ómnibus para introducir reformas estructurales “por la puerta de atrás”, evitando el debate y los informes específicos que requerirían cada una de ellas por separado y anulando la posibilidad de presentar enmiendas independientes por parte de los demás grupos. La fórmula permite, de este modo, modificar simultáneamente decenas de leyes bajo un único paraguas legislativo, reduciendo drásticamente los tiempos parlamentarios.

Durante el debate de la ley, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, en línea de los demás grupos, ha denunciado que el texto ha dejado de ser una norma para agilizar proyectos estratégicos para convertirse en un “auténtico cajón de sastre” utilizado para introducir reformas ideológicas sin debate específico, lo que, ha aseverado, sienta “un precedente muy peligroso”. El dirigente ecosoberanista ha acusado al Govern de Prohens de asumir progresivamente la agenda ideológica de Vox y convertir una ley de simplificación administrativa en una herramienta para impulsar cambios estructurales “sin debate público real”. “Las líneas rojas se han transformado en líneas rojigualdas de inspiración franquista”, ha espetado en alusión a los supuestos límites que los conservadores han asegurado en numerosas ocasiones haber impuesto a sus socios de investidura.

El portavoz de Més ha puesto el foco, además, en varias de las medidas incluidas en la norma que, ha advertido, favorecerán la entrada de grandes capitales inmobiliarios y fondos de inversión extranjeros en Balears en un momento de máxima tensión residencial al reducir controles y plazos administrativos, permitir excepciones a licencias municipales y crear mecanismos específicos para acelerar inversiones privadas. Asimismo, la macroley abre las puertas a que personas jurídicas -empresas, sociedades o fondos de inversión- puedan adquirir viviendas de precio tasado para destinarlas al mercado del alquiler. La oposición alerta de que el nuevo marco allana el camino para que actores privados puedan llevar a cabo operaciones inmobiliarias y turísticas de gran escala en un territorio ya fuertemente tensionado por la turistificación, la presión urbanística y la compra de vivienda por parte de capital extranjero. “Será una autopista para la inversión especulativa”, ha incidido Apesteguia.

Por su parte, el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha acusado a PP y a Vox de haber “pervertido el procedimiento legislativo” y ha recriminado al vicepresidente primero del Govern, Antoni Costa -encargado de defender la iniciativa legislativa-, que haya sacado pecho del “diálogo”. “Eso probablemente lo hacen en su despacho”, le ha espetado.

Con la aprobación de esta norma 'contenedor', el Govern de Prohens sigue la senda del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, que también ha utilizado varias leyes ómnibus para modificar o derogar decenas de normas con incidencia en el urbanismo, la ordenación del territorio, el medioambiente y la agricultura.

Estas son las principales medidas aprobadas a través de la ley de proyectos estratégicos en Balears.

Restricción de ayudas sociales

La norma incorpora criterios más restrictivos a la hora de acceder a la red de protección social de la comunidad, una modificación que, en palabras de Vox, busca frenar el “efecto llamada”, elemento amplia y reiteradamente cuestionado por distintos estudios y especialistas en migraciones. Entre otros requisitos, el Govern exigirá un mínimo de tres años de residencia legal ininterrumpida en Balears para poder obtener la renta social garantizada (Resoga), además de obligar a los solicitantes a haber solicitado previamente el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y cualquier otra prestación o subsidio al que pudieran tener derecho.

El nuevo redactado también endurece las obligaciones vinculadas a la inserción laboral: el Govern reclamará que las personas en edad laboral de la unidad familiar estén inscritas como demandantes de empleo y no hayan rechazado ofertas de trabajo ni abandonado voluntariamente un empleo durante los tres meses anteriores a la solicitud. La ley amplía además el régimen sancionador de estas ayudas, incluyendo periodos de prohibición de acceso de hasta 18 meses para toda la unidad de convivencia en casos considerados muy graves.

