La guerra desencadenada por Donald Trump y su homólogo israelí, Benjamín Netanyahu, contra Irán y su régimen de los ayatolás amenaza con provocar una tormenta económica mundial cuyo epicentro meteorológico parte del mercado energético y que amenaza con descargar borrascas frecuentes en los mercados de capital y las estructuras productivas de todas las latitudes. Todo dependerá de si los ataques iraníes contra refinerías y terminales de petróleo y gas de los países del Golfo Pérsico —en respuesta a los ataques de Washington y Tel-Aviv— y la interrupción de casi la totalidad del tránsito marítimo por el Estrecho de Ormuz, enclave por el que circula un tercio de los combustibles fósiles bajo el control de Teherán, acaban dañando el suministro energético y deteriorando su demanda mundial y prolongando el uso de rutas alternativas del transporte o elevando las primas de riesgo y, en consecuencia, los seguros de las compañías navieras.

Si el petróleo —y, sobre todo, en esta ocasión, el gas— vuelven a ejercer de termómetros de la alta temperatura que precede a toda tormenta de elevada intensidad, los augurios no son positivos.

El Brent, barril de referencia en Europa, ha superado de largo la frontera de los 80 dólares desde el inicio del conflicto, mientras el gas natural en Europa se ha disparado por encima del 70% en apenas unos días por la reducción de los inventarios tras el duro invierno en el Viejo Continente y los riesgos de interrupciones en los suministros de Oriente Próximo. En especial, desde Qatar y Arabia Saudí, territorios donde los misiles y drones iraníes han centrado sus incursiones de represalia. La volatilidad bursátil y la desconfianza inversora han hecho mella en un consenso del mercado que ya empieza a barajar retrasos en la rebaja de tipos de interés por parte de la Reserva Federal —más allá del verano— ante una nueva espiral inflacionista en las cestas de la compra estadounidenses. Y el final —por si cupiese alguna duda todavía— del precio del dinero barato en la zona del euro. 

El conflicto también expande sus implicaciones geopolíticas y económicas. El comercio marítimo por el Golfo Pérsico está en riesgo, con tensiones renovadas sobre la seguridad energética de Europa y Asia, y un dólar que se fortalece.

En conjunto, los inversores interpretan que la guerra ha generado un nuevo shock inflacionario global, capaz de retrasar la relajación monetaria y empujar el dinamismo económico mundial a otro escenario de resiliencia dentro del convulso y complejo ciclo de negocios post-Covid.

En este contexto, si Ormuz permanece bloqueado durante semanas, gran parte de los petroleros y metaneros se quedarán literalmente atrapados en el Golfo. Sin hojas de ruta alternativas que les hagan reanudar con rapidez sus entregas. Según cálculos privados, alrededor de 14 millones de barriles diarios de crudo atraviesan habitualmente esta pasarela marítima.

“El mercado empieza a asumir que no se trata de un choque de unos días sino de una disrupción potencialmente larga”, señala Warren Patterson, jefe de estrategia de materias primas de ING. En ese escenario, el crudo podría superar con relativa facilidad la barrera psicológica de los 100 dólares por barril. Algunas firmas la elevan hasta los 120 e, incluso, 130 dólares. En función de unas primas de riesgo —impuesto revolucionario, dicen cada vez más voces del sector petrolífero— que han cogido vuelo. Aún sin alcanzar el 12% del precio al que llegó durante los años previos y posteriores al colapso crediticio de 2008 por la supuesta amenaza de atentados yihadistas sobre el circuito productivo del crudo, pero bajo un influjo creciente por el elevado voltaje geopolítico, el temor al final de la fiesta bursátil del último bienio, aderezada por la IA, el exceso prestamista en circulación y un riesgo inflacionista que podría precipitar una crisis financiera.

Esta sucesión de hechos encadenados ayuda a entender que las hostilidades militares en Irán se pueden trasladar al orden económico internacional.

'Shock' energético: Ormuz, detonador global

La travesía por la que navega el 20% de los barriles de crudo y del gas licuado global —el 93% del qatarí, su gran productor en el área— ha disparado las primas de riesgo. Países asiáticos como China, Japón o Corea del Sur, dependientes de ambos combustibles fósiles, buscan cargas mercantes alternativas para cubrir sus elevadas demandas energéticas. España tiene comprometidos contratos de futuro por el 5% de su consumo de crudo y el 2% del gas.

El FMI estima que por cada aumento del 10% del precio del petróleo se restaría alrededor de 0,15% al PIB mundial y se sumarían 4 décimas a la inflación y que un salto sostenido del barril a 100 dólares crearía un escenario de estanflación. La parálisis de actividad con espiral de precios es uno de los peores escenarios macro para cualquier banco central. 

Pero es el gas el que preocupa sobremanera. Qatar exporta el 93% de su oferta gasística a través de Ormuz. El resto, por gaseoductos. Y sus instalaciones están siendo especialmente castigadas por los misiles iraníes. “Europa es una de las zonas más expuesta al cierre de los grifos pérsicos de Gas Natural Licuado (GNL) por sus niveles de stocks por debajo del promedio estacional al inicio de la primavera”, asegura Anne-Sophie Corbeau, del Center on Global Energy Policy de la Universidad de Columbia. Si las ventas cataríes no se reanudan rápidamente, “el mercado podría entrar en pánico”.

Los investigadores de Bloomberg Economics dibujan un horizonte con el petróleo en torno a los 108 dólares por barril que añadiría 8 décimas al IPC estadounidense y más de un punto a Europa y alertan de que, en este terreno, la radiografía estadounidense es particularmente compleja ya que su economía se beneficia parcialmente de precios energéticos altos por sus intensos índices productivos domésticos de petróleo y gas.

Burbuja IA y riesgo de corrección bursátil

Existe una correlación nítida entre voltaje geopolítico y brusco ajuste de valores tras un largo año de exuberancia bursátil hacia todo lo que huela a IA. No lo dice cualquiera. Es palabra de David Solomon, CEO de Goldman Sachs, para quien el clima inversor podría estar subestimando el impacto del conflicto. “Me sorprende lo tranquila que ha sido la reacción de los mercados”. A su juicio, el ajuste —visible en febrero—, no ha hecho más que empezar no se ha producido plenamente. “Probablemente harán falta varias semanas para que los inversores digieran realmente las implicaciones económicas de lo ocurrido”, señaló.

Solomon se refiere al cóctel de avances acelerados en IA y las primeras señales de fragilidad en un crédito privado con propensión a la concesión masiva, pese a los elevados tipos en EEUU para sufragar inversiones tecnológicas. El pasado fue un mes de ventas masivas en bancos y gestoras. Por si fuera poco, el KBW Bank Index, el indicador de la banca americana, descendió con fuerza y arrastró a todo el sector hasta cotas de diciembre. Fue, de hecho, su peor mes desde el Día de la Liberación Arancelaria de abril y ninguna de sus principales entidades financieras se quedó al margen. Y cuando se entra en esta espiral y con un evento de la magnitud de la guerra en Irán, “los inversores empiezan a exigir una prima mayor para cualquier activo”, advirtió.

Este proceso de reajuste de precios “suele afectar primero a los sectores con valoraciones más exigentes” y, en un mercado dominado por expectativas de crecimiento ligadas a la IA, cambios repentinos en el apetito o la aversión al riesgo “podría desencadenar una corrección significativa en las empresas tecnológicas más infladas”, avisa Solomon.

Peligro de colapso crediticio

Otro de los gurús de Wall Street, Jamie Dimon, primer ejecutivo de JP Morgan, el mayor banco de inversión estadounidense, insiste en que “algo se huele en los mercados” que le recuerda a la quiebra de Lehman Brothers que desencadenó la crisis financiera de 2008. “Estamos viendo a algunos competidores [bancos medianos, pero también grandes] hacer cosas realmente alocadas”, aseguró hace unas fechas ante un foro de inversores en clara referencia a “ciertas entidades” que están relajando los estándares de crédito para incrementar sus ingresos por unos tipos de interés todavía elevados “en un entorno de competencia feroz” por conceder préstamos para financiar proyectos masivos de IA. 

A Dimon, este clima le traslada a los ejercicios previos a 2008, cuando la banca acumuló activos tóxicos, bien de productos de riesgo extremo —swaps, derivados o estructurados— o inmobiliarios, como en el caso español, y le hace situarse —reconoce— en modo alerta: una alteración de los precios energéticos, con empresas y estados soberanos altamente endeudados y especialmente sensibles a subidas del petróleo y el gas, podría deteriorar con una rapidez inusitada las capacidades de pago corporativas y soberanas.

EEUU: Resiliencia económica con vulnerabilidad política

La economía estadounidense podría responder mejor al shock energético que otras regiones. Gracias a la revolución del shale (esquisto), el país se ha convertido en gran exportador neto de petróleo y gas mundial. Pero el negocio del esquisto no repara el impacto inflacionista sobre los consumidores.

A ocho meses de las elecciones legislativas de noviembre y en una fase en la que el malestar de los votantes por la inflación empieza a erosionar el apoyo social a Trump, la gasolina se podría disparar —alertan los analistas—, en torno a los 4,5 dólares por galón y añadir hasta 1,5 puntos a la inflación, si el barril WTI, de referencia en el mercado americano, rebasa los 100 dólares. Para los observadores políticos, un conflicto prolongado aventura estanflación y merma de ingresos empresariales y familiares.

Desde Bloomberg Economics insisten en que el impacto de la gasolina cara es inmediato en un año con comicios midterm y la Fed sometida a injerencias para rebajar tipos.

China afronta una desaceleración estructural

Pekín ha revisado a la baja su objetivo oficial de crecimiento, con implicaciones globales. Para 2026, lo fija entre el 4% y el 4,5% y abandona el 5% que ha regido los destinos de sus últimos planes plurianuales. Es la constatación de que su transición de un modelo exportador a otro de demanda interna, de inversión intensiva, a imagen y semejanza del patrón de las potencias industrializadas, ha perdido fuelle.

La internacionalización del conflicto iraní puede deteriorar aún más una demanda interna débil y el sector inmobiliario en crisis perpetua. Pese a que el Gobierno anticipa que activará motores de dinamismo adicional vinculados a la innovación tecnológica, las tensiones arancelarias no resueltas con EEUU y la extraordinaria crudo-dependencia de su industria, dejan en entredicho cualquier estímulo fiscal. Por muy ancho que todavía sea el colchón de hasta 850.000 millones en manos del equipo de Lan Fo'an, su superministro de Finanzas. No en vano, el gigante asiático compra cerca del 90% del petróleo que vende Irán y absorbe alrededor de un tercio del comercio exterior persa.

Europa, con otra losa inflacionista en pleno despegue

El BCE se declara vigilante ante la doble escalada de la energía y la inflación. La clave será la duración del conflicto, aducen varios de sus consejeros. Si las hostilidades en Irán superan el mes, el despegue de la actividad, ahora que la economía alemana emite pulsaciones, se podría abortar. El giro fiscal del canciller Friedrich Merz con sus gastos sin límites constitucionales en Defensa y su medio billón de euros en programas de infraestructuras se verán sin el combustible que requiere el motor europeo para ponerse en marcha sin el gas ruso y con un petróleo alejado de la moderación.  

Oriente Próximo, al borde de la parálisis económica (…) y obligado a revisar sus modelos

Dubai y Abu Dabi, hubs financieros, logísticos y tecnológicos globales con sus promesas de estabilidad, han visto cuestionado su estatus de “las Suizas del Golfo” contra sus infraestructuras. Al igual que Arabia Saudí, que ve amenazada su agenda 2030 de diversificación y mega-inversiones. Por su parte, la economía iraní se expone a una mayor debilidad por las sanciones, el escaso capital foráneo y su casi mono-dependencia petrolera. Mientras Israel experimenta elevada volatilidad financiera y presión sobre su industria y transporte, reflejando el coste económico inmediato de la escalada militar regional.

José Juan Ruiz (Tarancón, 1957) preside el Real Instituto Elcano desde febrero de 2021, cargo que compagina con el de miembro del Consejo Asesor de Asuntos Económicos del Ministerio de Economía. Economista de formación y pertenece al cuerpo de Economistas y Técnicos Comerciales del Estado, a lo largo de su vida profesional ha ocupado varios puestos en el Ministerio de Economía y ha ejercido como economista jefe e investigador en varias instituciones financieras, lo que le proporciona una visión privilegiada de lo que está ocurriendo en la economía mundial.

Ruiz acaba de publicar un artículo de investigación en Elcano en el que analiza la reconfiguración del orden económico global bajo la estrategia MAGA de Estados Unidos y sus implicaciones para China y la Unión Europea. El economista argumenta la “racionalidad” de dicha estrategia y cómo el proteccionismo estadounidense le está resultando “óptimo a corto plazo” a EEUU. El panorama que dibujan estas páginas es el de un mundo en “transición dolorosa” en el que la racionalidad política se impone a la racionalidad económica y donde “la victoria ya no consiste en crecer, sino en hacer que el rival pierda más”.

Dice en las conclusiones de su trabajo: “Sabemos que esto terminará mal. La cuestión no es si habrá crisis, sino cuándo, y quién emergerá de los escombros”. ¿Se atreve a responderla?

Lo importante es el contexto y cómo está hecho ese análisis. En realidad, lo que intenta es entender la racionalidad de lo que a todos nos parece como improvisado, como un tema que va llegando en oleadas que no están coordinadas. Y mi impresión es que estamos viviendo un mundo en el que todo es más racional de lo que parece. Los agentes se mueven, cada uno de ellos intenta defender sus intereses: lo que ha cambiado es el interés.

¿Cuál es ahora el interés?

Durante mucho tiempo, prácticamente desde la Revolución Industrial, desde Adam Smith y Ricardo, la idea era tener juegos de suma positiva; es decir, si colaboramos y competimos, la especialización lleva a un proceso de mejora de la eficiencia, y la mejora de la eficiencia genera incremento de productividad, y el incremento de productividad genera más bienestar. Ese es el mundo en el que hemos vivido. La interdependencia y la eficiencia eran objetivos que eran positivos para todo el mundo. Mi sensación es que hemos entrado en un juego de suma cero: es decir, un juego en el que la economía ha ido cediendo estos razonamientos económicos a otros razonamientos que son más geoeconómicos o geopolíticos. Estamos hablando más de poder que de economía. Y el poder, por definición, no es un concepto de suma positiva, el poder es relativo: para que tú tengas más poder, alguien tiene que perderlo. Esta idea de juego de suma negativa es lo que creo que está detrás de los acontecimientos que estamos viendo.

¿Qué ha cambiado para que esto suceda?

Estados Unidos, el poder hegemónico, percibió que, de continuar colaborando, cooperando y siendo cada vez más interdependiente, su situación iba a ir deteriorándose. Hizo un análisis de qué es lo que ocurrió a partir de los años 2000, con la llegada de China y la globalización, y percibió que en ese juego Estados Unidos perdía poder económico, político y, por lo tanto, había que cambiar esas reglas de juego. Quizás la frase más brutal que define esta nueva filosofía es la del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ante el Senado: “Este orden internacional está obsoleto y nuestros aliados y rivales han weaponizado sus reglas contra nosotros”. Esta es la percepción que hay detrás de todo el movimiento MAGA: que el orden, las reglas, las instituciones, conducen probablemente al declive del poder hegemónico y de la fuerza indiscutible de Estados Unidos. Es todo muy racional, todo este movimiento está muy bien pensado.

Muchos tienen la sensación de que Trump actúa a bandazos.

Y me produce mucho desasosiego. Probablemente en los detalles y en los matices sí, pero el pasar de un juego de suma positiva a un juego de suma cero no es tan irracional si uno tiene en cuenta la visión de un país como el que ellos tienen. Y, en segundo lugar, en ese juego de suma negativa, lo que ocurre es que, aunque todos perdamos en el proceso, si al que agredes pierde más que tú, tú estás mejor en términos relativos. Y este es un poco el renacer. O sea, cuando dicen America first, es literal: vayamos a recuperar poder para Estados Unidos. Y la verdad es que, en todos estos meses, la gente en la calle te dirá que a Trump le está saliendo bien. Lo que ha ido viendo a lo largo de todos estos meses cada uno de los países a los que se ha enfrentado es que enfrentarse tenía más riesgos que aceptar. Y aunque ha subido su cuota [arancel] para poder seguir manteniendo su relación con Estados Unidos y paga más, y, por lo tanto, ha hecho una transferencia de bienestar, es una situación de equilibrio mejor que la de enfrentar. Leyeron muy bien los incentivos y cuáles iban a ser las reacciones de una gran parte de la economía mundial.

Hay un debate sobre si Estados Unidos se dirige hacia un estancamiento con inflación.

Esto es analizarlo con las variables y las métricas del pasado, este es el tema. Ellos no están muy preocupados con ese riesgo. Los datos no son tan determinantes. Ha habido una desaceleración en el crecimiento, que es importante, fundamentalmente en la creación de empleo, pero la situación de la que se partía era una situación de pleno empleo. Hay más riesgo de tener más inflación que de tener una crisis de empleo. Pero –insisto– lo importante no es tratar de analizar lo que está ocurriendo con métricas de la economía del crecimiento, porque a lo mejor el crecimiento no es la prioridad. La prioridad es tener un poder hegemónico y un dominio sobre las relaciones, las instituciones y, sobre todo, redefinir las reglas porque, como piensa Marco Rubio: las reglas han estado siendo utilizadas contra nosotros. La forma de vivir en un mundo con reglas es cambiar esas reglas y las vamos a cambiar de una manera violenta, imponiendo las nuestras.

La estancia de Trump será temporal. ¿Cree que volveremos a las reglas anteriores?

No, al mundo internacional que conocimos hace cinco o diez años ya no volveremos. Heráclito dijo que nunca te bañas en el mismo río. ¿Va a ser siempre un mundo tan de shocks como el que estamos viviendo, uno detrás de otro? Probablemente no, pero dependerá mucho de cuál sea la evolución de la política y de la economía. En la famosa foto de Xi Jinping y Putin con todos los demás líderes autocráticos en el puente no estaban hablando ni de aranceles, ni de bombas atómicas, ni de Ucrania o de Gaza: de lo que estaban hablando era de la inmortalidad.

¿Qué es lo que más le preocupa de todo este nuevo orden que está surgiendo?

Que estamos muy centrados en temas que son muy importantes, como los aranceles, la autonomía estratégica, el alineamiento, los bloques... Pero si hay un lugar en el que Estados Unidos tiene un dominio absoluto, comparable al que tiene en otras áreas económicas, de seguridad, defensa, tecnología, se llama sistema financiero. El sistema financiero global está apoyado en el dólar. Solo hay un sistema financiero en el mundo, que es el de Estados Unidos. Por cada dólar que se negocia en comercio de bienes y de servicios, hay 17 dólares financieros. Y cómo funcionan y cómo se interrelacionan esos 17 dólares es lo que representa Estados Unidos. El yuan no es una moneda internacional. La moneda internacional es el dólar. Y, por lo tanto, la fortaleza del dólar, la confianza en la divisa, la independencia de la FED, que todo esto siga funcionando, es el cierre del equilibrio global. Si el dólar, por alguna razón, pierde esas características, tendríamos un shock financiero casi con toda seguridad.

Pero el dólar se está debilitando.

El dólar se deprecia, pero sigue siendo el 70% de las monedas reservas. Japón tiene 1,4 trillones de dólares en sus reservas; China, 1,2. El euro es menos del 14% de las reservas internacionales. Este es el equilibrio. Cuando uno oye hablar del crecimiento del crédito en el mundo, todo el mundo piensa en el crédito, en los bancos que lo dan, pero detrás de ese crédito hay un pasivo que está en manos de los individuos que es al que le han dado la liquidez. Solo tenemos que recordar qué ocurrió cuando explotó la burbuja en la gran recesión financiera. Los que realmente pueden provocarla son unas instituciones, pero el impacto es sobre todo en la sociedad.

¿Burbuja financiera? Las expectativas de que el mundo puede ser mejor con la tecnología yo creo que son reales, y esto es lo que los mercados están anticipando

Su trabajo habla de una probabilidad significativa de autocrisis financiera, amplificada por la pérdida de independencia de los bancos centrales. ¿Hay una burbuja financiera?

