Miguel Tur Contreras (PP), tercer teniente de alcalde de Sant Antoni de Portmany (Eivissa) y concejal de Turismo y Fiestas, ha reconocido que llamó a varias empresas para intentar que alguna comprara la hipoteca que pesaba sobre la vivienda de su hermana. Entre ellas estaba Ice Properties S.L., la única que, según su versión, aceptó participar en la operación inmobiliaria que ahora investiga la Justicia. La sociedad está vinculada al grupo empresarial de Duane Gary Lineker, quien posee numerosos negocios en la bahía de Portmany y es propietario de O Beach, el hotel-discoteca que está en el punto de mira de los ecologistas.

La operación, que acabó con la compra de la vivienda por parte del concejal, está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Eivissa tras admitir a trámite una querella por un presunto delito de alzamiento de bienes. Tanto Tur como su hermana figuran como investigados en el marco de esta causa. El juez busca esclarecer cuáles fueron las circunstancias de la compraventa, que se formalizó el 20 de diciembre de 2024, según el auto consultado por elDiario.es.

El inmueble arrastraba desde años atrás una compleja situación de cargas. En 2018 había sido hipotecado por 160.000 euros y, tras la integración de Bankia en CaixaBank, el crédito pasó primero a manos del fondo Promontoria Backgammon Designated Activity Company y después a Ice Properties S.L., sociedad vinculada al conglomerado empresarial de Duane Gary Lineker.

La cesión del crédito a Ice Properties S.L. se formalizó el 9 de agosto de 2024, apenas cuatro meses antes de que Tur adquiriera la vivienda. Para entonces, sobre el inmueble pesaban ya dos embargos de la Seguridad Social (por 4.626 y 21.715 euros), a los que el 30 de diciembre se sumaría una anotación de embargo del propio Ayuntamiento de Sant Antoni por 5.663 euros. La ejecución de la hipoteca por impago ya había avanzado en los tribunales. El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Eivissa ordenó expedir, en mayo de 2023, la certificación de cargas del inmueble. Es decir, el trámite legal previo e indispensable conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil para fijar fecha y sacar la vivienda a subasta pública.

Tur llamó a Ice Properties para salvar el piso de su hermana

Durante el pleno extraordinario celebrado este jueves para tratar el asunto, Tur Contreras explicó que tuvo conocimiento de la situación un mes antes de que se produjera el embargo y que, según su relato, la deuda de su hermana ponía en riesgo el patrimonio familiar. Asegura que el banco le comunicó que el piso de su hermana ya estaba perdido y que un fondo buitre de Madrid se había quedado con él. También le advirtieron, según su versión, que disponía de tres semanas para abonar 190.000 euros si quería evitar perder el resto de la casa de sus padres.

El concejal afirma que acudió al banco y habló con varias entidades para conseguir una hipoteca, pero que ninguna podía concedérsela en el plazo que necesitaba. “Me decían que sí, que me concederían la hipoteca, pero que era imposible hacerlo en tres semanas”, asegura. Se la daban en tres meses. Ante esa situación, asegura que empezó a llamar a empresarios y que “la única empresa que respaldó la operación fue Ice Properties”. Según su explicación, Ice Properties adquirió el crédito el 9 de agosto de 2024 y Tur adquirió la vivienda el 20 de diciembre de ese mismo año, momento en el que se canceló la deuda gracias a la nueva hipoteca suscrita a su nombre.

El edil defiende que se trató de una operación “legal y habitual en el ámbito inmobiliario” y sostiene que Ice Properties no obtuvo otro beneficio que recuperar el dinero invertido más los intereses. “Recuperó su inversión con los intereses, que ya he abonado. Pagué un interés mucho más alto que el que me pedía el banco”, ha afirmado.

“Los contactos comenzaron unos 20 días antes de la adquisición del crédito, es decir, a mediados de julio de 2024, más de tres meses después del acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 4 de abril de 2024 sobre la licencia”, ha matizado. Tur se refiere a un expediente relacionado con una promoción de 16 viviendas de Ice Properties en la calle Vedranell del municipio. En esa Junta de Gobierno Local, Tur y el resto de concejales del Ejecutivo votaron a favor, mientras que el PSOE, en la oposición, considera que el tercer teniente de alcalde debería haberse abstenido de votar.

Un año después, en la Junta de Gobierno Local del 15 de abril de 2025, a la que asistió Tur Contreras, y donde también votó a favor, se aprobó ese expediente. Además, la Junta aceptó la cesión gratuita al Ayuntamiento –por parte de la empresa– de 13 metros cuadrados de terreno destinados a viales, una cesión que formaba parte de las condiciones de la licencia urbanística concedida a la sociedad el 4 de abril de 2024 para construir el edificio, con piscina, elementos comunes, aparcamiento y urbanización simultánea.

Posible conflicto de interés

El PSOE, en la oposición, considera que las relaciones de Tur con Ice Properties en torno a la operación inmobiliaria podrían constituir un conflicto de interés, debido a que el holding de O Beach (que incluye a Ice On The Beach S.L. y otras muchas empresas) mantiene relaciones económicas con el Ayuntamiento a través de la adjudicación de contratos. “Según la documentación recabada por este grupo municipal, el importe de las operaciones con sociedades vinculadas a este empresario supera los 2 millones de euros en los últimos tres años, extremo cuyo desglose por sociedad y ejercicio y expediente solicitamos que se facilite”, ha exigido Antonio Lorenzo, portavoz de los socialistas.

Lorenzo afirma que parte de esta contratación se ha realizado “mediante contratos menores” y que “en distintos expedientes constan reparos de la función interventora que deben examinarse individualmente”. En total, son 1,7 millones de euros que corresponden a licitaciones, más de 200.000 euros a contratos menores y 600.000 euros a gastos tramitados mediante omisión de la función interventora.

“Por tanto, resulta necesario conocer si el señor Tur ha intervenido en la selección de proveedores, promoción de contratos, solicitud de presupuestos, aprobación de gastos, conformidad de facturas o en comisiones de valoración donde hubieran participado alguna de estas empresas”, considera.

En las áreas gestionadas por Miguel Tur se han identificado esta legislatura un total de cinco contratos menores –cuatro con Essex Maintenance S.L. y uno con Xada Luxury S.L.– por un importe de 33.000 euros, según Lorenzo. Por otro lado, por omisión de función interventora, siete facturas –seis de Essex Maintenance S.L. y una de IOB Seguridad y Custodia S.L.– por un importe total de 58.700 euros. Además, se menciona un contrato respecto a las casetas del mercado de Navidad de los años 2023, 2024, 2025 y 2026, donde resultó adjudicataria Cebo Beach S.L.

Tur afirma que no ha trabajado para el holding esta legislatura

Asimismo, los socialistas señalan que Miguel Tur es, desde enero de 2017, asesor gastronómico y responsable de compras de Sol Bay S.L. y Ice Mountain Ibiza S.L., según consta en su perfil de Linkedin. Estas sociedades están vinculadas a Duane Gary Lineker. Tur tiene una dedicación del 90% en el Ayuntamiento, así como una retribución de 41.269,03 euros brutos, según el Portal de Transparencia municipal. 

Sin embargo, Tur niega haber trabajado para las empresas del holding de Lineker durante esta legislatura. “No tengo dedicación exclusiva, como concejal, ya que soy autónomo. He trabajado para muchas empresas de la isla, pero lo más importante es que durante esta legislatura no he tenido relación laboral alguna con empresas vinculadas con el grupo empresarial. Una compraventa privada de una vivienda familiar no es una actuación que haya que comunicar al Ayuntamiento. Por lo que en ese momento no lo comuniqué”, ha defendido.

Frente al resto de acusaciones, Tur ha defendido que cinco de los acuerdos municipales señalados por la oposición se aprobaron antes de la operación inmobiliaria y que todos contaban con informes favorables. “Todas, repito, todas estas resoluciones contaban con el informe favorable de los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento”, ha asegurado. El concejal sostiene, además, que en esos expedientes “no concurría ninguna causa de abstención” y que “no existía ninguna deuda ni obligación económica entre referidas empresas y yo”.

El edil también ha matizado la cifra de más de dos millones de euros mencionada por los socialistas. Según su explicación, ese importe incluye contratos adjudicados mediante licitaciones públicas abiertas, entre ellos las obras de la escoleta de Sant Rafel, por 1,52 millones de euros, a lo que hay que sumar cinco lotes de limpieza de edificios, el contrato de gestión de incidencias de la línea verde y el de reparación de aceras.

En cuanto a los gastos tramitados desde la Concejalía de Fiestas y Comercios, Tur ha señalado que durante esta legislatura constan 16 servicios adjudicados a algunas de esas sociedades por un importe total de 74.704 euros. Según ha explicado, ocho cumplen las bases de ejecución presupuestaria y los otros ocho cuentan con anotaciones de los servicios económicos, que ha detallado y justificado. Entre los casos figura una factura por los trabajos de seguridad del mercado de Navidad, cuya entrada se produjo en febrero de 2024 y para la que no se formalizó contrato. Tur ha justificado esa contratación por “el crecimiento del evento” y por la necesidad de garantizar la seguridad ante “el aumento de la afluencia y la ampliación del mercado respecto a otros años”.

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), será juzgado del 25 al 29 de octubre de 2027 por romper, el 18 de junio de 2024, una fotografía de tres víctimas del franquismo, expuesta en la tapa del ordenador de la vicepresidenta segunda de la Mesa, mientras se debatía la propuesta de PP y la formación de extrema derecha de derogar la ley autonómica de memoria democrática. Los hechos provocaron una oleada de indignación dentro y fuera de Balears, con peticiones de dimisión que Le Senne nunca ha atendido. El Govern de Marga Prohens (PP) tampoco le ha forzado a abandonar el cargo. 

El acusado se ha sentado este miércoles en el banquillo de la Audiencia Provincial de Balears en una vista preliminar en la que su defensa ha negado que incurriese en irregularidad alguna -se le acusa de un delito de odio-, lo que ha frustrado la posibilidad de alcanzar un acuerdo con las acusaciones para evitar el juicio. Los tribunales deberán determinar durante el juicio si el también presidente de Vox en Balears actuó de forma deliberada o si, como sostiene, la ruptura de la imagen fue accidental. Varios familiares de víctimas de la represión franquista se han congregado a las puertas del órgano judicial en protesta por los hechos.

Hasta el momento, Le Senne ha defendido que se limitó a aplicar el reglamento parlamentario, mientras que las acusaciones sostienen que el episodio constituyó un ataque a la dignidad de las mujeres asesinadas por el franquismo. La Fiscalía, por su parte, mantiene su criterio de que no existen elementos suficientes para acreditar un delito de odio.

Entre otras cuestiones, la Sala ha rechazado que se cite como testigo perito al historiador David Ginar, autor de la biografía sobre Aurora Picornell, conocida popularmente como 'la Pasionaria de Mallorca', al entender que el peso de su figura no es un hecho controvertido. Sobre este asunto, el letrado del colectivo Estimada Aurora, Sebastià Frau, ha explicado que el objetivo era contraponer la ideología de Picornell y el resto de víctimas con “la ideología del acusado”.

Hasta cuatro años de prisión y once de inhabilitación

En concreto, la entidad Memòria de Mallorca -en unión con los descendientes de Aurora Picornell y de las activistas Maria y Antònia Pascual, quienes figuraban en la fotografía- solicita para Le Senne 20 meses de prisión; Colectivo Aurora reclama un año y cuatro meses de cárcel, 11 años de inhabilitación para cargo público y 30.000 euros de multa, mientras que el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) pide hasta cuatro años de cárcel, otros cuatro de inhabilitación y 13.000 euros de multa. Éste último también pedía que Vox fuese llamado a juicio como responsable civil subsidiario, un extremo que, sin embargo, el juez instructor rechazó.

Le Senne, en cambio, solicita su absolución al aseverar que no ha quedado acreditada la intención de humillar a las víctimas ni una motivación discriminatoria. Durante la declaración que prestó como investigado en septiembre de 2024, Le Senne se aferró a los mismos alegatos que hasta ese momento había esgrimido públicamente: que el episodio fue “accidental” y que éste tuvo lugar después de que Garrido se negara a retirar el retrato, lo que, en opinión del presidente, contradice la neutralidad requerida en la Mesa del Parlament.

Al ser preguntado por la Fiscalía sobre si con una fotografía de Franco habría hecho lo mismo, el máximo representante de la Cámara autonómica respondió que sí. El parlamentario se negó a responder a las acusaciones particulares, pero sí lo hizo a preguntas del Ministerio Público, de su abogado y del juez.

Por su parte, el Ministerio Público, que se ha pronunciado en varias ocasiones para apoyar el archivo de la causa, sostiene que, aunque la conducta de Le Senne de fue un acto de califica de “colérico” -motivo por el que censuró sus formas-, considera que no ha quedado acreditado, con las exigencias propias del derecho penal, el dolo que llevaría a hablar de un delito de odio, concretado, en este caso, en la voluntad de lesionar la dignidad y la memoria de las mujeres víctimas de la represión franquista. Tampoco aprecia en los hechos motivación discriminatoria.

El juez apreció indicios de una actuación intencionada

En el auto que puso fin a la instrucción del caso y dejó al dirigente de extrema derecha a las puertas del juicio, el juez consideró que su gesto lesionó “la dignidad de esas personas y sus familiares y de los partidos políticos de que eran militantes, y acredita la clara intención de humillarlos”. La resolución se apoyaba en las diligencias practicadas hasta entonces, entre ellas las imágenes aportadas al procedimiento, en las que “se puede apreciar cómo el señor Le Senne, después de arrebatar la fotografía, no la tira inmediatamente al suelo sino que la mantiene en la mano izquierda, la deja un momento en la zona situada sobre de sus piernas, donde podría parecer que la esté manipulando de alguna manera, y después la tira con la mano derecha”.

La Sala de la Audiencia Provincial que confirmó la apertura de juicio oral también consideró que las imágenes aportan indicios compatibles con la posible existencia de dolo, es decir, de una actuación consciente e intencionada. Los magistrados señalaron que corresponde al juicio determinar si la ruptura fue deliberada o accidental, una cuestión central para esclarecer la responsabilidad penal del acusado. La defensa y la Fiscalía rechazan esa interpretación.

La situación de las macrogranjas de los horrores de Mallorca ha vuelto este martes al Parlament durante la sesión de control al Govern. La diputada del PSOE-PSIB Malena Riudavets ha interpelado al conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, por las condiciones documentadas en varias explotaciones avícolas de la isla y por la falta de garantías que, a su juicio, ofrece la normativa aprobada por el Ejecutivo autonómico.

El debate se ha generado una semana después de que elDiario.es publicara las imágenes de la granja de Mirabó donde se ven gallinas con heridas abiertas, aves que se picotean hasta llegar a los tejidos internos y cadáveres en descomposición junto a animales vivos. El jueves pasado se revelaron imágenes de la granja de Es Caparó, también de julio, que muestran gallinas canibalizadas por otras; cadáveres desmembrados y en diferentes estados de descomposición y aves desplumadas y enfermas. Ambas explotaciones son propiedad de Avícola Son Perot S.A., que ya estuvo en el punto de mira por su otra granja, la de Llucmajor. 

El departamento de Simonet ha iniciado una investigación para determinar la veracidad de las imágenes y valorar si procede abrir los expedientes administrativos correspondientes. Simonet ha señalado que todavía no dispone de conclusiones porque los técnicos están analizando el material recibido. “En un Estado de derecho hay que actuar de acuerdo con los procedimientos que establece legalmente”, ha defendido el conseller, que ha acusado a los socialistas de asumir al mismo tiempo las funciones de “inspectores, jueces y verdugos”.

El conseller ha explicado en el Parlament que recibió un primer vídeo la semana pasada, a las cinco de la madrugada, con la indicación de que las imágenes se habían grabado en Mirabó en julio. Según su versión, la Conselleria envió inspectores tanto a esa explotación como al resto de las granjas del mismo grupo empresarial. Simonet ha asegurado que esas inspecciones no detectaron irregularidades graves, como las que se corroboraron en Llucmajor.

En su respuesta, Simonet ha asegurado que la granja de Mirabó había pasado controles anuales durante los cinco años anteriores sin incidencias destacables, salvo un positivo de salmonela detectado en agosto de 2025. También ha señalado que la granja de Es Caparó fue inspeccionada este año sin que se detectaran incidencias remarcables.

En cuanto a Mirabó, la Conselleria explicó a elDiario.es que la explotación no tiene gallinas en sus instalaciones después de que la empresa comunicara al Govern, en octubre, la decisión de vaciarla. Según Simonet, las aves fueron trasladadas a un matadero de Murcia una vez obtenidas las autorizaciones pertinentes. El departamento no ha establecido una fecha para la reintroducción de animales y, según la información trasladada a este diario, prevé efectuar una nueva inspección cuando se reanude la actividad.

El Govern defiende su actuación

El conseller ha defendido las inspecciones realizadas por su departamento y ha insistido en que todavía se está comprobando la veracidad de las imágenes difundidas sobre la granja de Mirabó, en Manacor. “Respecto a este caso que usted me cita, ¿sabe si los hechos denunciados son verídicos? ¿Ha analizado la normativa que debe aplicarse? ¿Ha analizado la veracidad de las pruebas y los preceptos supuestamente incumplidos? Si es así, dígamelo y lo incorporaremos a la investigación”, ha respondido Simonet.

El conseller ha añadido que el Servicio de Ganadería ha actuado en distintos ámbitos a raíz de las inspecciones que han llevado a cabo los técnicos de la Conselleria. Riudavets, en cambio, ha considerado que “la historia se repite”, que la Ley 2/2025 “no ha puesto orden” en el sector. “Las irregularidades continúan, los vecinos están preocupados porque se quieren construir nuevas macrogranjas y usted no hace nada”, ha reprochado Riudavets.

Las imágenes de Mirabó fueron grabadas los días 12, 15 y 17 de julio, mientras que las de Es Caparó corresponden a los días 11 y 13 de ese mismo mes, y facilitadas por las entidades ARDE (Animal Respect and Defence for the Environment) y Satya Animal. Las grabaciones cuentan con sistemas de geolocalización y fueron realizadas junto a periódicos locales del día, elementos que aportan referencias para acreditar su procedencia y fecha.

