El Gobierno logra un acuerdo histórico en la reforma laboral para reducir el trabajo temporal en España

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi; el líder de UGT, Pepe Álvarez; la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; el presidente de Cepyme, Gerardo Cuevas; y el líder de CCOO, Unai Sordo, en una foto de archivo.

Laura Olías


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Este jueves, 23 de diciembre, ha sido la fecha de "un acuerdo histórico", destacaba la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Por primera vez en la historia de España el Gobierno saca adelante una reforma laboral de calado con el acuerdo de las patronales y los sindicatos mayoritarios. Ha habido algún ejemplo previo, pero con cambios mucho menos profundos. Esta pretende abordar uno de los mayores lastres de nuestro mercado laboral: la altísima temporalidad. El Ejecutivo de coalición de Pedro Sánchez quería que la legislación, clave para el futuro y que siguen con atención en Bruselas, contara con un fuerte respaldo social. Hace unos meses se antojaba casi imposible que los empresarios dieran su visto bueno. Este jueves, tras nueve meses de negociaciones, es una realidad. La reforma sale adelante con promesas prioritarias para la coalición, pero también con varias cesiones que han permitido sumar a las patronales.

Yolanda Díaz: "Esta es la primera reforma laboral que recupera y gana derechos para los trabajadores"

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Puede que lo primero que haya que aclarar, aunque ya se ha reconocido por el Gobierno en innumerables ocasiones, es que esta legislación no es como tal "la derogación de la reforma laboral del PP". De toda ella, no. Pese al recurso político de las fuerzas de izquierda a esta proclama, el Ejecutivo de coalición ya había explicado que la reforma que se negociaba ahora y acaba de pactarse "era mucho más que eso", en palabras de Yolanda Díaz.

Del desmontaje de la reforma laboral se abordaban ahora en realidad unas pocas cuestiones, importantes sin duda para la coalición y los sindicatos, pero básicamente han sido cuatro. La reforma es "mucho más", decía Díaz, porque aborda además el enorme reto de acordar medidas que permitan reducir de una vez la alta temporalidad en España y otras alternativas de flexibilidad en las empresas (los futuros ERTE) que eviten los despidos masivos que lastran a la sociedad y la economía españolas en cada crisis, todo ello con el necesario beneplácito de Bruselas.

Con el marco de partida claro, ¿qué reforma laboral ha salido adelante?

Respecto al "desmontaje de la reforma laboral" de Mariano Rajoy, las dos medidas que el acuerdo de coalición consideraba como "más urgentes" quedan recogidas: se pone fin al límite a la ultraactividad de los convenios colectivos (su prórroga una vez caducan hasta que se pacta uno nuevo) y se recupera la primacía del convenio sectorial sobre el de empresa. Esta última medida solo se aplica finalmente a la cuestión salarial, que es la que más preocupaba al Gobierno y los sindicatos, que han cedido en el último momento respecto a las jornadas.

Estas dos cuestiones eran prioritarias, sobre todo para los sindicatos, para "reequilibrar la negociación colectiva" que desmanteló el PP en favor de los empresarios. Cuando algunas empresas querían acabar con las condiciones de un convenio no tenían más que no negociar pasada su vigencia y este decaía al año. Por otro lado, se podía acordar salarios más bajos de los acordados para los sectores, lo que había dado alas a la precariedad y sobre todo a la devaluación de salarios en cierto tipo de compañías, como las multiservicios. Para evitar esta situación, la prevalencia y la ultraactividad se ponían por delante de otras materias en la negociación con los empresarios.

Es el caso de la modificación sustancial de las condiciones laborales que puede acordar la empresa (artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores) y que al final no se toca. Esta medida está incluida en el acuerdo de coalición y estuvo presente en los borradores, para restringirla y sobre todo para acabar con las llamadas comisiones 'ad hoc'. Pero las patronales insistieron en preservar esta medida de flexibilidad y así ha sido al final.

La subcontratación, por su parte, ha sido el gran escollo de última hora. Fuentes del diálogo social aseguran que aún hay conversaciones sobre el redactado final de la medida, que se ha rebajado algo al final de la negociación. El Gobierno planteaba no restringir las actividades que se pueden subcontratar (como figura en el pacto de coalición), sino delimitar que el mínimo de condiciones laborales del sector fuera el que marcara el convenio sectorial de la actividad subcontratada. Es decir, que si se externaliza el servicio de limpieza de una empresa, las condiciones mínimas de estas trabajadoras fueran las marcadas en el convenio sectorial. De nuevo, la medida buscaba evitar la devaluación de condiciones laborales de empresas 'pirata' que compiten precarizando al personal.

Finalmente, el texto no ha quedado así del todo. Se fija que la referencia para los trabajadores subcontratados sea el convenio sectorial de la actividad en cuestión, pero si la empresa de la que dependen tiene un convenio propio, es este el que se aplicaría. Eso sí, dado que se ha pactado la prevalencia del convenio sectorial respecto a salarios, en la práctica estos seguirían marcados por el sector. La empresa no podría jugar a la baja con las remuneraciones, aunque no ocurre lo mismo con otras condiciones laborales (jornadas, horarios, compensación u abono de horas extra, etc.).