Los mercados tienen unas expectativas tan tremendas sobre cómo puede ser la economía después de las innovaciones tecnológicas, la inteligencia artificial, la cuántica, la bioingeniería, etc., que realmente si sólo una parte de esas expectativas se cumpliera, los mercados no estarían sobrevaluados. Pero tienen que plasmarse. Las expectativas de que el mundo puede ser mejor con la tecnología yo creo que son reales, y esto es lo que los mercados están anticipando. Si eso no se produce, una parte importante de las compañías van a estar en una situación difícil. Todo el crecimiento de Estados Unidos es exactamente igual a la inversión realizada por las grandes compañías tecnológicas, en los últimos 18 meses. Y, por otro lado, todo el crédito que se ha concedido en Estados Unidos en lo que va de año es exactamente igual al crédito que han generado las instituciones financieras que no aceptan depósitos, o sea, los que antes han intermediado el sistema financiero de alguna manera. ¿Esto es una burbuja? No lo sé, pero desde luego estos son los síntomas que uno sabe que el mercado se está ajustando. Si se concretan las buenas expectativas, no pasará nada; si no se concretan será más difícil.

Hablamos de política de grandes bloques, pero si bajamos todos estos cambios a nivel más micro, a la sociedad, ¿quién está ganando y quién está perdiendo?

Si se analiza lo que está ocurriendo en el mercado de trabajo, ya sea en Estados Unidos o en España, se ve que hay un inmenso agujero en el centro. Se crea mucho empleo, pero en los dos extremos del mercado de trabajo: empleo no cualificado, de bajos salarios, y empleo altamente cualificado, de muy altos salarios. Y lo que ha ocurrido es que los empleos de la clase media, los que permitían vivir decentemente con un salario, son los que están en retroceso, no se comportan como en el pasado. Probablemente, lo más visible es el salario nominal o la capacidad de compra, pero hay otros componentes –estima, jerarquización, movilidad dentro de la empresa, capacidad de aprendizaje, capital humano que incorporas– que también explican en parte por qué ese empleo de la clase media no se está produciendo con la intensidad deseada. El tema fundamental es la erosión de la clase media, de sus expectativas de mejora, de su capacidad de vida. Es muy difícil poder crear clases medias si tu crecimiento está puntuado por shocks, crisis, fragmentaciones, etc. La economía se mueve mucho más deprisa de lo que se movía en el pasado.

Y esta desaparición de la clase media forma parte también de la racionalidad de todo este movimiento.

No creo que los ideólogos del movimiento MAGA estén realmente muy preocupados por la clase media: creo que están preocupados por los suyos.

¿Las élites?

No solo son las élites: cuando tú haces temas tan quirúrgicos, esa clase media, que era el 80% o el 90% de la población, se fragmenta y ya nadie habla en un discurso de la clase media. Hablas de subgrupos de las clases medias, primero de hombres y mujeres, luego de jóvenes y viejos, luego de agricultura y urbe… Hemos ido desgajando de esa idea de la clase media demasiados componentes, que era lo que creaba una clase media, y en estos momentos es muy difícil encontrarse un político que tenga de verdad en la cabeza a las clases medias. Creo que esa es una de las razones de la polarización, porque si solo tienes dos es más fácil no estar polarizado; si tienes 15 grupos distintos, el enfrentamiento entre ellos es más fácil. Esta es una de las razones de lo que está ocurriendo. Pero el plan es el poder, lo otro son víctimas colaterales.

¿Lo es también la Unión Europea? Dice que está pagando el precio de su indecisión.

La Unión Europea es un socio muy frágil entre dos colosos, sobre todo porque la Unión Europea está basada justo en la idea, que es la que está bajo la lupa, de la interdependencia. La Unión Europea ha jugado a mantener su prosperidad y sus valores en un crecimiento que estaba anclado en la posibilidad de comerciar con todo el mundo e importar de todo el mundo, interdependencia y cooperación. Este mundo, que es el que se viene abajo, hace que la Unión Europea hoy tenga que intentar recuperar cierta capacidad autonomía estratégica. Esto está muy bien contarlo y hacerlo, y llevar a cabo las recetas de los informes Letta y Draghi, pero el tema fundamental es que para hacer eso de una manera democrática tienes que hacerlo con las instituciones y con las reglas que hoy tienes. No puedes tomar decisiones bruscas que te muevan a otra dimensión. Y esto es muy complicado, porque la Unión Europea está diseñada desde el origen de forma que sus instituciones y sus reglas impiden que la minoría sea aplastada por la mayoría, que es profundamente democrático y es el que nos ha gustado durante 65 años de Unión Europea.

E intentar resolver los problemas del futuro con reglas del pasado es muy difícil, porque los intereses no son homogéneos. Es muy poco probable que Irlanda decida no tener una situación de no enojar a Estados Unidos si el 40% de tu PIB depende de que tengas a las plataformas tecnológicas americanas y a las farmacéuticas operando en tu territorio. Es muy difícil que Holanda esté plantando a China si los puertos de Rotterdam y Ámsterdam generan el 30% de tu recaudación fiscal. Las reglas de la mayoría o unanimidad generan conflicto, y Europa avanza, sí, pero a una velocidad que es muy pequeñita. Mi sensación es que esto no va a seguir siendo así, puesto que hay demasiados elementos de riesgo (Rusia, la economía, China con las tierras raras…) para que no se materialice uno de ellos en los próximos dos o tres años. Y en ese momento yo creo que Europa tendrá que repensarse cómo quiere actuar y cómo quiere tomar decisiones. Se sabe lo que hay que hacer.

¿Repensarse sacrificando parte de los valores democráticos para tomar decisiones de forma más rápida?

Sería una mala vía que Europa sacrificara sus valores para defender su prosperidad. Si no se llega a acuerdos es porque percibes que el valor de los costes de una iniciativa concreta es mayor que los beneficios que extraerías. Es un problema de incentivos. Hoy el racional de los incentivos es no llegar a acuerdos hasta que consigas tener el mejor acuerdo posible, y se discute punto a punto y tema a tema: por aquí discutimos aranceles, por allá discutimos defensa, por el otro lado discutimos regulación, etc. Llegará un momento en el que Europa tendrá que sentarse y decir: 'no puedo seguir discutiendo paquetes de manera independiente'.

La Unión Europea puede emitir bonos europeos, no hay que recortar las pensiones ni la sanidad, sino socavar la visión de los países frugales

Habla de “sacrificios quizá imposibles para Europa”. ¿A qué sacrificios se refiere?

Con imposibles me refiero a que la gente hace cálculos muy simples, con una probabilidad de suceso muy baja. La idea, por ejemplo, de decir si gastamos 5% en ejército, tendremos que recortar las pensiones en un 3%. Ese tipo de cálculos lineales no se suelen producir jamás en la historia. Y luego hay un tema que no se suele valorar. Yo no creo que realmente los 800.000 millones de inversión de los que habla Draghi sea imposible levantarlos. Hay liquidez para levantar 800.000 millones, pero no 150.000 España, 200.000 la Francia endeudada, etc. Pero hay financiación europea de bienes públicos europeos que sí que sería posible hacer y que además nos darían una recuperación de autonomía frente al dólar, potenciando el euro. La emisión centralizada de bonos europeos es una posibilidad. No hay que recortar las pensiones ni la sanidad, hay que luchar y socavar esa visión de los países frugales de que supuestamente Europa del Sur se lo gasta y son unos despilfarradores y ellos son superprudentes, porque han demostrado que no son superpoderosos.

¿Tiene que temer la Unión Europea por China, en la medida en que China es uno de los grandes perjudicados de todo este orden y necesita más mercados?

Si China te suspende la exportación de tierras raras, la industria europea se para en tres semanas. Esta es la capacidad de coerción que existe, la utilización de instrumentos económicos para fines políticos y la capacidad de coerción que tienen las dos hegemonías [EEUU y China] sobre un bloque que ha basado todo en la idea de interdependencia es enorme.

Pues la Unión Europea acaba de aprobar un arancel del 50% sobre las exportaciones de acero procedentes de China.

Que haya pugnas sectoriales de matiz es normal. No estoy muy seguro de que nadie de los firmantes de ese acuerdo crea que durante los próximos diez años ese arancel se va a mantener. Es una baza negociadora para sentarte en otra mesa a hablar de tierras raras, por ejemplo. Estamos en un momento de ebullición, no sabemos cómo va a evolucionar nada.

El día que Ghita firmó su hipoteca hacía calor. Era julio de 2006 y ella iba ya por el noveno mes de embarazo de su primera hija. Su marido trabajaba en la construcción. El sector no daba muestras de enfriarse y el Gobierno recalentaba sus previsiones de crecimiento económico. Entró en una de las oficinas que su entidad bancaria tenía en Getafe. Le habían concedido una hipoteca de 192.000 euros para un pequeño piso, de menos de 50 metros cuadrados, tasado en más de 200.000. Este jueves, abrigada y bajo un cielo gris, volvió a recorrer el camino hasta el banco para reclamar que le condonen una deuda de 58.000 euros, con la que se quedó pese a perder la casa en 2012.

Ghita, que ahora cuenta 50 años, es unas de las miles de víctimas que dejó el estallido de la burbuja inmobiliaria. Una de tantas que no ha conseguido salir del laberinto financiero en el que quedaron atrapadas cientos de familias. En 2010, su marido perdió el empleo. Entre ese ejercicio y el anterior se destruyeron un millón y medio de puestos de trabajo en España. Esto coincidió con una subida de su cuota hipotecaria, hasta los 1.100 euros mensuales. “Cobraba 800 euros de paro, así que me acerqué al banco para negociar y ver si podíamos seguir pagando una cuota menor, pero nos dijeron que no se podía tocar”, recuerda la mujer.

Llegó la primera carta. La segunda. Luego todas las demás. Después, el desahucio. “El abogado de oficio solo nos dijo que teníamos que salir antes de que viniera la policía”, cuenta. Ya con tres niñas pequeñas, se pusieron a buscar un alquiler. El día del lanzamiento, el BBVA le ofreció un alquiler social en otro piso, que aceptaron. Era el 30 de junio de 2012 y, aunque algunas entidades bancarias ya habían empezado a aceptar la dación en pago, no fue el caso de Ghita, que lamenta arrastrar desde entonces una deuda que actualmente suma 58.000 euros, más otros 17.400 que le reclaman en concepto de intereses y costas.

Por el camino, el banco intentó echarla de nuevo, alegando impagos. Una excusa que Ghita pudo desmontar presentando las facturas. “Como les gané el juicio, vendieron la casa a un fondo, que me está reclamando otra vez los recibos y no quiere renovar el contrato, que termina en diciembre de 2025”, explica. Fuentes de la entidad indican que, “en 2014, se les hizo (a la familia) un alquiler social mediante el Fondo Social de Vivivendas (FSV), que se fue renovando hasta junio de 2021, el máximo por ley. Desde marzo del 2023, el inmueble se vendió a un tercero, por lo que no es propiedad de BBVA”

Este jueves, junto a un grupo de activistas de la PAH y el Sindicato de Inquilinas de Getafe y de Vallekas, Ghita ha vuelto a la oficina donde firmó su condena a pedir una oportunidad para seguir adelante, 13 años después. “Vivo como en una cárcel, atada de pies y manos. No puedo hacer nada, ni financiar el dentista para las niñas, ni cambiar la nevera. La condonación es la solución para volver a vivir como debe ser, como el resto de la gente. Nos están matando poco a poco, a mí y a mis hijas”, lamenta. Todas las niñas están a su cargo. Tienen 18, 16, 15 y 7 años.

Según una encuesta del Colegio de Registradores, en 2012 se anotaron 14.229 daciones en pago sobre inmuebles y se ejecutaron 38.976 desahucios, como el de Ghita, sin que las familias pudieran acogerse a esta figura. Para ella, salvarse de esa deuda, que el banco le concedió, pese a sobrepasar el 80% del valor de tasación del piso, supondría “volver a vivir”. También, recuperar el complemento de alimentación por familia numerosa de 200 euros que tiene embargado. “De Hacienda al juzgado y del juzgado, al banco para hacerles más ricos. Las ayudas van al banco, no a la gente”, denuncia.

El BBVA cerró 2024 con un beneficio neto “histórico” de 10.054 millones de euros, que suponen un aumento del 25,4% en euros corrientes frente a 2023. “La compañera tiene una deuda de 55.000 euros y le han embargado su complemento alimenticio. La hipoteca fue contratada en la burbuja, el banco ha recuperado el dinero con creces, porque se quedó con la casa y la ha vuelto a vender”, explicaba una activista de la PAH, ya dentro de la entidad.

“Trabajamos bajo cita, el lunes a las 12”, insistía una trabajadora del banco, que decía ser la directora de la sucursal. Pero en torno a una docena de personas se mantuvieron en la oficina. “El BBVA tiene que negociar”, reclamaban. Apenas unos minutos después, dos parejas de la policías se presentaron en la entidad. Ghita les contó su caso. “Queremos una reunión con la directora y con el departamento del BBVA que lleve deudas”, insistía. Los agentes hicieron salir a los activistas y la mujer quedó, asistida por una compañera, para hablar con los responsables de la entidad. Ya en la calle, un viandante preguntaba por lo ocurrido. “Si se han quedado la casa, ella no tiene porqué pagar nada. ¡No tienen derecho!”, respondía antes de seguir su camino.

Al salir, Ghita explica: “Pueden ver mis datos, pueden estudiar el caso. (Me han pedido) que aporte unos documentos del proceso judicial, informe de vulnerabilidad, nóminas, movimientos de cuenta bancaria y el lunes nos reciben”. Hubo más. “Van a hacer la averiguación de si sigue la deuda en el BBVA o la han vendido. En caso de que sea suya, hablaran con el departamento correspondiente, a ver qué pueden hacer”, indica una portavoz de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, que también reclamó a la entidad un nuevo alquiler social en el fondo de vivienda de la entidad. Fuentes del banco confirman que “hoy se le ha solicitado (a Ghita) más información sobre su situación actual para seguir estudiando su caso”.

Este lunes se ha oficializado la reapertura de la sección en Escariche del Centro Rural Agrupado (CRA) 'Duques de Pastrana'. Este pueblo de Guadalajara no llega a los 200 vecinos. En el colegio rural estudian cinco niños y niñas, cuentan con patio con porterías, dos aulas grandes y una sala para material escolar, tras realizarse obras de acondicionamiento en las instalaciones eléctricas y de climatización, además de reponerse varios elementos del edificio deteriorados, con una inversión de 8.000 euros. 

El centro se abrió en 2013. Hasta entonces, las clases se impartían en el Ayuntamiento y los niños y niñas disfrutaban del recreo en la plaza del pueblo. La infraestructura solo funcionó seis meses. Hasta que la entonces presidenta de la comunidad autónoma, Dolores de Cospedal, lo cerró.

No fue el único. Los cierres se produjeron en 69 centros de toda la comunidad autónoma y el Gobierno del PP 'presumió' de los recortes que se justificaron en la necesidad de ahorrar. Se paralizaron obras en centros educativos, más de 5.000 interinos fueron despedidos, se eliminaron las ayudas a los comedores de los alumnos y también todas las líneas de ayuda a las bibliotecas públicas. Además, desaparecieron los apoyos a las unidades de Infantil de todos los centros de Infantil y Primaria, una medida que afectó a más de 900 especialistas de Educación Infantil.

El ideólogo de aquellas medidas fue el actual alcalde de Fuensalida, en Toledo, José Jaime Alonso. Su departamento fue el encargado de ejecutar las políticas del PP en este sentido, hasta el año 2015. Curiosamente, cinco años después, allá por 2020 era el propio Partido Popular el que reclamaba al Gobierno de Emiliano García-Page reabrir lo que sus propios dirigentes habían eliminado.

En 2012 algunos ayuntamientos de la región recurrieron los cierres de los centros agrupados planteados por el Gobierno de Cospedal, y ganaron en los tribunales.

Fuentes del Gobierno regional han explicado a elDiarioclm.es que de los 69 centros rurales agrupados que se cerraron entre 2011 y 2015 se han reabierto un total de 40. Hoy el presidente de Castilla-La Mancha ha explicado durante una visita a Escariche que se han reabierto los colegios rurales allí donde lo han solicitado los padres y madres o la comunidad educativa.

Emiliano García-Page ha cargado contra la decisión tomada hace ahora doce años. Ha asegurado que los ‘populares’ partieron de “un error fundamental” durante los efectos de la crisis financiera de 2008. “En vez de echar la culpa a los que nos metieron en el lío, decían que nos habíamos pasado de la raya en Educación, en Sanidad…”

También ha lamentado que, además de cerrar casi 70 centros, se despidiese a 1.500 personas. “Se ahorraron ocho millones de euros. Eso en el volumen global es chocolate del loro” si se compara, decía, “con el destrozo que se hizo”. “Lo pagamos todos. Lo hicimos pagando los subsidios del paro y encima los despedidos dejaban de consumir, de viajar... También hemos pagado decenas de millones de euros solo en indemnizaciones”

Page ha advertido: “No hay que olvidar las crisis, como la de la COVID-19. Si tenemos problemas económicos hay que blindar lo que es fundamental. No saldremos de las crisis con la ignorancia de los niños”. 

Fue en 2018 cuando el Gobierno de Castilla-La Mancha decidió dar una vuelta de tuerca a ese 'blindaje' del que hablaba hoy el presidente regional. Actualmente la normativa castellanomanchega garantiza que se puedan mantener abiertos los centros escolares, aunque tengan menos de cuatro alumnos.

El siguiente paso, todavía pendiente debido a las diferencias entre PP y PSOE, pasa por que ese blindaje se incluya en la reforma del Estatuto de Autonomía, cuyas negociaciones están actualmente paralizadas. Hoy los socialistas han lanzado un ultimátum al PP para retomar las conversaciones, estancadas por las discrepancias sobre el número de diputados y diputadas que deben tener las Cortes de Castilla-La Mancha.

STE Castilla-La Mancha pone los datos de recuperación en cuarentena

Desde STE Castilla-La Mancha valoran la recuperación progresiva de algunas aulas rurales que fueron cerradas, pero pone los datos en cuarentena.

Ana Arias, profesora en Guadalajara, recuerda que el Gobierno castellanomanchego anunció en junio del año pasado, que durante este curso escolar, en el caso de Escariche, la sección contaría con 14 alumnos y alumnas, tanto del propio municipio como procedentes de Escopete que dejarían de acudir a las clases al centro rural agrupado de Pastrana, el municipio cabecera. A Escariche solo asisten cinco alumnos este curso. “Hay libertad de elección de centro y las familias de Escopete han elegido ir a otro centro”, apuntan fuentes del Gobierno regional.

El Centro Rural Agrupado (CRA) de Pastrana tiene secciones en Escariche, la última incorporada, en Hueva, Alhóndiga, Fuentelencina y Yebra. “Se ha perdido plantilla jurídica y se ha sustituido por plantilla de cupo”, dice Ana Arias. “Hay un profesor menos de Educación Infantil. El curso pasado eran cuatro en plantilla fija y este año son tres, además de los ocho de Educación Primaria. Se está perdiendo plantilla estable en los colegios rurales”, lamenta. Y eso es su opinión, “no es una apuesta real por la escuela rural”.

¡Buenos días!

¿Cómo va la semana? Nosotros estamos desolados con el horror por la pérdida de vidas humanas y la destrucción material que se vive en Valencia por la peor DANA del siglo. Ha afectado a otras provincias como Albacete o Málaga, pero nada comparado con la virulencia de Valencia. En estas situaciones te das cuenta de la importancia de los servicios públicos. Entiendes porqué es necesario la Unidad Militar de Emergencias (UME), que ridiculizó la derecha cuando se creó, y no llegas a comprender las razones por las que el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón (PP), eliminó la Unidad Valenciana de Emergencias. Entiendes el valor de la Sanidad pública, de los bomberos, de los trabajadores públicos que están tratando de salvar vidas y mejorar la situación en las zonas devastadas. 

Ahora voy a aclarar una cuestión porque parece que la derecha no termina de enterarse: los servicios públicos se pagan con impuestos. Sí, como ya habrás oído alguna vez, “los impuestos son el precio que pagamos por la civilización”. Son necesarios para no convertir a la sociedad en una selva en la que solo sobreviven los más fuertes, en este caso, los más ricos. Por eso, es necesario que el Gobierno mantenga el impuesto especial a la banca y a las energéticas.

