La desregulación se presenta como técnica, neutra y lógica: menos presión normativa, más competitividad. En Europa y Estados Unidos vemos cómo ese relato se traduce en decisiones concretas que están reconfigurando la economía global. Pero detrás de la retórica de la “simplificación normativa” en Bruselas o del desmantelamiento de leyes ambientales en Washington impulsadas por Trump, se esconde otra realidad: no se trata de liberar al mercado, sino de concentrar poder. 

Los proyectos de ley denominados “ómnibus” prometen eficiencia administrativa, pero, en realidad, reducen obligaciones de información, aplazan controles y debilitan la protección social y ambiental. El planteamiento es el mismo en todas partes: las normas ralentizan las empresas y una comunidad empresarial ralentizada nos empobrece. Pero ese razonamiento parte de una premisa que no es cierta, la de que todo el mundo quiere lo mismo del mercado.

Dos agentes, un mercado

Hace más de un siglo el economista estadounidense Thorstein Veblen expuso una distinción que rara vez se ha tomado en serio desde entonces. En la teoría de la empresa comercial (1904) escribió que el capitalismo tiene dos lógicas fundamentalmente diferentes. Por un lado, está la «industria», que organiza a las personas, los conocimientos y los recursos para fabricar algo útil. Por otro lado, el «negocio» acumula capital sin importar lo que cueste.

Ambos operan en el mercado, pero los fines nos son los mismos. La persona al frente de la empresa utiliza el mercado para producir y vender. Su interés radica en una economía saludable con clientela que tenga poder adquisitivo, una competencia leal e instituciones que funcionen. La persona “de negocios” utiliza el mercado para maximizar los beneficios, no necesariamente con una producción mejor, sino que paga menos a las personas empleadas, al gobierno y a la sociedad. Para esa persona el mercado no es un lugar de intercambio, sino de extracción. Todo lo que no hay que pagar aumenta la rentabilidad (impuestos, costes laborales, daños medioambientales, riesgos para la salud, etc.). 

Eso explica por qué la desregulación resulta tan atractiva para quienes acumulan capital, aunque rara vez sea la persona al frente de la empresa quien más la exige.

La clase política que impulsa la desregulación tiene en mente a quienes dirigen o poseen grandes empresas con influencia. Considera que las normas son una carga general, desde el panadero que quiere crecer hasta la start-up innovadora, pero precisamente estas pequeñas y medianas empresas son las que menos capacidad tienen de influir en Bruselas. El poder de presión detrás de los proyectos de ley ómnibus europeos proviene de sectores lo suficientemente grandes como para ayudar a redactar las normas que los alivian. Quien hornea el pan no se beneficia de un ómnibus. La industria química, el sector financiero y la agroindustria sí lo hacen. 

El derecho a repercutir los daños

La desregulación no elimina costes, los transfiere a la sociedad. En 2023, las empresas del IBEX 35 generaron alrededor de 84 millones de toneladas de CO₂ de emisiones directas, cerca del 30 % del total nacional, pese a que representan aproximadamente el 10% del PIB y el 7,1% del empleo. Si se incluyen las emisiones declaradas a lo largo de toda su cadena de valor, la cifra asciende a 369 millones de toneladas. Son costes climáticos que no figuran como pasivo en sus balances, pero que sí reaparecen después en forma de deterioro ambiental, presión sobre el sistema sanitario y pérdidas económicas colectivas. De hecho, en España los costes sanitarios y laborales asociados a la contaminación se sitúan ya en torno al 3,5% del PIB.

Eliminar normas para “ahorrar costes” es trasladar la factura a la sociedad: Permitir daños a la salud aumenta los beneficios de las empresas, pero acorta la esperanza de vida de la población; pagar salarios insuficientes a las personas empleadas mejora los resultados operativos, pero aumenta la pobreza. 

Contracción disfrazada de crecimiento

Lo que se presenta a priori como crecimiento económico es, desde un enfoque social, empobrecimiento colectivo. Los costes no desaparecen, reaparecen en otros lugares, como en las facturas de los hospitales, en los costes de purificación del agua, en las cosechas fallidas y en las condiciones meteorológicas extremas. No se trata de tener menos normas, sino normas más efectivas, justas y alineadas con el interés común. 

El lenguaje de las fuerzas del mercado sugiere un mecanismo neutral de oferta, demanda, precio y equilibrio. Pero un mercado nunca es neutro, es un conjunto de reglas que determinan quién gana. Las grandes empresas con grupos de presión en Bruselas y Washington ayudan a redactar los proyectos de ley generales que las eximen de sus obligaciones. Eso no son las fuerzas del mercado. Son las fuerzas del poder. Y mientras la confusión entre ambas cosas continúe, siempre ganará el mismo lado.

¿Es posible aplicar en España una política económica de izquierdas? La experiencia dice que no. Al menos, hasta la fecha. Bajo la vigilancia de la burocracia de Bruselas, de las élites locales y, sobre todo, de los poderosísimos mercados financieros internacionales, la política económica española ha mantenido, bajo gobiernos del PSOE y del PP, una notable continuidad. Con especial énfasis en la contención de los salarios.

El libro “Las élites que dominan España”, del profesor Andrés Villena Oliver, no descubre nada nuevo. Pero resalta, y eso es importante, las redes políticas, empresariales y técnicas que han hecho que las cosas sean como son, y no como podrían haber sido. Desde la Transición y los Pactos de la Moncloa hasta hoy, las líneas maestras no han cambiado.

Se podría aventurar, aunque Villena no se extiende sobre el asunto, que el de Pedro Sánchez ha sido el gobierno más izquierdista (dentro de lo posible) de la democracia. Probablemente por la presión de socios de gobierno como Podemos, al principio, y luego Sumar. Quizá también porque Sánchez es el único presidente del PSOE formado en la Federación Socialista Madrileña, desde antiguo la más escorada a la izquierda (y la más turbulenta) de España.

En lo esencial, en cualquier caso, las directrices básicas permanecen inmutables.

Hubo un momento paradójico, en los estertores del franquismo, en que la economía favoreció a los trabajadores. Fue puramente accidental. El régimen se sentía frágil cuando estalló la primera crisis del petróleo, en 1973, y en lugar de aplicar medidas de ajuste, como en otros países europeos, incrementó el gasto público y toleró que los salarios crecieran al ritmo de la elevadísima inflación (14,2% anual en 1973, 26,3% anual en 1977).

Eso, unido a los controles oficiales sobre una banca protegida, permitió que muchísimos ciudadanos tomaran hipotecas a tipo fijo que eran licuadas con rapidez por una inflación siempre al alza. España empezó a convertirse en un país de propietarios. Cuando alguien cree recordar que con Franco se vivía mejor, recuerda probablemente esa época final.

A partir de 1977 y de los Pactos de la Moncloa, uno de cuyos fundamentos era la contención de los salarios para combatir la inflación, no se ha abandonado la ruta. La llegada del PSOE al poder con una mayoría absolutísima, en 1982, marcó el ajuste más duro desde el plan de estabilización de 1959.

El objetivo de Felipe González era el ingreso de España en las Comunidades Europeas, y eso parecía justificarlo todo: desde el cierre de empresas públicas a la liberalización financiera, desde el desempleo salvaje a unos tipos de interés no menos salvajes.

La “beautiful people” formada en el tardofranquismo que dirigía la economía gubernamental veía en un desempleo alto el mecanismo más eficaz para mantener bajos los salarios. En aquella época se puso de moda un palabro, NAIRU (siglas inglesas de Tasa de Desempleo no Aceleradora de la Inflación). Mariano Rubio, gobernador del Banco de España, calculó en 1992 que la NAIRU mínima estaba en el 12%. Es decir, que con un paro inferior al 12%, los salarios tendían a subir. Por tanto, resulta evidente que el PSOE de González (ay, aquella promesa de los 800.000 puestos de trabajo) nunca tuvo interés en fomentar el empleo.

En 1989, cuando la peseta entró en el Sistema Monetario Europeo, Carlos Solchaga decidió darle a la moneda española un tipo de cambio exageradamente alto. Él mismo explicó después que el objetivo de esa sobrevaloración era reducir la competitividad de las empresas exportadoras y obligarlas a compensar esa dificultad por otra vía: la contención salarial, obviamente.

Entre 1996 y 2004, la era de José María Aznar, las privatizaciones, la euforia inmobiliaria y el euro (“España va bien”) crearon un espejismo de riqueza, mantenido durante el primer mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. El retorno del PSOE a las tareas de gobierno no supuso cambios notables en lo económico: Pedro Solbes prevaleció sobre Miguel Sebastián y mantuvo la ortodoxia. Ya estaba establecido como mantra que la Unión Europea y los mercados financieros no permitían otra cosa.

En 2010, con la Gran Recesión devastando las economías mundiales y dejando a la española al borde de la quiebra, Zapatero tuvo un reflejo socialdemócrata e intentó elevar el gasto público para paliar las consecuencias sociales de la crisis. Solbes lo rechazó y dimitió.

Sobre el brutal ajuste ejercido desde 2012 por Mariano Rajoy no hay mucho que decir: recorte salarial a los funcionarios, congelación de las pensiones y una devaluación interna (como no era posible devaluar el euro, se devaluó a los ciudadanos) que bajó drásticamente los sueldos. A día de hoy, aún no se han recuperado.

El gobierno de Pedro Sánchez ha intentado mejorar la capacidad adquisitiva de los asalariados con el único instrumento a su alcance, el salario mínimo, y dar aire a la economía con el alza de las pensiones. El salario mínimo (17.094 euros brutos anuales) se acerca cada vez más al salario medio (en torno a los 27.000 euros). Los sueldos se mantienen bajos. Y la guerra en Oriente Próximo eleva la inflación, erosionando de nuevo, por enésima vez, la capacidad adquisitiva.  

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido a los grupos políticos del Congreso de los Diputados y ha apuntado directamente al PP para exigir que aprueben las entregas a cuenta que se votan este martes en la Cámara Baja. “Nos deben tanto, por favor paguen”, ha resumido a la par que advertía de que si no se aprueban dichas entregas a cuenta, se ponen “en juego” unos 600 millones de euros al año en la región.

Las entregas a cuenta “ya vienen con mucho retraso”, aseveró el socialista, que pidió a los diputados, y en especial a los 'populares' que no utilicen a las comunidades autónomas como “rehenes de la crisis política nacional”. García-Page ha recordado igualmente que esta ley supone simplemente “que el Estado pague deudas a las autonomías”. “Si no se aprueban las entregas a cuenta, que ya vienen con mucho retraso, estamos hablando de que se ponen en juego 600 millones de euros al año en Castilla-La Mancha”, advertía.

Es por ello que ha pedido hacer “un esfuerzo” para llevar a cabo lo que considera “simplemente el cumplimiento estricto de la ley y el pago de facturas”. “Se trata de una propuesta y una ley técnica: nos deben tanto, por favor paguen, de la misma manera que nosotros lo hacemos con los proveedores, con los empresarios, con los inversores. Nosotros pagamos nuestras facturas, el Estado tiene que pagarlas. No podemos estar sometidos a los vaivenes políticos como nos tienen desde hace ya muchos meses”, ha señalado.

Este viernes prometen sus cargos frente a la Constitución los nuevos nombramientos del Gobierno: José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España y Óscar López al frente del Ministerio de Transformación Digital, que más tarde recibirá el traspaso de carteras de parte del nuevo gobernador de la institución y ya exministro. Además, el Partido Popular reúne a sus líderes autonómicos para tratar de consensuar los principios de su modelo alternativo de financiación y construir un frente sin fisuras contra la financiación singular de Catalunya.

Mientras tanto, hoy arrancamos con una mañana muy económica ante la cuarta revisión del PIB que prepara el INE después del mayor error estadístico de su historia con motivo de la pandemia de COVID:

I.- En el comienzo de su novela 'Historia de dos ciudades', Charles Dickens escribió: “Era el mejor de los tiempos y el peor; la edad de la sabiduría y de la tontería; la época de la fe y la época de la incredulidad; la estación de la Luz y la de las Tinieblas; era la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación: todo se nos ofrecía como nuestro y no teníamos absolutamente nada; íbamos derechos al cielo, todos nos precipitábamos en el infierno”. Leyendo estas memorables palabras dedicadas a la Inglaterra y Francia del siglo XVIII o, con más precisión, al Londres y el París de aquel siglo, me ha venido a la mente, sin poderlo remediar, la situación en que viven no dos ciudades, sino los dos mundos en que se ha tronchado la “realidad española”. 

De un lado, tenemos el mejor de los tiempos recientes cuando nuestra economía crece cinco veces más que la media europea, a pesar de las guerras y otras calamidades; contamos con más empleo que nunca –unos 21 millones, casi la mitad de los cuales ocupados por mujeres– y se nos dice que es el peor, que estamos al borde de la quiebra y los puestos de trabajo son falsos. El país, a pesar de todo, avanza en ciencia, tecnología e innovación, lo que significa mejorar algo en sabiduría, y de otra escuchamos todos los días las mayores tonterías sobre que España se rompe, nos deslizamos hacia una dictadura comunista y que nos gobiernan desde Waterloo. La esperanza en una vida mejor se sostiene cuando las pensiones han crecido un 18% en los últimos tres años y el salario mínimo más del 50% en el último lustro (5 años), pero se nos intenta convencer de que nos deslizamos por la pendiente de la desesperación y de las tinieblas. A pesar de que la inflación, el déficit y la deuda descienden, el consumo aumenta a cifras récord, al igual que los beneficios de las grandes empresas, España no tiene remedio y va de mal en peor.

Bien es cierto que, al igual que en la época de Dickens –creo que estamos bastante mejor–, todo se nos ofrece como nuestro, pues nunca ha existido en el mundo tanta riqueza y, sin embargo, la inmensa mayoría de la Humanidad no tienen absolutamente nada. Incluso hay quien pensaba que podíamos ir todos al cielo y, no obstante, si seguimos los consejos que nos dan los “negacionistas”, belicistas y sus aliados de hecho, nos precipitaremos en el infierno del calentamiento global y de la destrucción de las guerras sin fin.

II.- Uno, dentro de su perplejidad, tiene derecho a preguntarse el porqué de esta disparidad, casi abismal, entre dos mundos que sólo conducen a la crispación, el enfrentamiento y la descalificación; en una palabra, a la dificultad en la convivencia. ¿Cuál de estos mundos, tan dispares, es real y cuál no? Porque por mucho que me esfuerzo no percibo que España se haya roto o que ya no vivamos en un Estado de derecho y, sin embargo, tengo la molesta impresión de que hay, por lo visto, millones de personas que sí se lo creen o que, por lo menos, fingen creérselo. He podido constatar, fehacientemente, por ejemplo, que las pensiones han aumentado bastante estos últimos años, más que antes, y compruebo que, a pesar de su realidad material, muchos siguen diciendo que están peor. Oigo decir a personas con responsabilidades públicas, de cierto relieve, que está penetrando el comunismo, que tenemos un gobierno “bolivariano” y, al mismo tiempo, constato sin margen de duda que los bancos, las eléctricas, Inditex o Mercadona están obteniendo los mayores beneficios de su historia. Sus accionistas y altos ejecutivos deben de estar todos los días haciendo loas al comunismo. Que conste que me parece muy bien que las empresas obtengan beneficios, paguen adecuados impuestos, inviertan y creen empleo. Lo que es criticable es que los salarios sean en España tan escuálidos, y algunas de esas mismas empresas pongan el grito en el cielo porque les pongan un modesto impuesto sobre sus suculentos beneficios. Y, además, que no inviertan lo suficiente con el fin de que nuestro desempleo –que ha descendido– empate de una vez con la media europea.

III.- Ahora bien, me temo lo peor. La realidad real –uno de los mundos– tiene, como las personas, su némesis, el otro mundo, y este se construye con paciencia, con muchos medios y con muy poca vergüenza. Se trata de eso que llaman la realidad virtual que, en una de sus versiones, va envenenando la mente de los humanos y los va haciendo caer en la red de las anónimas “redes sociales”, como hacen las arañas con los insectos. Por eso es curioso que se hable o escriba tan poco de la situación económica o social, cuando en realidad es lo que más afecta a la vida de las personas. Me malicia que estamos ante una táctica muy vieja, de manual. Si las cosas le van bien al país, es decir, a España, en este caso gobernado por la izquierda, la táctica utilizada por las derechas es crispar hasta el paroxismo el debate mediático, convertir el ágora pública en un estercolero de tal modo que al personal sufridor se le invite a refocilarse en el mismo, a aturdirle y dificultarle que pueda reflexionar si su suerte real va mejorando o no. Ejemplos de estercolero: algunos voceros parlamentarios de la oposición llegan a hablar de “gobierno extorsionado y corrupto”, de “cochambre sanchista”, de “cocaína y prostitutas”; gobierno “chavista”, “putinista” o “me gusta la fruta”, por lo visto sinónimo de “hijo de p…”. Todo eso referido al presidente del Gobierno de España. El conocido “calumnia que algo queda” se ha doblado en el “crispa embarrando que queda todavía más”. Desde luego no creo que la respuesta sea entrar al trapo y responder de forma similar, pues en este campo de batalla la contienda la tiene perdida el mundo progresista. La cuestión, por el contrario, es elevar el nivel del debate, cometer los menos errores posibles, cosa no siempre fácil, y, sobre todo, estar con la gente y explicar con claridad de lenguaje y contundencia objetiva lo que se hace. Una prueba de si la contienda la va ganando la realidad real o, por el contrario, su némesis virtual, si triunfa la racionalidad o el lodazal, van a ser las próximas elecciones vascas y catalanas y, muy en especial, las europeas del mes de junio. Según el resultado, quizá la situación mejore o, por el contrario, se acentúe el muladar o pocilga. Así que “racionalistas del mundo uníos”, o acabaremos en el vertedero. 

