El 4 de febrero, los vecinos de Móstoles descubrían que una concejala acusó a su alcalde, Manuel Bautista, de acoso sexual y laboral y que el PP trató de esconder el caso. La edil pasó meses intentando que el partido en el que militaba y al que representaba en el Ayuntamiento la protegiera del calvario al que, según relató, la sometía el regidor. El equipo de Isabel Díaz Ayuso no solo evitó tomar medidas, sino que la presionó para que renunciase a denunciar el caso.

Cuando se conoció esta noticia, no fue la primera vez que la palabra Móstoles se escuchaba en los telediarios en los últimos años. Una exalcaldesa a juicio por prevaricación, una coalición de Gobierno entre PP y Vox que acaba de estallar... los vecinos de este municipio de unos 215.000 habitantes en el sur de Madrid, el más poblado de la comunidad después de la capital, están habituados a las crisis políticas.

Móstoles forma parte del —ahora desdibujado— cinturón rojo de Madrid, los municipios del sur tradicionales feudos de la izquierda, aunque en esta localidad la derecha sí había conseguido enlazar varias legislaturas previamente. La anterior alcaldesa, Noelia Posse, del PSOE, traspasó la vara de mando a Bautista en 2023. Lo hizo tras perder las elecciones con dos manchas sobre su expediente: acusaciones de nepotismo y un procesamiento judicial por prevaricación.

En 2019, solo un año después de su llegada a la alcaldía, estalló el primer escándalo: Posse colocó a dos familiares cercanos en jugosos puestos de responsabilidad en el Ayuntamiento. Nombró a su hermana como coordinadora de Redes Sociales, un cargo de nueva creación remunerado con 52.000 euros al año. A su tío, que ya era funcionario municipal, lo ascendió como director técnico administrativo y le otorgó un complemento de 1.607 euros mensuales, sin pasar por los mecanismos habituales de promoción interna.

Estas decisiones provocaron rechazo social y político en el municipio. Cuando la alcaldesa salió al balcón del Ayuntamiento a pronunciar el pregón de las fiestas locales, los abucheos y gritos de “ladrona” le impidieron terminarlo. Unas semanas después, Más Madrid abandonó el Gobierno municipal tripartito que compartía con los socialistas de Posse y con Podemos. El PP y Ciudadanos, entonces en la oposición, cuestionaron que el tío de la alcaldesa tuviera la titulación necesaria para el puesto que ocupaba. El propio PSOE la suspendió cautelarmente de militancia, aunque no llegó a expulsarla.

Apenas un año y medio después de que saltara esta polémica, Posse volvió a acaparar titulares por otro escándalo: el Tribunal de Cuentas investigaba al Ayuntamiento por perdonar dinero a empresas concesionarias. Las pesquisas se originaban en un informe del interventor municipal, que pronto fue cesado de su puesto. El conocido como caso ITV pasó a la vía judicial tras una denuncia de Más Madrid. Aunque en 2022 una jueza archivó inicialmente la causa, un año después la Audiencia Provincial ordenó procesar a la alcaldesa y a siete concejales. A pesar de esa situación, Posse volvió a liderar la candidatura del PSOE a las elecciones municipales de 2023. Las perdió en favor de Manuel Bautista, el ahora acusado de acosar a una concejala.

Ya como líder de la oposición, fue enviada al banquillo en septiembre de 2024. La jueza abrió juicio oral contra ella y ocho exconcejales por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. La Fiscalía pide 12 años de inhabilitación para Posse por condonar más de 600.000 euros a la empresa ITV Móstoles, que llevaba varios años acumulando deudas con las arcas municipales.

La coalición entre PP y Vox, por los aires

La legislatura actual no está siendo más pacífica que la anterior. La derrota de Posse en 2023 dio lugar a un Gobierno de coalición entre el PP y Vox, con Bautista al frente de la alcaldía. El mes pasado, esa fórmula saltó por los aires.

Hasta ese momento, el concejal de Cultura era Daniel Martín, uno de los tres representantes que Vox logró en el Ayuntamiento. Pero el 9 de enero, abandonó la formación de extrema derecha por “coherencia con sus principios”. No renunció a su acta, por lo que pasó a ser concejal no adscrito.

Bautista llamó entonces a sus socios a renegociar el acuerdo de Gobierno, al considerar que había cambiado la correlación de fuerzas, mientras posponía el cese de Martín como concejal de Cultura. Esa reacción del alcalde enfadó a Vox, cuya portavoz municipal, Nieva Machín, acusó al PP de romper el pacto y anunció que su formación pasaría a ejercer “la oposición más dura que ha habido en Móstoles”. “Daniel Martín no accedió al Ayuntamiento como concejal independiente, sino como integrante de las listas de Vox”, manifestó Machín, que acusó a su excompañero de “transfuguismo político”.

Poco después el alcalde firmó el cese de Martín, pero no trasladó las competencias de Cultura a otro edil de la extrema derecha, sino que se las atribuyó a sí mismo. La portavoz de Vox dimitió entonces como presidenta de la Junta de Distrito que tenía a su cargo, consolidando la ruptura de la coalición. Las acusaciones de acoso contra el alcalde han ahondado la brecha: Machín se ha sumado a las peticiones para que dimita.

Bautista fue una apuesta personal de Ayuso para la alcaldía. Un desconocido para el público que hasta esa inclusión en las listas era viceconsejero de Organización Educativa en la Consejería de Educación mientras la lideraba Enrique Ossorio y que antes había ocupado otros cargos en la Comunidad de Madrid. Ha encontrado en la presidenta madrileña a una de sus defensoras más férreas: Ayuso ha acusado al PSOE de intentar “hacerse” con el Ayuntamiento de Móstoles “de manera espuria” y ha asegurado que con ella “no cuenten para desguazar la vida de una persona”.

Liderazgo incierto en la izquierda municipal

En un momento de debilidad para la derecha, los partidos progresistas no tienen un liderazgo claro con el que hacerle frente. La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento sigue siendo Noelia Posse, pese a estar a la espera de juicio por prevaricación y malversación. Sin embargo, a principios de este año anunció que no se presentará a las elecciones municipales de 2027. Lo hizo en una publicación en redes sociales en la que se declaró “inocente” y denunció “titulares injustos, acusaciones falsas y bulos fabricados” contra ella, pero consideró que “las personas procesadas, a la espera de juicio oral, no deben formar parte de listas electorales ni ocupar cargos orgánicos en sus organizaciones”.

Por el momento se desconoce quién la relevará como candidata en 2027. La secretaria de Organización del PSOE madrileño, Pilar Sánchez Acera, ha asegurado esta semana que ya están trabajando en “un proyecto competitivo”, que estará liderado por “una candidata preferiblemente”. También ha explicado que la Comisión de Ética del partido está examinando la situación de su portavoz en Móstoles en cuanto a su militancia y responsabilidades internas. “La señora Posse tiene en los órganos federales un expediente abierto. Es una realidad que vamos a afrontar de una manera muy clara”, ha defendido.

Más Madrid, por su parte, también afronta una transición en su liderazgo en la ciudad. Hasta el mes pasado el portavoz municipal era Emilio Delgado, pero renunció a su acta de concejal para centrarse en su labor en la Asamblea de Madrid. Al frente del grupo en Móstoles queda Jesús Arrabé.

Delgado abrió la puerta hace unos meses a postularse como líder de Más Madrid en 2027, algo que la actual portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, le reprochó. Su nombre también ha sonado en los últimos días por el acto que protagonizará con Gabriel Rufián este miércoles, que ha generado un amplio debate sobre el futuro de la izquierda de cara a las próximas elecciones generales.

La jueza de Instrucción número 1 de Móstoles ha abierto juicio oral contra la exalcaldesa de Móstoles Noelia Posse y ocho exediles por la presunta comisión de un delito de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación al caso ITV por condonar una deuda a la empresa concesionaria de más de 2 millones de euros.

Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que la magistrada dicta la resolución por la que la socialista se sentará en el banquillo de los acusados por la presunta comisión de un delito de prevaricación y malversación de caudales públicos.

En la resolución se requiere que los acusados abonen de forma conjunta una fianza de 817.453 euros para asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias que se deriven del proceso.

La Fiscalía del Área de Móstoles-Fuenlabrada presentó en abril su escrito de acusación en el que reclamó doce años de inhabilitación para la exalcaldesa de Móstoles y ocho exediles. El fiscal les acusa de un delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal.

El pasado mes de febrero, la jueza que instruyó el caso dictó el auto por el que acordaba continuar la tramitación de las diligencias previas respecto a once investigados, entre ellos también un funcionario y un empresario.

En la resolución, la magistrada subrayaba en primer lugar que resulta “obvio” el perjuicio causado a las arcas públicas como consecuencia del acuerdo de la entonces Junta de Gobierno Local de 20 de octubre e 2020“.

Dicho acuerdo aprobó por la vía de urgencia reducir al 50% la deuda del concesionario, el canon anual y el aplazamiento hasta 2040 del resto de la deuda a razón de 30.000 euros anuales.

En su escrito, la Fiscalía señala que mediante la declaración de urgencia, “incluyeron y aprobaron por unanimidad de todos sus miembros la quita del 50% de la deuda de ITV Móstoles, SL.. la reducción del canon anual a 60.000 euros y el aplazamiento hasta el 2040 del resto de la deuda, sin intereses ni recargos, a razón de 30.000 euros anuales, y una última anualidad de 15.000 euros”.

“Dicho acuerdo se adoptó por los acusados, a pesar de contar nuevamente con el informe desfavorable del Interventor que alertaba de la contrariedad al ordenamiento jurídico del mismo, y con una clara consciencia de ilegalidad del mismo, puesto que habían sido advertidos de que los créditos de derecho público son indisponibles por Ley”, agrega.

Además, indica que para “tratar de dar externamente una apariencia de legalidad que los acusados sabían que no tenía, el acuerdo fue adoptado tan sólo con el informe del también acusado, Francisco Javier Torner, que emitió un ”informe jurídico“ favorable cuando carecía de facultades para ello y presentarse por la vía de urgencia, a fin de evitar los informes preceptivos del Secretario General del Ayuntamiento y del Interventor que ya se habían opuesto anteriormente a la propuesta”.

“Como consecuencia de estos hechos, con dicho acuerdo, los acusados ocasionaron un perjuicio económico al Ayuntamiento de Móstoles, al condonar en 615.000 euros la deuda y bajar el canon a 60.000 euros anuales”, apunta.

“La sociedad ITV Móstoles, S.L., cuya administradora era la acusada Mónica Ramírez Moreno Manzanero, no solo se benefició del acuerdo adoptado, habiendo determinado, con su petición al Ayuntamiento de esa misma propuesta, a sabiendas de su ilegalidad, la adopción del mismo”, concluye.

La Fiscalía ha pedido una condena de 12 años de inhabilitación para la exalcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, y parte de su antiguo equipo municipal, por favorecer supuestamente de forma irregular a una empresa que tenía deudas de cientos de miles de euros con el Ayuntamiento. El Ministerio Público entiende que todos cometieron un delito de prevaricación que, en un primer momento, fue archivado por el juez instructor pero reabierto por la Audiencia Provincial de Madrid.

La Fiscalía, según ha adelantado La Razón, explica que la empresa ITV Móstoles SL obtuvo una concesión pública para este negocio de la inspección de coches durante 30 años a cambio de un canon anual de 133.000 euros. La sociedad pagó en 2011 y 2012 y dejó de pagar a partir del año siguiente, generando una deuda de cientos de miles de euros en los cursos siguientes.