“Nos han convertido en un ejemplo de lo que no se debe hacer”, ha lamentado la diputada socialista, al tiempo que ha cuestionado la eficacia de la nueva normativa que regula las explotaciones de gallinas ponedoras. Riudavets ha cuestionado la eficacia de la ley de macrogranjas aprobada por el Govern y ha preguntado para qué ha servido una normativa que, según ha denunciado, no ha impedido que continúen las irregularidades ni ha despejado la preocupación de los vecinos por la posible instalación de nuevas explotaciones, como la de Son Brau, que prevé albergar hasta 80.000 gallinas.

“Esta ley permite macrogranjas de miles de gallinas –hasta 160.000– sin tener suficiente control ni tener en cuenta nuestro territorio ni las condiciones en las que viven los animales”, ha apuntado. Y ha señalado a Simonet que el grupo parlamentario socialista pidió “una moratoria, más controles, más garantías para el medio ambiente y para el bienestar animal, y que se protegiera a los payeses”.

Simonet, en cambio, ha recordado que el servicio de ganadería de la Conselleria realiza controles en todas las granjas de Mallorca y que actúa a partir de las inspecciones de los técnicos y de los expedientes correspondientes. Sobre las denuncias concretas, ha asegurado que los mecanismos de inspección se activaron rápidamente y que se actuó el mismo día en que se recibió la información. Riudavets ha insistido en que esta industria “podría contribuir a la soberanía alimentaria” y al desarrollo de una industria agroalimentaria propia en Balears, pero ha puesto en duda que la gestión del Ejecutivo esté garantizando ese objetivo.

El antecedente de la salmonela en una de las naves

En agosto de 2025, la Conselleria detectó un positivo de salmonela en una de las dos naves de Mirabó, aunque no tenía constancia de que se hubiera detectado un riesgo para la salud pública. Cuando se detecta salmonela en una explotación de gallinas ponedoras, existen dos opciones: destruir los huevos y sacrificar a las gallinas o destinar los huevos a la industria de ovoproducto. Según explicó Simonet, la Conselleria autorizó a Avícola Ballester la producción de huevo líquido.

Kike Gimeno, portavoz de Satya Animal, ha afirmado que existe la posibilidad de que la salmonela detectada en una nave se haya extendido a la otra, ya que en Mirabó hay dos naves. Se trata de una hipótesis planteada por la entidad y vinculada a su interpretación de las imágenes y del informe veterinario, no de una conclusión confirmada por las autoridades sanitarias.

Salud Pública ha comunicado a elDiario.es que está evaluando la información disponible y el informe pericial aportado por las organizaciones denunciantes, en el que se describen posibles deficiencias higiénicas y un eventual riesgo de salmonela. La Conselleria considera necesario contrastar los hechos mediante controles oficiales, ratificación analítica y evidencias confirmadas antes de determinar posibles medidas. Por el momento, ha señalado que no ha identificado riesgos para la salud pública y que cualquier actuación dependerá de los resultados de los controles y de la evaluación técnica del riesgo.

Por otro lado, Avícola Ballester (que opera a través de las sociedades Avícola Son Perot S.A. y Avícola Ballester S.A.) anunció que presentaba “una demanda de conciliación” contra Kike Gimeno, portavoz de Satya Animal, por sus declaraciones sobre los posibles riesgos asociados al consumo de huevos procedentes de las naves de Mirabó. En concreto, le reprocha haber desaconsejado su consumo bajo la premisa de una posible contaminación por salmonela.

Los animalistas piden mayor transparencia

Desde Satya Animal y ARDE cuestionan que las inspecciones permitan dar por aclarados los hechos denunciados. “Que no se hayan detectado incidencias reseñables no significa que los hechos denunciados hayan quedado aclarados ni que las irregularidades documentadas en las imágenes puedan ignorarse”, señalan ambas organizaciones, que insisten en que no se trata de episodios aislados.

Las entidades recuerdan que Avícola Ballester acumula antecedentes de sanciones por infracciones detectadas en otras explotaciones, entre ellas una multa de 200.100 euros, debido a las irregularidades graves que se detectaron en la granja de Llucmajor. Por ello, solicitan conocer los detalles del expediente y las actas de inspección para saber “exactamente qué se ha revisado y qué se ha encontrado”. Además, exigen que se investiguen y aclaren los hechos denunciados a partir de las pruebas aportadas.

La Junta Electoral Provincial de Balears considera que el Govern de Marga Prohens (PP) ha vulnerado el principio de neutralidad institucional al utilizar sus canales oficiales para difundir los logros de su gestión y las medidas que prevé impulsar más allá de la mera información sobre el Debate de Política General que tuvo lugar la semana pasada en el Parlament. El organismo ordena retirar las publicaciones, aunque descarta abrir un expediente sancionador contra la presidenta.

La resolución, fechada el 26 de octubre, estima parcialmente la reclamación presentada por el PSIB-PSOE el pasado 22 de octubre contra la actuación de la líder autonómica durante la primera jornada del debate, celebrado los pasados días 20 y 21 de octubre. Los socialistas denunciaron tanto la exposición de los logros del Govern y el anuncio de futuras medidas durante la intervención de la presidenta como la posterior difusión institucional de esos contenidos.

Al respecto, la vicepresidenta segunda de la Cámara y diputada socialista, Mercedes Garrido, recrimina que, durante su intervención, la presidenta balear “se dedicó a realizar anuncios partidistas”: “Prohens no solo utiliza el Debate de Política General y las instituciones de forma partidista, sino que además hace anuncios como ha hecho durante toda la legislatura, y que después ha incumplido. Los anuncios realizados durante el debate parlamentario están prohibidos por la legislación electoral y, además, los incumplirá, como ha estado incumpliendo todos los anuncios que ha hecho durante estos tres años y medio”, ha aseverado Garrido este lunes.

La diputada ha señalado igualmente que Prohens conoce estas circunstancias y cuáles son los límites de las campañas electorales porque ha participado en muchas. “Le exigimos que cumpla las normas de juego que cumplimos el resto. Si todos nosotros las podemos cumplir, ella más todavía”, ha incidido.

Por un lado, la Junta Electoral considera legítima la celebración del debate parlamentario, incluso durante un proceso electoral, al tratarse de una actividad ordinaria de control e impulso político prevista en el Estatut d'Autonomia y en el Reglamento del Parlament. Por otro, concluye que la nota informativa publicada posteriormente por el Govern excedió la finalidad meramente informativa que debe regir la comunicación institucional durante el periodo electoral.

El Govern destacó su gestión y sus proyectos futuros

En su resolución, la Junta Electoral señala que la publicación difundida en el portal institucional del Ejecutivo, titulada 'Prohens interviene en la primera jornada del debate de política general', no se limitó a informar de la celebración de la sesión o a resumir su desarrollo. Según el organismo, incorporó una exposición sistemática de las actuaciones impulsadas por el Govern, de los logros atribuidos a su gestión y de las medidas futuras anunciadas por la presidenta.

La Junta considera que esa elaboración comunicativa autónoma utilizó los canales institucionales para destacar determinados contenidos del discurso de Prohens, con especial énfasis en las realizaciones del Ejecutivo y en sus proyectos futuros. A su juicio, esta difusión adicional no era necesaria para garantizar la publicidad oficial del debate, que ya estaba asegurada mediante los instrumentos propios de la Cámara y los canales ordinarios de información institucional.

La resolución recuerda que el artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) busca preservar la neutralidad de los poderes públicos durante los procesos electorales e impedir que los recursos y canales institucionales se utilicen para favorecer directa o indirectamente a opciones políticas concurrentes mediante la exaltación de realizaciones gubernamentales o la presentación de proyectos futuros.

Por ello, la Junta Electoral estima la reclamación socialista en lo relativo a la nota informativa y extiende la obligación de retirada a otras publicaciones oficiales de contenido equivalente que reproduzcan o destaquen logros del Govern o actuaciones futuras más allá de lo necesario para informar objetivamente sobre el debate parlamentario.

No habrá expediente sancionador contra Prohens

El organismo electoral, sin embargo, rechaza la petición del PSIB-PSOE de declarar contraria a la legislación electoral la celebración y el desarrollo del Debate de Política General. La Junta argumenta que el artículo 40 del Estatuto de Autonomía y el artículo 185.1 del Reglamento del Parlament contemplan esta sesión como un instrumento ordinario de control e impulso político y que no existe ninguna disposición que impida celebrarla durante un proceso electoral.

La resolución añade que se trata de una actividad parlamentaria pública, sometida a la contradicción y a la participación de los distintos grupos con representación en la Cámara. Considerar ilícita su celebración por coincidir con un periodo electoral supondría, según la Junta, una interpretación del artículo 50.2 de la LOREG incompatible con la dimensión parlamentaria de la institución y con el funcionamiento ordinario de los órganos representativos.

El PSIB-PSOE también había solicitado la apertura de un expediente sancionador contra Prohens por una posible infracción de la legislación electoral y de la Instrucción 2/2011 de la Junta Electoral Central. Esta petición ha sido desestimada.

El organismo considera que no existen razones suficientes para incoar un procedimiento sancionador, dado que la irregularidad apreciada se limita a la utilización de determinados canales institucionales para difundir contenidos concretos. La Junta subraya que ha descartado expresamente que la celebración del debate parlamentario constituya una infracción y considera desproporcionado adoptar medidas sancionadoras en estas circunstancias.

La resolución ordena notificar el acuerdo al PSIB-PSOE, al Partido Popular y al Govern para que se cumpla la retirada de las publicaciones afectadas. Contra ella cabe interponer recurso ante la Junta Electoral Central en el plazo de 24 horas desde su notificación.

Podemos se incorporará finalmente a la coalición Ara Més-Front Ampli para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La coordinadora de la formación morada en Balears, Lucía Muñoz, ocupará el tercer puesto de la candidatura al Congreso de los Diputados como independiente, después de que ambas partes hayan logrado desbloquear unas negociaciones que hace apenas una semana parecían abocadas a dejar a Podemos fuera de la confluencia.

El acuerdo lo ha anunciado la propia Muñoz en sus redes sociales apenas tres días después de que Podemos comunicara que sería su candidata al Congreso por las Islas. “Podemos y Ara Més hemos llegado a un acuerdo para las generales Pactamos con ERC, el partido de Rufián, cooperar y no competir. Esta colaboración es realidad en nuestra casa. Querida Carmen Gomila [cabeza de lista de la coalición], mucha fuerza. Tu suerte será la nuestra”, ha escrito en X la también regidora en el Ayuntamiento de Palma.

Con este pacto, las fuerzas de la izquierda alternativa de las Balears consiguen materializar su intención de concurrir a las generales bajo una única papeleta. La coalición Ara Més-Front Ampli está integrada por Més per Mallorca, Més per Menorca, Ara Eivissa, Esquerra Unida, Sumar, Recortes Cero y Progreso en Verde, a las que se suma ahora Podemos.

La candidatura estará encabezada por Carme Gomila, coordinadora de Ara Més -quien asumirá el liderazgo de la lista tras la renuncia de Vicenç Vidal-, mientras que el segundo puesto corresponderá a una persona propuesta por las formaciones del Front Ampli -Esquerra Unida o Sumar-, que todavía no han designado a su representante. Muñoz, que además es secretaria estatal de Vivienda de Podemos, ocupará el tercer lugar de la lista, en calidad de independiente, en virtud del acuerdo alcanzado entre las organizaciones.

Cooperar en lugar de competir

Ara Més ha explicado en un comunicado que el pacto se enmarca en una estrategia de colaboración con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) basada en el respeto a la autonomía política y la identidad de cada organización, así como en la voluntad de “buscar espacios de cooperación en lugar de competición electoral”. La formación sostiene que esta orientación compartida se ha trasladado también a las Balears, donde las particularidades políticas y territoriales han obligado a encontrar una fórmula propia para articular la candidatura.

“Todas las fuerzas hemos entendido que Balears tiene una realidad política y territorial particular que requiere diálogo, generosidad y capacidad para llegar a acuerdos”, ha señalado Gomila. La candidata de Ara Més ya había apuntado el pasado lunes que las partes estaban buscando vías para hacer efectivo el entendimiento, después de que las conversaciones iniciales no consiguieran cerrar la incorporación de Podemos.

Gomila ha defendido que el acuerdo demuestra que es posible construir espacios de cooperación sin renunciar a los proyectos políticos propios. El objetivo, según la formación, es articular una candidatura común desde el reconocimiento de la pluralidad de las organizaciones que la integran, en lugar de concurrir por separado y competir por el mismo espacio electoral.

Por su parte, el coordinador de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha celebrado el acuerdo alcanzado y ha contrapuesto “la discreción y la confianza” con las que se ha desarrollado la negociación en Balears a lo ocurrido en el resto de España. “Siempre y en todo momento defendimos que era necesaria una candidatura conjunta de la izquierda soberanista y alternativa. Ha sido nuestra apuesta, hemos trabajado de forma discreta y eso ha sido diferencial dentro de la forma de negociar que hemos visto en el resto del Estado, que no consideramos que fuese la adecuada”, ha aseverado este lunes en rueda de prensa.

“Con discreción y confianza hemos llegado a un acuerdo que facilitará que todos los votantes de izquierdas que ven estas elecciones como un momento de esperanza e ilusión para transformar las cosas tengan una papeleta con la seguridad de obtener representación y la capacidad de incidir en la política estatal”, ha incidido el portavoz de los ecosoberanistas en el Parlament.

Posible llamamiento al voto útil en favor del PSOE

Preguntado por un posible llamamiento al voto útil en favor del PSIB-PSOE, Apesteguia considera que en el archipiélago estos movimientos “no se han visto masivamente” a diferencia de lo ocurrido en el resto del país. “No soy partidario de usar el argumento del voto útil. El voto desde la resignación nunca es útil”, ha sostenido. A su juicio, resulta difícil cuestionar que la candidatura de Ara Més-Front Ampli “tiene la seguridad de obtener representación”, por lo que considera que “tendría poco fundamento hacer un llamamiento así”.

“No me preocupa en absoluto. Lo que nos moverá a la coalición es ofrecer propuestas a la ciudadanía que solucionen sus problemas diarios. No haremos un discurso del miedo, del oportunismo o de la resignación”, ha sentenciado.

La incorporación de Podemos llega después de varios días de incertidumbre sobre la configuración definitiva de la candidatura. La formación morada había quedado inicialmente fuera de las conversaciones y, ante la falta de acuerdo, anunció a Muñoz como su candidata al Congreso por Balears. El entendimiento alcanzado en el último momento resuelve así uno de los principales obstáculos para la configuración de la lista unitaria de la izquierda alternativa en las Islas.

El pacto en Balears llega después del fracaso de las negociaciones para articular una candidatura estatal conjunta entre Podemos y el Frente Amplio impulsado por Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Más Madrid y los Comuns, con Ada Colau como candidata a la Presidencia del Gobierno. La ruptura aboca a ambas fuerzas a competir por separado en la mayoría de las circunscripciones. En paralelo, Podemos ha optado por una estrategia de alianzas territoriales que incluye su acuerdo con ERC en Catalunya y, ahora, su incorporación a la candidatura de Ara Més-Front Ampli en Balears.

La coordinadora de Podemos en Balears y regidora en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, encabezará la candidatura de la formación morada al Congreso de los Diputados por las islas en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La dirigente, que ya ocupó un escaño en la Cámara Baja, volverá a concurrir a unas elecciones generales al frente de una lista con la que Podemos busca reforzar su presencia en el archipiélago.

Secretaria de Vivienda de Podemos, Muñoz ha situado el acceso a la vivienda entre sus principales ámbitos de actuación política y participó en la Global Sumud Flotilla, la iniciativa internacional de apoyo a Gaza, tal como ha destacado la formación en un comunicado. Su designación para las generales coincide, además, con sus planes de continuar en la política municipal: a principios de septiembre anunció que se presentaría a las primarias de Podemos para volver a encabezar la candidatura al Ayuntamiento de Palma en las elecciones previstas para mayo de 2027.

Mientras tanto, la candidatura de Podemos por Madrid estará encabezada por Irene Montero, exministra de Igualdad y una de las principales figuras estatales de la formación. El dirigente del partido Tito Morano ocupará el segundo puesto, seguido entre los primeros nombres de la lista por la exasesora Dina Bousselham y el exdiputado de la Asamblea de Madrid Serigne Mbayé.

La candidatura incorpora también perfiles vinculados a los movimientos sociales y a la defensa de los derechos civiles. Entre ellos figuran Boti García Rodrigo, activista por los derechos LGTBI y exdirectora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI durante la etapa de Montero al frente del Ministerio de Igualdad, y Simón de la Riva, educador infantil e integrante de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI).

En Sevilla, la activista trans Mar Cambrollé, integrante de la ejecutiva estatal de Podemos, encabezará la lista. En la Comunidad Valenciana, María Teresa Pérez, coordinadora autonómica del partido, ocupará el primer puesto de la candidatura de Compromís-Frente Valenciano por Alicante.

En Catalunya, Podemos concurrirá a través de Alejandra Sandoval, concejala del Ayuntamiento de Sabadell, que se presentará como independiente en el sexto puesto de la lista de ERC por Barcelona, en virtud del acuerdo entre ambas formaciones. En Asturias, el número uno será Manuel Pravia, portavoz y delegado del Sindicato de Estibadores en Avilés.

Una funcionaria de Presidencia del Govern asegura que el gabinete de Marga Prohens descartó recurrir a chóferes de otras consellerias para cubrir temporalmente la plaza de conductor personal de la presidenta, una vacante que terminó ocupando un familiar de Alejandro Jurado, jefe de Gabinete de la dirigente del PP e investigado por presuntas irregularidades en el proceso de selección. La empleada justificó que aquella opción habría generado un vacío en los departamentos de origen, que se habrían quedado sin personal.

La trabajadora prestó declaración como testigo este miércoles ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma en el marco de la causa que investiga el presunto trato de favor a un familiar de Jurado -el hijo de un primo- para ocupar una plaza de conductor adscrita a Presidencia. En su comparecencia, recogida por Diario de Mallorca y confirmada por elDiario.es, la funcionaria incidió en que una de las alternativas a la que podían acudir para cubrir la vacante pasaba por recurrir a una comisión de servicios para incorporar temporalmente a un chófer de otra conselleria. Sin embargo, señaló que esta opción podía trasladar el problema a otro departamento, que perdería a uno de sus conductores y tendría que buscar un sustituto.