Va a ser difícil porque el PSOE parece que se ha dado por vencido. Los socialistas han cerrado a un acuerdo con Junts y el PNV para hacer permanente el impuesto especial a la banca pero tumbar al mismo tiempo el que gravaba a las eléctricas. Este pacto no cuenta con el apoyo de Sumar, que ha registrado sus propias enmiendas en el Congreso para tratar de  incluir también a las energéticas en el trámite parlamentario. Hay que dejar claro que empresas como Repsol, Iberdrola, Endesa, Banco Santander, BBVA o Caixabank llevan desde la aprobación del impuesto especial consiguiendo altos beneficios sin que esta nueva figura fiscal haya supuesto un quebranto para sus cuentas.   

Pero desde hace varias semanas los directivos de las compañías energéticas o bancos han iniciado una campaña de desprestigio, amenazas y presión contra el Gobierno de coalición para intentar tumbar el impuesto. Si lo consiguen, España cogería el camino opuesto a lo que proponen los organismos internacionales. El Fondo Monetario Internacional (FMI) apoya “reformas fiscales estructurales” que suban los impuestos a los más ricos y eliminen subvenciones a las empresas. Por otro lado, los ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales que participaron en la última reunión del G-20 apuntaron que una fiscalidad más progresiva “es una de las herramientas clave para reducir las desigualdades [...], reforzar la sostenibilidad de las cuentas públicas y promover un crecimiento sostenible, equilibrado e inclusivo”.

Sin embargo, España parece ir en dirección contraria. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya anunció que el impuesto especial estaba en el aire. Tanto el PNV como Junts se han han alineado con los intereses de Repsol para frenar la imposición fiscal. 

Además, no hay que olvidar que la Comisión Europea ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la UE este octubre por no haber notificado la trasposición de la directiva para imponer un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades a las grandes multinacionales. El Gobierno aprobó esa medida en el mes de junio, tras haber recibido un apercibimiento de Bruselas, y el proyecto está en tramitación parlamentaria. Cuidado que puede pasar igual que con el impuesto a la banca y las energéticas y salga un planteamiento absolutamente descafeinado. 

La debilidad parlamentaria del Gobierno está haciendo que las derechas nacionalistas marquen la política fiscal del Ejecutivo central. Si consiguen tumbar el impuesto, gana el Ibex, pero pierdes tú. Si se anula el impuesto, ganan estas multinacionales y pierden los servicios públicos.

Entrepreneurs

No es solo cuestión de las empresas, las personas más ricas buscan continuamente fórmulas para pagar cada vez menos impuestos. Antes eran las sicavs los vehículos de inversión preferidos por los ciudadanos adinerados, pero las mayores exigencias para poder acogerse a la fiscalidad baja de herramienta para grandes patrimonios que puso en marcha el Gobierno de coalición provocó una reducción a mínimos de este negocio y la salida de dos de cada tres clientes. Ahora bien, el dinero nunca duerme y busca continuamente salidas. Si las sicavs ya no sirven se monta otra figura: son las “sociedades de inversión libre” (SIL). Son vehículos que permiten invertir en acciones, deuda pública, inmuebles o incluso obras de arte, pero tienen la ventaja de tributar al 1% en el Impuesto de Sociedades. Exigen una inversión mínima de 100.000 euros (reservada a inversores profesionales) y al menos 25 partícipes. Un privilegio solo para ricos. Aquí te explicamos cómo los multimillonarios españoles dejan de lado las sicavs y se lanzan a crear 'SIL' para pagar un 1% de impuestos.

El dato

117.000 millones de euros

han dedicado inversores extranjeros (fondos, bancos, aseguradoras y minoristas) a la compra de deuda pública de España desde finales de 2022. El interés del capital extranjero por nuestra deuda tumba el mantra de la inseguridad jurídica que constantemente explota una parte del empresariado y la derecha neoliberal. La situación económica española es sólida, gusta en el extranjero, en un contexto impensable hace una década: España se financia más barato que Francia. No solo gusta la deuda, de hecho, el periódico Financial Times destacaba en un artículo esta semana que España se ha convertido en el sexto destino mundial de inversión extranjera directa -tercero en Europa- en sectores como el de energías renovables, automoción, sector inmobiliario y componentes electrónicos. Aquí te explicamos cómo los inversores extranjeros devoran la deuda de España.

De esta manera, mientras las empresas no quieren pagar los impuestos que deben cuando tienen beneficios récord o los multimillonarios encuentran fórmulas para pagar solo el 1%, el españolito de a pie trata de ahorrar para no verse otra vez ante un desahucio o la ruina. La tasa de ahorro de los hogares en España aumentó en el primer semestre de este año hasta rozar el 14% de su renta disponible bruta. Es el nivel máximo desde el récord de la primera parte de 2021 y un comportamiento que sorprende a los economistas cuando se consolida la moderación de la inflación y se da una histórica creación de puestos de trabajo: nuevo récord con 21,8 millones de trabajadores en el tercer trimestre de 2024. ¿Cuál es la razón para este ahorro? Un trauma, sí, un trauma generacional. Raymond Torres, director de coyuntura económica de Funcas: “Es el trauma de la crisis financiera, que sabemos que en otros países como Japón llegó a dejar una huella a una generación entera. Tras la crisis financiera, tanto los hogares como las empresas están tendiendo a tener un comportamiento particularmente cauteloso en un entorno incierto”. Aquí te explicamos como el trauma de la crisis financiera está llevando el ahorro de las familias a superar los niveles históricos.

El gráfico

Ahorrar es necesario para acceder a la compra de una vivienda, una misión imposible para los ciudadanos españoles y para los de toda Europa. La vivienda se ha encarecido un 58% en la UE desde 2014, pero además se han disparado muy por encima del crecimiento de los salarios en la inmensa mayoría de los países. Así se ahoga Europa con los precios de la vivienda. 

¿Estás pensando en comprar un piso? Te damos pistas a la hora de elegir un barrio. Aquí te presentamos el mapa de la desigualdad de renta en España. Puedes explorar los nuevos datos de ingresos medios de cada calle (por sección censal en 2022) tras la pandemia y la crisis de inflación. Un mapa que dibuja nuevas fronteras interiores, dibujando brechas entre el campo y la ciudad, el norte y el sur y los barrios ricos frente a los más pobres.

Para solventar el problema de los altos precios del alquiler el Gobierno central diseñó las zonas tensionadas donde los precios tendrían que estar limitados. Las Comunidades Autónomas del Partido Popular se han negado a ponerlas en marcha pese a que salen beneficiados tanto el casero como el inquilino. De hecho, fiscalmente, el arrendador sale ganando. Aquí te explicamos cómo los beneficios fiscales de las zonas tensionadas compensan más a caseros que a inquilinos con las bajadas del alquiler.

Mientras, a pesar de que la situación puede llegar a ser desesperada para muchas familias, los abusos se repiten. Consumo investiga a varias agencias por cláusulas abusivas e ilegales más de un año y medio después de que entrara en vigor la Ley que prohíbe cargar los honorarios a los inquilinos. En este caso hemos cogido in fraganti y con una grabación a una empleada de la agencia RedPiso en la que solicitaba la comisión de la agencia. Aquí tienes la trampa de las inmobiliarias para seguir cobrando honorarios por el alquiler.

Cada vez que habla sube el pan

El sector tiene que hacer una reflexión seria y tratar de explicar a la sociedad que somos útiles

José Ignacio Goirigolzarri — Presidente de CaixaBank 

Con estas palabras José Ignacio Goirigolzarri trataba de explicar el escándalo que ha golpeado al presidente del BBVA, Francisco González, por la contratación del comisario Villarejo para hacer labores que impidieran una OPA por parte de Sacyr. Era 2019, cuando Goirigolzarri era presidente de una Bankia nacionalizada tras una crisis financiera que se llevó por delante a buena parte de las entidades de nuestro país y ahogo económicamente a los ciudadanos. Esta semana se ha confirmado la marcha de un directivo de banca que ha pasado por los mayores puestos de BBVA, Bankia y Caixabank: Goirigolzarri dejará la presidencia del banco catalán a partir del próximo 1 de enero de 2025. Adiós a un histórico de la banca. Goirigolzarri, un superviviente que dejó el BBVA de Francisco González y pilotó el rescate de Bankia.  

Bien público

La información ayuda a tomar decisiones. Nadie duda del poder de las noticias para cambiar a la opinión pública o torcer el brazo a políticos a la hora de legislar. Las empresas lo saben, el poder lo sabe, los políticos lo saben. Desde la irrupción de internet, el periodismo se tiene que enfrentar a unos intermediarios digitales como mucho poder empresarial para tener acceso a los ciudadanos. Han cambiado las plataformas pero la dependencia sigue siendo igual porque estamos hablando de un tráfico, que se traduce en ingresos publicitarios. Los medios españoles han pasado de depender de Facebook a Google Discover. El algoritmo del buscador es opaco pero sobre todo genera grandes corrientes de tráfico hacia contenidos trampa, informaciones sin valor o notas redundantes de supermercados como Mercadona. Igual que te da, te quita. Distribuidores de desinformación. Aquí tienes un reportaje de Carlos del Castillo sobre el 'periodismo de algoritmo' y cómo triunfan titulares engañosos y notas de supermercados. 

Nos gusta la competencia

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Terminamos. Nos volvemos a ver el jueves que viene. Tendrás más noticias económicas el próximo jueves, en un nuevo boletín. Os recordamos que nos puedes seguir en la red social X y nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es con tus propuestas, quejas o ideas.

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La tasa de ahorro de los hogares en España aumentó en el primer semestre de este año hasta rozar el 14% de su renta disponible bruta —en términos menos técnicos: de media hemos guardado 1,4 euros de cada 10 euros que hemos tenido para gastar después de pagar impuestos, incluidos los depósitos o los productos financieros considerados a la vista—. Este nivel es un máximo no visto desde el récord de la primera parte de 2021 (18,9%), durante la pandemia, cuando las opciones para consumir estaban muy limitadas. Las previsiones apuntan a que esta tasa de ahorro acabará el año en el 13,3%, algo más de un punto por encima del nivel de 2023 (12%) y casi cinco puntos más alta que el promedio entre 1999 y 2019 (8,7%).

Este comportamiento “conservador” o de “cautela” de las familias está sorprendiendo a todos los expertos. El ahorro está frenando el crecimiento del consumo pese a la moderación de la inflación —que junto a las subidas de salarios conlleva recuperación de capacidad de compra tras el daño sufrido entre 2021 y 2023— y a la histórica creación de puestos de trabajo —en el tercer trimestre se alcanzó un nuevo récord con 21,8 millones de trabajadores, lo que también aumenta la renta disponible de las familias porque trabajan más personas en cada una de ellas de media—.

“Resulta de considerable interés”, admite el grupo de expertos que firma el último “Observatorio sobre el ciclo económico en España” del centro de análisis Fedea. “Nadie lo había previsto”, reconoció, por su parte, Raymond Torres, el director de coyuntura económica, en la presentación de la actualización de las previsiones de Funcas de esta última semana.

Las explicaciones sobre esta propensión de las familias a ahorrar más que antes de la pandemia se ven obligadas a romper con las tendencias históricas. “Los niveles de ahorro actuales solo se han observado en contextos de elevada incertidumbre. Es la primera vez que se aprecian estos niveles en un entorno de creación constante de empleo”, señala el informe de proyecciones económicas de BBVA Research.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) también ha atendido esta cuestión en su informe regional sobre Europa, publicado esta misma semana: “La baja confianza de los consumidores y la incertidumbre sobre las futuras perturbaciones en sus ingresos han aumentado el ahorro por precaución y, en consecuencia, las tasas de ahorro se han mantenido por encima de los niveles anteriores a la pandemia. Esto se ha sumado a los efectos de los altos tipos de interés”, por la austeridad monetaria del Banco Central Europeo (BCE).

Raymond Torres comparte esta reflexión y le pone otro nombre al “ahorro por precaución” del FMI: “Es el trauma de la crisis financiera, que sabemos que en otros países como Japón llegó a dejar una huella a una generación entera”. Según opina este experto, “es verdad que con los tipos de interés altos es más interesante ahorrar que en épocas anteriores, donde el ahorro estaba prácticamente penalizado. Pero el actual comportamiento del ahorro va más allá de la relación tradicional con los tipos de interés, porque además estamos viendo un desendeudamiento adicional [en el segundo gráfico de esta información]. Tras la crisis financiera, tanto los hogares como las empresas están tendiendo a tener un comportamiento particularmente cauteloso en un entorno incierto”.

Esas familias que arrastran el “trauma” del estallido de la burbuja inmobiliaria, la crisis del euro, el shock de la pandemia y, por último, el pico de inflación tienen entre sus peores pesadillas las insoportables tasas de paro de hace solo una década o el drama de los desahucios por impagos de hipotecas. Un “trauma” que coincide con un acceso a la vivienda cada vez más complicado.

Según resumió el Banco de España en un informe reciente, el endurecimiento en la concesión de hipotecas ha “contribuido al desplazamiento de la demanda de vivienda desde el segmento de compra al alquiler en los colectivos con menores ingresos y ahorro acumulado. Este desplazamiento al mercado del alquiler habría sido particularmente intenso entre los jóvenes y en aquellas zonas geográficas en las que el incremento del precio de la vivienda ha sido mayor que el de la renta media de los nuevos hogares residentes”. Estos hogares se ven empujados ahorrar lo poco que pueden.

“Se espera que el aumento de la incertidumbre mantenga elevadas las tasas de ahorro por motivos de precaución, mientras que poco a poco se vaya desvaneciendo el recuerdo de los grandes shocks [...]. Además, el lento descenso de los tipos de interés mantendrá el atractivo de la inversión en productos de ahorro de bajo riesgo [depósitos o letras del Tesoro], al tiempo que desincentivará el consumo financiado con deuda [créditos y también hipotecas]”, añade el FMI.

Además, en España, “si bien la reducción de los tipos de interés permitirá un mayor crecimiento del consumo, existe evidencia de que los beneficios de la recuperación están concentrándose en colectivos con una menor propensión marginal a consumir [las familias más ricas y los pensiones]. Además, el incremento del empleo se encuentra desproporcionadamente concentrado en los inmigrantes”, continúan los expertos de la firma de análisis de BBVA.

En septiembre, con datos hasta el primer trimestre, Javier García, economista de Caixabank Research, incidió en que, precisamente los más ricos se han beneficiado en los últimos años del incremento de “las rentas de la propiedad, gracias al aumento de los pagos de dividendos, y de otras rentas de inversión”, y también hay que tener en cuenta las rentas del alquiler, que capturan hasta tres millones de familias en España. Mientras, el Gobierno ha protegido los ingresos de los pensionistas, revalorizándolas en función del IPC (Índice de Precios de Consumo).

En Fedea extienden el análisis del impacto de esta tendencia en nuestro país: “A finales del segundo trimestre de 2024, el consumo por persona en edad de trabajar se encontraba un 4% por debajo de los niveles de 2019 y un 6,2% por debajo de su máximo en 2007. Este pobre desempeño del consumo, en contraste con el crecimiento del PIB, ha ocurrido al mismo tiempo que el aumento de la tasa de ahorro de los hogares, alcanzando el 14,2% en el primer trimestre de 2024. Factores como el aumento en el precio de la vivienda y las expectativas sobre la situación económica han influido en esta tendencia”.

¡Buenos días! 

¿Cómo va la semana? Espero que esté siendo provechosa y no te haya tocado algunas de las cancelaciones o los retrasos en los trenes. Ha sido un fin de semana caótico. Por un lado, un intento de suicidio provocó la cancelación de decenas de trenes en Atocha, lo que afectó a 14.000 viajeros. Por otro lado, un accidente en un túnel que atraviesa Madrid añadió más problemas al tráfico ferroviario.

No fue un accidente normal. El ministro de Transportes, Óscar Puente, explicó que el descarrilamiento del tren fue provocado por uno de los trabajadores de Adif para “evitar cualquier riesgo” en la estación e impedir que “eventualmente” pudiera chocar con otro tren. Este túnel se ha convertido un ejemplo más de cómo los recortes y la pésima planificación hacen mella en los servicios públicos. 

El túnel se planteó como clave de la liberalización ferroviaria y para dar cabida a los nuevos operadores privados. Los primeros estudios para poner en marcha el túnel datan de 2001, con Francisco Álvarez Cascos como ministro de Fomento con José María Aznar. Pero no sería hasta la llegada de la ministra Ana Pastor (PP) cuando se dio fecha de finalización en 2016, aunque su inauguración se retrasó más de seis años hasta 2022.

La crisis financiera se cruzó con los planes liberalizadores y se impuso el condicionante de austeridad a partir de 2009. Desde entonces la inversión pública en infraestructuras de transporte se desploma hasta 2018. En el caso del ferrocarril, la inversión cae más estrepitosamente en el periodo 2013-2018, según un informe de la Airef. 

“Buena parte de las cuestiones que ustedes van a plantear tienen la respuesta en las inversiones realizadas entre los años 2012 y 2018, años posteriores a la crisis, en los que se redujo el desarrollo de sectores clave de nuestro país, entre ellos, infraestructuras y transporte”, argumentó el ministro Puente en la Cámara Alta. Tiene razón. La inversión materializada en la red ferroviaria superó los 3.990 millones de euros en 2023, mientras que en 2016 se quedó en los 1.694 millones. Este 2024, hasta agosto, se han superado los 3.000 millones.

El reto es recuperar el tiempo invertido. No va a ser fácil ni rápido, menos aún cuando los vientos de austeridad empiezan a soplar en la UE. Estamos hablando de infraestructuras que, en algunos casos, ya tienen más de 20 años a las que no se les ha aplicado las inversiones necesarias en nombre de los recortes, pese a que se ha incrementado su uso con nuevas compañías y ha crecido la población usuaria. Las empresas públicas, Adif y Renfe, tratan de recuperar la falta de gasto de años anteriores, que está en el origen del caos ferroviario, con proyectos de inversión que suman 30.000 millones, pero tardarán varios años en ejecutarse.

 Y sin impuestos no es posible que haya inversiones públicas...

Cada vez que habla sube el pan

Tengo serias dudas de que los niños de ocho años golpeados por la vida puedan tener dentro de unas décadas las oportunidades que otros tuvimos

Josu Jon Imaz — Consejero delegado de Repsol

El grito por el futuro de los niños por parte del consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, no viene motivado por la desigualdad, ni por la pobreza, ni por la falta de oportunidades de los más desfavorecidos o por el excesivo precio de la vivienda. Por lo visto lo que puede afectar al futuro de nuestros hijos tampoco es el cambio climático, sino el impuesto especial que tiene que pagar su empresa. En un artículo en La Vanguardia con el título Industria o populismo (¿alguna similitud con el lema electoral de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones a la Comunidad de Madrid?), Imaz asegura que el impuesto especial a la banca y las compañías energéticas son “medidas populistas” dentro una estrategia de “falta de reconocimiento social del valor de la empresa, las superposiciones regulatorias, el ahogo a la industria, las prohibiciones en vez de incentivaciones y las medidas fiscales asfixiantes que penalizan la generación de riqueza y empleo” que, “bajo el mantra del bienestar social, comprometen seriamente el modelo futuro de este país”. Pues bien, los gravámenes especiales a la banca y las energéticas recaudaron 2.859 millones en 2024 (correspondiente al ejercicio 2023). No parece que haya afectado mucho este impuesto a la marcha de Repsol: en 2022, la petrolera obtuvo el beneficio mayor de su historia, 4.251 millones, mientras que en 2023, las ganancias fueron las terceras mejores, 3.168 millones de euros. 

Lo que realmente subyace detrás de los improperios y los ataques del consejero delegado de Repsol es la defensa de sus intereses empresariales, que como vemos, no es que estén siendo afectados en demasía, aunque han llegado a amenazar con llevarse inversiones fuera de España. Ahora que el Gobierno se plantea hacer permanentes estos impuestos especiales, los ataques se están recrudeciendo y la debilidad parlamentaria del Gobierno hace más complicada la solidez del posicionamiento político. De momento, un exministro y ahora gobernador del Banco de España pide que se cambie el impuesto a la banca para que “descuente las provisiones” y sea “neutral”, es decir, que se rebaje y lo paguen todas las entidades. Mientras, otros ya lo ven finiquitado. El presidente de Iberdrola no ve “claro” el futuro del impuesto a las energéticas.