A partir de entonces, según la Fiscalía, el ejecutivo de la socialista Posse empezó a buscar soluciones que pasaban por rebajar el canon de la empresa o aceptar el preconcurso de acreedores. A pesar de los informes en contra del Interventor y del Secretario del consistorio, sacaron adelante la propuesta que la Fiscalía considera delictiva: aceptar el preconcurso de la empresa. Posteriormente también reducir su deuda a la mitad, aplazar el resto y rebajar el canon anual a 60.000 euros, menos de la mitad de la cantidad inicial. Un perdón de 615.000 euros en la deuda.

La Fiscalía entiende que tanto la alcaldesa como para su entonces corporación municipal incurrieron en un delito de prevaricación y pide 12 años de inhabilitación para cada uno por ese delito. Posse fue alcaldesa de Móstoles, uno de los 30 municipios más poblados del país, hasta el año pasado, y en la actualidad es portavoz del PSOE en el consistorio.

El caso conocido como 'caso ITV' llegará a juicio después de que la Audiencia Provincial de Madrid revocara un primer archivo por parte del juzgado. Fue en mayo de 2022 cuando el magistrado que investigó la causa decretó su archivo al entender que el equipo de Posse no solo no había prevaricado sino que había actuado en beneficio del municipio: “Se evitó que la mercantil querellada fuera declarada en concurso de acreedores, con el perjuicio que ello hubiera supuesto”, dijo ese auto de archivo posteriormente revocado. Noelia Posse fue objeto de acusaciones de nepotismo en 2019 por la contratación de varios familiares en el consistorio.

En España, la corrupción y las imputaciones judiciales han llegado a tumbar gobiernos a escala nacional. Sucedió con Felipe González en 1996 y con Mariano Rajoy en 2018. Pero en las últimas elecciones municipales y autonómicas los cabezas de lista salpicados o directamente imputados en causas judiciales han obtenido resultados dispares. Candidatos y candidatas del PP como los de Arroyomolinos, Marbella o Badalona han triunfado con mayorías absolutas mientras que otros vinculados al PSOE como los de Ibiza o Móstoles han perdido el bastón de mando. En otros territorios como Cuadros (León) el ganador llegaba imputado a la urnas y acaba de ser condenado en la trama Púnica por corrupción. “La corrupción no es un asunto de moda”, analiza la politóloga Carmen Lumbierres.

En la Comunidad de Madrid dos candidatas encabezaban las listas para retener las alcaldías en los municipios de Móstoles (207.000 habitantes) y Arroyomolinos (30.000). En el primero, la socialista Noelia Posse perdió la alcaldía que ostentaba desde 2018 ante la victoria del PP, que con la ayuda de Vox alcanza la mayoría absoluta. La segunda ciudad más grande de Madrid después de la capital se ha decantado por cambiar de regidora después de que Posse se haya visto envuelta en dos tipos de escándalos en los últimos años.

Por un lado, por la contratación de sus propios familiares en el consistorio y, por otro, el caso ITV: recientemente la Audiencia de Madrid ordenó reabrir la causa contra ella y otros miembros de su corporación por supuesto trato de favor a una empresa a pesar de que mantenía deudas con la corporación municipal. En un primer momento, el juzgado había entendido que no solo no había delito sino que había hecho lo mejor para las arcas municipales.

Los resultados de Posse y el PSOE en Móstoles contrastan con los cosechados por el PP en Arroyomolinos, donde ha mejorado mucho desde 2019 y podrá seguir gobernando con la ayuda de Vox. La candidata y alcaldesa, Ana Millán, 'número tres' de Isabel Díaz Ayuso en el PP regional, revalida el mandato en plena investigación judicial por supuesta corrupción política y cobrar de un empresario contratista de su ayuntamiento. Ha pasado de los cinco concejales que consiguió en 2019 a los ocho ediles que le permitirán retener la alcaldía con el apoyo de la ultraderecha y también ha conseguido un escaño en la Asamblea regional, lo que implica que estará aforada y su caso pasará a manos del Tribunal Superior de Madrid.

Otro candidato del Partido Popular ha conseguido una aplastante mayoría absoluta a pesar de concurrir imputado a los comicios municipales. Se trata de Xavier García Albiol, que concurrió a las urnas en Badalona imputado por una instalación supuestamente irregular de antenas cuando era alcalde y con una petición de dos años y diez meses de cárcel por parte de la Fiscalía. El éxito electoral pocos meses después de conocerse la petición de prisión ha sido inapelable: 18 concejales, cuatro por encima de la mayoría absoluta, y el mejor resultado del PP en la localidad catalana.

Desde Ourense hasta Parla pasando por Marbella

Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense por Democracia Ourensana, llegaba en un momento complicado a las urnas el pasado domingo. El diario La Región publicó una serie de audios en los que el regidor presumía de cómo blanquear dinero y la Fiscalía decidió abrir una investigación mientras él denunciaba la colocación de micrófonos en su despacho.

El resultado ha sido 6.500 votos y tres concejales más para Pérez Jácome con respecto a 2019. A cuatro ediles de la mayoría absoluta pero con opciones de gobernar si vuelve a conseguir el apoyo del Partido Popular, que le sostiene al frente de la capital ourensana desde 2019.

Sin imputación de por medio, las sospechas y causas judiciales reveladas por elDiario.es tampoco han pasado factura a Ángeles Muñoz, senadora y alcaldesa de Marbella por el Partido Popular. Ha conseguido 600 votos más que en 2019 y el mismo número de concejales, un total de 14 ediles que marcan justo la mayoría absoluta.

Tal y como ha desvelado este periódico, el hijastro de Muñoz es uno de los procesados en una causa de narcotráfico y blanqueo seguida en la Audiencia Nacional en torno a una organización criminal radicada en Marbella. Una causa en la que no se han investigado los indicios de corrupción que rodean a la alcaldesa y en la que los audios intervenidos apuntan, entre otras cosas, a que Muñoz organizó reuniones entre su hijastro imputado y sus concejales. Por el momento, también, la regidora se resiste a informar al Senado sobre su patrimonio.

La presencia de una acusada de tráfico de drogas en sus listas tampoco ha pasado factura a Vox. La formación ultraderechista ha igualado los tres concejales que sacó en Parla en 2019, aunque con 900 votos menos, pocas semanas después de que la número tres de su lista electoral fuera detenida y acusada de liderar una organización de tráfico de drogas.

En Eivissa las imputaciones judiciales sí han precedido a un vuelco electoral. El PSOE, que en 2019 consiguió la alcaldía con nueve concejales, ha caído a siete ediles mientras que el PP se ha asegurado la alcaldía bastante por encima del umbral de la mayoría absoluta. Rafael Ruiz, alcalde socialista, concurrió como cabeza de lista un mes después de ser imputado en una trama de supuesta corrupción por amaño de contratos en las instalaciones portuarias de Balears para beneficiar a entidades privadas.

“La corrupción no es un asunto de moda”

Carmen Lumbierres, doctora en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid, explica a elDiario.es que no existe una “teoría clara” sobre el peso de la corrupción a la hora de acudir a las urnas, pero sí que el pico de preocupación ciudadana sobre este asunto llegó con el movimiento del 15M o, en el caso de la derecha, con la irrupción de Ciudadanos, y que eso queda lejos. “En ese momento pesó mucho, era uno de los ejes de la política española, frenar la corrupción. Y hubo tolerancia cero o casi, pero creo que esa etapa, por ahora, se cerró tras la década de 2010”, analiza.

Para la politóloga, la corrupción es un tema que “interesa poco a los ciudadanos. Sorprendentemente, no hay un castigo electoral a corto plazo”. Y cita entre otros motivos los tiempos de los procesos judiciales, “muy largos” en comparación con los plazos políticos y mediáticos. “La gente se olvida por el camino de lo que ha ocurrido, eso hace que se disuelva en el tiempo y en la conciencia de los votantes”.

El voto, explica Lumbierres en declaraciones a este periódico, va en otra dirección. “Un voto mucho más emocional, del momento y menos evaluativo. La corrupción no es un asunto de moda y la gente vota por otros aspectos emotivos y como todas las modas, cuando tocó el independentismo tocó eso, pero ahora realmente no se castiga”.

Condenado un día después de ganar

Una imputación judicial no impide, más allá de los códigos éticos que los partidos deciden aplicar o no aplicar, que un político se pueda presentar a unas elecciones o seguir en su cargo. Eso solo se puede impedir mediante una condena, que en algunos casos debe ser declarada firme para que surta efecto. En la localidad leonesa de Cuadros (2.000 habitantes) los caminos de la Justicia y la política se han cruzado y Marcos Martínez Barazón, alcalde independiente tras ser expulsado del PP, ha sido condenado a ocho años y medio de inhabilitación por corrupción un día después de conseguir mayoría absoluta en las urnas.

Antes de ir a las urnas como independiente, Martínez Barazón fue presidente de la Diputación de León durante medio año en 2014 por el PP, además de ser alcalde de Cuadros desde hace más de tres décadas. Fue expulsado de la formación después de pasar dos meses y medio en prisión provisional, constituyó su propio partido para seguir ganando elecciones y este 2023 se ha enfrentado a un doble examen: el de las urnas y el de los jueces. En las urnas sacó un sobresaliente el pasado 28 de mayo con una mayoría absoluta de siete concejales y 80 votos más que en 2019. Un día después, sin embargo, suspendía la prueba judicial con una condena de ocho años y medio de inhabilitación por su implicación en la trama Púnica.

La sentencia sobre esta pieza leonesa del caso, firmada el 29 de mayo y conocida el día 30, le atribuye un delito de prevaricación. Según la Audiencia Nacional, en los pocos meses de 2014 en los que estuvo al frente de la Diputación Martínez Barazón adjudicó 12.000 euros de publicidad institucional de forma irregular a las empresas de Alejandro de Pedro, considerado el conseguidor de la trama. El sistema irregular, que arrancó con Isabel Carrasco como presidenta, permitía que las facturas se pagaran de forma casi inmediata, sin ningún procedimiento de contratación de por medio y evitando que otros medios pudieran optar a esa publicidad institucional.

Las consecuencias de esta condena están por ver. La sentencia no es firme y todavía puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. No estaba inhabilitado cuando se presentó, pero ahora los jueces tendrán que decidir si su condena le impide coger el bastón de mando de esta localidad leonesa por novena legislatura consecutiva o si podrá ejercer hasta que el alto tribunal diga la última palabra tras su recurso, tramitación que suele tardar más de un año y medio.

Condenados por violencia machista

Más allá de la corrupción, una condena por violencia machista tampoco ha impedido que Matías González Cañón haya aumentado sus apoyos como candidato del PP en la localidad gallega de A Illa de Arousa (4.800 habitantes), aunque la izquierda sume mayoría absoluta y no tenga opciones de gobernar. Tal y como reveló elDiario.es, González fue condenado en 2011 a cumplir servicios para la comunidad por agredir a su pareja, que terminó con un diente roto.

En esa localidad, el PP con el candidato condenado ha pasado de cuatro a cinco concejales y ha sumado 400 votos más que el partido en 2019. Algo similar a lo sucedido en Malpartida de Cáceres (4.100 habitantes). Alfredo Aguilera, ex del Partido Popular y ahora independiente, ha conseguido siete concejales y la mayoría absoluta, mejorando los resultados de 2019 cuando se presentó por el PP. Entre los dos comicios, Aguilera fue condenado por agredir a su esposa y la Justicia declaró que no podía seguir al frente del consistorio. El pasado domingo obtuvo 54 votos y un edil más que en las últimas elecciones municipales.