A preguntas de la defensa, la testigo declaró también que la bolsa de chóferes interinos que se consultó para cubrir la plaza estaba obsoleta, ya que tenía unos diez años de antigüedad y no se había actualizado. La relación de aspirantes, por tanto, no ofrecía una vía que la funcionaria considerase adecuada para resolver la necesidad de personal.

Con todo, manifestó que, al tratarse de un puesto de confianza (en este caso, chófer y secretario personal), la selección podía realizarse sin una baremación de méritos y sin tener que recurrir necesariamente a candidatos de la bolsa o a una comisión de servicios.

Una plaza bajo sospecha

La causa judicial investiga a Alejandro Jurado por la presunta manipulación del proceso para cubrir la plaza de chófer de Presidencia. La querella fue presentada por un conductor funcionario de carrera con más de tres décadas de servicio público, que sostiene que las reglas de selección se modificaron para favorecer a un familiar del jefe de Gabinete: el hijo de un primo suyo.

Según la denuncia, unos 200 aspirantes concurrieron inicialmente al proceso y el candidato finalmente seleccionado no encabezaba la clasificación por méritos. La querella sostiene que después se introdujeron criterios discrecionales que permitieron escoger a la persona considerada más adecuada.

El pasado mes de mayo, Jurado negó las irregularidades ante la jueza y defendió que el procedimiento se desarrolló con legalidad y transparencia. El investigado, quien defendió que la cobertura de la vacante respondió a una necesidad temporal provocada por la baja laboral de uno de los conductores oficiales del Govern, alegó que la plaza debía cubrirse mediante libre designación, al tratarse de un puesto vinculado directamente a Presidencia, y atribuyó a un error la convocatoria inicial mediante concurso con baremación de méritos, un extremo que posteriormente se corrigió para ajustarlo al procedimiento de libre designación.

La investigación judicial se centra precisamente en ese cambio de criterio. La querella sostiene que, después de una primera baremación en la que el familiar de Jurado no habría obtenido la mejor puntuación, se modificaron las bases del procedimiento para permitir una selección discrecional y favorecer su contratación. El denunciante describe la maniobra como una actuación “ilegal, injusta y arbitraria” y acusa al entorno de Presidencia de alterar las reglas “a posteriori” para garantizar el nombramiento.

El caso adquirió notoriedad después de que el chófer contratado acabara estrellando el coche oficial de Marga Prohens apenas unos meses después de incorporarse al puesto. El accidente, ocurrido tras dejar a la presidenta en la terminal del aeropuerto de Palma, dejó el vehículo siniestro total y terminó situando bajo foco público la contratación impulsada desde el núcleo duro del Govern.

José Luis Cortés Cortés, marido de la exconcejala del PP en el Ayuntamiento de Eivissa Ana Ferrer Prohías y detenido en una operación contra una presunta red internacional de narcotráfico y blanqueo de capitales, figuró en las listas electorales de Vox al Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia en las elecciones municipales de 2019. El empresario y antiguo entrenador personal ocupó el décimo puesto de la candidatura bajo las siglas Vox-Actúa Baleares, tal como avanzó La Voz de Ibiza y ha confirmado este periódico a partir de la documentación de la Junta Electoral.

La presencia del investigado en aquella lista ha llevado a la Federación Socialista de Eivissa (FSE) a reclamar explicaciones a la formación de extrema derecha sobre su relación con el candidato y sobre las circunstancias de su incorporación a la candidatura. Los socialistas consideran que la formación debe aclarar qué vínculos mantuvo con Cortés más allá de su participación electoral, al tiempo que han reclamado también explicaciones a los responsables políticos de la isla. elDiario.es se ha puesto en contacto con Vox para conocer su postura sobre este asunto, pero la formación declina hacer declaraciones sobre el tema.

José Luis Cortés Cortés compartió candidatura con la actual portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sant Josep, Araceli Colomar, quien también está vinculada al sector inmobiliario y fue denunciada por una presunta estafa de 237.000 euros relacionada con la compraventa de locales, plazas de aparcamiento y trasteros que, según los afectados, nunca llegaron a formalizarse, tal como informó elDiario.es el pasado mes de junio.

Según la FSE, Vox se habría limitado a justificar la presencia de Cortés en la lista electoral por la cuota correspondiente a Actúa Baleares, entidad que nació en 2018 como resultado de la reconversión de la Fundación Círculo Balear (FNCB), una asociación de extrema derecha con casi dos décadas de historia en las islas. Pocos meses después de su creación, Actúa firmó una coalición con el partido de Santiago Abascal para concurrir unidos al ciclo electoral de 2019. 

Para los socialistas, sin embargo, estas explicaciones son “absolutamente insuficientes”. La formación considera que la ciudadanía tiene derecho a conocer qué vínculos mantuvo el detenido con la formación de extrema derecha y con el PP de Eivissa más allá de su relación familiar con la exconcejala Prohías. Según insisten, el hecho de que esta persona formara parte de la candidatura de Vox en Sant Josep “muestra una actividad política reciente que es muy preocupante, teniendo en cuenta la gravedad de las informaciones”.

Cortés era conocido en Ibiza por su actividad como entrenador personal y por su vinculación al mundo del boxeo. Con el tiempo, desarrolló una actividad empresarial relacionada con la promoción, construcción, compraventa y arrendamiento de inmuebles, a través de varias sociedades mercantiles.

Como publicó elDiario.es, Cortés figura como administrador de distintas empresas inmobiliarias, entre ellas Unero Espacio SL, Cas Mut Unero SL y Ses Torres 3 Unero SL. También aparece al frente de World Unero SL, una sociedad constituida en 2026 cuyo objeto principal es la tenencia y gestión de participaciones en otras empresas. Su actividad societaria incluye, además, otras mercantiles vinculadas a la construcción y al sector inmobiliario.

La operación policial en la que fue detenido Cortés investiga a una presunta organización criminal que, según las pesquisas, habría utilizado sociedades mercantiles, promociones inmobiliarias y viviendas de lujo para introducir en el circuito legal dinero procedente del narcotráfico.

La investigación, dirigida por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga, tiene una dimensión internacional y se extiende a operaciones inmobiliarias en Ibiza, Marbella y Madrid. Las autoridades investigan el papel que habría desempeñado cada uno de los detenidos en la estructura. La detención de Cortés no constituye por sí misma una condena y su responsabilidad penal deberá determinarse en el procedimiento judicial.

El diputado de MÉS per Mallorca en el Congreso, Vicenç Vidal, no liderará la lista de Ara Més-Front Ampli a la Cámara baja y deja el camino libre a la coordinadora de la federación Ara Més y presidenta de Esquerra Republicana de Balears, Carme Gomila, como número uno en la cita electoral del 29 de noviembre.

Vidal ha comunicado a la dirección de MÉS per Mallorca su decisión, horas antes de una reunión de la Ejecutiva, con el objetivo de evitar un enfrentamiento en el seno de la organización a pesar de contar con un amplio apoyo entre la militancia de los ecosoberanistas, pero no con el apoyo de Més per Menorca y Ara Eivissa para repetir al frente de la candidatura.

Vicenç Vidal se convirtió en 2023 en el primer representante de los ecosoberanistas en el Congreso. Las fuentes de los ecosoberanistas contactadas por Europa Press han destacado su figura de consenso frente a Gomila que procede de Esquerra Republicana de Baleares, lo que previsiblemente dificultará alcanzar acuerdos.

Cabe recordar que Ara Més, Sumar y Esquerra Unida en Balears acordaron formar una lista como Ara Més-Fron Ampli para concurrir al Congreso y a la que finalmente no se sumó Podemos. Con el número uno prácticamente despejado, el proceso para confeccionar la lista se llevará en los próximos días, habida cuenta de que el lunes acaba el plazo para presentarlas ante la Junta Electoral.

El segundo saldrá de uno de los dos integrantes del Front Ampli, Esquerra Unida y Sumar. El tercer puesto será para Ara Més, el cuarto para el Front Ampli y el resto, de nuevo, para la federación.

¿Para quién gobierna el PP de Marga Prohens: para quienes viven y trabajan en Balears o para quienes convierten las islas en un negocio inmobiliario y turístico? Es la pregunta que ha marcado la segunda jornada del Debate de Política General en el Parlament, en la que la izquierda ha cuestionado el modelo económico del Govern y su supuesta defensa de los intereses de la población residente. El portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha elevado el tono contra los vínculos que, a su juicio, unen al Ejecutivo con los grandes intereses económicos. “Hay que defender estas islas de ustedes, de sus amigos y de sus amos”, ha proclamado en una intervención en la que ha señalado a los fondos buitre, los grandes propietarios y las empresas que, según ha denunciado, se benefician de las políticas de Prohens.

La oposición ha convertido así la réplica al discurso de la presidenta -que este martes reivindicó el cumplimiento de buena parte de su programa y presentó sus políticas como una respuesta a los grandes desafíos de las islas- en un cuestionamiento de fondo del modelo económico y residencial desde que arrancó la actual legislatura. Frente al balance de Prohens, los grupos de izquierda han contrapuesto una realidad marcada por los alquileres al alza, las dificultades para emanciparse, la presión turística y la expulsión de una parte de la población de su propio territorio.

El primero en hacerlo ha sido el propio Negueruela, quien ha situado la vivienda en el centro de su ofensiva contra la líder del PP y ha acusado a los conservadores de poner la política habitacional al servicio de las inmobiliarias y los fondos de inversión en lugar de priorizar los derechos de quienes residen en las islas. “Hay que defender estas islas de los millonarios que compran pisos que ya no pueden comprar los trabajadores de aquí. Hay que defenderlas de Quirón y de los que quieren hacerse de oro con su privatización de la sanidad pública. Toca defender las islas de los que aprovechan su poder y sus leyes para sacar más tajada a nuestro litoral. Tenemos que defender nuestras islas de los que legislan, de sus amigos, de Engel & Völkers, de Airbnb. Y también hay que defenderlas de su desidia, señora Prohens, de su desgana y de su falta de ideas”, ha enfatizado el socialista.

En esta línea, ha acusado a Prohens de presidir un Govern de “promesas incumplidas” en cuestiones que afectan directamente a la vida cotidiana de los residentes. “Sí ha cumplido”, ha ironizado, con quienes, a su juicio, se han beneficiado de la gestión del PP: “Ha cumplido con los poderosos, con las inmobiliarias, con los fondos buitre, con los que usted misma y su conseller deciden a puerta cerrada la política de vivienda de estas islas”.

Al hilo de esto, la presidenta, en una de sus intervenciones, ha rechazado que el PP represente a los poderosos y ha atribuido el alejamiento de los trabajadores, las rentas medias y los autónomos de la izquierda a su apuesta por el enfrentamiento político. “No sé de dónde se piensan que venimos y quiénes son nuestras familias, los sacrificios que hemos tenido que hacer todos a lo largo de la vida”, ha afirmado, reivindicando el esfuerzo de las familias trabajadoras. Aacto seguido, Prohens ha aprovechado para deslizar una crítica a la acampada por la vivienda en la plaza de España de Palma: “Nosotros no podemos ir a acampar a plaza España. La gente de esta tierra tiene que trabajar cada mañana. No podemos estar acampados días y días”, ha espetado.

La vivienda, “para la gente que trabaja y vive en las islas”

En su discurso, Negueruela ha incidido en que la vivienda “tiene que ser para la gente que vive y trabaja en nuestras islas”, una comunidad que “cada vez más gente se plantea abandonar” debido a la crisis habitacional que atraviesa Balears. El archipiélago se ha consolidado en los últimos años, de hecho, en la región con los precios más elevados para poder acceder a un hogar, una realidad que reflejan distintos indicadores del mercado inmobiliario. El socialista ha descrito un escenario en el que trabajadores de la construcción que levantan viviendas terminan viviendo en caravanas y cada vez más personas se ven obligadas a compartir piso porque no pueden pagar un alquiler completo.

La crítica se ha extendido a las políticas turísticas del Ejecutivo de Prohens. Negueruela ha acusado a la presidenta balear de haber perdido credibilidad después de anunciar en debates anteriores medidas de contención que, ha subrayado, acabaron abandonándose. En este sentido, ha recriminado el “giro” de la presidenta respecto a medidas como la subida del Impuesto de Turismo Sostenible, la fiscalidad sobre los vehículos de alquiler o las restricciones al crecimiento turístico.

Durante su intervención, Negueruela ha recordado las promesas de limitar el crecimiento turístico y ha cuestionado que el Govern haya mantenido su apuesta por ampliar la oferta y ha censurado que el Ejecutivo promocionara viviendas turísticas en ferias del sector mientras aseguraba querer contener la saturación. Ha cuestionado, además, que la presidenta presentara como novedad la futura utilización de recursos del impuesto turístico para construir vivienda, recordando que el PP derogó la posibilidad de destinar esos fondos a esa finalidad y aseverando que se han perdido 120 millones de euros que podrían haberse dedicado a políticas habitacionales. “Usted ha vuelto a la casilla de salida. Usted ha vuelto a 2023”, ha resumido.

Més: “Quieren apagar un incendio con gasolina”

Por su parte, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha coincidido en situar la vivienda en el centro de la crisis política y social de Balears. A su juicio, el Govern no ha respondido a las necesidades de la población, sino que ha insistido en medidas que favorecen a quienes ya tienen capacidad económica para comprar una casa. “La gente normal no puede vivir dignamente”, ha afirmado, antes de atribuir el sufrimiento de la población al “fracaso” de Prohens.

El portavoz ecosoberanista ha rechazado que construir más viviendas sea una respuesta suficiente si no se interviene sobre el uso que se hace de ellas. “Quieren apagar un incendio con gasolina”, ha advertido. Y es que el problema, ha subrayado, no reside únicamente en la falta de oferta, sino en que una parte del parque residencial queda fuera del mercado de vivienda habitual. En este sentido, ha recordado que en las islas hay más de 100.000 viviendas vacías y más de 100.000 segundas residencias, mientras jóvenes pagan 600 euros por una habitación y en algunos pueblos los alquileres de larga duración desaparecen en favor de los destinados a turistas.

El diputado ha reprochado a Prohens que defienda que la vivienda debe ser para la población local mientras su Govern ha modificado la normativa para permitir que empresas adquieran viviendas de precio limitado destinadas al alquiler. En este sentido, Més ha presentado una proposición de ley para reformar la legislación urbanística y garantizar el uso residencial del suelo con el objetivo de frenar la especulación. “Basta de casas en manos de fondos especulativos y de grandes tenedores”, ha reclamado Apesteguia, que ha contrapuesto los barrios tradicionales, con sus bares y comercios cotidianos, a unos espacios cada vez más orientados a visitantes y consumidores de alto poder adquisitivo. “La especulación debe ser la única expulsada, la única desterrada de este país”, ha añadido.

El portavoz ecosoberanista ha situado el coste de la vida como el segundo gran problema de las islas. Para afrontarlo, la formación ha presentado una enmienda al nuevo Régimen Especial de Balears con la que propone fijar un precio máximo de la gasolina que no supere en más de un 5% el de la Península. Apesteguia ha citado asimismo el informe de la red europea contra la pobreza EAPN para denunciar la situación de las personas en exclusión social.

¿Segunda residencia de europeos o primera residencia de isleños?

Acto seguido, el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha formulado el dilema territorial en términos similares: si Balears debe convertirse en la segunda residencia de europeos o garantizar que siga siendo la primera residencia de quienes viven en las islas. El parlamentario ha hecho una enmienda a la totalidad al discurso de Prohens y ha acusado a la presidenta de presentar cifras que no se corresponden con la realidad de la vivienda pública. Frente a los miles de hogares que, según el Govern, se están promoviendo, el menorquinista ha afirmado que solo hay 90 viviendas públicas en construcción.

También ha criticado las rebajas fiscales anunciadas por Prohens, que considera insuficientes para resolver el problema y destinadas a abaratar la compra a quienes ya pueden permitírsela.

El diputado ha reprochado además a la líder balear que apenas abordara la saturación turística y que Menorca estuviera ausente de su intervención. En el terreno institucional, ha cuestionado su credibilidad por la derogación de la ley de memoria democrática pese al compromiso previo de no hacerlo y ha acusado al Govern de no actuar con suficiente firmeza ante las agresiones lingüísticas. En su segunda intervención, Castells ha calificado de “puro teatro” las medidas de contención turística y ha puesto en duda que llegue a aplicarse la limitación de entrada de vehículos en Menorca anunciada por el Ejecutivo. Su escepticismo ha acabado en una apuesta: ha ofrecido pagar una caldereta de langosta a Prohens y a un acompañante si la restricción sigue vigente durante el verano de 2027.

Un modelo que precariza a los residentes

En esta línea, el diputado de Unidas Podemos, José María García, ha rechazado el “balance complaciente” de Prohens y ha cuestionado que la presidenta pueda reivindicar la moderación mientras gobierna “de la mano de la ultraderecha”. Ha reclamado un cambio de modelo económico al considerar que la riqueza generada en Balears no se traduce en una mejora equivalente de las condiciones de vida de la población residente.

En materia de vivienda, García ha criticado que el Govern insista en medidas que, a su juicio, no han conseguido contener los precios. “A más ayudas, precios más altos”, ha resumido. También ha recordado que destinar recursos del Impuesto de Turismo Sostenible a vivienda era una reivindicación de la oposición que los populares habían rechazado anteriormente.

El diputado ha reprochado a la líder autonómica que no hiciera referencia a las movilizaciones del verano, que ha descrito como protestas no contra los turistas, sino contra las políticas del Govern y sus consecuencias sobre la vida cotidiana de los residentes. Para Unidas Podemos, el crecimiento económico y turístico no puede presentarse como un éxito si aumenta al mismo tiempo la precariedad de quienes viven en las islas.

El PP reivindica a Prohens y responsabiliza a Sánchez

Por su parte, el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha defendido el balance de la presidenta y ha asegurado que Prohens está “obsesionada con los retos de Balears”. Frente a las críticas de la izquierda, ha sostenido que los problemas de vivienda y la situación turística son una herencia de la etapa anterior y que no pueden revertirse de manera inmediata en tres años y medio. Al respecto, ha acusado al PSIB de reclamar ahora medidas que no adoptó cuando gobernaba y ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión en materia de vivienda, inmigración irregular, financiación autonómica, infraestructuras y aeropuertos.

