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El riesgo de estanflación aumenta con una grave amenaza sobre el poder adquisitivo de los trabajadores

El ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, junto a la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

Daniel Yebra


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El precio de la electricidad subió un 80% en febrero respecto al mismo mes del año pasado. Supuso casi la mitad de toda la inflación, un 7,6%, máximo de 36 años, cuya lectura definitiva se publicó este viernes, dos décimas por encima de la cifra adelantada. El shock energético por la guerra de Ucrania es histórico, con la escalada del gas y el petróleo en los mercados internacionales como principal consecuencia, pero también de la mayoría de metales, de los fertilizantes o de cereales como el trigo y la cebada. En definitiva, un golpe brutal a la economía, que en el caso de España aún no se había recuperado de la pandemia de coronavirus. El riesgo de estanflación –subida generalizada de los precios sin crecimiento– aumenta con una grave amenaza sobre el poder adquisitivo de los trabajadores. 

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La actualización esta misma semana del cuadro macroeconómico del Banco Central Europeo (BCE) admite un frenazo de la recuperación y apunta a un crecimiento del PIB del 3,7% en el conjunto de la eurozona, medio punto menos respecto a la previsión de la institución en diciembre, con una inflación del 5,1%, casi dos puntos por encima de la estimación anterior, y con los costes laborales unitarios (los salarios) apenas avanzando un 1,3%, frente al 0,9% previo. El escenario más severo deja el avance de la actividad en el 2,3% y dispara el IPC un 7,1%.

Las cifras no definen todavía la estanflación, pero sí dejan ver que el golpe más duro recae en los trabajadores. Un daño al que el Gobierno de España ha intentado reaccionar promoviendo “un pacto de rentas”, con el objetivo de repartir el impacto de la guerra en Ucrania entre empresas y trabajadores, ante las dificultades para imponer medidas objetivas de control de precios a las primeras para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los segundos.

Mientras, patronal y sindicatos afrontan una nueva negociación sobre los salarios, en el marco del AENC (Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva). “Hay que proteger la capacidad adquisitiva de los trabajadores, con una adecuación salarial a la situación inflacionista”, explica el sindicato UGT, que también ha pedido un aumento de los salarios de convenio, unido a la introducción de cláusulas de revisión salarial. Por su parte, la CEOE considera que “resulta especialmente relevante evitar un escenario en el que los aumentos de los precios y salarios se retroalimenten entre sí, para no producir efectos de segunda ronda que nos lleven a una espiral inflacionista”.



La primera línea de actuación del Gobierno respecto al pacto de rentas es “topar el alza de los precios de la energía cuanto antes”, según reconoció este viernes la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, porque “se transmiten más rápido que en otros países a las facturas de la luz de las familias y las empresas”. España es “uno de los países donde tiene un impacto el alza de los precios del gas, es decir, el chantaje energético de Putin sobre el IPC”, advirtió, en referencia al sistema bajo el que se paga el MWh más caro, en este caso del generado con un gas disparado.

Sobre el margen real para contener los precios de este recurso, Calviño destacó que se han puesto en marcha medidas “muy potentes como la bajada del IVA, la bajada de los impuestos especiales de la energía o la extensión del bono social”, con un impacto estimado de “10.000 a 12.000 millones de euros desde el punto de vista del impacto fiscal”. Además de estas medidas, aseguró que el Gobierno va a tomar otras para tratar de rebajar la factura de la luz “topando los precios de mayoristas y otras medidas para agilizar y facilitar los contratos a largo plazo”, así como otro tipo de mecanismos para “proteger a las empresas el máximo posible”, actuando a nivel nacional y europeo. Sin embargo, el “cuanto antes” de Calviño podría referirse al Consejo Europeo de los próximos 24 y 25 de marzo.

Incertidumbre mayúscula

Los economistas insisten en que la incertidumbre actual es mayúscula y que cualquier estimación sobre el golpe de la guerra en Ucrania es prematura. “Nos obliga a apoyarnos en la generación de escenarios hipotéticos” para “capturar los impactos que pueden llegar a producirse según la incertidumbre se materialice por un cauce u otro”, reconoce Oriol Carreras, analista de Caixabank Research.

En la última cita del ciclo de conferencias Cátedra, que organiza la Fundación La Caixa, Enric Fernández, economista jefe del banco, ofreció algunas claves para calcular el impacto sobre el crecimiento esperado del PIB en 2022 en España. Cada 10 dólares de subida del barril Brent restan entre un 0,2% y un 0,3% a la recuperación. Los futuros que cotizan sobre el crudo de referencia en Europa han subido ya de algo menos de 80 a los 110 dólares en lo que va de año –llegaron a rozar los 130 hace solo unos días–. El mismo rango se podría utilizar para cada 30 euros por MWh en el precio del gas, que ha subido desde cerca los 65 a más de 130 euros –alcanzaron hasta 140 euros recientemente–, según el experto. 