¡Buenos días!

¿Cómo va la semana? Nosotros en elDiario.es hemos tenido una semana complicada y bastante desagradable. Primero, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, amenazó por escrito a elDiario.es con cerrar este periódico: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Pocos días después, Rodríguez difundió entre varios medios de comunicación el bulo de que “periodistas encapuchados” de elDiario.es intentaron asaltar la casa de Díaz Ayuso y envió los nombres y las fotos de dos periodistas de El País que están investigando la supuesta realización de obras ilegales en el inmueble adquirido por la pareja de Ayuso. El propio Rodríguez ha admitido que propagó la mentira mediante mensajes de WhatsApp. 

Esta es la respuesta que nos está dando el asesor de la presidenta de la Comunidad de Madrid ante las informaciones que estamos publicando sobre los delitos de fraude fiscal y falsedad documental que la Agencia Tributaria atribuye a la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, o la vivienda que disfrutan Ayuso y su novio. A pesar de las amenazas y los bulos para tratar de desprestigiarnos vamos a seguir haciendo nuestro trabajo.

La actuación de Miguel Ángel Rodríguez está completamente fuera de lo que es la confrontación política democrática. Un ejemplo de la rivalidad dentro de unos parámetros éticos es la polémica interna que se ha abierto en el Gobierno sobre las consecuencias de la incapacidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2024.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en una entrevista con elDiario.es, aseguró que “la legislatura no está en riesgo por la ausencia de Presupuestos” mientras que el portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón, advirtió de que “es una irresponsabilidad bajar los brazos en un momento de mucho hartazgo ciudadano con la política”. La razón del choque entre Sumar y el PSOE es que sin nuevas cuentas públicas va a ser más dificultoso aprobar algunos de los acuerdos del Gobierno de coalición que iban en los Presupuestos. Aquí te explicamos este nuevo choque entre PSOE y Sumar.

Pero, además, el nuevo ciclo político con tres elecciones por delante (Euskadi en abril, Cataluña en mayo y Europeas en junio) provoca tensiones y tiranteces dentro de la coalición para buscar una diferenciación que tenga réditos electorales.  

Hay alternativas para sacar adelante varias medidas, pero ya se está planteando un contexto de rigidez política que afectará a la luz verde de algunos de los acuerdos de coalición. Por ejemplo, el Ejecutivo tendrá que aprobar medidas vía Real Decreto-ley y los grupos parlamentarios deberán confabularse con enmiendas para que sean convalidados en el Congreso: desde ajustar el IRPF al nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI), elevar el índice de referencia para las ayudas y prestaciones públicas (el IPREM), o subir el sueldo de los funcionarios, entre otros. En esta información te contamos las vías para dar luz verde a los acuerdos del Gobierno de coalición. 

Ahora bien, mientras en España las próximas elecciones complican la gestión de la política económica, los inversores toleran la fragmentación parlamentaria y el accidentado calendario electoral y destacan el crecimiento de nuestro país frente al resto de la eurozona. Aquí te explicamos cómo la economía española convence al mundo financiero pese a la inestabilidad política.

El Gráfico

España es de los países europeos que menos paga por las horas extra, cuando se pagan. Seguramente no te parecerá extraño, pero no tendría que ser así porque nuestro país también es uno de los países de la UE con la legislación más restrictiva respecto al número de horas extra que se pueden realizar al año. “Retribuirla como una hora ordinaria es una anomalía. En el resto de países europeos se abonan al menos, en el caso francés, un 10% por encima. Hay otros que llegan al doble, al 100%. Y la media está entre el 30 y el 50%”, explica el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, a partir de un informe realizado por el sindicato. De los 29 países analizados, solo diez, incluida España, no compensan las horas extra por encima de las ordinarias. Aquí tienes más información sobre la pésima remuneración de las horas extra en España.

El Dato

41,3% de personas

Que viven en zonas con altas tasas de pobreza severa no han solicitado el Ingreso Mínimo Vital (IMV) porque no lo conocen. Esta es una de las conclusiones de un estudio de la red EAPN-España, financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El número de hogares que reciben el IMV no ha parado de crecer desde que se aprobó la prestación: en España la reciben 376.000 familias, con una cuantía media de 500 euros, mientras que otras 181.000 acceden al Complemento de Ayuda para la Infancia. Estos datos quedan lejos de la meta original de 850.000 y del 1,1 millones de familias que viven en situación de pobreza extrema. En este enlace tienes mucha más información sobre cómo combatir la pobreza y los obstáculos para recibir el Ingreso Mínimo Vital.

 Letras que son un Tesoro

Esta semana os recomendamos el libro Los ricos no pagan IRPF (Capitán Swing), escrito por los técnicos de Hacienda Carlos Cruzado y José María Mollinedo. En su libro explican los agujeros que tiene nuestro sistema fiscal, que acaban beneficiando a quienes más tienen, y cómo los discursos en contra de los impuestos han generado todavía más vías para que los grandes capitales encuentren fórmulas para tributar menos. Aunque la derecha se empeñe en calificar a España como infierno fiscal, la realidad es que nuestro país tiene una diferencia con la zona euro en presión fiscal de casi cuatro puntos, en una parte por la economía sumergida y el fraude, pero también por la planificación fiscal de las grandes fortunas, de los grandes capitales, pues hace que tengan muy pocas rentas a tributar en el IRPF. En esta entrevista con Carlos Cruzado tienes más detalles sobre este libro y el sistema fiscal español.

Bien público

La construcción sigue siendo un terreno de arenas movedizas. Los ayuntamientos que paralizan licencias inmobiliarias por la presión urbanística o solo pretenden hacer una ciudad más humana se pueden encontrar con actuaciones de todo tipo por parte de algunas empresas. Es lo que ha ocurrido en Rivas Vaciamadrid. La promotora Jarama Desarrollos Inmobiliarios trató de conseguir que el Ayuntamiento diese el visto bueno a la construcción de una promoción inmobiliaria con un documento falso del Canal de Isabel II, que la empresa pública madrileña de aguas reconoce que no tiene “validez”. El consistorio ha puesto en conocimiento de la Guardia Civil los hechos ante un presunto delito de falsedad documental. En paralelo, el Canal de Isabel II está preparando una denuncia. La constructora lo niega, pero el documento falso está ahí y el señalamiento de que no es auténtico, también. En esta información de Cristina G. Bolinches te contamos las malas artes de algunas constructoras para conseguir obras al precio que sea. 

Nos gusta la competencia

Ahora te presentamos una serie de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes: 

Aquí terminamos, nos volveremos a encontrar después de las vacaciones de Semana Santa, aunque Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, trate de cerrarnos o lance insidias contra los periodistas de elDiario.es y El País. Gracias a socios como tú, seguiremos publicando información que molesta, seguiremos siendo un periódico. Te recuerdo que si tienes una propuesta o una idea no dudes en escribirnos al correo contraoferta@eldiario.es.

¡Buena semana y que tengas unas fantásticas vacaciones!

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Las propuestas económicas del líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, en el debate de su investidura fueron una amalgama de seguidismo a las políticas del Gobierno de coalición, bulos y catastrofismo en contra de los datos. La última aceptación de una de las decisiones del Ejecutivo más criticadas por la derecha durante años fue la promesa de situar el salario mínimo en el 60% del sueldo medio. Un objetivo que precisamente se ha alcanzado tras un aumento histórico de casi el 50% desde junio de 2018 hasta agosto de 2023, el periodo en el que ha gobernado Pedro Sánchez.

Feijóo afirmó desde la tribuna del Congreso que aprobaría “en el seno del diálogo social, en el primer año de legislatura, un calendario de subida del salario mínimo interprofesional (SMI), con criterios objetivos, para alcanzar el 60% del sueldo medio, tal y como nos hemos comprometido a la Unión Europea”.

La propuesta del líder del PP no estaba incluida en su programa para estas elecciones y, en el pasado, el PP ha rechazado frontalmente los incrementos del salario mínimo aprobados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Especialmente el de 2019, del 22%, con el que advertían de la pérdida de empleo. Pablo Casado llegó a defender la bajada del salario mínimo, aunque después se desdijo.

Ahora, Feijóo asume esta referencia como suelo para los sueldos más bajos, en línea con los sindicatos CCOO y UGT, que están reclamando que esta meta esté fijada por ley, para que no dependa del Gobierno de turno.

Este seguidismo de las políticas progresistas del Gobierno de coalición en el terreno laboral no es una sorpresa. En la última campaña electoral, el líder del PP adelantó que respetaría la reforma laboral. Lo hizo en Bruselas, donde fue pactada con la Comisión Europea. “Entiendo que esa reforma sustancialmente es una buena reforma”, dijo, pese a que en 2021 el grupo parlamentario de su partido votó en contra de esta iniciativa, que se salvó por el error de su diputado Alberto Casero.

Este martes, respecto al tema del salario mínimo, el candidato popular no se conformó con el seguidismo. Añadió un bulo. “Con ustedes el incremento del SMI está por debajo del incremento de los precios y con nosotros el incremento del salario mínimo supera el incremento de los precios”, aseguró. En realidad, el SMI ha subido mucho más que la inflación en los gobiernos de Pedro Sánchez, pese a la crisis de precios. Exactamente, la inflación acumulada es del 16,3%, cerca de 3 veces menos que el incremento del salario mínimo en el mismo periodo.

También es cierto que en el último mandato del PP, de Mariano Rajoy, el SMI subió más que los precios en el conjunto de la legislatura: un 14,7%, respecto al 6% de inflación. Mientras, como se puede ver en el siguiente gráfico, en el anterior Gobierno del PP, con José María Aznar, el salario mínimo perdió poder adquisitivo al subir menos que los precios, algo que también ocurrió con el mandato de Felipe González. No así con los gobiernos socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando el SMI ganó capacidad de compra.  

Además, Feijóo insistió, como ya hizo durante la campaña, en hacer uso del catastrofismo económico en contra de la realidad de los datos y las previsiones. El candidato a presidente del Gobierno persistió en su discurso de investidura en que “estamos a la cola en recuperación del PIB (Producto Interior Bruto) prepandemia”.

Sin embargo, las revisiones al alza del INE (Instituto Nacional de Estadística) del PIB, desde 2020 hasta el segundo trimestre de este 2023, y las últimas expectativas (del Banco de España, de la OCDE y de la Comisión Europea) confirman que España lidera el crecimiento entre los grandes países de la eurozona. Con las nuevas cifras, la actividad económica que mide el PIB supera ya en un 2% el nivel previo a la pandemia. Y se espera que siga incrementándose a un ritmo cercano al 2% en los próximos años.

Mientras (como se observa en el gráfico anterior), Alemania, Francia o Italia se quedan ligeramente por detrás por el frenazo que han sufrido desde finales de 2022. Principalmente, por la inflación más elevada que sufren. Pero también porque nuestro país se ha visto impulsado por el tirón del turismo –el último sector en desperezarse de la hibernación por la pandemia–, por la potencia del resto del sector exterior y por el despliegue más rápido del Plan de Recuperación.

La ración de catastrofismo se extendió a otra alarma clásica de la derecha: la deuda pública. Feijóo alertó de que es “desorbitada”. Y advirtió que es “irresponsable porque nos hace muy vulnerables en el contexto europeo de las reglas fiscales” de la UE. El líder PP no dijo que los datos actuales sitúan el endeudamiento de España (la deuda respecto al PIB) muy por debajo del de Italia y que es también ligeramente inferior al de Francia, al esperarse que caiga del 110% al cierre de este ejercicio. 

Todo el esfuerzo del Gobierno de coalición para dar respuesta a la pandemia y a la crisis de inflación se tradujo en un mayor endeudamiento (cuya sostenibilidad se mide en una primera aproximación como deuda respecto al PIB). Esta ratio se disparó por encima del 120%, pero nuestro país ya la ha conseguido reducir en cerca de 10 puntos.

De hecho, la propuesta principal para las nuevas reglas fiscales de la UE que los socios están debatiendo en estos momentos exige un compromiso de bajada del endeudamiento a medio plazo, que nuestro país cumple. Las reglas fiscales se activarán en 2024 y también trabajan con un objetivo de reducción del déficit por debajo del 3%, que España también cumple.

En la ratio deuda/PIB, el numerador (la deuda) sigue creciendo porque se espera que los Estados sigan teniendo déficit (el gasto público que no cubren los ingresos), pero la relación se reduce por el crecimiento económico, del PIB (el denominador). Además, la deuda/PIB no es la única ratio para observar la sostenibilidad de la deuda. Ni la más importante. Ni siquiera con los costes subiendo y subiendo por los aumentos de los tipos de interés oficiales del Banco Central Europeo (BCE).

El pago de intereses de la deuda anual no se ha disparado. Este año serán alrededor de 31.000 millones de euros, 6.000 millones más que en 2021. Pero en relación con los ingresos del Estado, lo que España pagará en intereses en 2023 se quedará algo por debajo del 6%. Se espera que esta ratio permanezca contenida. En 2013, superó el 9%.

Otro choque con la realidad, tanto de Feijóo como del líder del partido de extrema derecha Vox, Santiago Abascal, estuvo relacionado este martes con la inflación. El popular lamentó que “España es el país europeo en el que más se han empobrecido sus ciudadanos” y señaló que “el Banco de España apunta a una nueva subida de la inflación el año que viene”. En la misma línea incidió Abascal.

Sin embargo, ambos ignoraron que nuestro país es el que más ha moderado las subidas de precios por las medidas de choque del Gobierno de coalición, como el tope al gas, la bajada de los impuestos a la electricidad o de los alimentos básicos o los descuentos a los carburantes y al transporte público. Así, la caída de la inflación, por debajo del 3% desde junio hasta agosto, en términos interanuales, ha permitido que los salarios en España estén recuperando poco a poco poder adquisitivo, según viene destacando la OCDE.

Recientemente, la misma organización internacional destacó que España ha experimentado en el último año la mayor reducción de precios energéticos de todos los países que pertenecen a la institución. Una bajada de un 24,3% en julio frente al mismo mes del año pasado, gracias en buena parte al mecanismo ibérico.

Lo asombroso es que, para contrarrestar la pérdida de poder adquisitivo, Feijóo propuso prorrogar o ampliar la mayoría de las medidas que el Gobierno de coalición mantiene actualmente, como “extender temporalmente la rebaja del IVA de los alimentos a la carne, pescado y conservas y, hasta que no se controlen los precios con intensidad, mantener el resto de medidas vigentes contra la inflación”. Este mensaje se podría intercambiar por el que trasladó el lunes la vicepresidenta primera y ministras de Asuntos Económicos en funciones, Nadia Calviño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Rebajas de impuestos

Por supuesto, Feijóo sumó alguna promesa de rebaja de impuestos, pese a la advertencia previa sobre la deuda. Concretamente, “reducir el IRPF a las rentas bajas y medias (con ingresos de hasta 40.000 euros), para compensar la carga adicional que la inflación ha provocado en este impuesto”. Luego, acusó al Gobierno de 42 subidas de impuestos, como ya hizo en julio en el cara a cara electoral con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

Los datos de modificaciones impositivas recogidas por la Agencia Tributaria no llegan a 20 en la legislatura, incluso teniendo en cuenta modificaciones como la reducción del incentivo del IRPF por aportaciones a planes de pensiones privadas o los impuestos temporales a la banca, las eléctricas y las grandes fortunas. De hecho, el Gobierno de Pedro Sánchez ha ampliado los beneficios fiscales por rendimientos de trabajo de 18.000 euros a 21.000 euros y se ha elevado el mínimo exento de 14.000 a 15.000 euros. Según datos del propio Ejecutivo, esta rebaja supondrá un ahorro de unos 746 euros para aquellas personas que ganan 18.000 euros anuales.

Otro anuncio económico relacionado con reducir los ingresos públicos fue que “los pequeños emprendedores que empiezan no paguen impuestos en los dos primeros años de actividad”.

“Y para incrementar las ayudas de conciliación, en lo que de mí depende, las escuelas infantiles de 0 a 3 años serán gratuitas”, resaltó, en contra de decisiones que ha tomado el Partido Popular en las comunidades autónomas que gobierna. En Extremadura, por ejemplo, su partido eliminó la gratuidad universal de los comedores escolares este mes. Antes, lo había hecho junto a Vox en Castilla y León. Por su parte, el Gobierno andaluz subió los precios de todos los servicios escolares.

“Suelo, suelo, suelo público para construir”

“En la pasada legislatura, no se ha conseguido que sea más sencillo acceder a una vivienda. Al revés, es más difícil y más caro. Y el precio del alquiler no ha dejado de crecer, lo que muestra el fracaso de la decisión de intervenir el mercado topando precios”, introdujo Feijóo en su discurso.