El gráfico

Hay que darle valor a las políticas públicas que ayudan a rebajar algo la desigualdad económica que sufren los ciudadanos en España. La reforma laboral de 2021 supuso una transformación radical del mercado laboral. Uno de los lastres que se consiguió reducir por primera vez con eficacia fue el abuso de la temporalidad. Los contratos temporales no solo eran una fuente de inestabilidad laboral e incertidumbre para los trabajadores, también eran una fórmula que mantenía bajos los salarios. Con la caída de la temporalidad, los sueldos más bajos se han incrementado. Por otro lado, pese a los agoreros del neoliberalismo más rancio, los importantes aumentos del salario mínimo interprofesional (SMI) entre 2018 y 2022 han sido fundamentales en el incremento de sueldo de las personas con menos renta. Así, en esos cinco años, el 10% de las personas que menos cobran han visto sus sueldos incrementarse entre un 35% y un 25%. Siguen cobrando poco, pero la decisión de política económica ha hecho que tengan mayor capacidad para afrontar el envite de la inflación. Aquí te explicamos cómo se dispararon los sueldos de los trabajadores peor pagados tras el recorte de la temporalidad y las subidas del SMI.

En esto de incrementar la regulación solo hay que echarle un ojo a la inteligencia artificial (IA). Otras empresas también están amenazando con dejar a Europa sin los últimos avances de esta tecnología si se mantiene una regulación que no es acorde con sus intereses. Pero solo hay que escuchar a los expertos en IA para entender que esta tecnología, con su profundidad y sus posibles consecuencias, tiene que estar claramente regulada. En este sentido, David H. Autor, profesor de Economía en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), especializado en temas laborales, avisa de que “la inteligencia artificial puede dejar obsoleta la experiencia laboral humana”.

El dato

2,9%

es la previsión del crecimiento de la economía española en 2024 por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo multilateral ha subido cinco décimas sus expectativas para el PIB de nuestro país desde la anterior previsión. Este incremento va en línea con dos de los principales centros de análisis privados, BBVA Research y Funcas, que han elevado sus proyecciones de nuestro país hasta el 2,9% y el 3%, respectivamente, o la OCDE, que ya situó su estimación en el 2,8%.  Así se empiezan a quedar cortas las cifras del último cuadro macroeconómico del Gobierno, que apunta a un crecimiento del 2,7% este año. Con este PIB nuestro país liderará a las principales economías de la eurozona, donde destaca la debilidad de Alemania, y consigue un vuelco impensable hace una década: España paga menos que Francia por la deuda.  

Entrepreneur

Las diferentes competencias entre administraciones y el abandono por parte de los poderes públicos de los núcleos rurales provocan situaciones como la que está sufriendo el municipio de Àger, en Lleida. Este pueblo depende de una distribuidora catalana Eléctrica del Montsec, con un largo historial de quejas, expedientes sancionadores y multas. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) le pidió al Gobierno que la interviniera hace un año. El complejo embrollo competencial deja en manos de esta compañía a un grupo de clientes “cautivos”, como gota que colma el vaso, ha sufrido el cobro por duplicado de sus facturas. Aquí te explicamos lo que significa ser “cautivo” de un servicio eléctrico pésimo.

Bien Público

A veces la mejora de una legislación puede provocar efectos indeseados si no se hace adecuadamente. Es el caso de la Ley del Aborto. El Gobierno de coalición de la anterior legislatura amplió con una protección “especial” las bajas por aborto, la recta final del embarazo (semana 39 de gestación) y las reglas dolorosas. Las bajas laborales nunca tienen que dar información sobre la enfermedad del trabajador. Sin embargo, las que gozan de protección especial van con un código que permite su identificación, así que las empresas pueden saber si una baja es por un aborto o por una regla dolorosa. Esta violación de la privacidad  puede ser terrible para las mujeres. Es el caso de  Silvia (nombre ficticio), que explica a elDiario.es cómo siendo trabajadora de una empresa recibió el motivo de su baja por aborto. La gestoría envió un parte a sus empleadores, donde explicitaba que había tenido una interrupción del embarazo: “Todo era ya muy doloroso y esto lo empeoró, es una invasión de la intimidad muy grande: Me sentí la persona más vulnerable del mundo”. En estos reportajes de Laura Olías te explicamos cómo un agujero en la regulación permite a las empresas saber el motivo de la baja laboral en los abortos y el calvario de una trabajadora cuya empresa recibió el motivo de su baja por aborto.

Nos gusta la competencia

En esta sección te traemos una serie de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:

Esto ha sido todo por este jueves. Nos vemos la próxima semana. Te recuerdo que nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es con tus propuestas, quejas o ideas y seguirnos en la red X.

¡Buena semana!

Hay momentos que se esperan durante décadas. Este martes por la mañana, casi 1.700 afectados asistieron al inicio del juicio que pretende determinar quién es el responsable de la bancarrota del que fue el mayor banco privado de Portugal. Para los que perdieron los ahorros de toda una vida con la quiebra del Banco Espírito Santo (BES), la justicia se mostró demasiado lenta, pero el martes arrancó el juicio que sentó en el banquillo al que durante décadas fue considerado uno de los hombres más poderosos del país, Ricardo Salgado.

Para darse cuenta de la envergadura del Grupo Espírito Santo, propietario del banco del mismo nombre, y de la influencia que tenía el presidente de la entidad, Ricardo Salgado, basta con ver el nombre por el que se conocía al exbanquero en Portugal: “Dueño de todo esto”.

La red de intereses de BES se extendía al poder político, ya que el líder del banco recibía con frecuencia en su despacho a políticos, con los que intercambiaba favores o mantenía una relación cordial para asegurarse seguir siendo influyente en caso de cambio de ciclo político. El grupo BES también era conocido por su fuerte inversión en el sector inmobiliario, con una enorme cartera de propiedades e inversiones, y por sus fuertes lazos con la comunidad empresarial - BES tenía una cartera de clientes y activos que no tenía comparación con otros bancos privados que operaban en Portugal.

Lejos del poder que conservó durante décadas, el Ricardo Salgado que reapareció este martes ante el país es un hombre debilitado y lejos de la imagen de “dueño de todo” que ha alimentado desde que se puso al frente del Banco Espírito Santo en 1991. Tras años en los que raramente se le vio en público, Salgado hace frente -según la defensa- a la enfermedad de Alzheimer. En su primer día ante el tribunal, solo fue capaz de responder cuando le preguntaron su nombre. Todas las demás preguntas quedaron sin respuesta.

La gran batalla de la defensa del exbanquero en los últimos años ha sido solicitar la suspensión del proceso debido al avanzado estado de su enfermedad, que le incapacitaría para defenderse de los 62 delitos de los que se le acusa -entre ellos fraude, corrupción y falsedad documental. La defensa de Salgado no logró su objetivo y el juicio se inició sin que nadie pueda precisar cuánto durará, dada la enorme envergadura del caso.

Para mostrar al país el estado de salud de Salgado -que tiene ahora 80 años-, la defensa dejó a propósito al exbanquero a las puertas del Campus de la Justicia de Lisboa, donde se celebra el juicio, para que el banquero pudiera hacer el corto trayecto de 30 metros hasta la entrada del tribunal ante las cámaras de las distintas cadenas de televisión allí concentradas. El paseo era demasiado lento para los pocos metros que tenía que recorrer y resultó imposible sin apoyo. A la salida del juzgado, Salgado acabó saliendo en coche desde el garaje. Una vez identificado, incapaz de responder a las preguntas más básicas debido a su estado de demencia, fue dispensado de comparecer durante el resto del juicio.

En el banquillo se sientan un total de 18 acusados -tres de ellos empresas- que han cometido más de 300 delitos. Algunos de estos delitos han prescrito debido al retraso del juicio. El caso tiene más de 89.000 páginas, organizadas en 215 volúmenes. Todos los acusados decidieron guardar silencio el martes.

Más de un centenar de víctimas murieron sin recuperar su dinero

En uno de los últimos anuncios que el popular futbolista Cristiano Ronaldo hizo para el banco -en 2010, ya en medio de una crisis cuya magnitud se desconocía públicamente- hizo una célebre afirmación: “No me gusta perder ni un céntimo, por eso mi dinero está en BES”. El banco que parecía seguro no lo era. Desde 2008 se han falseado las cuentas para ocultar pasivos, en sucesivos préstamos dentro de las subempresas del grupo empresarial, utilizando una serie de mecanismos financieros para ocultar la situación real del banco. Mientras que antes de la crisis el pasivo ascendía a 180 millones de euros, cuando el grupo económico quebró, el banco tenía más de 3.500 millones de euros en pérdidas en el primer semestre de 2014. A medida que se prolongaba la crisis de deuda soberana, el agujero financiero del grupo se hizo insostenible, arrastrando a todo el imperio empresarial construido durante décadas.

El 1 de agosto de 2014, tras anunciar unas pérdidas semestrales históricas de 3.500 millones de euros, el BES perdió la mitad de su valor en bolsa. Incapaz de mostrar liquidez suficiente para funcionar con normalidad, hizo saltar las alarmas en el país y se produjo una avalancha de retiradas de depósitos. Fue un fin de semana de nervios en el Banco de Portugal que solo terminó cuando, a las once de la noche del domingo 3 de agosto, el entonces gobernador del Banco de Portugal, Carlos Costa, anunció al país que el banco se había dividido en dos: una parte, conocida como el «banco malo», se quedaba con los activos tóxicos, mientras que la parte buena del banco pasaba a una nueva institución bancaria que “nacía” pocas horas después con los dos millones de clientes del antiguo Banco Espírito Santo.

El BES dejó de abrir sus sucursales como tal: pasó a llamarse «Novo Banco» (Nuevo Banco), una institución financiera que sigue operando en la actualidad y que conservó los empleados y las sucursales del antiguo BES. La diferencia es que, desde entonces, el Estado portugués ha puesto más de ocho mil millones de euros en el banco en forma de préstamo, pero nadie sabe exactamente cuándo -la fecha más tardía es 2056- y cómo se recuperarán, a pesar de las promesas de que la quiebra del BES “no costaría nada a los contribuyentes portugueses”.

La gran mayoría de las personas afectadas -muchos de ellos emigrantes portugueses con escasos conocimientos financieros- aún no han conseguido recuperar todos sus ahorros depositados en el banco. Se trata de personas que invirtieron los ahorros de toda su vida en depósitos a plazo con tipos de interés prometedores, en inversiones que les aseguraron que eran seguras, pero que distaban mucho de serlo. En la práctica, durante meses, los empleados del banco recibieron instrucciones de vender a los clientes inversiones del tipo “papel comercial”, que no eran más que la deuda del banco y del grupo Espírito Santo, utilizada para tapar el agujero financiero en el que se encontraba el grupo.

Entre las víctimas, 104 ya han muerto en la última década sin recuperar todo el dinero que confiaron a un banco que creían seguro. En total, las víctimas reclaman al banco unos 5.000 millones de euros. El tribunal también investigará las responsabilidades penales detrás de la quiebra del que fue el mayor banco privado de Portugal.

Los tambores de los recortes vuelven a atronar en la Unión Europea (UE). Las peores pesadillas de las políticas de austeridad que siguieron a la gran crisis financiera de 2008 recorren el Viejo Continente. Entre las últimas advertencias, una investigación del Instituto de Estudios Económicos Internacionales de Viena, publicada este lunes, señala que las nuevas reglas fiscales comunitarias “subestiman” el daño de los recortes —o de la consolidación fiscal, en términos más técnicos— al crecimiento de la economías.

Este aviso, que incluye la amenaza de recesiones, destrucción de empleo y turbulencias políticas y financieras, llega apenas unos días antes de que los socios europeos tengan que enviar sus primeros planes fiscales de la era pospandemia a Bruselas. El Gobierno de España “tiene el compromiso de presentar el plan fiscal estructural de medio plazo el 15 de octubre”, según recordó este mismo lunes el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

El economista austriaco Philipp Heimberger, quien firma la investigación que se titula “La consolidación fiscal y sus efectos sobre el crecimiento en los países de la eurozona: perspectivas pasadas, presentes y futuras”, ha calculado cuántos miles de millones tendrán que “ajustar” o “sanear” sus presupuestos —un par de los eufemismos de la jerga fiscal, junto a “consolidación”, para hablar de recortes y subidas de impuestos— los principales países de la UE en los próximos cuatro años para cumplir con los “renovados” límites al crecimiento del gasto público y con los objetivos de reducción de deuda.

“Con toda probabilidad, el marco reformado subestima los efectos negativos de la consolidación fiscal sobre el crecimiento. [En la investigación] concluyo que la aplicación de los ajustes fiscales plurianuales necesarios para cumplir las normas de la UE puede no reducir los ratios de deuda pública en todos los países miembros de la UE, como espera la Comisión Europea, y que las implicaciones económicas y políticas de la austeridad pueden complicar la gobernanza de una UE frágil”, señala Heimberger en el resumen de 'paper' académico, que todavía está en fase de revisión.

Según este investigador, los “ajustes” presupuestarios en nuestro país tendrán que alcanzar los 3,6 puntos del Producto Interior Bruto (PIB) entre 2025 y 2028. Esta cifra es algo menos de la mitad de todos los recortes que se realizaron entre 2011 y 2014, como se puede observar en el gráfico. La estimación es similar a las realizadas previamente por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) o por el Banco de España.

Esta vez, España parte de una posición privilegiada respecto al resto de grandes economías de la UE. La recuperación del shock de a COVID ha sido más intensa en nuestro país por el 'tirón' del turismo, la fortaleza de exportaciones de otros servicios y, sobre todo, por las políticas de protección de las rentas de las familias y de las empresas (incremento del SMI, financiación de los ERTE, medidas anti inflación...) y por las transformaciones estructurales positivas en el mercado de trabajo gracias a la reforma laboral.

La mayoría de las medidas que han apoyado la salida de la pandemia han sido posibles precisamente porque, ante el golpe sanitario, social y económico que se sufrió en 2020, la Comisión Europea levantó las reglas fiscales y permitió que los gobiernos dispararan sus desequilibrios presupuestarios (el déficit) y sus deudas para financiar el incremento del gasto —la sostenibilidad de ambos se mide en relación al PIB—.

Tras alcanzar máximos en 2020, estas ratios de déficit y deuda pública se han reducido rápidamente en España gracias al ritmo récord de creación de puestos de trabajo y al crecimiento económico —al aumentar el PIB, se reducen automáticamente los desequilibrios y así ocurrió con la última corrección al alza de la Contabilidad Nacional del INE, como se observa en segundo y el tercer gráfico de esta información—.

Ahora, el Gobierno tiene que presentar a la Comisión Europea un plan de cuatro años que prolongue esta reducción de la ratio de deuda pública y que se comprometa a limitar el crecimiento del gasto público (el déficit tiene que ser inferior al 3%, pero ha dejado de ser la principal referencia en las nuevas reglas fiscales). Es decir, en las próximas va a quedar definido el corsé al que tendrán que ceñirse los presupuestos públicos.

Las proyecciones de avance del PIB, que superan el 2% tanto para 2025 como para 2026, favorecen la tarea para nuestro país. Pero el Gobierno tiene más problemas en el plano político: la falta de apoyos en el Congreso para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025 va a impedir que España incluya “el plan presupuestario” en el envío del plan estructural del 15 de octubre a Bruselas.

“En un entorno normal, para el cual el 15 de octubre no tenemos ese borrador de Presupuestos Generales del Estado, no vamos a presentar un plan presupuestario porque la Comisión ha pedido que se presenten planes con medidas de política económica”, explicó este lunes el ministro Cuerpo a su llegada Luxemburgo, donde participó en una reunión con sus homólogos de la eurozona (Eurogrupo).

Esta incertidumbre política no es ajena tampoco a Francia y a Italia, donde además las exigencias de recortes de las nuevas reglas fiscales son mayores incluso que en los años de la austeridad posteriores al estallido de la burbuja inmobiliaria, según se puede ver en el primer gráfico de esta información. Para el investigador Heimberger, “la consolidación fiscal [prevista en las nuevas reglas fiscales de la UE puede dar lugar a recesiones económicas o al menos a un estancamiento, lo que puede desencadenar un aumento mayor de lo previsto de los ratios de deuda pública a corto plazo”.

Bruselas “utiliza hipótesis de base (excesivamente) optimistas sobre la rápida disipación de los efectos negativos de la austeridad sobre el crecimiento y la inexistencia de efectos indirectos entre países”, prosigue este economista en su informe. En su opinión, los riesgos de fondo son el aumento de las desconfianza de los ciudadanos en los gobiernos y de turbulencias en los mercados financieros.

El FMI ya renegó de la austeridad

En las conclusiones de su investigación, Heimberger recuerda que en abril de 2023, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya llegó a la conclusión de que “la consolidación fiscal [la austeridad o, lo que es lo mismo, los recortes en el gasto público] tiene efectos insignificantes de media en el endeudamiento [de los estados]”.

“Las consolidaciones fiscales en el momento adecuado (durante las expansiones económicas) y diseñadas adecuadamente (más basadas en el gasto que en los ingresos) tienen una alta probabilidad de reducir de forma duradera el endeudamiento” de los Estados, según detalló el FMI. Pero, “si estas condiciones no acompañan, y en parte porque la consolidación fiscal tiende a desacelerar el crecimiento del PIB, [la austeridad] de media tiene efectos insignificantes sobre el endeudamiento”. 

“Las renovadas reglas fiscales de la UE no garantizan ni un entorno económico favorable ni una combinación adecuada de consolidación fiscal”, lamenta Heimberger.

En mayo, el Consejo Económico y Social (CES) de nuestro país publicó un informe en el que también apuntó que las reglas fiscales “agravarán las consecuencias de las recesiones”, como ocurrió tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, pese a que el nuevo marco “supone un avance respecto al marco de supervisión fiscal hasta ahora vigente porque lo simplifica bastante, se focaliza en el medio plazo, favorece la implicación de los Estados al tener en cuenta las características de cada país y permite conciliar mejor la sostenibilidad fiscal y el crecimiento al dar más margen fiscal a los países más endeudados para que realicen inversiones y reformas”.

“Sin embargo, no resuelve del todo los principales problemas de los que adolecía el sistema anterior: la complejidad, la prociclicidad y la desprotección de la inversión”, continúa el informe del CES, que preside Antón Costas.

El papel del BCE

“Se espera que las contracciones fiscales previstas se lleven a cabo de forma más ordenada que durante la crisis del euro, ya que los planes presupuestarios plurianuales negociados entre la Comisión Europea y cada uno de los países miembros aumentan el grado de previsibilidad para los observadores externos a la hora de juzgar los ajustes y desviaciones anuales necesarios. Sin embargo, queda por ver cómo reaccionarán los mercados financieros si los distintos gobiernos tienen dificultades para acordar un plan de ajuste con la Comisión Europea o si los gobiernos no quieren o no pueden cumplir sus planes cuando cambian las condiciones internas o externas”, analiza Heimberger.

“En la actualidad, la UE está mejor preparada para hacer frente a casos de turbulencias a corto plazo debido a las reformas institucionales aplicadas tras la crisis financiera, aunque persisten importantes deficiencias. Es importante destacar que el BCE es ahora un respaldo más creíble de los mercados de deuda pública de lo que era al principio de la crisis del euro. Mientras los inversores del mercado sigan creyendo que el BCE hará 'lo que sea necesario' para estabilizar los mercados financieros, es posible que se eviten grandes picos en los rendimientos de los bonos [el coste de la deuda en los mercados financieros] para los distintos países miembros que tengan que embarcarse en ajustes fiscales políticamente difíciles y económicamente dolorosos”, explica el economista austriaco.

“Dado que el BCE sólo puede realizar compras de deuda pública en el marco de su TPI (Instrumento para la Protección de la Transmisión de la política monetaria) si el país miembro en dificultades cumple las normas fiscales de la UE y cuando la deuda pública se considera sostenible, puede resultar difícil para el banco central actuar como un respaldo creíble si un gobierno actúa de tal manera que la Comisión Europea y los países miembros pierden la confianza en las ambiciones de ese gobierno para cumplir con la consolidación fiscal”, finaliza Heimberger.

Pere Batle, qui va ser director general de l'extinta caixa d'estalvis balear Sa Nostra, ha defensat aquest dimecres, davant el tribunal de l'Audiència Nacional (AN) que el jutja amb altres directius per operacions financeres que es van fer amb el Grup Sotohermoso, que si no s'hagués quedat amb els actius immobiliaris d'aquesta companyia en plena crisi financera “s'hauria generat mediàticament una bola” que hauria provocat que molts clients s'emportessin els seus diners.