El giro restrictivo en el acceso a las ayudas sociales encaja con una estrategia política más amplia impulsada por Vox en distintos territorios bajo el concepto de “prioridad nacional”, consistente en limitar prestaciones públicas a la población migrante. En Balears, el PP evita asumir explícitamente ese marco discursivo y, en lugar de establecer diferencias directas entre ciudadanos españoles y extranjeros, articula las nuevas restricciones a través de requisitos administrativos y de residencia prolongada que, en la práctica, endurecen especialmente el acceso de la población más vulnerable a la principal red de protección social de la comunidad.

Entre las nuevas medidas figura también la creación de una Oficina de Atención a las Personas Afectadas por la Okupación Ilegal, que replica el modelo impulsado previamente por conservadores y extrema derecha en el Ayuntamiento de Palma. Aunque carecería de competencias ejecutivas, su creación institucionalizaría el enfoque antiokupación dentro de la política autonómica, a pesar de que sindicatos de vivienda y entidades sociales llevan tiempo denunciando que la okupación representa una parte mínima del problema habitacional a nivel estatal y en Balears en particular.

Este apartado ha sido especialmente criticado por la izquierda. “Ustedes, PP y Vox, son un peligro para los derechos humanos”, ha espetado el diputado socialista Llorenç Pou. En esta misma línea, su compañera de bancada, Amanda Fernández, ha acusado a ambos socios de dejar “a los más desfavorecidos y vulnerables sin las necesidades más básicas cubiertas”. “Ustedes quieren economía sumergida pero sin derechos”, ha reprochado, denunciando que, en paralelo, los populares intenten bloquear la regularización de personas migrantes y alimenten un clima político basado “en el racismo y el odio”.

Agilización de licencias y externalización de controles

La Ley también profundiza en la filosofía de “desregulación” y simplificación administrativa que PP y Vox han defendido durante toda la negociación. En esta materia, las medidas incorporadas pretenden apuntalar una de las normas más controvertidas de la legislatura en Balears, la ley de liberalización del suelo, que permite legalizar viviendas construidas de forma ilegal en suelo rústico en determinadas condiciones so pretexto, según defiende el Govern de Prohens, de facilitar el acceso a la vivienda. El texto abre además las puertas a regularizar cientos de edificaciones, incluidas aquellas situadas en las áreas de máxima protección de la Serra de Tramuntana, el pulmón verde de Mallorca declarado en 2011 Patrimonio Mundial por la UNESCO.

El nuevo texto permite eximir de licencias municipales determinadas obras públicas declaradas de especial interés estratégico y facilita que infraestructuras autonómicas o insulares se tramiten con procedimientos excepcionales y preferentes. No solo eso: la declaración de proyecto estratégico lleva implícita la autorización para contratar, firmar convenios e iniciar expedientes de gasto sin trámites adicionales del Consell de Govern. El nuevo marco crea incluso una Comisión y una Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos encargadas de captar inversiones privadas y acompañar a empresas durante las tramitaciones administrativas.

Las enmiendas, además, buscan ampliar el uso de las declaraciones responsables no solo para iniciar actividades, sino también para sustituir documentación en numerosos procedimientos administrativos, evitando, como sostienen desde el PP, que los ciudadanos “tengan que aportar repetidamente documentos que ya están en su poder o la verificación de los cuales se puede hacer posteriormente”. En la práctica, este sistema permitiría impulsar actividades sin necesidad de autorización previa, trasladando el control a un momento posterior pero reforzando el régimen sancionador en caso de incumplimiento.

Otro de los puntos pasa por incorporar a las entidades colaboradoras de certificación -como los colegios profesionales o las cámaras de comercio- para que puedan validar la documentación y los requisitos técnicos con eficacia administrativa. Se trata de un modelo que, aunque con la intención de reducir tiempos de revisión, supondrá en la práctica una externalización parcial de las funciones de control y una mayor agilización de licencias y trámites en un contexto marcado por la creciente saturación turística y el debate sobre los límites del crecimiento en Balears.