“Si obtengo la confianza de la Cámara, les propongo tomar como base el plan de vivienda comprometido en mi programa electoral. No propone soluciones mágicas ni modelos intervencionistas que no funcionan, sino una apuesta útil, que dé total prioridad a jóvenes y vulnerables; y que necesariamente pasa por un incremento histórico de la oferta aprovechando suelos públicos ociosos, y por dar la seguridad jurídica a los propietarios que se ha perdido”, prosiguió.

El plan pasa por derogar la Ley de Vivienda y por alcanzar un pacto de Estado, con comunidades y ayuntamientos, para construir viviendas a precios más asequibles, movilizar viviendas en régimen de alquiler y profundizar en la rehabilitación del parque existente, pero no entra en detalle de cómo hacerlo. Sobre el suelo, propone movilizar aquel que sea de titularidad pública y que esté enfocado en otros usos para destinarlo a redes públicas de vivienda, tanto patrimonial como de dominio público, “con destino a fórmulas de promoción de vivienda en alquiler asequible”, pero no pone cifras.

El “maquillaje” de los fijos discontinuos

Sobre el mercado laboral, el líder del PP no mencionó la caída del paro por debajo del 12% (un mínimo desde 2007) y sí que el desempleo estructural es muy elevado en comparación con el resto de la eurozona. Y, de nuevo, mencionó el “maquillaje” de los fijos discontinuos en su repuesta a la intervención de Sumar, el partido de la ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, en el debate de investidura.

Desde que la reforma laboral ha reducido el trabajo temporal e incrementado el indefinido, el Partido Popular está insistiendo en desmerecer las cifras de empleo. Entre sus argumentos: que el Gobierno está “maquillando” las estadísticas del paro. Sin embargo, los datos de Trabajo y de la Seguridad Social –esos que supuestamente “maquillan” e invisibilizan a parados– no han cambiado. Los fijos discontinuos que están inactivos no figuran como parados en el SEPE, aunque sí pueden hacerlo en determinados casos en la EPA (Encuesto de Población Activa) del INE, de la misma manera que sucedía durante los mandatos del PP (en esta información se explica esta cuestión).

Ambigüedad con las pensiones

Por último, Feijóo tomó el mismo camino transitado por su programa electoral respecto a las pensiones, apuntando que garantizará “la revalorización de las pensiones en el marco del Pacto de Toledo”. Sin embargo, esta última promesa choca con el voto en contra hace solo unos meses de la reforma del Gobierno de coalición, avalada por la Comisión Europea y que contempla la subida de las pensiones según el IPC. Y se contradice con los años en los que estuvieron en Moncloa, con Mariano Rajoy como presidente, y elevaron las pensiones por debajo del coste de la vida, pese a que los populares hayan intentando esconderlo.

Vox apuesta por su agenda ultraconservadora. El mantra del programa electoral con el que el partido va a afrontar la campaña del 23 de julio se centra de derogar “todas las leyes que el Gobierno de Sánchez ha aprobado o mantenido y alientan el enfrentamiento y la división entre españoles”. Si toca poder o influye en el Gobierno, el partido de Santiago Abascal ya amenaza con llevarse por delante la Ley del aborto, la de la eutanasia, la de Memoria Democrática, la LGTBI o la de cambio climático y transición energética. Además, promoverá “la Ilegalización de los partidos independentistas y de las asociaciones u organizaciones de cualquier tipo que persigan la destrucción de la unidad territorial de la Nación y de su soberanía”, suprimirá las policías autonómicas, y reforzará la presencia militar en el País Vasco y Cataluña.

Su animadversión hacia los partidos independentistas le lleva a comprometerse a reintroducir los delitos de referéndum ilegal, sedición, traición y malversación de caudales públicos que el Gobierno de Sánchez modificó, aumentando las penas en los delitos “contra España, su unidad y soberanía y el patrimonio de todos los españoles”, que considera “graves”.

A nivel económico, Vox incluye un abanico de propuestas de rebajas de impuestos a los más ricos y a las familias numerosas de las que no cuantifica su impacto. Con la normalización de la formación y tras su entrada en las instituciones, Vox ha tenido que ir modificando su posicionamiento en cuestiones que en sus orígenes eran prioritarias, como la supresión de las autonomías. Actualmente, el partido de Abascal gobierna con el Partido Popular en tres de ellas y aspira a hacerlo en otra más. Incidiendo en esta medida, desde la formación de extrema derecha insisten en que promoverán “un Estado unitario administrativamente descentralizado”; por lo tanto, para lograrlo apuestan por la “devolución inmediata al Estado de las competencias en Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia”. En materia de Salud, proponen una tarjeta sanitaria única para toda España e impulsar los conciertos con la privada para reducir las listas de espera.

Acceso a escuchar el latido fetal

Entre las apuestas sociales del partido hay varias con un marcado carácter ultraconservador, siguiendo la brecha abierta por otras formaciones de extrema derecha en Europa y en América. Insisten en la polémica medida del 'latido fetal' que ya intentaron imponer en Castilla y León. “Eliminaremos el falso 'derecho al aborto' y defenderemos el derecho a que toda mujer embarazada pueda acceder a un protocolo de información permanente en que los profesionales de la salud pongan a su disposición todas las ayudas para la manutención, educación y cuidado de los hijos”, apuntan en el programa. Y añaden: “El protocolo incluirá la posibilidad de acceso por la madre gestante a una atención psicosocial específica mediante el acceso a un psicólogo clínico; así como la posibilidad de escuchar el latido fetal y la realización de una ecografía 4D”, recoge la estrategia electoral de la formación de extrema derecha, que se ha hecho público este viernes, y que han titulado 'Un programa para lo que importa'.

En este plan de trabajo de 179 páginas que la extrema derecha propone para los próximos cuatro años, Vox deja claro que defienden “el derecho a la vida desde su concepción hasta la muerte natural”. En esta línea, y siguiendo con su oposición a las normas aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, abogan por la derogación de la Ley del aborto, así como por “la adopción nacional y el acogimiento familiar” como alternativa a la interrupción voluntaria del embarazo.

Otra de las medidas que Vox anuncia derogar son las leyes trans y la de Violencia de Género. En relación a la primera medida, apuestan por sacar de la sanidad pública los tratamientos hormonales y las cirugías de reasignación. En lo que tiene que ver con violencia machista, abogan por acabar con los juzgados especializados que tratan estos asuntos. El partido de Abascal se compromete a “promover una ley que proteja a todas las posibles víctimas en el ámbito doméstico” porque, aseguran, la de violencia de género actual “consagra la desigualdad entre hombres y mujeres y atenta contra los pilares básicos del Estado de derecho”.

Sustituir el Ministerio de Igualdad por uno de Familia

En su cruzada contra las políticas desplegadas por el departamento de Irene Montero, Vox ya avanza que eliminará el Ministerio de Igualdad si llega al poder y lo sustituirá por un Ministerio de Familia. A nivel municipal, y tras el peso que el partido de Abascal ha ido ganando tras las elecciones municipales de mayo, la extrema derecha ya ha conseguido reducir el número de concejalías de Igualdad. En una de cada tres ciudades de más de 40.000 habitantes en las que el PP gobierna en coalición o con apoyo del partido de extrema derecha, el nuevo equipo de Gobierno ha eliminado ese departamento. En ciudades como Valladolid, Toledo y Burgos se acaba de ejecutar esa medida.

El programa económico incluye un abanico de propuestas que benefician especialmente a las rentas más altas y a los grandes patrimonios del país. Vox apuesta por dejar el IRPF en solo dos tramos: uno para rentas hasta 70.000 y otro para los que la superen. Esta medida supone una bajada de impuestos drástica para los salarios más altos y una pérdida de progresividad. De esta forma, tributará lo mismo quien gane 21.000 euros que quien gane 60.000 euros.

Una familia con cuatro hijos, señala como ejemplo el programa, no tributará al IRPF y solo al 9% si gana más de 70.000 euros. Además, abogan por que las rentas del ahorro no tributen. Esto afecta especialmente a los que obtienen rendimientos de sus inversiones. Tampoco tendrían retenciones las pensiones, uno de los asunto en los que no ahonda el programa.

Eliminar subvenciones a partidos políticos

Pese a esta reducción significativa de los ingresos públicos gracias a las rebajas fiscales, el partido cree posible reducir el déficit y la deuda. Como contraposición, simplemente proponen eliminar “organismos ideológicos” y racionalizar la estructura de la Administración. También eliminar las subvenciones a sindicatos y partidos políticos. Sin embargo, éstas suponen el 64% de los ingresos de Vox. “No habrá igualdad real entre españoles mientras una casta privilegiada viva del esfuerzo del español de a pie”, proclaman.

Vox pretende también suprimir el IVA a los artículos de primera necesidad, es decir, “un impuesto cero en la adquisición de artículos de primera necesidad para las familias”, y “para la adquisición de la vivienda familiar habitual”; la formación ultraderechista además apuesta por la “eliminación progresiva de otros impuestos al consumo” y otros “impuestos ideológicos como los llamados tributos verdes”.

Junto a todo, se compromete a una rebaja del Impuesto sobre Sociedades hasta el 15%, “para que los españoles sean libres” a la hora de crear empresas, y a la supresión del impuesto de Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones.

La 'okupación', uno de los ejes de su discurso, continúa muy presente en el argumentario del partido. En el programa incluyen, sin aportar detalles de cómo lo implantarían, propuestas“ contra la turistificación de los los cascos históricos de las ciudades”. “Preservaremos los derechos de los vecinos residentes y pondremos fin a un modelo turístico poco respetuoso”, aseguran. A nivel propositivo, en cuestión de vivienda, abogan por aumentar el parque de viviendas de protección oficial e impulsar la construcción de viviendas sociales públicas, mientras rechazan de plano la ley de vivienda impulsada por el Ejecutivo de Sánchez.

Blindar a los centros que segregan por sexos

La educación sigue siendo uno de sus caballos de batalla. El partido de ultraderecha habla de acabar con el “adoctrinamiento ideológico en colegios y universidades” y asegurar la enseñanza en castellano, como ya ha acordado en algunos de los pactos cerrado con el PP: “Perseguiremos a las autoridades educativas que impidan el derecho de los alumnos a formarse en español o que promuevan medidas de adoctrinamiento de los niños”, se lee en el programa, que subraya que “los hijos no son del Estado ni de organismos supranacionales, son de sus padres”. Para asegurarse de que no se produce este adoctrinamiento, implantarán el llamado 'veto parental' y se sacará de los colegios a “activistas y asociaciones que pretendan adoctrinar”, en alusión a los profesionales que imparten formaciones sobre igualdad y diversidad.

El partido de Abascal también pretende blindar los centros que segregan por sexo (la Lomloe prohíbe financiarlos con fondos públicos, medida respaldada por el Tribunal Constitucional) y asegurar la libertad de elección de centro por parte de las familias. Además, se actualizarán los currículos para garantizar la calidad y la exigencia, que según el partido de Abascal pasa por incluir entre los contenidos a estudiar “la identidad nacional y la aportación de España a la civilización y a la historia universal, con especial atención a las gestas y hazañas de nuestros héroes nacionales, así como a los símbolos de la nación, especialmente la bandera, el himno y la corona. Se promoverá también el conocimiento de las manifestaciones culturales propias de nuestra Nación y de la Hispanidad”, concluye el partido, según informa Daniel Sánchez Caballero.

En otro orden de cosas, los de Abascal proponen exigir a la Unión Europea “un firme compromiso con la legítima aspiración española de recuperar Gibraltar” mientras defienden la liberación de todos los presos políticos en Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba, con una revisión de la política de cooperación internacional para que España no contribuya indirectamente “al sostenimiento de regímenes autoritarios”.

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El resultado electoral de las elecciones municipales y autonómicas no deja lugar a dudas. Viene una ola reaccionaria y la mayoría de los medios nadan en esa misma dirección. elDiario.es se ha convertido en uno de los pocos periódicos de referencia, con capacidad de marcar la agenda y destapar investigaciones exclusivas, que sigue siendo independiente y no está capturado por la derecha.

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Los Presupuestos Generales de la Junta para 2023 ya están en la Asamblea de Extremadura para iniciar su tramitación parlamentaria, por lo que se irán conociendo a detalle las principales medidas y novedades de unas cuentas autonómicas marcadas por el impacto de la inflación y las consecuencias de la guerra en Ucrania.

Los PGEx ascienden a 7.776 millones de euros, un 11% más que los de este ejercicio, y como en estos, 7 de cada 10 euros se destinarán a políticas sociales. La vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha explicado este martes que las cuentas están orientadas hacia la defensa del Estado del Bienestar, el refuerzo de la recuperación, la garantía de la calidad de los servicios públicos, el avance hacia un modelo de desarrollo más sostenible e inclusivo, la promoción de la coherencia y la responsabilidad fiscal y la reducción de la desigualdad. Por esto, a políticas sociales se irán  4.798,1 millones de euros, un 9,2% más que en el actual ejercicio; mientras que las políticas económicas, dirigidas al refuerzo de la recuperación, crecerán más de un 11% hasta alcanzar la cifra de 1.844,6 millones de euros.

Blanco-Morales también ha afirmado que los Presupuestos se han elaborado con unas previsiones “prudentes”, que ya ha avalado la Airef, y que contemplan un crecimiento del 1,85% del PIB y del 0,85% del empleo en 2023, “en consonancia con los síntomas sostenidos de recuperación del actual ejercicio y con la consciencia del contexto económico de incremento de los precios”.

Medidas sociales

En el ámbito social, los PGEx incluyen un incremento del 35% la Renta Extremeña Garantizada, un 42,8% los mínimos vitales y un flamante plan de lucha contra la privación material. Del mismo modo, recogen el avance hacia la universalización de los comedores escolares, las aulas matinales y los libros de texto, así como el aumento de las rutas del transporte, un bono social térmico, un plan de empleo con alcance para casi 30.000 hogares y ayudas para afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo.

- Aumento del 35 % de la Renta Garantizada (33 millones de euros), con una media de 270 euros por familia.

- Incremento del 42,8 % de los Ingresos Mínimos Vitales (5 millones de euros), con 200 euros más por unidad familiar de más de dos miembros y 250 euros por familias de más de tres.

- Plan de Lucha contra la privación de material (2 millones d euros)

- 10,9 millones de euros para el Bono Social

- En el marco de una avance “progresivo y gradual”, se bonifica el 50 % de los comedores y aulas matinales, y se amplia la dotación de la cobertura de libros de texto, y se amplían las cuotas de transporte escolar.

- Bajo el prisma de un nuevo Plan de Empleo, se complementarán las ayudas a los trabajadores en ERTE hasta el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

- Creación del bono de transporte subvencionado autonómico en líneas regulares de trasporte de viajeros dirigido a toda la población. Además, se amplían los colectivos beneficiarios de la tarjeta SATE llegando al 65 % de la población.

Rebaja de tasas y precios públicos

El proyecto de presupuestos incluye la rebaja de tasas y precios públicos avanzada por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y que tendrá un impacto económico de 20 millones de euros. En este sentido, se contempla:

- Bonificación del 75% del canon de saneamiento, que favorece a 430.000 familias.

- Rebaja del 100% en cuatro tasas (dirección y certificación de obras, carné joven europeo, copia de documentos ley memoria histórica y de certificados y compulsa de documentos).

- Reducciones en la ITV del 25% en vehículos ligeros y del 50% en vehículos pesados y agrícolas, con 740.000 vehículos beneficiados.

- Rebajas del 50% en 11 tasas: comedores escolares (13.500 usuarios), aulas matinales (6.000 usuarios), ordenación de los transportes por carretera, tarjeta de transporte subvencionado, licencias de caza (60.000) y de pesca (110.000), pruebas en laboratorio para matanzas, por servicios facultativos veterinarios, por aprovechamiento dominio público vías pecuarias, por la obtención certificado profesionalidad y por la expedición de títulos y diplomas académicos, docentes y profesionales (no universitarios).

Una bajada de tasas que se complementa, ha añadido Blanco-Morales, con otras medidas tributarias que se materializarán en 2023, en virtud de los cambios normativos aprobados en materia de vivienda en las zonas rurales para actuar frente al reto demográfico. Y en la ley de medidas, en fase de tramitación parlamentaria, como es el caso de las medidas para la financiación de la vivienda habitual de jóvenes, con más de 7.000 beneficiarios, y con bonificación del 99% en la transmisión de empresas, negocios profesionales o participaciones en entidades.

Medidas económicas

Para acompañar al tejido productivo, la vicepresidenta ha explicado que se recogen acciones para mejorar la competitividad, la internacionalización, la modernización y la digitalización; para incidir en el ahorro y la eficiencia energética, se promueven ayudas al autoconsumo, a la movilidad eléctrica y a empresas e industrias y en edificios públicos y en gestión de personal. Las cuentas regionales también implementan ayudas a la sequía y ponen en marcha el Observatorio de precios para ayudar a los agricultores.

- Las ayudas para la mejora de competitividad del comercio minorista aumentan hasta el 60 % de la inversión

- Para la modernización de las pymes, las ayudas podrán alcanzar entre el 80 y el 100 % de la inversión

- Bonos digitales, con 240 euros por beneficiario

- Ayudas hasta el 75 % en materia de inversiones en el marco de actuaciones para la externacionalización.

- Ayudas para el ahorro de eficiencia energética.