El popular también ha reivindicado el cumplimiento de los anuncios realizados por Prohens en anteriores debates y ha defendido la credibilidad de la presidenta frente a las acusaciones socialistas. En el terreno electoral, ha asegurado que las previsiones acercan al PP a la mayoría absoluta en mayo de 2027. En esta línea, ha acusado al PSIB de ser “los fondos buitre” por la supuesta presencia de personas vinculadas a ese sector en sus cargos, una afirmación con la que ha tratado de devolver a los socialistas las acusaciones de connivencia con los grandes intereses inmobiliarios.

Sagreras ha defendido igualmente la política del PP en materia de pensiones y ha asegurado que su partido ha garantizado su revalorización cuando ha gobernado. Su intervención ha desplazado buena parte de la responsabilidad de los problemas de las islas hacia Madrid, mientras la oposición ha insistido en que el Govern tiene competencias y margen para actuar sobre el alquiler, el crecimiento turístico y la protección del territorio.

Formentera reclama un trato específico por la triple insularidad

El diputado por Formentera, Llorenç Córdoba, mientras tanto, ha centrado sus intervenciones en las necesidades específicas de la isla y ha agradecido el apoyo recibido del Govern durante la legislatura. Ha destacado los avances en el reconocimiento de la triple insularidad, aunque ha reclamado que este criterio se convierta en una condición estable y estructural de las políticas públicas.

Córdoba también ha valorado la reforma relativa al senador por Formentera, que ha definido como un “éxito colectivo” fruto de una reivindicación de varias generaciones. En materia migratoria, ha pedido que la capacidad ordinaria y las situaciones de contingencia se calculen por cada consell insular, en lugar de tomar como referencia el conjunto de Balears. Su argumento es que las islas tienen un régimen competencial singular en la tutela de menores migrantes, que corresponde a los consells, y que ese hecho debería reflejarse en el cálculo de los recursos y las capacidades de acogida. Ha reclamado al Govern que traslade esta propuesta al Gobierno de España.

La presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), ha subido este martes a la tribuna del Parlament con un mensaje que trasciende el balance de gestión de los últimos tres años y medio: pese a admitir que Balears continúa sin resolver sus grandes problemas estructurales, ha aseverado que los populares han cumplido “prácticamente de manera íntegra” su programa. Durante su intervención en el último Debate de Política General de la legislatura, la líder balear ha reivindicado la “moderación” y la “centralidad” de un Govern en solitario mientras ha exhibido sus pactos con Vox, ha apelado a la estabilidad pese a los “momentos complicados” y la pérdida de “alguna votación”, y ha presentado las rebajas fiscales como prueba de éxito de un mandato marcado por la emergencia habitacional y el rechazo a declarar las islas como zona tensionada.

“En momentos de ruido y de debate nacional marcado por la convocatoria electoral, yo quiero hacer lo que como presidenta he venido haciendo estos últimos tres años y medio: centrarme en esta tierra, en nuestra realidad singular y genuina, en la gente de aquí”, ha defendido Prohens al inicio de su intervención.

La apelación a la estabilidad ha sido uno de los ejes de su discurso. La presidenta ha recordado las dificultades de gobernar en solitario y en minoría, con acuerdos parlamentarios variables, y ha presentado esa fórmula como una demostración de capacidad negociadora. También ha asegurado haber mantenido intactas sus líneas rojas y haber gobernado desde la moderación. Su objetivo político, ha reconocido, es lograr una “mayoría de estabilidad” para continuar con su proyecto.

Rebajas fiscales como principal bandera

Una de las principales bazas del discurso ha sido la política fiscal. Prohens ha presentado la eliminación del impuesto de sucesiones entre padres e hijos, abuelos y nietos y cónyuges como uno de los símbolos de la legislatura. Según las cifras que ha expuesto, cerca de 40.000 familias eran se han beneficiado de la medida y se han ahorrado hasta 1.031 millones de euros en tres años.

Se trata de un gravamen que el Ejecutivo autonómico, so pretexto de “aliviar” económicamente a las familias del archipiélago, eliminó nada más arrancar la actual legislatura en su batalla por reducir al máximo la recaudación fiscal. Sin embargo, la supresión ha provocado que sean los ultrarricos quienes más se han beneficiado de ella, tal como se desprende de los datos de la Agencia Tributaria en Balears (ATIB): si hasta octubre del pasado año las islas dejaron de ingresar 460 millones de euros procedentes del impuesto de sucesiones, 392 millones han sido dejados de pagar por los 93 declarantes más adinerados (el 1% de los declarantes) de la Comunidad Autónoma. De todos ellos, 15 herederos (el 0,1%) se han ahorrado 289 millones que han dejado de destinarse a la financiación del estado de bienestar.

El 2025, PP y Vox rechazaron que los más ricos de Balears volviesen a tributar por sus herencias. A través de una iniciativa parlamentaria, el grupo socialista reclamaba que el Govern de Prohens activase de nuevo este gravamen para los herederos de un patrimonio superior al millón de euros con el objetivo de preservar la progresividad del impuesto de sucesos y la “inmensa mayoría de la recaudación fiscal”.

“Bajar los impuestos a las familias es defender las Illes Balears”, ha enfatizado este martes Prohens en una defensa de su política fiscal que ha presentado como una forma de proteger el esfuerzo de los ciudadanos. En este contexto, ha anunciado que el Govern elevará del 60% al 75% la bonificación del impuesto para determinadas herencias entre hermanos, tíos y sobrinos cuando la persona fallecida no tenga descendencia directa.

La presidenta también ha destacado la rebaja del tramo autonómico del IRPF y la creación o ampliación de 13 deducciones fiscales. Según ha explicado, 112.000 contribuyentes se beneficiaron de alguna deducción en la última campaña de la renta, cerca de 50.000 más que durante la legislatura anterior. Entre las medidas citadas figuran las deducciones por nacimiento, cuidados de personas mayores de 65 años o con discapacidad, alquiler de vivienda, gastos derivados de la ELA y fomento del autoempleo. También ha defendido los incentivos fiscales para los propietarios que incorporen viviendas vacías al mercado del alquiler y las deducciones destinadas a inquilinos.

Vivienda: más oferta, menos intervención

La presidenta ha situado el acceso a la vivienda entre los tres grandes retos estructurales de Balears, junto con el modelo económico y el crecimiento poblacional, aunque su receta pasa por ampliar la oferta y facilitar la actividad inmobiliaria, una apuesta que deja en segundo plano la capacidad de intervención pública sobre los precios y que confía en que el aumento de la oferta acabe traduciéndose en viviendas asequibles. Sin cuestionar los mecanismos del mercado que han encarecido el acceso a un hogar, ha calificado de “populislas” herramientas que, desde la declaración de zonas tensionadas y la limitación de los alquileres hasta la regulación de la compra de inmuebles por parte de no residentes, permitirían limitar esos márgenes y frenar la escalada de precios que está expulsando a numerosos residentes y hacinando a otros en infraviviendas y caravanas.

En su balance, ha destacado los proyectos residenciales estratégicos, que permitirían reducir de diez a dos años los plazos de disponibilidad de suelo para determinadas promociones. Según las cifras expuestas en el Parlament, solo en los proyectos tramitados en Palma habría 4.000 viviendas de precio limitado proyectadas. También ha defendido un plan de cerca de 300 millones de euros para impulsar 2.000 viviendas públicas y ha afirmado que, sumando las distintas medidas, el Govern está impulsando más de 10.000 viviendas asequibles.

La presidenta ha anunciado además un nuevo plan estratégico de vivienda, denominado HABITA_IB 4+4, que incorporaría cerca de 50 nuevas medidas para el periodo 2027-2031, con un impacto previsto de 3.000 millones de euros y el objetivo de llegar a 87.000 ciudadanos. Entre las propuestas figuran nuevas promociones públicas, ayudas a la vivienda protegida, rehabilitación de inmuebles vacíos para destinarlos al alquiler asequible y registros de solares sin edificar y de edificios inacabados u obsoletos.

Por otro lado, ha explicado que el Govern prevé ampliar de 30 a 45 millones de euros los fondos destinados a los avales públicos de la Nova Hipoteca Jove, un programa que, según su balance, ha permitido a 896 jóvenes comprar su primera vivienda durante la legislatura. También ha avanzado que reforzará las ayudas directas de 10.000 euros para menores de 40 años que adquieran una casa tras recibir 770 solicitudes en el primer mes y medio de convocatoria. La estrategia se completa con una nueva deducción fiscal con miras a fomentar el ahorro destinado a la compra de la primera vivienda.

La contención turística y la contradicción del crecimiento

Sobre el modelo económico, la presidenta ha reconocido que Balears ha seguido durante demasiado tiempo una estrategia basada en crecer en volumen y ha afirmado que las islas han alcanzado límites que obligan a cambiar de rumbo. “Nuestras islas ya no pueden crecer en volumen, solo queda crecer en valor”, ha defendido.

Prohens ha presentado como prueba de ese cambio varias medidas adoptadas por su Govern: la limitación de la capacidad de alojamiento turístico, la prohibición de nuevos pisos turísticos, el refuerzo de las inspecciones contra la oferta ilegal y un acuerdo con las principales navieras para reducir en 30.000 los cruceristas mensuales durante los meses de junio a septiembre a partir del próximo año. También ha asegurado que la cifra de viviendas turísticas se ha reducido en 5.000 en tres años, un 20% respecto a 2023, de acuerdo a los datos del INE citados en su intervención.

La presidenta ha defendido que el crecimiento de la actividad turística en temporada alta se está moderando mientras el gasto turístico aumenta más que el número de visitantes. Asimismo, ha defendido simultáneamente la necesidad de dejar atrás el crecimiento basado en el volumen y los resultados de una economía que continúa creciendo y cuya actividad turística sigue siendo central, reivindicando un crecimiento económico del 2,8% en el segundo trimestre del año, cifras récord de afiliación a la Seguridad Social y un incremento salarial del 5,6% en los convenios durante el año anterior.

En este contexto, la líder autonómica ha presentado el Pacto por la Sostenibilidad y la Agenda de Transición como instrumentos para orientar ese cambio. Según su discurso, se han debatido más de 119 medidas y 74 han recibido validación. La presidenta ha asegurado que el pacto continúa “más vivo que nunca” a pesar de que, desde su impulso en 2024, partidos, organizaciones sociales y entidades que participaron en su lanzamiento han abandonado el proceso y miles de personas se han echado a las calles en multitudinarias e históricas movilizaciones para protestar contra la turistificación y el creciente deterioro de las condiciones de vida de la población residente.

“Aquí no cabe todo el mundo”

En materia migratoria, Prohens ha incorporado a su discurso uno de los marcos más duros de Vox al vincular el crecimiento poblacional con la presión sobre los servicios públicos, las infraestructuras y la vivienda a pesar de que los datos desmienten este relato, ampliamente difundido por la derecha y la extrema derecha en contraste con la evidencia disponible. Entre los estudios que rebaten este diagnóstico se encuentra el Informe de seguimiento del Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión contra el Racismo y la Xenofobia 2023-2027, que confirma las desigualdades que sufre la población extranjera no comunitaria en educación, empleo, vivienda y acceso a los servicios públicos básicos como la sanidad. De acuerdo a este documento, estos ciudadanos utilizan menos que los españoles los servicios sanitarios, presentan un abandono escolar temprano y sufren con mayor dureza el incremento de los precios de la vivienda.  

Con todo, la líder del PP ha reclamado frenar la llegada de inmigración irregular y ha aseverado que en las islas “no caben” quienes no vienen a contribuir, integrarse o respetar las leyes y los valores de las islas: “No, aquí no cabe todo el mundo”, ha espetado. En esta línea, ha acusado al Gobierno central de fomentar un “efecto llamada” con la regularización de personas migrantes, evitando mencionar el potencial incremento de ingresos públicos derivado de la regularización.

Según los datos que ha expuesto, Balears ha sumado 78.000 tarjetas sanitarias en tres años, mientras que el sistema educativo recibe alrededor de 4.000 alumnos de incorporación tardía cada curso y las solicitudes de prestaciones por dependencia han aumentado un 30%. Prohens ha defendido que el Govern ha respondido a esta mayor demanda con más presupuesto, profesionales e infraestructuras.

Por otro lado, ha reivindicado que la tasa de personas en riesgo de pobreza o exclusión social ha descendido del 17% al 15,2%, de acuerdo al último Informe sobre el Estado de la Pobreza elaborado por EAPN-ES con datos correspondientes a 2025, y que menciona que dos de cada cinco personas en las islas, el 37,8%, tienen algún tipo de dificultad para llegar a fin de mes. La presidenta, quien ha citado esta evolución para defender los resultados de su gestión, ha reconocido la necesidad de proteger a las personas vulnerables y ha anunciado la puesta en marcha del programa piloto 'Devora tu', destinado a garantizar alojamiento a personas mayores en situación de exclusión residencial.

Educación y sanidad

En cuanto a educación, Prohens ha reivindicado el incremento de los recursos destinados al sistema público y concertado como una de las principales credenciales de su gestión. Según su balance, el presupuesto educativo ha aumentado en 248 millones de euros en tres años, un 20%, y se han incorporado 1.446 docentes más: 1.316 en la enseñanza pública y 130 en la concertada. La presidenta también ha destacado la incorporación de 400 profesionales adicionales de atención a la diversidad y la puesta en marcha de nuevas aulas UEECO para alumnado con necesidades educativas especiales.

La líder balear ha reconocido que “queda trabajo por hacer” y ha anunciado que el próximo Compromiso Educativo deberá abordar, entre otras cuestiones, las dificultades de vivienda y movilidad de los docentes entre islas. Una admisión que pone de relieve hasta qué punto el encarecimiento de la vivienda afecta también a la capacidad de los servicios públicos para atraer y retener profesionales.

En materia sanitaria, Prohens ha subrayado que el Govern destina actualmente 200 millones de euros más a la sanidad pública que al inicio de la legislatura, un incremento presupuestario del 10%, según las cifras expuestas en su discurso. También ha presentado la transformación digital y la innovación médica como una de las apuestas de futuro, con una inversión prevista de unos 100 millones de euros.

Entre las medidas que ha querido destacar figura el refuerzo de la atención psicológica: el Govern asegura que 16 psicólogos incorporados a los centros de salud han atendido a más de 5.000 pacientes y prevé alcanzar los 61 profesionales de psicología en Atención Primaria antes de acabar el año. A ello se suma la ampliación de la atención psicológica en los centros educativos, con un objetivo de 90 psicólogos educativos entre las distintas etapas. Prohens ha presentado estas iniciativas como una mejora de la capacidad asistencial, aunque el aumento de la inversión y de las plantillas no permite, por sí solo, concluir que se hayan resuelto los problemas de acceso, las listas de espera o la presión que soporta el sistema sanitario.

En materia de conservación del territorio, Prohens ha anunciado una nueva convocatoria para adquirir parcelas privadas en el Parc Natural de Mondragó y, por primera vez, también en el de es Trenc, con el objetivo de incorporarlas al patrimonio público y reforzar su protección. La presidenta ha asegurado que el Govern ha destinado cerca de seis millones de euros en tres años y medio a comprar fincas que suman 1.169 hectáreas, entre ellas Son Jaumell, en el Parc Natural de Llevant; Sa Bastida, en Alaró; es Bosch, en Escorca, y sa Boval Vell, en s'Albufera des Grau. También ha defendido las ayudas a los propietarios de fincas forestales para prevenir incendios y ha anunciado que se triplicarán, hasta los 900.000 euros, las subvenciones para limpiar torrentes en terrenos privados.

El debate de Política General se reanudará este miércoles con las intervenciones de los grupos parlamentarios, que podrán responder al discurso de la presidenta del Govern y fijar posición sobre el balance de la legislatura y los principales retos de las islas. La sesión continuará con el turno de réplica de la presidenta y el debate de las propuestas que presenten los distintos grupos.

La inestabilidad política ha sido una constante en estos casi tres años y medio de Govern del PP de Marga Prohens, que gobierna en solitario aunque con un pacto programático de 110 medidas con Vox. El archipiélago balear es el único en el que el PP no ha integrado a los ultraderechistas pese a necesitar sus votos. Mientras que en temas relacionados con la economía, el patrimonio y la fiscalidad han ido a la par, han chocado en otros asuntos, sobre todo relacionados con el catalán y la memoria histórica. Estas y otras discrepancias provocaron una crisis interna en Vox, que terminó dinamitando el grupo parlamentario.

PP y Vox han coincidido en eliminar el impuesto de sucesiones entre padres e hijos y en medidas para aumentar la oferta de vivienda mediante la división de pisos, la construcción en altura y las viviendas de precio limitado, aunque el Govern se ha negado a declarar Balears zona tensionada para limitar los alquileres. En cuanto a la lengua, Vox ha impulsado un plan de segregación lingüística para aumentar la presencia del castellano en las aulas, con una adhesión inferior al 5% del alumnado. En memoria democrática, Prohens aceptó derogar la Ley 2/2018, tal como exigía el acuerdo con Vox, después de aparcar temporalmente la medida en 2024 mediante un pacto con la izquierda. La derogación se aprobó en 2026, pero quedó suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional.

Vox se rompe

El 17 de octubre de 2023 se produjo una de las sesiones parlamentarias más tensas de los últimos años en Balears. El motivo: la negativa de Vox a dar apoyo al techo de gasto que tenía previsto el PP de cara a 2024, paso previo –y necesario– a la aprobación de los presupuestos autonómicos, los primeros de la legislatura de la presidenta Prohens. Un día después, el diputado menorquín Francisco José Cardona abandonó la formación ultraderechista, aunque manteniendo su acta parlamentaria.

La decisión de Cardona –a quien se le situaba en el ala ‘moderada’ del partido– vino motivada después de que Idoia Ribas, entonces portavoz de la formación en el Parlament, le destituyera de su condición de portavoz adjunto, para designar en su lugar al diputado Sergio Rodríguez. El motivo estaba en las diferencias entre los diputados en torno a los presupuestos autonómicos presentados por el PP. Finalmente, las cuentas de 2024 fueron aprobadas, con la práctica totalidad de las enmiendas presentadas por Vox, que incluían 20 millones de euros con el objetivo de arrinconar el catalán en la escuela pública. 

Un año después, se dio una situación inédita en la historia democrática balear. El PP validó por error más de 30 enmiendas presentadas por Vox a la Ley autonómica de simplificación administrativa, impulsada por los conservadores con el objetivo de agilizar los trámites urbanísticos y legalizar las viviendas construidas de forma irregular en terreno rústico. Los conservadores pidieron que se repitiera la votación, pero los de Santiago Abascal se opusieron a ello.

