La comisión del eclipse del próximo 12 de agosto ha puesto sobre la mesa la posibilidad de pedir refuerzos del Ejército para controlar los accesos y que se cumplan las medidas de seguridad.

Lo ha explicado el portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern de este viernes al ser preguntado por esta posibilidad.

Según ha indicado, todavía no se ha materializado y, en todo caso, es la Delegación del Gobierno la que tendrá que tomar esta decisión. Así, no se ha hecho una petición formal, pero sí que se abordó en la comisión del eclipse.

“El Govern quiere que se cumplan las medidas, si para ello se necesitan recursos adicionales, confiamos en que se pongan encima de la mesa”, ha subrayado Costa.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), ha defendido este jueves ante el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, las políticas impulsadas por su Ejecutivo en materia de vivienda, aseverando que ha introducido la “prioridad absoluta” de los residentes en el acceso a un hogar y ha llegado a hacer suyas las reivindicaciones lanzadas durante la macromanifestación llevada a cabo el pasado domingo en Palma para reclamar un cambio profundo en el modelo económico, territorial y turístico que, denuncian los organizadores, están expulsando a la población local y contribuyendo al creciente deterioro de su calidad de vida.

“Nuestras políticas van en línea de los que se reclamaba en la manifestación: priorización de los residentes, prohibición del alquiler turístico en plurifamiliares, lucha contra la oferta ilegal”, ha aseverado, a pesar de que las demandas eran mucho más amplias y de que, durante esta legislatura, el Govern ha rechazado, entre otras medidas, recuperar la moratoria al crecimiento de plazas turísticas impulsada por el anterior Ejecutivo progresista. Además, PP y Vox han dado luz verde a un decreto que ha desbloqueado y blindado más de 90.000 plazas de alquiler turístico, cuyo auge, señalan las entidades sociales, ha contribuido a disparar los precios de la vivienda junto a la especulación inmobiliaria y la compra masiva por parte de extranjeros de alto poder adquisitivo.

El archipiélago, además, ha alcanzado máximos históricos: a finales de 2025, las islas superaron por primera vez los 19 millones de turistas -frente a una población de 1,2 millones-, consolidando un nivel de presión superior al alcanzado en prepandemia. Con todo, Prohens ha señalado que su gobierno es el primero en ser consciente del crecimiento turístico “desbocado” que, ha incidido, “tocó techo” durante el pasado mandato, y ha asegurado haber trasladado a Sánchez que el Govern está aplicando medidas como la limitación de plazas turísticas, la prohibición de nuevos pisos turísticos, la reducción del techo de cruceristas y la prioridad para los residentes en el transporte público.

Tras cerca de una hora reunida con Sánchez, la líder balear ha destacado el desarrollo de unas 10.000 viviendas a precio limitado (VPL). También ha señalado que el Ejecutivo autonómico ha introducido la prioridad para residentes en el acceso a las futuras viviendas que, ha señalado, comenzarán a construirse antes de que finalice la legislatura. Durante esta legislatura, PP y Vox han rechazado declarar Balears zona tensionada y limitar el precio de los alquileres, como también han declinado regular la compra de inmuebles por parte de no residentes.

Por otro lado, Prohens, ha trasladado al presidente del Gobierno un “grito de auxilio” ante la presión migratoria del archipiélago y le ha reclamado un plan específico para Balears, la activación permanente de Frontex en la ruta entre Argelia y las islas y una mayor actuación contra las mafias y en los países de origen. Prohens ha asegurado que la crisis migratoria ha sido una “constante” en todas las reuniones mantenidas con el jefe del Ejecutivo y ha insistido en que se trata de una competencia exclusiva del Estado.

“Le he trasladado una vez más el grito de auxilio de las cuatro islas. El Gobierno no puede continuar de brazos cruzados ante una de las principales preocupaciones de los ciudadanos”, ha afirmado. La presidenta ha señalado que los datos “no han mejorado”, con la llegada de unas 11.000 personas en el último año y medio, y ha recordado que solo este mes se han recuperado siete cuerpos sin vida en las costas baleares, “la cara más dura de la crisis migratoria”.

Saturación de los centros de menores

Prohens también ha puesto el foco en la situación de los menores migrantes no acompañados. Según ha explicado, los Consells Insulars tutelan en la actualidad a 880 menores, una cifra que, a su juicio, supone una “sobreocupación inasumible”.

En este sentido, ha criticado que, mientras la ministra de Juventud e Infancia reconocía recientemente que no tenía sentido seguir trasladando menores a territorios saturados, Balears continúa recibiendo propuestas de derivación desde otras comunidades autónomas. La líder autonómica ha defendido que los recursos interpuestos por el Govern ante el Tribunal Supremo contra los decretos de reparto responde a la falta de diálogo con las autonomías y ha recalcado que el problema “no es una cuestión de solidaridad”, sino de capacidad real del sistema de protección.

“No estamos en condiciones de acoger con la dignidad que merece cualquier vida humana, sobre todo cuando hablamos de niños”, ha afirmado. En esta línea, ha añadido que las dificultades no se limitan a la financiación, sino también a la falta de espacios y de profesionales. Como ejemplo, ha citado el centro habilitado en Son Tous por el Consell de Mallorca y ha advertido de que no descartan que algunos menores abandonen esas instalaciones sin las garantías de protección propias de un centro de acogida.

Prohens ha incidido especialmente en la situación de Formentera, donde, según ha explicado, han llegado 1.800 personas en 118 pateras a una isla de poco más de 12.000 habitantes. “No puede ser que no se haga caso a Formentera, como si no formara parte de España”, ha reprochado. “Ya no sé cómo trasladarlo. Necesitamos que no se quede solo en palabras y empezar a ver una reacción y una política migratoria que no haga efecto llamada”, ha concluido.

El presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que ha remitido una carta a la líder de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con el objetivo de que el nuevo ‘hub’ para la lucha contra incendios en el Mediterráneo occidental se ubique en Mallorca -y más en concreto en la báse aérea de Son Sant Joan-. Von der Leyen anunció el año pasado que el centro se ubicaría en Chipre.

Durante su intervención ante los medios tras reunirse con el rey Felipe VI en el tradicional despacho que ambos mantienen cada verano en Mallorca, Sánchez ha reclamado a los ciudadanos extremar las precauciones ante las altas temperaturas que se esperan estos días y que se informen por los canales oficiales, obviando “los bulos y a la desinformación”.

En estos momentos, ha dicho, son diez los incendios activos en España, el último de ellos declarado en Zamora, mientras que en Ávila y la Comunidad de Madrid ya han comenzado los desconfinamientos y realojos. Con todo, ha señalado que la situación continúa siendo “crítica” y que las rachas de viento está provocando la propagación de los fuegos.

Respecto al 'hub', von der Leyen anunció en septiembre del año pasado la creación “herramientas” como ésta para combatir los incendios forestales, agravados por el cambio climático conforme los veranos se vuelven “más calurosos, más duros y más peligrosos”.

Contención de los flujos migratorios

Por otro lado, Sánchez ha explicado que durante su reciente viaje oficial a Argel trasladó al Ejecutivo argelino la necesidad de activar los mecanismos de repatriación de migrantes con el objetivo de reducir las llegadas irregulares por mar, una cuestión que afecta de forma directa a Balears.

Sánchez ha revelado que la cuestión migratoria ocupó un lugar destacado en el encuentro que la semana pasada mantuvo en Argel con el presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune. En esa reunión, ha dicho, planteó la necesidad de reforzar la cooperación bilateral para contener los flujos migratorios irregulares y reclamó la activación de los mecanismos de retorno.

El presidente ha defendido que su reciente visita a Argel marca “un punto de inflexión en la relación bilateral” entre ambos países y ha confiado en que ese acercamiento permita avanzar en la gestión de los flujos migratorios. En este sentido, ha insistido en que trasladó a las autoridades argelinas la necesidad de “activar los mecanismos de repatriación” para evitar que la llegada de migrantes irregulares “tensione a unas islas que están sufriendo una situación que vemos con cautela”.

Asimismo, ha asegurado que el Gobierno central abordará esta cuestión de forma coordinada con el Ejecutivo autonómico. “He trasladado a la presidenta que lo tratemos de forma conjunta para tratar de reducir la presión”, ha afirmado Sánchez, quien ha defendido la cooperación entre administraciones para hacer frente al aumento de las llegadas de pateras a Balears.

El Govern balear rindió anoche homenaje al cerca de centenar de civiles que fallecieron bajo los bombardeos republicanos registrados en Mallorca entre 1936 y 1938. El acto institucional, celebrado en la capital balear, tuvo lugar, sin embargo, apenas cuatro meses después de que PP y Vox derogasen la Ley balear de memoria democrática, cuyo contenido daba cobertura a este tipo de tributos y al reconocimiento institucional de las víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista.

A la ceremonia asistieron los descendientes de varias de aquellas víctimas así como la presidenta del Ejecutivo autonómico, Marga Prohens (PP), y otros altos cargos conservadores y de extrema derecha. Ninguna formación de izquierdas estuvo presente como tampoco Memòria de Mallorca, que había supeditado su presencia a que el Govern renunciase públicamente a la derogación de la ley autonómica de memoria democrática, exigencia que el Ejecutivo en ningún momento ha atendido. Por su parte, el PSIB-PSOE criticó que el PP pretenda “dar lecciones de memoria” apenas unos meses después de haber derogado la norma que ampara los derechos de las víctimas y de “haber menospreciado a las familias y a las entidades memorialistas”.

Durante el homenaje, Prohens, que nunca ha expresado una condena pública específica a las víctimas de la represión franquista desatada en Balears tras el golpe militar de julio de 1936 -unas 2.000 personas asesinadas- y a las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura, ha defendido durante el acto que la sociedad balear ha tomado conciencia de la necesidad de “cerrar heridas restituyendo la dignidad” de las personas asesinadas durante la guerra civil, reconduciendo tras ello su discurso hacia los bombardeos del Ejército republicano.

“No hablamos de víctimas colaterales. Hablamos de un ataque sistemático contra población civil, contra una isla que se encontraba indefensa con el único objetivo de minar la moral y de forzar la rendición de Mallorca que había quedado en el bando sublevado pero aislada”, incidió.

En otro momento, la presidenta se ha referido al muro inaugurado este lunes con los nombres de las víctimas, aseverando que la frase inscrita en él permitirá conservar “para siempre” el recuerdo de “las víctimas de los bombardeos republicanos en la ciudad de Palma”. Sin embargo, la inscripción colocada alude de forma genérica a las “víctimas de la Guerra Civil”, una formulación más amplia que la utilizada por la líder autonómica.

Prohens puso cifras a los ataques aéreos de los republicanos: entre julio y agosto de 1936, Mallorca sufrió 46 bombardeos, de los que 25 afectaron directamente a Palma. Durante el conflicto se produjeron once ataques aéreos más, especialmente intensos en 1937. En total, dijo, los atentados causaron 97 muertes y 224 heridos en toda la isla. Entre los fallecidos había 32 mujeres y 17 niños.

La líder autonómica aludió asimismo al papel de la ley de fosas -cuya aprobación cumplió recientemente diez años-, una norma que, ha recordado, ha permitido recuperar “334 cuerpos e identificar a 67 víctimas”, sin mencionar en momento alguno que la muerte de éstas fue causada por la represión franquista, una violencia que, como señalan los historiadores, ya había sido planificada meses antes de la guerra civil y fue ejecutada por falangistas, militares, autoridades civiles, redes clientelares de derechas, capellanes incluso después de finalizar el conflicto bélico.

Pese a que la ley de fosas carece del alcance de la ley de memoria democrática, que también regulaba las políticas públicas de verdad, reconocimiento, divulgación, retirada de simbología franquista, régimen sancionador y garantías de no repetición, Prohens apeló reiteradamente a ella y la reivindicó como el principal instrumento de reparación de las víctimas, obviando la derogación del principal marco legal de memoria de las Islas.

Hace dos semanas, el Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra la derogación de la norma balear y acordó suspender cautelarmente su aplicación. La decisión del alto tribunal implica que la ley continúa vigente mientras resuelve sobre el fondo del recurso, al considerar el Ejecutivo que su eliminación podría vulnerar los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos.

La alto cargo del PP ha aseveró que “la recuperación de las víctimas y de su memoria no debe ir de bandos”, insistiendo en que no se trata de “buscar culpables” ni de recordar los bombardeos “desde el odio o el revanchismo”, sino de “recordar con respeto a cada una de estas víctimas y recordar sus historias y sus vidas truncadas e interrumpidas por estos hechos” y de sacar del olvido un episodio que calificó como “uno de los acontecimientos bélicos más duros y a la vez más desconocidos de la historia tanto de Balears como de España”.