- Ayudas a la sequía y observatorio de precios agrícolas

Medidas financieras

En el ámbito financiero, se incorporan dos tipos de medidas, de un lado, las enfocadas a aliviar la subida de los tipos de interés, que prevén una deducción del 25% de los intereses de los préstamos para la adquisición de vivienda habitual de los jóvenes menores de 36 años; subsidios de hasta el 2% en los tipos de préstamos actuales y futuros para empresas y un incremento del 7% en las subvenciones para compensar dicho incremento de tipos.

La OCDE calcula que la invasión de Ucrania restará un 1,4% al crecimiento del PIB de la eurozona en este 2022, aunque reduce este impacto “por el shock energético y de inflación” en medio punto porcentual, al 0,9%, si se añade la respuesta fiscal que están preparando los gobiernos de la región, y cuyo marco saldrá del Consejo Europeo que se celebrará los próximos 24 y 25 de marzo. La previsión para este año se quedaría entonces cerca del 3%, desde el 4% que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la que pertenece España, proyectó en diciembre.

Las políticas expansivas, que implican aumento del gasto público, y las rebajas de impuestos “que mitigarán” el golpe de la guerra en la actividad económica, apenas acelerarán la inflación más de lo que se prevé que ya lo haga el propio conflicto. La OCDE considera que el ritmo de crecimiento de los precios se incrementará en alrededor de 2 puntos porcentuales, y que la respuesta fiscal apenas sumará 2 décimas, hasta superar el 5% de media en el presente ejercicio.

Un poco más optimista en su escenario central se mostró la semana pasada el Banco Central Europeo (BCE) en la actualización del cuadro macroeconómico, en el que admitió un frenazo de la recuperación y apunta a un crecimiento del PIB del 3,7% en el conjunto de la eurozona, medio punto menos respecto a la previsión de la institución en diciembre, con una inflación del 5,1%, casi dos puntos por encima de la estimación anterior, y con los costes laborales unitarios (los salarios) apenas avanzando un 1,3%, frente al 0,9% previo. El escenario más severo dejó el avance de la actividad en el 2,3% y dispara el IPC un 7,1%.

“Los costes de financiación [los intereses de la deuda] siguen siendo moderados, a pesar de los considerables déficits y los mayores niveles de endeudamiento, lo que brinda espacio para apoyo fiscal adicional temporal y bien focalizado donde sea necesario, particularmente mientras las tipos de interés se mantengan bajos”, explica el equipo de economistas de la OCDE en el informe sobre el impacto de la guerra en Ucrania en la economía mundial. 

“Las prioridades de gasto inmediato incluyen los costes de apoyar a los refugiados en Europa y amortiguar los efectos inmediatos de las crisis de los precios en los productos básicos y los alimentos para los hogares y las empresas, a través de políticas temporales y bien dirigidas”, inciden los expertos de la OCDE.

“A medio plazo, es probable que una mayor inversión en energía limpia y un mayor gasto en defensa ocupen un lugar destacado en la agenda”, continúan desde la organización, en la que admiten que “el alcance del apoyo fiscal adicional varía considerablemente entre las [distintas] economías, y muchas enfrentan la difícil disyuntiva con respaldar los ingresos y garantizar la sostenibilidad de la deuda y la confianza de los inversores”.

Margen fiscal

Sobre este debate, intenso en España, que soporta un endeudamiento del 120% (deuda pública respecto al PIB) tras el golpe profundo de la pandemia de coronavirus, se pronunció la presidenta de la la Autoridad independiente de responsabilidad fiscal (Airef), dependiente del Ministerio de Hacienda, Cristina Herrero, quien indicó esta semana que “la inflación en los productos y servicios en los que menos varía la demanda [con la luz, el combustible o el pan] subirá la recaudación del IVA en hasta 3.500 millones, dejando margen fiscal para responder al golpe económico de la guerra sin empeorar la ratio deuda/PIB”.

Por otra parte, España sigue disfrutando de unas condiciones de financiación inmejorables gracias la extraordinario actuación del Banco Central Europeo (BCE) y al fondo de recuperación Next Generation EU. Por primera vez, los acreedores acabaron pagando de media por la deuda emitida en 2021. Y en 2022, hasta febrero, el coste de los bonos colocados se queda en el 0,43%, por debajo del coste medio de toda la deuda en circulación, que está en el mínimo histórico del 1,55% y que por lo tanto se seguirá reduciendo.

La carga de intereses –la factura que se paga cada año por la deuda– está cerca de un pago anual del 2% respecto al PIB, frente al 3,5% de la crisis del euro. “Estos niveles permiten un mayor margen de maniobra para el gasto público”, coinciden en la ONG Finance Watch. Por ejemplo, para poder abordar iniciativas como el margen de rebaja de impuestos en la luz y los carburantes para hacer frente a la subida de precios que estudia el Gobierno.

La vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, viene recordando que las “medidas decididas” del Ejecutivo para frenar el alza de precios energéticos, entre las que se incluyen rebajas de impuestos, tendrán “un impacto de entre 10.000 y 12.000 millones de euros”.

Las estimaciones no definen todavía la temida estanflación [subida de los precios sin crecimiento económico], y menos una recesión, pero sí dejan ver que el golpe más duro recae en los trabajadores. Un daño al que el Gobierno de España ha intentado reaccionar promoviendo “un pacto de rentas”, con el objetivo de repartir el impacto de la guerra en Ucrania entre empresas y trabajadores, ante las dificultades para imponer medidas objetivas de control de precios a las primeras para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los segundos.

Este mismo jueves, el panel de previsiones de Funcas ha rebajado 8 décimas, hasta el 4,8%, su estimación de crecimiento de la economía española para este año como consecuencia de la “elevada incertidumbre” respecto a la evolución del conflicto en Ucrania, las nuevas sanciones que pueden adoptarse y la trayectoria que sigan los precios de los productos energéticos.

En este complicado contexto, cuatro de los 19 panelistas aún no han modificado sus previsiones para incorporar el impacto de la guerra. Si solo se tienen en cuenta las respuestas de los que sí han incorporado dicho impacto, la previsión media se situaría en el 4,6%, un punto porcentual menos que en el consenso de enero.

La política monetaria, clave

El equilibrio de la política monetaria que pilota el BCE para contener el pico de inflación sin ahogar el crecimiento económico con una subida de los costes de financiación es clave en estos momentos. “Los pasos hacia la normalización de la política monetaria deben continuar en las economías avanzadas, aunque a un ritmo inferior [respecto al previsto antes de la guerra] y con frecuentes reevaluaciones a medida que evoluciona el conflicto”, observa el equipo de economistas de la OCDE.

También este jueves, la presidenta de la institución, Christine Lagarde, advirtió que el BCE cuenta con la capacidad y disposición para diseñar y desplegar “nuevos instrumentos” con el fin de asegurar la transmisión de la política monetaria a medida que se avanza hacia la normalización, tras las extraordinarios medidas expansivas adoptadas como respuesta a la pandemia de coronavirus.

En su análisis, Lagarde reconoció que la política monetaria se enfrenta actualmente a un nuevo desafío a causa de la guerra en Ucrania y admitió que, “cada vez es más seguro” que la dinámica de la inflación a medio plazo no volverá al patrón anterior a la pandemia. La presidenta del BCE considera que la guerra golpea a la economía en un momento en que la inflación ya es alta, por lo que el riesgo de afectar a las expectativas es mayor, además de asumir que “podría poner en marcha nuevas tendencias inflacionarias que tardarán un tiempo en manifestarse”.

Al mismo tiempo, el conflicto bélico plantea riesgos significativos para el crecimiento, en particular a corto plazo, lo que podría deprimir la inflación a mediano plazo si implica que la economía vuelve a su plena capacidad más lentamente. “Somos conscientes de los riesgos que se avecinan y estamos listos para revisar nuestro plan si los datos entrantes así lo requieren”, apostilló.

La fuerte polémica por los datos del PIB ofrecidos por el INE no desinfla a Nadia Calviño (A Coruña, 1968). La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital insiste en esta entrevista con elDiario.es en que los datos “indican que ya hemos recuperado los niveles de actividad diaria que teníamos antes de la pandemia”. La vicepresidenta apunta a que se ha producido un “desacople de los datos del PIB con respecto a la evolución del empleo y de la recaudación fiscal”, que ha sorprendido a algunos economistas y analistas y, entre otros factores, encuentra la explicación de esta brecha en “las medidas que puso en marcha el Gobierno para reducir el impacto económico y social” y en que las “fluctuaciones económicas que hemos vivido en estos 22 meses no tienen comparación con ninguna otra situación vivida en tiempos de paz”. Ahora, una vez que “la recuperación se ha acelerado en 2021, que es un año que ha ido de menos a más”, asegura, el objetivo de la persona que dirige la política económica del Gobierno de Pedro Sánchez es que “la nueva fase de crecimiento en la que estamos entrando no sea un rebote pasajero”. Con esta premisa, descarta que su departamento tenga que cambiar las previsiones económicas recogidas en los Presupuestos de 2022 [crecimiento del PIB del 7%], aunque subraya que van a “cumplir con los objetivos de reducción del déficit (8,4% en 2021 y 5% en 2022) y de deuda, incluso si se da un escenario macroeconómico que no sea tan positivo”.

Calviño saca pecho del “trabajo intenso” que ha colocado a España en la cabeza de la Unión Europea en la recepción de los fondos Next Generation. Una “oportunidad histórica” para tener “una recuperación sólida a corto plazo y modernizar el modelo productivo para ser más fuertes a medio y largo plazo”. Tras un periodo en el que el Gobierno ha desplegado un escudo social sin precedentes, ahora toca impulsar la inversión privada para que se puedan “aprovechar plenamente las oportunidades de esta fase de recuperación”. En el año en el que el Gobierno tendrá que abordar la reforma fiscal, matiza que los cambios en la estructura impositiva del país no deberían ser un lastre para el crecimiento económico y la creación de empleo, “las prioridades del Gobierno”. Ahora bien, ante las posiciones de los partidos de la oposición de derechas recalca que “las personas cuya única agenda de política económica es la bajada de impuestos lo que quieren es recortar en sanidad, en educación y el estado de bienestar”.

Ha sido nombrada hace menos de una semana presidenta del Comité Monetario y Financiero Internacional del FMI, aunque descarta “hacer planes” de futuro sobre su posible incorporación al organismo multilateral. Calviño rechaza entrar en polémicas sobre su relación con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y resalta que siempre ha estado “muy alineada con el presidente Pedro Sánchez”, con el que ha tenido “una posición muy próxima y de enorme entendimiento”.

Hay una sensación generalizada de que la economía va mal, pero en los nueve meses de 2021 hemos crecido un 3,4% y se puede cerrar el año por encima del 5%, hemos recuperado el empleo a niveles prepandemia y el gasto de los hogares está por encima. ¿A qué cree que se debe?

No comparto esa sensación. Ahí están los 20 millones de personas que tienen empleo, los jóvenes que han recuperado su puesto de trabajo, los trabajadores que han estado protegidos por un ERTE y que han tenido una incorporación muy rápida a sus empresas, las familias a las que hemos apoyado para que no pierdan su nivel de renta, los trabajadores autónomos que se han beneficiado de la prestación extraordinario, las ayudas a empresas... Creo que el conjunto de la ciudadanía española es consciente de que hemos pasado 22 meses muy duros, con una pandemia sin precedentes, pero que hemos tomado las medidas adecuadas para amortiguar el impacto negativo desde el punto de vista económico y social. Creo que son también conscientes de que la recuperación se ha acelerado en 2021, que es un año que ha ido de menos a más, y de que estamos entrando en una nueva fase de crecimiento.

Sin embargo, la OCDE ha hecho una clasificación con 23 países sobre cómo lo han hecho durante los dos años de la pandemia y nos coloca en último lugar teniendo en cuenta el PIB, la inversión, los ingresos por hogar y el precio de las acciones bursátiles.

El impacto de la pandemia ha sido mayor en España que en otros países, debido al peso que en nuestra economía tienen los sectores más afectados. También hemos visto en el curso de estos meses una enorme volatilidad de las estadísticas y de las previsiones de los distintos organismos. La revisión que hizo el Instituto Nacional de Estadística (INE) del crecimiento del PIB del segundo trimestre de este año ha tenido un impacto enorme sobre todas las previsiones que se han producido desde entonces. El último dato que tenemos de INE ha sido una revisión del crecimiento al alza del tercer trimestre, que sin duda va a tener un impacto positivo en las estadísticas y los análisis que se hagan en los próximos meses.

Usted el 21 de septiembre señaló que la recuperación económica llegaría a finales de 2021. ¿Mantiene esa afirmación?

Hemos desarrollado un conjunto de indicadores sintéticos de la actividad que nos permiten tener el pulso de la realidad más allá de las estadísticas que se van conociendo con un retraso importante, como es el PIB. Estos indicadores de actividad diaria reúnen información sobre el uso de tarjetas de crédito, ventas de grandes empresas, ventas minoristas, empleo o consumo de electricidad, entre otros. Todos estos datos nos indican que ya hemos recuperado los niveles de actividad diaria que teníamos antes de la pandemia. Hay otros indicadores que están incluso por encima de los niveles prepandemia como las afiliaciones a la Seguridad Social, la recaudación fiscal o el turismo nacional

Ahora el reto es que no haya un rebote sino una recuperación sólida que nos permita además aprovechar este ciclo económico que ahora se inicia para modernizar la economía española y tener a medio y largo plazo un modelo de crecimiento más sostenible y más justo.

Ha habido cierta polémica por las revisiones del PIB por parte del INE. Muchos economistas señalan que no cuadran los datos de recaudación fiscal y de empleo –que ya están por encima de los de 2019– con los datos de crecimiento del PIB que da el INE. ¿Confía usted en los datos del INE?

Hemos visto un desacople de los datos del PIB con respecto a la evolución del empleo y de la recaudación fiscal, el paralelismo que suele acompañar la evolución de estas variables a lo largo del ciclo económico se rompió. En 2020 esto se explica por las medidas que adoptó el Gobierno, que amortiguaron el impacto de la caída de la actividad económica. En 2021 hemos visto un retraso en el indicador del Producto Interior Bruto con respecto a la rápida recuperación del empleo y al incremento de los ingresos fiscales. La salida de esta crisis está siendo muy diferente de la anterior crisis financiera. Lo normal es que la brecha entre la evolución del PIB y otros indicadores se vaya cerrando. Ya lo estamos viendo en esta última parte del año.

Es cierto que este desacople ha generado enorme sorpresa en el mundo económico y me parece muy positivo que el INE haya puesto en marcha un grupo de trabajo para analizar las metodologías y ver si es necesario mejorarlas o adaptarlas a la situación actual, de manera que puedan capturar mejor los cambios estructurales que se están produciendo.

¿Puede que el problema sea que el INE mide variaciones en el PIB de unas pequeñas décimas cada trimestre y ahora las variaciones son muy grandes?

Está claro que las fluctuaciones económicas que hemos vivido en estos 22 meses no tienen comparación con ninguna otra situación vivida en tiempos de paz.

Según los datos del INE, una de las consecuencias de esta caída del PIB es que ha bajado muchísimo la productividad en España. ¿Cree que es razonable que haya bajado la productividad o cree que es un efecto estadístico?

No he leído ninguna explicación convincente de que este efecto estadístico pueda responder a una causa sustantiva. Lo que sí vemos es que en el tercer trimestre también se ha corregido parcialmente esta evolución anómala.

¿Tendría el Gobierno que cambiar sus previsiones económicas?  Con los datos del INE y con las previsiones del Banco de España las cifras que se esperan en los presupuestos no cuadrarían.

En 2021 ha habido una evolución de los ingresos fiscales mejor que la que habíamos previsto: están un 3% por encima de los niveles prepandemia y 10 puntos porcentuales por encima de la previsión para este año. Las previsiones que hemos integrado dentro de los Presupuestos Generales del Estado para 2022 están marcadas por la prudencia y la responsabilidad fiscal. Con todo esto, lo que está claro es que vamos a cumplir nuestros objetivos de reducción del déficit (8,4% en 2021 y 5% en 2022) y de deuda, incluso si se da un escenario macroeconómico que no sea tan positivo.

¿Cuál va a ser la factura que le va a pasar la variante ómicron a la economía española?

En estos meses ha quedado claro que salud y economía van de la mano, hay que ser extremadamente prudentes en este ámbito. La situación económica y de la pandemia ahora son totalmente diferentes de las que teníamos hace un año. La vacunación marcó un punto de inflexión que explica el cambio de tendencia que vimos a partir de la primavera de 2021. La vacunación tiene que seguir siendo la prioridad, junto con un actuación prudente, para que se minimice el impacto negativo de esta nueva variante desde el punto de vista sanitario, económico y social.

¿Cuál es el plan del Gobierno para frenar las subidas en el recibo de la luz? 

Estos días hemos visto la enorme volatilidad que tienen los precios de la energía y la dependencia que tenemos de los precios del gas. También confirma la importancia de acelerar el despliegue de las energías renovables, porque son más baratas y más limpias. Nuestro objetivo es seguir con el plan de transición ecológica para conseguir que cuanto antes los ciudadanos españoles puedan acceder a esa energía.

El alza de los precios de la energía no tiene causas nacionales, viene derivada de la evolución de los mercados internacionales. El Gobierno ha adoptado medidas con un importante coste fiscal, de unos 4.000 millones de euros, para amortiguar el impacto de la evolución en los mercados energéticos sobre la factura de la luz de los ciudadanos y las empresas. Quiero recordar que este Gobierno fue el primero en poner este tema en la agenda de debate europeo. Confío en que haya una actuación decidida por parte de las autoridades europeas porque se trata de un fenómeno global que requiere respuestas a nivel europeo.