Las enmiendas también alcanzan a ámbitos profesionales específicos, como el de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API), a través de modificaciones en su regulación. Los cambios planteados afectan al marco de acceso y ejercicio de la actividad, en línea con el objetivo declarado por el PP de simplificar trámites y reducir cargas administrativas. En este caso, la reforma se orienta a flexibilizar los requisitos y procedimientos vinculados al ejercicio de la actividad inmobiliaria, introduciendo mecanismos que faciliten la incorporación de nuevos operadores y reduzcan los controles previos en favor de sistemas de verificación posterior.

Ofensiva contra el catalán

Respecto a la lengua propia de Balears, el texto incorpora excepciones al requisito de catalán tanto para determinados puestos laborales de la Administración como para los nuevos directores de proyectos estratégicos, para quienes no será exigible acreditar conocimientos del idioma, algo que Vox llevaba tiempo reclamando bajo el discurso de acabar con la “imposición lingüística”: “No podemos permitir que un aula se quede sin profesor porque el candidato más cualificado no tenga un titulito excluyente como es el catalán”, expresó en su momento la portavoz parlamentaria de la formación de extrema derecha, Manuela Cañadas.

El PP y los de Santiago Abascal también eliminan la obligatoriedad de acreditar conocimientos del catalán a los trabajadores de los niveles 7 y 8 del personal laboral de la comunidad autónoma, vinculados sobre todo a tareas auxiliares, subalternas, de mantenimiento o servicios básicos. En este sentido, el diputado de Unides Podem José María García ha acusado al Govern “romper el consenso” alcanzado hace cuatro décadas con la Ley de Normalización Lingüística para alinearse con la extrema derecha. “Ustedes cambian cromos y se defienden como pueden cuando se les acusa de ir contra la lengua propia de Balears”, ha reprochado a los populares.

En línea de los demás grupos de izquierdas, ha recriminado que las modificaciones introducidas representan “un ataque directo” a la normalización lingüística. “El catalán sí está en recesión”, ha alertado el parlamentario de la formación morada, que ha defendido que la escuela debe compensar la posición de desventaja social de la lengua propia frente al castellano.

Militares en la policía local y pistolas táser

También han introducido un cambio relevante en el acceso a los cuerpos policiales municipales. A iniciativa de los de Abascal será modificada la normativa de coordinación de policías locales para permitir que los ayuntamientos reserven hasta un 20% de las plazas de policía local a militares de tropa y marinería con más de cinco años de servicio -una medida que ya ha celebrado la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME)-, así como la autorización del uso de pistolas eléctricas (taser) como equipamiento policial.

En paralelo, la macroley introduce cambios fiscales de enorme alcance. Entre ellos figura una bonificación del 100% en determinadas escrituras notariales para la compra de primera vivienda por parte de jóvenes menores de 30 años o personas con discapacidad, siempre que cumplan requisitos económicos y de residencia previa en Balears. También se modifican normativas de comercio, turismo, residuos, actividades económicas y contratación pública, además de facilitar nuevas fórmulas para la cesión de suelo público entre administraciones y ampliar competencias de la Agencia Tributaria balear.

El PP: “Un texto más sólido y ambicioso”

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha subrayado, durante la defensa de la iniciativa legislativa, que, en contra del criterio de la oposición, aquélla no traspasa ninguna de las “líneas rojas” marcadas por el Govern. Según ha señalado, las nuevas medidas ayudarán a “cambiar la manera en la que la administración responde a las empresas y los ciudadanos” e impulsar la diversificación de la economía de Balears. El también vicepresidente primero ha defendido que las enmiendas introducidas “mejoran el texto” y permiten “dar cumplimiento” al acuerdo presupuestario firmado entre el PP y Vox hace ahora un año.

“El acuerdo presupuestario queda cumplido y, evidentemente, ahora seguiremos negociando ley a ley e iniciativa a iniciativa”, ha subrayado.