En aquesta vista oral que analitza la responsabilitat dels exdirectors generals de Sa Nostra Pere Batle i Pablo Dols, entre altres, per les pèrdues milionàries que van suposar per a la caixa les inversions en aquesta societat immobiliària, la Fiscalia demana quatre anys de presó per a tots dos per un delicte continuat d'apropiació indeguda.

Batle ha explicat a preguntes de la fiscal del cas que el 2008 Sotohermoso va presentar “problemes de liquiditat” i ells van veure que la prioritat era defensar els seus propis interessos. Així, ha afegit que, si hagués presentat concurs de creditors la immobiliària participada, “hauria estat terrible per a la caixa, com per a qualsevol institució financera”.

“Era l'única opció, no n'hi havia una altra. Es va fer el que s'havia de fer per convicció pròpia, per convicció de tot l'equip directiu de la caixa, i sortosament quan vam arribar a un acord amb els socis majoritaris, que va ser un acord molt discutit (...), nosaltres conservem tots els actius”, ha subratllat.

A això, ha sumat que té l'“absoluta convicció” que totes les operacions que es van signar al si de la caixa amb Sotohermoso van seguir “el circuit” que la norma obliga, que es van valorar tots els extrems i que es va prendre “la millor de les decisions.

D'altra banda, Batle ha apuntat que just el 2008 començava la crisi, i pensaven que duraria molt menys del que va durar. Al fil, ha recordat que el Banc d'Espanya “en un informe important” ha reconegut que “va cometre el defecte més gran de previsió”.

L'exdirector general ha emfatitzat que ells també van tenir aquest defecte de previsió tot i que no era la seva comesa. “Llavors, en aquell moment, vam pensar que aquests sòls, evidentment, vam veure que no es podrien executar immediatament per la manca de liquiditat, però que eren uns actius importants, tangibles i amb futur”.

A més, ha explicat que després de 16 anys des de la seva jubilació no recordava les operacions relatives a aquest grup immobiliari encara que sí que ha indicat que “procurava estar informat de tot” i per tant en sabria. I, si bé ha incidit que ell s'encarregava de les relacions externes de la caixa --la part “política”-- i no del que és intern, ha asseverat que “és impossible que les operacions no haguessin passat pel Comitè d'Inversió ”.

Així ha defensat que cada decisió sobre aquest grup immobiliari participat per Invernostra --societat cent per cent de Sa Nostra-- va passar “pel circuit estipulat” i “no n'hi havia cap que es fes sense l'informe de riscos”.

Aquest dimecres també ha declarat un dels socis de Sotohermoso, l'empresari Adolfo Sánchez de Movellán, que ha incidit que el que va passar amb la crisi “va ser un tsunami” que els va arrossegar a tots.

A més, sobre les operacions per les quals la caixa es va fer amb els actius de la immobiliària ha explicat que “en absolut” va resultar ser una cosa beneficiosa per als empresaris perquè es van anar “perdent diners, perdent el temps, perdent feina, perdent il·lusions i perdent tot”.

“Quins diners van perdre vostès?”, ha preguntat llavors la fiscal, i ha respost que “mínim, mínim, mínim, així fent un càlcul ràpid, un milió... prop dels dos milions”.

Condemnes de quatre anys de presó

En el seu escrit d'acusació, la Fiscalia Anticorrupció demana condemnar els exdirectors generals de Sa Nostra; a qui fos director general de Participades de Sa Nostra i conseller delegat de la filial Invernostra Rafael Oliver; i els empresaris Adolfo Sánchez de Movellán i Francisco José Morales de Jodar a quatre anys de presó per un delicte continuat d'apropiació.

Per a l'expresident de la caixa Fernando Alzamora i per al que va ser director de la Divisió Immobiliària Antonio Cantallops, sol·licita una pena de dos anys i sis mesos de presó.

El Ministeri Públic sosté que, el 2006, la Caixa d'Estalvis de Balears Sa Nostra tenia entre els seus clients els acusats Sánchez de Movellán Ruiz i Morales de Jodar, amb qui va participar, des del juliol d'aquell any, a la societat Sotohermoso Servicios Immobiliarios SL.

La Fiscalia incideix que “el procés de finançament que va començar amb l'entrada de Sa Nostra a Sotohermoso es va dur a terme a través de molt diverses reunions, informes i acords dels acusats Batle, Dols i Oliver, així com, amb menor participació i capacitat decisòria, Alzamora i Cantallops”.

“Encara que algunes operacions fossin decidides formalment pels seus òrgans de govern, en la preparació i l'adopció l'actuació decisiva va ser dels seus directius. Aquesta actuació la van dur a terme els acusats a través de la Caixa d'Estalvis o de societats participades al 100% com la citada Invernostra SLU” --societat participada per Sa Nostra--, continua Anticorrupció.

Va ser el 30 de juny del 2006 quan el Consell d'Administració d'Invernostra va aprovar la seva entrada a Sotohermoso “deixant sense definir la manera exacta d'aquesta entrada que, en tot cas suposaria una participació del 35%”.

La Fiscalia demana que els acusats indemnitzin el Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) de manera directa i solidària amb 36,3 milions d'euros.

Pere Batle, quien fuera director general de la extinta caja de ahorros balear Sa Nostra, ha defendido este miércoles, ante el tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que le juzga junto a otros directivos por operaciones financieras que se realizaron con el Grupo Sotohermoso, que de no haberse quedado con los activos inmobiliarios de esa compañía en plena crisis financiera “se habría generado mediáticamente una bola” que hubiera provocado que muchos clientes se llevaran su dinero.

En esta vista oral que analiza la responsabilidad de los ex directores generales de Sa Nostra Pere Batle y Pablo Dols, entre otros, por las pérdidas millonarias que supusieron para la caja las inversiones en esa sociedad inmobiliaria, la Fiscalía pide cuatro años de cárcel para ambos por un delito continuado de apropiación indebida.

Batle ha explicado a preguntas de la fiscal del caso que en 2008 Sotohermoso presentó “problemas de liquidez” y ellos vieron que la prioridad era defender sus propios intereses. Así, ha añadido que, de haber presentado concurso de acreedores la inmobiliaria participada, “hubiera sido tremendo para la caja, como para cualquier institución financiera”.

“Era la única opción, no había otra. Se hizo lo que se tenía que hacer por convicción propia, por convicción de todo el equipo directivo de la caja, y afortunadamente cuando llegamos a un acuerdo con los socios mayoritarios, que fue un acuerdo muy discutido (...), nosotros conservamos todos los activos”, ha subrayado.

A esto, ha sumado que tiene la “absoluta convicción” de que todas las operaciones que se firmaron en el seno de la caja con Sotohermoso siguieron “el circuito” que la norma obliga, que se valoraron todos los extremos y que se tomó “la mejor de las decisiones.

Por otro lado, Batle ha apuntado que justo en 2008 empezaba la crisis, y pensaban que duraría mucho menos de lo que duró. Al hilo, ha recordado que el Banco de España “en un informe importante” ha reconocido que “cometió el mayor defecto de previsión”.

El ex director general ha enfatizado que ellos tuvieron también ese defecto de previsión a pesar de que no era su cometido. “Entonces, en aquel momento, pensamos que estos suelos, evidentemente vimos que no se podrían ejecutar inmediatamente por la falta de liquidez, pero que eran unos activos importantes, tangibles y con futuro”.

Además, ha explicado que tras 16 años desde su jubilación no recordaba las operaciones relativas a ese grupo inmobiliario aunque sí que ha indicado que “procuraba estar informado de todo” y por tanto sabría de las mismas. Y, si bien ha incidido en que él se encargaba de las relaciones externas de la caja --la parte “política”-- y no de lo interno, ha aseverado que “es imposible que las operaciones no hubieran pasado por el Comité de Inversión”.

Así ha defendido que cada decisión sobre ese grupo inmobiliario participado por Invernostra --sociedad cien por cien de Sa Nostra-- pasó “por el circuito estipulado” y “no había ninguna que se hiciera sin el informe de riesgos”.

Este miércoles también ha declarado uno de los socios de Sotohermoso, el empresario Adolfo Sánchez de Movellán, que ha incidido en que lo que ocurrió con la crisis “fue un tsunami” que les arrastró a todos.

Además, sobre las operaciones por las que la caja se hizo con los activos de la inmobiliaria ha explicado que “en absoluto” resultó ser algo beneficioso para los empresarios porque se fueron “perdiendo dinero, perdiendo el tiempo, perdiendo trabajo, perdiendo ilusiones y perdiendo todo”.

“¿Qué dinero perdieron ustedes?”, ha preguntado entonces la fiscal, a lo que ha respondido que “mínimo, mínimo, mínimo, así haciendo un cálculo rápido, un millón... cerca de los dos millones”.

Condenas de cuatro años de cárcel

En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción pide condenar a los ex directores generales de Sa Nostra; a quien fuera director general de Participadas de Sa Nostra y consejero delegado de la filial Invernostra Rafael Oliver; y a los empresarios Adolfo Sánchez de Movellán y Francisco José Morales de Jodar a cuatro años de cárcel por un delito continuado de apropiación.

Para el expresidente de la caja Fernando Alzamora y para el que fuera director de la División Inmobiliaria Antonio Cantallops, solicita una pena de dos años y seis meses de prisión.

El Ministerio Público sostiene que, en 2006, la Caja de Ahorros de Baleares Sa Nostra tenía entre sus clientes a los acusados Sánchez de Movellán Ruiz y Morales de Jodar, con los que participó, desde julio de ese año, en la sociedad Sotohermoso Servicios Inmobiliarios SL.

La Fiscalía incide en que “el proceso de financiación que comenzó con la entrada de Sa Nostra en Sotohermoso se llevó a cabo a través de muy diversas reuniones, informes y acuerdos de los acusados Batle, Dols y Oliver, así como, con menor participación y capacidad decisoria, Alzamora y Cantallops”.

“Aunque algunas operaciones fueran decididas formalmente por sus órganos de gobierno, en su preparación y adopción la actuación decisiva fue de sus directivos. Esta actuación la llevaron a cabo los acusados a través de la Caja de Ahorros o de sociedades participadas al 100% como la citada Invernostra SLU” --sociedad participada por Sa Nostra--, continúa Anticorrupción.

Fue el 30 de junio de 2006 cuando el Consejo de Administración de Invernostra aprobó su entrada en Sotohermoso “dejando sin definir el modo exacto de dicha entrada que, en todo caso supondría una participación del 35%”.

La Fiscalía pide que los acusados indemnicen al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) de forma directa y solidaria con 36,3 millones de euros.

La histórica empresa navarra de fabricación de carrocerías de autobuses Sunsundegui ha presentado un ERTE inicial de tres meses que afectará a la mayor parte de su plantilla, formada por más de 300 trabajadores. La empresa ubicada en Alsasua ya ha comunicado la decisión a la parte social para iniciar una negociación en la que se tratará de llegar a un acuerdo. La dirección de la compañía busca con este expediente reducir costes y frenar el incremento de la deuda que arrastra, que asciende ya a los 48,8 millones de euros.

El ERTE tendrá inicialmente una duración de tres meses, el mismo plazo que la empresa se ha marcado para negociar con sus inversores la deuda que tiene con los proveedores y que la ha llevado a solicitar el preconcurso de acreedores por falta de liquidez.

La consultora KPMG, que realizó un estudio de negocio de la empresa, señaló un problema de “sobredimensionamieto” de la plantilla, actualmente conformada por más de 300 empleados. A finales de 2023 Sunsundegui tuvo que contratar a 150 personas para la producción de un pedido de Volvo y posteriormente tuvo que contratar plantilla adicional a principios de 2024 “para resolver incidencias” de determinadas posiciones. 

El consejero navarro de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, reconoció esta semana que la empresa atraviesa una situación financiera “extremadamente delicada” a pesar de contar con varios pedidos de Volvo para la fabricación de 500 vehículos por valor de 80 millones de euros, por la falta de liquidez.

¡Buenos días!

¿Cómo ha ido la Semana Santa? ¿Qué tal la vuelta a los quehaceres diarios? Sí, ya sabemos que han sido unos días de mal tiempo y lluvia pero hacían mucha falta las precipitaciones. En esta semana de estación de penitencia, nuestra sociedad sigue cargando una cruz que es difícil de entender, los desahucios. 

Te pongo tres ejemplos recientes: hace un par de semanas, minutos después de ser desahuciado, Álex (70 años) se quitó la vida en Sabadell. Su mujer sufría movilidad reducida y, por un revés económico, llevaban meses sin pagar el alquiler. En València, el Ayuntamiento ha desalojado a Antonia y a sus tres hijos (de 3, 6 y 8 años). En Barcelona, Blanca, de 78 años, fue desahuciada de la vivienda en la que residió medio siglo por una deuda de solo 88 euros. ¿Qué está pasando?

Se trata de constante goteo de desahucios, a pesar de que la legislación puso en marcha un marco para frenar ese tipo de desalojos. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a lo largo de 2023 se produjeron 26.659 desalojos. La gran mayoría, el 75%, afectaron a personas que vivían en alquiler.

Ahora bien, esta lacra tiene otro reverso oscuro que no aparece en las estadísticas. Se trata de los desahucios silenciosos o invisibles, que afectan a inquilinos que tienen que dejar sus casas por un mercado del alquiler que no da tregua. 

¿Sirven para algo los instrumentos legales para frenar los desahucios? No lo parece. Recuerdo la cifra: 26.659 desahucios en 2023, es decir, 73 cada día, tres cada hora, una persona pierde la vivienda cada 20 minutos... Tenemos un Real Decreto, que aprobó el Gobierno en plena pandemia, por el que se suspendían los procedimientos de desahucio para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Esa medida se ha ido prorrogando hasta 2025, tras el acuerdo entre el Ejecutivo y EH Bildu. Además, la Ley de Vivienda, que entró hace casi un año, recoge expresamente que en los desahucios “se amplía el ámbito de protección cuando se identifiquen situaciones de vulnerabilidad”.

La realidad es que lagunas legislativas, el colapso administrativo y las decisiones judiciales que obvian las situaciones de vulnerabilidad nos muestran la verdadera cara del mercado de la vivienda: 26.659 desahucios oficiales en 2023. Muchas más información sobre la lacra de los desahucios en este reportaje.

El Gráfico

A la vez, los desahucios se compaginan con una situación económica bastante buena. Por ejemplo, ¿qué fue de los PIGS? Alguien se acuerda de los comentarios racistas, sarcásticos y denigrantes contra unos países que trataban de bandear una de las crisis más graves que sufrían, sobre todo, sus habitantes. Los 'PIIGS', el acrónimo que en inglés significa cerdos, estigmatizaba a Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España durante el estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008 y la gran crisis financiera que la siguió. Hoy, el cuento es otro. El Sur se han recuperado con más intensidad desde 2020 por el mayor peso del sector servicios y por la menor subida de los precios, sobre todo de la energía. Mientras, los socios del norte son el lastre, especialmente Francia y Alemania. Aquí tienes más información sobre cómo el escenario económico se ha dado la vuelta en la UE: el Sur lidera el crecimiento mientras el Norte se estanca. 

El Dato

20.901.967 trabajadores

Alcanzó el mercado laboral español en marzo. Se trata de 193.585 afiliados a la Seguridad Social más que en febrero y 525.414 más que hace un año. El paro bajó en 33.405 personas y se situó en los 2.727.003 desempleados, un 4,73% menos que en marzo de 2023. La Semana Santa cayó en marzo, lo que ha impulsado el empleo, que ya venía al alza en los ejercicios anteriores. En este enlace tienes más información, datos y gráficos sobre la buena marcha del mercado laboral español. 

Entrepreneur

Tener a una auditora trabajando en varias empresas no garantiza que mire para otro lado. Es el toque de atención que la auditora EY le ha a los Revoredo, dueños de Prosegur, por la falta de información sobre las inversiones en ladrillo en Estados Unidos que ha realizado la inmobiliaria de la familia, Proactinmo, en las cuentas de 2022. Las salvedades de EY están relacionadas con la falta de información sobre la filial Proactinmo US, Corp, que ha realizado inversiones en al menos cuatro sociedades inmobiliarias con sede en el refugio fiscal de Delaware desde 2021. Aquí tienes más información sobre cómo los dueños de Prosegur ocultan a su auditor datos de inversiones millonarias en inmuebles en Estados Unidos.

Si estos 'entrepreneurs' no te resultan suficientes, aquí va una información mucho más dura sobre el estafador, filántropo y neurodivergente Sam Bankman-Fried: las mil caras del magnate cripto que ha acabado condenado a 25 años a prisión. Una información a partir de la primera biografía del gran magnate de las criptomonedas, que arroja luz sobre el meteórico ascenso del joven que estafó 8.000 millones a sus clientes para distribuirlos a otras startups, políticos y ONG. Aquí más detalles sobre el cofundador de la bolsa de criptomonedas FTX que quebró de la noche a la mañana haciendo desaparecer 10.000 millones de dólares. 

 Letras que son un Tesoro

¿Qué es un PAU? Las siglas corresponden a Proyecto de Actuación Urbanística, pero como con casi todo lo que tiene que ver con vivienda y construcción hay muchísimas más implicaciones alrededor de este término. Esta semana os recomendamos el libro de Inés Gutiérrez Cueli titulado 'Venir de barrio. Estrategias familiares, espacio y clase en los PAU de Madrid', editado por Politeya, Estudios de Política y Sociedad del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Gutiérrez Cueli, doctora en Antropología Social e investigadora postdoctoral en la Universitat Oberta de Catalunya, apunta que un PAU no es “sostenible ecológicamente” por el uso de suelo, de energía y porque requiere de una “gran inversión pública en transporte, en dotaciones, en equipamientos”. Aquí tienes una entrevista con Inés Gutiérrez Gueli donde desgrana las consecuencias del desarrollo urbano de los PAU. 

Cada vez que habla sube el pan

A priori y quizá me arrepienta de dar esta información, no esperamos que la revisión de niveles sea significativa

María Antonia Martínez Luengo — Directora del departamento de Cuentas Nacionales del Instituto Nacional de Estadística

Las palabras de la representante del Instituto Nacional Estadística (INE) vienen a replantear la polémica sobre la correcta medición del PIB por parte del organismo estadístico, un tema que se ha convertido en un fuente de confrontación política ya que tanto el PP como Vox han insistido en la idea de que “la economía española es una de las peores economías en crecimiento económico en la Unión Europea en los últimos cuatro años”. Sin embargo, en las páginas de elDiario.es, desde 2021, los expertos Francisco Melis y Miguel Artola han advertido en reiteradas ocasiones sobre la subestimación del PIB por parte del INE en una serie de artículos que recogen otras fuentes estadísticas sobre los beneficios registrados por las empresas en la Agencia Tributaria, sobre las rentas, por sectores económicos, teniendo en cuenta el consumo privado, según la Estadística Estructural de Empresas, de los salarios, de las horas trabajadas, el  “fraude negativo” en el IVA o y otros datos del propio INE. En definitiva, un compendio de razones que ponen en duda la contabilidad realizada por el organismo público de estadística. En este enlace te explicamos cómo fue la jornada sobre “el futuro de las cuentas nacionales” y la posición contraria del INE a una nueva actualización del PIB tras la de septiembre de 2023.

Bien público

La Inteligencia Artificial (IA) ya está impactando en el mundo laboral. Su desarrollo en el mercado de trabajo está afectando a multitud de profesionales y de profesiones. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el 28% de los puestos de trabajo en España están en riesgo de ser automatizados y el sindicato UGT estima que la IA influye en las tareas que realizan uno de cada tres empleados. El Parlamento Europeo ha aprobado un reglamento sobre esta tecnología, que incluye nuevas normas en materia laboral que los países miembros deberán asumir en un plazo de dos años, aunque en su aplicación real, la normativa europea no suaviza las implicaciones de la IA en las condiciones de trabajo. Aquí tienes el reportaje de David Noriega con testimonios de trabajadores a los que ya afecta la Inteligencia Artificial.

Nos gusta la competencia

Ahora te presentamos una seria de informaciones de otros medios que nos han parecido interesantes: 

Esto es todo por este jueves. Nos vemos la semana que viene. Ya sabes que si tienes una propuesta o una idea nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es. 

¡Buena semana!

Para medir la sostenibilidad de la deuda de un país es más importante evaluar si se pueden pagar cada año los intereses que están comprometidos que quedarse en si se eleva o no la cantidad del dinero que hay que devolver.