Un error del PP le llevó a pactar con la izquierda

“Este ha sido el momento de mayor crisis del PP con Vox”, explica el politólogo Guillermo Bezzina, y añade que estas enmiendas suponían un retroceso de dos o tres décadas en materia medioambiental, de normalización de la lengua catalana, así como de la estructura institucional de la administración. Para enmendar los errores, Prohens tuvo que “activar la geometría variable”, afirma Bezzina, a través de un acuerdo con el PSOE, Més per Mallorca y Més per Menorca. “Además, a cambio, el PP se abstuvo para evitar la derogación de la Ley de memoria democrática” que impulsaba Vox, y que estaba dentro del acuerdo programático con los ultraderechistas. Un año después, la ley -una de las dos de memoria democrática que estaban vigentes en las Islas- fue derogada por PP y Vox, aunque en estos momentos sin efecto, tras el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno, y admitido a trámite por el Tribunal Constitucional.

La Ley 2/2018, de memoria y reconocimientos democráticos, fue aprobada durante el primer Govern de Francina Armengol –en coalición con Més y mediante acuerdo parlamentario con Podemos–. En ese momento, en que no existía Vox en el Parlament, el PP votó a favor de muchos de los artículos y se abstuvo en otros, después de haber presentado más de 100 enmiendas. Esta norma se aprobó dos años después de la Ley 10/2016 para la recuperación de personas desaparecidas durante la guerra civil y el franquismo. “El motivo de que se redactaran por separado era facilitar el máximo consenso”. “El PP no dio un apoyo explícito, pero tampoco se opuso del todo”, valora Bezzina. El politólogo interpreta que la diferencia de criterio del PP en una y otra legislatura se explica por la presión de Vox en esta legislatura.

El politólogo Guillermo Bezzina señala que la diferencia de criterio entre el PP de antes, que "no se opuso del todo" a la ley de memoria histórica hace unos años, y el PP actual, que ha derogado esa norma, es la presión que ejerce Vox

De cara a 2025, Prohens tenía que aprobar nuevos presupuestos autonómicos, que fueron validados con seis meses de retraso. “El PP necesitaba reconstruir su relación con Vox”, por lo que se comprometió a derogar la Ley 2/2018, asegura el experto. “Estos son todos los caballos de batalla de Vox en todas las autonomías”, afirma, y añade las cuestiones relacionadas con el pacto verde europeo, la oposición a la inmigración y a los menores no acompañados. En aquellos territorios con lengua propia, la oposición a ella, según Bezzina.

Además, añade Julián Claramunt, también politólogo, están las políticas en oposición a la igualdad. Es decir, el feminismo los derechos de las personas LGTBIQ+. “Es muy probable que sea en estas dos cuestiones donde veamos una mayor transformación”, opina Claramunt, en caso de que PP y Vox alcancen La Moncloa. “Se trata de dejar de financiar y, en la medida de lo posible, derogar leyes”, si hubiera margen de cara a la opinión pública. El experto recuerda, sobre la memoria histórica, que Balears había desarrollado una labor pionera, siendo un referente reconocido en el conjunto del Estado.

“Vox no tiene diferencias en su modelo respecto al PP en cuanto a economía o el modelo industrial”. “Realmente, les interesan los debates más performáticos y discursivos, y aquí la memoria democrática es central para Vox”, valora. Por eso, considera que la formación de extrema derecha puede obtener con relativa facilidad concesiones en este terreno. “Es muy fácil que Vox entre ahí, porque para el Partido Popular no supone tanta contradicción. Es una medalla que le puede dar a Vox y a Vox le interesa muchísimo”, señala Claramunt.

Vox no tiene diferencias en su modelo respecto al PP en cuanto a economía o el modelo industrial. Realmente, les interesan los debates más performáticos y discursivos, y aquí la memoria democrática es central para Vox

Julián Claramunt — Politólogo

Vox intenta arrinconar el catalán

En cuanto a la cuestión lingüística, Vox forzó al PP para adoptar el “plan piloto voluntario de libre elección de lengua”, que ha sido fracaso, ya que menos de un 5% del alumnado se ha adherido a él. En contra de la opinión mayoritaria dentro de la comunidad educativa, este plan implica aumentar las asignaturas que se pueden impartir en castellano –la decisión la toma cada centro educativo y debe de haber al menos un 20% del alumnado interesado en participar–. Entre los requisitos que exigió el PP figuraba cumplir el Decreto de Mínimos –es decir, al menos el 50% de las asignaturas deben impartirse en catalán–.

“Ha habido ataques verbales, pero no hemos visto una transformación sobre nuestro sistema educativo”, afirma Claramunt, aunque matiza que dichos ataques “afectan al estado de la opinión”. El experto cree que después del intento fallido del expresidente José Ramón Bauzà de reformar el sistema educativo para que fuera trilingüe –castellano, catalán, inglés–, el PP ha cambiado de posición. Además, recuerda que el PP probablemente sea el partido “con más votantes catalanoparlantes de Balears”.

Por otro lado, Bezzina considera que la lengua catalana sigue siendo una línea roja para Prohens, pese a las concesiones que ha hecho a Vox durante la legislatura. “Lo más importante no se ha tocado”, señala. El politólogo también cree, como Claramunt, que la presidenta tiene muy presente el precedente del Govern de José Ramón Bauzà, cuya reforma educativa para implantar un modelo trilingüe provocó un amplio rechazo social. Prohens, que entonces era diputada en el Parlament, habría aprendido de aquella experiencia y de los errores de su partido. A juicio de Bezzina, una de las claves de su estrategia es evitar que las decisiones en materia lingüística movilicen al electorado de izquierdas.

“PP y Vox podrían gobernar por la agenda migratoria”

En cuanto a la inmigración, Claramunt cree que hay que atender a la dimensión simbólica que ha adquirido esta cuestión en el debate político. “La política migratoria está ahora mismo en la agenda de forma masiva y seguramente es lo que hace que el PP y, sobre todo, Vox estén en disposición de gobernar con mayoría absoluta”, señala. A su juicio, no es tan importante el número de personas que se puedan acoger como el relato que acompaña a estas políticas. En este sentido, recuerda que la llegada de menores migrantes que deben ser acogidos por las comunidades autónomas no supone un problema de capacidad, sino de posicionamiento político, y apunta a la diferencia de trato respecto a los refugiados ucranianos.

“La cuestión es todo el relato asociado a estos migrantes, en concreto, los africanos, contra los que Vox lucha”, explica Claramunt. Para el experto, la inmigración constituye otro de los ámbitos en los que la formación de Santiago Abascal puede marcar diferencias simbólicas con el PP, también en Balears. Según su análisis, detrás de este discurso se esconde un proyecto que busca generar “ciudadanos de segunda”: personas migrantes relegadas a empleos mal remunerados, en ocasiones sin contrato, y expuestas a situaciones de explotación laboral.

El experto advierte de que Vox también cuestiona la posibilidad de que los hijos de estas personas alcancen la plena ciudadanía, una expectativa que históricamente ha acompañado a los procesos migratorios. “Este es el modelo de país que tiene Vox para España y es el que está aplicando, de forma simbólica, en Balears”, concluye.

PP y Vox coinciden en vivienda y fiscalidad

En los temas relacionados con la economía es donde conservadores y ultraderechistas suelen ponerse de acuerdo con más facilidad. En Balears, uno de los primeros decretos ley que aprobó el Govern de Prohens fue uno de vivienda enfocado a la posibilidad de dividir pisos, edificios que crecen en altura, la creación de nueva vivienda a precio tasado y persecución del alquiler turístico ilegal a través de la aprobación de un mecanismo que permite precintar los pisos que ejercen tal actividad como medida cautelar.

Bezzina explica que las políticas de vivienda del Govern no han tenido un impacto real para facilitar el acceso a la vivienda, aunque recuerda los efectos suelen ser visibles a largo plazo. “Los precios son más altos que hace tres años y los alquileres también”, señala. El politólogo sí apunta a algunos resultados negativos, como los del programa Lloguer Segur –Alquiler Seguro–, una de las iniciativas estrella del Ejecutivo para incorporar al mercado viviendas vacías de pequeños propietarios. “Los números de este programa son bastante desastrosos”, afirma.

En cuanto al debate sobre la aplicación de la ley de vivienda para declarar el archipiélago balear como zona tensionada –a lo que Prohens se niega–, Bezzina pone como ejemplo Catalunya, la única comunidad autónoma que ha aplicado la limitación de los precios del alquiler y la declaración de zonas tensionadas. El politólogo señala que los resultados de estas medidas generan discrepancias entre los expertos: mientras una parte considera que han contribuido a contener los precios e incluso a reducir ligeramente los alquileres en las zonas reguladas, otros advierten de que algunas viviendas han salido del mercado. “Probablemente, las dos cosas sean ciertas”, apunta.

A su juicio, la decisión de no aplicar estas medidas en Balears responde a una cuestión de competencias, pero también ideológica, en un contexto en el que conviven dos modelos enfrentados: el de quienes consideran que el principal problema es la falta de oferta y el de quienes ponen el foco en el exceso de demanda. Bezzina señala que estas dos visiones enfrentadas se traducen en modelos de política de vivienda distintos.

El del Govern del PP, explica, parte de la premisa de que es necesario aumentar la oferta. Frente a este modelo, la izquierda sostiene que el problema no es tanto la falta de vivienda como el uso que se hace de ella. Esta posición se resume en que, dice Bezzina, “hay muchas casas, lo que pasa es que el uso que se les está dando no es residencial, sino de segunda residencia, turístico o especulativo”. En esta línea, la izquierda también argumenta sobre el papel de los fondos de inversión y el capital extranjero.

Bezzina apunta, además, a que la Comisión Europea ha abierto la puerta a estudiar nuevas medidas para abordar el problema de la vivienda, entre ellas posibles restricciones a la compra de segundas residencias. Estas fórmulas permitirían a determinados territorios limitar las adquisiciones en función del uso que se vaya a dar al inmueble, y no de la nacionalidad del comprador. “Tienen que ser medidas temporales, proporcionadas, muy limitadas y justificadas”, advierte el politólogo, que afirma que se puede desincentivar también la compra de vivienda con fines especulativos a través de mayores tasas impositivas.

El experto también plantea la posibilidad de aumentar la presión fiscal sobre las viviendas vacías para incentivar que sus propietarios las incorporen al mercado del alquiler. “Si tienes una vivienda vacía y te suben los impuestos, seguramente eso genera un incentivo para que no se quede fuera del mercado, tanto si es de un gran propietario como de uno pequeño”, explica.

“Todo esto crea un sistema de incentivos que facilite y favorezca que las viviendas se destinen al uso residencial por encima de otros usos”, señala el politólogo. Bezzina recuerda que el mercado inmobiliario es complejo, pero considera necesario corregir los incentivos actuales, ya que “el uso turístico de una vivienda es mucho más lucrativo”. Así, insiste en que se puede utilizar la fiscalidad para generar un modelo distinto. “Hay un sistema económico y una fiscalidad que hacen que salga más a cuenta alquilar por habitaciones o a través de Airbnb o de otras plataformas, que destinar la vivienda al alquiler residencial”, explica.

Rebaja de impuestos a la herencia

La rebaja de impuestos es otro de los puntos en los que PP y Vox han encontrado un amplio margen de acuerdo. El Govern de Prohens aprobó el 18 de julio de 2023, apenas unas semanas después de llegar al poder, el Decreto ley 4/2023, que estableció una bonificación del 100% del impuesto sobre sucesiones para ascendientes, descendientes y cónyuges, así como bonificaciones parciales para otros grados de parentesco. La medida formaba parte de los compromisos fiscales del PP y Vox. Una reforma fiscal que, según los expertos, beneficia a los más ricos.

El Govern de Prohens aprobó unas semanas después de llegar al poder una bonificación del 100% del impuesto sobre sucesiones para ascendientes, descendientes y cónyuges

Bezzina considera que este tipo de medidas fiscales beneficia especialmente a un sector concreto de la población balear: el de las familias con patrimonio inmobiliario que pueden transmitir una vivienda a sus descendientes. “Es una política dirigida a un sector muy específico de la sociedad balear, a personas muy arraigadas al territorio que tienen una casa que pueden heredar de sus abuelos o que sus padres les pueden ceder”, explica.

A su juicio, se trata de una parte relativamente pequeña de la población, mientras que una gran mayoría de los residentes en las islas no dispone de ese patrimonio familiar. “La gran mayoría son trabajadores del sector turístico que han venido de la Península, migrantes de América o personas que han llegado recientemente a Balears. Estas políticas de supresión del impuesto de sucesiones y donaciones no van dirigidas, evidentemente, a esa parte de la sociedad”, concluye.

Por su parte, Claramunt considera que las políticas de vivienda de la derecha tienen un carácter más simbólico que efectivo y sitúa el debate de fondo en si el acceso a un hogar debe formar parte de los derechos básicos garantizados por el Estado de bienestar. Pese a que el artículo 47 de la Constitución garantiza el acceso digno a una vivienda, no es un derecho fundamental reconocido en la Carta Magna.

“Al final, todo gira en torno a cómo entiendes la vivienda: si como un bien con el que puedes especular y ganar dinero o si realmente es un derecho que hay que garantizar”, explica. A su juicio, mientras que la izquierda ha defendido, aunque “con no demasiada valentía”, que la vivienda es un derecho, el PP de Marga Prohens la concibe como “un activo de mercado con algunas singularidades”.

El experto sostiene que las medidas del Govern no abordan las causas estructurales del problema, sino que se centran en ofrecer ayudas económicas a compradores, propietarios e inquilinos sin introducir condiciones que permitan intervenir en el mercado. “Son medidas encaminadas, normalmente, a dar ayudas económicas al comprador, propietarios o inquilinos, pero no entran de lleno en el problema de la vivienda”, afirma. Para Claramunt, la cuestión fundamental es que estas políticas no buscan controlar la oferta ni reorientarla hacia las necesidades residenciales, sino facilitar ayudas directas sin exigir contrapartidas.

En cuanto a las viviendas de precio limitado y las medidas para permitir que los edificios crezcan en altura o se puedan dividir, Claramunt coincide con Bezzina en que sus efectos tardan años en hacerse visibles. “Normalmente, son políticas que se mueven en plazos de cinco o diez años, porque requieren tiempo, especialmente las vinculadas a la creación de nueva vivienda. Las casas no se construyen de un día para otro”, señala. Por ello, considera difícil evaluar su impacto a corto plazo, aunque insiste en que estas iniciativas no resuelven por sí solas el problema de fondo. “Si no haces nada para controlar la oferta, ya sea limitándola o frenando la llegada de personas que vienen a hacer negocio con las rentas inmobiliarias, por muchas viviendas nuevas que construyas, ¿cómo garantizas que no entren en el circuito de la especulación, a corto o medio plazo?”, concluye.

El senador por Mallorca Pere Joan Pons será el nuevo delegado del Gobierno en Balears en sustitución de Alfonso Rodríguez, quien el martes anunció su dimisión para centrarse en su candidatura a la alcaldía de Calvià.

El relevo, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la decisión, se prevé que se haga efectivo en el Consejo de Ministros del próximo 27 de octubre.

Pere Joan Pons, nacido en Palma, es licenciado en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y en Derecho por la Universitat de Barcelona (UB).

Actualmente, además de senador por Mallorca, es vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y miembro de la Ejecutiva del PSIB-PSOE.

El hasta ahora delegado del Gobierno anunció el martes que próximamente dejará el cargo “tras tres años de trabajo intenso” para tratar de volver a ser alcalde de Calvià en las elecciones municipales previstas para mayo de 2027.

Una vivienda con embargos, una hipoteca en ejecución y una empresa vinculada a un conocido conglomerado empresarial de Eivissa. Miguel Tur Contreras (PP), tercer teniente de alcalde de Sant Antoni de Portmany (Eivissa) y concejal de Turismo, se encuentra envuelto en un posible caso de conflicto de interés tras haber comprado una vivienda que estaba vinculada a un crédito hipotecario adquirido meses antes por Ice Properties S.L. Se trata de una sociedad vinculada al conglomerado empresarial de Duane Gary Lineker, quien posee multitud de negocios en la bahía de Portmany y es gerente de O Beach, un hotel-discoteca que está en el punto de mira de los ecologistas.

La polémica en torno a la vivienda adquirida por el edil está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Eivissa después de que este admitiera a trámite una querella criminal por la presunta comisión de un delito de alzamiento de bienes. Tur Contreras y su hermana están siendo investigados “para esclarecer las circunstancias de la compraventa” de diciembre de 2024, según el auto consultado por elDiario.es.

El Ayuntamiento, por su parte, niega que exista cualquier tipo de irregularidad. “Esto es un tema personal, como ya hemos dicho en varias ocasiones. Además, la adquisición de ese crédito hipotecario es una operación que ha tenido que hacerse mediante escritura pública e inscripción en el Registro de la Propiedad, con lo cual, si ha pasado los controles notariales y registrales, se puede asumir que está todo bien hecho”, afirma el alcalde, Marcos Serra.

Tur, también concejal de Turismo, Desarrollo Local y Fiestas, adquirió en diciembre de 2024 una vivienda de 98 metros cuadrados ubicada en el barrio de Ses Païsses del municipio, como avanzó Diario de Ibiza y ha podido comprobar documentalmente elDiario.es. La operación se produjo sobre un inmueble que arrastraba desde años atrás una compleja situación de cargas. En 2018 había sido hipotecado por 160.000 euros y, tras la integración de Bankia en CaixaBank, el crédito pasó primero a manos del fondo Promontoria Backgammon Designated Activity Company y después a Ice Properties S.L., sociedad vinculada al conglomerado empresarial de Duane Gary Lineker.