Avanzar “sin rencores, bandos ni divisiones”

En ningún momento de su intervención Prohens efectuó una condena expresa al golpe militar de 1936, a la dictadura franquista ni a la represión ejercida durante casi cuatro décadas. Sí apeló a la necesidad de avanzar “sin rencores, sin bandos y sin divisiones, siendo conscientes y teniendo presentes los errores del pasado”, en línea del discurso de populares y extrema derecha, que en otras CCAA también han tumbado sus textos memorialistas, sustituidos en algunos casos por 'leyes de la concordia' que, so pretexto de “reconciliar” a los españoles en lugar de “reabrir heridas”, equiparan el franquismo con la democracia.

El Muro de la Dignidad instalado este lunes en el Passeig Sagrera es una obra concebida, expone el Govern en una nota de prensa, “para transmitir la dualidad entre la destrucción representada por la guerra y la esperanza simbolizada por la memoria”. “La sombra evoca el dolor, las ausencias y la tragedia que dejaron los atentados, mientras que la luz representa la memoria permanente de las víctimas, su dignidad y el compromiso de la sociedad de no olvidarlas”, prosigue el comunicado.

La ceremonia dio comienzo con la lectura, uno a uno, de los nombres y las edades de las 73 víctimas civiles identificadas de los bombardeos republicanos sobre Palma. Tras la enumeración, los asistentes guardaron un minuto de silencio antes de que se recordara que el nuevo Muro de la Dignidad nace con el objetivo de reconocer, reparar y dignificar la memoria de las víctimas y de sus familias para que sus nombres y sus historias perduren en el tiempo.

Acto seguido intervino el historiador Manuel Aguilera, impulsor de la investigación que ha permitido identificar a las víctimas, quien afirmó que con la inauguración del memorial se salda “una deuda histórica”. Recordó que las víctimas de los bombardeos sobre Palma no habían recibido “ningún homenaje ni durante los 40 años de dictadura ni en los 50 de democracia” y defendió que “en una democracia no puede haber silencios” porque “la verdad debe estar por encima de todo”.

Aguilera, autor del libro Mallorca en llamas. Las víctimas del primer terror aéreo de la Guerra Civil, repasó además el contexto histórico de los ataques aéreos sobre Mallorca y señaló que Palma fue una de las primeras ciudades en sufrir bombardeos sistemáticos contra la retaguardia durante la Guerra Civil. Aunque los objetivos eran inicialmente militares, explicó, las bombas acabaron cayendo sobre barrios obreros y zonas comerciales, causando numerosas víctimas civiles. A continuación puso rostro a varias de las personas fallecidas relatando sus historias y agradeció la presencia de sus familiares, antes de concluir que actos como el celebrado constituyen “una forma de reparación”, ya que las consecuencias de la guerra “a veces perduran durante generaciones”.

El delegado del Gobierno en Balears, Alfonso Rodríguez, ha afirmado en una rueda de prensa concedida este lunes tras la histórica manifestación contra la saturación turística en Palma que las cargas policiales que tuvieron lugar al final de la protesta fueron “desmedidas y con un empleo de la violencia que no se ajustaba al riesgo que podían suponer los manifestantes”.

Rodríguez ya había comentado en X -antes Twitter- que pediría explicaciones por la actuación de la Policía en la manifestación. Según ese mensaje en la red social, “hay imágenes que son inaceptables”. “Pediré informe exhaustivo de las actuaciones y las explicaciones necesarias, para que se asuman las responsabilidades que hubiere. Deseo una pronta recuperación a heridos”, había comentado.

El delegado del Gobierno se ha reunido con José Antonio Puebla, el jefe superior de la Policía Nacional en Balears, para analizar los hechos. En la rueda de prensa ha avanzado que ha reclamado Puebla que se elaboren dichos informes para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades.

“Si de estos informes que he solicitado se derivase algún tipo de actuación que pueda suponer una sanción, en el momento oportuno se verá en qué consiste y quién tiene que tomar la decisión”, ha detallado. La elaboración de los informes internos, ha explicado, se llevará a cabo siguiendo los procesos internos de la propia Policía Nacional.

“Hay que recabar información, ver quién la analiza y la estudia, aportar las imágenes de los medios de comunicación y de los agentes... Y, a partir de ahí, la Policía llegará a algún tipo de conclusión que analizaremos desde la responsabilidad política que nos ampara”, ha subrayado el delegado del Gobierno.

La protesta se ha saldado con dos personas detenidas -una por un delito de altercados y otra por atentado contra la autoridad- y cuatro policías heridos, según el balace policial. Por su parte, el SAMU 061 contabilizó al menos ocho manifestantes heridos, la mayoría de ellos de carácter leve y de los cuales dos fueron trasladados a un centro hospitalario con pronóstico reservado. Uno de los heridos fue un fotoperiodista que se encontraba trabajando. Un agente le propinó un golpe con la porra que le provocó una herida sangrante en la cabeza que le dejó tendido en el suelo.

No dimitirá

Tanto el diputado de Sumar-MÉS en el Congreso, Vicenç Vidal, como el candidato de los ecosoberanistas al Ayuntamiento de Palma, David Pujol -ambos presentes hasta el final de la protesta-, han exigido la dimisión de Alfonso Rodríguez por una actuación policial que han considerado desproporcionada. También han pedido su “dimisión inmediata” los organizadores de la protesta, la plataforma 'Menys turisme, més vida', los cuales se concentrarán este martes a las 12.00 horas ante la Delegación del Gobierno.

Rodríguez ha negado que vaya a dimitir: “Yo voy a seguir trabajando para esclarecer lo sucedido, para saber si hay que promover las mejoras necesarias y que esto no vuelva a suceder (...). Lejos de pensar en mi dimisión, sigo pensando en trabajar como he hecho para intentar que el derecho a la manifestación no se conculque y que la actuación policial se ajuste a ese derecho”.

De hecho, el delegado ha negado que él ordenara la actuación policial, dado que no estaba en el lugar “para tomar decisiones concretas en ese instante”. “Yo no mandato las cargas porque no dirijo el operativo. Si hubo alguna desproporción, hay que analizarlo y ver qué ha ocurrido”, ha apuntado.

Rodríguez ha asegurado que llevaba semanas trasladando a los mandos operativos de la Policía Nacional “directrices de contención, calma y seguridad para que la manifestación pudiera transcurrir en parámetros de tranquilidad”, algo que ha lamentado que no sucediese finalmente.

Prohens asegura que las imágenes son “impactantes”

Por su parte, la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), ha calificado este lunes de “impactantes” las imágenes sobre las cargas policiales y ha pedido explicaciones al delegado del Gobierno. Prohens, contra cuyo gobierno se manifestaban los protestantes por permitir normativas que van en contra del medio ambiente y permiten la especulación inmobiliaria en las Islas, ha mostrado su “comprensión” hacia la “inmensa mayoría” de personas que participaron en la protesta de forma pacífica y respetuosa, pero ha lamentado cómo terminó la movilización.

En una rueda de prensa, al ser preguntada sobre si considera desproporcionada la actuación policial, la líder autonómica ha evitado pronunciarse al asegurar que desconoce las circunstancias en las que se produjeron las cargas y las órdenes que se dieron durante el operativo. Prohens ha sostenido que corresponde al delegado del Gobierno dar explicaciones por lo sucedido, al ser, según ha afirmado, quien estaba “al frente” del dispositivo policial y quien daba las órdenes.

Desde la oposición, el PSIB-PSOE ha acusado a la Policía Nacional de “convertir” la manifestación “pacífica y ejemplar” de este domingo en un “escenario de violencia y miedo” y han calificado de “inaceptable e incomprensible” las cargas policiales que tuvieron lugar y que fueron “totalmente injustificadas”.

Según la secretaria de Coordinaciones y Relaciones Políticas de la formación, Mercedes Garrido, lo que se vio fueron “golpes de porra” a ciudadanos que se estaban expresando “con calma”. Además, ha pedido al PP que “deje de proteger a los especuladores inmobiliarios” y que revierta las políticas de decrecimiento turístico que “se pusieron en marcha” desde los mandatos de la expresidenta del Govern, Francina Armengol.

El Ayuntamiento responsabiliza a Delegación

El Ayuntamiento de Palma, gobernado también por el PP, ha negado haber puesto “trabas” a la organización de la manifestación, como han criticado los organizadores, y también ha responsabilizado a la Delegación del Gobierno de cualquier incidente relacionado con la ubicación del final de la protesta.

'Menys Turisme, Més Vida' ha acusado a Cort, como se conoce al Ayuntamiento, de poner “numerosos impedimentos y trabas” a la celebración de esta protesta. En un comunicado, han explicado que después de que el Consistorio y la Delegación del Gobierno autorizaran la finalización de la manifestación en Ses Voltes, en el entorno de la Catedral de Palma, la Policía Nacional les comunicó dos días antes de la movilización que únicamente permitiría el acceso de 2.000 personas, “sin ofrecer ninguna alternativa”. Tras contactar de inmediato con el Ayuntamiento de Palma y ante su negativa a cambiar el espacio por falta de previsión, de acuerdo con su versión, se vieron obligados a mantener el final del recorrido en Ses Voltes.

Además de la “inacción de Cort”, explican que tampoco se habilitó el punto de electricidad solicitado al Consistorio para conectar el equipo de sonido, por lo que tuvieron que usar un generador propio. Finalmente, han criticado los “impedimentos” sufridos para celebrar actos en la vía pública. “Cambios de última hora sin alternativas, sin colaboración ni atención y negando escenarios y puntos de suministro eléctrico”, han lamentado.

Cargas policiales

La marcha, que ha congregado 25.000 personas según la Policía Nacional y 70.000 según los organizadores, ha avanzado de forma pacífica hasta el último punto del recorrido, la plaza de ses Voltes. Ha sido en este lugar en el que se han vivido los primeros momentos de tensión debido a que los agentes no permitían el paso a la gran mayoría de los manifestantes, a pesar de que el aforo del recinto era mucho mayor. Finalmente, se les ha permitido acceder entre gritos de celebración por parte de los asistentes.

Ha sido al término de la movilización cuando se han producido los episodios más convulsos de la jornada: la Policía ha comenzado a disparar pelotas de goma y a arremeter con las porras contra los manifestantes, quienes, tras ello, han vociferado “vergüenza me daría ser policía” y “fuera las fuerzas de ocupación”. Según Europa Press, algunos de los participantes en la protesta han lanzado objetos contra el dispositivo policial y han sido recriminados por ello por otros integrantes de la marcha.

'Menys turisme, més vida' ha denunciado la “violencia desproporcionada” por parte de la Policía. Según su punto de vista, el dispositivo policial fue “sin precedentes y totalmente innecesario” y bloqueó los accesos a la zona de Ses Voltes, donde la organización contaba con autorización para celebrar el acto final.

Según añaden, la Policía alegó motivos de seguridad “pese a que el aforo del recinto no alcanzaba ni el 50% de su capacidad”. Además, la organización había comunicado que, en caso de llenarse el espacio, se ocuparían las rampas de acceso y las explanadas situadas sobre la muralla y bajo la Catedral, zonas a las que tampoco se permitió el acceso.

“La indignación de los asistentes fue en aumento al comprobar que el recinto de Ses Voltes estaba vacío mientras un cordón de la Policía Nacional impedía la entrada”, indican. Así, explican que las primeras cargas, de menor intensidad, se produjeron sobre la muralla cuando algunos manifestantes intentaron acceder a “unas Ses Voltes prácticamente vacías”. Posteriormente, la tensión se concentró en el paseo de acceso.

“Ante la negativa de la Policía a permitir el paso, se acordó leer el manifiesto en el lugar donde se encontraba concentrada la mayor parte de los asistentes. Mientras se realizaba esa lectura, un grupo de agentes llegó a la zona cargando sin motivo alguno contra las personas que escuchaban el manifiesto”, explican.

A partir de este momento, “se vivieron momentos de gran tensión” y, una vez concluida oficialmente la manifestación y tras celebrarse con dificultades los parlamentos y las actuaciones previstas, “la Policía inició las cargas más contundentes contra los manifestantes que permanecían en los alrededores”.

El Govern balear celebrará el próximo 27 de julio un acto de homenaje a las víctimas civiles de los bombardeos republicanos efectuados sobre Palma el 24 de mayo de 1937. La asociación Memòria de Mallorca ha condicionado su asistencia al acto institucional a que el Ejecutivo de Marga Prohens (PP) renuncie públicamente a la derogación de la ley autonómica de memoria democrática, cuya supresión, materializada el pasado 10 de marzo, se encuentra suspendida de forma cautelar por el Tribunal Constitucional.

La entidad memorialista, que asegura haber recibido la primera invitación del Govern durante toda la legislatura para participar en un acto institucional, afirma que solo acudirá si, antes del próximo día 27, el Ejecutivo hace público su compromiso de mantener la vigencia de la Ley 2/2018 de memoria y reconocimiento democráticos y promueve que la Cámara autonómica vote revocar aquella decisión.