¿Le preocupa la alta inflación de 2021? ¿Van a subir los precios en 2022 tanto como han subido en el último año?

No tenemos que perder la perspectiva de que en estos últimos años hemos tenido precios muy estables. Empezamos 2021 con un alza de los precios del 0%. Es verdad que hemos visto un repunte muy importante, causado sobre todo por el alza de los precios de la energía, pero todos los organismos prevén que sea un fenómeno transitorio que se irá corrigiendo en el curso de 2022.

Usted se ha posicionado en contra de subidas salariales parejas a la inflación con el argumento de que pueden convertir a la inflación en estructural. ¿Cómo se compensa entonces la caída del poder adquisitivo de los ciudadanos?

Nuestro Gobierno está muy comprometido con la mejora de las condiciones laborales y salariales de los ciudadanos españoles. En estos tres años y medio hemos abordado un alza sin precedentes de más del 30% del salario mínimo interprofesional. El compromiso con esa senda también lo demuestra la reforma laboral que se acaba de aprobar. Desde 2018 se ha mantenido la capacidad adquisitiva de los salarios e incluso ha mejorado para los pensionistas y funcionarios, los trabajadores con salarios en convenio y para los colectivos más vulnerables con la subida notable en el caso de las pensiones más bajas o la aprobación del ingreso mínimo vital.

Ahora bien, desde un punto de vista de la estabilidad económica a medio plazo tenemos que evitar una fuerte subida de salarios que produzca una inflación estructural, lo que se conoce como efectos de segunda ronda. De momento, no hay signos de que se estén dando.

¿Cuánto debería subir el salario mínimo interprofesional en 2022 y cuándo debería ser esa subida?

El diálogo social se pondrá en marcha a principios del año. Vamos a ver cuál es la aproximación de los agentes sociales antes de tomar una decisión en el gobierno.

Desde varios ámbitos se apunta al peso de la deuda como un grave problema económico. A finales del tercer trimestre de 2021 la deuda pública de España alcanzó el 122,1% del PIB y un récord histórico de 1,43 billones de euros. ¿Le preocupa la alta deuda de España?

La política fiscal del Gobierno ha estado marcada por la responsabilidad y por dar una respuesta eficaz a la pandemia, poniendo en marcha un escudo social para proteger la renta de las familias, apoyar a las empresas y a los autónomos y mantener el empleo. Esto naturalmente ha exigido una emisión adicional de deuda de unos 150.000 millones de euros. En paralelo hemos mejorado la sostenibilidad a largo plazo de la deuda pública española, que está ya con una vida media de más de ocho años y con tipos de interés negativos. Esto nos permite seguir en esta senda decreciente de los intereses de la deuda viva incluso en un contexto en el que se pueda dar un aumento de los tipos de interés por un cambio de la política monetaria del Banco Central Europeo, aunque de momento no parece probable ya que las propias previsiones del BCE apuntan a una inflación por debajo del objetivo del 2%. En 2021 hemos reducido un 25% la emisión neta de deuda, 25.000 millones de euros menos de lo previsto inicialmente. Nuestra previsión es acabar 2021 ligeramente por debajo del 120% de deuda respecto al PIB.

Usted que conoce perfectamente el funcionamiento interno de la UE, ¿teme un cambio brusco de políticas y que Bruselas empiece a aplicar una austeridad prematura con la recuperación del Pacto de Estabilidad?

Esta pandemia nos ha demostrado que, actuando juntos y de manera coordinada, somos más fuertes. La respuesta europea a esta crisis ha sido muy diferente a la de la crisis anterior, y por eso vemos una salida más rápida. Instrumentos como el mecanismo SURE, por el que el Gobierno apostó desde el principio, y, en particular, Next Generation EU, suponen un gran avance para Europa. De hecho, España ha jugado un papel importante para esta respuesta europea en clave socialdemócrata. El presidente Sánchez y yo misma hemos empleado mucha energía en esta agenda.

Existe un gran consenso sobre la importancia que han tenido estas medidas y de mantener, de manera más específica y según vaya evolucionando la situación, el apoyo a nuestras economías. También sobre la necesidad de conservar activa la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad durante todo 2022 y de avanzar en la revisión de nuestras reglas fiscales. Un debate abierto antes de que estallara la pandemia, que se ha retomado con una voluntad muy constructiva por parte de los países y de la Comisión Europea para encontrar una vía que no socave la recuperación.

España ha sido felicitada por la presidenta de la Comisión por ser el primer país en recibir los fondos europeos Next Generation, pero hay una continua sospecha, alimentada por la oposición, de lentitud y problemas en la ejecución. ¿Cómo va la ejecución de los fondos?¿Están llegando a las empresas?

Desde que los líderes europeos decidieron en julio de 2020 que se iba a crear el fondo de recuperación y los nuevos instrumentos Next Generation, hemos trabajado muy intensamente en el plano europeo y nacional para poner en marcha este programa de inversiones y reformas que nos va a permitir movilizar hasta 140.000 millones de euros. Un plan que nos abre una oportunidad absolutamente extraordinaria para tener una recuperación sólida a corto plazo y modernizar nuestro modelo productivo para ser más fuertes a medio y largo plazo.

En España nos jugamos mucho y por eso hemos trabajado tan intensamente, abriendo camino: hemos sido el primer país en tener el plan aprobado, en recibir la financiación y, sobre todo, es el primer país que ha recibido un pago ya asociado al cumplimiento de los hitos y objetivos, lo que puesto en marcha el flujo de fondos que tiene una elevada concentración en el período 2021-2023.

Durante 2021 hemos lanzado 28 manifestaciones de interés, cientos de convocatorias para programas de ayudas, subvenciones y otras formas de colaboración público-privada. Hemos lanzado las convocatorias de dos de los principales pertes, el del vehículo eléctrico y el del hidrógeno verde y almacenamiento energético. Hemos transferido a las comunidades autónomas más de 11.200 millones de euros para que puedan desarrollar las inversiones en los ámbitos de su competencia. Ya se ha autorizado en torno a un 90% de los fondos, es decir, más de 21.000 millones de euros.

¿Cree que se puede dar un problema de morosidad con los créditos ICO?

Por el momento estamos viendo una morosidad muy baja de los de los avales del ICO. Hemos acertado absolutamente con el diseño de los avales públicos que, junto al programa de ERTE, han sido de los más los más eficaces de la Unión Europea. El hecho de que el sector público no haya asumido el 100% del crédito ha garantizado una participación de las entidades financieras con los incentivos adecuados para mantener la morosidad en niveles bajos. Además, el Gobierno ha adoptado medidas adicionales para contener la morosidad, como la ampliación de los vencimientos de los préstamos a solicitud del deudor o el Código de Buenas Prácticas para la coordinación con las entidades financieras. Hay que recordar además que hemos movilizado créditos por más de 130.000 millones de euros para proteger y reforzarla solvencia de las empresas. Lo seguiremos haciendo pero ahora impulsando la inversión privada para que puedan aprovechar plenamente las oportunidades que nos da esta fase de recuperación.

El 33% de los fondos europeos están dedicados a la digitalización, ¿cómo va a ser la estrategia desde el Ministerio para que esos miles de millones tengan impacto en la economía real?

La transformación digital es una de las palancas clave y un eje transversal en todo el Plan de Recuperación. En el ámbito de la conectividad, hemos lanzado el Programa UNICO-Banda Ancha, que llevará la banda ancha ultrarrápida al 100% de la población para 2025 y el Programa UNICO-5G I+D, para financiar proyectos de investigación sobre tecnología 5G avanzada y 6G. También hemos asignado 360 millones de euros a las CCAA y hemos aprobado el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones. Hemos convocado las ayudas para I+D e integración de la Inteligencia Artificial en la industria. También estamos poniendo en marcha el programa “Kit Digital”, para impulsar la digitalización de pymes y autónomos. Además, hemos lanzado el primer ecosistema de supercomputación cuántica del sur de Europa. 

El apoyo a las empresas emergentes, especialmente en el ámbito tecnológico y de la digitalización, es fundamental y por ello, hemos aprobado el proyecto de Ley de Startups y puesto en marcha el Fondo Next Tech, que prevé movilizar hasta 4.000 millones de euros de inversión público privada y la línea ENISA para financiar proyectos liderados por mujeres, para la que hemos recibido más de 300 solicitudes.

El Gobierno ha conseguido un gran logro con el acuerdo de la reforma laboral consensuada con los agentes sociales, ¿está contenta con el resultado de la reforma?

Es una reforma muy importante que aborda los desequilibrios que venimos arrastrando desde hace décadas y que han lastrado el crecimiento, la productividad y, sobre todo, el bienestar en nuestro país. Cuenta con la legitimidad del acuerdo tripartito con los agentes sociales. El resultado nos va a permitir que esta fase expansiva de la economía sea también rica en creación de empleo estable y de calidad. Vamos a poner fin a los problemas estructurales de nuestro mercado laboral, como el alto paro, el desempleo juvenil, la temporalidad o la precariedad.

¿Entiende que a usted se la haya colocado como defensora de las propuestas empresariales durante la negociación de la reforma laboral?

En nuestra agenda han estado muy claros los parámetros sobre los que íbamos a trabajar con los agentes sociales y cuál era nuestro objetivo, que ya estaban tanto nuestra política económica desde junio de 2018 como en la agenda del cambio que publicamos en febrero de 2019, en el programa electoral, en el acuerdo de Gobierno y en el componente 23 del Plan de recuperación. El objetivo siempre ha sido reducir la temporalidad y la precariedad, reequilibrar la negociación colectiva y aportar a las empresas instrumentos de flexibilidad interna alternativos a la alta volatilidad que ha caracterizado el empleo desde hace décadas. El mercado laboral es el principal instrumento de redistribución y de equilibrio social y creo que esta reforma laboral es un paso adelante importantísimo para tener un crecimiento más sostenible y más justo.

¿Cómo es su relación con la vicepresidenta Yolanda Díaz? ¿Hay tantas tensiones entre ustedes como parece?

Nunca entro en consideraciones personales, estamos todos concentrados en trabajar intensamente para desplegar el plan de recuperación y hay demasiado ruido en el entorno político y mediático. No voy a contribuir a ese tipo de especulaciones.

2022 va a ser, tras la reforma laboral y la primera parte de la reforma de las pensiones, el año en el que debemos abordar la reforma fiscal. ¿Cómo cree que debería ser esa reforma?

Hemos dado un impulso muy importante a toda la agenda reformista gracias al trabajo preparatorio que llevábamos haciendo desde 2018. Hay que poner en valor reformas que muchas veces pasan más desapercibidas, como la educativa. En el primer semestre de 2022 el Parlamento tendrá que terminar el trámite legislativo de la Ley de Formación Profesional, la ley de startups, la ley Crea y Crece y la reforma concursal, y llegarán también la de Ciencia y la de Universidades. Estamos hablando de reformas estructurales de gran calado. En febrero tendremos el informe del grupo de expertos de la reforma fiscal sobre cuya base afrontaremos esa adaptación de nuestro sistema fiscal a la realidad del siglo XXI.

¿La reforma fiscal va a suponer una subida de impuestos? ¿Cómo va a ser?

La prioridad del Gobierno ha sido y tiene que seguir siendo impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo. Ahora bien, tenemos que conseguir aumentar los ingresos públicos de nuestro sistema sin poner en riesgo el crecimiento económico y la creación de empleo. Es una recomendación que nos han venido haciendo los organismos internacionales desde hace tiempo. Debemos conseguir un sistema fiscal más fuerte, más alineado con los países de nuestro entorno. Francia, Italia, Alemania e incluso Portugal tienen sistemas fiscales con una mayor capacidad recaudatoria. También tenemos que adaptar nuestro sistema fiscal a los retos derivados del cambio climático, dentro de un debate que se está produciendo no solo a nivel nacional, sino también europeo e internacional. En definitiva, se trata de adaptar nuestro sistema fiscal a la realidad del siglo XXI y a las prioridades de los ciudadanos españoles, que van en la dirección de reforzar nuestro sector público y no debilitarlo, como parece que argumentan algunas formaciones políticas.

¿Cree que tiene que haber competencia entre las autonomías por ver quién tiene los impuestos más bajos?

La posición que hemos mantenido en Europa y en los organismos internacionales es que hay que poner fin a esa carrera de impuestos a la baja entre las distintas jurisdicciones, que solo nos empobrece a todos. Los ciudadanos tienen cada vez más claro que es necesario reforzar nuestro tejido social y nuestro sector público, invertir en educación y en sanidad porque son el futuro. Tan importante son las infraestructuras físicas o digitales como las infraestructuras sociales. Al igual que creo que hay que acabar con esa carrera a la baja en el ámbito internacional no tiene sentido una competición entre las distintas regiones de nuestro país por ver quién tiene los impuestos más bajos, que nos empobrece a todos. Las personas cuya única política económica es la bajada de impuestos lo que quieren es recortar en sanidad, en educación y el estado de bienestar.

Pablo Casado la ha convertido en el principal objetivo de sus críticas contra el Gobierno en las últimas semanas. ¿Qué pasó realmente en ese encontronazo entre ambos que el líder de la oposición utiliza como argumento para cargar contra usted?

Lamento mucho que el Partido Popular se haya instalado en el no, que esté con una actitud destructiva que no lleva a nada bueno para nuestro país. Deseo que cuanto antes se den cuenta de que lo que hace falta en este momento es que rememos todos en la misma dirección para desplegar un plan de recuperación, un proyecto ilusionante que nos permita mirar al futuro con esperanza y con confianza.

Desde hace medio año usted es vicepresidenta primera del Gobierno. ¿Está asumiendo un papel político superior al que tenía cuando solo era vicepresidenta económica?

Mi papel en el Gobierno no ha cambiado significativamente, desde el primer momento he estado al frente de la coordinación de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y he dirigido la política económica del Gobierno con el triple eje de responsabilidad fiscal, reformas estructurales y justicia social. Esta ha sido nuestra agenda de política económica desde junio de 2018 y ahora se ha acelerado gracias al plan de recuperación. Siempre he estado muy alineada con el presidente Pedro Sánchez, con el que he tenido una posición muy próxima y de enorme entendimiento, independientemente de la función o la posición que yo ocupara en el Gobierno.

Acaba de ser nombrada presidenta del Comité Monetario y Financiero Internacional del FMI, ¿se ve en el futuro como directora gerente del FMI? ¿Le gustaría?

No hago ese tipo de planes, no los he hecho nunca en mi vida y ahora menos. Estoy totalmente entregada a mi labor como ministra y vicepresidenta. Tenemos por delante una oportunidad extraordinaria para España con un proyecto de reformas e inversiones que es para más de una legislatura.

¿Qué libro, película o espectáculo recomendaría?

Me impresiona la extraordinaria capacidad de nuestro sector cultural, especialmente en las difíciles circunstancias de la pandemia. Es sin duda una de las fortalezas de nuestro país y será una de las palancas de la recuperación económica.

Elegir es complicado porque he visto y leído cosas muy interesantes este año. Recomiendo musicales como ‘Golfus de Roma’, ‘Kinky Boots’ y ‘A Chorus Line’, que están a la altura de producciones internacionales de primer nivel. Respecto a películas, me gustó mucho ‘El buen patrón’ y acabo de leer ‘Clara Victoria’ de Isaías Lafuente, una crónica apasionante y amena sobre la lucha por el sufragio femenino.

El pleno de las Juntas Generales de Bizkaia ha aprobado este miércoles que las prestaciones recibidas por los trabajadores autónomos por el cese de su actividad con motivo del estado de alarma por el coronavirus se consideren “rendimientos de la actividad económica” y que, por tanto, no estén exentos de pagar el IRPF.

La Cámara ha debatido sobre iniciativas económicas y fiscales para paliar los efectos negativos de la crisis del coronvirus. Entre ellas, el pleno ha aprobado, con los votos a favor de los grupos del Gobierno foral (PNV-PSE) y en contra de la oposición (EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP), un nuevo decreto de la Diputación en el que se “complementan” algunas medidas tributarias adoptadas anteriormente para paliar los efectos de la crisis sanitaria y se introducen determinados “ajustes”.

Entre las medidas aprobadas, según ha explicado el diputado foral de Hacienda, José María Iruarrizaga, el decreto recoge un apartado en el que figura la exención del IRPF para el Ingreso Mínimo Vital, de tal manera que la ayuda tenga el mismo tratamiento fiscal que la Renta de Garantía de Ingresos. Sin embargo, el decreto considera que las prestaciones recibidas por los autónomos por cese de actividad con motivo del estado de alarma “tendrán la consideración de rendimiento de la actividad económica de la persona que genere el derecho a su percepción”.