La operación inmobiliaria se produjo sobre una vivienda que arrastraba desde años atrás una compleja situación de cargas. El crédito pasó primero a manos del fondo Promontoria Backgammon y después a Ice Properties S.L., sociedad vinculada al conglomerado empresarial de Duane Gary Lineker

La cesión del crédito a Ice Properties S.L. se formalizó en agosto de 2024, apenas cuatro meses antes de que Tur adquiriera la vivienda. Para entonces, sobre el inmueble pesaban también dos embargos de la Seguridad Social, por 4.626 y 21.715 euros, además de un embargo del Ayuntamiento de Sant Antoni por 5.663 euros. La ejecución de la hipoteca por impago ya había avanzado en los tribunales. El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Eivissa ordenó expedir, en mayo de 2023, la certificación de cargas del inmueble. Es decir, el trámite legal previo e indispensable conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil para fijar fecha y sacar la vivienda a subasta pública

El mismo día en que compró la vivienda, Tur constituyó además una nueva hipoteca por 220.000 euros a favor de Bankinter, con un plazo de amortización de 30 años. La operación quedó formalizada definitivamente en marzo de 2025, una vez acreditado el pago de los impuestos correspondientes. Por la compraventa se abonaron 49.723,49 euros en concepto de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Formalización de la compra

La vivienda pertenecía hasta entonces a O. Tur Contreras, que era su propietaria en exclusiva. Miguel Tur formalizó la compra en diciembre de 2024 ante notario en Santa Eulària des Riu. Parte del precio se abonó mediante cheque bancario y el resto, a través de una transferencia. “Se trata de una operación que forma parte de mi esfera personal y familiar al margen de mi actividad pública y no tengo nada más que decir al respecto”, explicó Tur a Diario de Ibiza.

En paralelo, el crédito hipotecario que pesaba sobre la vivienda había seguido un recorrido distinto. El préstamo original se remonta a junio de 2018, cuando Bankia concedió una hipoteca de 160.000 euros sobre el inmueble. Tras la integración de Bankia en CaixaBank, el crédito fue transferido en marzo de 2024 al fondo Promontoria Backgammon Designated Activity Company. Solo unos meses después, en agosto de 2024, ese crédito pasó a Ice Properties S.L., la sociedad vinculada al entramado empresarial de Duane Gary Lineker. Es decir, cuatro meses antes de que Miguel Tur comprara la vivienda, la empresa vinculada al grupo del empresario británico había asumido la posición de acreedora respecto de la hipoteca que gravaba el inmueble.

Ice Properties se hizo con el crédito hipotecario en agosto de 2024 y Miguel Tur adquirió la vivienda en diciembre del mismo año. En el momento de la compraventa, además, el inmueble seguía afectado por los embargos de la Seguridad Social y del Ayuntamiento de Sant Antoni.

Ice Properties se hizo con el crédito hipotecario en agosto de 2024 y Miguel Tur adquirió la vivienda en diciembre del mismo año. En el momento de la compraventa, además, el inmueble seguía afectado por los embargos de la Seguridad Social y del Ayuntamiento de Sant Antoni

elDiario.es se puso en contacto con el Ayuntamiento de Sant Antoni para recabar la versión de su alcalde, Marcos Serra, así como del concejal de Turismo, Desarrollo Local y Fiestas, Miguel Tur, sobre las circunstancias de la compraventa, la relación con Ice Properties S.L. y la participación del concejal en las decisiones de la Junta de Gobierno relacionadas con la sociedad.

Al alcalde, Marcos Serra, se le preguntó expresamente si considera que Tur debería haberse abstenido en alguna de esas decisiones, especialmente en la de abril de 2025, y si el Ayuntamiento conocía su relación con el inmueble y con el crédito hipotecario adquirido por Ice Properties S.L., así como si se llegó a valorar la posible existencia de un conflicto de interés.

A Miguel Tur se le planteó por qué decidió adquirir la vivienda de su hermana pese a las cargas que pesaban sobre el inmueble y al procedimiento de ejecución hipotecaria en marcha; qué relación mantenía con Ice Properties S.L. o con personas vinculadas a la sociedad y si hubo contactos o negociaciones sobre el crédito hipotecario. También se le preguntó qué responde a la acusación, en el marco de la querella por un presunto delito de alzamiento de bienes, de que la compraventa y la posterior constitución de una hipoteca de 220.000 euros pudieron dejar el inmueble fuera del alcance de los acreedores. Ni el Ayuntamiento ni Tur han querido responder a estas preguntas para este reportaje.

Ni el Ayuntamiento de Sant Antoni ni Miguel Tur han querido responder a las preguntas formuladas por elDiario.es para este reportaje

Este diario también se puso en contacto con Ice Properties S.L. a través de representantes del grupo empresarial O Beach para contrastar la información y recabar su versión sobre la adquisición, en agosto de 2024, del crédito hipotecario que gravaba la vivienda posteriormente comprada por Miguel Tur. Se les preguntó en qué circunstancias se produjo la operación, qué relación tenía entonces la sociedad con el inmueble y sus propietarios y si tuvo algún contacto, negociación o conocimiento previo de la posterior compraventa al concejal.

Asimismo, se solicitó a Ice Properties S.L. que aclarara si mantuvo alguna relación o comunicación con Miguel Tur en relación con el crédito o con la vivienda y que realizara las precisiones que considerase oportunas sobre su relación con el Ayuntamiento de Sant Antoni. En particular, se le preguntó por la promoción de 16 viviendas de la calle Vedranell y por la cesión gratuita de 13 metros cuadrados de terreno al Consistorio que fue aceptada por la Junta de Gobierno Local en abril de 2025. Los representantes del grupo O Beach no han respondido a estas preguntas para este reportaje.

La relación entre Tur e Ice Properties

La relación entre Tur e Ice Properties se produjo también en el ámbito de la actividad urbanística del Ayuntamiento. En la Junta de Gobierno Local del 15 de abril de 2025, a la que asistió Miguel Tur Contreras, se aprobó un expediente relacionado con una promoción de 16 viviendas de Ice Properties en la calle Vedranell de Sant Antoni de Portmany. La Junta aceptó la cesión gratuita al Ayuntamiento de 13 metros cuadrados de terreno destinados a viales, una cesión que formaba parte de las condiciones de la licencia urbanística concedida a la sociedad el 4 de abril de 2024 para construir el edificio, con piscina, elementos comunes, aparcamiento y urbanización simultánea.

El expediente recogía que Ice Properties había formalizado el 2 de agosto de 2024 ante notario la segregación y cesión gratuita de esos 13 metros cuadrados. La Junta de Gobierno acordó incorporar los terrenos al inventario municipal, expedir el correspondiente certificado para su inscripción registral y realizar los trámites fiscales previstos para este tipo de operaciones. El acuerdo fue aprobado por unanimidad de los miembros presentes.

La licencia para la promoción había sido concedida por la propia Junta de Gobierno un año antes, el 4 de abril de 2024, cuando Miguel Tur ya formaba parte de este órgano municipal. En aquella ocasión, el Ayuntamiento autorizó a Ice Properties la construcción del edificio plurifamiliar de 16 viviendas en la calle Vedranell. La documentación de la Junta de Gobierno del 15 de abril de 2025 deja constancia de que Tur asistió a esa sesión, en la que se aprobó por unanimidad la aceptación de la cesión de terrenos realizada por la sociedad.

La participación de Tur en decisiones municipales relacionadas con Ice Properties S.L. se produjo antes y después de que la sociedad adquiriera el crédito hipotecario que pesaba sobre la vivienda de su hermana. Ice Properties S.L. se hizo con ese crédito en agosto de 2024 y, cuatro meses después, en diciembre, Miguel Tur compró el inmueble. Meses más tarde, en abril de 2025, el concejal participó –votando a favor– en la Junta de Gobierno que aprobó la aceptación de una cesión gratuita de terrenos realizada por Ice Properties S.L. al Ayuntamiento.

La participación de Tur en decisiones municipales relacionadas con Ice Properties S.L. se produjo antes y después de que la sociedad adquiriera el crédito hipotecario que pesaba sobre la vivienda de su hermana. La sociedad se hizo con ese crédito en agosto de 2024 y, cuatro meses después, en diciembre, Miguel Tur compró el inmueble

El alcalde niega también irregularidades de Tur en torno a las votaciones en la Junta de Gobierno Local. “El acuerdo del 4 de abril de 2024 es anterior a la adquisición del crédito hipotecario de la empresa. Por lo tanto, no había aparentemente ningún impedimento”, responde Serra. Y añade que en la segunda votación, del 15 de abril de 2025, el Ayuntamiento recibió 13 metros cuadrados por parte de la empresa. “Por lo tanto, ya ven ustedes que era en favor del Ayuntamiento y no al contrario”, zanja.

Investigado por un presunto delito de alzamiento de bienes

El procedimiento judicial arranca a raíz de una querella interpuesta para reclamar una deuda pendiente acumulada por la hermana de Tur en el marco de un procedimiento de ejecución civil, motivado por las costas procesales de juicios anteriores. Según el escrito de acusación, la vivienda comprada por Tur constituía el único activo inmueble con el que su hermana podía responder del pago de 13.245 euros más 1.473 euros de intereses y costas que adeudaba. La acusación sostiene que ambos hermanos concertaron de forma deliberada la transmisión del piso para dejar a la parte deudora sin ese activo y colocar la propiedad fuera del alcance del cobro en plena fase de ejecución del embargo por la deuda de las costas procesales.

“De este modo, a finales de 2024, ambos hermanos, de común acuerdo y de forma deliberada, llevaron a cabo una maniobra fraudulenta dirigida a apartar del patrimonio de la querellada el único bien susceptible de garantizar el crédito del querellante”. “En tal sentido, concertaron la –plausiblemente simulada– compraventa del inmueble, de tal suerte que, gracias a esta transmisión, el único activo de O. Tur Contreras dejó de estar disponible respecto de la ejecución, lo que frustró por completo el cobro de la deuda reclamada”, sostiene la demanda de acusación.

A finales de 2024, ambos hermanos, de común acuerdo y de forma deliberada, llevaron a cabo una maniobra fraudulenta dirigida a apartar del patrimonio de la querellada el único bien susceptible de garantizar el crédito del querellante

Querella de la acusación

El escrito resalta, además, que el teniente de alcalde no era ajeno a la situación patrimonial de su hermana, dado que compareció como testigo a su favor en un juicio civil de 2021. Asimismo, la querella incide en que, tras adquirir el piso, Miguel Tur gravó de inmediato el inmueble el 20 de diciembre de 2024 constituyendo la nueva hipoteca de 220.000 euros con Bankinter, e inscrita el 27 de marzo de 2025.

Esta operación, a juicio de la acusación, agravó la insolvencia y dificultó aún más la ejecución del embargo dictado por el juzgado. Además, consta anotado un embargo administrativo a favor del Ayuntamiento de Sant Antoni (a fecha 30 de diciembre de 2024) y se mantiene, además, la hipoteca previa de 2018 (cedida a Promontoria y posteriormente a Ice Properties). Por todo ello, la parte denunciante solicita la nulidad de pleno derecho del contrato de compraventa por fraude de acreedores y la fijación de una fianza de 596.920 euros, correspondiente al valor de referencia del inmueble.

Para garantizar que el procedimiento sea efectivo, la acusación ha solicitado al juzgado que ordene la anotación preventiva de la querella sobre la vivienda en el Registro de la Propiedad. Así, se busca alertar a cualquier posible comprador de que la propiedad está inmersa en una causa penal por alzamiento de bienes, evitando así que futuros compradores aleguen desconocimiento si la justicia decide finalmente anular la compraventa entre los hermanos Tur.

El delegado del Gobierno en Balears, Alfonso Rodríguez, dejará próximamente el cargo para centrarse en su candidatura a la alcaldía de Calvià. “Tras tres años de trabajo intenso como delegado del Gobierno, he solicitado dejar próximamente esta responsabilidad para dedicarme al 100% a mi candidatura para recuperar Calvià”, ha anunciado la tarde de este martes en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

Rodríguez ha agradecido la “confianza” del presidente del Ejecutivo estatal, Pedro Sánchez, y la “lealtad y dedicación” de los trabajadores de la Delegación del Gobierno en Balears. El pasado julio, ha recordado, asumió la candidatura del PSOE a la alcaldía de Calvià, cargo que ya desempeñó la pasada legislatura y que tratará de recuperar en las próximas elecciones municipales, previstas para mayo de 2027.

“Ahora, como ya estaba previsto, ha llegado el momento de dedicarme plenamente a ese compromiso. Por eso he decidido poner fin próximamente a mi etapa como delegado del Gobierno, ya que considero que ambas responsabilidades exigen una dedicación plena y exclusiva”, ha explicado.

Rodríguez empieza esta nueva etapa con “muchísima ilusión” y con la intención de “conseguir de nuevo una Calvià para vivir, en el que quien la precisa pueda acceder a una vivienda, donde a los trabajadores se les cuide y con un equipo de gobierno que escuche a todo el mundo y atienda las necesidades de sus núcleos por igual”.

PP y Vox han tumbado la propuesta del PSIB-PSOE para obligar al Govern de Marga Prohens a poner sobre la mesa medidas contra la saturación turística y cumplir los compromisos que asumió en el Pacto por la Sostenibilidad de Balears, la iniciativa 'estrella' que el Ejecutivo puso en marcha en 2024 para caminar hacia la transformación del modelo económico de las islas. El proceso vuelve al Parlament cuestionado por la falta de resultados concretos y de transparencia, mientras varias organizaciones sociales, ecologistas y partidos de la oposición han abandonado un espacio que arrancó con más de 140 entidades y la promesa de abordar los límites del actual modelo.

Los votos en contra de populares y extrema derecha han tumbado todos los puntos de la iniciativa, defendida por el diputado socialista Llorenç Pou, quien durante su intervención en el pleno del Parlament ha cuestionado el funcionamiento y los resultados de la Mesa del Pacto por la Sostenibilidad así como su falta de transparencia.

Uno de los principales reproches de los socialistas radica en que la reducción de la saturación turística, que consideran el motivo fundacional de la mesa, no se ha traducido en medidas concretas. En este sentido, Pou ha criticado que el Pacto no haya servido para adoptar medidas que frenen esta situación y ha acusado al Govern de utilizar el proceso para “frenar aquello que no le interesaba”. En concreto, se ha referido al incremento del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), que el PP llegó a plantear, pero que finalmente no salió adelante tras las discrepancias con Vox y la presión del sector hotelero.

La moción pedía centrar los trabajos en debatir y adoptar actuaciones para reducir la presión turística, incluido el número de plazas, y reclamaba que el Parlament constatara que el Govern mantiene activa la Mesa por la Sostenibilidad sin reconocer que existe saturación turística en el archipiélago ni que los 19 millones de turistas que visitaron Balears en 2025 superan la capacidad de carga del archipiélago. Los socialistas también denunciaban la falta de transparencia por la negativa del Ejecutivo del PP a hacer públicas las 544 propuestas ciudadanas recogidas durante el proceso.

El diputado popular Rafael Nadal, sin embargo, ha rechazado las críticas y ha defendido que iniciativas como la ley agraria y la ley de protección del litoral sí han pasado por la Mesa del Pacto. También ha negado que el Govern ignore la saturación turística y ha subrayado que fue el primer Ejecutivo autonómico en “admitir que Balears ha llegado al límite”.

En su turno, Més per Mallorca y Més per Menorca han respaldado la iniciativa socialista y han criticado también el funcionamiento de la Mesa. El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha acusado al Govern de mantener un discurso de contención mientras impulsa políticas expansivas. “No han hecho nada y, además, hacen todo lo contrario: con el discurso de la contención, dicen sostenibilidad mientras hacen crecimiento”, ha afirmado.

En esta línea, su homólogo de Més per Menorca, Josep Castells, ha considerado que el Pacto ha servido al Govern como “excusa” para votar en contra de medidas relacionadas con la política turística. También ha puesto el foco en el gasto asociado a la publicidad del proceso, sobre el que elDiario.es ha informado en este reportaje.

Pese a respaldar el grueso de la moción, los diputados de ambas formaciones se han abstenido en cuatro de sus puntos, que también han sido rechazados por los votos en contra del PP y Vox. Esas propuestas reclamaban que el Govern cumpliera su compromiso de incorporar un número significativo de expertos en todas las áreas y que la Mesa debatiera un impuesto para los coches de alquiler no matriculados en Balears. Los dos grupos también se han abstenido en el punto que pedía someter a debate en la Mesa una modificación del canon de saneamiento para incentivar un consumo responsable de agua entre los grandes consumidores.

Entre otros aspectos, el PSIB-PSOE cuestionaba que ninguna de las leyes turísticas y urbanísticas aprobadas durante esta legislatura haya pasado previamente por la mesa para ser debatida y consensuada y pedía al Govern que contactara con las entidades sociales que abandonaron la mesa para conocer los motivos de su salida y que cumpliera el compromiso fundacional de contar con un número importante de expertos en las distintas áreas abordadas. Otro de los puntos denunciaba que el Ejecutivo no haya creado un grupo específico de trabajo sobre vivienda, pese a que, según los socialistas, era una demanda unánime de las entidades participantes desde el inicio.

Entre los compromisos pendientes, el PSIB señalaba que el Govern no había llevado a la mesa, antes de finalizar 2025, la propuesta de establecer un impuesto para los coches de alquiler no matriculados en Balears, ni una modificación del canon de saneamiento destinada a incentivar un consumo responsable de agua entre los grandes consumidores. Ambas medidas figuraban en resoluciones aprobadas en el debate de política general de la comunidad.

Los once puntos de la moción han sido rechazados con 31 votos en contra, correspondientes a PP, Vox, el diputado del grupo Mixto Córdoba y los diputados no adscritos. Los apartados que abordaban directamente la saturación, la transparencia, la vivienda y el balance de la mesa recibieron 24 votos a favor de los grupos Socialista, Més per Mallorca, Més per Menorca y Unides Podem. En otros puntos, centrados en el grupo de expertos y los dos compromisos fiscales y de saneamiento, Més per Mallorca y Més per Menorca se abstuvieron, por lo que la iniciativa obtuvo 18 votos favorables y seis abstenciones. El PP había registrado seis enmiendas a la moción, pero el grupo proponente no las ha aceptado.

La secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, encabezará la candidatura de los socialistas de Balears al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La también presidenta de la Cámara Baja ha sido ratificada por unanimidad como candidata durante el Consejo Político del partido celebrado este sábado en Palma, donde ha recibido una larga ovación. Además, ha animado a las fuerzas de izquierda de las Islas a concurrir unidas al Senado para obtener “los mejores resultados” para Balears.

Armengol ha convertido su intervención en una llamada a movilizar al electorado progresista, con la vivienda como uno de los principales ejes de la campaña. La dirigente socialista ha defendido que Pedro Sánchez volverá a ganar las elecciones y ha presentado al presidente del Gobierno como “la luz y el faro de todo el progresismo a nivel europeo”.