En un comunicado difundido este miércoles, Memòria de Mallorca expresa su “respeto, solidaridad y reconocimiento” hacia todas las víctimas civiles de los bombardeos y recuerda que fue la propia asociación la que propuso durante la anterior legislatura la elaboración de un estudio específico sobre estos ataques, incorporado finalmente al IV Plan de Fosas y Estudios de Memoria Democrática impulsado por el anterior Ejecutivo progresista.

La entidad considera, sin embargo, que resulta “profundamente contradictorio” que el mismo Govern que impulsó la derogación de la Ley de Memoria Democrática convoque ahora un acto institucional amparándose en unos principios que, a su juicio, emanan precisamente de esa norma. En este sentido, recuerda que la ley continúa vigente después de que el Tribunal Constitucional suspendiera cautelarmente su derogación al admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno central.

Memòria de Mallorca también reprocha al Ejecutivo autonómico haber dejado al margen a la Comisión de Memoria Democrática -órgano del que forma parte como representante del movimiento memorialista- en la organización del acto. Según denuncia, la comisión no ha sido informada ni ha participado en los preparativos y únicamente ha sido convocada dos veces en más de tres años de legislatura, pese a ser el órgano previsto por la ley para coordinar las políticas públicas de memoria.

La asociación sostiene que otorgar legitimidad a una convocatoria institucional dedicada a las víctimas mientras se mantiene la voluntad política de eliminar la ley que garantiza sus derechos resulta “incoherente e inaceptable”. Por ello, ha remitido un escrito a la presidenta del Govern comunicándole que únicamente participará en el homenaje si el Ejecutivo rectifica su posición respecto a la normativa memorialista.

En el mismo comunicado, Memòria de Mallorca reitera su compromiso con “una memoria democrática basada en la verdad, la justicia, la reparación, las garantías de no repetición y la memoria de las víctimas”, e insiste en que los derechos de estas solo están plenamente garantizados cuando existe una ley que los protege, unas instituciones que la desarrollan y una voluntad política de cumplirla.

Una investigación del historiador Manuel Aguilera ha recuperado la identidad de, al menos, 86 víctimas civiles de los bombardeos republicanos sobre Mallorca. Los bombardeos, dirigidos contra objetivos militares pero con graves consecuencias sobre barrios y zonas comerciales de Palma, dejaron decenas de muertos -entre ellos mujeres y menores- y permanecieron durante décadas en un segundo plano.

Meses antes de aquellos bombardeos, el 13 de septiembre de 1936, los ataques de la aviación fascista italiana establecida en Mallorca causaron muertos y heridos entre la población civil de Eivissa, además de importantes destrozos en el puerto y en distintos puntos de la ciudad. El 29 de mayo de 1937, una escuadra republicana bombardeó la isla pitiüsa en represalia por el ataque al crucero alemán Deutschland, provocando nuevas víctimas mortales entre los civiles. Menorca también sufrió, durante los últimos meses de la contienda, bombardeos aéreos y navales que afectaron igualmente a población inocente.

“Con los 90 años de los bombardeos republicanos sobre la ciudad de Palma también conmemoraremos el centenar de víctimas civiles”, anunció Prohens el pasado mes de octubre. Tras ello, el 4 de febrero, el Parlament balear aprobó una proposición no de ley (PNL) del PSIB-PSOE que insta al Govern a organizar un acto institucional de reconocimiento y homenaje a todas las víctimas civiles, “sin distinción de bando”, de los bombardeos sufridos en las islas durante la Guerra Civil.

La iniciativa, que salió adelante con el apoyo unánime de todos los grupos -incluidos PP y Vox-, asevera que “estas víctimas forman parte de la tragedia compartida que supuso la guerra y merecen todas el reconocimiento y la reparación moral de las instituciones democráticas”. “Su dolor no tiene bando, y su memoria tiene que contribuir a reforzar la convivencia y la paz”, añade el texto.

Derogación de la ley balear de memoria

Cabe recordar que, el pasado 10 de marzo, PP y Vox culminaron uno de los compromisos políticos asumidos por ambos partidos al inicio de la legislatura en Balears: la derogación de la ley autonómica de memoria democrática. La votación llevada a cabo en el Parlament supuso la eliminación de una de las primeras normas aprobadas a nivel estatal en esta materia, la que por primera vez en el archipiélago articuló un marco institucional para investigar los crímenes del franquismo y el reconocimiento público de quienes fueron represaliados tras el golpe militar de 1936.

El archipiélago se sumó así a las Comunidades Autónomas que, gobernadas por populares y extrema derecha, ya han tumbado sus textos memorialistas, sustituidos en algunos casos por 'leyes de la concordia' que, so pretexto de “reconciliar” a los españoles en lugar de “reabrir heridas”, equiparan el franquismo con la democracia.

A pesar de que en diciembre de 2024 los conservadores alcanzaron un insólito pacto con los partidos de izquierdas para no suprimir la normativa balear, tan solo medio año después incumplieron su compromiso al pactar nuevamente con Vox su eliminación a cambio de granjearse el apoyo de los de Santiago Abascal para poder sacar adelante los presupuestos autonómicos de 2025. Lejos de expresar cualquier tipo de condena a la sublevación fascista y a las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura, PP y Vox sumaron sus votos para echar abajo un documento que rechaza expresamente “cualquier totalitarismo y régimen antidemocrático”.

Mientras a las puertas de la Cámara un centenar de personas se manifestaban contra la eliminación de la ley, en el hemiciclo la bancada de la izquierda exhibía fotografías de víctimas del franquismo y cargaba con dureza contra la derogación y contra la “asunción”, por parte de los populares, de los postulados de la extrema derecha “por un puñado de votos para seguir gobernando”.

Hace dos semanas, el Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra la derogación de la norma balear y acordó suspender cautelarmente su aplicación. La decisión del alto tribunal implica que la ley continúa vigente mientras resuelve sobre el fondo del recurso, al considerar el Ejecutivo que su eliminación podría vulnerar los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, además de afectar al reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas y a principios constitucionales como la seguridad jurídica.

El Govern ha condenado la “vandalización” de comercios en el marco de las protestas contra la saturación turística y ha pedido a quienes se manifiesten en Palma el próximo domingo 26 de julio que lo hagan de manera “pacífica”.

De este modo se ha expresado la vicepresidenta segunda del Ejecutivo autonómico, Antònia Maria Estarellas, al ser preguntada tanto por la protesta convocada por Menys Turisme, Més Vida como por la polémica suscitada a raíz de la detención de dos jóvenes activistas acusadas de vandalizar cinco inmobiliarias.

“El Govern siempre defiende y seguirá defendiendo que todas las manifestaciones llevadas a cabo de manera normal, siguiendo las normas de convivencia y de manera pacífica son legales y legítimas”, ha dicho en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes.

La también consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local ha expresado su “máximo respeto” por la protesta que recorrerá las calles de Palma, pero ha pedido que sea “pacífica” y que respete “el marco de convivencia y a todas las personas que están en las Islas”.

Pese a ser preguntada en diferentes ocasiones por la opinión del Govern sobre la detención de las dos activistas, quienes quedaron en libertad provisional tras pasar a disposición judicial, Estarellas ha rehusado hacer valoraciones.

“No conocemos el detalle de la actuación”, ha dicho para justificar su negativa a valorar la proporcionalidad o no de la actuación policial. “Creemos que cualquier acción debe estar justificada, pero no conocemos los detalles”, ha insistido.

“Estas actuaciones son de la Guardia Civil y desde el Govern solo podemos expresar nuestro respeto. Máximo respeto, pero evidentemente el rechazo a cualquier acto violento, incitación a la violencia o vandalización de comercios”, ha señalado. “No se pueden normalizar acciones contra comercios que están llevando a cabo actividades lícitas, regladas y normalizadas”, ha añadido.

La presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), se ha pronunciado sobre la cadena humana llevada a cabo este domingo en defensa de la protección del parque natural de Es Trenc evitando valorar la aparición de la alcaldesa de Campos, la también popular Xisca Porquer, quien se dejó ver en la playa en el momento de la lectura del manifiesto. Prohens ha respondido que el “estilo y talante” de su Govern es de respeto con todas las movilizaciones. “Mi estilo es el respeto, no entrar en provocaciones. Somos una tierra libre donde todo el mundo tiene que poder decir lo que piensa”, añade la presidenta.

La presidenta también ha aprovechado para señalar que esta protesta “ha sido preventiva” y ha reiterado que “es Trenc no se toca”, lanzando un mensaje de tranquilidad y asegurando “categóricamente” que no habrá urbanizaciones ni hoteles en este enclave.

Por otra parte, Antònia Estarellas (PP), consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, ha mostrado su “máximo respeto” a la cadena humana. Al igual que Prohens, al ser preguntada por las actuaciones de Porquer, la consellera ha reiterado su “máximo respeto” a cualquier protesta en la que no se produzcan altercados, si bien ha dicho desconocer los pormenores de la actuación de la primer edil ya que solo ha tenido conocimiento al respecto a través de los medios de comunicación.

Tanto la presidenta del Govern como la consellera de Presidencia han condenado, mientras tanto, la aparición de pintadas vandálicas en uno de los búnker de es Trenc. “No es de recibo, la gente se puede manifestar con respeto, especialmente si dices que pides respeto para un espacio natural”, ha agregado Prohens.

Por su parte, Més per Mallorca ha destacado el “éxito” de la cadena humana y ha acusado al PP de “intentar desviar el foco de atención” de un “clamor ciudadano clarísimo y multitudinario”. El coordinador general de la formación ecosoberanista, Lluís Apesteguia, ha señalado que la movilización “evidencia que la ciudadanía no está dispuesta a aceptar ningún paso atrás en la conservación de un espacio tan emblemático como es Trenc”.

A su criterio, la defensa del territorio no es una cuestión ideológica, sino “una responsabilidad compartida con las generaciones presentes y futuras”. Apesteguia también ha subrayado que la defensa de Es Trenc forma parte de su historia política, puesto que el PSM fue una de las fuerzas que “más decisivamente” contribuyó a la preservación de este espacio, llegando a avalar con más de diez millones de pesetas el proceso judicial contra la urbanización de ses Covetes.

“Personas con nombres y apellidos del GOB y del PSM avalaron con su patrimonio aquel proceso con el riesgo de perder la casa”, ha resaltado. Finalmente, ha agradecido la labor de las entidades organizadoras y de todas las personas que participaron en la protesta y ha reafirmado su compromiso de continuar defendiendo Es Trenc y el territorio.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) aprobada por las Cortes Generales, que entra en vigor este viernes, para adaptar la normativa a la reciente modificación de la Constitución que reconoce a Formentera como circunscripción electoral propia para la elección de un senador.

La propuesta aprobada, sancionada ahora por el rey Felipe VI, modifica los artículos 161.2 y 165.2 de la LOREG para recoger de forma diferenciada las circunscripciones de Ibiza y Formentera, de manera que cada una de ellas elija un representante en la Cámara Alta en las próximas elecciones generales.

El proceso se inició con la modificación del artículo 69.3 de la Constitución, aprobada semanas atrás por el Parlament balear, que desvinculó a Formentera del 'tándem' electoral que compartía con Ibiza para la elección de senadores.

La nueva configuración exigía, por tanto, adecuar la LOREG, como norma que articula el procedimiento de elección de los miembros de las Cortes Generales (Congreso y Senado), con el fin de garantizar la plena efectividad del mandato constitucional, la coherencia interna del ordenamiento y la regularidad de futuros procesos electorales.

Hasta la reciente reforma constitucional, las islas de Ibiza y Formentera constituían una única circunscripción a efectos de representación en el Senado, en consonancia con la estructura territorial prevista en el texto constitucional de 1978.

“Igualdad de condiciones”

Según el BOE, la nueva configuración, que “reconoce la singularidad institucional de Formentera y su derecho a una representación directa en el Senado”, responde a “criterios de proximidad democrática, equilibrio territorial y reconocimiento de las especificidades insulares, reforzando así tanto el principio de representación territorial que inspira la composición de la Cámara Alta como la efectividad del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de representantes, reconocido en el artículo 23 de la Constitución”.

Asimismo, se señala que la presente reforma asegura la plena vigencia del “principio de seguridad jurídica” y se garantiza que la ciudadanía de Ibiza y de Formentera “pueda ejercer su derecho de participación política en igualdad de condiciones”.

Por tanto, entrará en vigor desde este viernes la modificación de la reforma electoral que recoge que “en cada circunscripción insular se elige el siguiente número de senadores: tres en Gran Canaria, Mallorca y Tenerife; uno en Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma”.