Para Lumbierres, la violencia machista tampoco es un asunto que lleve a los votantes a las urnas. “Es un tipo de terrorismo contra las mujeres, más de 1.200 mujeres asesinadas desde 2003, pero no consigue una verdadera movilización en el electorado español”, explica. Apunta, además, a un “negacionismo” de esta criminalidad entre los hombres jóvenes, junto a la presencia de Vox como “tercer partido en número de votos en este país” mientras “niega la violencia machista”. La violencia de género, afirma, tiene presencia mediática pero “forma parte del paisaje sociológico y nos hemos acostumbrado a que esto ocurra y no se penaliza, son ejemplos claros de que es perdonable, una cosa como privada o personal y no pública”.

Tras cuatro años sobreviviendo a escándalos, la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, encara el final de su mandato con la máxima incertidumbre. Recién procesada por prevaricación por la Audiencia Provincial, su candidatura a la reelección depende de que no se abra finalmente juicio oral contra ella y el resto de ediles de su junta de gobierno. Llegado el caso dimitirá, ha dicho.

Mientras tanto, la vida sigue, y a Posse le ha venido muy bien el espaldarazo de la King’s League, el espectáculo de fútbol-7 impulsado por exfutbolistas, youtubers y streamers, muy popular entre los jóvenes. Como dos de los equipos son precisamente de Móstoles –aunque todos los partidos se juegan en Barcelona–, Posse propuso retransmitirlo en un teatro de la ciudad, la segunda más grande de Madrid, con 208.000 habitantes. Gerard Piqué y demás promotores dijeron que sí. 

La iniciativa fue un éxito, aunque el efecto electoral que pueda tener para la regidora es más difuso. “Yo paso de política”, decía al término del encuentro Jorge, padre de un niño de 10 años, pero encantado de tener un plan familiar para el fin de semana. La gran mayoría de las 650 localidades cedidas por el Ayuntamiento las ocuparon pequeños con sus padres, algunos adolescentes y al menos cinco veinteañeros, que admitían a la salida que por edad ya están un poco fuera de nicho. “Yo crecí viendo los vídeos de Dj Mariio”, explicaba Alberto, de 20 años y ya nostálgico.

Dj Mariio empezó a hacerse conocido en el mundo de los youtubers hace una década, cuando comenzó a subir a su canal vídeos con consejos sobre videojuegos de fútbol. Hoy tiene más de ocho millones de suscriptores y capitanea uno de los equipos de la King’s League, que además es el líder. Se llama Ultimate Móstoles y los niños gritan el nombre durante toda la retransmisión. Entran en combustión cuando el animador, que se llama Mario Alonso y tiene 32 años, levanta los brazos y les pide “ruido”. El otro equipo se llama 1K y los dirige otro insigne mostoleño: el portero retirado Iker Casillas.

Antes de empezar el partido, la alcaldesa se sube al escenario y se sienta con Mario, que tiene dispuesto el ordenador y las pantallas en un lateral. Los comentaristas de Barcelona se muestran entusiasmados con la acogida en Madrid. “Flipa, tío”, exclama uno. Dan paso a Posse, que señala que en la localidad madrileña está “todo el mundo loco” con los equipos de Móstoles. “Queremos sacar esa copa al balcón del Ayuntamiento”, propone. Iker Casillas dice que le gustaría estar allí, pero por la noche tiene que comentar en televisión el Barcelona-Real Madrid y no le daba tiempo. Gerard Piqué, también multimillonario exfutbolista, principal promotor de la liga, ya había elogiado días antes la idea de Posse, lanzada antes de conocerse la decisión de la Audiencia. 

Resistencia a los escándalos

Las grandes acciones promocionales han acompañado a Posse desde que ocupó el cargo tras la dimisión del anterior alcalde, David Lucas, a principios de 2018. Ese mismo verano, el Ayuntamiento se empeñó en organizar un festival de música en un parque natural, pese a un informe ambiental contrario y los recelos vecinales. El evento se saldó con destrozos que la organizadora no quiso asumir y el Ayuntamiento se saltó el procedimiento regular al adjudicar las reparaciones. Para entonces ya había habido elecciones y Posse estaba en la picota por un reguero de contrataciones a dedo, entre ellas la de su hermana, a la que acabó destituyendo a regañadientes.

Durante unos meses, el PSOE la presionó para que dimitiese, pero la alcaldesa resistió. Tras arrasar Ayuso en las elecciones de 2021 y dimitir el secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, la federación madrileña, que ahora dirige Juan Lobato, optó por contemporizar. Este mismo enero, Lobato iba a Móstoles para poner a Posse como ejemplo de apoyo al comercio local. Ahora dice que esperará a la apertura del juicio oral para reclamar que renuncie.

A cuenta de los enchufes, el tripartito de Móstoles se rompió al poco de empezar. Ganar Móstoles, formación vinculada a Más Madrid, salió del Ejecutivo local. Desde entonces, el PSOE gobierna en minoría con Podemos, y los anteriores socios de gobierno fiscalizan al detalle la acción municipal. Aunque permitieron que se aprobasen los Presupuestos de 2022 absteniéndose en la votación, llevaron al juzgado a Posse y los ediles de gobierno por rebajar el canon y perdonar la mitad de la deuda a la concesionaria del servicio de ITV, lo que supuso renunciar a cerca de 2,5 millones de euros. La causa se archivó en primera instancia, pero la Audiencia Provincial la ha reactivado y ha dejado a la alcaldesa a las puertas del banquillo.

Todas estas consideraciones procesales y políticas se les escapan a los chavales que gritan enfervorizados cuando Dj Mariio se lo reclama. Alonso, de 18 años, ocupa la última fila y dice que le gusta la King’s League por “el espectáculo”, cuya relación con el fútbol puede resultar, para un profano, parecida a la que el ‘pressing catch’ televisivo de los 90 tenía con el boxeo. A Alonso aquello le queda lejos. En mayo votará por primera vez y lo hará por Posse. Lo dice sin dudar. Con algo más de edad y memoria, David G. y David P. de 25 y 26 años, son escépticos sobre el tirón político de la King’s League. Dicen que todos los partidos hacen propaganda con los eventos, aunque explica el segundo, “quizás [convenzan] a algunos indecisos”.

El juzgado que investigaba a la alcaldesa socialista de Móstoles, Noelia Posse, y a parte de su corporación municipal, ha decidido archivar el conocido como 'caso ITV'. La causa en la que parte de la corporación municipal estaba acusada de otorgar trato de favor a una empresa que mantenía deudas con el consistorio, hechos denunciados por Ganar Móstoles. El juez exonera a la alcaldesa y su equipo: “En ningún momento ha existido voluntad por parte de la Junta de Gobierno Local de causar un perjuicio para las arcas públicas” y “el acuerdo alcanzado era favorable para las arcas públicas”, dice el auto de archivo.

La magistrada que ha investigado el caso entiende que no hay delito de malversación ya que el acuerdo que alcanzó el Gobierno municipal sobre esta empresa respetó “la legalidad y la normativa vigente” y que, incluso, fue positivo: “se evitó que la mercantil querellada fuera declarada en concurso de acreedores, con el perjuicio que ello hubiera supuesto”.

Tampoco hubo prevaricación. Que existieran informes en contra de la operación, dice la jueza, “no es motivo suficiente para considerarse que estamos en presencia de hechos penalmente relevantes” ya que los querellantes, Ganar Móstoles, nunca reclamaron por la vía administrativa y fueron directamente por la vía penal. Acusa incluso al partido de poner en marcha un proceso “meramente instrumental para intentar conseguir lo que no se hizo utilizando el procedimiento legalmente establecido”.

El auto desmiente las acusaciones de Ganar Móstoles. En su querella, el partido que llegó a ser socio de gobierno del PSOE en esta localidad de más de 200.000 habitantes del oeste madrileño, afirmaba que el Ayuntamiento aprobó una quita del 50% de la deuda de esta empresa, la reducción de su canon anual y el aplazamiento de 2040 del resto de la deuda. La jueza es clara: “En ningún momento existe condonación de la deuda, como se dice en la querella”.

Además, el acuerdo que la empresa propuso al consistorio “está expresamente previsto en la Ley concursal”, dice la jueza, y también fue legal la declaración de urgencia que la querella atribuía erróneamente a la alcaldesa Posse. Incluso, dice el auto, “el acuerdo alcanzado era favorable para las arcas públicas” ya que si la empresa ITV Móstoles hubiera entrado en concurso de acreedores, el consistorio “hubiera tenido serias dificultades para hacer valer su derecho de crédito” y recuperar el dinero.

El auto incluso lanza un dardo a Ganar Móstoles por interponer esta querella. “Resulta cuanto menos sorprendente que si los querellantes consideraban injusta, ilegal o perjudicial para las arcas públicas el citado acuerdo o que el mismo se había adoptado incumpliendo la legalidad y la normativa aplicable, no realizara actuación alguna al respecto, siendo evidente que en vez de utilizar los recursos y procedimientos establecidos para impugnarlo, dejaron que devinieran firmes y haya optado por la vía penal obviando que el derecho penal es ultima ratio legis”, reprocha la magistrada.

Socios de Gobierno

El conocido como 'caso ITV', ahora cerrado después de la investigación en una resolución recurrible, supuso un momento de crisis en el ejecutivo mostoleño. En junio de 2019 el partido - marca de Más Madrid en esta localidad - revalidó su apoyo a Noelia Posse, candidata del PSOE que repitió como alcaldesa también con el apoyo de Podemos. Unos pocos meses después Ganar Móstoles rompía el gobierno municipal y dejaba a Posse en minoría después de trascender diversos nombramientos de personas cercanas a la alcaldesa.

El conflicto subía de tono en febrero de 2021 cuando Ganar Móstoles presentaba la querella que desembocó en este procedimiento y en la imputación de Posse y parte de su ejecutivo municipal. Todos declararon ante la magistrada en diciembre de 2021.

El auto de archivo del caso tiene duras palabras para la formación política por llevar unos actos a la vía penal que ni siquiera recurrieron por la vía administrativa. “Resulta cuanto menos sorprendente que si los querellantes consideraban injusta, ilegal o perjudicial para las arcas públicas el citado acuerdo o que el mismo se había adoptado incumpliendo la legalidad y la normativa aplicable, no realizara actuación alguna al respecto”, dice el auto.

El festival de techno Amanecer Bailando se celebró en un parque de Móstoles en septiembre de 2018, pero sus consecuencias siguen coleando un año y medio después. La convocatoria generó destrozos que se intentaron reparar con dinero público mediante “contratos verbales” con diversas empresas, según los audios a los que ha tenido acceso eldiario.es.

En esa conversación, dos cargos del Ayuntamiento y dos funcionarios hablan sobre cómo solucionar las irregularidades que han detectado en la tramitación de los contratos con las empresas. Proponen elaborar un informe para justificar lo que se ha hecho “mal”, empezar de nuevo el proceso para seguir los cauces habituales y de hacerlo todo antes de las elecciones para que un posible cambio de gobierno no desembocase en un escándalo.

En las grabaciones, J.S., el antiguo Director de Planificación y Seguimiento de Infraestructuras y cargo de confianza de la alcaldesa, Noelia Posse, admite en presencia de dos altos funcionarios municipales y otro director general, el de Hacienda, S.G., que contrató servicios por valor de más de 60.000 euros sin seguir el procedimiento legal. J.S. sigue en el Consistorio actualmente pero como ahora Coordinador de la Junta de Distrito. 

-P.D, oficial mayor: ¿Y eso se ha ido haciendo con contratos, por así decirlo, verbales con empresas?

-J.S, exdirector general de Planificación y Seguimiento de Infraestructuras: Sí. A mí me pasan un presupuesto, se lo he pasado a tesorería y me lo han aceptado… 

La conversación transcurre en un despacho del Ayuntamiento de Móstoles en enero de 2019, según ha podido saber eldiario.es. Han pasado cuatro meses de la celebración del festival y el Consistorio se encuentra con el problema de que la empresa organizadora, Family Club Since 1995 S.L, no quiere hacerse cargo del coste de los desperfectos, como establecía el convenio firmado con el equipo municipal. El festival, que duró dos días, provocó daños en la vegetación, los árboles y el mobiliario urbano (bancos y farolas) del parque. 