Esta última medida ha sido criticada por la portavoz del PP en la Cámara foral, Amaya Fernández, quien lo ha descrito como una “subida indirecta” de impuestos a los autónomos y ha dicho que se trata de un “injustificable tratamiento fiscal” para estos trabajadores. “Si bien las prestaciones percibidas como ingreso mínimo vital pasarían a ser rentas exentas de tributación por IRPF, ¿por qué no van a estar exentas también las prestaciones de los autónomos por cese de actividad cuando se trata, sin lugar a dudas, de su particular ”ingreso mínimo vital“? Es tal la excepcionalidad de esta prestación que, en nuestra opinión, no tiene sentido incluirla como un rendimiento de la actividad económica. De hecho, en la norma foral actual existe un amplia casuística de exenciones que podrían ser homologables al caso que hoy nos ocupa”, ha criticado en su discurso Fernández, para después añadir que “los autónomos no se merecen ayudas falsas, no se merecen discursos vacíos que en la práctica están llenos de obstáculos” ni que un gobierno les diga una cosa y haga la contraria porque esta reforma va más allá de la concreta disposición fiscal“.

Entre las medidas aprobadas este miércoles también se encuentra la de que los trabajadores afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) durante la pandemia o por causa de esta “seguirán considerándose trabajadores de la empresa para la que prestaban sus servicios durante el tiempo que dure el expediente”, lo que “desplegará sus efectos” sobre el IRPF y otros impuestos. Con esta medida se busca que  las rentas recibidas del SEPE por los trabajadores afectados por ERTE no computen como un segundo pagador a efectos fiscales en Bizkaia. Además de estas, en el decreto se incluyen medidas como el fraccionamiento de pago, que antes era trimestral y ahora será mensual para las máquinas tragaperras, o la aprobación para realizar actuaciones fiscales mediante videoconferencia o medios similares.

Cuando en 1981 François Mitterrand y Georges Marchais pactaron en Francia el primer gobierno de socialistas y comunistas en tres décadas y media, en seguida se vio que la economía iba a ser uno de los talones de Aquiles de la coalición. Y así fue: el programa socialdemócrata y keynesiano tradicional de la coalición de izquierdas no logró consolidarse en un contexto internacional de auge del neoliberalismo. Bajo el liderazgo de Ronald Reagan en EEUU y de Margaret Thatcher en Reino Unido, los nuevos postulados neoliberales lograron cambiar el paradigma económico internacional, se convirtieron en hegemónicos y arrinconaron el keynesianismo casi como si fuera una entelequia del pasado. En 1984, el Gobierno francés rectificó, dio un giro a la derecha, más acorde con los nuevos vientos internacionales, y los comunistas abandonaron el Ejecutivo.

Por primera vez desde la caída de la II República, en 1939, se ha formado en España un gobierno de coalición de izquierdas, ahora entre el PSOE y Unidas Podemos, que incluye al Partido Comunista, con un programa económico que, sin abandonar las reglas europeas, incluye significativas gotas neokeynesianas, visibles desde el arranque mismo del mandato, con la subida del salario mínimo a 950 euros, el aumento del sueldo de los empleados públicos, la revalorización de las pensiones (con la voluntad de vincularlas a la inflación) y el objetivo de utilizar la política fiscal para reforzar el Estado de bienestar y luchar contra la desigualdad, así como empujar las palancas de inversión hacia el crecimiento y la emergencia climática.

¿Sucederá lo mismo que en Francia tras el primer gobierno de socialistas y comunistas, en 1981-1984? ¿Puede ser viable un programa ligeramente reformista en un mundo globalizado que funciona con las reglas liberales?

La derecha parlamentaria y la mayoría de medios de comunicación ya han concluido que de ninguna manera. Todos auguran -en ocasiones, de forma muy beligerante- que las nuevas políticas dispararán la deuda, tendrán un efecto negativo sobre el crecimiento, mermarán la competitividad de las empresas y, por tanto, acabarán causando paro y hasta pobreza.

Nadie puede saber todavía si el insólito Gobierno de coalición de izquierdas acabará como el que forjaron Mitterrand y Marchais, pero entre ambas experiencias insólitas hay al menos una gran diferencia: la francesa nacía justo cuando se estaba forjando un nuevo consenso internacional a partir de la ortodoxia neoliberal, lo que dificultaba mucho que pudiera prosperar un programa keynesiano, vinculado al viejo consenso que estaba siendo desplazado. En cambio, la de España arranca precisamente en lo que cada vez más sectores (y más cualificados) del propio sistema capitalista consideran ya el crepúsculo del paradigma neoliberal, cuando ha empezado el tanteo para inaugurar una nueva fase, liberada de algunos de los dogmas que han marcado este largo ciclo de más de cuatro décadas.

Fin del ciclo neoliberal

Un editorial importante del Financial Times, el diario de referencia de los mercados y el más comprometido en la necesidad de definir las nuevas bases para “salvar el capitalismo”, enterró el mes pasado de forma solemne el largo ciclo neoliberal. Con ello daba por finiquitadas las reglas convencionales que han guiado el mundo económico en estas cuatro décadas, especialmente respecto a la política monetaria, y se mostraba partidario de adoptar medidas fiscales contracíclicas y de aprovechar toda la fuerza de la inversión pública para impulsar el crecimiento poniendo el foco en la transición energética.

La obsesión por el control estricto de la deuda y el déficit debería quedar, a su juicio, como una característica del mundo de ayer. “Ya no estamos en el mundo de la década de 1970. Es absurdo actuar como si aún estuviéramos ahí”, remarcaba el editorial, antes de añadir: “Cuando los tipos de interés son tan bajos, tiene sentido que los gobiernos pidan dinero para invertir. En realidad, los prestamistas están suplicándolo”. Y concluía: “Es una locura aferrarse al viejo mundo”.

El principal referente económico del emblemático periódico, Martin Wolf, había complementado el editorialcon un artículo en el que expone lo que considera las cinco prioridades que debe afrontar la nueva era para reformar el “capitalismo amañado” de nuestros días: promover la competición real en muchos mercados que, en la práctica, son oligopólicos; abordar seriamente los abusos del sector financiero; reenfocar el sentido de las empresas para orientarlo hacia el bien común y no solo hacia la maximización de beneficios; reducir las desigualdades, y mejorar la calidad de las democracias.

Paradójicamente, este esbozo de programa para la nueva era del rotativo de referencia de los mercados internacionales conecta muy bien con la agenda reformista del nuevo Gobierno español. Y, desde luego, mucho mejor que con los planes económicos de todas las derechas supuestamente liberales en España, que siguen habitando en las normas y conceptos del viejo orden neoliberal que hasta el Financial Times da por finiquitados.

En esta nueva fase, todavía en construcción, incluso dogmas tan sagrados como el de la deuda pública están pues en revisión, pero buena parte de las críticas de los partidos de la derecha en España siguen tomando como base para sus alarmas las hipotéticas previsiones de aumento de la deuda pública que comportaría el programa económico del nuevo Gobierno.

Esquemas en revisión

La deuda pública sigue efectivamente cerca del 100% del PIB y, por tanto, en una ratio insostenible desde la perspectiva de la ortodoxia. Pero estos esquemas están en revisión también en las principales instituciones internacionales e incluso en el mundo académico. Primero se desmarcaron los partidarios de la teoría monetaria moderna (MMT, en sus siglas en inglés), enarbolada por los economistas de la izquierda del Partido Demócrata en EE UU, que sostienen en síntesis que la deuda pública no es un problema en la medida en que el Estado conserve su capacidad monopolista de proveer moneda. Pero ante la nueva realidad de los bajísimos tipos de interés a largo plazo, cada vez más académicos de renombre vienen subrayando que “la obsesión por la deuda” debería dejar de ser una prioridad, entre ellos Olivier Blanchar, execonomista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI) y Larry Summers, eminencia de Harvard y perpetuo asesor económico del establishment demócrata en EE UU.

Las instituciones internacionales de referencia están siguiendo la misma senda. La propia Unión Europea mantiene los objetivos macroeconómicos de siempre, que forman parte de sus tratados. Sin embargo, ya no los aplica como textos sagrados, sino con flexibilidad para favorecer una visión más amplia que incluya no solo el rigor presupuestario, sino también el crecimiento y la equidad. Incluso ha hecho autocrítica sobre la obsesión pasada por la austeridad y hasta Alemania es más flexible.

La OCDE ya no se especializa tanto en aportar recetas ortodoxas para liberalizar la economía, sino que ha puesto el foco en cómo lograr que los Estados recauden los impuestos que necesitan para mantener los sistemas de bienestar y dejen de ser burlados por la ingeniería fiscal de las multinacionales. Y hasta el FMI ha puesto el foco en la lucha contra la desigualdad, como dejó claro en el reciente Foro de Davos su economista jefa, Gita Gopinach, partidaria incluso de aumentar el gasto social para luchar contra la desigualdad. “En todas las economías, un imperativo clave y cada vez más pertinente en un periodo de creciente descontento consiste en ampliar la inclusividad y garantizar que las redes de protección social estén protegiendo a los más vulnerables y que las estructuras de gobierno refuercen la cohesión social”, expuso Gopinach en la simbólica cita de las élites del capitalismo globalizado.

El mismo Foro de Davos ha dejado clara la necesidad de cambio de paradigma, en línea con la campaña del Financial Times: si el capitalismo quiere sobrevivir tiene que atajar las desigualdades, crecer de forma más inclusiva y afrontar la emergencia climática, proclamó como síntesis de la última edición, con la activista Greta Thunberg como invitada. Son exactamente las mismas prioridades que expresa la agenda reformista del nuevo Gobierno de izquierdas en España, mientras que la oposición sigue enarbolando las banderas habituales en la larga era neoliberal, que la propia élite del capitalismo mundial considera anticuadas: cuadrar las cuentas como prioridad absoluta, competitividad basada en bajos salarios, recorte de derechos sociales...

Campaña mediática

La campaña mediática de la derecha contra el nuevo Gobierno de España daba por hecha la supuesta oposición de los empresarios, pero también estos parecen resituarse en la nueva agenda internacional posneoliberal. Pese a las andanadas apocalípticas de los partidos de derecha y de toda la prensa económica mainstream, la patronal CEOE se sumó en seguida al pacto para incrementar de 900 a 950 euros el salario mínimo en el marco del renovado diálogo social. Y pese a las continuas exhortaciones a la insurrección, su presidente, Antonio Garamendi, se ha expresado con gran rotundidad en El Mundo, uno de los medios más agresivos contra el nuevo Ejecutivo: “Es un gobierno legítimo al que deseamos lo mejor porque será lo mejor para España y para los españoles. La CEOE va a colaborar con independencia, lealtad institucional y sentido de Estado”.

La patronal CEOE se ha sumado a las tesis que desde hace más tiempo abandera su sección catalana, Fomento del Trabajo, que de la mano de su presidente, Josep Sánchez Llibre, habla abiertamente de la necesidad de suscribir un nuevo contrato social que incluya una subida generalizada de los salarios más bajos y una puesta al día de la protección social como la mejor receta para hacer frente a los populismos.

Poco a poco, el debate internacional sobre el propósito de las empresas va llegando también a España, a rebufo de la revolucionaria proclama de la Business Roundtable, que agrupa a las grandes corporaciones de EE UU, que desde el año pasado admite sin ambages que el sentido de una empresa no puede ser solo tener beneficios, sino que debe tener un impacto social positivo para los trabajadores, los proveedores y el conjunto de la sociedad. En España, la Plataforma Pymes, que agrupa a 2,14 millones de pequeñas y medianas empresas, aboga explícitamente en sus documentos por un “capitalismo inclusivo” que sea coherente con el bien común.

Un equipo muy plural

La batuta económica del nuevo Ejecutivo de izquierdas está en manos de Nadia Calviño, reforzada ahora con una vicepresidencia y muy bien conectada con las instituciones europeas. Calviño, miembro del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, forma parte de la corriente social-liberal que siempre ha controlado las carteras económicas en los sucesivos gobiernos del PSOE desde 1982. La vicepresidenta es la garantía de moderación ante los empresarios y la UE y, por ello, paradójicamente, también el mejor escudo para los proyectos más heterodoxos que se ensayen en el Gobierno, que ha sumado a sensibilidades económicas de casi todas las izquierdas, excepto las partidarias del decrecimiento.

También está encuadrado en la tradición social-liberal el economista y ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, mientras que María Jesús Montero, que sigue al frente de Hacienda y asume, además, la portavocía del Gobierno, tiene un perfil netamente socialdemócrata.

Las áreas de Unidas Podemos han reclutado a varios economistas heterdoxos: el vicepresidente Pablo Iglesias cuenta con el respetado poskeynesiano Nacho Álvarez para la secretaría de Estado de Derechos Sociales; la ministra de Trabajo,Yolanda Díaz, ha sumado al economista de CC OO Manuel Lago, mientras que Alberto Garzón, él mismo economista neomarxista, ha incorporado a varios economistas críticos.

Cuando Mitterrand y Marchais pactaron en Francia, el mundo estaba mirando ya para el otro lado. Pero ahora, la agenda reformista del primer gobierno de coalición de izquierdas en España desde 1939 parece conectar con los grandes debates internacionales del mundo liberal... aunque sin la mayoría de los liberales de aquí.

[Este artículo ha sido publicado en el número 77 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Creación de empleo, reformas estructurales, estabilidad presupuestaria para cumplir con Bruselas, reducción del déficit estructural, presupuestos sociales o cambio de modelo económico con el protagonismo de la exportación han sido las banderas de la política del Gobierno de Mariano Rajoy que no ha parado de exponer en el argumentario de “garantía de estabilidad y senda de crecimiento inclusivo que se está traduciendo en políticas sociales”, que el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, repite cada viernes tras el consejo de ministros.

Una retahíla de conceptos y posiciones políticas que pueden empezar a deshilacharse por factores internos y externos. La debilidad parlamentaria para aprobar unos Presupuestos con tintes electorales a un año de los comicios autonómicos y municipales, la movilización de los pensionistas, la dificultad para cumplir con los objetivos de déficit tratando de incrementar gasto y rebajar impuestos y la moderación económica que afecta al empleo y a puede tocar a las exportaciones están complicando un eje fundamental para la política de Rajoy como es el mensaje de la recuperación económica. Cierto es que el Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de elevar la previsión de crecimiento de la economía española en 2018 al 2,8%, una de las más dinámicas de las desarrolladas, pero también alerta de desequilibrios como la elevada deuda pública (roza el 100% del PIB).

En la búsqueda por cerrar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 el Gobierno ha vaciado de contenido una de las reformas que más paseó por los despachos de Bruselas para demostrar la voluntad para cumplir con el calendario de reducción del déficit impuesto por la Comisión Europea. A cambio de tumbar las enmiendas a la totalidad a las cuentas públicas el Ejecutivo pactó con el PNV una subida de las pensiones teniendo en cuenta el IPC que deja en papel mojado su reforma de las pensiones de 2013.

“Ahorros de deuda”

Fuentes de Hacienda han asegurado a eldiario.es que para sufragar la subida de las pensiones según IPC, que se añade a otra subida de hasta el 3% para las jubilaciones mínimas, no se tocarán partidas que vayan a afectar a otros gastos sociales. Como ejemplo de capítulos de los que se podría extraer partidas para financiar el nuevo gasto desde el ministerio han mencionado “ahorros de deuda” y “autopistas”.

En cuanto a la cantidad que supondrá la medida pactada con los nacionalistas vascos, desde el ministerio se ha explicado que los cálculos se encuentran en proceso, pero que probablemente estén por debajo de los 1.500 millones de euros.

El sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) avisó de que la subida de las pensiones dificultarán el objetivo de reducir el déficit público de la Seguridad Social del 1,1% del PIB a no ser que se introduzcan enmiendas que supongan recortes en partidas de gasto que “debilitarán, aún más, el estado del bienestar”. El Gobierno ofreció dos cifras diferentes cuando vetó las iniciativas de la oposición en este sentido: calculó que las subida de las jubilacones por el IPC supondría un incremento del gasto de entre 1.150 millones y 2.200 millones.

Estos recortes pondrían en duda una de las máximas lanzada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de que los PGE de 2018 “son los más sociales de la historia” cuando la oposición ha recalcado que el gasto social crece un 2,8%, algo más de la mitad que el crecimiento nominal previsto para la economía, un 4,30%.

Dificultad para cumplir el objetivo de déficit

Rajoy siempre se ha mostrado muy preocupado porque en Bruselas se vea que su Ejecutivo cumple con las exigencias de déficit impuestos por la Comisión Europea. Pero en Europa ya reinaba la desconfianza porque España cumpliera su objetivo de déficit del 2,2% del PIB en 2018 con el Plan Presupuestario de 2018, que el Gobierno envió a Bruselas en noviembre de 2017.

El recelo de la Comisión era anterior a la inclusión del gasto presupuestario que supone la subida generalizada de las pensiones acordada esta semana, pero también del que suponen la equiparación de los sueldos de guardias civiles y policías, que en 2018 se ha contabilizado en unos 500 millones de euros, y la subida salarial que han pactado Hacienda y los funcionarios, que este año está acordada en un 1,75% junto a una rebaja del IRPF a los trabajadores con ingresos inferiores a los 14.000 euros.

La incapacidad por cumplir con el déficit en 2018 podría estar tras el desinfle de la agenda reformista del Gobierno español para Europa. Una rebaja en las propuestas reformistas, que presentó esta semana el ministro de Economía, Román Escolano, más para agradar a Francia y Alemania que a cumplir con los objetivos que se había propuesto su antecesor, Luis de Guindos. España se olvida del seguro de desempleo europeo y de los eurobonos y opta por centrarse en la creación de un sistema europeo de garantía de depósitos que se desarrollará en varias fases, un fondo anticrisis y más margen para dar créditos al Banco Europeo de Inversiones.