El delegado del Gobierno en las Islas y exalcade de Calvià, Alfonso Rodríguez, ha registrado este jueves su candidatura para encabezar la lista del PSOE al municipios mallorquín en las elecciones de 2027.

En una carta dirigida a la militancia, Rodríguez ha explicado que da el paso con la voluntad de liderar un proyecto que vuelva a situar a las personas en el centro de la acción política y recupere un Calvià pensado para quienes viven, trabajan y quieren desarrollar su proyecto de vida.

Bajo el lema 'Un Calvià para vivir', la candidatura propone una nueva etapa basada en la vivienda, la proximidad, la protección del territorio y el fortalecimiento de los servicios públicos.

En este sentido, una de las principales prioridades de su candidatura será recuperar una “política decidida” de construcción de vivienda de protección oficial, como la impulsada durante sus años al frente del Ayuntamiento con promociones en Santa Ponça y Magaluf.

“Calvià necesita volver a construir vivienda pública para que nuestros jóvenes y las familias puedan desarrollar aquí su proyecto de vida. Ya demostramos que era posible y quiero volver a hacerlo realidad”, señala en la misiva.

El socialista defiende un modelo turístico que piense en las personas que hacen posible el principal motor económico del municipio. “No existe una buena política turística si no piensa también en el bienestar de sus trabajadores y trabajadoras, en su formación y en unas condiciones laborales dignas. Un Calvià mejor también se construye cuidando a quienes sostienen nuestro turismo cada día”, ha añadido.

Rodríguez ha agradecido el trabajo del Grupo Municipal Socialista durante esta legislatura, destacando una oposición “útil, responsable y cercana”, centrada tanto en fiscalizar la acción del gobierno como en presentar propuestas para dar respuesta a los problemas de los vecinos de Calvià.

Rodríguez también sitúa entre sus prioridades la defensa del territorio y la mejora de la calidad de vida de los residentes, apostando por un municipio con más espacios verdes y menos cemento.

“Calvià debe proteger aquello que lo hace único. Necesitamos un Ayuntamiento que cuide nuestro territorio, que apueste por más zonas verdes y menos asfalto, y que piense siempre en mejorar la calidad de vida de quienes vivimos aquí”, ha defendido.

Alfonso Rodríguez asegura afrontar este nuevo reto “con la ilusión, las fuerzas y las ganas” de volver a encabezar la candidatura socialista y construir, junto a la ciudadanía, un proyecto de futuro para el municipio.

El grupo de jueces y juristas que desde 2022 reclama que el rey Felipe VI renuncie a la inviolabilidad penal que le otorga la Constitución o, en su defecto, que el Gobierno impulse una reforma de la Carta Magna para eliminar este privilegio, ha decidido dar un nuevo paso. Los 22 firmantes de la iniciativa, entre quienes se encuentran los exmagistrados José Castro y Juan Pedro Yllanes, han remitido dos nuevos escritos: uno dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otro al máximo responsable del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, con el objetivo de mantener la presión sobre ambas instituciones.

La iniciativa llega después de que Moncloa respondiera a su última carta sin entrar en el fondo de sus reivindicaciones. En lugar de pronunciarse sobre una eventual reforma legal o constitucional, el Ejecutivo, a través de un mensaje remitido por la Secretaría General de Relaciones Institucionales y Ciudadanía, se limitó a recomendarles que trasladaran su solicitud a la Casa del Rey -pese a tratarse de una modificación cuya iniciativa corresponde a los poderes legislativo y ejecutivo- y que dirigieran al CIS la petición de incluir una pregunta sobre la inviolabilidad del jefe del Estado en sus barómetros.

Lejos de dar por zanjada la cuestión, los juristas han optado por aceptar, de momento, una de las dos recomendaciones formuladas por el Gobierno. Así, solicitan a Tezanos que el CIS mida el respaldo ciudadano a una posible reforma del artículo 56.3 de la Constitución -“la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”-, mientras que, en otra misiva, comunican a Pedro Sánchez que continuarán reclamando la modificación de este precepto constitucional al considerar que corresponde al Ejecutivo y a las Cortes impulsar una iniciativa de esta naturaleza.

Lejos de dar por zanjada la cuestión, los juristas solicitan a Félix Tezanos que el CIS mida el respaldo ciudadano a una reforma del artículo 56.3 de la Constitución, mientras que, en otra misiva, comunican a Pedro Sánchez que continuarán reclamando la modificación de este precepto

El colectivo sostiene, además, que el resultado de la consulta ciudadana que, a través de elDiario.es, promovió recientemente al respecto y en la que recabó en dos días cerca de 1.500 respuestas, el 99% de ellas favorables a reformar el artículo 56.3 para que el jefe del Estado responda ante los tribunales cuando los hechos investigados sean ajenos al ejercicio de sus funciones institucionales. Un hecho que, aseveran, refuerza la necesidad de seguir adelante con esta iniciativa.

Los firmantes de la consulta cuidadana eran los 22 juristas Juan Calatayud, José Castro, Rafael Company, Víctor Cornell, Mar de la Loma, Josep de Luis, Aina Díaz, Cristina Gómez, Ferran Gomila, Alejandro Juárez, Francisca Mas, Catalina Monserrat, Catalina Moragues, Josep Pina, Carlos Portalo, Pablo Alonso de Caso, Mariano Reaño, Ignasi Ribas, Josep Valdés, Juan Pedro Yllanes, María Durán y Juan Luis Corbacho.

Aunque los propios juristas reconocen que ese sondeo carece de validez demoscópica al no cumplir los criterios científicos de selección ni estratificación de la muestra, consideran precisamente por ello que corresponde al CIS determinar, mediante una encuesta oficial, cuál es el verdadero grado de apoyo social a una reforma que pondría fin a la inviolabilidad penal del jefe del Estado por los actos ajenos al ejercicio de sus funciones institucionales.

Según los juristas, la modificación permitiría suprimir “el privilegio personal que le permite cometer toda clase de atropellos sin rendir cuentas ante la Justicia”, una circunstancia que -como aseveraban en una carta anterior-, puede provocar, “entre otras consecuencias no deseables, la indefensión de personas afectadas”.

Según los juristas, la modificación permitiría suprimir 'el privilegio personal que le permite cometer toda clase de atropellos sin rendir cuentas ante la Justicia', una circunstancia que -como aseveraban en una carta anterior-, puede provocar, 'entre otras consecuencias no deseables, la indefensión de personas afectadas'

“Seguiremos insistiendo ante las instituciones”

En el primero de los escritos, remitido a Pedro Sánchez, los firmantes agradecen la respuesta enviada desde Presidencia del Gobierno, pero dejan claro que no comparten el planteamiento contenido en ella. La Moncloa les recomendó trasladar su petición directamente a la Casa del Rey, haciendo constar en su mensaje la página web de la Familia Real y la dirección postal del Palacio de la Zarzuela. Los juristas no descartan acudir a los monarcas en un futuro, aunque consideran que la iniciativa debe dirigirse prioritariamente a quienes ostentan la capacidad de promover reformas legales y constitucionales.

“Si lo hiciéramos, le enviaremos a usted copia del escrito, pero, aunque no lo descartamos, al tratarse de una reforma legislativa, seguiremos insistiendo ante las instituciones que nacen de la voluntad popular para legislar y gobernar”, señalan en la carta dirigida al presidente del Gobierno.

Los juristas recuerdan que la iniciativa nació tras conocer las declaraciones realizadas en 2022 por la entonces vicepresidenta del Gobierno y actual presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, quien reveló que había mantenido conversaciones con la Casa Real para explorar una posible reforma del artículo 56.3 de la Constitución.

En unas declaraciones efectuadas a El País, Calvo señalaba: “Yo lo planteé, se barajó, se puso sobre la mesa y no se vio la oportunidad en ese momento, ni por parte del presidente del Gobierno, ni por parte del PP, ni por parte de la Casa Real”. Pedro Sánchez le había encomendado un año antes la tarea de poner en marcha un nuevo “marco de actuación” más transparente, moderno y actualizado de la monarquía, pero, finalmente, los cambios quedaron limitados a una serie de medidas de transparencia.

Los juristas recuerdan que la iniciativa nació tras conocer las declaraciones realizadas en 2022 por la entonces vicepresidenta del Gobierno y actual presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, quien reveló que había mantenido conversaciones con la Casa Real para explorar una posible reforma del artículo 56.3 de la Constitución

Asimismo, en unas jornadas celebradas a principios de 2022, según recogía el mismo medio, Calvo enfatizó la necesidad de establecer, sin necesidad de reformar la Constitución, “en qué es inviolable y en qué no” el monarca. Los firmantes lamentaban el tiempo transcurrido desde que se conoció “el fracaso de aquella gestión”, sin que desde entonces se produjese avance alguno al respecto.

Aceptan la recomendación de acudir al CIS

Por otro lado, en el escrito remitido al CIS, los firmantes reclaman que el ente demoscópico incorpore en alguno de sus próximos barómetros una pregunta destinada a conocer si la ciudadanía considera que debe mantenerse la inviolabilidad del jefe del Estado o si, por el contrario, debería limitarse para que el monarca responda ante la Justicia por los actos privados ajenos al ejercicio de sus funciones constitucionales.

“Entendemos perfectamente que la presidencia del Gobierno nos recomiende dirigirnos al CIS, pues la Ley 39/1995 [de Organización del Centro de Investigaciones Sociológicas] incluye, entre otras funciones, la de realizar estudios que 'sirvan de orientación a los poderes públicos en sus iniciativas normativas y ejecutivas'”, aseveran.

A continuación, informan al organismo de la reciente recogida de casi 1.500 opiniones y, aunque reconocen que el sondeo no reúne los requisitos metodológicos exigibles a una encuesta científica, consideran imprescindible por ello que sea el CIS el que determine cuál es el grado real de aceptación social de una reforma que permita que el jefe del Estado responda ante la Justicia “en caso de infracciones legales producidas al margen del papel político institucional que desempeña”.

En su misiva, los juristas confían en que el CIS atienda la petición e “investigue la opinión existente en la sociedad” sobre el texto vigente del artículo 56.3 de la Constitución, “si pudiera ser” -precisan- en los términos de la propuesta de reforma plantearon en ese primer sondeo.

¿Es compatible la inviolabilidad con la igualdad?

Los firmantes introducen además un argumento que ya figuraba en sus anteriores escritos, pero que ahora adquiere mayor protagonismo: la posible contradicción entre la inviolabilidad del jefe del Estado y el principio constitucional de igualdad. Tal como exponen, “sería del mayor interés” conocer también si la ciudadanía considera compatible la inviolabilidad “con la igualdad de todos los españoles ante la ley” que se establece en el artículo 14 del Título I de la Constitución.

Esperan -inciden- que el Gobierno impulse finalmente la reforma de “un texto que, quizás para la inmensa mayoría, cuestiona en la propia Constitución la igualdad ante la ley que figura en el artículo 14 de su Título Primero”. Para los impulsores de la iniciativa, mantener una prerrogativa que impide exigir responsabilidad penal al jefe del Estado por cualquier actuación privada supone una excepción difícilmente conciliable con el principio de igualdad jurídica proclamado por la propia Constitución.

Los firmantes confían en que el Gobierno impulse finalmente la reforma de 'un texto que, quizás para la inmensa mayoría, cuestiona en la propia Constitución la igualdad ante la ley que figura en el artículo 14 de su Título Primero'

Una campaña iniciada en 2022

Los nuevos escritos constituyen un nuevo capítulo de una campaña iniciada hace cuatro años. Desde 2022, el mismo grupo de jueces y juristas ha remitido anualmente cartas al presidente del Gobierno reclamando que Felipe VI anuncie públicamente su renuncia a la inviolabilidad y que el Ejecutivo impulse la correspondiente reforma constitucional.

La inviolabilidad del monarca es uno de los aspectos más controvertidos de la arquitectura constitucional española. Se trata de una figura jurídica que abarca tanto los actos oficiales del jefe del Estado como los privados y que hunde sus raíces en la sacralidad real de las antiguas monarquías -resumida en el aforismo latino Rex non potest peccare (“el rey no puede pecar”)-, siendo incorporada al constitucionalismo moderno como un escudo frente a toda responsabilidad penal o civil. 

En los últimos años, ha cobrado fuerza el debate sobre el alcance de esta prerrogativa y la imposibilidad de exigir responsabilidades más allá de los actos cometidos por el rey como jefe del Estado. La controversia se intensificó a partir del estallido del caso Nóos, en el que, por primera vez en la historia judicial española, un miembro de la familia real, la infanta Cristina, se sentó en el banquillo de los acusados. La causa abrió serios interrogantes sobre la supuesta intervención que Juan Carlos I habría tenido en los hechos investigados y puso en cuestionamiento hasta qué punto su blindaje habría podido amparar decisiones o comportamientos que, en el caso de otros ciudadanos, habrían sido objeto de responsabilidad penal.