“El impacto sobre el crecimiento es algo menor al que se desprende del impacto directo en las importaciones por dos motivos. En primer lugar, el menor gasto que se realizaría como consecuencia del aumento del precio de la energía conllevaría una caída, a su vez, de las importaciones de bienes no energéticos y de servicios. En segundo lugar, es probable que los hogares amortiguaran, hasta cierto punto, su merma de capacidad adquisitiva haciendo acopio de sus ahorros. En este sentido, también sería relevante en qué medida la política fiscal mitigaría el impacto del encarecimiento del gas sobre la factura eléctrica”, destaca Oriol Carreras.

Al impacto del petróleo y del gas habría que sumar los impactos directos, de la relación comercial de España con Rusia y Ucrania, “aunque son mínimos”, recuerda el mismo economista, y otros efectos como el incremento de los costes de financiación, y los de la caída de las exportaciones, del consumo y de la inversión empresarial por un retroceso de la confianza.

“El choque es persistente, grande y es probable que sea aún mayor. A corto plazo, sólo hay malos resultados: menos crecimiento, más inflación. A largo plazo, habrá cambios estructurales en juego, pero su magnitud dependerá de que el impulso de más Europa sea considerable y conjunto”, reflexiona Rubén Segura-Cayuela, economista jefe de BofA Europe.

El golpe actual, y que pueda ser “aún mayor”, llevan a invalidar todas las estimaciones previas a la guerra en Ucrania para España –la última del FMI era de un 5,8% en 2022–, incluso la del indicador adelantado de la Airef sobre el crecimiento en el primer trimestre, que a 9 de marzo, con un 42,9% de los datos con los que se calcula ya publicados, señala un incremento de la actividad del 7,1% entre enero y marzo, que hubiera dejado al PIB de España a 3 puntos respecto al nivel anterior a la recesión por la pandemia. El crecimiento será menor, la cuestión es cuánto.

Apoyo fiscal, política monetaria y deuda conjunta

Ese cuánto menor dependerá del apoyo fiscal y de la política monetaria. “Nuestra esperanza sigue siendo que la respuesta fiscal sea considerable y, por tanto, compense en parte la falta de paciencia del BCE. Como advertíamos en nuestro informe del año que viene, un gran riesgo para 2022 era una retirada prematura de la acomodación fiscal y monetaria. Con la crisis actual ya no se trata de ser paciente, sino de poder añadir más”, incide Rubén Segura-Cayuela.

En España, Calviño viene anunciando una batería de medidas por hasta 12.000 millones de euros, pero la propia vicepresidenta ha admitido que “no es suficiente” y por ello se ha pedido a la Comisión Europea una respuesta “decidida” para reforzarlas. Fuentes cercanas al Ministerio de Asuntos Económicos descartan que las decisiones vayan a pasar por redirigir el fondo de recuperación Next Generation EU y que el Ejecutivo comunitario esté pensando en una “emisión masiva” de deuda conjunta para financiar el incremento del gasto en defensa y energía, negando la información que publicó Bloomberg el pasado martes. La Comisión coloca bonos desde junio de 2020 para financiar los fondos de recuperación, el Sure primero y Next Generation EU después.

“Ahora la crisis de Ucrania es un nuevo desafío, y para hacer frente a las consecuencias de esta crisis, los gobiernos de los países de la zona del euro se verán obligados a aumentar de nuevo con fuerza su deuda pública, partiendo de niveles ya muy elevados”, lamenta Eric Dor, director de estudios económicos del IESEG School of Management, quien considera que, “por lo tanto, está claro que los países sobreendeudados necesitan una continuación del apoyo del BCE y/o una mutualización adicional de la deuda”.

“Si queremos que los países sobreendeudados aumenten su gasto en defensa, por ejemplo, es absolutamente necesario brindarles algún apoyo, bajo la forma de monetización de la deuda o mutualización, o una combinación de ambas”, propone este economista francés.

Por su parte, el economista José Moisés Martín ve difícil que la solución pase por nueva deuda conjunta, “con mucho del Next Generation todavía sin programar”. Su apuesta es que “se redirigirán recursos de los fondos de recuperación con alguna emisión limitada, sobre todo para países del este”.

La intensificación de la emisión de deuda conjunta serviría entre otras cosas para facilitar la tarea del BCE, que está en la encrucijada de responder a la escalada de la inflación sin que un endurecimiento de las condiciones de financiación ahogue definitivamente el crecimiento económico. En su última reunión, este último jueves, mantuvo los tipos de interés en mínimos, pero aceleró la retirada de las compras de deuda –en definitiva, la retirada de estímulos–, restringiendo la liquidez en los mercados financieros, como medida para restar fuerza a la inflación, y propiciando una subida generalizada de los tipos de interés (de la deuda pública y de los créditos, préstamos o hipotecas en general) desde ya, aunque las tasas oficiales no se toquen hasta diciembre o 2023.

De momento, España sigue disfrutando de unas condiciones de financiación inmejorables. Por primera vez, los acreedores acabaron pagando de media por la deuda emitida en 2021. Y en 2022, hasta febrero, el coste de los bonos colocados se queda en el 0,43%, por debajo del coste medio de toda la deuda en circulación, que está en el mínimo histórico del 1,55% y que, por lo tanto, se seguirá reduciendo.



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