Destrucción de empleo

Tanto Rajoy como Montoro pasando por Escolano esgrimen como fórmula mágica la creación de empleo para solventar el desfase entre ingresos y gastos pero hasta las cifras del desempleo empiezan a dar avisos preocupantes. El paro aumentó en 29.400 personas en el primer trimestre de 2018, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el mayor desde 2013, mientras que la destrucción de empleo ascendió a 124.100 personas, el peor dato desde 2014.

Esta “moderación en la creación de empleo”, como recoge el Banco de España, no solo afecta a España, también al principal objetivo de nuestras exportaciones, eje del nuevo modelo económico español, según Escolano. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, advirtió este jueves de una “moderación” en el ritmo de crecimiento económico de la zona euro en el comienzo del año, donde tiene incidencia, entre otros factores, el proteccionismo económico por el efecto en la confianza que tienen los aranceles.

Este viernes el Gobierno aprobará en el consejo de ministros el Programa de Estabilidad que deberá incluir la senda de objetivos de déficit y deuda para un periodo de cuatro años (acompañada de senda de ingresos y gastos); un cuadro macroeconómico que avale estas previsiones y la descripción medidas para lograrlo (Programa Nacional de Reformas). También incluirá los llamados “escenarios de sensibilidad”, que consisten en describir cómo se comportaría la economía en caso de que la situación se complicase o por el contrario fuera más halagüeña de lo esperado.

Los objetivos de este plan que el Ejecutivo envía a Bruselas como parte de los mecanismos de control que ejerce la Comisión Europea va a ser un examen para tantear la capacidad real de la política económica del Gobierno Rajoy, que apunta debilidades que no se pueden perder de vista.

Es el momento de pensar y diseñar una nueva política económica, porque las noticias para España en 2017 son desalentadoras si se mantienen las lupas del corto plazo. Las factores transitorios que se han aplicado en el bienio 2015/2016 no podrán volver a utilizarse

El semestre europeo es el instrumento de coordinación de las políticas económicas y presupuestarias, que persigue la gobernanza de la UE y sus Estados miembros. Se elabora sobre un conjunto de perspectivas de crecimiento y se recomiendan acciones concretas, vinculadas a la particularidad del ciclo y el país. Según los últimos documento, empezamos a respirar y a mejorar en los resultados macroeconómicos. Es el momento de pensar y diseñar una nueva política económica, porque las noticias para España en 2017 son desalentadoras si se mantienen las lupas del corto plazo. Las factores transitorios que se han aplicado en el bienio 2015/2016 no podrán volver a utilizarse. No podemos fiarlo todo al anticipo del pago del impuesto de sociedades, a las presuntas recaudaciones por la mejora de las medidas antifraude fiscal o a la contención de los costes salariales. Ese programa político está agotado. España necesita un plan de choque que vincule productividad, competitividad e innovación. De otro modo, la convergencia con Europa seguirá un ritmo lento, se incrementará el diferencial de la balanza comercial y se mantendrán los bajos niveles de empleabilidad. Una tormenta perfecta.

En relación con la productividad, hay crédito fluido para el incremento de capital y bienes de equipo en sectores rentables. Sin embargo, la inversión en capital intelectual y tecnologías está por debajo de la zona euro. Con estos mimbres, la estructura productiva no termina de corregirse, las pymes no crecen y no se multiplican las capacidades internas. La mejora de la situación neta inversora es muy lenta. Los jóvenes y los parados de largo duración introducen en el mercado laboral una suerte de desempleo estructural, que se acepta con una tolerancia social terrible. Hay vacantes en determinadas áreas de actividad, pero no hay mano de obra cualificada. Necesitamos un giro copernicano. El reequilibrio sectorial tiene que ser una prioridad para incorporar estos dos grupos demográficos a sectores industriales que aporten más valor añadido que la construcción, que sean exportables y contribuyan a la reducción del déficit exterior. Las políticas públicas que reclama el Semestre Europeo son claras. Tiene que cambiar el perfil del mercado laboral mediante la promoción activa de nuevas actividades económicas con los mercados digitales, la provisión de bienes y servicios de valor añadido real, la digitalización de procesos, el incremento de la competencia en los mercados y servicios profesionales, la reforma de la administración pública y la eliminación de barreras a la movilidad. El yacimiento de empleo de las manufacturas y la construcción está agotado, pero la cuarta revolución industrial ofrece oportunidades de crecimiento, de internacionalización y de especialización inteligente.

En el ámbito de la competitividad, el modelo español de bajo coste y sobreexposición en el sector turístico no reduce la dependencia tecnológica del exterior. Por este camino, la industria española quedará relegada. Hay margen de mejora en el acceso al mercado de capitales no bancarizados, la apuesta por un mercado digital único, el apoyo a la economía colaborativa, la reorientación de las capacidades profesionales, la regulación inteligente de los nuevos modelos de negocio o la promoción de empresas de base tecnológica. Se calcula que el 40% del valor del producto exportado está vinculado al servicio, el diseño, el transporte y la logística, así como el marketing estratégico. Ahí existe la oportunidad de incrementar el diferencial de coste respecto a otras economías menos creativas y acelerar la convergencia.

La innovación es el indicador visible de pérdida de fuerza económica. El país ha caído dos puestos desde 2014 y se sitúa ya el decimonoveno en transferencia de resultados. España, en su conjunto, y las propias comunidades autónomas, salvo País Vasco y Navarra, están en el grupo de “innovadores moderados”, un eufemismo que nos coloca en el grupo 3 sobre 4 calificaciones posibles. El esfuerzo inversor alcanza el 1,2% del PIB, lejos del 2% de media de la UE. La brecha es aún mayor en el ámbito privado que se sitúa en el 0,6% frente al 1,3% europeo. Hay un grupo de empresas que lidera esta actividad, pero la curva de difusión de la innovación es lenta. Tampoco se observa interacción entre ambas esferas, sin una política de incentivos que refuerce la cooperación público privada. Hay que explorar unas políticas públicas que promuevan la contratación pública innovadora, que recompensen el esfuerzo en energías limpias o nuevas industrias, hay que reducir el impacto del lobby en regulación y transformar las escuelas y las universidades para repensar las competencias y habilidades que se necesitan para el siglo XXI. PISA y otros informes nos dan pistas una y otra vez sobre los efectos de las carencias educativas.

En síntesis, las prioridades políticas de corto plazo pueden haber contribuido a la salida de la crisis. En cambio, la divergencia entre empleo y productividad presenta un escenario aterrador a largo plazo. Necesitamos otras ideas y propuestas de largo alcance, que analicen cómo hemos llegado hasta aquí y propongan una alternativa real basada en la economía de la innovación. De otro modo, la convergencia tenderá a cero y la cohesión social se desvanece. Y no podemos permitírnoslo. ¿O sí?

Quan la política monetària ha esgotat gairebé el seu recorregut és necessària la política fiscal

Les recents i insòlites crítiques del ministre de finances de la RFA, Wolfgang Schäuble, al president del BCE, Mario Draghi, han aixecat una apreciable polseguera, de la qual en podríem extreure algunes lliçons d’interès. De manera, que encara que només sigui per aquest fet, tenen un aspecte positiu. Primer de tot, cal recordar que Schäuble feia la política monetària fortament expansiva impulsada pel BCE directament responsable de l’ascens del partit anti-europeu Alternativa per Alemanya. La raó, segons el ministre alemany, és que aquesta política ha conduït a uns tipus d’interès extraordinàriament baixos, que perjudiquen els nombrosos estalviadors alemanys.

La primera qüestió a comentar és que no deixa de ser sorprenent i revelador que sigui precisament el responsable de finances del país que ha fet de la independència dels bancs centrals una qüestió sacrosanta el que es manifesti en aquest sentit.

La segona és que les declaracions de Schäuble han provocat un allau de reaccions favorables a Draghi, a tot arreu i especialment a la mateixa Alemanya. Entre elles, les dels principals instituts editorial de recerca d’aquest país i també, i això és notícia vistes les freqüents discrepàncies que ha manifestat en relació a la política del BCE, la del president del Bundesbank, Jens Weidmann. I val la pena subratllar que aquestes declaracions no solament han demanat respecte a la independència del BCE, com era obligat i previsible, sinó que també han donat suport a la política monetària laxa i expansiva que aquest està adoptant.

Tot això ja és prou important i positiu. Però ja que s’ha encetat amb una certa força i a un cert nivell, la discussió sobre quines són les polítiques més apropiades per sortir definitivament de la crisi a la zona euro, ara caldria demanar que s’intentés anar realment al fons de la qüestió. Que no ens quedéssim només en l’epidermis (això ja s’ha evitat no limitant les crítiques al respecte a la independència), ni tampoc en les zones estrictament subcutànies, que és el que pot passar si tot es limita a avalar la política monetària del BCE.

Perquè la qüestió de fons és que no n’hi ha prou amb la política monetària i cal adoptar també una política fiscal molt més decidida i activa per promoure el creixement i l’ocupació. Aquest és el tema cabdal i aquell en el que la posició de les autoritats alemanyes és més intransigent, tossuda i oposada a qualsevol tipus d’actuació en aquest terreny. I això en contra de l’opinió de la gran majoria d’experts i de les institucions internacionals (el FMI no es cansa de repetir-ho) i del que ens ensenya l’experiència d’altres països, com Estats Units i el Regne Unit, durant la Gran Recessió (per no parlar del que ens diu la història, amb el cas emblemàtic de la Gran Depressió dels anys trenta del segle passat). Només cal recordar que a la darrera reunió del G-20 no es va poder adoptar una resolució recomanant la utilització de polítiques fiscals expansives, precisament per l’oposició de la RFA.

Ben Bernanke apunta exactament en aquesta direcció en una entrevista recent publicada al diari El País (17 d’abril de 2016). Val la pena destacar-ne alguns punts summament interessants. En primer lloc, subratlla els dos errors comesos per la UE (en concret, per la zona euro): haver començat massa tard a aplicar una política monetària decididament expansiva (baixar al màxim els tipus d’interès i adoptar mesures d’expansió quantitativa, QE), i haver persistit en adoptar una política fiscal contractiva, que ha estat totalment contraproduent i no ha fet més que agreujar la recessió. En segon lloc, la importància de la unió fiscal.

Als Estats Units hi ha una moneda única, però també un govern federal que adopta una política fiscal pensant en el conjunt de la unió. A Europa tenim una moneda única i dinou autoritats fiscals, dinou polítiques fiscals i dinou deutes sobirans.

En tercer lloc, aquesta política fiscal expansiva només es pot aplicar, i només és efectiva, si es fa a nivell de la zona euro, i per part d’aquells països que tenen marge fiscal. És a dir, no poden fer-ho aquells, com Espanya, que han de reduir el dèficit públic. I en quart lloc, Bernanke recorda que quan l’any 2010 la FED va començar les polítiques d’expansió monetària quantitativa, els líders republicans (Bernanke era republicà i es va donar de baixa) van adreçar una carta a la Reserva Federal, reclamant que no ho fes, perquè provocaria un augment de la inflació, l’enfonsament del dòlar i bombolles d’actius. Han passat cinc anys i mig i no s’ha produït cap d’aquests pronòstics desastrosos. Com es comenta a la mateixa entrevista, sembla que les autoritats alemanyes són, pel que fa a aquest punt, els ‘republicans’ d’Europa.

A aquestes alçades, està clar que a la zona euro no sortirem del tot de la crisi ni emprendrem de forma vigorosa una senda de creixement i de creació d’ocupació només amb una política monetària expansiva (i, encara, per la fermesa de Draghi, i en contra de l’opinió dominant a Alemanya), una política fiscal inoperant (i fins fa molt poc, contractiva) i reformes estructurals.

Com va assenyalar Draghi a Jackson Hole el 22 d’agost de 2014 (un discurs que suposa un punt d’inflexió pel que fa al reconeixement de la necessitat de dur a terme una política fiscal expansiva), el ‘mix’ de política econòmica a la zona euro s’ha de fonamentar en tres potes: política monetària, política fiscal (les dues expansives, és clar) i reformes estructurals per millorar la competitivitat. Aquestes darreres són necessàries, certament, però no suficients. Són necessàries perquè la Gran Recessió ha provocat una caiguda del PIB potencial en molts països, i perquè la zona euro no és sostenible si es produeixen divergències de competitivitat entre els països perifèrics i els països centrals com les que es van anar acumulant al llarg dels seixanta. I no podem ignorar que, tots aquests problemes tenen lloc en un context de fons caracteritzat per una desacceleració important del creixement de la productivitat i una gran atonia de la inversió productiva (malgrat els tipus d’interès tan baixos) i un envelliment molt gran de la població.

Però, a la vegada, són necessàries polítiques expansives que estimulin la demanda, perquè el PIB real està encara lluny del potencial. És a dir, hi ha una elevada taxa de desocupació i recursos productius subutilitzats. I quan la política monetària ha esgotat gairebé el seu recorregut (amb els tipus d’interès a zero o negatius i polítiques molt agressives d’expansió quantitativa, només queda la creació directa de diner, l’helicòpter de Friedman), és necessària la política fiscal. Com demana Draghi, la zona euro ha de revisar a fons les seves polítiques macroeconòmiques.

Cuando la política monetaria ha agotado casi su recorrido es necesaria la política fiscal

Las recientes e insólitas críticas del ministro de Finanzas de la RFA, Wolfgang Schäuble, al presidente del BCE, Mario Draghi, han levantado una apreciable polvareda, de la que podríamos extraer algunas lecciones de interés. De modo, que aunque sólo sea por este hecho, tienen un aspecto positivo. Ante todo, hay que recordar que Schäuble hacía la política monetaria fuertemente expansiva impulsada por el BCE directamente responsable del ascenso del partido anti-europeo Alternativa por Alemania. La razón, según el ministro alemán, es que esta política ha conducido a unos tipos de interés extraordinariamente bajos, que perjudican a los numerosos ahorradores alemanes.

La primera cuestión a comentar es que no deja de ser sorprendente y revelador que sea precisamente el responsable de finanzas del país que ha hecho de la independencia de los bancos centrales una cuestión sacrosanta el que se manifieste en este sentido.

La segunda es que las declaraciones de Schäuble han provocado un alud de reacciones favorables a Draghi, en todas partes y especialmente a la misma Alemania. Entre ellas, las de los principales institutos editoriales de investigación de este país y también, y esto es noticia vistas las frecuentes discrepancias que ha manifestado en relación a la política del BCE, la del presidente del Bundesbank, Jens Weidmann. Y vale la pena subrayar que estas declaraciones no sólo han pedido respeto a la independencia del BCE, como era obligado y previsible, sino que también han apoyado la política monetaria laxa y expansiva que éste está adoptando.

Todo esto ya es suficientemente importante y positivo. Pero ya que se ha iniciado con una cierta fuerza y a un cierto nivel, la discusión sobre cuáles son las políticas más apropiadas para salir definitivamente de la crisis en la zona euro, ahora habría que pedir que se intentara ir realmente al fondo de la cuestión. Que no nos quedáramos sólo en la epidermis (esto ya se ha evitado no limitando las críticas al respeto a la independencia), ni tampoco en las zonas estrictamente subcutáneas, que es lo que puede pasar si todo se limita a avalar la política monetaria del BCE.

Porque la cuestión de fondo es que no basta con la política monetaria y adoptar también una política fiscal mucho más decidida y activa para promover el crecimiento y el empleo. Este es el tema capital y aquel en el que la posición de las autoridades alemanas es más intransigente, terca y opuesta a cualquier tipo de actuación en este terreno. Y esto en contra de la opinión de la gran mayoría de expertos y de las instituciones internacionales (el FMI no se cansa de repetirlo) y de lo que nos enseña la experiencia de otros países, como Estados Unidos y el Reino Unido, durante la Gran Recesión (por no hablar de lo que nos dice la historia, con el caso emblemático de la Gran Depresión de los años treinta del siglo pasado). Sólo hay que recordar que en la última reunión del G-20 no se pudo adoptar una resolución recomendando la utilización de políticas fiscales expansivas, precisamente por la oposición de la RFA.

Ben Bernanke apunta exactamente en esta dirección en una entrevista reciente publicada en el diario El País (17 de abril de 2016). Vale la pena destacar algunos puntos sumamente interesantes. En primer lugar, subraya los dos errores cometidos por la UE (en concreto, para la zona euro): haber empezado demasiado tarde a aplicar una política monetaria decididamente expansiva (bajar al máximo los tipos de interés y adoptar medidas de expansión cuantitativa, QE), y haber persistido en adoptar una política fiscal contractiva, que ha sido totalmente contraproducente y no ha hecho más que agravar la recesión. En segundo lugar, la importancia de la unión fiscal.

En Estados Unidos hay una moneda única, pero también un gobierno federal que adopta una política fiscal pensando en el conjunto de la unión. En Europa tenemos una moneda única y diecinueve autoridades fiscales, diecinueve políticas fiscales y diecinueve deudas soberanas.

En tercer lugar, esta política fiscal expansiva sólo puede aplicarse, y sólo es efectiva si se hace a nivel de la zona euro, y por parte de aquellos países que tienen margen fiscal. Es decir, no pueden hacerlo aquellos, como España, que deben reducir el déficit público. Y en cuarto lugar, Bernanke recuerda que cuando en 2010 la FED comenzó las políticas de expansión monetaria cuantitativa, los líderes republicanos (Bernanke era republicano y se dio de baja) dirigieron una carta a la Reserva Federal, reclamando que no lo hiciera, porque provocaría un aumento de la inflación, el hundimiento del dólar y burbujas de activos. Han pasado cinco años y medio y no se ha producido ninguno de estos pronósticos desastrosos. Como se comenta en la misma entrevista, parece que las autoridades alemanas son, con respecto a este punto, los 'republicanos' de Europa.