Precisamente sobre ello, el juez que instruyó la causa, José Castro, aseguraba en esta entrevista concedida a elDiario.es que habría investigado al rey emérito de no haber existido el artículo 56.3 de la Constitución, el que blinda la inmunidad legal del jefe del Estado.

Las investigaciones en torno a Juan Carlos I

Los firmantes sostienen, además, que la experiencia acumulada tras las investigaciones archivadas sobre Juan Carlos I y la interpretación que la Fiscalía y posteriormente el Tribunal Supremo han realizado del artículo 56.3 han puesto de manifiesto la necesidad de revisar una prerrogativa que, en la práctica, ha impedido exigir responsabilidades penales al anterior jefe del Estado por actuaciones ajenas al ejercicio de sus funciones institucionales.

Se referían, en concreto, a la decisión adoptada ese año por la Fiscalía del Tribunal Supremo, que archivó las investigaciones dirigidas a seguir el rastro de los 100 millones de dólares que percibió Juan Carlos I de su homólogo en Arabia Saudí, Abdullah bin Adbul Aziz Al Saud, así como del dinero que sus benefactores usaron para pagarle cientos de miles de euros en gastos personales y que nunca pasaron por manos de la Agencia Tributaria. Las claves de su exoneración residían, principalmente, en su inviolabilidad. 

Tal como ha informado este periódico, el anterior rey de España guardó su fortuna en un banco suizo y a nombre de una fundación con domicilio en Panamá. Si hubiera ingresado el dinero en un banco español y declarado aquella donación ante Hacienda, Juan Carlos habría aportado a Hacienda 51 millones de euros.

En mayo de 2025, además, el Supremo blindó al rey emérito frente a los tribunales tras rechazar la querella con la que intelectuales y juristas buscaban imputar al monarca por fraude fiscal y blanqueo. Los magistrados utilizaron unos argumentos que cortan el paso a cualquier iniciativa legal presente o futura contra él al ampararse en las resoluciones de archivo firmadas por la Fiscalía en 2022 y que “cierran la puerta a la apertura de una investigación judicial” sobre su dinero. Se trata de un desenlace que, en la práctica, sitúa al monarca fuera del alcance del Derecho penal en cualquier circunstancia, incluso por actos estrictamente privados.

Administración desleal, una estafa que ronda los 237.000 euros y escenas dignas de aparecer en el guion de La comunidad, el thriller que enfrentó a Terele Pávez y Carmen Maura en un edificio del barrio madrileño de La Latina. Esos son los presuntos delitos que una denuncia y una querella presentadas por cuatro personas diferentes le imputan a Araceli Colomar Costilla, administradora de fincas, agente de la propiedad inmobiliaria y, desde el verano de 2023, concejala de Vox en Sant Josep de sa Talaia (Eivissa).

El Juzgado de Instrucción número 1 de la isla recibió las pruebas –correos electrónicos, audios de WhatsApp, ingresos bancarios– que presentaron los abogados de los presuntos estafados en abril y noviembre de 2024. Entonces, Colomar ya llevaba un año sentándose en el pleno de un ayuntamiento donde entró tras encabezar la lista del partido de ultraderecha en las últimas elecciones municipales. Vox obtuvo dos concejales y es clave para asegurar el gobierno –sin mayoría absoluta– del PP en Sant Josep. Un territorio clave para los intereses turísticos e inmobiliarios se juegan en Eivissa: comprende todo el sur de la isla, cuenta con el litoral más extenso de las Illes Balears –84 kilómetros– y, quizás por ello, acostumbra a aparecer desde hace más de medio siglo en los medios de comunicación a causa de múltiples irregularidades y escándalos urbanísticos.

Los hechos denunciados ocurrieron presuntamente antes de los comicios, a lo largo de 2022. Colomar ya había desembarcado en la política local. Ejercía como coordinadora de Vox en Sant Josep y se perfilaba como candidata prometiendo “oficinas antiokupación” en caso de gobernar. Mientras tanto, creaba -presuntamente y siempre según las denuncias- un importante agujero económico a tres hombres y una mujer tras hacerles creer que intermediaba para cerrar unas compraventas que nunca se completaron. Así lo aseguran los denunciantes en el relato que escribieron sus abogados en los documentos judiciales a los que ha tenido acceso en exclusiva elDiario.es.

Los denunciantes aseguran que la regidora de Vox les creó un importante agujero económico tras hacerles creer que intermediaba para cerrar unas compraventas que nunca se completaron

El Galaxia

Los bienes raíces –plazas de garaje, trasteros, bajos comerciales– sobre los que orbita la presunta estafa forman parte del Galaxia. El Catastro disecciona los datos de este edificio de cinco alturas que se construyó en 1982, cinco años antes de que Eivissa aprobara sus primeras normas urbanísticas. Un tetris formado por decenas de apartamentos de 60 metros cuadrados y, al menos, una treintena de espacios anexos: almacenes, oficinas, locales. Para nada una plaza fácil porque, además, está situado en la segunda línea de ses Figueretes. Un barrio donde se mezclan el turismo y la clase obrera, hoteles revalorizados y viviendas humildes alquiladas por migrantes. También, una zona inundable. Cuando la DANA Alice golpeó la isla en octubre de 2025, reclamó las escrituras de propiedad del agua y el garaje del Galaxia se inundó.

En aquel momento, la administradora Colomar ya no trabajaba en aquella colmena de cemento. La política de Vox había gestionado sus cuentas entre diciembre de 2021 y febrero de 2024. Al asumir el cargo se encontró con un ascensor que llevaba meses sin funcionar y, sobre todo, con los impagos que arrastraban algunos de los propietarios. Según los denunciantes, el anterior administrador –J.A.V.S., otro ex político local, del PP– no había realizado con celo su trabajo. Su “gestión deficiente provocó, entre otros problemas, la acumulación de varios vecinos morosos”, según su relato.

“La proactividad y la presencia constante” de la nueva gestora “le granjeó la confianza” de la comunidad, según el testimonio de los presuntos afectados. En enero de 2022, Colomar trazó ante la junta directiva una estrategia para equilibrar el balance económico de la comunidad: buscar compradores interesados en el patrimonio de los morosos y enjugar las deudas con las transacciones.

Según los afectados, la regidora de Vox quiso sanear los impagos de algunos de los propietarios con una clara estrategia: buscar compradores interesados en el patrimonio de los morosos y enjugar las deudas con las transacciones

Además, planteó la necesidad de contar con los servicios de Noemí Boned Núñez, a quien presentó como una abogada experta en mediaciones que la ayudaría. Hubo cuatro personas que picaron supuestamente el anzuelo. Los denunciantes. Noemí Boned no ha respondido a las preguntas de este diario respecto a su presunta implicación en la trama inmobiliaria.

A.V. era dueño de un bajo comercial en el Edificio Galaxia y la supuesta propuesta de la administradora le pareció interesante para ampliar su patrimonio. El 13 de junio de 2022, firmó las escrituras de un nuevo local. Colomar ejerció como enlace en una operación que, según la primera de las denuncias, contaba con el visto bueno de la junta de propietarios. Sin embargo, “al margen” de los comuneros, siguió ofreciendo más bienes que no estaban al corriente de pagos. A. V. ingresó en la cuenta de la comunidad 8.011 euros el 20 de junio. 13.749, tres días más tarde, y 8.151, a final de aquel año, en la víspera de la Lotería de Navidad. Creía estar comprando tres locales más. Entre medias, el 29 de noviembre, soltó 16.143 euros por una plaza de garaje. En total, 46.054 euros.

Uno de los afectados pagó, según su versión, 46.054 euros para comprar tres locales más en el mismo edificio

Los precios eran bastante más bajos que los que ofrecía un mercado inmobiliario tan especulativo como el ibicenco tras la pandemia. El metro cuadrado de segunda mano rondaba, de media, los 2.000 euros (datos de 2005) antes del estallido de la penúltima burbuja. Se hundió y, para 2020, ya alcanzaba los 2.700 euros. El informe más reciente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de las Islas Baleares fija en 4.600 euros el metro cuadrado de los locales comerciales de Vila. El municipio más caro del archipiélago para abrir un negocio con sede física. De largo.

Operaciones “fantasma”

En plena escalada especulativa, a A.V. tuvo que parecerle un buen negocio apoyarse en la administradora de fincas para adquirir aquellos bajos. El comprador le contó a otra persona sus operaciones patrimoniales. A.Al. no era comunero del Edificio Galaxia, pero también decidió invertir. Entre el 11 y el 18 de noviembre de 2022, transfirió algo más de 30.000 euros al código bancario de una comunidad de la que creía estar a punto de convertirse en nuevo miembro. Concretamente, propietario de dos locales.

Fue entonces cuando giraron las tornas. Las hojas del calendario caían, pero las llaves de los locales nunca llegaban. El dinero adelantado presuntamente tampoco regresó. El 4 de abril de 2024, A.V. y A.Al. se hartaron de esperar y suplicaron al juzgado que les tomara declaración a ellos, como denunciantes, y, como denunciada, a Araceli Colomar Costilla. En aquel momento, la militante de Vox –ya concejala electa– hacía un par de meses que la habían despedido del Galaxia. La denuncia contra su gestión también solicitaba una auditoría de las cuentas del edificio y el testimonio de la junta directiva de una comunidad a quien consideraban “partícipe a título lucrativo” de la estafa de la que se sentían víctimas.

Otro de los afectados pagó presuntamente 30.000 euros para adquirir dos locales

Dos años y más de dos meses después, aquellas diligencias “todavía están en fase de instrucción”, indican desde el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears. Esta “investigación inacabada” es víctima de un colapso difícil de sostener: los juzgados ibicencos pueden tardar entre dos y tres años en celebrar una vista previa desde que arrancan las pesquisas de una causa. 

Un socavón –motivado por la falta de recursos físicos y humanos– que también ha afectado a A.At. y M.R., los dos vecinos censados en el Galaxia que, en noviembre de 2024, presentaron una querella contra la administradora de fincas y la abogada especialista en mediación. Su abogado confirma que tampoco hay fecha para un proceso a través del que poder recuperar los 161.459 euros que pagaron entre ambos, casi a partes iguales. 

Sorpresa Regalo: ni dinero ni inmuebles

La historia es muy similar a la de los otros presuntos estafados. Las transferencias se realizaron entre el 27 de junio y el 5 de octubre de 2022, “siempre a favor de la comunidad”, como afirma una querella mucho más rica en detalles que la primera denuncia. “Ambas querelladas se presentaban como profesionales de confianza, por lo que no sorprende que los querellantes confiaran parte de su capital ante lo que parecía un conjunto de inversiones muy rentable. (...) La administradora de fincas envió a mis representados varias notas simples del Registro de la Propiedad de Ibiza relativas a las propiedades que supuestamente iban a adquirir, cuyas copias se acompañan a la querella, en aras de tranquilizarles y demostrarles que estaba encima del tema. Asimismo, la administradora de fincas les hizo llegar los borradores de unos 'Contratos de arras confirmatorias (señal)', fin de dejar constancia de las operaciones y dotarlas de mayor seguridad jurídica, lo cual reafirmó en mis representados la aparente seriedad empresarial y profesional de la querellada y acrecentó todavía más su confianza en ella. Copias de algunos de estos, que nunca se llegaron a firmar…”.

El abogado dedica un capítulo completo del documento que presentó en los juzgados a narrar las supuestas comunicaciones entre Colomar y sus clientes. La mayoría son de 2023. Un año en el que los querellantes irán descubriendo poco a poco la supuesta estafa. En febrero aún tienen fe en la administradora de fincas. Incluso defienden su labor cuando A.A. y A.Al., los primeros denunciantes, empiezan a pedir explicaciones sobre unos títulos de propiedad que se han volatilizado. La situación escala: los afectados consiguen bloquear la cuenta de la comunidad, donde habían realizado los pagos. Bastará un pequeño flash forward para que A.At. y M.R. también reclamen sus derechos como compradores. Porque cuando llegue la primavera tampoco habrá noticia de los cuatro locales comerciales, los tres parkings y los dos trasteros que creían haber adquirido. Doce meses después de haber desembolsado fuertes sumas de dinero, según su relato, aquel pequeño patrimonio sigue en el limbo. 

¿Cómo reacciona Colomar? Con “banales argumentos y excusas y evasivas tendentes a generar la máxima confusión y a desvincularse de los hechos”, se lee en la querella. En octubre, M.R. escribe en un grupo de WhatsApp que A.At. y él comparten con la administradora –bautizado con el curioso nombre de Sorpresa Regalo– una reunión para cancelar la compraventa y recuperar el dinero: “[Tenemos] que hablar de nuestro asunto. Aquí es muy importante aclarar algunas cosas”. La concejala de Vox –ya en el cargo– les promete supuestamente –a través de varios documentos que el abogado adjuntó a la querella– una devolución. A plazos. 