La deuda total de España no ha parado de incrementarse desde 2020, desde 1,23 billones hasta alcanzar el récord de 1,57 billones en noviembre, según el Banco de España. Igualmente, ha ido ascendiendo la factura de intereses que nuestro país paga cada año por esta deuda, hasta enfilarse hacia los 40.000 millones en 2023, desde los cerca de 25.000 millones de 2020. Sin embargo, esta carga solo se ha elevado tres décimas desde el mínimo de los últimos años si se relaciona con el PIB, del 2,1% de 2021 al 2,4% actual. Es decir, sigue siendo asumible, y todas las previsiones (del Gobierno, del FMI o de la OCDE) confían en que continuará siendo así.

El aumento de la deuda total mes a mes de los últimos años no es una situación ideal para ningún Estado, ni mucho menos. Significa que los ingresos públicos no pueden cubrir todos los gastos (el déficit se cubre con deuda). Pero este incremento dice muy poco de su sostenibilidad.

De hecho, si endeudarse es muy barato o asumible, no hacerlo puede significar perder una oportunidad para realizar inversiones importantes que garanticen el crecimiento futuro, la reducción de la desigualdad u otros retos ineludibles como la transición 'verde'. Ante el shock de la pandemia, tanto el Gobierno de coalición de España como el conjunto de la Unión Europea (UE) y el Banco Central Europeo (BCE) asumieron esta realidad, favoreciendo unas condiciones inmejorables de financiación, suspendiendo el corsé fiscal y mutualizando el coste del Plan de Recuperación.

El escenario ha cambiado con el regreso de las reglas fiscales a la UE y con la austeridad monetaria del BCE para luchar contra la inflación. La deuda ha vuelto al centro de las preocupaciones económicas ,y tanto la derecha política como los economistas más ortodoxos han aprovechado la ocasión para alarmar con el aumento de la cantidad de dinero que el Estado español se va comprometiendo a devolver en un futuro.

Deuda pública respecto al PIB

Habitualmente, la primera medida de sostenibilidad de la deuda pública es la ratio que la relaciona directamente con el PIB. Se la conoce como el endeudamiento, y en España alcanzó el 125,3% en el primer trimestre de 2021. En 2023, el Gobierno estima que se redujo hasta el 108,1%, y para este año espera que baje al 106%. Serían casi 20 puntos de reducción, gracias a la progresiva disminución del déficit y, sobre todo, al crecimiento económico.

Pese a esta reducción, la deuda sigue en niveles históricamente altos respecto al PIB. Aunque en el mundo, y en concreto en la UE, más tolerante con estos desequilibrios. “El crecimiento de España es responsable puesto que seguimos reduciendo tanto la ratio de deuda con respecto a PIB como la ratio de déficit con respecto a PIB. Este elemento de responsabilidad fiscal es también una de las dimensiones clave de los compromisos de este Gobierno”, defendió esta misma semana el nuevo ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en la Comisión del ramo en el Congreso de los Diputados.

“Estamos reconstruyendo ese colchón que hemos utilizado para responder a la crisis de covid y también para ayudar a familias y empresas ante el incremento de los precios como consecuencia de la guerra de Ucrania”, recalcó Carlos Cuerpo.

Intereses pagados de la deuda pública frente al PIB

La tolerancia de la UE y las afirmaciones del ministro serían demasiado ingenuas si no fuera por el verdadero dato que hay que mirar sobre la deuda, y que apenas ha empeorado desde la pandemia: la carga que supone cada año sobre las cuentas públicas en relación con toda la actividad de nuestro país.

El 2,4% del PIB que supone la factura de intereses anual a la que hace frente el Estado es sostenible en términos históricos y las previsiones apuntan a que lo será también a futuro. Esta carga llegó a dispararse al 3,7% en 2013. Un nivel del que están cerca actualmente Italia o Grecia, según se puede observar en el primer gráfico de esta información.

España ha logrado contener la factura de la deuda porque el Tesoro Público aprovechó los tipos de interés en mínimos históricos que favoreció el BCE durante años, hasta la escalada de la inflación en 2022, para reducir el coste medio de la deuda y alargar los vencimientos.

“En los años previos a la llegada de la guerra de Ucrania, de la inflación y del incremento de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo para combatir la inflación, España había hecho un esfuerzo, el Tesoro había hecho un esfuerzo muy grande para aumentar la vida media de nuestra cartera, de nuestra cartera de deuda”, explicó Carlos Cuerpo.

“Esta vida media llegó y se mantiene en el entorno de los ocho años. Por qué es tan importante precisamente conseguir que la cartera tenga una vida media más larga. Pues esto significa que cada año tenemos que refinanciar una parte más pequeña del total de nuestra deuda. Es decir, cada año en torno al 12%-14% del total de la deuda tiene que ser refinanciado y esto nos permite ir a amortiguando la subida de los tipos de interés del BCE”, continuó.

“El coste medio de nuestra deuda apenas ha aumentado 40 puntos básicos, frente al incremento de los tipos oficiales que ha sido de 450”, añadió.

“Otro elemento importante también en cuanto a la cartera de nuestra deuda es la diversificación de las tenencias de esta deuda, donde ha adquirido cada vez mayor importancia la presencia de inversores no residentes, de inversores extranjeros. De nuevo, una señal de fortaleza y de confianza en nuestras emisiones y por lo tanto en nuestra economía, llegando a tener en torno al 40% de nuestra deuda los inversores extranjeros. Esto se está manteniendo también en un entorno en el cual de manera progresiva y gradual el Banco Central Europeo se está retirando también de los mercados de deudas soberana, de los mercados de deuda pública”, concluyó el ministro de Economía.

Ramón González Férriz (Granollers, 1977) es un ensayista, editor y periodista que se define a sí mismo como un “centrista aburrido” y reconoce que durante los años posteriores al estallido de la crisis él, como tantos otros liberales, vivió “con el culo apretado”. Confiesa que está aliviado de que el modelo que defenderá “hasta quedarse afónico” haya sobrevivido. Y, ya con esa certeza y con la distancia de los 15 años que han pasado desde entonces, ha escrito 'Los años peligrosos' (Debate, 2023), un manuscrito que analiza cómo el sistema se tambaleó y qué consecuencias tuvo (y tiene todavía hoy) que toda una generación viera truncadas sus esperanzas y expectativas.

Define los años que han pasado desde el estallido de la crisis como peligrosos. ¿Peligrosos para quién?

Para una determinada concepción de la democracia. Con la crisis vimos sus carencias y mucha gente percibió, con toda la razón, que el sistema y las élites les habían fallado. Y, de ahí, surgieron dos explicaciones diferentes: una de derechas, empezada por el Tea Party y seguida por partidos como Vox, que decía que el Estado era demasiado intrusivo, que los impuestos eran demasiado altos y que las élites eran esencialmente corruptas. Y la interpretación de las izquierdas, que vimos en el 15M o en Occupy Wall Street, que dice que las finanzas habían tomado el mundo y el Estado se había retraído de sus funciones.

Entonces, ¿dice que estas respuestas han puesto en peligro la democracia?

Una concepción más o menos equilibrada de esta. Yo sé que soy un centrista aburrido, pero han sido 15 años peligrosos porque ha habido una progresiva fragmentación de la sociedad. Esto que voy a decir se puede malinterpretar, pero la hiperpolitización nos impedirá existir como una sociedad en la que se puedan discutir las cosas, en la que se pueda convivir. En la que no se vea política en cuestiones cotidianas que, hasta entonces, no eran políticas. Pero sé que mi concepción de la democracia es muy liberal y discutible.

¿En qué cuestiones está pensando? Porque, desde el momento en que el objetivo de un Estado es legislar y crear política pública, es necesario debatir sobre cosas de las que antes no se hablaba, desde la alimentación hasta la crianza, pasando cuestiones como la identidad de género o la violencia sexual.

Estoy de acuerdo y es verdad que hemos avanzado. Pero también creo que la política se ha convertido en un asunto de gritos identitarios. Que lo que yo pienso está fuertemente influenciado por ti, porque me opondré a todo lo que tu pienses. ¿Que dices que el vegetarianismo es progresista? Pues como chuletón.

Pero también ha servido mucho a todos los partidos que surgieron tras la crisis. Con tantas opciones, era inevitable que se acabaran pareciendo, así que sacaron cuestiones a la palestra con el único objetivo de diferenciarse de sus oponentes. Un ejemplo es la gestación subrogada, una bandera que sacó Ciudadanos simplemente porque creía que su programa se estaba asemejando demasiado del del PP.

La política se ha convertido en un asunto de gritos identitarios

¿Cree que no habría habido polémica ni división social sobre este tema sin Ciudadanos?

La cuestión es que fue un momento en el cual no era rentable hacer las cosas que la sociedad necesitaba. La derecha decidió que, ante cualquier problema, ETA y bajar impuestos. Y la izquierda que todo lo que no esté de acuerdo con ellos es extrema derecha. Pero lo que pedía la sociedad era movilización, adhesión y un debate más calmado. El tema del Brexit es un gran ejemplo: constata el fracaso de explicarle a la gente que algo que pasionalmente está muy bien, técnicamente es un disparate.

En el libro asegura que “el edificio institucional de la democracia cede ante acontecimientos como la presidencia de Trump, el Brexit, el procés o la llegada al parlamento de partidos de extrema derecha”. Todo ello ha sucedido a través de referéndums o elecciones. ¿Se deben frenar movimientos que puedan ser antidemocráticos aunque existan gracias a la democracia?

Estos fenómenos son un síntoma de que el sistema funciona. Hay una demanda, los partidos no la satisfacen, llega una nueva oferta política, entra en el sistema y trabaja dentro de él. Ganamos representatividad a cambio de gobernabilidad. Pero no pasa nada: nos toca aprender a gobernar en coalición y a aguantar a gente que dice burradas tremendas en el Congreso. El problema es que creo que tienen una concepción autoritaria de la democracia.

Yo entiendo la democracia en términos procedimentales y hay quien me dice que con mi gradualismo no se arregla nada. Puede ser cierto que, a veces, en aras de la estabilidad no se tocan problemas reales, pero lo que veo en común en todos estos movimientos es que creen menos en los procedimientos y en la independencia judicial. Es algo común en estos tiempos en todas las democracias y no es una hecatombe. Por poner un ejemplo: mi problema no es que se defienda el Brexit, sino creer que es buena idea sacar a todo un país de la UE con un 2% de diferencia en los resultados del referéndum.

Este tipo de movimientos siempre han existido, pero nunca habían tenido tanta presencia. ¿Qué pasó tras la crisis?

En general, los partidos basan sus políticas en la impugnación al rival. Pero en ese momento surgen partidos que ya no impugnan al rival, sino al sistema. Estas ideologías siempre han existido, pero tras la crisis, las ideas alternativas emergen y se vuelven mayoritarias. De repente, las viejas ideas no servían y estas quizás sí. Son postulados de los que los partidos tradicionales siempre se han reído, pero de repente defienden.

Asumen que, si no compran parte del discurso radical, están acabados. Lo fascinante es que cuando la gente percibida como tradicional hace lo que proponían los radicales, la sociedad lo normaliza. Podemos discutir si se ha conseguido romper el consenso social que existía antes de la crisis, pero lo que está claro que el recorrido que han hecho las nuevas élites es muy parecido al que hicieron las tradicionales.

Es legítimo que la clase media se enfadara, pero empezaron a hablar en nombre del pueblo. Eso fue algo que hicieron tanto las élites de derecha como de izquierda

Plantea en el libro que muchos de estos movimientos los crean personas de clase media que veían que sus aspiraciones no se estaban cumpliendo. Dice que su voluntad no era tanto cambiar el sistema, sino lograr el ascenso social que se les había prometido.

Déjame que te corrija el “no tanto” porque son dos cosas que van legítimamente juntas. Cuando digo esto no estoy acusando a nadie de arribismo. Hay una cuestión generacional importante: a mucha gente joven se le dijo que, si estudiaban y chapurreaban inglés, tenían caminos abiertos para permanecer en la clase media e, incluso, ascender. Pero en 2008 se les cae el suelo bajo los pies. Eso es muy bestia y es lógico que derive en el 15M o en Occupy Wall Street.

El problema es que en estos movimientos el porcentaje de doctorados y másteres era desproporcionado. Es absolutamente legítimo que la clase media se enfade, pero lo que pasó es que empezaron a hablar en nombre del pueblo. Algo que hicieron tanto las élites de derecha como de izquierda. La campaña de Trump, un promotor inmobiliario de Manhattan, era contra las élites. Igual que el procés, un movimiento top-down de libro (aunque con un apoyo popular indiscutible). Sin restar ninguna legitimidad a quien quería cambiar el sistema, hay que entender estos movimiento más como un conflicto entre élites que como un alzamiento popular.

Hay ciertas diferencias entre la élite que pueda representar Trump y una persona con un doctorado

En términos económicos, sin duda. Un doctorado que sea profesor asociado y cobre 600 euros te dirá que no le llames élite, pero estoy hablando de estatus, de prestigio. Y eso también te hace élite. La derecha autoritaria tiene una obsesión con los académicos porque cree que su prestigio es inmerecido. Si eres rico, ¿qué más te da una profesora de estudios culturales de la universidad pública, no? Pues ellos creen que el prestigio que les otorga la sociedad es una amenaza, porque quien debe gobernar no es alguien con buenos sentimientos ni conocimientos, sino con capacidad de gestión. Tras la crisis, lo que vivimos fue un choque de élites.

¿Los dirigentes que salieron del 15M y conformaron Podemos eran élite?

Sí. Procedían de la clase dirigente tradicional. Son hijos de la clase media alta. Creo que tenían un guion vital muy lógico, por el que ha pasado la izquierda española desde hace décadas: radical en Latinoamérica de joven, profesor titular con 30 y pocos, firma en 'El País'... Y, de repente, todo se va al garete. Pablo Iglesias ya dijo que si IU le hubiera llevado a las elecciones o si la universidad le hubiera hecho profesor titular, igual no habría liado la que lio. E insisto: es un camino normal para satisfacer unas necesidades y pretensiones legítimas.

No es cierto el relato del obrero que pierde su trabajo porque la fábrica se ha ido a China y acaba votando a la extrema derecha. Quien votó a Trump fueron los republicanos de ingresos altos

Volviendo un poco atrás. ¿Por qué la clase obrera responde a las consignas de las élites que hablan en su nombre aunque, a veces, sea con políticas que van en su contra?

Tendemos a describir la clase por la renta, pero esta es solo una de las cosas que la definen. Hay diversos tipos de capital que explican por qué hay gente joven con rentas muy bajas, pero con costumbres y autopercepción de clase media. Por otro lado, hay que decir que nos hemos enamorado de un relato, que yo también he utilizado, pero que no es tan cierto como nos gustaría, que es que el del obrero industrial que pierde su trabajo porque la fábrica se ha ido a China y acaba votando a la extrema derecha. Porque quien votó a Trump fueron los republicanos de ingresos altos. Gracias a Dios, Vox tampoco ha acabado de dar el salto a la clase obrera, y mira que lo intenta.

Igual la cosa está cambiando. En las últimas elecciones argentinas, Milei triunfó entre las clases altas, pero también entre las bajas.

Es que el discurso 'antiélites' es muy atractivo.

Aprovechando esto, hablemos de las manifestaciones en Ferraz. El título de su libro, 'Los años peligrosos', me hizo pensar irremediablemente en esos días.

La derecha de Madrid tenía la necesidad de montar su 15M. Demostrar que tienen al pueblo de su lado, que saben ocupar las calles, que no son una élite distanciada. Pero les salió mal porque las calles había dos tipos de movimientos: el conservador y el reaccionario, que son profundamente diferentes. El conservador quiere que los cambios sean graduales y que no los lidere el Estado. Si resulta que, a largo plazo, la gente está de acuerdo con el matrimonio gay, ¿quiénes somos nosotros para impedirlo?

En cambio, el reaccionario no es gradual. Tiene algo de revolucionario: quiere destruir el orden y la realidad porque la considera profundamente corrupta, dominada por una élite tramposa. Vox, y también Podemos, tienen una mentalidad revolucionaria y se mueven en el marco de la democracia radical. Y Ferraz es resultado de eso: Vox cree que había que hacer cambios y, como no pueden pasar por las instituciones, hay que provocarlos.

Pone Vox y Podemos en el mismo saco, pero veo una diferencia esencial. Podemos sale a la calle y luego llega a las instituciones. Pero Vox va a la calle porque le va mal en las elecciones. Hay algo que, volviendo a hacer referencia al título de su libro, parece más peligroso en el segundo caso que en el primero.

Sí, Vox es más peligroso que Podemos. Tengo antipatía ideológica por ambos porque han usado la tradicional herramienta del populismo para dividir a la sociedad. Los enemigos de Vox son los débiles, los migrantes, las mujeres maltratadas, transexuales, minorías y por eso me parece más peligroso. Sé que la analogía es imperfecta, pero ambos tienen la misma manera de hacer política dividiendo, señalando culpables. Son emblemas de la radicalización de este tiempo aunque moralmente no sean comparables.

Es incipiente, pero la derecha dura empieza a exhibir antiliberalismo y a reivindicar a Carl Schmitt, aunque antes lo reivindicara Errejón

Más allá de la moral, Podemos nunca ha arengado a sus votantes a hacer cosas como las que vimos en Ferraz

Bueno, hubo momentos del 'Rodea al Congreso' en que se señalaba directamente a políticos y había cosas que asustaban.

Pero eso fue en 2012, antes de la formación de Podemos.

Son partidos que han evolucionado y se han transformado. Es verdad que hay diferencias. Se ve en que ahora la derecha dura madrileña empieza a rechazar la Constitución, a decir que la hemos sacralizado sin razón. Para salvar la Nación estamos plenamente justificados a hacer cosas inconstitucionales porque la Nación es más importante que las leyes. Es incipiente, pero empiezan a exhibir antiliberalismo y a reivindicar a Carl Schmitt, aunque antes lo reivindicara Errejón...

No me diga eso de que los extremos se tocan...

Los extremos no se tocan, pero sí creo que, después de la crisis hubo una oleada antiliberal muy fuerte. El liberalismo ha resistido mejor de lo que se podía pensar y, aunque se vaya moviendo a la derecha o a la izquierda, creo que es el sistema que mejor funciona, aunque haya gente que lo quiera muerto. O piense que ya está muerto.

¿Así que 'Los años peligrosos' son, en realidad, los años en los que los liberales y centristas estuvieron nerviosos?

Correcto. Mucho. No tengo una visión proselitista de mi ideología y no creo que haya que tener más partidos de centro, porque no hay nada menos sexy. No tiene sentido. Y no pasa nada, somos una minoría privilegiada que lo pasa mal cuando va a votar. Pero como todo el mundo.  

El último revés judicial a la gestión económica de los gobiernos del Partido Popular (PP) que presidió Mariano Rajoy durante la crisis financiera agrava el agujero millonario que dejaron de herencia a los siguientes ejecutivos y a las arcas públicas. Este jueves, el Tribunal Constitucional decidió tumbar una de las medidas que tomó Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda en 2016 para cumplir con los objetivos de déficit (el desequilibrio entre los ingresos y los gastos del Estado): limitar las deducciones de las grandes empresas.

La cantidad total que tendrá que restituir el nuevo Gobierno de coalición a las compañías que reclamasen estas subidas de impuestos, según lo prevé la sentencia del Tribunal Constitucional, se desconoce. “Tenemos que analizar la resolución”, aseguran fuentes del actual Ministerio de Hacienda de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Pero una primera aproximación, si se asume que todas las empresas han reclamado, apunta que podría ser alrededor de 7.000 millones, si se atiende a los 1.000 millones que Hacienda reconoció que se ingresaron extraordinariamente con el Impuesto de Sociedades en 2016, y se multiplica por los 7 años que ha estado vigente esta medida, de 2016 a 2023.

Aproximadamente, se trataría de un 0,5% del PIB (Producto Interior Bruto), cuando el objetivo es volver a dejar el déficit en el 3%, según obligan las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea (UE), a partir de este 2024.

Fue la Audiencia Nacional la que cuestionó esta norma y llevó el asunto hasta el Tribunal Constitucional al entender que un Real Decreto-Ley no podía regular “elementos esenciales del Impuesto de Sociedades”, que solo se podría transformar a través de una norma con rango superior de ley. Un motivo similar que llevó al mismo tribunal a anular otra reforma fiscal de Montoro de ese mismo año: el pago adelantado del Impuesto de Sociedades.