A estas alturas, está claro que en la zona euro no saldremos del todo de la crisis ni emprenderemos de forma vigorosa una senda de crecimiento y de creación de empleo sólo con una política monetaria expansiva (y, aún, por la firmeza de Draghi, y en contra de la opinión dominante en Alemania), una política fiscal inoperante (y hasta hace muy poco, contractiva) y reformas estructurales.

Como señaló Draghi en Jackson Hole el 22 de agosto de 2014 (un discurso que supone un punto de inflexión en cuanto al reconocimiento de la necesidad de llevar a cabo una política fiscal expansiva), el 'mix' de política económica a la zona euro debe fundamentarse en tres patas: política monetaria, política fiscal (las dos expansivas, claro) y reformas estructurales para mejorar la competitividad. Estas últimas son necesarias, ciertamente, pero no suficientes. Son necesarias para que la Gran Recesión ha provocado una caída del PIB potencial en muchos países, y para que la zona euro no es sostenible si se producen divergencias de competitividad entre los países periféricos y los países centrales como las que se fueron acumulando a lo largo de los sesenta . Y no podemos ignorar que, todos estos problemas tienen lugar en un contexto de fondo caracterizado por una desaceleración importante del crecimiento de la productividad y una gran atonía de la inversión productiva (a pesar de los tipos de interés tan bajos) y un envejecimiento muy grande de la población.

Pero, a la vez, son necesarias políticas expansivas que estimulen la demanda, porque el PIB real está aún lejos del potencial. Es decir, existe una elevada tasa de desempleo y recursos productivos subutilitzados. Y cuando la política monetaria ha agotado casi su recorrido (con los tipos de interés a cero o negativos y políticas muy agresivas de expansión cuantitativa, sólo queda la creación directa de dinero, el helicóptero de Friedman), es necesaria la política fiscal. Como pide Draghi, la zona euro debe revisar a fondo sus políticas macroeconómicas.

Había pensado otro título para este artículo: 'El precariado de nuestros hijos y nuestros nietos se cronifica', pero este fenómeno se está generalizando tanto que ya no distingue ni de géneros, ni de edades, ni de territorios.

La banca ha sido, sin duda, la principal causante de las crisis financiera y económica que condujeron a la Gran Recesión. Pero ha sido la actuación de los gobiernos la que ha provocado el empobrecimiento de una parte creciente de la población en los países golpeados por la crisis. En España, el Gobierno de Mariano Rajoy es el responsable del abandono de los desempleados, recortando drásticamente los subsidios, y de la cronificación del precariado en el que malviven el 30% de los ciudadanos.

El economista británico Guy Standing ha acuñado el concepto de precariado para referirse a los nuevos trabajadores con empleos inestables, de calidad inferior a la de su educación, salarios ínfimos, sin derechos sociales, ni pensiones, ni vacaciones pagadas. España es un triste ejemplo de esta realidad. En los últimos años se han generalizado los salarios de 300 o 400 euros por media jornada teórica, pero que en la práctica es completa, en muchos casos. Muchos trabajadores viven angustiados por el temor a incurrir en el más mínimo error profesional y perder el puesto.

El cambio más sustancial que está sufriendo este país desde que estalló la crisis en 2008 es el destrozo de las condiciones de vida y de trabajo de la mayor parte de los trabajadores, especialmente los jóvenes. Solamente en Grecia se ha producido un deterioro de los derechos sociales más intenso.

La recuperación del crecimiento económico, la mejora de las exportaciones y los éxitos cosechados con el turismo no han logrado detener el empobrecimiento de una parte creciente de la sociedad. El deterioro social ha continuado en 2015. Es posible que el desempleo se reduzca algunos puntos más en los próximos años, pero lo que va ser muy difícil es recuperar los derechos perdidos. La fractura social se está ampliando y consolidando. Esta es la auténtica herencia que deja Rajoy, quien, a pesar de ello, quiere seguir gobernando.

Si no hay un cambio radical de políticas que vayan dirigidas expresamente a rescatar al tercio de la población más empobrecida, esta sociedad va hacia la ruptura. Nunca había sido más urgente un nuevo Gobierno con nuevas políticas dirgidas expresamente a los más desfavorecidos.

Contrasta la actitud más inteligente de la patronal vasca, dispuesta a aceptar una derogación parcial de la reforma laboral, frente a la CEOE y los representantes del IBEX, a quienes les parece insuficiente el ajuste. La categoría de trabajador pobre, el que recibe un salario tan bajo que no le saca de la pobreza, no ha cesado de crecer. Entre 2006 y 2014, los trabajadores pobres en España han pasado de representar el 10,1% en 2006 al 12,5% en 2014, tres puntos más que la media de la zona euro, según Eurostat.

Este angustioso panorama que los ciudadanos pueden percibir directamente en sus relaciones familiares y sociales ha sido ratificado por varios estudios que han aparecido a principios de año. Social Justice in the EU, dirigido por Daniel Schraad-Tischler, que cuenta con el soporte de reconocidas fundaciones (Bertelsmann, DGI y SIM Europe), destaca en su última edición de 2015 el empeoramiento progresivo en justicia social desde 2008. En justicia social, España ocupa el lugar 23º de Europa, nueve puestos por debajo del que tenía en 2008. Sólo en Grecia ha habido un deterioro mayor. El estudio señala las difíciles condiciones del mercado laboral, que a pesar de la reciente reducción del desempleo, refleja que el 91% de los trabajadores temporales están en esta situación de manera involuntaria.

Uno de los aspectos más relevantes de este estudio es el ensanchamiento de la fractura generacional que se está produciendo en España. Así, el riesgo de pobreza o exclusión social de los mayores de 65 años ha pasado de representar el 27,8% en 2008 al 12,9% en 2014, mientras que en el mismo período la proporción de niños y jóvenes que malviven con estas limitaciones han aumentado del 28,6% al 35,8%.

El deterioro de las condiciones de vida de niños y jóvenes es tan desmedido, que ya han aparecido voces que presentan a los pensionistas como privilegiados y se les piden más sacrificios para repartir los recursos a favor de colectivos más necesitados. Estas malintencionadas sugerencias están en frontal contradicción con la realidad social de este país. La solución de estos problemas no radica en una redistribución de los recursos entre los pobres, sino entre éstos y los que más tienen.

Oxfam Intermón ha publicado un estudio que refleja precisamente que el aumento de la desigualdad se ha acelerado al concentrarse cada vez más la riqueza en menos manos. Según esta organización, la riqueza de las 20 personas más ricas de España es equivalente a la del 30% de la población más pobre. Y la diferencia siguió aumentando en 2015, en que los 20 españoles más ricos aumentaron su patrimonio en un 15%, mientras que el 99% restante vio reducida su riqueza en otro 15%.

La situación social explosiva en que viven muchos barrios de este país requiere una reforma fiscal urgente que permita financiar una renta básica lo antes posible.

[Este artículo es el editorial de número del febrero de la revista Alternativas Económicas, a la venta en quioscos, librerías y app. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripciónAlternativas Económicas, una suscripción]

En la carta que envió al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en noviembre del año pasado, el primer ministro británico, David Cameron, agrupó sus peticiones en cuatro puntos. Como suele pasar, el cuarto punto, referente a la inmigración, era el más delicado. Nosotros empezaremos precisamente por el último, no solo porque se trata de la cuestión que ha despertado un mayor interés sino también porque es la que refleja una mayor disparidad entre lo que Cameron quería y lo que probablemente obtenga.

Inmigración

Qué quería Cameron: En un inicio, el primer ministro exigió que los ciudadanos comunitarios que emigraran al Reino Unido no pudieran solicitar prestaciones vinculadas al trabajo y tampoco una vivienda social hasta que transcurrieran cuatro años desde su llegada. También quería prohibir que estas personas solicitaran un subsidio por hijos a cargo y más tarde los mandaran a vivir con familiares en otros países de la Unión Europea. Asimismo, quería un mayor control de los matrimonios de conveniencia.

Qué obtuvo: el documento ofrece “un freno de emergencia” para las prestaciones sociales de un máximo de cuatro años si un Estado miembro recibe un gran flujo de trabajadores de otros Estados. El Consejo deberá autorizar esta restricción.

Veredicto: Esto no es exactamente lo que Cameron quería. A cambio, le ofrecen una limitación “gradual” que “debe tomar en consideración la creciente vinculación del trabajador con el mercado laboral del Estado miembro anfitrión”. En otras palabras, el trabajador comunitario que ya tenga acceso a las prestaciones sociales que le procura su empleo no los perderá. Está por resolver el margen de tiempo que se da al Reino Unido para que pueda utilizar el “freno de emergencia”. En relación a la prestación por hijos, la propuesta de Tusk no pone fin a la “práctica de mandar la cantidad percibida a los cuidadores que residen en el extranjero con el menor”, simplemente limita la cantidad máxima de dinero que se puede enviar.

Economía

Qué quería: el primer ministro quería una declaración que reconociera que la Unión Europea tiene más de una moneda. También quería que esta declaración afirmara que los contribuyentes que no tienen el euro como divisa no son económicamente responsables de las operaciones para reforzar el euro, y que cualquier cambio en la zona euro, como la creación de una unión bancaria, debería ser voluntaria para los países que no tienen el euro como divisa.

Qué obtuvo: El documento de Tusk promete la creación de un mecanismo que ofrecería “las garantías necesarias” a los países que están fuera de la zona euro. Sin embargo aclara que estas garantías no “dan el derecho a veto”. También puntualiza que el dinero de los contribuyentes británicos nunca servirá para pagar las medidas de apoyo a la zona euro.

Veredicto: En general, se han atendido las peticiones de Cameron. Sin embargo, no parece haber obtenido una declaración que expresamente reconozca que la Unión Europea tiene más de una moneda, y está por ver qué impacto tendrán las “garantías necesarias” que permitirían al Reino Unido parar los pies a los países de la zona euro si estos impulsan medidas que sitúen a la economía británica en una situación de desventaja.

Competitividad

Qué quería: Cameron había afirmado que la Comisión Europea ya había abordado esta cuestión pero que buscaba “lograr nuevos avances”. Concretamente, quería menos burocracia y un compromiso más sólido que garantizara la libre circulación de capital, bienes y servicios.

Qué obtuvo: El compromiso a largo plazo de mejorar la competitividad e impulsar medidas concretas para reducir los trámites administrativos. “Las instituciones de la Unión Europea competentes y los Estados miembros harán todos los esfuerzos a su alcance para reforzar el mercado interno y para adaptarse a los cambios”, indica el documento de Tusk.

Veredicto: En gran medida es lo que Cameron quería. El documento no menciona expresamente el objetivo de reducir los trámites burocráticos para los negocios, como pedía Cameron, aunque sin duda el compromiso de “reducir los trámites administrativos y el coste de los mismos” y “reducir los trámites del mecanismo de implementación” viene a ser lo mismo.

Soberanía

Qué quería: En este apartado, las peticiones de Cameron eran bastante concretas. Quería poner fin a la obligación “formal, jurídicamente vinculante e irreversible” del Reino Unido de avanzar hacia “una unión más estrecha”, uno de los principios fundacionales de la Unión Europea. También quería que los parlamentos nacionales desempeñaran un papel más importante y que se reforzara el compromiso de la UE con el principio de subsidiariedad; quería terminar con la noción de que algunas cuestiones de la Unión Europea solo pueden abordarse a nivel europeo. Asimismo, pidió una declaración que reconociera que los Estados miembros tienen competencias exclusivas en lo relativo a la seguridad nacional.

Qué obtuvo: La propuesta de Tusk señala que la mención del tratado a “una unión más estrecha” no hace referencia “al objetivo de integración política” y, por este motivo, no permiten extender el alcance de otros tratados de la Unión Europea. Se propone un sistema de “tarjetas rojas” que permitiría que un grupo integrado por parlamentos nacionales que sumaran más del 55% de los votos del Consejo Europeo pudieran vetar leyes en el Parlamento Europeo. El documento incluye un compromiso firme con el principio de subsidiariedad.

Veredicto: Será necesario valorar si el sistema de “tarjetas rojas” supondrá alguna diferencia en la práctica. Sin embargo, el plan de Tusk se acerca bastante a lo que Cameron pedía. Y aunque la mención a “una unión más estrecha” seguirá en los tratados, el documento de Tusk deja claro que el Reino Unido tiene una exención. Concretamente, puntualiza que esta frase no puede ser utilizada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para justificar una extensión del alcance de las leyes de la Unión Europea.

Traducción de Emma Reverter

¿Se atreverá el futuro gobierno a plantarse ante la UE y a exigir una política económica a medida para el país?

El país necesita incrementos salariales que impulsen la demanda interna.

Bruselas ha amanecido despistada ante los resultados electorales en España. Los líderes europeos están aún por reaccionar, a la espera de saber si la futura coalición de gobierno seguirá obediente a sus indicaciones económicas. Y es que da la sensación de que, desde las instituciones europeas, el resultado electoral no se mide en términos de gobernabilidad soberana, sino de gobernabilidad “generadora de la ocasión” para poder aplicar sin impedimentos las políticas de desregulación económica.

El futuro presidente del gobierno tiene ante sí dos difíciles retos. El primero es el reto político de lograr la estabilidad parlamentaria. El segundo es un reto económico: luchar contra la elevada tasa de desempleo. Sin embargo, sus propuestas económicas pueden contar con un escaso margen de maniobra, y más en materia laboral, al estar del todo condicionadas por las instituciones europeas. A modo de anécdota electoral, días atrás, al preguntar unos sindicalistas a políticos en campaña qué iban a hacer si la UE les exigía una nueva reforma laboral, la respuesta que obtenían era un largo silencio.

Independientemente de las coaliciones que se formen para formar gobierno, Bruselas mantendrá su agenda político-económica: su “rumbo de las reformas”, incluidas las laborales, para incidir sobre los diferenciales entre los contratos indefinidos y los temporales. Como todos sabemos, la última reforma laboral ya perseguía atacar la baja elasticidad salarial (la llamada “rigidez”) de los contratos indefinidos durante las fases de recesión. Mediante la desregulación laboral se pretendía aumentar la ratio de temporalidad, teniendo en cuenta que los salarios de los contratos temporales son casi dos veces más sensibles al incremento del desempleo en las fases recesivas (es decir, se precarizan con mayor rapidez). Pero el error del planteamiento neoliberal es obviar las pérdidas macroeconómicas que trae tal barrido de la masa salarial del país. Porque si la recesión fue originada por la desregulación financiera, la desregulación del mercado de trabajo (la ya aplicada y la que se quiere aplicar) va en vías de cronificar la crisis laboral existente y, por consiguiente, pone en duda la solidez de la recuperación económica y la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Cabe recordar el efecto de los salarios sobre el dinamismo de una economía como la española, cuyo modelo de crecimiento se basa en la demanda interna, principalmente en la masa salarial que es, además, la que tiene una mayor propensión al consumo. Si bien en 2008 la masa salarial representaba cerca del 50% del PIB a precios corrientes, la reforma laboral la hizo caer de forma acelerada, hasta representar alrededor del 47% en 2014. El problema yace aquí en que las rentas salariales son la fuente de ingresos no financieros más decisiva en el soporte de las administraciones del estado español y de su sistema de bienestar. En 2009, los ingresos del Estado por cotizaciones sociales representaban el 37,2% de los recursos no financieros. En 2013, tras la reforma laboral, cayeron hasta el 32,5%. En 2015, a pesar del incremento de la afiliación en un 3,16%, los ingresos por cotizaciones solo lo han hecho en un 0,94%. Mientras el déficit de la Seguridad Social aumenta por las cotizaciones precarias que ha dejado la desregulación laboral, la deuda pública no hace más que crecer y roza ya el valor del PIB.

Pero ante esta crisis de ingresos públicos, lo que la UE tiene en mente recetarnos son más reformas estructurales contra lo que llaman “altas cotizaciones” y “rigidez salarial”, una “rigidez” que ha salvado a la demanda interna de desplomarse aún más durante la recesión. Es decir, que a pesar del fracaso de los resultados de la gestión económica neoliberal, desde la UE pretenderán recetar el mismo falso antídoto que no ha hecho sino empeorar las expectativas económicas. La economía española no necesita más desregulación, sino incrementos salariales que impulsen la demanda interna. Ni que sea por la preocupación que por la deuda española tienen las instituciones europeas, estas deberían entender que tras la crisis de deuda española, y por tanto tras la crisis fiscal, subyace una crisis laboral y que es contraproducente imponer los remedios del modelo de crecimiento de la Europa central al problema de la Europa periférica. Necesitamos una UE que anteponga los objetivos de empleo -que no una acelerada armonización europea del mercado laboral- a cualquier otro objetivo. Necesitamos un futuro gobierno que anteponga los objetivos del país a las teorías impuestas por una UE tecnócrata y lejana. Mi duda es si el nuevo gobierno se atreverá a plantarse ante las instituciones europeas y exigirá una política económica y laboral a medida para el país.