En la reunión, el director general de Planificación e Infraestructuras informa a sus interlocutores de que el festival le ha manifestado que no va a asumir sus obligaciones contractuales y los funcionarios idean una manera de regularizar los procesos de contratación ya iniciados sin expedientes. Dentro del despacho en el que se celebra la reunión hay además dos funcionarios: P.D., oficial mayor, actualmente en el cargo; y J.Z., viceinterventor general cuya plaza está vacante, según los datos oficiales de la web del Ayuntamiento.

El entonces director general de Hacienda, S.G., advierte de que la tramitación debe completarse antes de las elecciones porque “si llega otro gobierno la tenemos liada y bien gorda”. Este cargo fue cesado por Posse en marzo de 2019 después de denunciar al Consistorio por delitos de falsedad documental, prevaricación y malversación de caudales públicos. La alcaldesa fue citada a declarar como testigo y el juez Pablo Ruz pidió investigarla por falso testimonio.

El oficial mayor advierte, en el mismo sentido, que habrá “una parte bien hecha y otra mal hecha” en la contratación porque aún quedan algunas mejoras por gestionar. “Lo que ya se ha hecho mal tienes que indicar que se ha hecho lo imprescindible. El resto se ha dejado para la tramitación ordinaria. ¿Pillas esto? Para darle a todo esto una cierta lógica”, afirma. Su consejo al director general de Infraestructuras es que se ampare en “la urgencia” para arreglar el parque para justificar esos contratos verbales. 

Según un correo enviado por uno de los responsables del festival en septiembre de 2018, al que ha accedido eldiario.es, la empresa organizadora se muestra dispuesta a pagar con la fianza depositada (60.000 euros) por esos daños. La compañía ha rehusado contestar a las preguntas de este medio. 

Las facturas sin pagar un año y medio después

Más de un año después, la situación sigue empantanada. Las facturas no se han pagado y la fianza tampoco se ha incautado, confirma una portavoz del Ayuntamiento de Móstoles, que justifica que la demora se debe a que se están haciendo “comprobaciones” sobre los “daños ocultos” que pudiera haber en el Prado Ovejero, el parque donde se celebró el festival. 

El Consistorio niega los contratos verbales que constata el audio publicado por este medio. “Lo que se hizo fue una toma de contacto verbal con las empresas adjudicatarias de contratos que ya trabajaban con nosotros para ver si podían asumirlo. Se hizo por la rapidez”, explica la portavoz oficial en conversación con eldiario.es. “Aquí no se hacen pagos ilegales y todo se ajusta a la ley. Ningún interventor permitiría que pagáramos una factura sin documento legal”, añade. eldiario.es se ha puesto en contacto con dos de las tres empresas contratadas, Ferroser Servicios Auxiliares y Trabajos Bituminosos S.L, sin obtener respuesta.

En la conversación grabada está presente J.Z, el viceinterventor del Ayuntamiento, que también colabora en dar directrices al director general de Infraestructuras para encauzar la situación conforme a la legalidad. “En el informe que se prepare, explicas las razones por la que se ha procedido a la contratación verbal. De esta no se  va a olvidar que tiene que ir todo con papelitos”, señala el funcionario. 

Según los cálculos realizados por los presentes en el despacho, los gastos del Ayuntamiento superan en 8.000 euros a la fianza con la que podrían cubrirlos. “Hemos palmado 8.000 euros”, apunta el que era director general de Hacienda. La inversión total necesaria para recuperar el espacio alcanza los 105.000 euros, según la portavoz del Consistorio (60.500 en reparaciones y 44.900 en “mejoras”). Esa cantidad no se cubre con la fianza y el seguro, pero de la diferencia “se hizo responsable la empresa”, dice la portavoz. Según su versión, el Ayuntamiento no ha tenido pérdidas por el festival.

El Gobierno municipal de Móstoles era un tripartito formado por PSOE, Más Madrid Ganar Móstoles y Podemos. Pero la crisis que vivió el Consistorio por las contrataciones de familiares y amigos de la alcaldesa en puestos de confianza hizo saltar el equipo municipal por los aires y provocó la salida de los dos concejales de Más Madrid Ganar Móstoles. El Gobierno ahora está en minoría. Ya antes, el festival había generado división entre los partidos y el PSOE accedió a cambiar la ubicación de la cita, que inicialmente iba a celebrarse en otro parque protegido pese a que no contaba con el visto bueno de Medio Ambiente. 

A raíz de los escándalos de Posse, además, se abrió una investigación dentro del PSOE para determinar si, con estos credenciales, debía seguir teniendo el carnet del partido. De momento, está suspendida temporalmente de militancia aunque el proceso para tomar una decisión definitiva lleva muchos meses guardado en un cajón. La baja cautelar se dictó en octubre. El secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, pidió entonces su dimisión. 

En enero de 2019, el área de Medio Ambiente aún dependía de Gabriel Ortega, uno de estos dos ediles.  “No sé si nuestro amigo MAO -como se refieren a Ortega, por sus siglas- quiere meterse en esto. Hay que tirar a Urbanismo”, sugiere el entonces director de Hacienda, destituido por Posse. El objetivo, según los audios, es evitar que  los otros partidos del Gobierno conozcan las dificultades para regularizar los contratos. 

La alcaldesa socialista de Móstoles, Noelia Posse, a la que su partido suspendió de militancia tras convertirse en septiembre en el centro de la polémica por haber dado puestos de confianza a familiares y amigos, trata desde entonces de reforzar su imagen y cercanía en redes sociales. A los pocos días de estallar las acusaciones de enchufismo y nepotismo, la regidora volvió a lanzar el programa ‘Díselo a tu alcaldesa’, una línea abierta de teléfono y correo electrónico para reunirse con los vecinos y aumentar su visibilidad.

No es la primera vez que esta iniciativa se pone en marcha en Móstoles. El popular Daniel Ortiz —imputado en la trama Púnica— ya la utilizó durante su mandato (2012-2015). Posse, tras su llegada a la alcaldía en febrero de 2018, la reactivó por unos meses con el título que ahora mantiene. Finalmente, volvió a publicitar la campaña justo una semana después de verse obligada a revocar la contratación de su hermana, a la que eligió para el cargo de libre designación de coordinadora de redes sociales del Ayuntamiento con una remuneración anual de 52.000 euros.

Un paseo por el centro de la ciudad sirve para darse cuenta de que abundan los carteles en los que se muestra el teléfono gratuito, el correo electrónico y la imagen de la regidora. Sin embargo, la mayoría de los transeúntes que pasan cerca de la publicidad afirman no conocer la plataforma, no haberla utilizado ni saber muy bien qué uso darle.

En la segunda ciudad de Madrid con más habitantes, más de 207.000, los datos del Ayuntamiento a mediados del pasado mes de enero indicaban que cerca de 3.000 personas habían hecho uso del programa ‘Díselo a tu alcaldesa’ desde su puesta en marcha en 2018. Las propuestas y reclamaciones que los vecinos hacen por esta vía son atendidas por el equipo municipal o en una reunión grupal de una media de siete personas con la propia alcaldesa, un encuentro que tiene lugar casi todos los lunes, según explican desde el Ayuntamiento.

El perfil de los asistentes es variado, asegura Laura Morales, encargada de escuchar y derivar todas las llamadas y correos: los hay que piden pinchar como DJ en las fiestas de la ciudad o plantean la promoción de un deporte nuevo, aunque la mayoría son quejas y propuestas relacionadas con el día a día como lo relativo a la limpieza de la ciudad, la seguridad o el transporte.

eldiario.es trató de acudir a una de esas reuniones llamando al teléfono que aparece en los carteles publicitarios. Pasados los diez días sin obtener una respuesta, este medio acudió al Ayuntamiento de Móstoles, donde pudo finalmente reunirse con el equipo de prensa y personas responsables de la campaña ‘Díselo a tu alcaldesa’. A las pocas horas de terminar la reunión, que se había hecho de manera espontánea y sin previo aviso, el Ayuntamiento dio una respuesta. En el contestador, este medio había dejado una pregunta sobre el sistema de transportes de Móstoles y su conexión con Madrid, una de las quejas recurrentes de los vecinos, que ha sido respondida por correo electrónico.

Un segundo interrogante, relacionado con la gestión del escándalo de las contrataciones de la hermana, tío, y expareja de la alcaldesa no ha sido atendido. “Eso no puedo contestarlo”, se limita a señalar el email. Previamente, durante la entrevista, al preguntar por la polémica la encargada de prensa dio por terminado el encuentro explicando que no era posible una reunión con la alcaldesa y que no iba a hacer comentarios sobre la polémica de los enchufes a familiares.

La gestión de Noelia Posse en la alcaldía de Móstoles, bastión conservador hasta la llegada de David Lucas en 2015, ha estado en cuestión desde su reelección el pasado 15 de junio. El 6 de septiembre, tras una denuncia de Ciudadanos en el pleno, se conoció que había contratado a su hermana para llevar las redes sociales. La presión en las calles y por parte de su propio partido hizo que dejase el cargo apenas seis días después. Fue entonces cuando se publicó que también había ascendido a su tío y había promocionado a una amiga íntima, una antigua pareja y a un gerente sin experiencia comprobada. Durante ese periodo también se subió el sueldo hasta los 82.000 euros anuales.

Precisamente, que la reactivación de la campaña para aumentar su imagen de cercanía con los vecinos tuviera lugar a las pocas semanas de que estallase la polémica es lo que hace que muchos mostoleños lo consideren como un intento de sacudirse el escándalo. “Me chirrió bastante, me parece una campaña de imagen para la alcaldesa”, explica el fundador de la cuenta de Twitter Móstoles Sur, espacio donde se recogen reclamaciones, propuestas y noticias sobre la ciudad, “ya era una persona con mucha presencia en redes y ahora mucho más, pero tanta sobreexposición empieza a cansar a la gente, que ya empieza a ver qué hay detrás”.

“Es marketing. Atiende más a razones de mejora de imagen suya que de gestión. Tiene toda la legitimidad de utilizarlo, pero hace mucho que tendría que haber dimitido”, continúa el presidente de una asociación de vecinos que prefiere no dar su nombre para no entorpecer los procedimientos legales que tiene en curso contra la alcaldesa.

Ninguno de los estudiantes y vecinos menores de 30 años de Móstoles consultados por este diario conocían la existencia de la iniciativa, aunque la consideraban positiva. “No lo conozco y aunque me parecen bien estas plataformas de transparencia ciudadana no apruebo a la alcaldesa después de lo ocurrido”, afirma Teresa Castro, enfermera.

Desde el colectivo Stop Desahucios Móstoles consideran que el programa ‘Díselo a tu alcaldesa’ “no es una herramienta válida”. La utilizaron en una ocasión cuando, agotadas las vías convencionales y puestas sobre aviso las instituciones pertinentes, llamaron a la desesperada al teléfono de los carteles para avisar de un desahucio de una familia vulnerable. “Nos contestaron varios días después cuando el desahucio ya se había ejecutado, no nos dieron la oportunidad de reunirse y solo nos pidieron información del caso”, apuntan.

“No vale de mucho, hay otras herramientas mucho más efectivas como las quejas que ya se pueden poner en el Ayuntamiento”, continúan desde la organización por el derecho a la vivienda. “Hace años Posse nos prometió una reunión, cuando bajó a una concentración antes de las elecciones”, lamentan.