En esta línea, el diputado del PP Jorge López ha apuntado que la tramitación de la norma demuestra que “cuando existe voluntad política los acuerdos son posibles” y ha reivindicado el texto como una herramienta para “modernizar la Administración”, reducir burocracia y facilitar inversiones y proyectos empresariales en Balears. El parlamentario popular ha aseverado que el resultado final es “un texto más sólido, más ambicioso y más útil para los ciudadanos”. Según ha alegado, la ley combina “agilización administrativa con seguridad jurídica” y permitirá impulsar vivienda para residentes, medidas fiscales para jóvenes y familias y nuevas herramientas contra la oferta turística ilegal.

Frente a las críticas de la oposición por la utilización masiva de enmiendas inconexas, López ha apelado a la legitimidad democrática de la tramitación al contar con una mayoría parlamentaria. López ha aprovechado el debate para cargar contra la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno central, que ha calificado de “improvisación” y “caos”. “Cuando veo que ustedes manipulan y mueven las reglas según les interesa es cuando uno pierde la credibilidad”, ha reprochado.

Alejandro Jurado, jefe de gabinete de la presidenta balear, Marga Prohens (PP), ha negado este martes ante la jueza las imputaciones de presunto amaño que pesan sobre él en relación a la contratación del chófer oficial de la líder autonómica y ha defendido que el procedimiento se desarrolló con “legalidad” y “transparencia”.

Pasadas las 9.15 horas, el número dos de Prohens hacía acto de presencia en los Juzgados de Vía Alemania de Palma para declarar como investigado por el presunto trato de favor a un familiar suyo -el hijo de un primo- para ocupar una plaza de conductor adscrita a Presidencia.

En su comparecencia ante la jueza del Juzgado de Instrucción número 3, Jurado, quien únicamente ha respondido a preguntas de su letrado, Jaime Campaner, ha rechazado los hechos descritos en la querella interpuesta por un veterano chófer y funcionario de carrera y ha defendido que la cobertura de la vacante respondió a una necesidad temporal provocada por la baja laboral de uno de los conductores oficiales del Govern. De acuerdo con su versión, el sistema previsto legalmente para cubrir la plaza era el de libre designación, dado que se trataba de un puesto de confianza vinculado directamente a Presidencia.

El investigado ha asegurado que la convocatoria se publicó inicialmente “por error” como un concurso con baremación de méritos, un extremo que posteriormente se corrigió para ajustarlo al procedimiento de libre designación. Según su declaración, una vez revisadas las candidaturas se le trasladó una lista con quince aspirantes que cumplían los requisitos exigidos y fue entonces cuando él escogió al candidato que consideró más adecuado para el puesto.

La defensa de Jurado coincide además con la documentación remitida por el propio Govern al Juzgado. En un oficio firmado por la secretaria general de Presidencia, el Ejecutivo señala que, una vez elaborada la lista definitiva de los 15 aspirantes admitidos y revisados sus currículums, toda la documentación fue trasladada a la dirección del Gabinete de la Presidenta, que “propuso a la persona que consideró más idónea” para ocupar la plaza.

La investigación judicial se centra precisamente en ese cambio de criterio. La querella sostiene que, después de una primera baremación en la que el familiar de Jurado no habría obtenido la mejor puntuación, se modificaron las bases del procedimiento para permitir una selección discrecional y favorecer su contratación. El denunciante describe la maniobra como una actuación “ilegal, injusta y arbitraria” y acusa al entorno de Presidencia de alterar las reglas “a posteriori” para garantizar el nombramiento.

El caso adquirió notoriedad después de que el chófer contratado acabara estrellando el coche oficial de Marga Prohens apenas unos meses después de incorporarse al puesto. El accidente, ocurrido tras dejar a la presidenta en la terminal del aeropuerto de Palma, dejó el vehículo siniestro total y terminó situando bajo foco público la contratación impulsada desde el núcleo duro del Govern.

Durante su comparecencia, Jurado ha insistido en que el puesto era de “confianza” y que actuó dentro de las competencias propias de una plaza de libre designación. La defensa del jefe de gabinete mantiene así la misma línea argumental sostenida desde el inicio por el Ejecutivo autonómico, que siempre ha defendido la legalidad del procedimiento y ha expresado su “máxima y absoluta tranquilidad” respecto a la causa judicial.