Noviembre es un mes frenético. Colomar les envía un certificado bancario para demostrarles que los 161.459 euros que los perjudicados apoquinaron entre junio y octubre de 2022 siguen en poder de la comunidad. M.R. y A.At. tuercen el morro: la cuenta donde está el dinero no es la misma en la que ellos depositaron el dinero que figura en el papel que les ha mandado la administradora para tranquilizarlos. El 28 de noviembre, Noemí Boned Núñez, la abogada que Colomar habría reclutado para mediar con los morosos, remata la confianza de los compradores. Después de días “ignorando sus llamadas”, les comunica que “ninguno de los deudores ha querido iniciar algún tipo de acuerdo sobre los pagos o ni tan siquiera respondido a la petición de mediación”. La querella explica que cuando los afectados se interesaron por comprar aquellas propiedades, las denunciadas les animaron a transferir el dinero “urgentemente” porque las negociaciones iban “viento en popa”.

“Mi conciencia está tranquila”

Días después, todo estalla. En diciembre de 2023, Colomar presenta el balance económico… de 2022. Los pagos de M.R. y A.At. no figuran entre los ingresos de la comunidad de propietarios del Galaxia. Los querellantes se encienden: “¿Cuándo vas a presentar las cuentas del 23 (...) ¿Nos podrías indicar bajo cuál concepto aparece nuestro dinero? Si las cosas se hicieron bien como nos haces entender, ¿entonces dónde aparece?” La política ultraderechista se defiende a través de unos audios que también se adjuntaron a la querella: 

–Yo también lamento el daño que estáis sufriendo, no es para nada mi intención, pero por mi parte creo que no he dejado de trabajar, os sigo atendiendo en toda, pero también estáis pidiendo una inmediatez que es imposible. Un buen trabajo requiere de una buena concentración y así es imposible poder concentrarse. (...) Yo por mi parte como os digo no he dejado de trabajar, sigo trabajando, tengo que cerrar las cuentas del 2023 y hacer los libros (...) yo voy a seguir luchando y batallando para cerrar todo lo que pueda cerrar, esto yo lo tengo claro y mi conciencia está tranquila de que lo sigo intentando día a día hasta que la comunidad acuerde que tengo que entregar la documentación. Yo puedo entender que la cosa va mucho más lenta de lo que vosotros deseáis, pero yo por mi parte creo que ayer terminé super tarde con Galaxia, hoy he amanecido trabajando para Galaxia“.

En enero de 2024, “por razones evidentes”, no se renueva el contrato con la administradora de fincas. Su sustituto llega en marzo y, antes del verano, se elige a una nueva junta directiva. A.At. ocupa la vicepresidencia de la comunidad de propietarios. Una responsabilidad que le permite revisar las cuentas bancarias donde M.R. y ella hicieron los ingresos. Tras analizarlas, descubre que se realizaron “muchas transferencias en favor de ambas querelladas sin que consten facturas que la justifiquen”. Para el abogado, esos movimientos de dinero prueban “el propósito criminal” de un “plan delictivo” para apropiarse de un “patrimonio ajeno”. O de “un cuento de terror”. Así resume la historia A.At. por correo electrónico. De momento, y a la espera que la Justicia siga su lento curso, ni ella ni su abogado quieren hablar –todavía– con detalle de lo sucedido. 

Los denunciantes aseguran que la regidora de Vox y la abogada han hecho 'muchas transferencias en favor de ambas querelladas sin que consten facturas que la justifiquen'

Colomar niega los hechos

Araceli Colomar, por su parte, atiende a elDiario.es a través de una llamada telefónica. El caso, explica, se va archivar por “falta de prueba documental”. Según su versión, dispone de poderes notariales y acuerdos de mediación de la abogada –Noemí Boned- para firmar al menos algunas de las compraventas pactadas. Por otro lado, niega que ella o terceros se hayan quedado con el dinero que depositaron los denunciantes y querellantes, e indica que el dinero quedó depositado en la cuenta bancaria de la comunidad de propietarios del Edificio Galaxia. Solo reconoce haber cobrado honorarios en algunas de las operaciones. Por otro lado, indica que Boned no puede ir a juicio porque “las actas de acuerdo de mediación son confidenciales”, sin desarrollar este punto.

Colomar niega todo lo que se le acusa. Sobre que al final no hubo acuerdos con los propietarios morosos para vender sus inmuebles y saldar la deuda de la comunidad del Edificio Galaxia, también afirma que es mentira. Según su versión, uno de los denunciantes ya se habría beneficiado de uno de estos acuerdos, y estaría disfrutando de alguno de los locales, pero a la espera de hacerse con una plaza de aparcamiento. En el resto de casos, “como no se da el acuerdo de mediación, se inicia el procedimiento de reclamación con subasta”. “Que la comunidad les devuelva el dinero, yo no lo puedo hacer”, insiste.

A A.Att., una de las afectadas, afirma que “hay que devolverle el dinero del parking”. “Que se lo devuelva el administrador porque tiene los certificados hechos”. A.At depositó 13.074 y 14.802 euros, respectivamente, para dos plazas de aparcamiento el 15 de septiembre de 2022, según figura en la querella consultada por este diario. Ha explicado, además, que hay afectados que no figuran en las denuncias y con quienes comió la semana pasada que le piden llegar a acuerdos sobre sus casos, pese a haber abandonado su cargo como administradora de fincas del edificio Galaxia. Sobre el hecho de que los precios estén por debajo del precio de mercado, asegura que es debido a “las patologías estructurales de la finca”. “El edificio estaba para colapsar, a día de hoy no”, defiende. Ha negado también que sea “amiga” del constructor y niega que haya habido ningún trato de favor.

Por otro lado, afirma que hay acuerdos de compraventa de inmuebles que están sin escriturar. En otros casos, asegura que no hay acuerdos. Finalmente, dice que se ha hecho una auditoría en la cuenta de la comunidad de propietarios y que “el dinero está ahí”. Según su verisón, los afectados no cobran “porque al nuevo administrador, por sistema, no le daba la gana”.

A raíz de las demandas, asegura, el nuevo administrador dijo, según Colomar, “que los certificados no servían para nada”, y que la denunciada había perpetrado un “engaño”. Según su versión, ese certificado contiene las cantidades que cada propietario ha depositado, así como la fecha exacta. Afirma que “una amiga suya” ha visto su dinero depositado ahí. “De los [inmuebles] que están vendidos cobro 1.000 euros más IVA como gestora inmobiliaria, no como administradora de fincas”. Afirma que se hizo así porque otra inmobiliaria cobraba 3.000 euros por la misma gestión.

–¿Hay alguien –de los denunciantes– que haya adquirido su plaza de parking?

“No”, responde Colomar, pero “todos tienen su certificado”. “Que la comunidad les devuelva el dinero”, repite.

Sobre esta temática no ha querido hacer ningún comentario Vox, partido al que pertenece la presunta implicada como concejal en el municipio ibicenco de Sant Josep. Este diario también se ha puesto en contacto con la actual presidenta de la comunidad de propietarios, que prefiere no hacer ningún comentario o valoración sobre este caso.

Mientras tanto, el Galaxia está tomado por los albañiles. Hay andamios, cascos que suben y bajan unas escaleras en forma de galería, y una malla que cubre toda la fachada del edificio. Se practica una rehabilitación que, según la querella, se “paralizó” cuando la concejala de Vox gestionaba la finca al “descubrirse que estaba teniendo un acercamiento notable y sospechoso con el constructor responsable de las obras”. En la misma avenida donde se encuentra el edificio, a apenas unos portales de distancia, sigue abierta la oficina desde la que Araceli Colomar Costilla tramita compras, ventas y alquileres de inmuebles, y, como perito judicial, elabora informes destinados a resolver conflictos.

El 10,9% de las viviendas de Balears son de uso turístico o pertenecen a extranjeros no residentes, una cifra que triplica la media nacional y que solo está por detrás de las de Alicante (14,5%) y Málaga (14,1%).

Es uno de los datos que se desprenden del Informe Anual 2025 publicado este lunes por el Banco de España, que dedica un capítulo específico a la vivienda, cuyos problemas constituyen “uno de los principales retos” de la economía y pueden tener “efectos adversos” sobre el crecimiento económico a largo plazo y la desigualdad.

Por ejemplo, ha subrayado el organismo en un comunicado, el elevado esfuerzo para acceder a la vivienda puede tener efectos sobre el retraso en la emancipación y, consecuentemente, condicionar decisiones como la natalidad, la movilidad laboral o la inversión en formación.

El acceso a la vivienda está condicionado por un aumento sostenido de los precios reales, tanto de compra como de alquiler, debido principalmente a que la demanda crece más rápido que la oferta. El déficit acumulado de viviendas se ha intensificado en los últimos años hasta alcanzar las 750.000.

Las dificultades para acceder a la vivienda en propiedad desplazan la demanda hacia el alquiler, presionando al alza los precios y el esfuerzo de los hogares, siempre de acuerdo con el informe.

El precio sube un 4,7% anual

En ese contexto, el crecimiento de los precios reales de la vivienda en Balears desde 2014 ha estado impulsado por la actividad económica, el aumento de la población y la demanda turística, situándose entre los “más intensos” a nivel nacional.

El precio real de compra ha crecido un 4,7% anual entre 2014 y 2025, muy por encima de la media nacional y solo por detrás de Madrid, mientras que el alquiler ha aumentado un 2,8% anual entre 2014 y 2024, el mayor incremento entre comunidades autónomas.

El aumento sostenido de los precios se ha traducido en un esfuerzo de acceso a la vivienda muy significativo tanto en propiedad como en alquiler, según el Banco de España.

En concreto, en 2024 los hogares baleares que no residían en viviendas de su propiedad debían destinar 13,3 años de su renta neta para adquirir su primera vivienda, mientras que aquellos que vivían de alquiler debían destinar el 30,8% de su renta neta al arrendamiento, superando los umbrales donde este esfuerzo se considera excesivo, situados en el 30% de la renta neta.

Estos niveles superan la media de España tanto en compra como en alquiler, de 6,8 años y el 26,7%, respectivamente. A nivel urbano, Palma muestra niveles muy similares de aumento de precios y esfuerzo que el conjunto del archipiélago.

El efecto de las viviendas turísticas

El aumento de la demanda en el mercado de la vivienda de Balears, siempre de acuerdo con el informe, se ha visto reforzada por la adquisición de viviendas para usos no residenciales -como las segundas residencia- y por el alquiler turístico o de temporada.

Así, en 2025 las adquisiciones de no residentes supusieron el 23% de las compraventas en las Islas, muy por encima de la media de España (7,4%). Estas operaciones han aumentado en 13,3 puntos porcentuales entre 2007 y 2025.

En esta línea, el 10,9% del parque total de viviendas de Baleares son viviendas turísticas y de propietarios no residentes, muy por encima de la media de España (3,3%).

Las viviendas de uso turístico tienen una relevancia relativa en el área urbana de Palma, donde suponen el 7,6% del mercado de alquiler.

Sin embargo, al Banco de España le llama la atención que esta oferta se concentra fuera del centro de la zona turística de Palma, donde apenas supone un 0,7%.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 20 años por supuestamente maltratar y agredir sexualmente a su hermano de tres años en Palma y contagiarle una enfermedad venérea.

El arresto se produjo hace aproximadamente dos semanas a raíz de la denuncia del padre de la víctima, que está separado de la madre, y después de que el niño verbalizara en la 'escoleta' las agresiones y maltratos que estaba sufriendo, según ha publicado el diario 'Última hora'.

El hombre ha sido detenido acusado de malos tratos y agresión sexual después de que, además, al niño se le detectara en un hospital una enfermedad de transmisión sexual.

Rosario Sánchez Grau se presentará al proceso de primarias del PSIB-PSOE para ser la candidata socialista a la Presidencia del Govern en las próximas elecciones autonómicas, previstas para mayo de 2027. En un vídeo grabado en Cala Major, su barrio, y difundido en sus redes sociales, Sánchez reivindica “la esperanza frente a la resignación” ante los problemas de las Islas, como la desigualdad, la falta de servicios públicos y la falta de vivienda.

“Quiero ser la próxima presidenta del Govern y por eso me presentaré a las primarias del PSIB. Sé que es una responsabilidad enorme, pero me hace muchísima ilusión cambiar las cosas”, ha declarado la actual vicesecretaria general del PSIB y secretaria de Estado de Turismo del Gobierno central después de que el pasado sábado la actual secretaria general de los socialistas de Balears, Francina Armengol, anunciara que no se presentaría a las primarias y que, por tanto, no sería la candidata socialista.