El PSOE sigue mudo y Posse en su sillón

En octubre, un mes después del escándalo de las contrataciones a amigos y familiares, el PSOE retiró a Noelia Posse el carné socialista de manera cautelar hasta que el Comité de Ética tomara una decisión en firme, que a día de hoy todavía no ha llegado. Se hizo previa petición de la misma afectada, que consideraba que de esa manera dañaba menos la imagen del partido. Pese a que el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, haya pedido la dimisión de Posse y haya declarado que no descarta la expulsión de la socialista, su afinidad con el sanchismo le estaría sirviendo de amortiguador ante sanciones más duras.

El aislamiento del partido no forzó su dimisión, y pese a la presión de la oposición, que todavía no ha logrado el apoyo suficiente para plantear una moción de censura, ella se ha mantenido firme en su sillón: “No, porque yo no he hecho ninguna ilegalidad. He cometido un error, he rectificado escuchando a la gente y sigo trabajando por mi ciudad”, contestaba a la pregunta de si iba a dimitir en una entrevista en El País.

En su primera aparición pública junto a otros miembros del partido socialista después de la crisis de credibilidad acudió a un acto con otros alcaldes socialistas de la zona sur de Madrid. Sin embargo, se negó, al igual que continúa haciendo su equipo de prensa, a hablar de la polémica. La última vez que acudió a un evento de su partido fue hace unos días para el nombramiento de Franco como Delegado de Gobierno en la Comunidad de Madrid.

La fila fuera del Ayuntamiento de Móstoles se empieza a formar desde muy temprano. Algunos vecinos han esperado durante casi dos horas para acceder al pleno extraordinario en el que este lunes todos los grupos municipales, salvo el socialista, han reprobado a la alcaldesa de la ciudad, Noelia Posse, por colocar a familiares y amigos en cargos públicos. La moción ha sido aprobada con 17 votos a favor y 10 en contra ante una sala casi completa. La alcaldesa, sin embargo, no cede a las presiones que le llegan de la ciudadanía, de la oposición, de sus socios de Gobierno e incluso de su propio partido.

“Móstoles está hasta las narices de la señora Posse y su séquito”, se quejaba antes de entrar Toñi Quiñones, de 65 años y votante del PP. “Tenemos una alcaldesa que, aparte de enchufar a toda la familia, está perjudicando al pueblo”, continuaba. José Pérez, socialista, consideraba que la regidora “tendría que haberse apartado hace un mes” para impedir que “la Alcaldía pase a la derecha”. Santiaga Moyano, de 67 años, es una de las pocas que apoya a “Noelia”. “Son guerras internas”, argumentaba junto a su sobrino, que ha acudido a un pleno por primera vez.

La crisis en el PSOE de Madrid comenzó hace más de un mes tras las críticas a la alcaldesa por nombrar a su hermana coordinadora de Mensajes y Redes Sociales en un puesto de libre designación y con un salario de 52.000 euros al año. La regidora defendió la “legalidad” del nombramiento, aunque su hermana finalmente dimitió del cargo “por humildad”. La polémica se agudizó cuando la lista de enchufados se hizo cada vez más larga, con más nombramientos y ascensos irregulares: el de su tío, el de su expareja, el de amigas íntimas. Entonces, la dirección del PSOE de Madrid llevó a la alcaldesa ante un Comité de Ética y la dirección federal socialista quitó cautelarmente la militancia a Posse.

Este lunes, algunas de las personas que esperaban entrar al pleno en el que se iba a votar reprobación –que no es vinculante y fue presentada a principios de octubre por los grupos municipales de PP, Ciudadanos y Vox– se han quedado fuera de la sala, que tiene un aforo para 70 personas. Los portavoces de los grupos municipales se han turnado para criticar una situación que para Vox es “obscena”; para el PP, “bochornosa”; para Más Madrid Ganar Móstoles “escandaliza” a la ciudadanía, y para Ciudadanos, la “menosprecia”.

Podemos, el único socio de Gobierno que le queda a Posse después de que Más Madrid Ganar Móstoles abandonara el tripartito tras la polémica, ha considerado que no es “ético ni aceptable” nombrar a familiares o amigos aunque sea “legal” y ha expuesto sus propuestas para poner “solución” a la crisis: “Uno, que la alcaldesa dé un paso a un lado y sea sustituida por otro compañero del PSOE; dos, que se vote una moción de censura impulsada por la derecha, o tres, que el PSOE proponga a una persona candidata para una moción de censura, que con la nueva ley requiere de una mayoría reforzada e implicaría el voto del PP”. Esta última es la que el partido apoya y la que también se ha abierto a valorar la Ejecutiva regional del PSOE mientras la regidora no renuncie.

“No hay nadie que le diga a la alcaldesa 'vale sí, es legal, pero somos cargos públicos y tenemos que dar ejemplo. Por muy alcaldesa que seas, no lo puedes hacer”, ha señalado Susana García, de Más Madrid Ganar Móstoles en su turno. “Aunque sea todo lo legal que ustedes quieran, no podemos enchufar”, ha zanjado. García ha añadido: “No se trata solo de colocar a la hermana, sino de que se crea un puesto específico para su profesión. Si hubiera sido peluquera en lugar de periodista, ¿nos hubiésemos encontrado con una coordinadora de Imagen y Estética del Ayuntamiento?”.

Otros han continuado con las bromas que poco han hecho reír a los presentes. “Si me permite el juego de palabras, desposéanos de este Gobierno. Que vaya a Moncloa y la nombren ministra de Empleo”, ha apuntado el portavoz de Vox, Israel Díaz, que ha visto necesario aclarar que si un hombre ocupara el puesto de Posse su partido “haría lo mismo”, no vaya a ser que se le “acuse de misógino”, ha dicho. “Usted puede pensar que ha rectificado, que podemos olvidarlo, pero pensamos que ha obrado mal”, ha incidido y ha citado al secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco: “Lo conoce, ¿verdad? Los socialistas asumimos siempre las responsabilidades de nuestros actos”.

Otros ediles han apelado a las declaraciones del secretario general del PSOE de Madrid en varias ocasiones durante sus intervenciones y en su turno, el portavoz socialista, Alejandro Martín, también se ha permitido bromear: “La exhumación de Franco es el jueves, ya que hablan tanto de él”.

“Ustedes lo han resucitado”, ha respondido Mirina Cortés, portavoz del PP. La concejala popular ha continuado con su intervención y ha tirado de “hitos históricos”. “Por primera vez en la historia de la democracia de este Ayuntamiento se llevará a cabo un pleno de reprobación contra el alcalde la ciudad”, ha señalado. También ha acusado al PSOE de ser “el partido con mayor número de casos de corrupción de la democracia española”; y este récord se lo ha devuelto el portavoz socialista: “[El PP] es el único partido que tiene el honor de tener a todos los expresidentes imputados, investigados o condenados”.

El edil de Ciudadanos José Antonio Luelmo ha recordado a Posse que en su investidura abogó por un Gobierno “accesible y transparente”. “Pues bien, ni una cosa ni la otra. ¿Qué le pasó a usted, señora Posse, el 29 de agosto [cuando designó a su hermana]? ¿Sufrió un episodio de enajenación mental transitoria para firmar aquel decreto de nombramiento o, por el contrario, actuó con alevosía olvidándose de los mostoleños?”, ha dicho Luelmo.

“Nadie es perfecto”, ha contestado Martín en su turno. “Pero nosotros asumimos nuestros errores”, ha dicho. Martín ha apuntado contra todos: “¿Quién tira la primera piedra?”. “No es reprobable que la Comunidad de Madrid nombre altos cargos a exalcaldes vinculados con la Púnica, las interminables listas de espera que asolan a nuestros vecinos de Madrid o que [el secretario general de Vox, Javier] Ortega Smith llame asesinas a las 13 rosas”. “¡Háblenos de Móstoles!”, le ha apuntado una señora desde el público. “¿Van a venir a darle lecciones de ética y de moral a la alcaldesa?”, se ha preguntado y ha concluido: “Pedimos perdón y seguimos currando, que para eso nos pagan”.

Posse, que se ha limitado a dar la palabra, tomar nota o hacer muecas con cada una de las cuestiones que le han afeado durante la hora y media que ha durado el pleno, ha aprovechado los últimos minutos antes de la votación para insistir una vez más en que ella no ha cometido “irregularidad alguna” y que ha contra ella “una caza de brujas”. “Yo no he colocado a nadie a dedo”, ha repetido y fuera de la sala se han escuchado abucheos.

“He nombrado a cargos de confianza que la ley ampara, como los que han nombrado [Isabel Díaz] Ayuso e Ignacio Aguado en la Comunidad de Madrid”, ha querido matizar. “Reprobar es criticar una conducta o decisión. Si reprueban mi actitud, que están en su derecho, están aceptando que lo que ustedes han venido haciendo durante estos doce años también estuvo mal”. La mayoría ha levantado la mano para votar que sí; la alcaldesa ha insistido en que no y se ha quedado sentada en su sitio mientras los concejales han abandonado la sala. 

El Pleno del Ayuntamiento de Móstoles ha reprobado este lunes a la alcaldesa del municipio, Noelia Posse (PSOE), por colocar a familiares y amigos en cargos públicos. La reprobación, que fue presentada a principios de octubre por los grupos municipales de PP, Ciudadanos y Vox, se ha aprobado este lunes con 17 votos a favor y 10 en contra. Únicamente los socialistas han votado en contra.

La regidora ha llegado a este punto sin el apoyo de sus socios de Gobierno ni de parte de su partido, que ha suspendido cautelarmente la militancia de Posse y ha impulsado un Comité de Ética para investigar la polémica de los nombramientos..

Los concejales de PP (6), Ciudadanos (5), Podemos (2), Más Madrid Ganar Móstoles (2) y Vox (2) han alzado las manos para votar a favor de la reprobación y han pedido la dimisión de la regidora. Los ediles han lamentado la situación “bochornosa” que afecta a la segunda ciudad con más habitantes de la Comunidad después de Madrid desde hace más de un mes.

La portavoz de Más Madrid, Susana García, ha acusado a Posse de convertir a Móstoles en “la capital del enchufismo”; José Antonio Luelmo, de Ciudadanos, ha apuntado a que la regidora tiene “el dudoso honor” de ser la primera alcaldesa de Móstoles a la que se le hace una reprobación, y el portavoz de Vox, Israel Díaz, ha considerado necesario aclarar que “lo mismo haría” su partido si el puesto de Posse lo ocupara un hombre: “Para que no se me acuse de misógino, ni haya victimismos”.

“La reprobación es individual, se hace a una persona concreta, no a todo el PSOE”, ha precisado Mónica Monterreal, la portavoz de Podemos, el único socio de Gobierno que le queda a Posse. “No nos parece bien lo sucedido, ni ético, ni aceptable, aunque sepamos que es legal”, ha señalado.

“Nadie es perfecto, pero nosotros asumimos los errores”, se ha excusado el portavoz socialista, Alejandro Martín. Martín ha criticado el “circo montado” en el Pleno por los partidos y ha dicho que “ninguno pasa la prueba del espejo”. Y Posse ha aprovechado el último momento antes de la votación para defenderse: “En esta caza de brujas hay más mentiras que verdades, yo no he cometido irregularidad alguna”.

La crisis en el PSOE de Madrid comenzó hace más de un mes tras las críticas a la alcaldesa por nombrar a su hermana, Laura Posse, coordinadora de Mensajes y Redes Sociales en un puesto de libre designación y con un salario de 52.000 euros al año. La regidora defendió la “legalidad” del nombramiento, su hermana finalmente dimitió del cargo “por humildad”. La polémica se agudizó cuando la lista de enchufados se hizo cada vez más larga, con más nombramientos y ascensos irregulares: el de su tío, el de su expareja, el de amigas íntimas.