El relato del querellante dibuja, sin embargo, una batalla mucho más profunda sobre el funcionamiento interno de Presidencia y sobre el choque entre los principios de mérito y capacidad y la discrecionalidad política en los puestos de confianza. La querella acusa directamente al entorno de Prohens de haber diseñado un “plan ilegal, injusto y arbitrario” para “facilitar un puesto de trabajo en la administración pública a un familiar”.

El denunciante, funcionario de carrera desde hace más de treinta años y chófer de varios presidentes autonómicos, asevera que fue apartado del servicio directo a Presidencia para ser sustituido por “un joven afín sin experiencia”, lo que deterioró gravemente su salud mental y derivó en un cuadro ansioso-depresivo que todavía arrastra.

En su querella, el veterano chófer subraya que el puesto de conductor adscrito a Presidencia no era una plaza menor dentro del Govern y que la propia relación de puestos de trabajo define el cargo como uno de “dedicación especial, peligrosidad, responsabilidad y dificultad técnica”, dado que implica el acompañamiento directo a la máxima autoridad política de la comunidad autónoma.

La querella convierte además el accidente del coche oficial en una pieza central del relato acusatorio. El denunciante sostiene que el siniestro constituye una prueba de que el conductor elegido “no reunía méritos, aptitudes ni actitudes” para desempeñar el puesto.

Preguntado en su día por el accidente, el portavoz y vicepresidente del Govern, Antoni Costa, trató de rebajar la polémica asegurando que “una persona puede tener un accidente”. El Ejecutivo balear mantiene desde el inicio una línea de defensa cerrada sobre la actuación de Jurado y sostiene que el procedimiento se ajustó plenamente a la normativa. El pasado viernes, Costa reiteró la “máxima y absoluta tranquilidad” del Govern después de que el denunciante ratificara judicialmente su querella.

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha inadmitido a trámite el contencioso presentado por el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), para tratar de impedir la colocación de la bandera LGTBI en la fachada de la sede de la Cámara autonómica. El caso se remonta a 2024, cuando Le Senne trató de frenar la aplicación de lo dispuesto en una proposición no de ley (PNL) aprobada un año antes que instaba a lucir la enseña con motivo del Día del Orgullo.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, en un auto reciente, ha desestimado las pretensiones del también líder de Vox en Balears. El magistrado ni siquiera ha entrado a estudiar el fondo del asunto, ya que ha inadmitido el contencioso al entender que no es competente para resolver esta cuestión. La decisión judicial llega pocas semanas antes de la celebración de un nuevo Día del Orgullo y después de que los grupos parlamentarios de izquierda registraran un escrito dirigido a la Mesa del Parlament, que preside Le Senne, para volver a colgar la bandera LGTBI de la fachada.

Enfrentamiento con el PP

La Cámara autonómica censuró a Le Senne por interponer una denuncia contra el despliegue de la bandera LGTBI en la fachada del Parlament. La iniciativa de colgar la enseña fue aprobada por PP, PSOE y los ecosoberanistas de Més per Mallorca, lo que llevó a Le Senne, quien votó en contra, a acusar a los conservadores de “traicionar” a la extrema derecha apoyando el izado de una bandera que tildó de “divisiva”.

“Las banderas oficiales representan a toda la población y otras banderas incomodan a una parte de la población”, opinaba Le Senne. “La decepción es absoluta y vamos a estudiar si legalmente podemos hacer algo para frenar el acuerdo. También estamos a tiempo de que la Mesa rectifique y emplazo al PP a rectificar”, manifestó el presidente de la Cámara autonómica.

El portavoz del PP en el Parlament balear, Sebastià Sagreras, lamentó las formas con las que el presidente de la Cámara se dirigió a los conservadores: “No puede manejar el Parlament como si fuera su cortijo. Se tienen que respetar los acuerdos llevados a pleno y colgar la bandera con motivo del Orgullo es un acuerdo de pleno”.