La líder del PSIB ha enmarcado los comicios en un contexto de retroceso de derechos y cuestionamiento de los principios democráticos, tanto en el ámbito internacional como en España. En este escenario, ha reivindicado el socialismo como “la esperanza” para defender los derechos sociales y las políticas públicas frente a los planteamientos de la derecha y la ultraderecha.

Armengol ha advertido de que la campaña estará marcada por los intentos de desacreditar al Gobierno y ha acusado al PP de no haber aceptado los resultados de las elecciones generales de julio de 2023. En relación con las dudas expresadas por PP y Vox sobre la seguridad del voto por correo, ha calificado de “vergonzoso” que se ponga en cuestión un procedimiento electoral que, según ha defendido, ambas formaciones saben que no puede manipularse como sugieren sus discursos.

“Según lo que pase el 29 de noviembre, empezarán con su discurso de que no ha sido válido, de que no es un presidente legítimo. Porque sabe, como yo y como vosotros, que el próximo presidente volverá a ser Pedro Sánchez Pérez-Castejón”, ha afirmado.

La secretaria general del PSIB ha pedido a los socialistas que afronten la campaña con más capacidad de trabajo, empatía y propuestas, y ha insistido en que la movilización debe desarrollarse en la calle, “con propuestas, con ganas, con ilusión y con fuerza”.

La vivienda, eje de la campaña

Armengol ha celebrado la convocatoria electoral después de que las formaciones de derecha tumbaran, según su interpretación, las soluciones planteadas para afrontar la crisis de la vivienda. La dirigente socialista ha defendido que las elecciones deben servir para que los ciudadanos decidan la composición de un Congreso capaz de aprobar medidas en esta materia.

“Convocar unas elecciones para que la gente hable y vote una mayoría en el Congreso que pueda dar soluciones a la vivienda”, ha señalado, en referencia a la decisión del presidente del Gobierno. A su juicio, solo una mayoría de izquierdas puede impulsar esas políticas.

La dirigente socialista ha vinculado esta reivindicación con la situación de emergencia habitacional y con el impacto que ha tenido el caso de Maricarmen, que ha contribuido a reavivar el debate sobre las dificultades para acceder a una vivienda. Armengol ha contrapuesto las medidas impulsadas por los gobiernos socialistas con la actuación del PP en Balears, al que acusa de frenar las políticas públicas en este ámbito.

En su balance, ha recordado iniciativas desarrolladas durante anteriores gobiernos progresistas en las Islas, como la construcción de vivienda protegida, la cesión de solares municipales, las medidas de tanteo y retracto y las actuaciones sobre grandes tenedores. También ha reivindicado la adquisición de 89 viviendas de Metrovacesa para destinarlas al alquiler social.

“Nosotros batallamos para encontrar solares; hicimos la primera ley de vivienda, pusimos en marcha las viviendas de protección oficial, impulsamos que los ayuntamientos cedieran solares”, ha enumerado. Armengol ha reprochado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que haya desmantelado parte de estas políticas: “Llega Prohens y se lo carga todo. Esta es la realidad, han parado la maquinaria en todos los sentidos”.

La secretaria general del PSIB también ha acusado al Ejecutivo autonómico de boicotear la aplicación de la ley estatal de vivienda y de impedir la limitación de los precios del alquiler. Según ha afirmado, durante los tres años de gobierno de Prohens los alquileres se han encarecido un 67%.

Una campaña que se prolongará hasta mayo de 2027

Armengol ha presentado las elecciones generales como el primer tramo de una campaña política que, a su juicio, se prolongará hasta las municipales, insulares y autonómicas del 23 de mayo de 2027. La dirigente ha expresado su confianza en que los socialistas puedan recuperar el poder en las instituciones de Balears.

“Vamos a una campaña electoral que tiene una primera parada en las elecciones generales y una segunda parada fundamental en las elecciones municipales, insulares y autonómicas, que también vamos a ganar”, ha asegurado.

La líder socialista ha defendido que los resultados de noviembre servirán de impulso para los candidatos del partido en los comicios autonómicos y locales. “Esta campaña nos servirá para que nuestros candidatos y candidatas puedan gobernar en mayo de 2027, de lo que estoy absolutamente convencida”, ha añadido.

Críticas a Prohens por la financiación y los servicios públicos

La secretaria general del PSIB ha extendido sus críticas al conjunto de las políticas del Govern del PP. En particular, ha reprochado a Prohens su negativa a negociar mejoras en la financiación autonómica, que, según ha defendido, permitirían disponer de más recursos para los servicios públicos y avanzar en la condonación de parte de la deuda.

Armengol ha acusado al PP de anteponer sus intereses políticos a la financiación de la sanidad, la educación y las políticas sociales. También ha sostenido que la derecha favorece el deterioro de los servicios públicos para justificar posteriormente la entrada de empresas privadas.

“Promociona el caos en la sanidad, en la educación pública, a crear listas de espera insoportables en dependencia”, ha afirmado. En su opinión, esa estrategia responde a un modelo que ya se ha desarrollado en Madrid y que el PP pretende trasladar a Balears.

Frente a esta orientación, Armengol ha defendido que los socialistas pueden transformar las condiciones de vida de la ciudadanía mediante políticas públicas de vivienda, sanidad, educación y movilidad. “Esta es la realidad y esto es lo que nos jugamos el día 29 de noviembre”, ha concluido.

El PSOE de Eivissa ha acusado al alcalde la ciudad, Rafa Triguero (PP), de gobernar “a golpe de escándalo”, en el marco del caso que ha precipitado la dimisión de la concejala del PP, Ana Ferrer Prohías, después de que su marido fuera detenido por su presunta implicación en una trama de blanqueo de capitales, narcotráfico y pertenencia a organización criminal. Mientras que su marido, José Luis Cortés Cortés, ha sido trasladado a Madrid en un caso que investiga la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga, Ferrer Prohías no está siendo investigada por las autoridades.

Pese a que la imagen que Ferrer Prohías mostraba principalmente estaba relacionada con el deporte –fue deportista de élite–, la pareja también es conocida por haber llevado un alto tren de vida, algo que también era visible en algunas publicaciones de sus redes sociales. Aquellas imágenes desaparecieron del perfil de la concejala después de que saliera a la luz la información. Ahora, además, dos de sus cuentas personales son privadas. Ni el Ayuntamiento ni el PP de la isla quieren valorar más el tema, por el momento.

Ferrer, en cualquier caso, no está siendo investigada por las autoridades por los hechos atribuidos a su marido. El alcalde ha pedido “prudencia” hasta que se conozca la veracidad de los hechos y se resuelva el procedimiento judicial. Triguero ha apelado además al sufrimiento de Ferrer y de sus dos hijos menores y ha defendido que la propia exconcejala desconocía la magnitud de la investigación. “Es una madre con un hijo y una hija menores que no lo están pasando nada bien y [la detención del padre] les está afectando mucho. Quiero trasladar que, hasta que se conozca la veracidad [del caso] y la sentencia, debe haber prudencia, porque ni la propia Ferrer conoce la magnitud de esta cuestión”, afirmó el alcalde.

El PSOE, sin embargo, sostiene que la petición de prudencia no resuelve las preguntas sobre la actuación del Ayuntamiento. La formación considera que Triguero debe explicar no solo las circunstancias que rodearon la renuncia, sino también su propia actuación desde que tuvo conocimiento de la detención. “Esta falta de transparencia no es un hecho aislado, sino que responde a una forma de gobernar que ya hemos visto en otros asuntos que afectan directamente al alcalde”, afirman.

Los socialistas se refieren a los movimientos del alcalde para conseguir una vivienda de precio limitado (VPL). Una VPL es una figura creada por la ley balear de vivienda que permite convertir locales y oficinas en viviendas con límites de precio y requisitos de acceso para ampliar la oferta residencial. Para los socialistas, se trata de otro episodio en el que el Gobierno municipal habría dado explicaciones después de que la información trascendiera y la presión pública obligara a reaccionar.

“En lugar de adelantarse, explicar los hechos y actuar con transparencia, Triguero espera, deja pasar los días y solo mueve ficha cuando el escándalo ya es público”, sostiene la formación. La oposición considera “especialmente grave” que esa misma forma de actuar se repita, según su valoración, en asuntos que “afectan al propio alcalde”, así como a miembros del Ejecutivo local. “Cuando hay dudas, información que no se explica o decisiones que llegan tarde, Triguero no puede pretender que la ciudadanía simplemente pase página”, insiste el PSOE.

La dimisión

Los socialistas cuestionan que Triguero presente ahora la salida de la concejala “como una decisión estrictamente personal” cuando el propio PP reconoce, y el alcalde afirmó después en declaraciones públicas, que ya conocía la voluntad de Ferrer de renunciar y le había trasladado que “consideraba conveniente formalizarla”. Así, el PSOE, principal grupo de la oposición en el Ayuntamiento, considera “insuficientes” las explicaciones dadas por el alcalde sobre la renuncia de la concejala. Asimismo, exigen al primer edil que explique “qué sabía, cuándo lo sabía y qué hizo durante los 10 días previos al anuncio de la dimisión”.

La detención de Cortés Cortés se produjo el 21 de septiembre, según El País. Sin embargo, no fue hasta el domingo 4 de octubre cuando el PP hace pública una nota de prensa informando de la dimisión de Ferrer, un día después de que el caso saliera a la luz. “Si Triguero ya sabía que Ana Ferrer quería dejar el cargo y él mismo consideraba conveniente formalizar su renuncia, ¿por qué no se hizo pública antes?”, se preguntan los socialistas. “¿Qué pasó durante estos 10 días?”, añaden.

Los socialistas consideran que Triguero no puede limitarse ahora a comunicar la renuncia y dar el caso por cerrado. Así, reclaman que el alcalde explique la secuencia de los hechos y, especialmente, cuándo tuvo conocimiento de la detención del marido de Ferrer y qué decisiones tomó desde ese momento hasta el pasado domingo, al menos diez días después de conocer la información sobre el arresto.

El propio Triguero explicó que se reunió con Ferrer a principios de la semana pasada, cuando su marido ya había sido detenido. Según el alcalde, la concejala le trasladó “parte de la información que ella tenía, que no era mucha”. Ambos acordaron que Ferrer tenía “la obligación de dimitir” y, según Triguero, ella manifestó su voluntad de abandonar el cargo.

El PP confirmó la renuncia el domingo por la noche mediante un comunicado. Según el partido, Ferrer había comunicado la semana anterior al alcalde su decisión de abandonar la Corporación municipal, primero de forma verbal y posteriormente por escrito, alegando motivos personales y familiares. Es precisamente esa sucesión de acontecimientos la que el PSOE reclama que se aclare. El principal partido de la oposición quiere saber qué ocurrió durante los días transcurridos entre el momento en que Triguero tuvo conocimiento de la situación y el anuncio público de la dimisión.

Los socialistas consideran especialmente relevante determinar si el alcalde “habría actuado exactamente de la misma manera si la situación no hubiera trascendido públicamente”. La pregunta, sostienen, afecta a la forma en que el Ayuntamiento respondió políticamente a una situación que terminó provocando la salida de una integrante del Gobierno local.

“Me sorprende que hablen sobre vivienda”

Guadalupe Nauda, concejala de Unidas Podemos, pone el foco en la contradicción que, a su juicio, existía entre el papel institucional de Ferrer y la actividad atribuida a su marido. Nauda subraya que la concejala “no está imputada ni investigada”, pero cuestiona que pudiera beneficiarse de la actividad empresarial de su marido y que continuara participando en los debates municipales mientras, según su valoración, él desarrollaba actividades vinculadas a la especulación inmobiliaria.

“A mí lo que me sorprende es que se sienten en un pleno a hablar de vivienda, a hablar de las personas sin hogar, a hablar de la gente que malvive en una caravana”. La concejala de Unidas Podemos considera especialmente contradictorio que Ferrer participara en debates sobre el acceso a la vivienda mientras su marido estaba, según sostiene, relacionado con operaciones “de especulación inmobiliaria”. “Por lo menos no digas nada, no te presentes, no estés, pero no estés en un sitio defendiendo que la gente vulnerable no pueda acceder a la vivienda cuando tu marido está especulando con ella”, afirma.

Asimismo, Nauda critica el papel que Ferrer desempeñaba dentro del Ayuntamiento, debido a que solo estuvo un año ostentando la concejalía de Deportes. Después, renunció por motivos personales y familiares, aunque mantuvo un cargo en la Fundación Municipal del Patronato de Deportes. La portavoz recuerda que ya se había planteado en varias ocasiones cuál era la función de la edil después de que le fueran retiradas algunas áreas de gestión y quedara, según su relato, limitada fundamentalmente a su presencia en los plenos. “Estaba ocupando un espacio sin gestionar cartera y cobrando el dinero público de todos nosotros”, sostiene Nauda.

La concejala cuestiona además la reacción del Ayuntamiento que preside Triguero una vez que la detención trascendió. A su juicio, la decisión de mantener la situación hasta que el caso llegó a los medios responde a una estrategia de contención política. “Jugaron un poco al ‘mientras no salga en prensa y nadie lo vincule, pues seguimos igual’. Esa es mi sensación”. “Porque ellos lo sabían, igual que lo sabía mucha gente”, afirma.

Nauda interpreta la posterior salida de Ferrer como una decisión condicionada por el coste político que podía tener el caso para el PP, teniendo en cuenta el horizonte electoral que viene. Según ella, la consecuencia buscada habría sido desvincular a Ferrer del Ayuntamiento y del partido ante el impacto político de la investigación que afecta a su marido. “En definitiva, lo que intentan es desvincularla del Partido Popular y del Ayuntamiento, pero porque les perjudica a nivel electoral”, concluye. El grupo municipal Vox ha rechazado hacer ninguna valoración sobre esta noticia.

La trama tenía 16 villas de lujo

La dimisión de Ferrer se produjo después de que su marido fuera detenido en una operación contra una presunta organización criminal dedicada al tráfico de cocaína y al blanqueo de capitales. La investigación está dirigida por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga y ha supuesto 27 detenciones, cuatro de ellas en Eivissa, además de registros en distintos puntos de España y en República Dominicana. Según consta en el Registro Mercantil, Cortés mantenía actividad empresarial en varias sociedades vinculadas principalmente a la promoción inmobiliaria, la construcción, la compra de terrenos, la compraventa y alquiler de inmuebles y la arquitectura técnica, dirección y coordinación de obras.

Según la investigación, una parte de la estructura investigada utilizaba sociedades mercantiles vinculadas al sector inmobiliario para introducir en el circuito legal los beneficios procedentes del narcotráfico. Los investigadores localizaron inversiones en promociones, urbanizaciones y viviendas de lujo, especialmente en Eivissa, Marbella y Madrid. La organización habría llegado a promover y construir urbanizaciones y villas de lujo para ocultar la titularidad real de los bienes y blanquear fondos. En el marco de la operación se ha acordado la prohibición de disponer de setenta inmuebles y dieciséis villas de lujo y se han inmovilizado 95 propiedades inmobiliarias vinculadas a los investigados.

La investigación policial sostiene que la organización introducía cocaína en Europa desde Colombia y Panamá y que, además de blanquear sus propios beneficios, habría comenzado a ofrecer servicios de blanqueo a otras organizaciones dedicadas al narcotráfico. Las pesquisas permitieron vincular a los investigados con cuatro incautaciones de cocaína en Panamá que sumaban más de 1.500 kilos.

En Eivissa, la investigación desembocó en la detención de cuatro personas, entre ellas Cortés. El registro que acabó con su arresto se produjo en una urbanización de Ses Torres, en el núcleo de Jesús, dentro del municipio de Santa Eulària des Riu. Allí se incautó una pistola, tres armas blancas, tres relojes de alta gama, una decena de smartphones y varios ordenadores portátiles, además de dinero en efectivo.

La crisis de la vivienda ha vuelto a encontrarse este martes con un muro político en el Parlament balear. PP y Vox han rechazado declarar Balears zona de mercado residencial tensionado, una de las principales reivindicaciones de la oposición y de los colectivos que llevan días movilizados en las calles. Mientras dentro de la Cámara se escenificaba el rechazo a utilizar una de las herramientas previstas en la ley estatal para contener los alquileres, fuera, unas 100 personas se concentraban para reclamar un cambio de rumbo en las políticas de vivienda en una Comunidad cuya presión inmobiliaria está expulsando a sus residentes.

El debate llega después de una semana en la que la vivienda ha ocupado las calles de Palma. La acampada instalada desde finales de septiembre en la plaza de España continúa como punto de organización de nuevas movilizaciones. El pasado sábado, miles de personas recorrieron la ciudad en una manifestación convocada bajo el lema 'Feim de l'habitatge un dret': la Policía Nacional cifró la asistencia en unas 3.000 personas y los organizadores la elevaron a 10.000.

En las islas, mientras el movimiento por la vivienda reclama intervenir sobre un mercado que considera desbocado, el Govern de Marga Prohens mantiene su apuesta por liberalizar suelo y utilizar incentivos fiscales y rechaza hacer uso de herramientas que, desde la declaración de zonas tensionadas y la limitación de los alquileres hasta la regulación de la compra de inmuebles por parte de no residentes, permitirían limitar esos márgenes y frenar la escalada de precios que está expulsando a numerosos residentes y hacinando a otros en infraviviendas y caravanas.

Previamente al debate, Prohens ya había avanzado que votaría en contra de la propuesta socialista, aseverando, en línea del discurso habitual del PP, que el control de alquileres provocaría una retirada de viviendas del mercado y un encarecimiento de los pisos disponibles, como en el caso, ha aseverado, de Catalunya. La Generalitat aplica desde marzo de 2024 la contención de rentas y actualmente alcanza a 271 municipios, donde reside alrededor del 90% de la población. El disparado crecimiento de los alquileres de temporada como forma de evitar las limitaciones de precio llevó al Parlament catalán a aprobar en diciembre su sujeción al tope del resto de alquileres residenciales.

Seguidamente, la presidenta balear ha citado las medidas que el Govern ha puesto en marcha en materia de vivienda como la creación de las vivienda a precio limitado, la posibilidad de incrementar la densidad en inmuebles, la puesta en marcha de los proyectos residenciales estratégicos o el establecimiento del requisito de varios años de residencia mínima en Balears.