El Ayuntamiento insistió entonces en que Posse no había hecho “nada ilegal” y había “reconocido sus errores, pedido perdón y rectificado”. Ni el rechazo de los vecinos, ni la oposición de uno de sus socios de Gobierno --Más Madrid Ganar Móstoles abandonó el Ejecutivo municipal y dejó a Posse en minoría, con sus diez ediles y dos de Podemos--, ni la presión de su propio partido la hicieron dimitir.

La Ejecutiva del PSOE de Madrid llevó a la alcaldesa ante un Comité de Ética como un paso previo a abrirle expediente y solicitar, “si es pertinente”, su renuncia. Posse compareció ante el órgano de control, que ahora deberá emitir un informe y, en función de eso, abrir un expediente que podría derivar en la expulsión del partido. La dirección federal socialista, por su parte, ha quitado cautelarmente la militancia a Posse hasta que se resuelva el procedimiento.

La alcaldesa se enfrenta, además, a una amenaza de moción de censura. Ciudadanos ya ha iniciado la ronda de contactos para valorar la posibilidad de presentarla. El secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, ha abierto la puerta a relevar a la alcaldesa con otro candidato socialista y los dos socios que hicieron posible la investidura de Posse con un gobierno en coalición, Podemos y Más Madrid Ganar Móstoles, están dispuestos a apoyar la moción. La alcaldesa, de momento, se aferra a su cargo.

La Comisaría de la Policía Nacional de Móstoles ha recibido una denuncia relativa a un presunto robo de documentos y expedientes de Recursos Humanos del área de Urbanismo del Ayuntamiento de la localidad, según informa la Cadena Ser.

Según han informado a Europa Press fuentes policiales, se tiene constancia desde las 7 de la mañana de ayer de una denuncia sobre el robo de documentación en las oficinas de gestión económica de Urbanismo al forzar un armario en el que se encontraban estos documentos.

Asimismo, fuentes del Ayuntamiento han señalado a Europa Press que estos documentos han desaparecido cuando se estaba terminando la auditoría del Instituto Municipal de Suelo y cuando se había anunciado también un análisis de la Gerencia de Urbanismo para conocer la “realidad económica y procedimental” de este departamento. Estas fuentes han confirmado que se ha forzado un armario para sustraer la documentación.

El Ayuntamiento está encabezado por Noelia Posse, suspendida de militancia desde este jueves por la dirección federal del PSOE tras la polémica generada por los nombramientos de familiares y amigos como cargos de confianza contratados por la Corporación.

Con la resistencia de Posse a dimitir, la única vía para desalojarla de la alcaldía pasa por la moción de censura, pero José Manuel Franco ya ha descartado que no apoyarán “nunca” una moción de censura que parta “de un grupo político de la derecha” en Móstoles.

Paralelamente, Ciudadanos ha iniciado ronda de consultas para intentar registrar una moción de censura contra Posse. Desde Podemos, Más Madrid Móstoles, PP y Vox también han exigido a la regidora que dimita de su cargo.

La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, no tiene carné socialista hasta nuevo aviso. Ferraz ya ha comunicado al PSOE de Madrid que la regidora está suspendida cautelarmente de militancia hasta que se resuelva el procedimiento que el partido mantiene abierto contra ella por las contrataciones de familiares y amigos en el Ayuntamiento, confirman fuentes de la dirección regional.

Con este paso, la dirección federal interviene por primera vez en el escándalo que asola el municipio madrileño desde hace un mes, aunque varios dirigentes llevan días lanzando mensajes directos a Posse para que se marche del cargo. Solo Ferraz puede suspender temporalmente a los militantes socialistas, según sus estatutos.

La hoja de ruta diseñada es seguir incrementando la presión sobre la alcaldesa para que dimita antes de que el partido la expulse. De hecho, el Comité de Ética está dilatando sus trabajos. Se convocó hace ya diez días sin que aún se haya pronunciado.

Mientras, los socialistas exploran nuevas vías para hacer caer a Posse, aferrada hasta el momento al cargo público. La regidora se enfrenta, además de a su propio partido, a una amenaza de moción de censura que sus socios de Gobierno ya han confirmado que apoyarían. El secretario general del PSOE de Madrid abrió este miércoles la puerta a relevar a la alcaldesa con otro candidato socialista, un plan que Más Madrid y Podemos ven factible.

Ciudadanos también anunció que iniciaría una ronda de contactos con los grupos municipales para acabar con la “situación insostenible” en el municipio sin confirmar si daría su apoyo a un gobierno de izquierdas no encabezado por Posse.

La maquinaria del PSOE redobla la marcha para expulsar del partido a la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse. El PSOE de Madrid no ha esperado al dictamen del Comité de Ética sobre los enchufes de familiares y amigos de Posse en el Ayuntamiento y anuncia que pedirá a la Ejecutiva Federal la “suspensión cautelar de militancia” de la regidora. “Es el único órgano competente para resolver estas cuestiones”, indica el partido madrileño en una nota.

La Ejecutiva Regional también ha informado de que Posse ha remitido una carta al PSOE de Madrid en la que “solicita la suspensión cautelar de militancia para poder defenderse y no dañar más al partido”. Pese a esta petición, la alcaldesa no da síntomas de dimitir y fuentes municipales confirman que “seguirá ejerciendo sus funciones” como regidora.

La misiva, en la que también pide disculpas “por el posible daño ocasionado” llega apenas 24 horas después de que el Gobierno municipal haya quedado debilitado y en minoría tras la salida de uno de los socios, Más Madrid Ganar Móstoles.

Según los estatutos del partido, la Comisión Federal “podrá suspender cautelarmente a los militantes sometidos a un expediente o que hayan sido denunciados por el órgano del partido en cualquier momento del procedimiento”. En este caso, por tanto, es Ferraz quien debe decidir si deja la militancia de Posse en suspenso mientras se resuelve el proceso iniciado ante el Comité de Ética.

El PSOE de Madrid trata de armar con “todas las garantías” la expulsión de Noelia Posse sin entrar en si los nombramientos fueron legales o ilegales para evitar que la imagen del partido se erosione a un mes de las elecciones. La polémica ya se coló la semana pasada en la Asamblea de Madrid y el portavoz, Ángel Gabilondo, afirmó que “hay desafíos mejores que seguir aguantando”. Fuentes socialistas recuerdan que los estatutos castigan el “menoscabo a la imagen del partido”.

La estrategia del PSOE también pasa por aumentar la presión sobre ella para evitar tomar una determinación de este calado. Y varios dirigentes nacionales del partido ya han dado públicamente la espalda a la regidora. “Esa es una decisión que ella debe asumir y la responsabilidad política tiene un camino”, indicó la vicesecretaria general Adriana Lastra sobre una posible dimisión.

El escenario ideal para los socialistas es que Posse dimita antes, pero también cuentan con que la alcaldesa puede aferrarse más al cargo. “No ha cometido ninguna ilegalidad, ha reconocido sus errores, ha pedido perdón y ha rectificado”, aseguró el Ayuntamiento en un comunicado enviado tras conocerse la renuncia de Más Madrid Ganar Móstoles a seguir formando parte del Gobierno.

El escándalo, tras semanas de polémica, ha hecho estallar el tripartito de izquierdas en Móstoles. Más Madrid Ganar Móstoles, uno de los socios, abandonó el lunes el Ejecutivo municipal y Podemos Móstoles ya ha pedido su dimisión tras semanas de silencio sobre el escándalo.

La dirección autonómica de Podemos y la del Partido Socialista de Madrid mantendrán una reunión esta semana para tratar la crisis en Móstoles. Ambos partidos siguen unidos por el ahora bipartito en el Gobierno de la ciudad. La formación de Pablo Iglesias considera que la situación de Posse es “insostenible” y ha criticado la renuncia de Más Madrid Ganar Móstoles a seguir formando parte del Ejecutivo. “Le pedimos que dé un paso a un lado para reeditar el pacto de progreso bajo unas condiciones que garanticen la transparencia y la estabilidad”, declaró el portavoz de la formación morada, Jesús Santos.

La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, no tira la toalla y sigue intentando resistir en el cargo. Posse se ha reafirmado este lunes en su postura de no dimitir pese a quedarse en minoría, con sus 10 ediles más los 2 de Podemos, después de que Más Madrid Ganar Móstoles haya abandonado el Gobierno municipal.

El tripartito ha estallado por los aires y la regidora queda en una postura de máxima debilidad, dado que ni el PSOE la apoya. En el Ayuntamiento de Móstoles, el segundo municipio más grande después de Madrid, insisten en que no se ha cometido ninguna ilegalidad en la actuación del Consistorio.

Pero esta razón no ha convencido a uno de sus socios en el Ejecutivo mostoleño, MMGM, que han decidido en asamblea general pasar a la oposición ante la actual, hasta el punto de que han dimitido dos de los cargos que la formación tenía en el gobierno. En Más Madrid han argumentado la salida por la “crisis institucional, derivada de los cuestionados nombramientos de la regidora, Noelia Posse (PSOE)”.

“La regidora ha demostrado carecer de la más mínima noción de ética política, tener ausencia de convicciones y una profunda irresponsabilidad”, han dicho.

Primero fue la destitución de la hermana de la alcaldesa, Laura Posse, como coordinadora de mensajes y redes sociales del Ayuntamiento. Después se produjo la renuncia de su tío, Héctor V. Posse, a su ascenso como director técnico administrativo de Deportes del Consistorio, con un complemento salarial de 1.607 euros al mes.

Y, a continuación, la de Luis Vázquez como gerente del Instituto Municipal del Suelo (IMS). A ellos se ha unido recientemente la que fuera coordinadora de Gabinete Alcaldía de Móstoles, Alicia Domínguez Villarino, después de que trascendiese que es amiga personal desde la infancia de la regidora.

También se cuestionó el complemento salarial de 800 euros al mes para Gonzalo Sánchez Oliva, que había sido nombrado en el puesto de supervisor del Grupo de Intervención Especial del Ayuntamiento, y con quien la primera edil había tenido una relación “en el pasado”.

A ellos se sumó la revocación por parte de la Justicia del nombramiento de Jesús Miguel Espelosín, hijo de un histórico dirigente socialista, como nuevo gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Móstoles. Fallo que recurrirán desde el Consistorio.

Y, tras conocerse la sentencia, recayeron las dudas sobre la contratación de Carmen Rosas Camacho, como coordinadora de Urbanismo, por ser quien certificó los años de experiencia que permitieron a Espelosín presentarse al puesto.

Además, desde el Partido Popular de Móstoles reclamaron el pasado martes 2 de octubre que se aclarase la contratación de la exconcejal socialista de Illescas, Concepción Bárbara Rognoni Navarro, como directora general del Suelo y Nuevos Desarrollos, en el Área de Desarrollo Urbano del gobierno municipal.

Ante ello, los dos ediles de Más Madrid Ganemos Móstoles, Gabriel Ortega, concejal de Cultura y políticas Medio Ambientales, y Susana García Millán, que ya habían pedido la dimisión de la alcaldesa, han presentado este lunes su carta de renuncia, dejando la puerta abierta a recomponer el Gobierno progresista a tres encabezado por el PSOE, pero sin Posse al frente.

Desde el actual Ejecutivo local han insistido en que no solo no ha hecho “nada ilegal” sino que la regidora “ha reconocido sus errores, ha pedido perdón y ha rectificado”. Las mismas fuentes han cargado contra el partido liderado por Ortega recalcando que “las elecciones se ganan en las urnas”, refiriéndose a que MMGM pasó de 6 a 2 concejales en las últimas elecciones municipales.