“Os lo cuento desde aquí, desde Cala Major, desde mi barrio. Junto a un mar que nos une a todos los que vivimos en las Islas y donde encuentro muchísimas de las razones para tomar esta decisión. En un barrio en el que conviven la riqueza con desigualdades inaceptables. Cada día se quiere hacer creer que no hay nada que hacer, que la falta de igualdad de oportunidades, la falta de servicios públicos o la falta de vivienda no tienen remedio. Yo os digo que sí, que hay esperanza. Quiero trabajar para ilusionarnos con unas islas de futuro, con oportunidades y bienestar para todos, para cada barrio, para cada pueblo, para cada rincón de esta tierra. No es la hora de las excusas, es la hora de las soluciones. La esperanza frente a la resignación”.

El proceso socialista de elección de candidatos comenzará esta semana, ya que el día 27 el Comité Federal del PSOE fijará el calendario de primarias con tres opciones a las que podrán sumarse las distintas federaciones. El partido optará por elegir las candidaturas a los parlamentos autonómicos, consells insulars y los municipios de más de 50.000 habitantes en julio, tal y como detalló el pasado sábado la secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, en el Consell Polític de los socialistas de Balears, para abrir “inmediatamente” el proceso en las Islas.

La presidenta del Congreso y secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha anunciado este sábado en Palma que no se presentará a las primarias de su partido para encabezar la candidatura socialista al Govern balear en las elecciones autonómicas de 2027. “Lo hago por una responsabilidad enorme en el momento en el que vivimos, creo que es lo mejor en estos momentos”, ha afirmado Armengol durante la reunión del Consejo Político del PSIB.

La líder socialista ha señalado que su intención, si así lo decide el partido, es formar parte de la candidatura al Congreso de los Diputados cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoque las próximas elecciones generales, previstas también para 2027, ha comentado.

Con esta decisión, Armengol renuncia a optar a un tercer mandato al frente del Govern balear, después de haber presidido la comunidad autónoma durante dos legislaturas consecutivas, entre 2015 y 2023. La presidenta del Congreso ha destacado la necesidad “colocar las piezas de la mejor manera posible” para situar al PSIB lo más cerca posible de la “victoria electoral” en las elecciones municipales, insulares y autonómicas, previstas para mayo de 2027.

La dirigente socialista continuará, no obstante, como secretaria general del PSIB, cargo que ocupa desde 2012, además de mantener la presidencia del Congreso, responsabilidad que desempeña desde 2023.El anuncio abre ahora el proceso para elegir a la persona que encabezará la candidatura socialista a la presidencia del Govern en las elecciones autonómicas de 2027 y que se enfrentará a la actual presidenta autonómica, Marga Prohens (PP).

Entre los nombres mejor situados para asumir ese liderazgo figura el de la actual secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, según han indicado a EFE fuentes socialistas. La elección del candidato o candidata se decidirá mediante el proceso de primarias.

Los procesos de primarias, ha anunciado, comenzarán a partir del próximo mes de julio. Los primeros serán los que decidirán al candidato o candidata al Govern, a los cuatro consells insulares y a los principales municipios del archipiélago. Más adelante será el turno del resto de municipios y de la lista que se presentará a las elecciones estatales. El calendario, ha apuntado, viene marcado por el Comité Federal del PSOE que se celebrará la semana que viene y en el que se abrirá el periodo para llevar a cabo las primarias.

“Tengo muchísimas ganas de ganar las elecciones en las Islas Baleares, que son mi pasión”, ha sentenciado Armengol. La presidenta del Congreso ha recordado que siempre ha sentido “una fuerza y un calor inmensos” por parte de la organización socialista a lo largo de su trayectoria política y ha pedido ese mismo respaldo para los futuros candidatos socialistas a las elecciones autonómicas, municipales y a los consells insulars.

“No dejéis que nadie os diga que no es posible”

Con ocasión del Mundial de Fútbol, ha recurrido a un símil futbolístico para defender la necesidad de situar a cada jugador en el lugar del campo donde rinda más y sea más eficaz para ganar el partido. Armengol también ha recordado que inició su trayectoria política como independiente en las listas socialistas durante la etapa de gobierno “del señor Aznar”, porque consideraba al PSOE, y así lo cree, “el instrumento más fuerte” para transformar la vida de los ciudadanos y garantizar la igualdad de derechos. “No dejéis que nadie os diga que no es posible; hacedme caso: en 2027 volveremos a gobernar esta comunidad autónoma”, ha concluido entre los aplausos de los asistentes.

Durante su intervención, Armengol también ha aludido a los casos de corrupción que afectan al PSOE, aunque sin mencionarlos expresamente. “Sabemos que en nuestro partido se han cometido errores, y ante eso hemos pedido excusas y hemos puesto orden”, ha señalado, al tiempo que ha reivindicado los más de 140 años de historia y valores del partido socialista fundado por Pablo Iglesias.

Asimismo, ha asegurado que el PSOE no aceptará “lecciones de corrupción” del PP, y menos de los populares de Baleares, y ha definido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como “un faro en el mundo de las políticas progresistas”.

El vicepresidente segundo del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, realizó al menos 20 desplazamientos en coches oficiales a actos o destinos que no constan en su agenda pública entre mayo de 2025 y abril de 2026, según un informe interno encargado por el presidente insular, Llorenç Galmés. El documento también constata que el dirigente de Vox disfrutó del uso exclusivo de tres vehículos públicos sin que existiera ninguna autorización expresa para ello, aunque los servicios jurídicos concluyen que no puede acreditarse de forma categórica un uso indebido, por lo que el Consell ha decidido archivar el caso sin imponer sanciones.

Así se desprende del informe elaborado por la Secretaría Técnica de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes a petición del presidente insular, Llorenç Galmés (PP), para esclarecer la utilización de vehículos oficiales por parte del dirigente de Vox. Entre las facturas incorporadas en los anexos figura el coste de 430 euros por la reposición de unas llaves perdidas de uno de los coches, de las que existían únicamente dos copias que estaban “a disposición exclusiva del conseller”.

Entre los documentos revisados aparece igualmente una factura emitida por una empresa de taxidermia de Toledo para la “naturalización de cuerpo entero de macho de boc balear [macho de la cabra salvaje mallorquina] sobre piedra”. El ejemplar fue recogido personalmente por Bestard, quien viajó en marzo hasta Dènia en ferri y completó el trayecto hasta Toledo conduciendo una furgoneta de las brigadas de su departamento antes de regresar a Mallorca al día siguiente.

El documento, a cuyo contenido ha tenido acceso Europa Press, concluye que Bestard empleó de manera exclusiva tres coches adscritos a su departamento, una situación para la que no existe ningún “instrumento jurídico, instrucción interna o acto administrativo” que le otorgara ese privilegio, aunque tampoco ninguna norma que lo prohibiera expresamente.

Sobre esta base, el informe considera que, aunque la conducta del vicepresidente “no es apropiada”, no puede afirmarse de manera categórica que incurriera en un uso indebido de los vehículos públicos. El Consell de Mallorca, ante esta conclusión, ha decidido no adoptar ninguna medida contra Bestard y cerrará el caso con una instrucción que regule el uso de vehículos oficiales.

Veinte desplazamientos sin rastro en la agenda pública

La investigación técnica ha reconstruido los movimientos de Bestard cruzando los registros de utilización de los vehículos, los repostajes de combustible y la agenda publicada por el vicepresidente en el Portal de Transparencia.

El resultado revela que entre mayo de 2025 y abril de 2026 se registraron 20 desplazamientos realizados con vehículos oficiales que no aparecen reflejados en su agenda institucional. El mayor número se concentró en mayo de 2025, con seis trayectos de este tipo, aunque los movimientos se repitieron durante los meses posteriores.

Entre esos desplazamientos figuran viajes al aeropuerto, asistencias a acontecimientos deportivos o actos conmemorativos, como un evento por el centenario de la muerte de Antoni Maura. Sin embargo, uno de los episodios que más atención concentra en el informe es el viaje realizado a Madrid en marzo de este año junto a su jefa de gabinete, Julene Valdés, para asistir a la Feria Internacional de Cinegética.

Según la documentación analizada, ambos adquirieron inicialmente billetes de avión entre Palma y Madrid por un importe total de 282 euros. Posteriormente abonaron otros 140 euros para modificar el horario del vuelo de regreso. Finalmente, los pasajes no llegaron a utilizarse.

En su lugar, se reservaron dos billetes de ferri entre Palma y Dénia por un total de 270 euros y continuaron el trayecto hasta Madrid en uno de los vehículos oficiales asignados de manera exclusiva al vicepresidente. Durante su estancia se alojaron tres noches en un hotel de cuatro estrellas situado en el Paseo de la Castellana. El coste total del desplazamiento ascendió a 2.612 euros.

Viajes en barco “por motivos médicos”

La documentación aportada por la jefa de gabinete incluye una relación de desplazamientos efectuados por Bestard desde diciembre de 2024. Los técnicos advierten de que no han podido verificar de forma independiente toda la información facilitada debido a la falta de elementos de contraste.

En varios de esos viajes se hace constar expresamente que el conseller debía desplazarse en barco siempre que fuera posible por prescripción médica. Es el caso del viaje a la feria cinegética de Madrid, de una reunión de la Federación Española de Caza celebrada también en la capital española y de una jornada en el hipódromo de Maó.

El informe médico que justificaría estas circunstancias forma parte del expediente, aunque fue retirado de la versión difundida por contener datos personales.

Sin embargo, los registros examinados por los técnicos también reflejan más de una decena de desplazamientos al aeropuerto para viajar a destinos como Le Mans, Las Palmas, Barcelona, Ibiza o Madrid. En algunos casos consta el motivo del viaje, mientras que en otros no aparece ni en la agenda pública ni en la documentación aportada por el gabinete del vicepresidente.

Viajes sin autorización previa

La asistencia de Bestard y Valdés a la XL Diada Hípica de Maó constituye otro de los puntos destacados del informe. Los técnicos señalan que no consta “ninguna invitación oficial” ni documentación que acredite la participación institucional del vicepresidente en el evento.

Tampoco figura autorización previa ni informe justificativo del desplazamiento. De hecho, el expediente administrativo fue creado varios días después de que se hubiera realizado el viaje.

Según la versión facilitada por el gabinete, ambos se desplazaron en ferri desde Alcúdia a Ciutadella y posteriormente continuaron el recorrido hasta el hipódromo de Maó en uno de los vehículos utilizados de forma exclusiva por Bestard y que, además, carecía de rotulación institucional.

El coste total del desplazamiento fue de 640 euros, incluyendo los billetes de barco y una noche de hotel. Pese a ello, la Secretaría Técnica insiste en que no ha encontrado documentación que justificara oficialmente el viaje.

Una situación similar se produjo durante otro desplazamiento a Madrid para asistir a reuniones de la Federación Española de Caza celebradas entre el 5 y el 8 de abril. Tampoco en este caso consta autorización previa ni informe justificativo, y el expediente administrativo se abrió con posterioridad al viaje. También se incluyen gastos de mantenimiento, como la sustitución de neumáticos y una llanta por valor de 324 euros o una revisión mecánica superior a los 200 euros.

Los informes técnicos elaborados por el Consell de Mallorca han concluido que el vicepresidente segundo de la institución, Pedro Bestard (Vox), ha hecho uso exclusivo de tres vehículos oficiales sin tener permiso para ello, dado que no se ha acreditado que estuvieran asignados en régimen de exclusividad.

Aunque los análisis internos reconocen que este proceder “no es una conducta apropiada”, sostienen que no se puede “determinar de forma categórica el uso indebido”.

Uno de los informes ha sido elaborado por la Secretaría Técnica de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, el departamento que dirige Bestard, y contiene una exposición de los hechos que se han podido acreditar.

El segundo, llevado a cabo por la Secretaría General y la Intervención General, incorpora una evaluación de las incidencias detectadas y realiza algunas consideraciones relevantes, que, sin embargo, deberán resolverse en la Comisión de Transparencia.

La elaboración de los dos documentos fue ordenada por el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, a raíz de las informaciones publicadas por el periódico 'Última Hora' que apuntaba al uso irregular de los vehículos oficiales por parte de Bestard.

El análisis elaborado por la Secretaría Técnica confirma que el conseller insular dispone para su uso exclusivo de tres vehículos -un Dacia Sandero, un Ford Ranger y un Subaru Crosstrek- que son propiedad del Consell de Mallorca.

No obstante, “no consta formalmente documentado ni regulado” el régimen de exclusividad que ampare el uso de los vehículos únicamente por parte del vicepresidente segundo. Tampoco se ha localizado ningún instrumento jurídico, instrucción interna o acto administrativo que así lo determine.

La renovación del parque móvil

El informe detalla que el departamento de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes cuenta con un total de 72 vehículos inventariados, de los cuales una parte significativa tienen una antigüedad media de 13 años. Debido al desgaste, 13 se encuentran fuera de servicio y seis están averiados.