La vivienda, “más inasequible” que nunca

Los alegatos de la líder conservadora se han topado, sin embargo, con la respuesta del portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, quien le ha recriminado que los resultados de sus medidas “no se han visto” y que la vivienda es “más inasequible que nunca” en el archipiélago. El ecosoberanista ha exigido a Prohens que “deje de engañar” a la gente con que la declaración de las zonas tensionadas afectarían a los pequeños propietarios, dado que, según ha puntualizado, el control de precios podría influir a un 10 % de los propietarios que tienen seis o más viviendas. Acto seguido, ha reclamado a la presidenta que “supere su ideología” para “dar respuesta los problemas de la gente”.

Por su parte, el portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, encargado de defender la propuesta, ha aseverado que su iniciativa no pretende copiar el modelo catalán, sino permitir que los ayuntamientos puedan ejercer competencias para limitar los precios allí donde exista una situación especialmente grave. Ha puesto como ejemplo Galicia, gobernada por el PP, y ha reprochado a los populares que presenten como fracasadas unas medidas que, según ha señalado, también se aplican en comunidades gobernadas por su propio partido. A su juicio, el debate no debería ser partidista, sino permitir que municipios como Inca u otros puedan adoptar medidas frente al encarecimiento de la vivienda.

El portavoz socialista ha centrado después su intervención en el incremento de los alquileres, que, ha criticado, habrían pasado de una media de 800 a 1.400 euros, una subida que está golpeando especialmente a trabajadores y pensionistas cuando terminan sus contratos y deben asumir nuevas rentas. Negueruela ha acusado al PP de negarse a limitar los precios y de situarse del lado de los fondos de inversión y de los fondos buitre, y ha vinculado directamente el encarecimiento de los alquileres con el riesgo de desahucio. “Si se pusieran límites al alquiler no habría tantos desahucios”, ha sostenido, reclamando al Govern que priorice a las personas afectadas frente a los intereses de los grandes propietarios.

En esta línea, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha acusado al Govern de haber convertido la vivienda en el principal problema de Balears y de no haberlo resuelto tras tres años de legislatura, sino todo lo contrario. El ecosoberanista ha recriminado que, mientras el Ejecutivo y la oposición se enzarzan en reproches partidistas, los alquileres han aumentado un 30% y el precio de compra un 40%, de acuerdo a los datos que ha esgrimido durante su intervención. Ha contrapuesto estas cifras a la situación de miles de personas que destinan prácticamente todo su sueldo al alquiler, se ven obligadas a compartir vivienda o a seguir viviendo con sus padres incluso bien entrada la treintena o la cuarentena.

Ayudas de 10.000 euros mientras ponen “la alfombra roja a los fondos buitre”

Apesteguia ha cargado, asimismo, contra las ayudas de 10.000 euros para la compra de vivienda impulsadas por el Ejecutivo “mientras ponen la alfombra roja a los fondos buitre” y los precios continúan alejándose de la capacidad adquisitiva de la población. Frente a este modelo, ha apelado a la intervención de un mercado que ha calificado de “desbocado” y la adopción de medidas extraordinarias ante una situación que considera de emergencia social.

El texto defendido por el PSIB-PSOE planteaba modificar la Ley de Vivienda balear de 2018 para establecer de forma expresa quién puede iniciar la declaración de una zona de mercado residencial tensionado y cómo debe tramitarse. La propuesta emplazaba a que la iniciativa partiese del Govern, a través del Instituto Balear de Vivienda (Ibavi), o de los ayuntamientos. En el caso de las solicitudes municipales, el Ejecutivo autonómico debía comprobar la documentación y, si esta es íntegra y suficiente, declarar la zona tensionada. El texto también preveía que los consells insulares presten asistencia técnica a los municipios que carezcan de medios para elaborar los estudios necesarios.

En este sentido, la declaración prevista en la Ley estatal de Vivienda permite activar medidas específicas sobre el mercado del alquiler en territorios en los que exista un riesgo especial de oferta insuficiente y dificultades para acceder a una vivienda a precios asequibles. La propia proposición socialista recuerda que la norma vincula estas situaciones a un esfuerzo residencial superior al 30% de los ingresos del hogar.

En abril de 2025, PP y Vox ya votaron en contra de instar al Govern a declarar los municipios de Balears como zonas tensionadas y de considerar grandes tenedores a quienes posean cinco o más viviendas. Aquella iniciativa incluía también otras medidas como la expropiación temporal de viviendas vacías, la adquisición por parte del Ibavi de viviendas y suelo de la Sareb o la reserva del 50% de las nuevas promociones para vivienda protegida. Un mes antes, en marzo, ambos partidos impidieron que prosperara la toma en consideración de una proposición de ley del PSIB-PSOE destinada, precisamente, a abrir la vía para declarar zonas tensionadas y limitar los alquileres.

La posición del Govern se ha mantenido desde entonces. En diciembre de 2025, cuando se planteó la renovación de miles de contratos de alquiler, el Ejecutivo optó por preparar incentivos fiscales para los propietarios en lugar de declarar Balears zona tensionada.

Tampoco ha prosperado en el Parlament la regulación de la compra de viviendas por parte de no residentes. En febrero de 2026 PP y Vox rechazaron limitar temporalmente la adquisición de vivienda por no residentes y grandes tenedores en municipios tensionados y también rechazaron elevar la fiscalidad sobre las operaciones inmobiliarias de lujo y las compras de multipropietarios.

Más recientemente, el PP introdujo en su ley ómnibus una medida que permite a empresas, sociedades y otras personas jurídicas adquirir viviendas de precio tasado para destinarlas al alquiler.

Hasta hace unos días, las redes sociales de la concejala del PP en el Ayuntamiento de Eivissa, Ana Ferrer Prohías, mostraban el alto tren de vida que llevaba junto a su marido, José Luis Cortés Cortés. Después de que saliera a la luz la operación policial contra el blanqueo de capitales, el tráfico de drogas y la pertenencia a organización criminal que terminó con la detención de su marido, aquellas imágenes de yates de lujo, vacaciones en la nieve y vehículos de alta gama han desaparecido de sus perfiles. Otras fuentes destacan que Ferrer Prohías presumía habitualmente de la ropa que llevaba, así como de sus bolsos y accesorios de marcas de lujo.

Durante el registro policial que acabó con la detención de Cortés, en una urbanización de Ses Torres –zona residencial exclusiva y muy cotizada situada en el núcleo de Jesús, dentro del municipio de Santa Eulària des Riu–, se incautó una pistola, tres armas blancas, tres relojes de alta gama, una decena de smartphones y varios ordenadores portátiles, así como centenares de billetes de 20 y 50 euros, y fajos de 100 y 200, según las imágenes difundidas por la investigación.

Este tren de vida había levantado sospechas de una presunta vinculación con una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína y al blanqueo de capitales. Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, en una operación coordinada por la EUROPOL, detuvieron la última semana de septiembre a 26 personas en territorio nacional relacionadas con la trama. Una de ellas, la pareja de la edil.

La concejala del PP en el Ayuntamiento de Eivissa Ana Ferrer Prohías ha presentado su renuncia al acta de edil después de que su marido fuera detenido en el marco de la operación policial contra la presunta organización criminal. El Partido Popular insular confirmó la dimisión este domingo por la noche mediante un comunicado, en el que señala que Ferrer comunicó la pasada semana al alcalde de la ciudad, Rafael Triguero, su decisión de abandonar la Corporación municipal. Según el partido, la concejala trasladó inicialmente su voluntad de renunciar de forma verbal y posteriormente la formalizó por escrito, alegando motivos personales y familiares.

El PSOE de Eivissa ya había reclamado públicamente su dimisión y había exigido también explicaciones al alcalde, al considerar que el Ayuntamiento debía ofrecer una respuesta política e institucional ante la situación. Tras la nota de prensa difundida por el PP, queda por esclarecer si el alcalde de Eivissa, Triguero, era conocedor de los detalles de la investigación que había terminado con la detención del marido de Ferrer, y cuáles fueron las decisiones que decidió adoptar a partir de ese momento. El Ayuntamiento no ha dado más explicaciones a este diario por el momento.

Las sociedades de José Luis Cortés Cortés

Cortés ha sido trasladado a Madrid en un caso que está siendo investigado por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga, según ha avanzado La Voz de Ibiza y ha podido confirmar elDiario.es. El investigado por presunta pertenencia a organización criminal en la trama de narcotráfico y blanqueo de capitales era entrenador personal en un gimnasio y, además, se dedicaba al negocio inmobiliario.

El investigado por presunta pertenencia a organización criminal en la trama de narcotráfico y blanqueo de capitales era entrenador personal en un gimnasio, y además, se dedicaba al negocio inmobiliario

En la actualidad, figura con cargos en varias sociedades vinculadas principalmente a este sector, según consta en el Registro Mercantil. Es administrador único de Unero Espacio SL, una empresa dedicada a la compraventa y alquiler de inmuebles, su gestión, así como a la construcción y promoción inmobiliaria. También es administrador único de Cas Mut Unero SL y Ses Torres 3 Unero SL, sociedades domiciliadas en Ibiza cuyos objetos sociales incluyen actividades inmobiliarias, promoción, construcción, compraventa y arrendamiento de inmuebles.

Su actividad empresarial continúa con Rodcor Ibiza SL, donde figura como administrador mancomunado, cuyo objeto social incluye la construcción y las actividades inmobiliarias, pero también el comercio, las industrias manufactureras y textiles y el turismo, la hostelería y la restauración y con World Unero SL, de la que es administrador único desde abril de 2026. Esta última tiene como objeto principal la tenencia y gestión de participaciones en otras sociedades, por lo que funciona como un holding, más que como una inmobiliaria propiamente dicha.

En agosto de 2026, además, Unero Espacio SL, administrada por Cortés, fue designada administradora única de Tri Mares Investment SL, una sociedad cuyo objeto incluye la promoción inmobiliaria, la compraventa de terrenos y edificaciones y la construcción. Cortés figura en ella como representante de Unero Espacio SL.

Fuera del negocio inmobiliario, Cortés mantiene también el control de Arquitectura Técnica Viva de Intermediación SL, de la que figura como socio único y administrador único. Esta sociedad está relacionada con la arquitectura técnica, la dirección y coordinación de obras, proyectos, rehabilitación, peritaciones, tasaciones e informes técnicos.

La declaración patrimonial de Ferrer Prohías

En la declaración de bienes patrimoniales de Ferrer, publicada en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento tras las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023, la edil declaró como actividad privada principal la administración retribuida en el sector de los entrenamientos deportivos, ocupación que desempeñaba desde mayo de 2020 y para la que hizo constar no haber obtenido la correspondiente autorización de compatibilidad.

El patrimonio inmobiliario que figura en la declaración estaba compuesto por seis inmuebles urbanos de los que Ferrer declaraba ser titular al 100%. Los valores catastrales eran muy distintos entre sí: desde los 6.688 euros de una de las propiedades hasta los 86.919 euros de otra. Entre medias aparecen inmuebles con valores de 8.647, 27.323 y 62.663 euros. A este patrimonio se sumaba una participación del 33% en un inmueble de naturaleza rústica, con un valor catastral de 16.752 euros.

Según su declaración de bienes, la concejala posee seis inmuebles urbanos

La declaración recogía también 39.102 euros en cuentas y depósitos bancarios. Ferrer atribuía 23.800 euros a una cuenta bancaria de la que era titular al 100%, mientras que otros 11.975 euros correspondían a una cuenta de una entidad compartida al 50%. Los 3.327 euros restantes estaban depositados a otra cuenta de titularidad compartida al 50%. En cuanto a los vehículos, solo aparecía uno, cuyo valor de mercado declarado era de cero euros.

En el otro lado del balance figuraban tres préstamos hipotecarios asumidos íntegramente por la concejala, con una deuda pendiente de amortización que ascendía a 162.578 euros. El mayor de ellos, de 88.591 euros, estaba vinculado a su vivienda habitual. Los otros dos, con saldos pendientes de 40.267 y 33.719 euros, aparecían relacionados con actividades económicas.

Hay, además, un último apartado de la declaración en el que apenas hay rastro de patrimonio: las casillas correspondientes a joyas, obras de arte, objetos suntuarios, valores mobiliarios, fondos de inversión y participaciones en sociedades figuran “sin datos”.

El alcalde pide “prudencia”

El alcalde de Eivissa, Rafa Triguero, ha señalado que la concejala Ferrer le transmitió su voluntad de dimitir tras conocer que su marido había sido detenido en una operación contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales, en declaraciones a los medios. El primer edil ha pedido “prudencia” hasta que se resuelva el caso que investigan la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga apelando al sufrimiento de Ferrer y su familia, quien afirma que no tenía conocimiento de la operación.

Triguero, que enmarca el caso en una “cuestión personal y familiar”, ha explicado que se reunió con la ya exconcejala a principios de la semana pasada, cuando el marido de esta ya había sido detenido. “Me explicó parte de la información que ella tenía, que no era mucha. Acordamos que tenía la obligación de dimitir y ella tenía la voluntad de abandonar el cargo”, ha afirmado el alcalde.

“Es una madre con un hijo y una hija menores que no lo están pasando nada bien y [la detención del padre] les está afectando mucho. Quiero trasladar que, hasta que se conozca la veracidad [del caso] y la sentencia, debe haber prudencia, porque ni la propia Ferrer conoce la magnitud de esta cuestión”, ha añadido. También ha explicado que los siguientes en las listas y que posiblemente sustituirán a Ferrer son Alfonso Riera o Luis Conill, lo cual ocurrirá en el próximo pleno municipal.

El alcalde ha pedido “prudencia”: 'Es una madre con un hijo y una hija menores que no lo están pasando nada bien y [la detención del padre] les está afectando mucho. Quiero trasladar que, hasta que se conozca la veracidad [del caso] y la sentencia, debe haber prudencia, porque ni la propia Ferrer conoce la magnitud de esta cuestión'

Una detención en una villa de lujo dominicana

La organización asentada en España y finalmente desmantelada estaba vinculada, según información de la Policía Nacional, a destacados referentes del narcotráfico internacional. Se encargaba de introducir cocaína en Europa desde Colombia y Panamá y utilizaba inversiones inmobiliarias, promociones y villas de lujo para blanquear sus propios beneficios y los de otras organizaciones criminales, según la investigación del cuerpo de seguridad en conjunto con la Guardia Civil.

La organización utilizaba inversiones inmobiliarias, promociones y villas de lujo para blanquear sus propios beneficios y los de otras organizaciones criminales

La operación se ha saldado con 27 detenidos, cuatro de ellos en Eivissa. Además, se han llevado a cabo 38 registros en otros puntos de España y al otro lado del charco, en una villa de lujo de República Dominicana. Agentes de la Policía Nacional y del instituto armado se desplazaron hasta el país caribeño tras haber trabajado junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas dominicana para materializar el arresto.

En España, ha habido 14 en Madrid, cuatro en Eivissa, tres en Almería, dos en Málaga, dos en León y una en Pontevedra. Dos de los arrestados están catalogados como High Value Target por EUROPOL. Además, se ejecutaron 38 registros: 19 en Madrid, ocho en Eivissa, ocho en Andalucía, cuatro en Málaga y otros cuatro en Almería, uno en Albacete, otro en Mérida (Extremadura) y un último en Pontevedra (Galicia). Además, se han realizado varias actuaciones en República Dominicana. 

La Plaza Judicial 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga han dirigido la investigación, en la que han participado agentes de la Policía Judiciaria de Portugal, y que arrancó en septiembre de 2023 a partir del análisis de plataformas de mensajería encriptadas.

Según las primeras averiguaciones, entre 2020 y 2021 la organización estableció rutas para introducir cocaína mediante los conocidos métodos del 'gancho ciego', 'rip off' o contenedor 'preñado', con los que abastecía a otras organizaciones criminales asentadas en España.

Las pesquisas permitieron vincular a los investigados con cuatro incautaciones de cocaína en Panamá que sumaban más de 1.500 kilos y determinar que formaban parte de la rama española de una estructura con capacidad para introducir droga procedente de Colombia y Panamá mediante contenedores marítimos. Estos terminaban en puntos de demanda de consumo, como las islas.

Villas de lujo para blanquear el dinero de la droga

Una parte de la estructura estaba dedicada a introducir en el circuito legal los beneficios procedentes del narcotráfico mediante sociedades mercantiles vinculadas al sector inmobiliario. Los investigadores localizaron inversiones en promociones, urbanizaciones y viviendas de lujo, especialmente en Eivissa, Marbella y Madrid.

La organización habría llegado a promover y construir urbanizaciones y villas de lujo para ocultar la titularidad real de los bienes y blanquear los fondos obtenidos del tráfico de drogas. En el marco de la operación se ha acordado la prohibición de disponer de setenta inmuebles y dieciséis villas de lujo.

La estructura habría ampliado después esta actividad y comenzado a ofrecer servicios de blanqueo a otras organizaciones dedicadas al narcotráfico. De esta forma, además de lavar sus propios beneficios, facilitaba a terceros la adquisición y ocultación de bienes a través de sus sociedades, en un modelo que los investigadores denominan ‘crime as a service'. La investigación atribuye así a la organización una doble vía de ingresos: los beneficios obtenidos del tráfico de cocaína y las comisiones que cobraba por blanquear dinero de otras redes criminales.

95 propiedades inmobiliarias inmovilizadas

Durante la macrooperación se han intervenido 271.521 euros en efectivo, 76.425 dirhams de Emiratos Árabes Unidos y 1.175 dólares, además de bloquear más de 1,3 millones de dólares en criptomonedas USDT (Tether), una moneda digital cuyo valor está vinculado al dólar, así como cuarenta vehículos de alta gama y dos embarcaciones, detallan los agentes.

En los registros se localizaron asimismo seis armas de fuego, entre ellas un arma de guerra, un silenciador y otras armas prohibidas, además de más de 800 cartuchos. La operación ha permitido asimismo bloquear 26 cuentas bancarias –tres de ellas domiciliadas en Luxemburgo– y más de un centenar de personas jurídicas.

Los investigadores también han acordado inmovilizar 200 bienes, como vehículos y otros activos, y 95 propiedades inmobiliarias vinculadas a los investigados. De momento, la investigación continúa abierta y se han tramitado cinco órdenes internacionales de detención, por lo que no se descartan nuevas actuaciones y arrestos, continúan desde la Policía Nacional.