“El mal resultado electoral de este partido, que ahora ha decidido pasar a la oposición, no va a condicionar el Gobierno de la ciudad de Móstoles”, han zanjado.

Podemos mantiene a Posse

A través de un comunicado, Podemos Móstoles ha lamentado “profundamente la situación política actual” del municipio. Además, han dicho no “compartir la abrupta salida de uno de los socios de gobierno, poniendo en peligro la mayoría progresista actual y abriendo la puerta a la derecha en Móstoles”.

“Hay que buscar una solución que permita la continuidad del gobierno municipal y esta pasa por limar las diferencias actuales, lo que implica que el PSOE tiene que facilitar que la actual alcaldesa dé un paso al lado”, concluyen en el comunicado.

El Ayuntamiento recalca que Posse no está imputada

A las acusaciones de nepotismo se suma este lunes la apertura de investigación contra la alcaldesa de Móstoles supuestamente por mentir en una declaración en sede judicial. Un juez ha remitido al Decanato la declaración de la regidora para que se investigue si cometió delito de falso de testimonio.

El juez Pablo Ruz, al frente del Juzgado de Instrucción número 4 de Móstoles, ha procedido a deducir testimonio contra la alcaldesa de esta localidad madrileño, tras apreciar el instructor que pudo incurrir en este delito en su declaración como testigo dentro de una causa por delitos de prevaricación y malversación.

En este sentido, el Ayuntamiento de Móstoles ha insistido en que “no existe ninguna sentencia que impute a la alcaldesa por falso testimonio” y que el “el propio Ministerio Fiscal no aprecia indicio alguno de delito y se opone a la apertura de estas nuevas diligencias”.

“Se trata de un auto en el que el magistrado acuerda remitir a otro Juzgado las actuaciones judiciales seguidas en Diligencias previas 256/2019 por el correspondiente estimase oportuno abrir diligencias de un posible delito de falso testimonio”, han recalcado.

De este modo, el caso recaerá ahora sobre un Juzgado y deberá decidir si investiga lo remitido por el juez instructor, según las mismas fuentes.

El juez Pablo Ruz, al frente del Juzgado de Instrucción número 4 de Móstoles, ha remitido al Decanato la declaración como testigo de la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, en una causa por delitos de prevaricación y malversación para que se investigue si cometió un delito de falso testimonio, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Tras apreciar el instructor que pudo incurrir en este delito, ha procedido a deducir testimonio contra la alcaldesa de esta localidad madrileño, cuestionada en las últimas semanas por varios nombramientos a dedo de personas de su entorno familiar.

De este modo, el caso recaerá ahora sobre un juzgado y deberá decidir si investiga lo remitido por el juez instructor, según las mismas fuentes.

En concreto, según ha adelantado la 'Cadena Ser', el juez Ruz investiga una denuncia del exdirector de Hacienda en esta localidad madrileña por delitos de malversación y prevaricación durante los años de gobierno de Posse.

Recientemente, el PSOE ha acordado abrir un expediente a la alcaldesa por varios nombramientos a dedo. Miembros de su partido han solicitado su dimisión. Noelia Posse ya ha manifestado que por ahora descarta apartarse del cargo.

Más Madrid Ganar Móstoles, uno de los socios de Gobierno de la alcaldesa Noelia Posse, abandonará el tripartito que forman junto a PSOE y Podemos. Según ha adelantado la Cadena Ser, la decisión se tomó por unanimidad en la asamblea del partido que tuvo lugar el pasado viernes tras la polémica generada por los nombramientos de familiares y amigos como cargos públicos por parte de la regidora.

Los dos ediles presentarán esta mañana su carta de renuncia. Se trata del concejal de Cultura, Gabriel Ortega, y la portavoz de la formación Susana García Millán. El pasado 1 de octubre, Ortega pedía la dimisión o advertía, como finalmente ha ocurrido, de que darían por rota “la mayoría progresista” de Gobierno.

Podemos Móstoles, el otro socio de Gobierno de la alcaldesa, ha evitado hasta ahora pedir la dimisión de Noelia Posse por los últimos nombramientos puestos en duda y ha asegurado que cuando los órganos de decisión del partido “establezcan formalmente su posición”, la harán pública.

Móstoles espera un desenlace inminente del caso de los enchufes que puede suponer el final para su alcaldesa. Más de 200.000 habitantes están pendientes de la decisión que tome el PSOE en los próximos días. Su futuro pende de un informe del Comité de Ética que se emitirá la próxima semana.

Lastra cree que debería dimitir

Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE, ha asegurado este lunes en una entrevista en TVE que la situación en Móstoles le ha causado “sorpresa y disgusto”. Así, le ha pedido a Noelia Posse que “sea responsable con esas decisiones y la responsabilidad política tiene un camino”, sugiriendo que debería dar paso a un lado. “Es una decisión que ella debería asumir”.

El PSOE-M ha llevado a la comisión de ética el caso de la alcaldesa de Móstoles. El presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha dejado en manos del partido en Madrid la decisión de obligar o no a dimitir a Posse.

“Si la comisión de ética aconseja pedir de una forma expresa la decisión de que la alcaldesa dimita, no hay dudas de que esta Ejecutiva y su secretario general pedirán su dimisión”, dijo José Manuel Franco en una rueda de prensa en la sede del partido la semana pasada.

“He dicho bastante cuando digo que los cargos políticos deben asumir la responsabilidad y también digo mucho con que la confianza del partido en Madrid en la alcaldesa se ha visto seriamente mermada”, ha señalado Franco, que ha añadido que “no hay intocables” en el partido.

Franco ha aseverado que, en función de lo que dictamine la comisión, se puede abrir un expediente a Posse que “llevado al último extremo, conllevaría su expulsión del partido”. Asimismo, ha afirmado que pedirle a Posse que deje su acta de concejal sería “un brindis al sol” porque es una “decisión que sólo le compete a ella porque el acta es personal y no del partido”.

Móstoles espera un desenlace inminente del caso de los enchufes que puede suponer el final para su alcaldesa, Noelia Posse. Más de 200.000 habitantes están pendientes de la decisión que tome el PSOE en los próximos días. Su futuro pende de un informe del Comité de Ética que se emitirá la próxima semana. En el pueblo, el escándalo se comenta en cada esquina con resignación en algunos casos, con enfado en otros. 

“Si el jefe de Madrid le ha marcado la puerta, digo yo que se tendrá que ir”, asume Paco mientras pone una caña en el bar que regenta. Dice que a su establecimiento la gente va a ver el fútbol y a “hablar de otras cosas que no son política porque está muy harta”.

Pero la crisis por los nombramientos a dedo de familiares y amigos de la regidora ha entrado irremediablemente en el bar. En este y en otros. También en las peluquerías o el quiosco. Móstoles es la segunda población más grande de Madrid, pero el centro se parece más a un pueblo que a una gran urbe de más de 200.000 habitantes. La ciudad se ha acostumbrado últimamente a salir en los telediarios. “Ya parecía que había bajado un poco el escándalo de la Universidad Rey Juan Carlos. Aquello sí me dio pena... Y ahora esto”, dice Elvira, de 70 años, en la puerta de la parroquia. La facultad de Móstoles fue el epicentro de las prácticas corruptas que se destaparon a raíz del caso Máster que involucró a la expresidenta Cristina Cifuentes y provocó su dimisión. 

La naturalidad con la que fluyen las últimas horas sobre el escándalo de la alcaldesa se congela en las inmediaciones del Ayuntamiento. Funcionarios y funcionarias entran y salen de un edificio cuadrado de ladrillo vista. Nadie quiere hablar. Donde a principios de septiembre las caceroladas y los gritos de protesta de algunos vecinos impidieron a Posse dar el pregón, ahora se impone el silencio. “No podemos hablar”, dice una trabajadora, que al final admite que llevan semanas “a la expectativa”. Hay más de 1.000 empleados municipales, entre personal funcionario y laboral que también aguardan un final. 

Parece difícil encontrar a un votante socialista por la calle, pese a que la lista del PSOE, encabezada por Noelia Posse, fue la más votada en mayo. La alcaldesa mejoró los resultados de su antecesor, David Lucas: logró 100.000 votos y obtuvo tres concejales más que hace cuatro años. 

Antonio, jubilado, es la excepción. “Estoy decepcionado. No sé. No la volvería a votar. Me gustó como gestionó, ahora tengo dudas”, admite. Considera que “debería dimitir” y cree que el partido la está empujando a que lo haga. “Pero a lo mejor no se va. Si es que aquí esto lo hacen todos”, relativiza.

“Y los enchufes que no se conocen...”, apunta un jardinero que trabaja en una plaza céntrica y que resta importancia a lo ocurrido, como si el pueblo estuviera acostumbrado. “Gente de todos los partidos lo hace”, justifica. Otro compañero, a su lado, pronostica que “tiene mala pinta”. “O se va, o la echan. La cosa huele mal, parece que hay gente del partido está metiendo mano”.

El propio Partido Socialista ha dado alas a esta teoría del fuego amigo. “Es posible que compañeros desde dentro alimenten esta hoguera, no lo descarto”, dijo esta semana el secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, tras anunciar que Posse tendría que comparecer ante el Comité de Ética. El veredicto final del órgano dependerá en buena medida de su presidente, Javier Rodríguez, el alcalde de Alcalá de Henares procesado por prevaricación. El entorno de la alcaldesa, entre los que se cuenta al secretario general de Móstoles, Álex Martín, cree que hay un grupo en la agrupación que tiene “hostilidad” hacia la comisión ejecutiva. 

Fuentes socialistas refuerzan en privado esta hipótesis. También admiten el miedo a que la alcaldesa se enroque en su cargo pase lo que pase con el proceso que ya se ha iniciado para que dé explicaciones ante el Comité de Ética del partido sobre los nombramientos que la han hecho protagonista de titulares a diario. Incluso si termina expulsada del partido. “Yo creo que está protegida, aquí conoce a mucha gente”, opina un vecino de toda la vida del municipio.

La lista municipal con la que concurrió en mayo ya generó problemas en vísperas de las elecciones y dejó una agrupación socialista fracturada. Varios miembros, entre ellos el concejal de Hacienda, Javier Gómez, renunciaron a formar parte de la candidatura después de que el partido mostoleño barriera de los puestos de salida a la mayoría de concejales del PSOE de la ciudad, el equipo con el que Posse misma trabajó durante dos años cuando sucedió a David Lucas, dimitido en 2017. 

Por eso en el PSOE piensan que, ante una expulsión, Posse tendría cierta capacidad para mantener el apoyo de sus concejales. “La lista se hizo a imagen y semejanza”, dice un cargo socialista de renombre. Eso explicaría la “actitud desafiante” que, para algunos miembros del partido, está manteniendo la alcaldesa ante la crisis.

La intención de la dirección socialista es, en todo caso, que Posse termine renunciando ante el escándalo. La posición de sus socios de Gobierno también será decisiva: Más Madrid Ganar Móstoles ya ha pedido su dimisión y este lunes los dos ediles anunciarán que abandonan el tripartito, mientras Podemos dilata el momento de pronunciarse porque lo están “estudiando” ante la sorpresa de miembros incluso del PSOE. Los afines a la alcaldesa cuentan con una baza a su favor: dan por hecho que el Gobierno no está peligro porque sus socios no apoyarían una moción de censura impulsada por el PP. 

Posse mantiene que no hay nada “ilegal” en sus nombramientos y ha admitido que está “muy cabreada” consigo por “los errores”. “No creo que haya cometido ninguna ilegalidad ni ninguna irregularidad como para tenerme que marchar. Lo importante es rectificar y seguir trabajando”, dijo después de cuatro dimisiones de cargos de confianza: su hermana, su tío, un antiguo dirigente de la URJC con un contrato blindado y una amiga de la alcaldesa. Hubo una salida forzada más. La directora de Comunicación de la alcaldesa durante la crisis, Franca Velasco, no ha sobrevivido a los escándalos y fue cesada por “pérdida de confianza”. 