Otra de las grandes medidas de Cristóbal Montoro y el ejecutivo de Mariano Rajoy que tumbó el Constitucional fue la amnistía fiscal de 2012, a la que según los datos de Hacienda se acogieron en torno a 30.000 españoles. En ese caso el pleno también declaró su inconstitucionalidad pero limitó los efectos a los que no hubieran regularizado su situación para preservar la “seguridad jurídica”.

El rescate a la banca que no iba a costar ni un euro

A la cantidad que cueste la sentencia reciente del Tribunal Constitucional hay que sumarle otras derrotas judiciales en España y en la UE de decisiones que tomaron Rajoy y sus principales responsables económicos, como Montoro o Luis de Guindos, que hoy es vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE). Este último y la vicepresidenta de aquel momento, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciaron en 2012 el histórico rescate a la banca “que no costaría ni un euro” de dinero público, según aseguraron entonces. Finalmente, implicó cerca de 50.000 millones en pérdidas para el Estado, según ha contabilizado el Banco de España.

En 2022, también por culpa de la gestión del rescate, el anterior Gobierno de coalición tuvo que engordar la deuda pública de nuestro país en otros 35.000 millones. En este caso, por el fiasco de la Sareb, conocida como el “banco malo”, según exigió Eurostat (la institución de estadística de la UE). La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) se diseñó para asumir el ladrillo tóxico de la banca rescatada, bajo control privado. Sin embargo, fracasó y desde el mismo 2022 ha quedado en manos públicas.

A este fracaso contribuyeron la polémica gestión de los contratos con terceros —los llamados servicers— para dar salida a esa cartera de inmuebles y un derivado para cubrirse de teóricas subidas de tipos de interés que dio como resultado unas pérdidas de 3.000 millones. Ese swap se contrató durante la presidencia de Belén Romana, de la máxima confianza de Luis de Guindos y hoy consejera del Banco Santander.

Modelo 720

También data de 2012 otro fiasco de la etapa Rajoy que supone otro roto millonario para las cuentas públicas. También fue obra de Cristóbal Montoro, el ministro que batió el récord de permanencia en la cartera de Hacienda y que en 2010, cuando estaba en la oposición, pronunció aquel “que caiga España, que ya la levantaremos nosotros” mientras el país se asomaba al rescate por la crisis de deuda soberana.

A principios de 2022, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tumbaba el “desproporcionado” régimen sancionador que impuso hace una década Montoro para aflorar la existencia de bienes ocultos en el exterior: el denominado modelo 720.

Este mecanismo, que ha permitido aflorar bienes en el extranjero por valor de 225.200 millones, y que la Comisión Europea exigió a España modificar en 2017, aparejaba la amenaza de fuertes multas por la omisión o falta de datos, se lanzó en paralelo a la polémica amnistía fiscal.

Por un lado, se ofrecía un caramelo a los defraudadores que, a través del llamado modelo 750, regularizaran su situación con esa medida de gracia, que luego fue anulada por el Tribunal Constitucional sin consecuencias para sus beneficiarios, que pudieron aflorar activos ocultos pagando un exiguo 3%.

Por otro, el modelo 720 impuso duras penalizaciones a los contribuyentes que ocultasen o declarasen fuera de plazo bienes en el extranjero con un valor superior a los 50.000 euros.

Con ese régimen sancionador, “extremadamente represivo”, según el TJUE, los bienes y derechos no declarados se consideraron ganancias patrimoniales no justificadas, con sanciones por el 150% de su valor y sin posibilidad de prescripción. En 2023, Hacienda reconoció la “nulidad absoluta” de las sanciones, y abrió la puerta a reclamar su devolución, que podría alcanzar hasta los 70 millones en total.

El IVA de las CCAA

Hace dos años, Hacienda también resolvió otro “problema heredado” del Gobierno de Rajoy, al compensar a las comunidades autónomas con 3.000 millones por el IVA que dejaron de recibir por el ejercicio 2017.

Montoro implantó entonces un nuevo sistema electrónico (el Suministro Inmediato de Información o SII) para gestionar el cobro de ese tributo que hizo que las autonomías acabaran ingresando 11 meses de IVA en lugar de 12 por ese ejercicio. Mientras, el Gobierno de Pedro Sánchez no dio solución al problema, al condicionar la devolución de ese dinero a tener aprobados unos Presupuestos, varias comunidades autónomas recurrieron ante el Tribunal Supremo. Finalmente, el Alto Tribunal reconoció en 2021 el derecho a ser compensadas Castilla y León y Galicia, ambas gobernadas por el PP, abriendo la puerta a una catarata de reclamaciones.

Como resumió gráficamente un fiscalista que conoce las tripas de la Administración, Montoro “hizo el animal, pero cuadró las cuentas y el marrón se lo come ahora otro”.

Canon hidroeléctrico

Otra sentencia similar fue la que dictó el Tribunal Supremo sobre el canon hidroeléctrico que aprobó el Gobierno del PP, de nuevo, en 2012, aunque no se implementó hasta 2015. En abril de 2021, el Tribunal Supremo daba la razón a las eléctricas en una decisión que ha obligado a devolver a las compañías del sector 1.907,67 millones por la recaudación de ese canon entre 2013 y 2020. Ese importe se reintegró a las empresas en plena crisis de precios de la luz y se cargó al déficit público, mediante un acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros de finales de 2021 para autorizar la aplicación del Fondo de Contingencia.

El canon grava con un 25,5% la facturación por la producción de las centrales de mayor tamaño. Lo puso en marcha el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, para atajar (se dijo en su momento) el multimillonario déficit de tarifa del sistema eléctrico, aunque los fondos van a parar al Tesoro Público.

Cuando trascendió la sentencia del Supremo, se cifró la devolución en 500 millones, y posteriormente, en 1.400 millones, pero la cifra final ha sido muy superior. El Alto Tribunal no anuló el canon como tal, pero sí su carácter retroactivo (los ejercicios 2013 y 2014) y decretó que las Confederaciones Hidrográficas (encargadas de recaudarlo) no pueden reclamárselo a aquellas concesiones cuyos titulares no dieran su visto bueno expreso, cosa que no ocurrió.

Castor y autopistas

También emana de otra sentencia del Supremo uno de los más polémicos agujeros relacionados con el sector energético: el pago a la banca de la indemnización de 1.350 millones de euros que adelantaron las entidades a ACS por el fallido almacén de gas Castor. Es el dinero que el Alto Tribunal obligó al Estado a abonar a finales de 2020 a Santander y CaixaBank tras cancelarse los pagos, a través del recibo del gas, del adelanto que hicieron a la promotora del almacén por su clausura en 2014.

La indemnización deviene de la resolución de adjudicación del silo en 2008, con el socialista Miguel Sebastián como ministro de Industria, que incluía una cláusula por la que en caso de extinción de la concesión, ACS tendría derecho a recibir una compensación aun en caso de “dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria”.

Pero el importe acabó asumiéndolo el Estado porque, cuando se decidió hibernar la instalación en 2014, tras una sucesión de terremotos, el entonces ministro José Manuel Soria aprobó a toda prisa un Real Decreto-Ley para indemnizar a ACS cargando su coste, con intereses, a la tarifa del gas. El decreto fue declarado inconstitucional en 2017, lo que dejó sin cobertura los pagos que hasta entonces se habían hecho a la banca.

Al agujero del Castor se suman las millonarias reclamaciones en tribunales de arbitraje de inversores afectados por los recortes a las renovables, que llegaron a alcanzar los 10.000 millones de euros, de los que hasta ahora se ha evitado el pago de 6.100 millones, según el Ministerio para la Transición Ecológica; o los más de 500 millones que hubo que devolver a las eléctricas por el bono social vigente entre 2013 y 2016, aunque en este caso el importe lo costearon los consumidores de electricidad. Y está por determinar la factura del rescate de las autopistas de peaje quebradas por la crisis financiera de 2008 y actualmente en manos del Estado, que “no costará un euro al ciudadano”, según dijo a finales de 2013 la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor.

El anterior Gobierno de coalición calculó a finales del año 2021 un coste provisional de 1.021 millones, una estimación que está sujeta a un largo proceso administrativo y judicial, resultante de restar al coste de las obras y de las expropiaciones las inversiones que todavía requieren las infraestructuras, las indemnizaciones pagadas por expropiaciones de terrenos y los importes necesarios para que la Administración se haga cargo de futuros pagos.

Esos más de 1.000 millones son un cálculo a la baja, dado que el propio Gobierno reconoció que la factura final podría situarse en hasta 3.305 millones. Los acreedores, fondos de inversión y constructoras, aseguran que las compensaciones podrían ascender a 4.500 millones. Aquí PSOE y PP también se culpan respectivamente del fiasco. Los socialistas lo atribuyen al modelo privatizador de José María Aznar, responsable de promover esas infraestructuras. Y los populares, a la falta de celo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a la hora de pleitear en los tribunales por los sobrecostes de los terrenos expropiados, lo que benefició a familias como los Franco, los Serrano Suñer o los Abelló.

En 2008, Alexis Grigoropoulos tenía solo 15 años cuando el policía Epaminondas Korkoneas lo mató de un disparo al corazón. Aquello desencadenó protestas masivas a lo largo y ancho de Grecia. Sin embargo, no consiguió aplacar la rabia de una ciudadanía que ya empezaba a sufrir los estragos de una crisis económica que pondría al país en el punto de mira de toda Europa. Aquel asesinato fue uno de los mayores revulsivos que se han vivido en Grecia y, desde entonces, cada 6 de diciembre se recuerda y se conmemora la fecha.

Son las 18:30 horas y la gente empieza a llegar a Panepistimio, el lugar desde donde saldrá la manifestación en memoria de Grigoropoulos. Giorgia Pidakou tenía 13 años cuando lo mataron y recuerda perfectamente aquellos días. “Nunca había visto tantísima violencia. Recuerdo que se anularon las clases, las ocupamos durante varias semanas. Fue cuando empecé a tener conciencia de la violencia policial. Era una adolescente, pero podía entender perfectamente qué sucedía”. Giorgia asegura que para ella, “aquello fue el inicio de todo”, su despertar político. “Me veía reflejada en Grigoropoulos y me marcó”, dice. “Las protestas que vinieron después del asesinato, y las de la crisis económica, nos dejaron muy claro quiénes éramos los objetivos del Gobierno: un determinado sector social con una ideología determinada”.

Manolis tiene 22 años y apenas tiene recuerdo de aquellos días, ya que tenía siete años, pero también porque creció en Naxos, una de las islas griegas. Allí las protestas no fueron tan intensas como en las grandes ciudades y el asesinato de Grigoropoulos no marcó su vida. Sin embargo, a medida que fue creciendo, aprendió el significado de todo aquello. Es la primera vez que asiste a la manifestación del 6 de diciembre.

El caso Grigoropoulos impactó de lleno en la sociedad griega: durante los días siguientes, las calles de las principales ciudades del país fueron testigo del levantamiento ciudadano más grande y masivo desde la instauración de la democracia, en 1974. “En aquel momento no éramos conscientes de lo que significaba todo aquello, no lo analizamos. Ha sido más tarde cuando nos hemos dado cuenta de que este asesinato fue el pistoletazo de salida a todas las protestas que vendrían luego. Yo formé parte de todo aquello. Incluso la gente no politizada y sectores de la sociedad que habitualmente no acudían a las manifestaciones salieron a la calle”, dice Nikos, de 47 años, también presente en la manifestación.

2008, inicio de una era que acabaría en 2015

Mucho ha llovido desde 2008 y ahora, la sociedad griega, tras el paso de la crisis y todo lo que ha significado para el país heleno, es distinta. Aquello dinamitó las calles, pero con el tiempo, el impulso de querer cambiar las cosas se fue diluyendo. Vassilis Tsarnas, activista y miembro del Greek Helsinki Monitor, una organización que vigila la vulneración de los derechos humanos en Grecia, considera que, si bien el caso Grigoropoulos fue un toque de atención al Gobierno griego del momento, “el impacto no ha persistido”. Asegura que “marcó un punto de inflexión, pero no en el buen sentido, ya que la violencia policial continúa siendo impune y ahora hay más cinismo y más conservadurismo”. Tsarnas reconoce que hubo una ampliación temporal de la escena política “progresista” que tuvo su traducción en la aparición de nuevos grupos radicales y la implicación en política de más personas, “pero no fue tan empoderador como parece”, puesto que en algunos momentos “faltó autocrítica”.

Respecto a la desaparición de las ideas que nacieron de aquel asesinato, también está de acuerdo Spiros Dapergolas, del movimiento anarquista Rouvikonas: “La muerte de Grigoropoulos vino como una tormenta, no la esperábamos. Unos años antes, la policía había matado a otro chico, y hubo algunas protestas, pero nada comparable a lo que sucedió en 2008. Aún no sabemos qué hizo que tanta gente saliera a la calle. Sin embargo, la era 2008, iniciada con esas revueltas, finalizó en 2015”.

Dapergolas lo atribuye a diferentes factores: “Lo que se inició en 2008 vino de la mano del movimiento anarquista y la izquierda radical, pero cuando las revueltas finalizaron, no hubo ningún poder político que recogiese lo que se había sembrado. Syriza se benefició de aquella rebelión y esto continuó durante los años de los memorandos, pero los partidos radicales fueron incapaces de continuar con el movimiento”. Por otra parte, considera que “también se ha hecho un trabajo exhaustivo por parte de la derecha y los poderes conservadores para destruir la memoria de este levantamiento, hecho que ha provocado que una parte importante de la sociedad griega considere las revueltas de 2008 como algo caótico y malo”.

Otros casos de violencia policial reciente

El asesinato del joven Alexis Grigoropoulos marcó un antes y un después en Grecia, pero no ha sido el único caso de violencia policial en la historia reciente del país. Sin ir más lejos, el pasado 11 de noviembre, la policía helena mató, también de un disparo, a Christos Michalopoulos, un joven gitano de 17 años. Ocurrió en Tebas, en el centro del país. El joven murió después de que la policía le disparase tras una persecución. El caso recuerda al de Kostas Frangoulis, otro adolescente gitano de 16 años tiroteado por la policía en Tesalónica, hace un año, el 5 de diciembre del 2022. Frangoulis se había ido de una gasolinera sin pagar 20 euros de combustible. El chico acabaría muriendo ocho días más tarde en el hospital.

Antes, en la noche del 22 de octubre de 2021, la policía helena mató a Nikos Sampanis, también gitano y de 18 años. Sucedió en Perama, en las afueras de Atenas, en el marco de una persecución en coche. Los agentes de policía dispararon hasta 36 veces contra el vehículo en el que iba Sampanis. Los otros ocupantes resultaron heridos de gravedad. En el caso de Sampanis, la policía aseguró en un comunicado que siete agentes habían sido heridos, hecho que no era cierto, y el vehículo donde viajaban los jóvenes gitanos fue desguazado sin conocimiento de la Fiscalía.

A pie de calle, Nikos opina que la policía griega es “(...) fascista, racista y nazi”. “Nazi porque se han demostrado las relaciones que tenía con Amanecer Dorado. Hace años que la policía no nos representa, le hemos perdido el respeto”, explica. También se muestra crítico con la sociedad griega: “Lo que deberíamos preguntarnos es por qué no nos movilizamos con los chicos gitanos asesinados como sí que hicimos y hacemos cada año con Grigoropoulos”.

Tras la muerte de Kostas Frangoulis, en diciembre de 2022, una parte importante de la sociedad griega sí que salió a la calle. “Fue una gran sorpresa ver cómo, por primera vez en la historia el movimiento antirracista griego apoyaba abiertamente a la comunidad romaní y exigía justicia. Sin embargo, no fue comparable con el levantamiento de 2008, ya que la mayoría de la gente todavía se identifica sólo con los 'que se parecen a nosotros'. Unos días antes del asesinato de Grigoropoulos, dos inmigrantes paquistaníes, Montaser Mohammed Asrhaf y Mazher Iqbal Mohammed Shapf, uno de ellos también adolescente, fueron asesinados mientras la policía antidisturbios empujaba a un grupo de personas que hacían cola desde hacía días para renovar su documentación frente a una comisaría. No hubo manifestaciones”, dice Vassilis Tsarnas.

Otro asesinato relacionado con la violencia policial que conmocionó al país ocurrió el 21 de septiembre de 2018. Zak Kostopoulos, también conocido como Zackie Oh, activista LGTBQ, moría tras una paliza a manos de dos hombres en una joyería. Cuando los agentes policiales llegaron, continuaron pateándolo hasta la muerte. La autopsia forense nunca dejó lugar a dudas: el joven murió a causa de la paliza que se le propinó.

Impunidad

Muchos jóvenes y adultos griegos perciben a la policía como un cuerpo violento y cercano a los movimientos de extrema derecha. A ello se le suma la sensación de impunidad. Epaminondas Korkoneas, el policía que disparó a Grigoropoulos, fue condenado a cadena perpetua en 2010 pero en 2019 se le revisó la condena y ahora está libre. Los siete policías implicados en la muerte de Nikos Sampanis también quedaron en libertad, puesto que se destruyó la principal prueba: el vehículo tiroteado. El policía que disparó contra Kostas Frangoulis en diciembre de 2022 en Tesalónica fue puesto en libertad de manera inmediata, a la espera de juicio, con la única condición de no abandonar el país. Respecto a este asesinato, el pasado mes de octubre, la Fiscalía aseguró que el policía debería ser juzgado por homicidio intencional y por uso ilícito de su arma, pero aún no hay resolución judicial. En el caso del recién fallecido Christos Michalopoulos, el agente que le disparó también ha quedado libre tras una declaración inicial y ha sido suspendido de manera temporal. Los cuatro agentes de policía que inicialmente fueron acusados de lesiones mortales a Zack Kostopoulos fueron absueltos de todos los cargos en 2022.

La manifestación en recuerdo de Grigoropoulos termina como cada año: con cargas policiales y violencia en el corazón de Exarchia, en las calles aledañas en las que el joven fue asesinado hace 15 años. Muchos de los que ahora se manifiestan y lanzan cócteles molotov contra la policía eran adolescentes cuando el país ardió en protestas. Son estos los jóvenes que crecieron siendo testigos de una violencia policial aún muy presente en el país heleno y que podría causar otro levantamiento parecido al de 2008, según Dapergolas.

“Estamos en un momento completamente distinto al de 2008: la gente es más pobre, la extrema derecha es más fuerte que hace 15 años, la izquierda radical y el anarquismo están más debilitados y ahora tenemos algo que no teníamos en 2008, la maquinaria propagandística de la derecha y la extrema derecha. No me gustaría ser cínico, pero tal y como ha estado actuando la policía griega en los último cuatro años, podría darse otro Grigoropoulos. Es cuestión de tiempo. No sé si el resultado será el mismo, la rebelión, pero por el camino que está tomando la policía, cada vez más represiva, es probable que suceda. Además de eso, tarde o temprano, la sociedad volverá a salir a la calle. Y no solo por la brutalidad policial. En Atenas tenemos un problema enorme con la vivienda y tenemos que trabajar el doble que hace tres años para poder vivir. Estamos en un momento muy crítico”, concluye el activista.

La caída del negocio bancario surge como el elemento de presión defintivo para que el Banco Central Europeo (BCE) termine con las agresivas subidas de los tipos de interés oficiales en su lucha contra la inflación. El frenazo de la economía es ya una realidad y está recogido en todas las previsiones. Y se refleja directamente en el deterioro de mercado de las hipotecas y los préstamos en general, que se han encarecido hasta el punto de ser inaccesibles para muchas familias y empresas o, al menos, para que se hayan retrasado decisiones de compra o inversión que requieren financiación.

La austeridad monetaria del BCE está dañando críticamente a la economía. Según su propio dogma, para contener las subidas de precios es necesario ahogar el consumo y a las propias empresas. Una estrategia que asume el riesgo de una recesión profunda y de que se destruya empleo, pero el histórico aumento de los tipos de interés podría haber ido demasiado lejos.

De momento, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ya ha admitido que “nuestros tipos han alcanzado niveles [del 0% de julio de 2022 al 4,5% actual] que, mantenidos por una duración suficientemente larga, harán una contribución sustancial al retorno oportuno de la inflación hacia nuestro objetivo [el 2%]”. El problema es que el golpe de la política monetaria se va filtrando poco a poco a la economía real. Y que se desconoce su dimensión.