Es por ello que se consideró necesario impulsar “de manera progresiva, pero prioritaria” la renovación del parque móvil mediante la adquisición de nuevos vehículos que permitieran sustituir a los más antiguos.

Fue en ese contexto en el que, en 2023, 2024 y 2026, respectivamente, se compraron los tres coches que quedaron “bajo la plena disponibilidad” de Bestard. A los técnicos les consta que antes de que los vehículos se incorporaran a la flota el personal fue informado de que estos estarían “reservados” para el conseller.

La Intervención General considera que el hecho de que el vicepresidente segundo hiciera un uso exclusivo de tres vehículos oficiales “no es una conducta apropiada”. Es “en cierta manera desproporcionado” que el conseller tenga tres coches mientras su personal “tiene unas carencias de vehículos para ejecutar su actividad”.

No obstante, y aunque la Intervención insiste en que no consta “ningún tipo de motivación o razones que justifiquen el uso exclusivo de los tres vehículos”, se considera que los hechos conocidos “no pueden determinar de forma categórica el uso indebido”.

Ordenó retirar la rotulación

El análisis de la Secretaría Técnica, por otro lado, contradice algunas afirmaciones realizadas por el vicepresidente insular durante su comparecencia a principios del pasado mes de mayo para dar explicaciones acerca de la polémica suscitada.

Bestard admitió que “no vigila” si los coches llevan o no la rotulación corporativa del Consell de Mallorca y aseguró que esta era imantada, es decir, que se podía quitar y poner con facilidad.

Los técnicos se han puesto en contacto con la empresa adjudicataria para verificar qué tipo de rotulación se instaló y esta ha confirmado que, al menos en el caso del Subaru, se hizo mediante un vinilo adhesivo situado en las puertas delanteras.

Fue el propio Bestard quien, según la información recopilada por los técnicos, ordenó la retirada de la rotulación institucional. Su posterior incorporación se impulsó “durante la misma semana” en que la polémica trascendió a los medios de comunicación. Los técnicos, como prueba, adjuntan una factura emitida el 11 de mayo.

Es otra de las cuestiones que el informe de la Secretaría y la Intervención General consideran que “tampoco, en principio, se considera correcta”.

Desplazamientos que no constan en la agenda

El informe dedica un apartado a los desplazamientos que el conseller Bestard hizo con los tres vehículos oficiales de los que hacía un uso exclusivo de forma indebida, algunos de los cuales corresponden a actividades que no publicaba en su agenda institucional que debe estar publicada en el portal de transparencia del Consell.

Sumando los trayectos de los tres coches, se detalla en el documento, el conseller realizó 26.917 kilómetros entre el 11 de noviembre de 2023 y el 4 de mayo de 2026. Son 905 días naturales, lo que equivale de una media de casi 30 kilómetros al día.

Constan un total de 34 repostajes de combustible en los que se gastaron alrededor de 2.660 euros. Buena parte de ellos se realizaron en los días en los que no consta que tuviera ningún acto institucional, algo “especialmente relevante” para los técnicos.

También destacan diversos repostajes efectuados en domingos y en horas muy tempranas de la mañana -entre las 06.30 y las 07.15 horas, aproximadamente- sin que exista una “correlación clara” con actos oficiales publicados en su agenda.

Los autores del informe ponen varios ejemplos de ello, como un día que paró en una gasolinera de Andratx pese a que tenía un acto en Deià o la asistencia a la Feria Internacional de Cinegética 2026 de Madrid, en el que pese a contar con billetes de avión finalmente se desplazó por vía marítima y acompañado de uno de los vehículos oficiales.

También detalla un viaje en ferri y en coche oficial a Menorca en el que, pese a que declaró que fue para asistir a un acto en Maó, “no consta invitación, convocatoria oficial ni otra documentación justificativa vinculada al desplazamiento”. Los gastos ascendieron a 600 euros.

Otro desplazamiento sobre el que el informe pone el foco, y del que se adjuntan fotografías, tuvo lugar el pasado 25 de abril. Bestard acudió a un acto de su partido, Vox Marratxí, a bordo del Subaru, que no llevaba la rotulación oficial.

En manos de la comisión de transparencia

Todas las circunstancias descritas en el informe, subraya la Secretaría Técnica, responden únicamente a la información y documentación a la que han podido tener acceso.

No obstante, recuerda que no le corresponde efectuar ningún tipo de calificación, determinar eventuales responsabilidades derivadas de los hechos expuestos o valorar su adecuación jurídica, ética o moral.

Cualquier valoración de las incidencias expuestas y la eventual apertura de un procedimiento sancionador corresponde a la Comisión de Transparencia del Consell de Mallorca, convocada para la tarde de este mismo miércoles.

Balti Picornell, expresidente del Parlament, ha comparecido este martes en los juzgados de Palma para declarar en el marco de la querella interpuesta por el diputado de Vox en el Congreso, Jorge Campos, por un presunto delito de injurias. La causa se inició a raíz de una publicación en la red social X –antes Twitter– en la que Picornell difundió una imagen en la que aparecía junto a una pintada en la que se leía “J. Campos puto nazi”.

La defensa del ex presidente de la Cámara autonómica ha presentado un recurso de apelación contra el auto dictado el 13 de marzo de 2026, por el que el juzgado acordó incoar diligencias previas y abrir una investigación por estos hechos. Este recurso se ha presentado ante la Audiencia Provincial de Balears después de que el juzgado admitiera la querella “por un presunto delito de injurias graves a la autoridad”. El abogado de Picornell, Josep Rosell Fossas, sostiene a elDiario.es que la querella carece de “la mínima consistencia jurídico-penal exigible”, al no describir hechos concretos con relevancia penal, sino expresiones valorativas enmarcadas en un contexto de crítica política y confrontación ideológica.

En su recurso, la defensa subraya que ni siquiera se desprende de la querella que Picornell sea el autor de la pintada, sino únicamente que se habría fotografiado junto a un muro en el que aparecía la frase indicada. Rosell recuerda que el derecho penal “debe intervenir de forma excepcional en materia de honor, especialmente cuando las expresiones se producen en el ámbito del debate político”, la ironía o la provocación propias del espacio público. En este sentido, invoca el artículo 20 de la Constitución Española y advierte de que admitir a trámite una querella de este tipo sin una ponderación adecuada entre el derecho al honor y la libertad de expresión “puede generar un efecto disuasorio incompatible con una sociedad democrática”.

El recurso también critica la falta de motivación del auto impugnado, que considera insuficiente y generador de indefensión, al “no justificar por qué los hechos descritos superarían el umbral de gravedad exigible para apreciar un delito de injurias”. El letrado insiste en que solo cabría investigación penal “si existieran indicios razonables” de criminalidad, algo que, a su juicio, no concurre en este caso. En su opinión, se está produciendo una utilización expansiva del derecho penal “para perseguir expresiones emitidas en el espacio público y dirigidas a representantes políticos en un contexto de debate ideológico”.

Libertad de expresión

La defensa de Picornell también sostiene que el procedimiento ejemplifica la necesidad de extremar el control judicial en este tipo de casos, precisamente para evitar que la vía penal se utilice como mecanismo de restricción de la libertad de expresión en el debate político. Rosell enmarca además su argumentación en la doctrina constitucional sobre libertad de expresión, según la cual las manifestaciones realizadas en contextos de confrontación política gozan de un nivel reforzado de protección.

De hecho, el letrado enmarca esta libertad de expresión en un sentido amplio. Recuerda que Jorge Campos ha participado en actos de campaña, con Vox, en lugares que son símbolos de la exaltación franquista, como aquellos celebrados en Sa Feixina. El monolito de Sa Feixina fue erigido por el franquismo en 1947 para glorificar a los “héroes” del Crucero Baleares, hundido en marzo de 1938 y responsable del bombardeo llevado a cabo un año antes contra la población civil que huía de Málaga a Almería en plena ofensiva fascista –episodio históricamente conocido como 'la Desbandá'–. Convertido en uno de los símbolos más controvertidos de Palma, este vestigio de la arquitectura fascista ha sido, durante décadas, foco de varios intentos de resignificación, campañas en pro de su demolición y distintas batallas judiciales.

“Creo que estamos dentro de la libertad de expresión”, valora Rosell y añade que debe de haber libertad de expresión “incluso en aquellos casos en que una persona va a actos en el Valle de los Caídos” y se burla, según su opinión, de los represaliados y fusilados por el régimen de Franco. “Fue un aliado de los nazis hasta que los alemanes perdieron la guerra, entonces, se buscó a otros”, analiza. Esta argumentación refuerza a su juicio la petición de inadmisión del procedimiento.

En la misma línea, Picornell valoró que el procedimiento es un intento de la extrema derecha de restringir la crítica política. “Lo que no podemos permitir es que personajes como este intenten recortar nuestra libertad de expresión, intenten mantenernos callados y que no podamos expresar lo que una persona reaccionaria dice en redes sociales”. “Tenemos que tener un derecho fundamental a la libertad de expresión y hay que hacerles frente”, ha incidido.

Por su parte, el abogado de Campos refuta los argumentos de Rosell y afirma que “la querella es bastante clara”. “La libertad de expresión no ampara las lesiones a la dignidad ni al honor”, asegura. Añade que las publicaciones –de Balti Picornell– “se hacen fuera de todo contexto de discusión” política y que son “gratuitas y sin debate ni crítica previa”. A su juicio, Picornell “sabía perfectamente el contenido de la querella porque lo publicó en X antes de declarar”.

Picornell fue presidente del Parlament balear entre 2017 y 2019, durante la primera legislatura del Govern de la socialista Francina Armengol, quien llegó a la presidencia tras alcanzar un acuerdo con todo el espectro progresista –Unidas Podemos, Més per Mallorca y Més per Menorca–.

La trayectoria de Campos está marcada por un discurso agresivo contra la inmigración, las identidades LGTBI+, las políticas en favor de la lengua catalana y la memoria democrática. Recientemente comparó la gran manifestación celebrada en favor del catalán con la Alemania nazi, utilizando para ello la imagen de un desfile de antorchas celebrado apenas unos meses después de que Adolf Hitler ascendiera al poder. Campos también señaló en otro mensaje en redes sociales a catalanistas e independentistas en el contexto de la Diada de Mallorca. “Este día sabemos que, en Palma de Mallorca, los separatistas pancatalanistas están todos en el mismo sitio. Estas oportunidades habría que aprovecharlas”, escribió en su cuenta de X. “Contra su enfermedad, nuestra inmensa ilusión de hacer un país mejor que el que ellos representan”, añadió.

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia del Govern balear, Sandra Fernández (PP), se ha mostrado abierta a estudiar acciones como la impulsada por Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid para que el concebido no nacido cuente como miembro de la unidad familiar desde que se acredite el embarazo.

“Estamos abiertos a estudiar otras posibles acciones, como ha podido impulsar la Comunidad de Madrid, pero siempre encaminadas a la protección de la familia, al apoyo a la maternidad y teniendo muy en cuenta la realidad y las necesidades concretas y específicas de las familias de Baleares”, ha dicho.

Así se ha expresado Fenández en el pleno de este martes al ser preguntada por la diputada Idoia Ribas, disidente de Vox, quien ha exigido al Govern que apruebe la misma medida que la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La situación en Madrid

En Madrid, el Ejecutivo autonómico ha aprobado recientemente un Proyecto de Ley, que deberá pasar por la Asamblea, por la que el embrión será “un miembro más de la unidad familiar” y contará para acceder a beneficios y ayudas. Según el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, la norma busca “proteger la vida y ayudar a las familias que decidan tener un hijo” a través del reconocimiento del “concebido no nacido”.

Según indica el texto del anteproyecto, “al concebido se le tendrá por nacido, siempre que la unidad familiar o alguno de sus miembros, mediante la aplicación de esta asimilación, obtengan un mayor beneficio”. Además, a no ser que se aplique lo contrario en algunas regulaciones de procedimientos concretos, para esta asimilación como parte de la unidad no se pedirá “una semana mínima de gestación”.

La medida fue anunciada hace ya años, cuando Ayuso entró al Gobierno de la Comunidad e imitaba un modelo que se había puesto en marcha en Galicia o en la Comunitat Valenciana. En ese momento ya contó con parte de la oposición en contra: desde Ciudadanos, que reconocían “dudas jurídicas”, hasta Podemos, que lo veían como un “intento de disfrazar de ayuda administrativa sus posiciones contra el aborto”.

Aunque hay diferencias: la ley vigente en Galicia recoge solo beneficios en el caso de las familias numerosas, mientras que en Madrid cualquier familia, sea numerosa o no, podría acceder a determinadas ayudas que tengan en cuenta los miembros de la unidad familiar “acreditando el estado de gestación de la madre”, indican. Para acceder al título de familia numerosa, se podrá hacer a partir del primer día después de que finalice la semana 14 de gestación.