Le Senne, abogado de profesión, quien se caracteriza en redes sociales por sus controvertidas posiciones sobre el cambio climático, el racismo y la violencia machista, consiguió auparse como la segunda autoridad de Balears gracias al pacto alcanzado entre Vox y PP a cambio de facilitar, con la abstención de la extrema derecha, la proclamación de la popular Marga Prohens como presidenta de Balears. Más allá de 'X' -antes Twitter-, el presidente de la Cámara cuenta con un canal de Telegram en el que difunde loas a Javier Milei así como bulos así como teorías conspiranoicas procedentes de perfiles falsos, principalmente en relación con la pandemia de la COVID. 

Cuando el coche oficial de la líder balear, Marga Prohens (PP), acabó convertido en un amasijo de chapa tras un accidente en las inmediaciones del aeropuerto de Palma, el episodio parecía limitarse a un incidente incómodo dentro del parque móvil del Govern. Sin embargo, el siniestro terminó abriendo una grieta mucho mayor en el corazón del Consolat de Mar, sede de la Presidencia autonómica. Este martes, el jefe de gabinete de Prohens, Alejandro Jurado, está citado a declarar como investigado por presuntamente alterar las reglas de un proceso selectivo para colocar como chófer oficial a un familiar suyo: el hijo de su primo. El mismo que, apenas unos meses después de acceder al puesto, acabó estrellando el vehículo nada más dejar a la dirigente popular en la terminal.

Jurado no es un cargo secundario. Es la mano derecha de Prohens, uno de sus hombres de máxima confianza y una figura histórica del aparato popular balear. En concreto, la jueza le atribuye la supuesta comisión de un delito de prevaricación administrativa. La querella interpuesta contra él por parte de un conductor y funcionario de carrera con más de tres décadas de servicio público apunta también a un delito de tráfico de influencias. Junto a Jurado también está citado a declarar este martes el chófer supuestamente beneficiado.

El relato del denunciante, quien la pasada semana acudió al Juzgado para ratificarla, dibuja un proceso supuestamente manipulado desde dentro para garantizar que la plaza acabara en manos del pariente de Jurado. De acuerdo a la querella, en 2023 se convocó la cobertura de una vacante de chófer mediante concurso de méritos, pese a que el puesto figuraba como de libre designación. El veterano chófer acusa a Jurado de impulsar un cambio de reglas a posteriori en el proceso, al que concurrieron más de 200 aspirantes, para facilitar la contratación del allegado.

El querellante sostiene que, tras una primera baremación en la que el candidato finalmente escogido no habría quedado en primer lugar, se introdujeron modificaciones en las bases para obligar a presentar currículum y permitir que la selección se resolviera en favor de “la persona que la Secretaría General encuentre más adecuada”, un giro que, a su juicio, transformó un concurso de méritos en un procedimiento discrecional.

La denuncia añade que, para justificar ese cambio, se aprobó una instrucción con criterios para seleccionar personal funcionario interino mediante oferta genérica del Boletín Oficial de Balears (BOIB), una herramienta que el denunciante considera “falaz y tendenciosa” y diseñada para reconducir el resultado.

El nuevo chófer fue nombrado conductor personal de la presidenta sin contar siquiera con diez días de antigüedad, según la parte demandante. El 22 de diciembre de 2023, el director de gabinete de la Presidencia del Govern habría reunido a los cinco chóferes del departamento y comunicado que relegaba al denunciante y a otro trabajador. El 10 de enero de 2024 firmó el escrito que oficializaba el relevo, sin contar con el visto bueno de la representación de los trabajadores, de acuerdo a la denuncia.