El Comité de Ética prevé resolver esta semana la comparecencia de Posse y tener una decisión tomada para la próxima. La puerta de la expulsión está abierta. 

La crisis en el PSOE de Madrid por los nombramientos de la alcaldesa de Móstoles se agudiza. La Ejecutiva regional ha anunciado que va a llevar a Noelia Posse ante el Comité de Ética por colocar cargos municipales a familiares y amigos. El último, el del gerente de Urbanismo del municipio, hijo de un histórico concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, ha sido tumbado por la justicia porque no cumplía con los requisitos del proceso selectivo.

El PSOE de Madrid toma esta decisión como paso previo a abrir un expediente a la regidora en el partido y solicitar su dimisión, de manera que si la Comisión constata que “no se han seguido las mínimas normas éticas” se dé el siguiente paso “con todas las garantías”. “Es posible que se hayan incumplido algunos aspectos recogidos en nuestras normas internas y código ético”, ha avanzado el secretario general, José Manuel Franco.

Franco también ha advertido que “en el partido no hay intocables”. “Si se considera que lo pertinente es que dimita, este secretario general se lo pedirá”, ha añadido, aunque ha anticipado que el acta es “personal” y el partido no puede cesarla de su cargo público.

Posse será llamada a comparecer ante el órgano de control esta misma semana, según Franco. No es la primera vez que el partido, a través de la Comisión de Ética, pide información a la alcaldesa. Con el nombramiento de su tío, el PSOE de Madrid aseguró que exigiría a Posse toda la documentación que acreditara la idoneidad de su tío, ya funcionario en el Consistorio, para el cargo de Director Técnico Deportivo con un complemento de 1.600 euros anuales. Héctor Posse terminó dimitiendo y el proceso quedó diluido con su salida.

Ahora vuelve a ponerse en marcha, esta vez solicitando la comparecencia directa de la regidor, ante la aparición de nuevos casos y ante el riesgo de enrocamiento de la Posse en el cargo, que ya genera cierta temor en la Ejecutiva regional. Una vez que la comisión escuche a la alcaldesa, emitirá un informe y, en función del resultado, se le abrirá un expediente que podría derivar en la expulsión del partido con la suspensión de militancia.

La crisis en el Ayuntamiento de Móstoles está abriendo también grietas en la Ejecutiva regional, donde algunos miembros ya han pedido la dimisión de la regidora. “Es posible que compañeros desde dentro alimenten esta hoguera, no lo descarto”, ha apuntado Franco, que asegura que respeta “la opinión de todos los miembros de la Ejecutiva”.

Noelia Posse, la alcaldesa socialista de Móstoles, ha vuelto a premiar en el Ayuntamimento a una persona de su entorno. En este caso se trata de Gonzalo Sánchez Oliva, su expareja, quien ha sido colocado como supervisor del Grupo de Intervención Especial del Ayuntamiento, con un complemento mensual de 800 euros, según ha informado la Cadena Ser.

En los últimos días, Posse ha sido noticia por colocar en diferentes puestos a su amiga Alicia Domínguez; su tío, Héctor Vicente Posse; su hermana, Laura Posse; y a otro conocido suyo, Luis Vázquez. Los cuatro han terminado por dimitir.

La última en hacerlo ha sido Alicia Domínguez, a la que Posse había fichado por 52.000 euros al año. A su tío se le había concedido un complemento de 1.607 euros al mes por su ascenso como Director Técnico Deportivo, mientras que su hermana había sido contratada como coordinadora de Redes Sociales, un puesto que no existía antes y que contaba con un salario de 52.000 euros al año. Por último, Luis Vázquez, habías sido puesto al frente del Instituto Municipal del Suelo con un contrato blindado de 300.000 euros al año.

La alcaldesa había pedido perdón esta misma mañana

En declaraciones a la Ser este mismo viernes, antes de que haya salido a la luz la situación con su expareja, Noelia Posse ha mostrado arrepentimiento por su conducta, si bien no ha presentado su dimisión.

“Estoy muy disgustada y muy cabreada conmigo misma por haber cometido estos errores, y lamento de verdad si he provocado algún daño a mis compañeros y a otras personas”, ha asegurado.

La alcaldesa socialista ha reconocido a la emisora “que no estaban preparados para los puestos designados” y que no creía que hubiera más casos.

Desde el PSOE-M han sido muy críticos con la postura de Posse y han presionado para que destituyese a sus familiares.

El segundo municipio más poblado de Madrid, Móstoles, ha saltado al mapa nacional. El motivo: las acusaciones de “nepotismo” a causa de la colocación por parte de la alcaldesa socialista, Noelia Posse, de dos familiares directos en puestos de responsabilidad generosamente remunerados. El de su hermana, coordinadora de Redes Sociales, se creó exprofeso –no existía antes– con un salario de 52.000 euros al año. Y a su tío, funcionario del Ayuntamiento, se le ha concedido un complemento de 1.607 euros al mes por su ascenso como Director Técnico Deportivo.

Estas decisiones unilaterales de la alcaldesa y criticadas por uno de los socios de Gobierno, provocaron una contundente respuesta de los vecinos, que recibieron a la regidora con gritos de “ladrona” en el pregón de las fiestas; y desataron un fuerte malestar en su partido, el PSOE de Madrid, para que rectificara.

El secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, denunció la falta de “estética” y lanzó un ultimátum a la alcaldesa para que revocara la designación de Laura Posse. La presión surtió efecto y unas horas después Noelia Posse enviaba una nota comunicando el cese sin atender a los medios de comunicación y con el mensaje de que su decisión fue “lícita” y acertada, pero no “comprendida por los ciudadanos”.

Sin embargo, la destitución no ha zanjado la controversia. La alcaldesa mantiene a su tío, Héctor Vicente Posse, en el puesto de Director Técnico Administrativo en el área de Deportes. Su caso es algo diferente: es funcionario en el Ayuntamiento y ha sido ascendido con un complemento de productividad de 1.607 euros mensuales sin que haya pasado por los habituales mecanismos de promoción interna de la administración. El nombramiento está autorizado también por el director de personal por orden de alcaldía. Fuentes municipales defienden que se trata de un cargo de libre designación y que el plus sirve para “igualar” su sueldo al de los directores técnicos del Consistorio.

Para la oposición y también para sus propios socios de Gobierno, la decisión es “insuficiente” y llega “tarde”. La investidura de Noelia Posse fue posible gracias a un acuerdo de Gobierno entre PSOE (10 concejales), Más Madrid Ganar Móstoles (2 ediles) y Podemos (otros dos). Pero estos nombramientos respondieron únicamente a la voluntad de la alcaldesa y se cerraron por decreto sin una consulta previa con la Junta de Gobierno, denuncia el concejal de Cultura y Medioambiente, Gabriel Ortega.

“Lo hemos vivido muy mal. Fueron decisiones unilaterales y nos enteramos de ello por medios extraoficiales”, lamenta Ortega. Más Madrid Ganar Móstoles pidió públicamente a la alcaldesa que rectificara. Podemos, por su parte, prefirió no pronunciarse sobre el asunto y mantenerse al margen. eldiario.es ha contactado sin éxito con el grupo municipal para conocer su postura al respecto.

Dudas sobre la legalidad del ascenso

PP y Ciudadanos son más contundentes y aseguran que tienen dudas sobre si el familiar de la alcaldesa cuenta con la “titulación” necesaria para ocupar un cargo de director técnico en el Ayuntamiento. “Creemos que la designación contraviene una ley de la Comunidad de Madrid que exige una cierta capacitación a los directores deportivos y vamos a pedir en el pleno que eso se valide”, asegura Mirina Cortés, portavoz del grupo municipal popular en el Consistorio. “Móstoles no puede ser una agencia de colocación. Vamos a estudiar el asunto, hay normativa que recoge la cualificación de ese puesto”, apunta el líder de Ciudadanos en la localidad, José Antonio Luelmo.

Varios grupos políticos coinciden en que la polémica por nepotismo ha colocado al municipio de Móstoles, al sur de Madrid, en el centro de la actualidad política con una “mala imagen” tan solo tres meses después de formarse el Gobierno municipal. Los vecinos y vecinas de la localidad recibieron este miércoles con abucheos y gritos de “ladrona” y “fuera” a la regidora que se han reproducido en las televisiones. Ella trató de continuar hablando desde el balcón del Ayuntamiento sin éxito.

Las críticas más profundas han emergido dentro de su propio partido. El PSOE de Madrid lamenta la situación poco “estética” que ha generado el Consistorio, en palabras del su líder regional, José Manuel Franco.

El secretario general de los socialistas madrileños ha sido la figura del partido que ha ejercido mayor presión sobre Noelia Posse con peticiones públicas de que “rectificara” ante el reafirmación de la alcaldesa en su decisión. Este mismo miércoles, Posse justificaba que se rodea “de las personas cualificadas profesionalmente y de absoluta confianza para que el trabajo se pueda llevar a cabo” y aseguraba que en su partido nadie le había conminado a revocar los nombramientos. Un extremo desmentido unas horas más tarde, en una entrevista en la Cadena Ser, por el propio Franco, que afirmó que había telefoneado a la alcaldesa esa misma mañana para ordenarle cambiar de idea.

El malestar en el PSOE-M ha pesado mucho en la decisión de última hora de la alcaldesa. Aunque el desasosiego se instaló en el partido una vez saltaron a los medios los nombramientos, realizados a finales de agosto, hace una semana. Según ha podido saber eldiario.es, el asunto se trató en la última reunión de la Ejecutiva regional y no suscitó reacción alguna por parte del secretario general que unos días después ha sido rotundo en su demanda.

El puesto que ocupaba hasta ahora Laura Posse, remunerado con 52.000 euros anuales de sueldo, fue creado por el Consistorio en esta legislatura. Las funciones relacionadas con la coordinación de redes sociales estaban integradas en las labores de la Dirección de Comunicación, confirman fuentes municipales a eldiario.es.

Este no ha sido el único desembolso de dinero público que ha generado críticas al nuevo equipo de Gobierno. Apenas dos semanas después de llegar al cargo, el Ayuntamiento propuso al pleno un proyecto para aumentar el salario de todo el equipo de Gobierno y de los concejales del pleno: un 17% de subida para la regidora (82.000 euros) y un 10% para el resto de ediles (62.000). La iniciativa salió adelante con los votos de todos los grupos excepto Podemos –pese a estar dentro del Gobierno– y Vox. En ese proyecto se apoyan los decretos aprobados después que avalaron los controvertidos nombramientos.

Ciudadanos justifica que “se buscaba una redistribución igualitaria del dinero entre los grupos”. “Esto no tiene nada que ver”, apuntan fuentes del grupo municipal. Más Madrid Ganar Móstoles argumenta que apoyaron el proyecto porque era una “condición” que el PSOE había puesto para firmar un acuerdo de Gobierno con la entrada de varios grupos a concejalías del Consistorio. Y avanzan que solicitarán a la alcaldesa que ponga límites a los complementos salariales “discrecionales” de manera que no superen los 600 euros al mes. El plus concedido a su tío casi triplica esta cantidad.

La oposición y al menos uno de los socios de Gobierno pretenden seguir batallando para esclarecer si el complemento salarial del familiar de Posse es legal. La crisis, por tanto, no se ha cerrado y seguirá coleando en las próximas semanas. Una vez termine el armisticio que ha llegado con las fiestas patronales, que se prolongarán hasta el domingo.