Además, es paradójico que, recientemente, desde el propio BCE se renegó de la austeridad fiscal [los recortes en el gasto y los servicios públicos] con la que se dio respuesta a la gran crisis financiera de 2008. “Hemos pagado un alto precio por esto en forma de un crecimiento más débil, un mayor desempleo y un deterioro de las condiciones fiscales”, afirmó Fabio Panetta, miembro del comité ejecutivo de la institución hasta el 1 de octubre, cuando pasará a ser gobernador del Banco de Italia.

Algunos datos ya asustan. En julio, el número de hipotecas concedidas se hundió un 18,8% respecto al mismo mes del año pasado, según los datos publicados por el INE (Instituto Nacional de Estadística) este miércoles. Esta fuerte caída internanual da continuidad a una racha de 6 meses consecutivos de retrocesos, en los que en los 5 últimos han profundizado más allá del 15%. Incluso, los bancos vendieron en mayo un 25% menos de estos préstamos para adquirir viviendas o fincas.

Hay otros datos que demuestran el deterioro del mercado hipotecario en España. Por ejemplo, la disminución del 2,6% del importe medio de los préstamos de estas características (hasta los 143.412 euros). La caída del dinero que pidieron las familias en julio es la quinta seguida. Si se observa el importe total concedido en comparación con el mismo momento del año pasado, el descenso supera ligeramente el 20%.

El mes pasado también se redujeron los préstamos que los bancos dieron a empresas: un 4,1%. En este caso, tras ocho meses consecutivos de caídas, según los datos que recopila el Banco de España. Estas cifras son similares en toda la eurozona.

Por un lado, son consecuencias de “la esperada corrección desde niveles que se consideraban insostenibles tras el afloramiento de la demanda embalsada durante la pandemia”, señala Santiago Martínez, jefe de análisis económico y financiero de Ibercaja. Por otra parte, “detrás del enfriamiento del mercado hipotecario, además de los elevados niveles de partida, se encuentra sin duda la subida del precio de los préstamos”, continúa este experto de la banca.

Efectivamente, el incremento de los tipos de interés está rebajando la demanda de financiación. Pero, asimismo, este encarecimiento ha compensado hasta ahora a los bancos, que pese a que viene realizando menos operaciones, han conseguido disparar sus beneficios en los últimos trimestres. “El BCE no debería endurecer más la política monetaria”, avisa Frederik Ducrozet, investigador jefe de macroeconomía de la entidad suiza Pictet Wealth Management.

“En las comparecencias públicas de las autoridades de política monetaria hay dos argumentos recurrentes. El primero es que, aunque se haya mejorado, aún se está lejos de mantener una inflación en torno al objetivo del 2%. El segundo es que cualquier decisión es difícil de anticipar. Esto significa que el enfoque es más contingente que nunca. Entre las razones está el propio reconocimiento de que no se sabe exactamente en la actualidad cuánto tiempo tardan en hacerse efectivas las decisiones de política monetaria como las que se están tomando”, reflexionan los economistas Santiago Carbó y Francisco Rodríguez en artículo publicado por Funcas.

“Traspira un cierto aire de que se está alcanzando el final de las subidas pero, hasta que la inflación no esté bajo control, no pueden descartarse nuevas elevaciones del precio del dinero”, añaden estos expertos.

La Reserva Federal condiciona al BCE

La semana pasada, la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos decidió pausar las subidas de los tipos de interés por segunda vez, aunque no descartó otro aumento. La Fed se tomó un primer descanso en junio y después las retomó en julio. Así, el banco central norteamericano ha dejado el 'precio' oficial del dinero en el rango entre el 5,25 y el 5,5%, un máximo de los últimos 22 años.

La Fed empezó el ciclo de incrementos del 'precio' del dinero en marzo de 2022 en el 0%-0,25%. Haber comenzado 4 meses antes que el BCE condicionó la agresividad de la institución que preside Christine Lagarde. 

La inflación interanual en Estados Unidos repuntó ligeramente en agosto al 3,7%, y se alejó del objetivo del 2%, tras caer hasta el 3% en junio y subir al 3,2% en julio. En estos mismos meses, en el conjunto de la eurozona, ha permanecido mucho alta, en el 5,5%, 5,3% y 5,2%, respectivamente.

La economía de España es una excepción en este contexto y está resistiendo mejor la ofensiva monetaria. Las medidas del Gobierno de coalición [como el tope al gas] han conseguido moderar más las subidas de precios y sostener, por tanto, las expectativas de crecimiento y de empleo, gracias al mayor alivio para los bolsillos de las familias y para la competitividad de las empresas en el exterior, al sufrir menores costes comparativamente con el resto de la UE, y de nuestro sector turístico.

Eso sí, el Banco de España calcula que la austeridad monetaria recortó 0,6 puntos porcentuales al crecimiento del PIB (Producto Interior Bruto) en 2022 y que en 2023 lo hará en otro punto. Mientras, el golpe ascenderá a 1,2 enteros en 2024, principalmente por el daño al consumo.

Los tipos de interés en Estados Unidos y el euro

La política monetaria de la Fed condiciona al BCE porque funciona como una aspiradora de dinero hacia el dólar. Al haber subido los tipos de interés más, y desde hace más tiempo, ha incrementado también más la rentabilidad que ofrece la deuda de Estados Unidos, considerado el activo más seguro a nivel internacional. Es decir, muchos euros se intercambian por dólares para conseguir ese mayor rendimiento.

La depreciación del euro, que a mediados del año pasado llegó a caer por debajo de la paridad con la divisa norteamericana, es inflacionista para la eurozona porque automáticamente encarece la factura de petróleo o gas de los países, ya que se comercian en dólares. Tanto cae el euro respecto al dólar, tanto suben en bruto la mayoría de materias primas. Este efecto del tipo de cambio obliga al BCE a perseguir a la Fed, al margen de su propia estrategia.

La austeridad, que fue religión tras la gran crisis financiera que estalló en 2008, se está quedando irremediablemente arrinconada en las instituciones internacionales (hasta en el FMI). Este martes ha sido Fabio Panetta, el economista italiano del comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), el que ha apostatado de las políticas de recortes en el gasto público durante las recesiones.

“Hemos pagado un alto precio por esto en forma de un crecimiento más débil, un mayor desempleo y un deterioro de las condiciones fiscales”, ha explicado en una conferencia sobre las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea (UE), que se están negociando actualmente y que se aplicarán a partir de 2024, tras ser suspendidas en 2020 por la COVID.

“Antes de la pandemia, habíamos acumulado una importante brecha de inversión pública que había socavado nuestro potencial económico”, ha incidido Panetta, que el 1 de noviembre abandonará el comité ejecutivo del BCE y volverá a ser gobernador del Banco de Italia, por lo que seguirá votando en las decisiones sobre política monetaria de la institución.

“Pero la respuesta a la pandemia fue diferente. Las políticas fiscales nacionales respondieron de manera anticíclica a la recesión [aumentar el gasto cuando la actividad se contrae pese a que suponga un incremento de la deuda], complementadas con un plan de estímulo europeo [el Plan de Recuperación] que se centró en inversiones en la transición verde y la digitalización. Esta respuesta fiscal funcionó en conjunto con la política monetaria y las medidas de supervisión”, ha continuado.

“El resultado ha sido una recuperación casi total, un desempleo en mínimos históricos y el regreso de la deuda a una senda descendente tras el aumento inicial registrado en 2020”, ha añadido. “Debemos incorporar las lecciones aprendidas de esta experiencia en nuestra gobernanza fiscal”, ha sentenciado.

Además, en su opinión, “más recientemente, la política fiscal ha complementado a la política monetaria para contrarrestar los efectos inflacionarios de la guerra de Rusia contra Ucrania y la crisis energética”. Sin embargo, el BCE inició en julio de 2022 un agresivo ciclo de subidas de los tipos de interés oficiales que está frenando el crecimiento de la actividad y elevando la amenaza de una nueva recesión, al ahogar la capacidad de inversión de las empresas, de gasto de los Estados y el consumo de las familias (por el encarecimiento de los préstamos y de las hipotecas).

Otro Plan de Recuperación pero permanente

Desde este punto de partida y pese a la contradicción de renegar de la austeridad fiscal pero practiar la austeridad monetaria, el italiano ha realizado una propuesta para las nuevas fiscales de la UE y otra para la creación de un fondo común que garantice “la capacidad fiscal central permanente [...] para las transiciones verde y digital, defensa común y seguridad energética, políticas migratorias y el desarrollo de nueva infraestructura tecnológica en sectores innovadores”.

Sobre las reglas fiscales ha lanzado cuatro recomendaciones. En primer lugar, “debe prever un ajuste realista, gradual y sostenido de las ratios de deuda pública para fortalecer la sostenibilidad y reconstruir el espacio fiscal antes de futuras recesiones”. Por otra parte, “la política fiscal debe ser genuinamente contracíclica, tanto para responder a shocks económicos adversos como para reconstruir las reservas una vez que la economía vuelva a encaminarse.

En tercer lugar, “el marco propuesto debería garantizar que los Estados miembros puedan formular sus propias estrategias para alcanzar los objetivos de reducción de la deuda y los déficits”. Y, por último, una gobernanza fiscal eficaz debería respaldar el potencial de crecimiento de la UE. 

“No debemos sacrificar inversiones muy necesarias, que han sido demasiado bajas durante demasiado tiempo, con efectos perjudiciales a largo plazo. Esto también ha sido consecuencia de un marco fiscal que no estaba diseñado para proteger la inversión, en el que la consolidación fiscal a menudo se buscaba recortando la inversión pública. Incluso en economías altamente eficientes, la baja inversión pública y la consiguiente brecha de inversión privada han erosionado la competitividad con el tiempo, poniendo en peligro el crecimiento futuro”, ha destacado.

Panetta ha reconocido que la propuesta de la Comisión Europea sobre la que se está negociando va en esa dirección. La propuesta que hay sobre la mesa desde abril mantiene las referencias del 3% de déficit respecto al PIB (Producto interior bruto) y de un 60% para la deuda. La gran diferencia es que la amenaza de ajustes fiscales no sobrevuela por el incumplimiento de estos objetivos sino que está relacionada con el compromiso con los planes a medio plazo de cada país para alcanzar esos objetivos. La semana pasada, el Banco de España publicó una cuadro que lo resume.

Según la propia institución, España cerrará 2023 con un déficit cercano al 4%. Apenas algo más de un tercio de los socios europeos lo hará con un desequilibrio presupuestario inferior al 3%. Lo mismo para el endeudamiento, que en nuestro país se quedará en alrededor del 110% del PIB al final de año.

Por otra parte, la gran novedad es un límite al incremento del gasto público para cada socio. Para nuestro país es del 2,6%. La estimación es que en 2024 se elevará solo un 1,4%.

Por último, suma “orientaciones cualitativas sobre las medidas en materia de inversión y energía”, en línea con las reformas (como la laboral, de las pensiones, en la política de vivienda...) exigidas por el Plan de Recuperación, y que el Gobierno ha realizado desde 2021 en algo menos de un 10% del total en el caso de las inversiones y en un 60% en el de las reformas.

El 15 de septiembre de 2008, la caída de Lehman Brothers, el cuarto banco más importante de Estados Unidos en esos momentos, asestó un golpe brutal a la economía global, destrozando la vida de muchas familias en todo el mundo. En España, derivó en el estallido de la burbuja inmobiliaria y en una lenta y tortuosa recuperación posterior que estuvo marcada por los rescates bancarios, las políticas de austeridad que se exigieron desde las instituciones internacionales (la Comisión Europea, el BCE y el FMI), las dramáticas cifras de paro, los desahucios y el desplome de la inversión, sobre todo en construcción, que había sido el motor del crecimiento hasta entonces.

15 años después, la actividad económica por cada español (el PIB per cápita) supera en un par de puntos porcentuales el máximo previo a la gran crisis financiera (de 2007). Alrededor de 25.000 euros, frente a los 24.000 euros de 2007-2008. Una cifra que se ha alcanzado tras afrontar la reconstrucción del histórico shock de 2020 por la pandemia, con políticas radicalmente diferentes –más sociales y menos preocupadas por los desequilibrios fiscales–, aplicadas tanto por el Gobierno de coalición como por la Unión Europea (UE).

Además, hay claras evidencias de cambios estructurales positivos –menos peso de la construcción, superávit comercial recurrente (se vende fuera más de lo que se importa), creación de empleo en sectores de alto valor añadido...–.

Sin embargo, la comparación con la media europea y sobre todo con los principales países de la eurozona da una visión mucho más negativa de la evolución económica de nuestro país. También la observación de los ingresos disponibles de las familias (o renta disponible per cápita), que están cerca de 4 puntos por debajo del nivel de 2007, dañados por la inflación, las subidas de los tipos de interés oficiales del Banco Central Europeo (BCE) y una tasa de desempleo muy elevada pese a haber caído a mínimos de los últimos años, según los datos que recopila la OCDE.

Precisamente el paro estructural, mucho mayor que en las otras grandes economías, sigue siendo uno de los principales retos económicos de España, según todos los expertos, junto a la productividad y la emergencia climática. De nuevo ante tambores de recesión y en plena negociación de las nuevas normas fiscales de la Unión Europea, suspendidas desde 2020 por la COVID y que se volverán a activar en 2024, la economía de nuestro país se enfrenta a numerosas dificultades para converger por fin con las grandes del club comunitario, Alemania y Francia. Incluso con la media de la eurozona.

El PIB per cápita

El PIB per cápita es uno de los principales indicadores de riqueza de un territorio porque relaciona el valor de todo lo que se produce, de toda la actividad, con la población. El de España, en 2007, después de un ciclo de un importante crecimiento desde los años 90, llegó a rozar el 97% de la media europea. Hoy, solo representa un 80%.

La comparación de la evolución de este indicador con el mismo de Alemania, Francia o del conjunto de la eurozona desde 2007 (en el gráfico) muestran la profunda herida que sufrió España en la gran crisis financiera. La devaluación interna –como eufemísticamente se denominó al proceso de empobrecimiento generalizado que se dio desde 2008– llegó a hundir el PIB per cápita 11 puntos. El golpe fue mucho menor para Alemania o Francia y su recuperación, mucho más rápida.

Ingresos disponibles de las familias

Las consecuencias de la devaluación interna se perciben más nítidamente comparando la evolución de los ingresos disponibles de las familias –la renta que efectivamente tienen, de media– para sus gastos y para ahorrar. Según los datos que recoge la OCDE, la brecha con Alemania o Francia es abismal. La crisis de inflación ha supuesto otro frenazo decisivo.

Recientemente, el economista Daniel Fuentes expuso en un artículo dos teorías para explicar la negativa evolución de la riqueza per cápita. Una primera que culpa a “las sucesivas crisis como la causa del deterioro de la productividad, que habría arrastrado consigo a la renta per cápita (esto explicaría el impacto diferencial en economías como la española). Desde 2008, una multitud de actores económicos ha tenido que priorizar las urgencias de corto plazo frente a decisiones de naturaleza estructural, lo cual necesariamente ha alterado la asignación de recursos que habría resultado de un escenario de normalidad económica”.

El segundo argumento apunta “a causas más de fondo, que afectarían a los determinantes teóricos de la productividad agregada: sin ser exhaustivos, a los recursos naturales disponibles (el medio ambiente, en sentido amplio), a la acumulación de capital físico (infraestructuras e inversión productiva), al estado de la tecnología, a la cualificación de los trabajadores y, en general, a la propia eficiencia del tejido empresarial”.

En su último informe anual, el Banco de España se adentró en los problemas estructurales de la economía de España y “en los retos y oportunidades para converger” con Europa. “En 2005, la brecha negativa entre el nivel del PIB per cápita español y el de la UE alcanzó su mínimo histórico reciente. Aquello fue resultado de un período de crecimiento en nuestro país muy prolongado e intenso, especialmente tras la puesta en marcha de la unión monetaria. No obstante, como se demostró con posterioridad, aquella senda de crecimiento, que estaba asociada en gran medida a la acumulación de considerables desequilibrios macroeconómicos y financieros, no era sostenible”, expone la institución.

“En efecto, desde entonces, el proceso de convergencia de la economía española con la eurozona se ha detenido e incluso revertido”, continúa. En su opinión, “esta falta de convergencia ha venido determinada, fundamentalmente, por la persistencia en el tiempo de dos deficiencias bien conocidas de la economía española: una baja productividad y una tasa de empleo reducida”.

Innovación, formación, inmigración, sanidad...

En sus recomendaciones incluye el impulso de la innovación. “En el promedio del período 2000-2021, la ratio del gasto en I+D+i sobre el PIB se situó en el 1,2% en la economía española, 0,8 puntos porcentuales por debajo de la registrada en el conjunto de la eurozona”, advierte. Y añade que “el tejido productivo está sesgado hacia las empresas pequeñas, con un porcentaje de empresas innovadoras muy reducido”. Por eso, las inversiones del Plan de Recuperación han pasado a ser cruciales, porque “una inversión pública bien diseñada puede ejercer un efecto arrastre positivo sobre la inversión privada”.

El Banco de España también se detiene en que “la calidad de las instituciones –en general– y de las Administraciones Públicas –en particular– ha demostrado ser un factor determinante muy importante del crecimiento económico”. Porque “la pérdida de confianza en las instituciones puede tener consecuencias negativas en múltiples ámbitos y, cuando se produce, tiende a exhibir una considerable persistencia”.

Asimismo, destaca la necesidad de “incrementar el capital humano”, es decir, de mejorar la formación. “A pesar de la notable mejora que se ha producido durante las últimas décadas, el nivel educativo de los empresarios, trabajadores autónomos y asalariados en España se encuentra por debajo del promedio de la UEM. Según los datos de Eurostat, en España, en 2022 el 35,2% de los autónomos, el 32,9% de los empleadores y el 28,5% de los trabajadores por cuenta ajena tenían un nivel de estudios bajo”, señala. Estos porcentajes son muy superiores a los del área del euro, del 20,7%, 18,9% y 18,2%, respectivamente“, señala la institución.

El informe admite la importancia de la inmigración ante el envejecimiento de la población y que el “estado de salud es un determinante fundamental de la oferta de trabajo, especialmente en edades cercanas a la jubilación. Dada su importancia, debería priorizarse la evaluación de la eficiencia del gasto público sanitario. En este sentido, además de que el peso de esta partida de gasto en el PIB es inferior en España que en la eurozona –un 6,4% de media entre 2010 y 2021, frente a un 7,4%–, distintos informes de la AIReF apuntan a la existencia de un cierto margen de mejora en los gastos relativos a la farmacia hospitalaria y a la inversión en alta tecnología”.

Otras grandes vulnerabilidades pasan por el elevado nivel de endeudamiento (en esta información se analiza el incremento del coste de financiación y su peso en los ingresos públicos) debido la sostenibilidad del sistema de pensiones y a la desigualdad y sus efectos sobre el conjunto de la economía.

Lo que está mejor

Desde el estallido de la crisis financiera global, la economía española ha corregido algunos de los desequilibrios que acumuló en la fase expansiva previa y ha mostrado un patrón de crecimiento más equilibrado. “Así, por ejemplo, en términos de la composición de la actividad económica agregada, la inversión en construcción, que en el promedio del período 2000-2007 supuso un 18,4% del PIB español, ha reducido su peso hasta un 9,5% de media entre 2013 y 2022, ligeramente por debajo del 10,3 % observado en la eurozona”, incide el Banco de España.

Por otra parte, la institución destaca el intenso proceso de desendeudamiento de familias y empresas. Mientras que también sobresale la notable corrección de los desequilibrios externos de nuestra economía en los últimos años. Desde 2012, la balanza por cuenta corriente de nuestro país ha venido registrando un saldo positivo –de un 1,6% del PIB, en promedio anual hasta 2022–. Esto contrasta con los abultados y persistentes déficits que se observaron entre 2000 y 2008 –de un 6,2% del PIB, en promedio anual–.

La mejora estructural de los desequilibrios externos ha sido especialmente visible con el estallido de la pandemia –que redujo abruptamente los flujos turísticos– y de la crisis energética –que encareció sensiblemente las importaciones de energía–. En efecto, a pesar de estas dos perturbaciones tan intensas, que afectaron tan adversamente a dos de las principales rúbricas en el saldo de la balanza por cuenta corriente española, este se ha mantenido en terreno positivo en los últimos tres años –un superávit del 0,7% del PIB de media entre 2020 y 2022–. El impacto de estos factores en el mercado laboral es una realidad, con las profesiones científicas y técnicas tirando del empleo.