Despedido y sustituido “por un joven afín sin experiencia”

El funcionario sostiene que la maniobra fue “ilegal, injusta y arbitraria” y subraya que, tras el nombramiento, fue despedido por Jurado como conductor de la presidenta balear para “colocar” en su lugar “a un joven afín sin experiencia”. Se trata de un episodio que el denunciante vincula con un deterioro de su salud mental, dado que a raíz de los hechos padece un cuadro ansioso-depresivo.

En la primavera de 2024, cuando apenas llevaba unos meses trabajando como chófer de la presidencia autonómica, el joven conductor presuntamente beneficiado estrelló el coche oficial mientras conducía solo, según avanzó entonces Diario de Mallorca. Tras dejar a Prohens en el aeropuerto de Palma, el conductor protagonizó un accidente que dejó el vehículo completamente siniestrado. Por este motivo, según la querella, el vehículo fue dado de baja del parque móvil del Govern.

Preguntado sobre esta cuestión tras trascender la interposición de la denuncia, el portavoz y vicepresidente del Govern, Antoni Costa, admitió que el Ejecutivo sabía que se había producido un accidente con un vehículo oficial de la presidenta Prohens. “Es cierto que el vehículo quedó en situación de siniestro. Pero fue un accidente. Hubo un accidente. Sí. No tengo mucho más que añadir. Quiero decir: ¿una persona puede tener un accidente? Sí”, se limitó a señalar. “¿Habría sido deseable que no lo tuviera? Sí, pero como en cualquier otro caso”, justificó.

Es a partir de aquel suceso cuando, según sostiene el querellante, comenzaron las irregularidades. Añade, además, que esta situación supuso un perjuicio para las arcas públicas, ya que los vehículos oficiales de la administración pública se sufragan con los impuestos de la ciudadanía balear. El percance probaría, según el demandante, que el conductor presuntamente beneficiado por el proceso no reunía los méritos, aptitudes y capacidades necesarias para la prestación del servicio de chófer oficial.

El denunciante incide en que las bases habrían sido modificadas posteriormente introduciendo criterios que favorecían específicamente al candidato finalmente seleccionado y describe una actuación “ilegal, injusta y arbitraria” orientada a asegurar la contratación del familiar de Jurado. La jueza instructora ha apreciado suficientes indicios como para citar a declarar al máximo asesor de la presidenta balear como investigado.

El Govern, en defensa de la contratación

Desde el primer momento, el Govern ha defendido la legalidad del procedimiento. El pasado viernes, Costa expresó la “máxima y absoluta tranquilidad” del Ejecutivo después de que, el día anterior, el denunciante ratificara su querella. Desde el Ejecutivo autonómico remiten a estas declaraciones de Costra tras la petición de su versión por parte de elDiario.es.

Al ser preguntado por esta temática, Costa señaló que “el posicionamiento del Govern sigue siendo el mismo”: “No ha cambiado ni un milímetro del que expresamos en su momento y me remitido por tanto a ese pronunciamiento. El Govern tiene la máxima y absoluta tranquilidad, eso sí lo puedo confirmar con total seguridad”. El pasado mes de diciembre, la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Mercedes Estarellas, defendió que el procedimiento de sustitución del funcionario a través del bolsín siguió todos los cauces reglamentarios.

Petición de dimisión

Por su parte, el PSIB-PSOE reclamó en enero el cese inmediato de Jurado tras su citación judicial como investigado. El portavoz socialista, Rubén Castro, acusó además a la presidenta balear de intentar esquivar el escándalo. “Que deje de esconderse ante los casos de corrupción que cada vez más salen a su alrededor y que dé explicaciones a la ciudadanía”, aseveró.

“Escuchamos a Prohens desde hace dos años difundiendo mentiras y noticias falsas en relación al PSIB, pero la realidad es que el único partido que tiene a personas investigadas por su gestión durante la pandemia y que tendrán que declarar en juicios por presunta corrupción es el PP de Prohens”, incidió Castro. Entre tales causas, aludieron a la investigación contra el presidente del Consell Insular d’Eivissa, Vicent Marí (PP), por presunta prevaricación administrativa y coacciones a una funcionaria por el caso de ‘La vida islados’.