La gran apuesta, reducir el trabajo temporal

Pero el foco de discusión y de debate durante meses en la mesa de negociación fue otro: la temporalidad. Todos los actores coincidían en que era la cuestión más compleja, tanto técnicamente como de implantar y asimilar por un tejido productivo con una asentada cultura del trabajo temporal. Que normaliza los contratos temporales irregulares, esos que no tienen causa real pero que parecen la vía de entrada al mercado laboral. España es una máquina que crea y destruye a diario cien mil empleos. Cambiar eso y que los empresarios estuvieran en el barco para cambiar prácticas tan utilizadas llevaba las manos a la cabeza a más de uno durante las negociaciones.

Los cambios que salen adelante son de mucho calado. Aquí se desgranan las cuatro líneas de acción que ha tomado el Ejecutivo. A la espera de ver si logran reducir la temporalidad con contundencia, como espera el Ejecutivo y como pide Bruselas, es de señalar que se acabe con el contrato temporal más utilizado (por obra y servicio), que ha sido la puerta de entrada en España para muchísima temporalidad fraudulenta. Además, con un margen de acción muy amplio, porque podían extenderse hasta cuatro años. Ahora se establecen límites muy inferiores al tiempo en que una persona puede estar con contratos temporales: seis meses, un año y 90 días, según la causa del contrato temporal. Y también al tiempo en que una persona –e importante, un puesto– puede tener este tipo de contratos.

El Gobierno ha endurecido además las sanciones para las empresas incumplidoras por parte de la Inspección de Trabajo. Hay un cambio no menor: se individualizan las sanciones. En lugar de multar una irregularidad, por ejemplo, al Bar Juan por tener a cinco trabajadores con contratos temporales irregulares, con este marco legal Juan debería pagar cinco multas. Las sanciones además se encarecen, y pasan de los 750 y 7.500 euros (grado mínimo al grado máximo) a sanciones de entre 1.000 y 10.000 euros. Y, recordamos, por cada empleado.

En esta negociación también se ha cedido en cuestiones. Como posibilitar que cubrir las vacaciones sea causa de contratación temporal, el mantenimiento de cierta excepcionalidad en la contratación indefinida para la construcción y que se cayera del texto, por ejemplo, la consecuencia de nulidad de cualquier extinción de un contrato temporal fraudulento fuera cual fuera la causa. Es decir, que un empleado al acabarse su contrato temporal irregular podría recurrir ante los tribunales y estos deberían acordar la readmisión en su puesto como empleado fijo.

En esa intención de cambiar una "cultura", la manera de entender el mercado de trabajo, el Gobierno ha tratado de sumar a todos los agentes sociales en el impulso de los contratos fijos-discontinuos. Contratos indefinidos pero que se interrumpen durante determinadas épocas del año porque están pensados para actividades estacionales, como en el turismo, o con intermitencias claras. El Ministerio de Trabajo pone sus esperanzas en que se replique más esta modalidad contractual que da estabilidad, por la que la empresa recurre a la misma persona cuando hay actividad, en lugar de firmar varios contratos temporales por los que cada vez se contrata a un trabajador diferente.

Un futuro con crisis, pero menos paro

La reforma aborda otro elemento fundamental para el futuro que también pretende acabar con una práctica muy frecuente en el mercado laboral español. Se trata de una gran destrucción de empleo, que hace subir el paro como la espuma, ante situaciones de crisis. Esto se explica por la gran cantidad de trabajadores temporales, que caen del mercado laboral los primeros ante situaciones de inestabilidad, que ya se aborda en la reforma. Pero el Gobierno y los agentes sociales han querido además incorporar una enseñanza de la pandemia: los ERTE pueden ser un buen colchón que evite el paro.

Así, las tres partes han reformulado los ERTE que ya estaban en el Estatuto de los Trabajadores y han configurado el nuevo Mecanismo Red, los ERTE del futuro para crisis cíclicas de la economía y para crisis específicas de sector. Con posibilidad de ayudas a las empresas, prestaciones para los trabajadores y un camino incentivado a la formación para recualificar al personal.

Es importante atender a la letra pequeña de toda la legislación que salga publicada en el BOE, pero es innegable que el Gobierno ha logrado apuntarse un tanto que pocos esperaban. Hace meses parecía ciencia ficción que los empresarios apoyaran una reforma legal que revoca algunos emblemas de la legislación laboral del PP tachados de "enemigo número uno" por la izquierda y los trabajadores, que les resta poder en la mesa de la negociación colectiva. Los sindicatos, que reconocen que no ha salido adelante todo lo que les hubiera gustado, destacan que esta es la primera reforma laboral que recupera derechos laborales para los trabajadores, en lugar de recortarlos. También subrayaba esta idea la vicepresidenta Yolanda Díaz, minutos después de alcanzarse el pacto social.

La propuesta del Gobierno ha cambiado para sumar a los empresarios, cierto, pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez insistió en que su objetivo final era una reforma pactada. Aun así, con los cambios y las medidas que han salido adelante sobre la mano, pocos podían anticipar el pacto a tres bandas que ha logrado la coalición de Gobierno en una reforma laboral tan amplia y que aborda cuestiones tan espinosas. No se había conseguido nunca.

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